Bogotá, 4 de noviembre de 2021 – Las autoridades bolivianas deben investigar pronta y exhaustivamente el secuestro de seis periodistas y las agresiones cometidas contra ellos por parte de un grupo de sujetos armados, y deben hacer que los responsables rindan cuentas ante la Justicia, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 28 de octubre, siete periodistas, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, de varios medios de comunicación bolivianos cubrían una disputa por la tenencia de la tierra en la oriental provincia de Guarayos cuando fueron rodeados por sujetos armados que les dispararon, los golpearon y los patearon, les destruyeron varios equipos de trabajo y retuvieron a seis de ellos por unas siete horas, según entrevistas que el CPJ realizó a dos de los periodistas por aplicación de mensajería y versiones de prensa.
“El secuestro de un grupo de periodistas y las agresiones cometidas contra ellos en Guarayos, Santa Cruz, son sumamente serios, y las autoridades no pueden tratar de restarles importancia por motivos políticos”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades bolivianas deben enjuiciar a los responsables y dejar bien claro que perpetrar semejantes hechos de violencia contra la prensa es inaceptable”.
Jorge Gutiérrez, fotógrafo del diario El Deber, de la oriental ciudad de Santa Cruz, declaró al CPJ que los periodistas habían recibido una invitación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) para que visitaran campos agrícolas privados en Guarayos que habían sido ocupados por personas que reclaman la tenencia de esas tierras. Según Gutiérrez, los periodistas volaron desde Santa Cruz a una zona cercana a la hacienda Las Londras, situada a unos 175 kilómetros al norte de Santa Cruz.
Desde ese lugar, explicó Gutiérrez, los periodistas y los miembros de la Anapo viajaron a las tierras en conflicto en varios vehículos proporcionados por la Anapo. Cuatro agentes policiales que se encontraron con los periodistas se acercaron a unos 20 sujetos armados para ver si ellos podían hablar con los periodistas sobre sus motivos para ocupar la tierra. Los sujetos armados, según Gutiérrez, desarmaron a los agentes policiales y luego arremetieron contra los periodistas, disparando a los neumáticos de los vehículos en que viajaban y a dos de los vehículos, uno de los cuales logró escapar con el camarógrafo Róger Tinoca, del canal televisivo PAT.
“Pensaba que no íbamos a salir vivos”, Gutiérrez declaró al CPJ.
Percy Suárez, camarógrafo del canal privado ATB, declaró al CPJ que había grabado el encuentro inicial. En el video, que fue publicado en la página de Facebook de ATB, se observa cómo cuatro sujetos con mochilas y fusiles disparan contra los vehículos. Luego, uno de los sujetos le ordena a Suárez que deje de grabar y le apunta con el fusil a Suárez, quien suelta la cámara.
Suárez expresó que el hombre entonces le destrozó la cámara con un disparo y lo golpeó en la sien con la culata del fusil. Suárez y Gutiérrez, junto con la reportera Silvia Gómez y el camarógrafo Sergio Martínez, de Unitel TV, y el reportero Mauricio Egüez y el camarógrafo Nicolás García, de Red UNO, fueron llevados al cercano campamento del grupo armado.
En el campamento, los periodistas, junto con los cuatro agentes policiales y varios de los choferes y propietarios de tierras que habían organizado el viaje, fueron obligados a acostarse bocabajo y fueron pateados y pisoteados “como si fuéramos una alfombra”, declaró Suárez, quien agregó que sus captores amenazaron con quemar a uno de los propietarios de tierras que los acompañaban.
De acuerdo con Suárez, la Policía finalmente convenció a los sujetos armados de liberar el grupo, cerca de las 6 p.m. Los periodistas viajaron de regreso a Santa Cruz, donde a Suárez le realizaron una radiografía de la cabeza en un hospital local y luego le dieron el alta. Suárez señaló que los demás periodistas no recibieron lesiones de gravedad.
El comandante general de la Policía boliviana, Jhonny Aguilera, envió 200 agentes policiales a Las Londras para recabar pruebas sobre el incidente, según El Deber. Aguilera se refirió a los hechos como “altercado”, lo cual provocó que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia publicara un comunicado en el cual acusaba al máximo funcionario policial de minimizar el incidente.
“Lo que hubo fue indiscutiblemente una emboscada y un secuestro. Que el comandante Aguilera no insulte la inteligencia del país para camuflar lo que allí ocurrió con el engañoso altercado”, expresó la ANP.
En conferencia de prensa celebrada el miércoles, Adalberto Rojas, director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria de Santa Cruz, expresó su solidaridad con los periodistas afectados, según El Deber. El mismo diario informó que, cuando Rojas había visitado Las Londras al día siguiente del ataque, las personas involucradas en la toma de las tierras lo habían aplaudido.
En la conferencia de prensa, Rojas se negó a contestar preguntas sobre los sujetos armados que habían atacado a los periodistas, según El Deber. Roberto Ruiz, el fiscal a cargo del caso, declaró a la prensa que el miércoles Rojas había sido convocado a declarar como testigo en las investigaciones sobre los sujetos armados, según un video publicado por El Deber. Ruíz declaró que la Fiscalía había identificado a cuatro sospechosos, pero que hasta el momento no habían ejecutado ningún arresto.
El CPJ llamó al despacho de Rojas, pero una vocera, Wendy Zambrana, dijo que éste no estaba disponible para declarar. El CPJ escribió por aplicación de mensajería al teniente coronel Marco Torres, quien está al frente de la investigación policial del caso, pero éste no respondió.