Se echa en falta una política de Estado por parte de España en el contencioso de Gibraltar . Si bien es cierto que , desde la pérdida del Peñón por el Tratado de Utrecht , todos los gobiernos han tenido como objetivo ( yo diría obsesivo ) su recuperación , no se vislumbra una clara estrategia para alcanzarlo sobre la base de planes y metas a corto y medio plazo y que suponga una verdadera política de Estado de cara a asegurar continuidad y coherencia en su ejecución a lo largo del tiempo , independientemente del partido ( s ) que tenga las responsabilidades de gobierno . En este sentido , la salida del Reino Unido ( RU ) de la UE es una oportunidad única para proceder a elaborarla , en conjunción con los principales partidos políticos . Antes de nada , y como encuadre previo , convendría recordar : primero , que no se puede utilizar la fuerza por ser contrario al Derecho Internacional al no existir una causa previa que lo justificara , por el coste que ello supondría , por la oposición de los propios gibraltareños y por la superioridad militar del RU . Segundo , no se puede esperar que el RU respete el Derecho Internacional en este asunto como demuestra el incumplimiento de las resoluciones de la ONU respecto al proceso de descolonización , la ocupación ilegal del Istmo donde se ubica el aeropuerto y el establecimiento y ampliación de las aguas territoriales del Peñón . Ello no es óbice para que España siga insistiendo en la denuncia de estos incumplimientos en todos los foros internacionales competentes y en el respeto estricto de la legalidad internacional , cimentando así su reclamación sobre una base firme y a largo plazo . Un incumplimiento del Derecho Internacional en la materia por parte de España podría significar dejar la reclamación fuera de este importantísimo anclaje y , por tanto , sometida a la ley del más fuerte ( en este caso , el RU ) . Tercero , el derecho de veto otorgado a España por la UE en este asunto en las negociaciones del Brexit es un éxito diplomático de primera magnitud y que ofrece unas perspectivas completamente nuevas de cara al futuro , tanto a corto como a largo plazo . Una oportunidad que no hay que dejar escapar . La renuencia por parte de los ciudadanos de Gibraltar a cualquier cambio en el estatus actual del Peñón respecto de su dependencia del RU no debe entenderse solamente como una cuestión de sentimiento de identidad británica ( nacionalismo ) , sino también al hecho de gozar de un nivel de vida superior al que supondría su integración en España . Este nivel de vida superior es consecuencia de su estatus especial respecto del RU y de la UE que le permite disfrutar de una serie de privilegios derivados de su carácter de paraíso fiscal para los residentes ( tanto personas físicas como empresas ) , lo que se traduce en el establecimiento de empresas holding de gestión patrimonial , empresas de servicios a través de internet ( fundamentalmente apuestas ) , movimiento de mercancías por diferencia de impuestos indirectos ( contrabando de tabaco , etc. ) . En el fondo , este hecho supone una transferencia de rentas desde los territorios con los que estas empresas operan ( en la mayoría de los casos España , pero en el caso de las apuestas y gestión patrimonial también con otros países ) hacia Gibraltar no solo en términos de personas empleadas en dichas actividades , sino también en términos de fraude y elusión fiscales . Una transferencia que supone un empobrecimiento relativo de dichos territorios , a la vez que su propio enriquecimiento . Debería negociarse exclusivamente con Londres , con el fin de no otorgar a los representantes de Gibraltar el nivel de ente quasi-soberano , Por lo tanto , el objetivo de recuperación de la soberanía sobre Gibraltar debe ser considerado solamente a largo plazo y no debe suponer la “ portada ” de la estrategia hacia la colonia . Antes , hay que “ convencer ” a los ciudadanos de Gibraltar de la conveniencia de su integración en España , haciéndola atractiva . Por ello , lo principal es , primero , reducir los incentivos del mantenimiento del actual statu quo y por los que Gibraltar goza de un nivel de vida superior relativo a los territorios circundantes : eliminando o reduciendo significativamente las fuentes en las que se basa el mismo ( paraíso fiscal , libertad de servicios , contrabando de mercancías , etc. ) . Y , segundo , convertir la zona circundante en una zona de atracción en la que convendría integrarse : mejores servicios públicos ( educación , sanidad , sociales ) , mejores infraestructuras , polos de desarrollo industrial , inversión en I & D , etc . Evidentemente , esta estrategia llevará años en materializarse , pero ésta debería ser la esencia para una solución a la presente situación y más teniendo en cuenta la promesa formal del RU a los ciudadanos de Gibraltar de tener en cuenta su opinión ante cualquier acuerdo con España . En cuanto a los mecanismos de negociación , estos deberían llevarse a cabo exclusivamente con el RU con el fin de no otorgar a los representantes de Gibraltar un estatus de ente quasi-soberano , lo que reduciría las opciones de España en el contexto del Derecho Internacional en el largo plazo . Sin embargo , este hecho no impide que Gibraltar pudiera estar presente como tal en determinados foros de discusión sobre determinadas cuestiones “ prácticas ” ( por ejemplo , lucha contra incendios , acciones humanitarias ante algún tipo de catástrofe , enlaces de transporte público , etc . ) , pero en dichos casos los representantes de las zonas circundantes deberían también estar presentes como parte según las competencias respectivas ( Junta de Andalucía , ayuntamientos afectados , etc. ) . Otro elemento importante a tener presente en la actual negociación de la UE con el RU sobre el Brexit es la solución que se pacte respecto de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte . Estoy convencido de que el RU intentará trasladar cualquier acuerdo que se alcance en este contexto a la situación de Gibraltar . Como , en un principio , todo apunta a que el futuro acuerdo respecto a las dos Irlandas se basaría en evitar una frontera “ dura ” , es de capital importancia evitar que algo parecido se impusiera respecto a Gibraltar , pues limitaría enormemente el margen de maniobra de España en sus negociaciones bilaterales con el RU y en la adopción de medidas o acciones en el futuro . Aunque el Consejo Europeo otorgó un derecho de veto a España sobre la cuestión de Gibraltar , éste podría verse “ matizado ” ante la necesidad de alcanzar un acuerdo global con el RU sobre el Brexit ( tanto de divorcio como sobre la relación futura ) . En materia de movimiento de mercancías , como Gibraltar no pertenece a la Unión Aduanera , España debería mantener el actual estatus en la frontera , lo que le permitiría controlar todas las mercancías de entrada desde Gibraltar a territorio español con el fin de evitar tanto el contrabando de bienes como el impago de aranceles , impuestos indirectos ( IVA ) y especiales ( tabaco y alcohol ) , así como el cumplimiento de las regulaciones de protección al consumidor y medioambientales relevantes . España tiene que insistir en la inclusión de Gibraltar en la lista de paraísos fiscales de la UE , con el fin de promover el establecimiento de “ controles de cambio ” En materia de libertad de prestación de servicios , España debería estar muy atenta a lo que se acuerde entre la UE y el RU respecto a la relación futura . A menos que el resultado fuera la continuación del acceso por parte del RU al Mercado Único Europeo ( lo que le otorgaría el mantenimiento de la situación actual de libertad ) , España debería exigir una licencia a las actuales casas de apuestas radicadas en Gibraltar para que pudieran operar en territorio español ( aun cuando sigan haciéndolo por internet ) , y , en todo caso , el establecimiento de tasas por dicha actividad ( por ejemplo , imponiendo una tasa por apuesta realizada ) , además del pago del impuesto de sociedades español por los beneficios obtenidos en todas las operaciones realizadas con residentes en España . Lo mismo debería aplicarse a otras actividades de servicios actuales o futuras ejercidas desde la colonia hacia territorio español ( por ejemplo , gestión de patrimonio ) . En materia de aviación , España debería continuar con su reivindicación respecto de la ilegalidad de la ocupación del Istmo e insistir , como mal menor , en la necesidad de la utilización conjunta del aeropuerto . Adicionalmente , debería potenciar los aeropuertos españoles circundantes , así como incluso considerar la posibilidad de construir uno aledaño , con el fin de hacerle la competencia . En este contexto , es muy importante seguir con mucha atención las negociaciones de un acuerdo global de aviación entre el RU y la UE con el fin de evitar la introducción de cláusulas en el mismo que pudieren perjudicar los intereses de España . En materia de movimiento de capitales , España debería insistir en la inclusión de Gibraltar en la lista de paraísos fiscales de la UE ( como mínimo en la lista gris ) con el fin de promover el establecimiento de “ controles de cambio ” ( por ejemplo , autorizaciones previas ) a las transacciones realizadas con Gibraltar desde o hacia la UE ( inversiones directas , inversiones inmobiliarias , inversiones financieras , créditos , transferencias , etc. ) . Si esto último no fuera posible , se debería considerar introducir los mismos por España aprovechando el margen que conceden los actuales Tratados por motivos de evitar el fraude y la elusión fiscales . Por supuesto , y en todo momento , España debería continuar con la defensa de los intereses de los trabajadores españoles en el Peñón , así como de los pensionistas . Asimismo , debería continuar en la defensa de sus intereses contra cualquier decisión unilateral que pudieren tomar las autoridades tanto del RU como de Gibraltar . Y después , paciencia y mantenimiento de la coherencia en la ejecución de la estrategia . Si bien el objetivo ( reintegración de Gibraltar en España ) es una cuestión de largo plazo , los privilegios de los que gozan actualmente los ciudadanos del Peñón deberían poder contrarrestarse y reducirse en la medida de lo posible a corto y medio plazo por una pura cuestión de justicia social . Víctor Andrés Maldonado es licenciado y MBA por ESADE . Fue funcionario de las instituciones de la UE de 1986 a 2012 . Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook , Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter .
Hay que “ convencer ” a los ciudadanos del Peñón Gibraltar de la conveniencia de su integración en España ; es necesario reducir los privilegios por los que Gibraltar goza de un nivel de vida superior relativo a los territorios circundantes