En el hemiciclo del Congreso hay, desde hace tres semanas, un escaño vacío. Debía representar a 64.613 votantes canarios, los que eligieron en las últimas generales la papeleta de Unidas Podemos en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Pero nadie está representando estos días a esas decenas de miles de ciudadanos en cuestiones cruciales como la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, por citar solo la última.
Puede que muchos de ellos incluso lo hayan agradecido, visto el resultado y a tanto representante de la soberanía popular ejerciendo con la nariz tapada, sometido el Poder Legislativo al chantaje clásico de la derecha española que actúa en la Justicia como el dueño del balón en el patio que, si no se juega a lo que él quiere, amenaza con pincharlo o con mandarlo al río. Pero este no es el caso, lo próximo pueden ser los Presupuestos, la ley mordaza o la reforma laboral.
En el hemiciclo del Congreso, continúa ese escaño vacío y si uno sigue cierta opinión publicada no puede decirse que lo esté porque se haya expulsado a un diputado de verdad. Para muchos, obviamente demasiados, Alberto Rodríguez no fue este tiempo una más de sus señorías, desde luego no el ilustrísimo señor que según ordena el protocolo se debe utilizar para referirse a un parlamentario. Tampoco pasó nunca por excelentísimo señor, el tratamiento que establece el artículo 23 del Senado, que rige para todos los representantes de la soberanía popular, también los diputados del Congreso, y durante toda la vida.
Y que no haya sido nada de lo anterior, pese a tener el acta y los votos como el resto de parlamentarios, no es casual: se debe a años de esmerado trabajo previo desde la derecha política -y sobre todo mediática- hasta imponer el marco de que el que ahora se va es "el Rastas de Podemos", que a fin de cuentas, y esto se da ya por entendido, no pintaba mucho en el escaño.
Mucho más sencillo ese diagnóstico -trabajado a base de todo tipo de ataques para deshumanizar al adversario por parte incluso de locutores millonarios contratados por la Iglesia católica- que preguntarse si una sentencia basada únicamente en el testimonio de un policía sobre unos viejos altercados en una manifestación de hace años y la confusa patada que le causó "una rojez" en la pierna al agente merecen dejar sin representante a decenas de miles de ciudadanos. Sea este del partido que sea y se peine como se peine.
Cierto que Unidas Podemos ha podido sustituirlo y que de momento sus dos suplentes han renunciado. Pero los electores canarios habían elegido a Rodríguez, que gracias a esa polémica sentencia y a la apresurada y discutible ejecución llevada a cabo por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, está fuera del Parlamento y de la política, de vuelta en la fábrica donde trabajaba como obrero industrial.
Cabría preguntarse en este punto de qué manual de Derecho Procesal ha sacado el experto procedimentalista Manuel Marchena ese exótico método jurídico que consiste en mandar desde el Tribunal Supremo al Congreso una resolución ambigua sobre el cumplimiento de la condena de Rodríguez para que luego sean "fuentes cercanas al tribunal" las que en llamadas a los periodistas aclaren que el diputado debe irse cuanto antes.
¿Por qué si el sentido de la sentencia sobre la inhabilitación es tan claro no se escribe así, en castellano raso, en la comunicación al Congreso? ¿No nos habían contado que los jueces solo hablan a través de sus actos en los procedimientos que instruyen? ¿O es que hay cosas que son más fáciles de explicar por teléfono a través de "fuentes cercanas a" y que no resultan tan sencillas de poner por escrito en documentos públicos?
Mientras todas esas preguntas siguen en el aire, un diputado elegido democráticamente está fuera del Congreso. Y lo cierto es que Marchena, Batet, y el resto de jueces que obligaron a Rodríguez a abandonar el Parlamento por una patada leve cuya autoría no tiene clara una parte del tribunal -dos votos particulares dicen abiertamente que la agresión, de haber existido, pudo ser de Rodríguez o de cualquier otra persona y cuestionan que la única prueba de cargo sea el testimonio del agente- lo han tenido mucho más fácil porque otros hicieron antes el trabajo sucio.
Se estudia en primero de propaganda que el lenguaje construye realidades. Y para construir esta han sobrado voluntarios poniendo ladrillos. Una machacona labor de desgaste, a base de caricatura e insultos personales han conseguido que haya resultado muy barato expulsar a un diputado del Congreso si se trata de "el Rastas".
Desde el mismo día en que tomó posesión hubo voces y plumas dedicadas a eso, a tratar diferente a Rodríguez solo por la forma de su pelo. Y, todo, para que el esperpento sea completo, en nombre de ese autodenominado constitucionalismo, que grita "Venezuela" cuando las cosas no van como ellos quieren, que considera ilegítimo al Gobierno si no es el que eligen ellos y que ignora el artículo 14 de la misma Carga Magna en la que llevan varios años envueltos. El que dice "que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Tampoco por su peinado.
En el hemiciclo del Congreso hay, desde hace tres semanas, un escaño vacío. Debía representar a 64.613 votantes canarios, los que eligieron en las últimas generales la papeleta de Unidas Podemos en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Pero nadie está representando estos días a esas decenas de miles de ciudadanos en cuestiones cruciales como la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, por citar solo la última.
Puede que muchos de ellos incluso lo hayan agradecido, visto el resultado y a tanto representante de la soberanía popular ejerciendo con la nariz tapada, sometido el Poder Legislativo al chantaje clásico de la derecha española que actúa en la Justicia como el dueño del balón en el patio que, si no se juega a lo que él quiere, amenaza con pincharlo o con mandarlo al río. Pero este no es el caso, lo próximo pueden ser los Presupuestos, la ley mordaza o la reforma laboral.
En el hemiciclo del Congreso, continúa ese escaño vacío y si uno sigue cierta opinión publicada no puede decirse que lo esté porque se haya expulsado a un diputado de verdad. Para muchos, obviamente demasiados, Alberto Rodríguez no fue este tiempo una más de sus señorías, desde luego no el ilustrísimo señor que según ordena el protocolo se debe utilizar para referirse a un parlamentario. Tampoco pasó nunca por excelentísimo señor, el tratamiento que establece el artículo 23 del Senado, que rige para todos los representantes de la soberanía popular, también los diputados del Congreso, y durante toda la vida.
Y que no haya sido nada de lo anterior, pese a tener el acta y los votos como el resto de parlamentarios, no es casual: se debe a años de esmerado trabajo previo desde la derecha política -y sobre todo mediática- hasta imponer el marco de que el que ahora se va es "el Rastas de Podemos", que a fin de cuentas, y esto se da ya por entendido, no pintaba mucho en el escaño.
Mucho más sencillo ese diagnóstico -trabajado a base de todo tipo de ataques para deshumanizar al adversario por parte incluso de locutores millonarios contratados por la Iglesia católica- que preguntarse si una sentencia basada únicamente en el testimonio de un policía sobre unos viejos altercados en una manifestación de hace años y la confusa patada que le causó "una rojez" en la pierna al agente merecen dejar sin representante a decenas de miles de ciudadanos. Sea este del partido que sea y se peine como se peine.
Cierto que Unidas Podemos ha podido sustituirlo y que de momento sus dos suplentes han renunciado. Pero los electores canarios habían elegido a Rodríguez, que gracias a esa polémica sentencia y a la apresurada y discutible ejecución llevada a cabo por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, está fuera del Parlamento y de la política, de vuelta en la fábrica donde trabajaba como obrero industrial.
Cabría preguntarse en este punto de qué manual de Derecho Procesal ha sacado el experto procedimentalista Manuel Marchena ese exótico método jurídico que consiste en mandar desde el Tribunal Supremo al Congreso una resolución ambigua sobre el cumplimiento de la condena de Rodríguez para que luego sean "fuentes cercanas al tribunal" las que en llamadas a los periodistas aclaren que el diputado debe irse cuanto antes.
¿Por qué si el sentido de la sentencia sobre la inhabilitación es tan claro no se escribe así, en castellano raso, en la comunicación al Congreso? ¿No nos habían contado que los jueces solo hablan a través de sus actos en los procedimientos que instruyen? ¿O es que hay cosas que son más fáciles de explicar por teléfono a través de "fuentes cercanas a" y que no resultan tan sencillas de poner por escrito en documentos públicos?
Mientras todas esas preguntas siguen en el aire, un diputado elegido democráticamente está fuera del Congreso. Y lo cierto es que Marchena, Batet, y el resto de jueces que obligaron a Rodríguez a abandonar el Parlamento por una patada leve cuya autoría no tiene clara una parte del tribunal -dos votos particulares dicen abiertamente que la agresión, de haber existido, pudo ser de Rodríguez o de cualquier otra persona y cuestionan que la única prueba de cargo sea el testimonio del agente- lo han tenido mucho más fácil porque otros hicieron antes el trabajo sucio.
Se estudia en primero de propaganda que el lenguaje construye realidades. Y para construir esta han sobrado voluntarios poniendo ladrillos. Una machacona labor de desgaste, a base de caricatura e insultos personales han conseguido que haya resultado muy barato expulsar a un diputado del Congreso si se trata de "el Rastas".
Desde el mismo día en que tomó posesión hubo voces y plumas dedicadas a eso, a tratar diferente a Rodríguez solo por la forma de su pelo. Y, todo, para que el esperpento sea completo, en nombre de ese autodenominado constitucionalismo, que grita "Venezuela" cuando las cosas no van como ellos quieren, que considera ilegítimo al Gobierno si no es el que eligen ellos y que ignora el artículo 14 de la misma Carga Magna en la que llevan varios años envueltos. El que dice "que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Tampoco por su peinado.
En el hemiciclo del Congreso hay, desde hace tres semanas, un escaño vacío. Debía representar a 64.613 votantes canarios, los que eligieron en las últimas generales la papeleta de Unidas Podemos en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Pero nadie está representando estos días a esas decenas de miles de ciudadanos en cuestiones cruciales como la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, por citar solo la última.
Puede que muchos de ellos incluso lo hayan agradecido, visto el resultado y a tanto representante de la soberanía popular ejerciendo con la nariz tapada, sometido el Poder Legislativo al chantaje clásico de la derecha española que actúa en la Justicia como el dueño del balón en el patio que, si no se juega a lo que él quiere, amenaza con pincharlo o con mandarlo al río. Pero este no es el caso, lo próximo pueden ser los Presupuestos, la ley mordaza o la reforma laboral.