El Centro de Investigaciones Energéticas , Medioambientales y Tecnológicas ( Ciemat ) es la institución de referencia en su ámbito de actividad en España . Se trata de un Organismo Público de Investigación ( OPI ) dependiente del Ministerio de Economía , Industria y Competitividad cuyo carácter diferencial radica en desarrollar investigación aplicada en energía , medioambiente y ciertos campos de ciencia básica con objeto de generar conocimiento y tecnología al servicio del desarrollo industrial de España y , por ende , de la Unión Europea . En un país con un índice de paro del 16 % y una precariedad laboral muy preocupante , el desarrollo de una economía productiva basada en la innovación es un elemento clave . El Ciemat existe para contribuir decisivamente a ese desarrollo , centrando una parte muy significativa de su actividad en acciones de colaboración público-privada y siendo un motor de transferencia tecnológica al sector industrial . Es difícil poner en tela de juicio la importancia que un centro así tiene para España . Sin embargo , no parece que exista conciencia de la gravedad de la situación en que se encuentran este y otros OPI . Tras la gran crisis económica mundial que estalló en 2008 y después de los importantes recortes sufridos en 2010 , sostenidos desde entonces , la partida para el Ciemat en los Presupuestos Generales del Estado ( PGE ) se ha reducido un 30 % . La aparente recuperación económica no parece que llegue para devolver a la investigación a sus niveles originales de financiación . Para mayor desgracia , las dificultades en aprobar los presupuestos en los años 2017 y 2018 y el cierre anticipado del año 2016 han conducido a problemas de no disponibilidad de fondos en los organismos públicos , y no sólo en las partidas procedentes del Estado , sino en los ingresos obtenidos por concurrencia competitiva y contratos con terceros . La partida para el Ciemat en los Presupuestos Generales del Estado se ha reducido un 30 % Esta reducción presupuestaria afecta gravemente al funcionamiento del organismo , pero no es el único factor que lo asfixia . Alrededor del 20 % del personal del Ciemat está en situación precaria , con contratos laborales temporales durante tantos años que la situación se ha convertido en crónica , amenazando de forma inminente con una letal brecha generacional . Muchas líneas de investigación pueden desaparecer si los investigadores que las dirigen se jubilan sin que los que tienen unos años menos hayan siquiera consolidado sus puestos de trabajo . Desafortunadamente no acaban aquí los problemas del Ciemat y de otros OPI y por lo tanto , de nuestro sistema de apoyo al desarrollo tecnológico e industrial . Se añade a lo anterior el que , de hecho , es el factor que más contribuye a la literal estrangulación del centro : una batería de normas administrativas de control y fiscalización de su actividad que , al no estar diseñadas para organismos de investigación ni tener en consideración el funcionamiento singular de éstos , causan de facto la imposibilidad práctica de formalizar convenios , dilatan los tiempos , dificultan la ejecución de la inversión y la actividad y requieren unos recursos de gestión de los que no se dispone . Alrededor del 20 % del personal está en situación precaria El Ciemat , integrado por su naturaleza en foros internacionales altamente competitivos , se ve en situación extraordinariamente delicada al no poder firmar convenios de manera operativa , responder a tiempo de sus obligaciones contractuales , abonar sus cuotas de participación ni , en general , cumplir mínimamente las obligaciones que se derivan de su posición y de las relaciones que le corresponde mantener con los agentes de la industria y de la I+D . Explicar esto a representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública , de la Intervención General o de la Abogacía del Estado ha resultado estéril . Estos órganos no son receptivos a una visión flexible de una normativa que no está pensada para un organismo de investigación . Tomemos un ejemplo como muestra de ello : la participación en consorcios y colaboraciones internacionales , que normalmente requiere el pago de una cuota , es obligada para mantener los retornos esperados en programas como el Horizonte 2020 de la Comisión Europea . Abonar una cuota de participación en un foro internacional por un importe de sólo 3.000 euros ya aprobados dentro del presupuesto del centro , implica un proceso que puede llegar a durar más de un año . Este tiempo se consume en una larga serie de trámites que incluye la autorización del Consejo de Ministros . No es difícil imaginar cuánto desgaste administrativo ( y por lo tanto , económico ) conllevan procedimientos como éstos . Un sistema que , con toda seguridad , se ha instaurado para ahorrar recursos y evitar malversación , resulta ser la causa de pérdidas económicas apreciables en términos de sueldos de funcionarios malgastados en tareas no siempre imprescindibles , retrasos en pagos , incumplimientos con penalizaciones económicas , pérdida de competitividad , pérdida de oportunidades de participación en proyectos y una larga lista de ejemplos de falta de eficacia en el uso de los recursos públicos . Las condiciones administrativas actuales , además , impiden al Ciemat diseñar estrategias dentro de su actividad y marco colaborativo , por la incertidumbre que supone para el Centro estar sujeto a diferentes interpretaciones vinculantes de terceros en aspectos administrativos de sus contratos y convenios . Con voluntad política sería posible aplicar soluciones eficaces inmediatas , como se ha hecho en etapas anteriores con independencia del signo político del Gobierno Tres factores compiten , pues , en ser causas para el colapso del Ciemat : las fuertes limitaciones presupuestarias , la precariedad crónica de una parte importante del personal y una superposición de nuevas normas administrativas que puede que sirvan para otros tipos de centros públicos , pero que , en su conjunto , son letales para un centro de investigación dinámico y en constante interacción con la industria y con instituciones . La Secretaría de Estado de Investigación , Desarrollo e Innovación ha mostrado reiteradamente su preocupación por estos graves problemas y nos consta que ha hecho y hace el mayor esfuerzo por encontrarles solución . Tenemos indicios de que en breve pueda salir adelante un plan de consolidación del empleo público que contribuya decisivamente a resolver en mayor o menor medida uno de ellos . Sin embargo , las soluciones a las otras dos cuestiones se encuentran en manos del Ministerio de Hacienda , o de instancias superiores del Gobierno . Con voluntad política , sería posible aplicar soluciones eficaces inmediatas , como se ha hecho en etapas anteriores con independencia del signo político del Gobierno . Nos consta que estas soluciones cuentan con la comprensión de una amplia mayoría dentro del Congreso de los Diputados . Basta con que se tome conciencia política del enorme perjuicio que la situación actual está causando a un sector de importancia estratégica para entender la urgencia de poner en marcha unas pocas medidas normativas que pueden resolver estos gravísimos problemas . Y ello sin ningún coste presupuestario , es decir , manteniendo la estrategia actual de ajuste presupuestario . Excluir a los OPI del requerimiento de Intervención Previa , por ejemplo , sería una medida de efectos inmediatos y coste cero que podría , en combinación con algunas otras , salvar in extremis al Ciemat y a otros centros de I+D de un colapso inminente . Sólo pedimos una reflexión serena y objetiva . No queda mucho tiempo . Este artículo está firmado por Julio Cárabe , Emilio Muñoz , Carlos Alejaldre , Rocío Millán , Antonio Molinero , Paloma Manzanares , Pablo García Abia , Manuel Pujadas , Isabel Rucandio , Carlos Hidalgo , Francisco Castejón , Ángel Ramírez , investigadores del Ciemat , junto a otros 260 científicos y trabajadores del mismo centro y otros organismos públicos de investigación .
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