El derecho a saber , a acceder a información pública en España ha calado de manera desigual desde que entró en vigor la Ley de Transparencia hace cuatro años . En comunidades como Castilla y León y Cantabria los ciudadanos exigen ese derecho hasta siete y ocho veces más que en La Rioja y Baleares , según la tasa de reclamaciones presentadas en los organismos independientes que velan por su cumplimiento . Muchos de ellos apenas tienen personal ni fondos para darse a conocer a la ciudadanía . La queja del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ( CTBG ) , organismo estatal , en su última memoria publicada bien se puede aplicar a muchos consejos autonómicos : la dotación de medios humanos es “ insuficiente ” para la carga de trabajo y las competencias que asume . Seis comunidades ( Asturias , Cantabria , Castilla-La Mancha , Extremadura , La Rioja y Madrid ) y las dos ciudades autónomas encargaron al CTBG que atienda las reclamaciones de sus ciudadanos sobre transparencia : desde el Ayuntamiento que no contesta a una petición hasta el Gobierno regional que deniega el acceso a un documento . El CTBG ha asumido esa carga extra de trabajo —ya se ocupaba de las reclamaciones contra la Administración General del Estado— con dos personas . “ Somos un administrativo y yo ” , resume la situación Enrique Orduña , director de la Oficina de Reclamaciones Territoriales del CTBG . Después de muchas quejas al Ministerio de Hacienda , finalmente , les acaban de resolver un concurso y se va a sumar una tercera persona . Todos son funcionarios trasladados desde otros puestos . Ante la altura que alcanzó la ola de la corrupción hace un lustro , el Gobierno aprobó la Ley de Transparencia a finales de 2013 y , aunque con retraso , se sumó a la pauta europea . El objetivo era paliar la sensación de impunidad , inacción del Ejecutivo y desafección de la política que había calado en la sociedad , y de paso airear muchas Administraciones acostumbradas al oscurantismo . Hoy la clase política sabe que la transparencia vende , pero mientras presume de impulsarla , a menudo , impide que los juristas dispongan de medios para implantarla y desempolvar armarios . Un buen termómetro para ver cómo se desarrolla este aún reciente derecho ciudadano son los 11 consejos de transparencia , en ocasiones bien dotados de personal y medios y otras maltratados . El caso más sangrante es el de Murcia , cuyo consejo estuvo paralizado desde el pasado mayo hasta diciembre tras sus resoluciones críticas con el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez ( PP ) , que dimitió acosado por la corrupción . Mientras , en la Comunidad Valenciana el Gobierno del PP generó una ley con amplias competencias y escaso personal . Resultado : las peticiones tardan hoy 10 meses en resolverse . Tras las elecciones de 2015 , el Gobierno formado por PSOE y Compromís prometió un vuelco que no ha llegado . “ Se pretendía que no funcionase . Una cosa es lo que dice la clase política y otra cosa es la realidad . La mayoría de consejos tienen problemas , pero lo nuestro es exacerbado . Tras 10 meses , la información no es igual de útil que después de un mes ” , denuncia Ricardo García , presidente del órgano valenciano . El Gobierno central litiga , las regiones , no Los expertos muestran su sorpresa ante el alto grado de judicialización que ha alcanzado la aplicación de la Ley de Transparencia en España . En cuatro años se han presentado 77 recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ( CTBG ) , la gran mayoría por parte de los ministerios o de empresas públicas para evitar dar información a los ciudadanos . Sin embargo , esa litigiosidad del Gobierno central contrasta con la de los Ejecutivos autonómicos , que casi por norma evitan recurrir cuando pierden un caso . En total , se han presentado 30 recursos judiciales contra consejos autonómicos ( Madrid y Andalucía lideran el listado con 8 cada una ; Cataluña tiene 5 ) , pero la mayoría están promovidos por ciudadanos u organizaciones , disconformes con las resoluciones . En Castilla y León , la comunidad donde más reclamaron los ciudadanos ante su consejo en 2017 , la propia ley autonómica indica que no se pueden incrementar los medios . De hecho , las atribuciones de transparencia son del Procurador del Común ( el defensor del pueblo castellanoleonés ) . “ Con los mismos medios que se atienden las quejas ciudadanas , se vela por la transparencia ” , explica una portavoz , que califica de “ lento pero imparable ” el ritmo que va tomando . Entre 2016 y 2017 se han duplicado las reclamaciones ciudadanas ( de 102 a 202 ) . Aún están muy lejos de las 4.000 quejas admitidas en un año como defensor del pueblo , pero es un inicio . La mayoría de consejos autonómicos han aumentado el número de reclamaciones que tramitan ; de media se han doblado en solo un año . En el otro extremo de Murcia y Valencia , el consejo catalán disfruta de personal y mantiene una cifra alta de reclamaciones ciudadanas , resueltas de media en 54 días . Muchas de estas peticiones provienen de concejales de pequeños Ayuntamientos en la oposición , que desde 2016 han aprovechado esta vía ágil y gratuita para reclamar todos los informes que los alcaldes deniegan . Su presidenta , Elisabet Samarra , describe el impulso de esta medida : “ En dos meses la vía política todavía está activa y ha sido un efecto llamada por el boca oreja ” . El aumento de reclamaciones entre los concejales —vía que prohíbe los órganos estatal y andaluz , por ejemplo— coincide con varias sentencias penales que han condenado a alcaldes por negar información a los ediles de la oposición municipal en provincias como Burgos . Samarra subraya su sorpresa ante el poco uso de esta herramienta de transparencia por parte de periodistas y ONG . “ Hemos tenido preguntas sugerentes , pero anecdóticas , solo entre el 2 y 3 % . Sorprende que no hagan uso de este canal , porque yo como periodista preferiría la información en crudo frente a una nota de prensa cocinada ” , resume . A diferencia de España , los modelos británico y alemán establecen la fusión entre las agencias que garantizan el derecho a la información y la protección de datos . En nuestro país la diferencia , tradición y relevancia entre la Agencia de Protección de Datos , con una plantilla de más de 200 empleados y dos décadas de historia , y el Consejo Estatal con una treintena de trabajadores y un lustro de recorrido , es clara . De momento , solo Andalucía mantiene la fusión de ambas facetas , pero el consejo no tiene sus competencias sobre protección de datos reguladas , a pesar de que lo establecen el Estatuto de Autonomía y la Ley de Transparencia andaluza . Hoy , dos años después , la Junta sigue sin mover ficha . País Vasco se plantea ahora dicha unión . “ La separación es mejor para impedir el control . La información es poder y eso te permite frenar las posibilidades de acceder a la información ” , opina García . Discrepa la presidenta del consejo catalán , Elisabet Samarra , que alerta del riesgo de que la fusión suponga que prime el derecho a la protección de datos . “ A mí me parece que la competencia [ entre los dos organismos ] es buena ” . Daniel Cerdán , presidente del comisionado canario , es positivo respecto a la evolución de la transparencia , aunque lamenta la escasa movilización de la sociedad : “ En general se resuelve bien , pero echamos en falta que la ciudadanía no produzca tantas preguntas como cabía esperar porque no hay un gran activismo ” . Una de las razones para esta parálisis y dejación de la ciudadanía puede ser el desconocimiento . Ninguna Administración ha invertido fondos públicos para difundir la tarea de estos órganos de control que debe tirarle de las orejas si incumplen su deber de transparencia . En paralelo , la difícil accesibilidad de algunos portales —también municipales— echa para atrás a ciudadanos que exasperados , abandonan sus reclamaciones , confirma un experto . El Ayuntamiento de Sevilla , por ejemplo , lleva ya tres meses sin sede electrónica , a la espera de que se licite un nuevo concurso que no termina de convocarse por falta de presupuesto . De momento , solo el Consejo andaluz posee potestad sancionadora además de inspectora , aunque puede proponer una sanción a un departamento de una consejería de la Junta , pero finalmente el consejero de turno fija la cuantía de la sanción . El andaluz también es el único consejo que admite denuncias de publicidad activa por parte de los ciudadanos , el resto controla de oficio la publicidad activa de las Administraciones . Los pasos para avanzar en la transparencia son lentos y procelosos . El último de ellos es la nueva Ley de Contratos del Sector Público , que entra en vigor el próximo mes y que establece cómo cuando una Administración quiera omitir un anuncio de formalización de contratos , dicha excepción deberá contar con el informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Transparencia . “ Hay que pensar en muscular esos órganos o van a morir de éxito . Hay que admitir que la transparencia tiene un coste , a veces no es barata . Eso sí , la corrupción siempre es más cara ” , resume Samarra .
La ley aprobada hace cuatro años ha calado de forma desigual en las comunidades autónomas