El consejo de Ministros aprobó el pasado septiembre , a propuesta de la ministra de Sanidad Dolors Montserrat , un nuevo pliego para adjudicar el servicio del llamado centro Cometa . La oferta era de 12.478.191,36 euros por tres años . Supone un 30 % anual más que en el anterior pero se queda corto porque implica renovar las pulseras y mantener el servicio . De hecho , ninguna empresa se ha presentado al concurso del servicio , actualmente prorrogado . El ministerio está trabajando en la redaccion de unos nuevos pliegos pero no aclara qué cambios va a incluir para evitar que vuelva a quedar desierto . La tecnología de las pulseras digitales está obsoleta después de casi una década de uso , según denuncian distintos trabajadores , que piden anonimato . UGT y el PSOE han respaldado sus denuncias . La diputada socialista Ángeles Álvarez ha presentado una batería de 30 preguntas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones sobre este asunto . La diputada critica que , ante un aumento de la demanda del servicio , “ no se ha hecho una previsión presupuestaria y técnica para dar una respuesta eficiente ” y reclama los 200 millones comprometidos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que , asegura , habrían permitido licitar “ con recursos adecuados ” . Según los empleados , más del 70 % de las alertas que saltan a sus ordenadores y tienen que atender se deben a fallos técnicos o por falta de cobertura . El dispositivo incluye una pulsera para el supuesto maltratador y un GPS para la víctima . Si se acerca más de lo que establezca la orden de alejamiento fijada por un juez , se activa la alerta y desde el centro Cometa avisan a la víctima y a las fuerzas de seguridad del Estado . El PSOE denuncia el `` abandono '' del sistema De izquierda a derecha , Diego Giráldez ( UGT ) , Ángeles Álvarez ( PSOE ) y M Carmen Barrena ( UGT ) registran preguntas en el Congreso . “ El Gobierno está sumiendo el servicio en el abandono , la precariedad y la falta de especialización ” , critica la diputada Ángeles Álvarez , que señala directamente a los pliegos de condiciones y al modelo de contratación pública como explicación de las posibles deficiencias por no incluir , a su juicio , “ ni criterios de calidad ni de especialización ” . “ La falta de control de los estándares de calidad en un contrato públio es un tema muy sensible ” , añade Maria Carmen Barrena , secretaria de Políticas Sociales de UGT : “ Si no está rigurosamente verificada por la Administración puede causar tragedias ” . Si se activa por un error , supone tener que poner en alerta a una víctima de violencia de género sin motivo . Preguntado por el porcentaje de alertas que se producien por fallos y qué medidas ha tomado Sanidad para corregirlas , el ministerio solo señala que “ están previstas en el propio funcionamiento del sistema ” . La contratista actual es Telefónica y el servicio lo presta Securitas Direct . Ambas empresas declinaron hacer declaraciones y se remitieron a las respuestas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género , que depende de Sanidad . El centro Cometa cuenta con 41 empleados de los que 20 , mayoritariamente mujeres , trabajan de operadores atendiendo alertas en turnos que cubren las 24 horas del día . Cada hora , una operadora debe completar ocho gestiones . Es decir , disponen de siete minutos y medio para hablar con la víctima y el supuesto agresor , avisar a las fuerzas de seguridad y elaborar un informe al respecto . Precisamente para cumplir esos tiempos , los empleados denuncian que se les pide que atiendan a las mujeres como si trabajaran en un call center y que atiendan las llamadas con cuestionarios cerrados . “ Nos dan un guión con lo que tenemos que decir , no existe relación de escucha con la víctima y , si no cumplimos los objetivos de tiempo , nos penalizan ” , explica una trabajadora . Preguntado por las quejas por sobrecarga de trabajo , el ministerio responde que el centro de control Cometa “ debe disponer siempre del número de operadores adecuado para dar soporte a todas las alarmas ” . El servicio se puso en marcha con trabajadoras sociales y psicólogas atendiendo las alertas , pero se ha ido renovando con personal sin una titulación específica que hacen cursos de formación de ocho horas , explican los trabajadores . El pliego de condiciones que ha elaborado el Ministerio , y el del contrato previo , no exige que las operadoras tengan que ser especialistas , pese a que traten con víctimas de violencia de género .
El pliego prevé renovar el material de 2009 casi con los mismos fondos.Los trabajadores denuncian fallos técnicos y falta de tiempo para atender a las víctimas