Intervención en el Congreso del Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán , por la presentación del Informe Anual . EUROPA PRESS | ATLAS El Defensor del Pueblo dibuja un panorama desolador sobre las consecuencias de los recortes sociales por la crisis y augura una fractura social irreconciliable si no se da un giro en las políticas redistributivas de la riqueza . En el Informe anual sobre la crisis económica y desigualdad , que ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados , la institución señala que el retroceso que se ha experimentado en las prestaciones y los servicios sociales `` no se ha compensado con nuevas políticas , ni con mejoras de las ya existentes '' . El Defensor del Pueblo denunció ayer en el Congreso que la aplicación de las medidas de austeridad durante la crisis ha generado “ un pozo de desigualdad sin precedentes y ha dañado al entramado institucional ” . Y , además , añade que la mera salida de la crisis no reduce esta tendencia y que debe “ corregirse con una política activa y decidida de redistribución de la renta ” , así como con la reforma del sistema de financiación autonómico . Según el Informe Anual , `` en España el ascensor social ha cambiado de sentido . El Estado social se está reconvirtiendo : los derechos civiles y los derechos sociales se reducen . Ahora arrecia la desigualdad , con el agravante de que la amenaza de exclusión ha ampliado su perímetro , yendo más allá de los tradicionales marginados '' . Para el Defensor del Pueblo , dirigido por el socialista Francisco Fernández Marugán , si no se cambia esta política , `` los conflictos de esta sociedad empobrecida darán lugar , con probabilidad , a más altos antagonismos , en lugar de a unos nuevos consensos '' . Y precisamente ahora las pensiones son el último ejemplo de la conflictividad . Sobre este asunto , afirma que `` una cuasi congelación de las pensiones durante años '' , es una fórmula que `` ha de suponer un empobrecimiento constante de todos los pensionistas , lo que podría suscitar dudas con la previsión constitucional que insta a los poderes públicos a garantizar `` mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas , la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad '' , recuerda el Defensor citando el artículo 50 de la Constitución . De hecho , la institución recibió el año pasado casi 45.200 firmas ( de ellas 13.016 y 7.176 procedían de los defensores autonómicos de Galicia y Aragón ) solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática . `` Estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado . La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyección futura , cuestión que deberá debatirse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo , con el mayor consenso posible '' , explica . Transferencia de renta a los de arriba En su descripción de lo ocurrido entre 2008 y 2015 , el Defensor afirma que en España `` se produjo una transferencia de renta desde la parte inferior y media de la sociedad hacia la parte alta . Por ello , el bienestar de los españoles pierde , con el estallido de la crisis , buena parte de lo que había ganado entre 1986 y 2007 '' . Y lo cifra : `` El 20 % de la sociedad española con menos renta experimentó una caída de sus ingresos '' , que llegó a ser del 15 % en los hogares con menores ingresos . Y las consecuencias son muy duras : `` Carece de sentido político pretender que se acepte la existencia de una mejora económica sin un mayor bienestar y con menos derechos . La crisis ha dado origen a un pozo de desigualdad sin precedentes . El golpe que en muchos hogares se recibió fue tan contundente que hizo que las clases medias se sintieran amenazadas , pues el impacto que les llegaba podía llevarlos hacia la pobreza . A los pobres de toda la vida , el empujón que experimentaron les desplazó directamente hacia las zonas de exclusión '' . Y explica que todo esto no ha sido inevitable o casual , sino producto de `` unas políticas concretas y específicas que han actuado como un corrosivo , dañando al entramado institucional y a la cohesión social . Por ello , hay que actuar para hacerlas retroceder '' . Tras describir los recortes de 5.341 millones en gasto sanitario entre 2009 y 2016 y de 4.778 millones en educación en el mismo periodo , `` con una pérdida de calidad manifiesta en estos servicios '' , `` resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas '' . Compensación a los accionistas del Popular La amenaza para la sociedad es que afloren los problemas `` que están debajo de la bella normalidad : el envejecimiento de la población , el endeudamiento público y privado , la desigualdad , la pobreza , la exclusión social o el bajo crecimiento de la productividad '' . El Defensor recuerda el dato de Cáritas , sobre que `` el 70 % de los hogares no han percibido que los efectos de la recuperación les hayan alcanzado '' . Por eso , concluye que `` el elevado nivel de paro y un empleo plagado de bajas salariales y de excesiva precariedad , no permiten que desde esos hogares se pueda hablar de progreso social . El precariado tropieza con una sociedad democrática , en la que resulta difícilmente asumible dejar a un porcentaje significativo de ciudadanos en el borde de la cuneta '' . El Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para que inste a Santander a valorar la creación de una solución extrajudicial para los accionistas minoritarios y los titulares de deuda subordinada de Popular que perdieron su inversión antes de su resolución . En su informe anual de 2017 , el Defensor del Pueblo recoge esta recomendación sobre Santander , que ya diseñó una compensación para los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2016 , a cambio de renunciar a emprender acciones judiciales contra el banco . El Defensor del Pueblo cree que `` la falta de información ha generado indefensión a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada , por ello se ha formulado una Recomendación a la Secretaría de Estado de Economía para que se inste al Banco Santander a valorar la posibilidad de facilitar una solución extrajudicial a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada '' , sin concretar más .
El Informe Anual del organismo que dirige Fernández Marugán cree que `` cuasi congelar las pensiones '' puede ser inconstitucional