Tres lustros más tarde de la entrada en prisión del ex ministro de Interior, José Barrionuevo, y del ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, ambos del PSOE, por los GAL, la CIA desclasificó unos papeles en los que se señalaba que el ex presidente del Gobierno español, Felipe González, «había acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir a terroristas fuera de la ley». Aquella revelación impulsó a Pilar Zabala, hermana del presunto miembro de ETA asesinado por la guerra sucia y el ex dirigente de Podemos en el País Vasco, a impulsar una plataforma para investigar los crímenes de los GAL sin resolver y «señalar judicialmente» la X del terrorismo de estado. Entre las primeras acciones, está el registro de un escrito a la Fiscalía de San Sebastián para investigar a González.
Señalar judicialmente la X de los GAL
Moisés Pérez
A las puertas de la cárcel de Guadalajara, el ruido de los simpatizantes socialistas era bastante notable. Con los cánticos de «inocentes» y «libertad», cerca de 7.000 seguidores del PSOE se habían concentrado para otorgar calor a José Barrionuevo, ex ministro de Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado, los cuales debían ingresar a rejas aquel 10 de septiembre de 1998 como responsables del secuestro del ciudadano Segundo Marey 1983. Vendedor inmobiliario e hijo de un exiliado socialista en Francia a raíz del golpe de Estado fascista del dictador Francisco Franco en 1936, había sido capturado por mercenarios financiados por el Gobierno español de Felipe González. Los miembros de la guerrilla terrorista lo habían apresurado confundiéndolo con el supuesto dirigente de la banda criminal ETA, Mikel Lujua.
Antes de que Vera y Barrionuevo accedieron a la prisión, se abrazaran efusivamente con González, quien estaba acompañado, según la crónica elaborada entonces por el diario El País, por dirigentes de la formación del puño y la rosa como Joaquín Almunia y Josep Borrell, así como referentes del socialismo español como, por ejemplo, Alfonso Guerra. «El PSOE seguirá luchando para España tenga un futuro de paz y no de rencor», expresó Almunia. Ambos ex dirigentes entrarían en sus celdas como responsables gubernamentales de autorizar esa operación, aunque su estancia entre rejas fue inferior a los tres meses gracias a un indulto parcial del neoconservador. José María Aznar. La sombra de los GAL persiguió durante aquella investigación a González, a quien la junta de fiscales del Tribunal Supremo decidió por unanimidad en 1996 no citar como imputado.
Décadas más tarde, sin embargo, la CIA desclasificó unos documentos que reavivaron las sospechas respecto de la implicación del ex dirigente del PSOE en la guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Según el informe de la agencia de inteligencia estadounidense, el cual fue destapado completamente por el diario La Razón, «González acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el ejército, para combatir terroristas fuera de la ley ». «El Gobierno español está dispuesto a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA», se añade a un documento que tiene rayado en blanco las frases anteriores y posteriores a la afirmación sobre González, y que fue elaborado por un analista de 'inteligencia, tal como analizó eldiario.es.
A raíz de aquella revelación, ERC, EH Bildu, PNV, Juntos por Cataluña, BNG o Compromiso pidieron la creación de una comisión de investigación que fue rechazada gracias a los votos del PP, PSOE, Ciudadanos y la extrema derecha Vox . Unidas Podemos, quien en un primer momento adoptó una posición de rechazo a la iniciativa, se sumó a la petición después de la llamada de Pilar Zabala, dirigente de los morados en el País Vasco y hermana del presunto miembro de ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, el vicepresidente segundo español, Pablo Iglesias. En la solicitud registrada en el Senado, las fuerzas políticas impulsoras argumentaban que el nacimiento de esta comisión serviría «para actuar con transparencia y esclarecer los diversos aspectos que hasta el momento siguen sin ser investigados».
La desclasificación del documento de inteligencia, así como el revuelo por el posicionamiento parlamentario de Unidas Podemos, ha motivado a Zabala para crear una plataforma civil con la que investigar las 482 acciones criminales de los GAL sin resolver, que suponen un 37% de todos los asesinatos cometidos por estos mercenarios a sueldo del Estado español. Llamada B-Egiaz, el proyecto de investigación objetiva y científica de estos episodios oscuros de la historia de España arrancó en septiembre de 2020. En las últimas semanas, sin embargo, se ha habilitado una página web que actuará como una llamada para todas las personas que quieran colaborar y aportar sus conocimientos a la tarea de rastreo. «En un principio, nos proponemos un plazo de dos años para realizar esta investigación, en la que queremos explorar todo tipo de fuentes y documentos que nos permiten poner luz a episodios aún rodeados de oscuridad», apunta Jesús María Garate, una de las voces de la plataforma.
El objetivo, tal como explica el activista, «no es otro que conseguir información fidedigna para demostrar lo que siempre se ha intentado ocultar: la vinculación que han tenido determinadas personas con los GAL, que, en vez de ser garantes de el estado democrático y de derecho, se han primado del carácter público para acometer, ordenar o ocultar graves vulneraciones de derechos humanos ». «Para muchas víctimas de vulneraciones de derechos humanos que no saben lo que ocurrió, incluso aquellas de los GAL, el realmente lenitivo, al margen del reconocimiento y la reparación, es la búsqueda de la verdad, con mayúsculas. Sin verdad, no es posible realizar un duelo para pacificar la memoria », recuerda.