Los jueces ya han fallado en contra de una veintena de mociones aprobadas en pleno de ayuntamientos españoles en las que , además de solidarizarse con la causa palestina , se instaba a los municipios a no suscribir ningún acuerdo con empresas e instituciones israelíes por considerar que colaboraban en la ocupación de los territorios . Los tribunales han declarado nulas o sin validez estas mociones , casi todas de ayuntamientos en manos de partidos de izquierdas o nacionalistas , adoptadas en favor de la campaña internacional propalestina BDS ( siglas de Boicot , Desinversiones y Sanciones ) . Una gran parte de las sentencias son el resultado de demandas presentadas por la asociación proisraelí ACOM ( siglas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ) o de su presidente , Ángel Mas , cuando no de ambos . Mas y su asociación mantienen otros litigios aún pendientes de sentencia . La red de apoyo a BDS en España insta desde hace años a organismos públicos y también entidades particulares a adherirse a la iniciativa . Entre los consistorios de las mayores ciudades que así lo hicieron y contra los que se ha dictado la anulación se encuentran Santiago de Compostela ( con alcalde de Compostela Aberta , una candidatura de unidad popular de izquierdas ) , Langreo ( Asturias , tras un recurso de apelación , con alcalde de IU ) , Rivas Vaciamadrid ( Madrid , también tras una apelación , con alcaldía de IU ) , Sant Adrià del Besós ( Barcelona , con alcalde del PSC ) , Sant Quirze del Vallès ( también en Barcelona , con alcaldesa de ERC ) o Catarroja ( Valencia , con alcalde de Compromís ) . Los acuerdos recurridos por ACOM fueron aprobados desde finales de 2015 hasta diciembre de 2017 . Al suscribirlos en pleno , los consistorios se comprometían a no firmar acuerdos o convenios con empresas o instituciones israelíes ni tampoco contratar servicios o comprar productos a compañías de Israel que se entienda sean cómplices de violaciones del derecho internacional en Palestina . Varios ayuntamientos se declaraban además como “ Espacios Libres de Apartheid Israelí ” ( una iniciativa conocida por sus siglas , ELAI ) . En las mociones se incluían también referencias a finalizar la ocupación y colonización de los territorios palestinos , el desmantelamiento del muro en Cisjordania y reivindicaban el derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus casas . En sus recursos , ACOM esgrimía que los ayuntamientos no tienen competencia para pronunciarse por una cuestión que , a su entender , corresponde al ámbito de las relaciones internacionales y excede la potestad municipal . También , que las declaraciones podían suponer violaciones de derechos constitucionales , como los de libertad de expresión , igualdad o no discriminación , y sobre el disfrute de libertades públicas de los extranjeros en España . Por su parte , los ayuntamientos entendían que la asociación proisraelí y su presidente carecían de legitimidad para actuar como demandantes en representación de los potenciales afectados , y además argüían que las declaraciones aprobadas en pleno eran de carácter político o ideológico y no tenían efectos jurídicos . Las sentencias falladas en favor de ACOM o Ángel Mas reconocen su legitimidad como demandantes y rechazan el argumento de que las mociones fueran meramente una declaración sin efecto , al entender que instaban a medidas concretas , como nombrar a los municipios como ELAI . Los fallos ponen de relieve la falta de competencia de los ayuntamientos y , en varios casos , la vulneración de derechos constitucionales . Casos en litigio Además de los ayuntamientos , ACOM interpuso una demanda por procedimiento sobre derechos fundamentales contra el Cabildo de Gran Canaria ( presidida por Nueva Canarias ) , que el 27 de noviembre de 2015 había votado favorablemente a una moción para sumarse a la campaña BDS . Al igual que en sus demandas contra los consistorios , la asociación proisraelí entendía que se vulneraban derechos constitucionales . También en la misma línea que los ayuntamientos , el Cabildo arguyó que su moción era una declaración de intenciones y no constituía un acto administrativo . El juzgado desestimó la demanda de ACOM . La asociación proisraelí interpuso otra demanda , por procedimiento ordinario , para señalar la falta de competencia del Cabildo , y en ese caso sí obtuvo sentencia favorable , aunque ha sido recurrida por el Gobierno de la isla y está pendiente de sentencia . En el caso de Gijón ( Asturias ) , el pleno aprobó una moción de los grupos municipales Socialista , Xixón Sí Puede e Izquierda Unida que instaba a la Alcaldía a adherirse a BDS y a declarar el ayuntamiento ELAI . Al igual que en el caso de Gran Canaria , se interpusieron dos demandas , una por procedimiento ordinario y otra por procedimiento de derechos fundamentales . El juzgado desestimó ambos recursos por entender que la moción simplemente instaba a que el Gobierno municipal se adhiriese al acuerdo y que ese hecho carecía de efectos jurídicos . Las decisiones judiciales están recurridas en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias . En Cádiz , en agosto de 2016 , el ayuntamiento de Podemos adoptó en junta de Gobierno una adhesión a ELAI y BDS , que no fue recurrida por ACOM . A las pocas semanas , a diferencia de otros consistorios , esa declaración se concretó en una medida : se suspendió un ciclo de cine israelí tres días después de su inauguración . Esa decisión sí provocó una demanda de la asociación proisraelí , que está pendiente de sentencia . Desde el bufete Cremades & Calvo-Sotelo , que ha llevado varios de los casos de ACOM contra las mociones y sigue interponiendo demandas , indican que además de la sentencia en el caso del ayuntamiento de Cádiz esperan otras contra los de Telde ( Tenerife ) , Benlloch ( Castellón ) y Ayamonte ( Huelva ) . En estos dos últimos casos , el despacho de abogados afirma que se han suspendido cautelarmente los acuerdos . Existen otros recursos , como uno contra un acuerdo de apoyo a BDS de la Universidad Autónoma de Barcelona , presentados por otros demandantes . La moción de Santiago de Compostela En noviembre de 2015 , el ayuntamiento de Santiago de Compostela aprobó una moción que no incluía la declaración del municipio como ELAI , aunque sí que el consistorio se abstuviera de colaborar con “ el Estado de Israel , sus instituciones públicas o sus representantes en España en cualquier proyecto ” . Los argumentos del juez en la resolución se limitan en ese caso a anular la moción por entender que el ayuntamiento no tenía competencias . Ante la anulación , el ayuntamiento decidió no recurrir . La ponente de la ponencia , la concejala de políticas sociales , Concha Fernández ( Compostela Aberta ) , que obtuvo el apoyo del PSdG y BNG , apunta : “ Uno de los objetivos de la campaña era difundir la campaña misma y sensibilizar conciencias a favor de los derechos humanos de los palestinos . Eso se consiguió sobre todo cuando fue recurrida y entró en controversia . Nos dio pie a hablar en repetidas ocasiones de la finalización de la ocupación y colonización . Con esa controversia que trascendía lo formal estábamos apoyando la difusión de la campaña ” . El consistorio secunda la celebración de galas para recaudar fondos para un festival palestino y , recientemente , ha suscrito una moción en defensa de la menor palestina Ahed Tamini , encarcelada y sobre la que pesan 12 acusaciones de asalto , desacato a las tropas israelíes e incitación a la violencia en las redes sociales .
Las sentencias declaran nulos acuerdos de apoyo a la campaña propalestina BDS por falta de competencia para adoptar esa medida o por vulneración de derechos constitucionales