La aprobación de unas nuevas reglas de explotación en el Consejo Nacional del Agua ha sido el detonante de una ola de protestas basada en información falsa, con tintes electoralistas y una guerra velada por el reparto interno del agua en la propia cuenca del Segura.
Esta mañana se manifestará por el centro de Madrid una caravana de coches (y algunos tractores) del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, bajo el lema de "En el Levante, sin trasvase, desierto y paro". Protestan, según dicen, contra unos presuntos "recortes" en el volumen trasvasado, que algunos incluso llaman "cierre" o "final" de la infraestructura. Pero ¿qué hay detrás de todo esto?
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1- El cambio de reglas de explotación, resumido
El detonante para esta ola de protestas fue la aprobación, en el Consejo Nacional del Agua, de una propuesta de cambio de reglas de explotación del trasvase (ver Nota técnica del CEDEX, informando sobre las mismas). Sobre este cambio de reglas se han escrito cifras de lo más variopinto, hablando de un presunto "recorte" de hasta 132 hm3/año, pero en realidad no tienen incidencia sobre el volumen trasvasado total (salvo por unas mínimas pérdidas por evaporación, del 4% en este caso).
Y es que el reparto de agua Tajo vs. Segura depende del llamado "desembalse de referencia" (e indirectamente de las demandas que figuran en el Plan Hidrológico del Tajo), mientras que las reglas de explotación simplemente determinan el ritmo al que se trasvasa: si muy rápido y de forma irregular (sin aprovechar la capacidad de regulación de los embalses) o más lento y más regular.
El punto central de las nuevas reglas de explotación es reducir de 38 a 27 hm3/mes el volumen a trasvasar en uno de los niveles (N2) para guardar agua los años húmedos, y así tener reservas con las que afrontar mejor los años secos (reduciendo a la mitad el tiempo de "sequía", Niveles 3 y 4), sin que cambie apenas el trasvase medio.
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2- La propuesta de reglas de 2014, tumbada por un telefonazo a Valcárcel y Arias Cañete
El año 2013, tras un periodo "sequía" (2005-2010) marcado por las conocidas como "guerras del agua", al recaer todas las comunidades autónomas relevantes bajo la batuta del Partido Popular -y aprovechando un nuevo ciclo húmedo- se hizo un simulacro de "gran acuerdo para enterrar los conflictos en torno al trasvase" -conocido como "Memorándum del Trasvase"-, que en la práctica solamente sirvió para aplazar la toma de decisiones.
Durante las negociaciones políticas que condujeron a la firma de este Memorándum, desde Castilla-La Mancha se reclamaba un incremento en las reservas mínimas en los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) hasta los 400 hm3 -utilizando de excusa el futuro abastecimiento de Madrid Sur-, mientras que desde la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana se reclamaba seguridad jurídica -cambiando el trasvase de posibilidad a obligación legal y derogando la conocida como "cláusula Narbona" del PHN-. Fuera del foco mediático, también se aprobaba el desvío de casi 40 hm3/año de agua del trasvase que iba para abastecimiento urbano hacia el regadío, con un coste estimado de 30 millones de € para el consumidor urbano pero pingües beneficios para los regantes.
Para vestir este acuerdo político, se le encargó a Francisco Cabezas (uno de los "padres" del Trasvase del Ebro, muy afín al PP) un estudio técnico sobre la explotación de la cabecera del Tajo y su relación con el Trasvase Tajo-Segura (ver documento), que básicamente tiraba por tierra el incremento de las reservas mínimas hasta los 400 hm3 (él consideraba suficientes 301 hm3 y solo en primavera), y en el que ya proponía un cambio en las reglas de explotación de 1997 -las cuales se habían hecho pensando que la reducción de pluviometría observada en la cabecera del Tajo era algo pasajero, algo que se creía cíclico en nuestro clima mediterráneo, y no fruto del llamado "efecto 80"-.
La propuesta de nuevas reglas de Francisco Cabezas iba en línea casi idéntica a la actual propuesta del CEDEX (de hecho, el CEDEX se ha basado en sus trabajos, ampliándolos con datos más recientes): el Nivel 2 debía pasar de 38 hm3/mes a 30 hm3/mes para guardar agua los años húmedos y afrontar mejor los años secos.
Para sorpresa de muchos (en ese momento), una estabilización de volúmenes trasvasados que en teoría debía beneficiar a los usuarios del trasvase -por hacer más predecible el agua que recibirían- se topó con un rechazo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Al principio parecía un problema de falta de compensión del funcionamiento de las reglas, aunque con el tiempo se revelaría como otra cosa. El caso es que, pese a los múltiples intentos de explicarles las cosas y de negociar, el SCRATS acabó recurriendo a una llamada al entonces presidente de la Región de Murcia -Ramón Luís Valcárcel- y de este al ministro de agricultura -Miguel Arias Cañete- para tumbar por la vía política las reglas de explotación propuestas por un técnico (F.Cabezas) que en teoría les era muy afín. Véase artículo "El SCRATS, Valcárcel y Arias Cañete impusieron las reglas de explotación del trasvase contra el criterio técnico en 2014".
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3- La "sequía" como excusa para hacerse con agua de los regantes tradicionales del Segura
A estas alturas muchos se preguntarán: "¿Pero por qué iban a rechazar los regantes del trasvase que los volúmenes servidos sean más estables y predecibles?". La pregunta es muy legítima, pero la experiencia ha demostrado que existe un claro interés en el Sindicato de Regantes del Trasvase en mantener la irregularidad del suministro. Y es que de esa manera no sólo reciben el agua del Tajo en gran cantidad los años húmedos, sino que luego -una vez vaciados los embalses de Entrepeñas y Buendía- consiguen que se apruebe una declaración de "sequía", con amplios efectos normativos.
Los Reales Decretos de "sequía" permiten, entre otros, que los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas cambien el destino de las aguas respecto a las concesiones existentes, la apetura de los denominados "pozos de sequía" y la posibilidad de realizar obras "de emergencia" (contratadas a dedo y sin controles ambientales). Todo ello permitió, durante la última "sequía" (2015-2019) desviar varios cientos de hm3 de agua de los regantes tradicionales de la propia cuenca del Segura (sobre todo de la Vega Baja) hacia los regantes del Trasvase Tajo-Segura. Véase el artículo "¿Le interesa al SCRATS la “sequía”? Su rechazo a las nuevas reglas de explotación, al descubierto".
Además, estos Decretos no sólo sirven para quitarle agua a los regantes tradicionales (con las consiguientes quejas), sino que suponen infinidad de ayudas de tipo económico. Por ejemplo, se les perdona el pago del IBI, y muy especialmente se les reducen los cánones por el uso del Trasvase. Esto último de forma tan exagerada que obligo, en 2017, al rescate de la Confederación Hidrográfica del Segura (para evitar su quiebra) por parte del Ministerio -tal y como puede leerse en el informe de auditoría de ese ejercicio-.
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4- La futura implantación de caudales ecológicos en el Tajo
Como ha podido comprobarse, las protestas del SCRATS contra el cambio de reglas de explotación son fundamentalmente una guerra interna por el reparto del agua en la cuenca del Segura. Utilizan unas reglas muy irregulares, que impusieron por la vía política, con el fin de obtener caudales adicionales (detraídos al regante tradicional) y ventajas económicas (que pagamos entre todos los contribuyentes) al amparo de los Reales Decretos de Sequía.
Pero a medida que en la Región de Murcia y la provincia de Alicante algunas voces se posicionaban a favor del cambio de reglas y denunciaban la manipulación mediática que estaba haciendo el SCRATS y afines dando cifras manifiestamente falsas a la prensa, se ha producido un cierto viraje en el discurso. Ahora no sólo protestan contra las nuevas reglas de explotación (las cuales siguen rechazando abiertamente), sino que han metido en la ecuación -como parte presuntamente de una misma "hoja de ruta para cerrar el trasvase"- la todavía no aprobada implantación de caudales ecológicos en el Tajo a partir de mediados de 2022.
A este respecto es reseñable que, con el ya referido Memorándum del Trasvase, acordaron también dejar en suspenso la implantación de caudales ecológicos en el Tajo (obligada por la Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas, entre otros) dejando un mínimo circulante arbitrario. Tras ello, cayeron 5 sentencias del Tribunal Supremo tumbando aquella decisión arbitraria, y obligando a implantar caudales ecológicos siguiendo los criterios legales de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) -algo que de todas formas ya se había previsto en el Plan Hidrológico del Tajo, para el ciclo 2022-2027-.
De la aplicación de los criterios técnicos de la IPH y las sentencias del Supremo, resulta que se deberán implantar unos caudales mínimos de 8,52 m3/s de media anual en Aranjuez (algo que a priori sí supone una reducción significativa del volumen a trasvasar, de 79,5 hm3/año), así como unos caudales generadores/régimen de crecidas controladas aún pendientes de cuantificar pero que por cálculos previos se podrían situar en el rango de 50 hm3 cada 5 años (aunque algunos medios desinforman diciendo que sería cada año).
La protesta contra la implantación de caudales ecológicos en el Tajo puede tener su razón de ser (pues se reduce en un 25% el volumen trasvasado), aunque desde luego que se han anticipado mucho a esa implantación -pues el objetivo real de estas protestas parece ser tumbar las nuevas reglas de explotación- y las formas dejan muchísimo que desear: cumplir unas sentencias del Tribunal Supremo en ningún caso puede justificar declaraciones tan agresivas en contra de la Ministra de Transición Ecológica -la cual además pinta muy poco en el cálculo de caudales ecológicos, llevados a cabo por los técnicos contratados por la Confederación Hidrográfica del Tajo-. ¡Y la reducción del 25% desde luego que no es ni por asomo un "cierre del trasvase"!
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5- Inflando las cifras de la repercusión económica del Trasvase y del impacto de los caudales ecológicos
Como se habrá podido observar a lo largo de este artículo, el recurso a la información claramente errónea por parte del Sindicato de Regantes del Trasvase es una constante en la Región de Murcia y la provincia de Alicante. Más allá de la presencia de periodistas estrechamente vinculados a sus intereses (como Manolo Buitrago en el diario La Verdad), la práctica habitual de este 'lobby' es la de emitir notas de prensa y publicar estudios claramente sesgados, pero que el periodista corriente (poco formado en materia de aguas) no es capaz de analizar críticamente.
Así, por ejemplo, se suele citar mucho la presunta contribución del Trasvase al PIB regional en 3.000 millones de euros y la generación de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Estas cifras salen de un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers, que a poco que se lo lea uno con atención verá que está atribuyendo al trasvase la producción no sólo de las zonas regables del trasvase que toman agua de otras fuentes (río Segura, pozos, desaladoras, reutilización...) sino también los empleos generados por el regadío tradicional, las ampliaciones post-1933 con recursos propios, ¡e incluso los secanos!
También ha tenido amplia circulación en la prensa regional un pseudoinforme -un simple documento Word plagado de errores, cuya autoría sin embargo no se ha revelado- que atribuye a la implantación de caudales ecológicos en el Tajo un presunto incremento en la tarifa del agua del 30% para abastecimiento, y del 48% para regadío. Cuando uno analiza los cálculos, puede observarse que no sólo excluye la parte de suministros propios del Segura (que diluyen estos supuestos incrementos), sino que parte de un supuesto abastecimiento con agua del Trasvase muy superior al que se está produciendo en la realidad -pues la obra solo aporta un 32% del volumen previsto en su construcción-.
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6- El Sindicato de Regantes del Trasvase y el Partido Popular de Murcia: uña y carne
Llegados a este punto es importante señalar la histórica afinidad del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura con el Partido Popular de la Región de Murcia (y también con el de la provincia de Alicante). Una afinidad que se remonta al menos a los años 90, con el fallido proyecto del Trasvase del Ebro -y la posterior campaña del "Agua para todos"-, pero que se ha ido estrechando a medida que el PP afianzaba su control absoluto sobre la Región y la creación de redes clientelares.
No ha sido extraño que familiares cercanos de líderes del SCRATS acabaran ostentando algún cargo relevante en el Gobierno Regional de Murcia, como fue el caso del ex-consejero de Agricultura 'Michel' del Amor Saavedra, hijo del histórico presidente del SCRATS Francisco del Amor García, y quien en su etapa al frente de la Consejería otorgó una jugosa subvención de 100.000 euros para que los regantes celebraran el 40 aniversario del Trasvase. Poco antes había recibido del nuevo presidente del SCRATS una insignia de oro (ver foto). Tú me das cremita, yo te doy cremita. Y es solo un ejemplo de tantos.
Si uno analiza los movimientos en redes sociales de los últimos días, verá que se ha inflado la polémica mucho más desde filas del Partido Popular que desde las propias filas de los regantes que convocan las protestas. La propuesta de nuevas reglas de explotación está sobre la mesa desde junio de 2020, las sentencias sobre caudales ecológicos en el Tajo desde marzo de 2019 y la propuesta concreta de caudales a implantar data de enero de 2020. Irónicamente, la explosión de protestas comienza a principios de abril de 2021, justo después de la polémica (y fallida por transfuguismo) moción de censura al gobierno de la Región de Murcia.
Parece pues que se han aunado el interés del SCRATS en tumbar las nuevas reglas de explotación -para poder seguir obteniendo caudales del regadío tradicional y exenciones de tarifa- con las ganas del Partido Popular de desgastar lo máximo posible a las filas 'socialistas', en previsión de unas posibles elecciones anticipadas. Al arrastrar también al partido valenciano Compromís, el cual abandona su faceta 'verde' para entregarse al 'lobby' agrario, podría estarse socavando también la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Ojo pues a lo que sucede en la Región de Murcia, porque puede seguir marcando la agenda nacional muchísimo más allá de las elecciones anticipadas de Madrid.