El Senado ha cancelado la controvertida visita de un grupo de parlamentarios al prior de la abadía del Valle de los Caídos , prevista para el próximo lunes , y que se organizó a raíz de la negativa del religioso a comparecer ante la comisión de Justicia . Santiago Cantera , de 44 años , prior de los benedictinos que viven en el monasterio de ese lugar , se negó a acudir al Senado a explicar su negativa a exhumar restos de víctimas de la Guerra Civil , pese a que una sentencia firme da derecho a ello a una familia desde hace dos años . Replicó que si los senadores querían verle fueran ellos a la abadía a visitarle . Solo el PP y el PNV habían aceptado finalmente la invitación , entre duras críticas del PSOE y otros grupos , que lo consideraban `` un insulto a la dignidad del Senado '' . La situación se desbloqueó el pasado viernes , cuando el prior cedió y retiró el recurso que había presentado contra la ejecución de la resolución , emitida por Patrimonio Nacional . Fue horas después de ser desautorizado públicamente por el presidente de la Conferencia Episcopal , Ricardo Blázquez , que criticó su actitud y le instó a colaborar con la Justicia . También el PP se atribuyó parte del mérito de la decisión del monje , pues aseguró que había mantenido un diálogo reservado con él para que retirara su recurso y se reuniera con las familias afectadas , cosa que hasta ahora nunca ha hecho . La senadora popular Esther Muñoz relató que vio `` una actitud muy positiva '' en el prior , que en todo caso sigue negándose a acudir al Senado . Hasta ahora había impedido el acceso al osario , cuya entrada está en la basílica , porque considera `` una falacia '' que sea un cementerio público , como ha acreditado el Estado . Finalmente , tanto el PNV como el PP consideraron ayer que , una vez retirado el recurso , la visita ya no tenía sentido . No obstante , el fondo del asunto continúa intacto , y parece que lo seguirá estando por tiempo indefinido , según confirmó ayer el ministro de Justicia , Rafael Catalá . La obstinación del prior y la aparente imposibilidad , tanto de la administración pública como de la Iglesia española , para ejercer autoridad sobre él tiene su origen en el convenio franquista de 1958 que aún regula el Valle de los Caídos . Además el único superior del prior , dentro de la jerarquía eclesiástica , es un abad de un monasterio de Francia . El senador del PNV , Jokin Bildarratz , preguntó ayer al ministro cuándo piensa el Gobierno revisar ese acuerdo anacrónico , tras una aparente apertura del ministerio de Justicia a hacerlo , pero Catalá enfrió cualquier expectativa . Dijo estar `` esperando a que se genere consenso político y social , a que sepamos hacia dónde queremos caminar '' . Se amparó en el informe de una comisión de expertos de 2011 , sobre el Valle de los Caídos , que aconsejaba replantear el convenio de 1958 `` con la capacidad económica y la existencia de un consenso social y político suficiente '' . Bildarratz le matizó que el acuerdo `` no tiene costo ninguno '' . El senador vasco le recriminó esta pasividad y exigió al Gobierno que cumpla la ley de memoria histórica de 2007 , `` en el sentido de que usted sabe que el Valle de los Caídos nace como memoria de parte , y la ley lo que hace es corregir y que esa memoria , en lugar de ser de parte , sea una memoria de todos , hay que recordar y respetar a las personas allí enterradas '' . El ministro respondió que el compromiso del PP `` con la democracia y con la convivencia está sobradamente acreditado '' . `` Así pues , señoría , trabajemos . Trabajemos por generar esos consensos , y cuando estén establecidos , veamos en qué medida se puede modificar el convenio '' , concluyó . El convenio de 1958 , firmado por una fundación creada al efecto y la abadía de Silos , que entonces envió veinte monjes para abrir el nuevo monasterio , sigue vigente y pendiente de revisión para adecuarlo a la actualidad . También está pendiente de desarrollar la ley de 1982 que daba la gestión del Valle de los Caídos a Patrimonio Nacional . El lugar sigue envuelto en un cierto limbo legal y no se ha abordado en cuarenta años de democracia . El Gobierno anunció por primera vez el pasado 5 de marzo , a través de una comparecencia en el Senado de la secretaria de Estado de Justicia , que es `` plenamente consciente , dado el tiempo transcurrido , visto el nuevo marco constitucional , y habida cuenta de la nueva realidad social '' , que el convenio `` debe ser renovado ” . Sin embargo , ayer martes el ministro de Justicia volvió a congelar el asunto .
El ministro de Justicia enfría expectativas e informa que no está previsto revisar el anacrónico convenio de 1958 del recinto : `` Estamos esperando que se genere consenso ''