Hace casi un año leí esta noticia. Estuve buscando información en las fuentes originales, pero no encontré nada más allá de la propia noticia de que el gobierno había abierto un proceso de concurso para realizar un estudio sobre la bondad real de los barcos de doble casco (el título era “Study on the Safety, Economic and Environmental Issues of Vessels with Double Hulls”, esto es, “aspectos económicos, medioambientales y de seguridad en los buques con doble casco”). La justificación que se daba para abordar el estudio, era tratar de establecer hasta qué punto es adecuado el doble casco (en términos de prevención de vertidos) frente al incremento de potencia que demandan los cascos más pesados, ya que este incremento de energía hace aumentar, en último término, la polución del aire. La convocatoria fue cancelada apenas 2 meses después, alegando falta de fondos y falta de interés (parece que nadie se presentó al concurso, aunque en algunos artículos que he leído afirman que la poca información que dio el Gobierno, y el corto plazo (12 meses) para realizar el estudio, ayudaron a ello).
En toda la industria naval parece haber consenso en que, gracias a la normativa que obliga a que los petroleros tengan doble casco, se han conseguido buques más seguros y, por tanto, una mejor protección del medio ambiente marino, con la prevención de vertidos como bandera. No parece que nadie quiera abrir un debate alrededor de si hay que poner la contaminación ambiental en general (que siempre existe, y para la que habría que estudiar hasta el más mínimo detalle la huella de carbono asociada a un petrolero) por encima de la prevención para evitar contaminaciones en caso de accidente (y por tanto eventual).
En cualquier caso, la noticia me sirve como excusa para una digresión acerca de cómo los problemas y las prioridades, y por tanto las políticas de los gobiernos, cambian en función de dónde sopla el viento.
Esto será en el siguiente post. Primero quiero recordar que la obligatoriedad de los petroleros de doble casco viene legislada por la IMO (Organización Marítima Internacional), que no hizo más que transponer la normativa americana “Oil Pollution Act” de 1990, adoptada después del accidente del Exxon Valdez en Alaska. Un conciso resumen de toda la normativa aplicable a los petroleros se puede leer aquí (en inglés).
(La imagen que ilustra el post la he obtenido aquí.)