A finales del año pasado , la aprobación en el Congreso de la ley por la que se fija el cálculo del Cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 levantó una ola de indignación entre los presidentes autonómicos del PP y PSOE . Tras la crisis secesionista en Cataluña , y a la espera todavía de acordar un nuevo modelo que mejorase la financiación de las comunidades de régimen común , la crítica al Cupo vasco dejó de ser el gran tabú de la política española . Los socialistas Ximo Puig , Susana Díaz o Javier Fernández , alzaron su voz . Quien de forma más contundente expresó ese enfado fue el aragonés Javier Lambán que afirmó que era “ difícilmente explicable en términos democráticos , pues profundizaba en las desigualdades ” . Entre los populares , Cristina Cifuentes acusó a vascos y navarros de no contribuir a la solidaridad con el resto de España y Núñez Feijóo censuró el nuevo Cupo por falta de claridad e información . La casualidad quiso que la ley del Cupo se publicase en el BOE el día de los Santos Inocentes . Los presidentes autonómicos no descubrían nada nuevo , solo que hasta entonces muy pocos se habían atrevido a decirlo porque la corrección política obligaba a repetir una verdad a medias , que se trata de un derecho histórico amparado en la Constitución . Los estudios académicos han puesto de manifiesto que la ley del Cupo contiene muchos trucos y trampas con el fin de que el cálculo de la contribución vasca se adecue a la negociación previa . Esta vez , la fragilidad de la situación política española , con un PP dispuesto a cualquier cambalache para aprobar los Presupuestos Generales y un PSOE como socio de Gobierno del PNV en Euskadi , ofrecía a los nacionalistas una oportunidad de oro para blindar una situación de absoluto privilegio . El resultado , inmejorable . El País Vasco se queda cada año con más de mil millones adicionales del IVA , la mitad de los cuales en perjuicio de las otras autonomías . Su aportación para el próximo quinquenio se rebaja a 1.300 millones anuales , una cifra mágica derivada de ese famoso 6,24 % con el que , según la ley del Cupo , contribuye a los gastos del Estado no transferidos . En esta ocasión , el apoyo al Gobierno del PP se paga con un regalo extra de 265 millones anuales , mientras la aportación efectiva a la solidaridad interterritorial se reduce a la irrisoria cifra de 27 . El experto en financiación autonómica Alain Cuenca , que participó en nombre del Gobierno aragonés en la comisión para la reforma del modelo , está reclamando que se recurra el Cupo ante el Tribunal Constitucional . Todavía hay tiempo para que lo haga el Defensor del Pueblo , Francisco Fernández Marugán , y también todos aquellos presidentes autonómicos que tanto se indignaron frente a un cálculo que genera más desigualdades . En coherencia , recúrrase . Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook , Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter .
Su aportación efectiva a la solidaridad territorial se reduce a la irrisoria cifra de 27 millones