El régimen de Al Sisi pretende externalizar en la ciudadanía su guerra contra la prensa crítica . El fiscal general , Nabil Sadek , anunció el pasado lunes la creación de una hot line para recibir denuncias sobre “ noticias falsas y rumores ” publicados tanto en medios de comunicación como en las redes sociales . La noticia se produce apenas dos semanas antes de las elecciones presidenciales y en plena campaña de las autoridades contra la prensa independiente en un país que ocupa el tercer puesto del mundo en el ranquin de reporteros encarcelados , con más de una veintena , según el Comité para la Protección de los Periodistas . Según el comunicado de la Fiscalía , los ciudadanos podrán hacer llegar sus quejas también a través de mensajes de telefonía SMS y de la popular aplicación WhatsApp . En teoría , su objetivo es poner fin a “ las noticias falsas premeditadas con el objetivo de minar la seguridad del Estado , aterrorizar a los ciudadanos … o dañar los intereses públicos del Estado . El fiscal general , que el mes pasado denunció la existencia de “ fuerzas del mal ” entre los medios de comunicación , se ha convertido en la punta de lanza de la última ofensiva contra la prensa crítica por parte del régimen . Desde el golpe de Estado militar de 2013 ha cerrado más de una decena de medios entre cadenas de televisión y diarios . Además , en los últimos meses , las autoridades han bloqueado el acceso docenas de páginas de información on line como Madamasr o al-Bidaya . La actual caza de brujas se desató después de la emisión de un breve documental y reportaje multimedia de la cadena británica BBC titulado La sombra de Egipto sobre las desapariciones forzosas , una práctica ampliamente documentada por las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos . El Gobierno no solo calificó de “ montaje ” el reportaje , hilvanado a partir de las declaraciones de familiares y abogados de las víctimas , sino que instó a todas las fuentes oficiales a boicotear al canal negándose a ofrecerle declaraciones . La idea de externalizar en la población la persecución de la disidencia , ya sea política o religiosa , no es nueva en Egipto . A menudo , activistas , artistas y políticos son denunciados por particulares cercanos a las autoridades , lo que permite a estas lavarse las manos ante las acusaciones de reprimir a la oposición . De hecho , un ciudadano egipcio ha presentado una querella contra la BBC a raíz del mencionado reportaje , y el 10 de abril tendrá lugar la primera sesión del proceso judicial , que podría llevar al cierre de las oficinas de la prestigiosa cadena en Egipto .
Las autoridades han lanzado una nueva campaña contra la prensa crítica que pretende involucrar a la ciudadanía