VILABOA. Por la fuerza. Así afirma en una carta la Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) que actuó en la toma de contacto con la casa del marido de la exconselleira de Pesca Carmen Gallego para redactar el proyecto de derribo y cumplir la sentencia que pesa sobre la vivienda por estar dentro de la línea de Costas.
La APLU envió una misiva a Enrique López Patricio en la que se le informaba de algo que él ya sabe hace una semana: ante la imposibilidad de contactar con él, entraron en la vivienda sin su permiso y forzando la cerradura. Tras colocar una nueva, decidieron comunicar por correo que podía recoger la llave en la comisaría de la Policía Autonómica. La carta tardó una semana en llegar y ese es el tiempo que López Patricio y su hija llevan fuera de su casa, sin poder entrar ni a recoger sus pertentencias.
El representante legal del afectado, que ayer ejerció como portavoz de la familia, indicó que la actuación ha ido más allá de lo que se puede calificar como ‘forzoso’ y tildó los hechos como algo «inaudito, intolerable y criminal, en tanto a que el resultado final no se ajusta a la legalidad».
Todo sucedió el pasado día 14 ante las atónitas miradas del resto de los vecinos del barrio. Enrique López Patricio, que había recibido el aviso de la APLU, contestó por fax en la jornada anterior (dirigido a la directora de la Axencia) que no podría estar por tener una cita médica ineludible, expedida con anterioridad. Pidió el aplazamiento y se fue al médico.
A las 9.30 horas se presentaron en la vivienda los técnicos de la Xunta, acompañados por la Policía Autonómica y furgones de antidisturbios. Llamaron y no hubo respuesta, por lo que -según el testimonio de varios vecinos- trataron de forzar el portal. Al ser un mecanismo eléctrico, no pudieron abrirlo, así que, invadiendo otra finca lateral -también sin permiso del propietario- saltaron el muro y entraron en la propiedad. Acto seguido, forzaron la cerradura, que fue sustituida por otra.
A la llegada de López Patricio a la vivienda no había ya Policía, funcionarios, ni agentes. Solo los vecinos le explicaron lo que había pasado y, al entender que era un allanamiento ilegal, reclamó la presencia de la Guardia Civil para presentar una primera denuncia. Sin poder entrar en la casa estuvo una semana -tiempo que tardó en saber que tenía la nueva llave a su disposición- y cuando lo hizo (ayer) fue acompañado de su abogado y un notario.
«Se ha levantado un acta notarial, con fotos incluidas, en las que se da fe de la situación en la que se encontró la casa, con cajones revueltos y abiertos y en donde faltan cosas, pertenencias personales. Es algo insólito y los responsables tendrán que dar explicaciones por esta situación», recalcó el jurista.
La familia de López Patricio presentará una querella criminal en el Juzgado de Cangas por lo sucedido. Se acusará a los responsables de la APLU de los supuestos delitos de prevaricación, allanamiento de morada, coacciones y registro ilícito de la vivienda. Es algo que esta familia considera incluso independiente del destino final que tenga la construcción. Simplemente, defienden, se ha atentado contra sus derechos fundamentales en un ejercicio de abuso de la autoridad. Hay que recordar que las últimas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indicaban que el mismo fallo que insta a la demolición es ya un permiso para entrar en la casa. En el segundo intento de realizar el proyecto de demolición ni se le preguntó al dueño sino que, al no estar, se obró por la fuerza. López Patricio de la vivienda no ha dejado de tener derecho a residir en la casa en el periodo en el que no se ejecute la sentencia, por lo que el procedimiento elegido -similar al de los desahucios- no se corresponde con su situación real.
El portavoz del afectado recuerda que la dirección de la APLU era consciente de la existencia de las peticiones de suspensión al TSXG y al Tribunal Supremo, habida cuenta del recurso presentado ante el Constitucional para evitar ‘in extremis’ la ejecución del derribo. Ahora, además se ha informado a las tres instancias del procedimiento utilizado por la agencia, dependiente de Medio Ambiente, Territorio e Urbanismo. En junio de 2000 la Delegación Provincial de Medio Ambiente emitió una resolución en la que se declaraba prescrita la infracción grave cometida al construir dicha vivienda, pero en la que se ordenaba «restaurar la legalidad». Dado el «silencio continuado» de la Xunta al respecto, la plataforma ‘Salvemos Pontevedra’ presentó un contencioso- administrativo que el TSXG resolvió en 2009 y que obligaba al Ejecutivo autonómico a llevar a cabo la demolición.