Rectificación de la noticia:
En relación a la noticia publicada el 23 de septiembre relativa a la adjudicación de un contrato público a “UN EMPRESARIO IMPLICADO EN LA TRAMA GÜRTEL Y ENREDADERA” le informo que ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S. A., adjudicataria de dicho contrato, es una sociedad anónima mercantil en absoluto propiedad del empresario José Luis Ulibarri, tal y como informamos por error, empresario que no interviene además en ningún tipo de gestión de la empresa.
Del mismo, la empresa ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S. A. no está, ni ha estado “inmersa en dos de los más sonados casos de corrupción” ni consta ningún antecedente judicial ni investigación en relación a esta empresa, como falsamente parece indicar el representante del BNG, siendo siempre su conducta intachable y estando la empresa en su legítimo derecho de participar en cualquier licitación pública que se convoque como cualquier otra mercantil.
ARTÍCULO ORIGEN DE LA RECTIFICACIÓN
El Ayuntamiento de Ourense, gobernado en minoría por el independiente Gonzalo Pérez Jácome en coalición con el Partido Popular, acaba de aprobar una concesión de dos contratos por valor de 2,6 millones de euros (uno por 1,13 millones de euros y otro por 1,45 millones de euros) a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A., propiedad del empresario José Luis Ulibarri, quien será juzgado por su implicación en la trama Gürtel el próximo mes de noviembre y que en 2018 ingresó en prisión por su implicación en el caso Enredadera.
Ulibarri ha reconocido por escrito antes del juicio que es autor de un delito contra la Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil.
El Ayuntamiento de Ourense adjudicará a Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. la limpieza de edificios municipales y administrativos de Ourense, como guarderías, polideportivos, bibliotecas, centros sociales o la sede municipal, hasta el año 2023.
BNG y su rechazo a las adjudicaciones
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) mostró su rechazo a esta decisión y señaló que para el BNG no es nada edificante ni ético que el Ayuntamiento adjudique un contrato a una empresa inmersa en dos de los más sonados casos de corrupción, Gürtel y Enredadera, trama esta última investigada por la UDEF y por el Grupo de Delincuencia Económica y el Blanqueo de capitales, y donde su fundador, José Luis Ulibarri, según las pesquisas policiales, se valía de sus relaciones con cargos políticos y concejales para tratar de obtener ventajas en los concursos a los que se presentaba.
El BNG ha insistido también en que se tengan en cuenta a la hora de adjudicar los contratos estas circunstancias, derivadas de un acuerdo plenario, para evitar la concurrencia de empresas claramente bajo sospecha y cuyas prácticas son más que dudosas, al tiempo que le piden al Gobierno Local que esté vigilante para garantizar no solamente el cumplimiento del contrato sino las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores que prestarán el servicio.
Además, ha denunciado que la adjudicación vulnera una moción de la formación aprobada por el pleno en el 2015, con los votos en contra del PP y el partido de Jácome, Democracia Ourensana, que comprometía al Ayuntamiento de Ourense a incluir en sus licitaciones cláusulas que garantizaran que las empresas inmersas en casos de corrupción o con antecedentes judiciales no se llevasen los contratos.
El alegato de Jácome
Por su parte Jácome alega que impedir que la empresa de Ulibarri pueda optar a esos contratos «sería prevaricar» y que en el caso de la concesión del servicio de limpieza el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir con la legalidad.
Fuentes próximas a Gonzalo Pérez Jácome han respondido que lo que se desprende de la denuncia del BNG «es que el Ayuntamiento de Ourense debería prevaricar y escoger una oferta diferente a la mejor de entre las presentadas».
«El caso es que no existe ningún impedimento legal para que esa empresa se presente a ningún concurso público, ni para que, una vez que pudo presentarse, resulte elegida», y que no depende del Ayuntamiento «deslegitimar a una empresa para que pueda concurrir a este tipo de concursos».
Y añaden las citadas fuentes que tendrá que ser la justicia quien se lo impida y no consta que eso haya sucedido, quienes concluyen que «no está en manos de una entidad local hacer nada al respecto mientras la justicia no se pronuncie».
Fuentes: BNG, Público