Un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra será juzgado este jueves en la Audiencia de Pontevedra , acusado de presunta falsedad de documento oficial en la tramitación de permiso de residencia de inmigrantes , y por otro delito continuado de cohecho . El acusado , supuestamente pedía dinero a cambio de tramitar los expedientes , cantidades que oscilaban entre los 50 y 200 euros , y que los solicitantes le entregaban creyendo que eran importes de tasas administrativas . La fiscalía solicita para el acusado ocho años de prisión , cuatro por cada delito , y un total de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público . Además , el fiscal pide que al funcionario se le imponga una multa de 32 meses con una cuota diaria de 10 euros y devuelva las cantidades que cobró indebidamente a los afectados . En el escrito de acusación del fiscal Augusto Santaló se analizan cuatro de los expedientes tramitados y finalizados por el funcionario en 2016 a raíz de las denuncias presentadas por varios inmigrantes . En dos de los expedientes se solicitaba autorización de residencia de larga duración , otro era de residencia temporal inicial y el último se tramitó para obtener permiso de residencia de familiar comunitario . La Fiscalía de Pontevedra abrió una investigación tras apreciar un comportamiento irregular por parte del funcionario y posteriormente un juzgado instruyó diligencias contra él , al reconocer cuatro mujeres afectadas que este les había pedido “ un regalito ” , “ algo a cambio ” de tramitar los expedientes . Y lo hizo , según el escrito de acusación del fiscal , “ sin que el acusado tuviese derecho a percibir ningún tipo de retribución por parte de las interesadas ” . Una de las solicitantes reconoció en sede judicial que cuando presentó el papeleo , el funcionario le dijo que “ tenía que entregarle algo ” . Esta entendió que era dinero , según explica el fiscal , motivo por el que la mujer acudió a la subdelegación portando 200 euros , que aquel día no llegó a entregar al acusado porque fue atendida por otra funcionaria , lo que provocó que el acusado le recriminase por ello . Otras de las testigos de cargo declaró que el acusado le había pedido “ un regalito ” . Lo denunció dos meses después de haber realizado el pago . Además , en la solicitud de autorización de residencia temporal que presentó la denunciante , se constató que el funcionario colocó sello de entrada en la subdelegación con fecha 9 de septiembre de 2016 , la misma que hizo constar en el documento que se registró en el sistema informático , cuando en realidad la solicitud se había realizado once días después . El motivo de la alteración de la fecha , según la investigación , fue debido a que la solicitantes había disfrutado de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que había caducado el 16 de junio de 2016 , y para obtener la prórroga , la solicitud debía ser presentada dentro de los 90 días naturales a que hubiese finalizado la vigencia de la anterior autorización . Una vez comprobada la falsificación de los datos este expediente fue finalmente archivado .
La Fiscalía pide ocho años de prisión y 13 de inhabilitación por pedir hasta 200 euros por cada expediente que los solicitantes pagaron creyendo que eran tasas administrativas