L’amiga Verena Stolcke, gentilment, em passa dos articles/documents per publicar en el meu Blog.
La Verena Stolcke, doctora per la Universitat d’Oxford, és professora d’antropologia social del Departament d’Antropologia Social i de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. email: email@example.com. Ha realitzat investigacions, algunes sobre el terreny, a Llatinoamèrica. Entre les seves nombroses publicacions podem trobar : ¿Es el sexo respecto al género lo que la raza respecto a la etnicidad?, en Gendered Anthropology, publicat per Teresa del Valle en 1993, o l’article relacionat amb el present titulat La nueva retòrica de la exclusión en Europa, que publicaré en el Blog demà.
L’article que va a continuació ja va ser publicat a:
– V. BADER (ED.), CITIZENSHIP AND EXCLUSION, MACMILLAN PRESS LTD., 1997.
– DESARROLLO ECONÓMICO. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, IDES, BUENOS AIRES, 40 (157), ABRIL-JUNIO 2000.
LA “NATURALEZA” DE LA NACIONALIDAD
VERENA STOLCKE**
“El hombre nació libre, pero en todas partes está encadenado”.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1762
Introducción
La ciudadanía es la quintaesencia de la emancipación política y la igualdad de que goza el individuo moderno ante la ley. No obstante, en el mundo burgués incipiente dividido en estados nacionales con territorio propio que se disputaban el dominio, ese conjunto de derechos civiles de los ciudadanos libres y formalmente iguales que constituye la ciudadanía fue limitado casi desde el comienzo. La adquisición de tales derechos fue condicionada por normas jurídicas específicas (las llamadas “leyes de nacionalidad”) que codificaron los requisitos formales que debían cumplir los individuos a fin de poder arrogarse el título de ciudadanos de un país concreto. Como consecuencia de ello, los derechos de ciudadanía pasaron a ser el privilegio exclusivo de aquellos que eran reconocidos como nacionales de un país determinado, con exclusión de todos los nacionales de cualquier otro país así constituido.
De los tres elementos constitutivos del estado moderno – un territorio, un gobierno, un pueblo–, circunscribir al “pueblo” demostró ser la cuestión más problemática (Lichter, 1955). Un territorio sin pueblo carece de sentido, lo mismo que un gobierno carente de un colectivo humano claramente delimitado, es decir ese “pueblo”, al que gobernar. De ahí que circunscribir la colectividad de ciudadanos, o sea, determinar las condiciones para ser miembro de un estado, adquirió una lógica propia como dilema político constitutivo y fundamental en el período formativo de los modernos estados nacionales territoriales.
La pertenencia a un estado nacional implica tres dimensiones que se pueden distinguir para fines analíticos. En primer término, está la condición jurídica de un individuo en el seno de una entidad político, el estado, que le garantiza el goce irrestricto de sus derechos civiles, políticos y sociales. En segundo lugar, está el hecho de que esa condición política se asienta formalmente en una relación jurídica previa entre el individuo y el estado (Keller y Trautmann, 1914, pág. 32; Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, 1962, pág. 570) 1. En tercer término, la pertenencia al estado nacional se ha considerado a menudo adscrita a raíz de un sentimiento subjetivo compartido de identidad nacional en lugar de constituir una condición adquirida según normas jurídicas históricas.
En este artículo analizaré el modo cómo fue conceptualizada la nacionalidad – entendida como la posesión de ciertas cualidades estipuladas legalmente que establecen quiénes pertenecen a un estado nacional, y que a su vez condicionan su carácter de ciudadanos – durante el proceso de la formación de los estados nacionales de Alemania, Francia y Gran Bretaña.
En los últimos tiempos, la persistente crisis económica y la profundización de las exclusiones sociales han hecho que la ciudadanía cobrara nuevo destaque político. Las incertidumbres que rodean la integración política de Europa, junto con la supuesta amenaza de la denominada “inmigración extra-comunitaria”, han provocado una especial preocupación en torno a la identidad, la unidad y la soberanía nacionales. La ciudadanía y la “identidad nacional” ocupan un lugar central en los temarios políticos contemporáneos, en los debates académicos y la investigación. Sin embargo, el papel constitutivo que la nacionalidad desempeñó en la formación de los estados nacionales modernos ha recibido muy escasa atención analítica en las ciencias sociales (v. gr., Hobsbawm, 1990; Wallerstein y Balibar, 1988; Finkielkraut, 1987; Anderson, 1983) 2. Como argumentaré mas adelante, esto se debió en parte a que a lo largo del período formativo del moderno estado nacional la nacionalidad fue progresivamente naturalizada. Ciudadanía y nacionalidad quedaron subsumidas en una única categoría, una condición indistinta considerada además como siendo inherente al individuo más que adquirida por éste. Con ello la nacionalidad se convirtió en una condición que suele ser tomada por descontada y por lo tanto carece de sentido analizarla.
Un ejemplo que ilustra ese carácter obvio – por ser tenida como inherente – de la nacionalidad es la dificultad muy generalizada para separar conceptualmente los requisitos jurídicos formales de la adquisición de la ciudadanía, es decir la “nacionalidad”, por un lado, y los derechos civiles, políticos y sociales sustantivos a ella ligados, en sentido estricto la “ciudadanía”, por el otro. Esto queda manifiesto en la ambigüedad semántica que rodea a ambos conceptos. Mientras que Brubaker, por ejemplo, define la ciudadanía como “una institución jurídica que regula la pertenencia a un estado, no un conjunto de prácticas participativas o de actitudes cívicas específicas” (Brubaker, 1952, pág. 51), Silverman insiste en que “…cuando se equipara ciudadanía a nacionalidad, la nacionalidad resulta esencial para la adquisición de ciertos derechos” (Silverman, 1992, págs. 160-61). En la mayoría de los diccionarios contemporáneos los dos términos, nacionalidad y ciudadanía, denotan indistintamente las condiciones para ser miembro de un estado nacional y los derechos derivados de serlo. Nacionalidad y ciudadanía se consideran intercambiables al significar simultáneamente la pertenencia nominal y sustantiva a un estado, que con frecuencia se piensa además que están arraigadas en un sentimiento subjetivo “étnico-nacional” compartido de identidad (v. gr., Ritter, 1986, pág. 285) 3.
En vista de que la pertenencia a un estado nacional parece un hecho tan obvio, para el ciudadano de a pie las leyes de nacionalidad son como la letra menuda impresa al dorso de las pólizas de seguro: algo que rara vez se lee y en gran medida se ignora a menos que uno, como, por ejemplo, los migrantes y refugiados políticos contemporáneos, uno se tope con una frontera. Si se le pregunta a alguien por qué es de nacionalidad francesa, británica, alemana o argentina, por lo general se obtiene como respuesta una mirada atónita o, en el mejor de los casos, una vacilante y vaga alusión al hecho de que el o la así interrogada (o sus progenitores) nació en el país respectivo. Incluso entre los estudiosos (salvo los especialistas en derecho internacional privado o en políticas inmigratorias), la pregunta suele provocar comentarios acerca del nacionalismo y la identidad nacional.
Este uso indistinto de los términos “nacionalidad” y “ciudadanía” tiende a disimular el papel constitutivo que tuvo la nacionalidad en la ciudadanía y la identidad nacional. En rigor, aunque todos estos fenómenos están vinculados histórica e ideológicamente, esos dos términos no son sinónimos ni puede confundírselos en un sentido fenomenológico con el estado nacional.
En este artículo, en vez de abordar el tema de la ciudadanía o ese otro tema relacionado que está tan de moda, el del “nacionalismo”, examinaré aquella dimensión más escurridizo de ambos, a saber, la nacionalidad, que es a la vez más fundamental, en efecto tan fundamental para nuestras concepciones de la pertenencia y de la identidad que se ha convertido, por así decirlo, prácticamente en una segunda naturaleza, a tal extremo que a menudo apenas tenemos de ella conciencia.
Como escribió Gellner, en un mundo de estados nacionales “un hombre [sic] debe tener una nacionalidad de la misma manera que debe tener una nariz y dos orejas” (Gellner, 1983, pág. 6; el subrayado es mío). Si tener nariz y orejas, al igual que tener una “nacionalidad”, son atributos intrínsecos de los seres humanos, obviamente no es menester explicarlos. Pero aquí Gellner se refiere, desde luego, a la identidad nacional como sentimiento subjetivo de pertenencia, más que a la nacionalidad como el conjunto de requisitos legales para poder ser miembro de un estado. Este no es sino un ejemplo de las incertidumbres y deslices conceptuales a que antes me referí. Hay aquí algo más que un mero juego de palabras. Las confusiones etimológicas y semánticas que rodean la nacionalidad, la ciudadanía y la identidad nacional son una de las manifestaciones de los imperativos políticos y las premisas ideológicas que impulsaron los esfuerzos realizados a lo largo del siglo XIX para lograr circunscribir de modo inequívoco la colectividad de ciudadanos pertenecientes a cada uno de los estados nacionales que rivalizaban en un mundo burgués dividido pero interdependiente.
A fin de captar el significado de ciertos conceptos políticos fundamentales es preciso situarlos en su contexto histórico. Europa es la cuna del estado nacional territorial y democrático, pero algunos estados nacionales fijaron más que otros las reglas del juego moderno de la nacionalidad. Prevalece además la impresión que, a lo largo del siglo XIX, la pertenencia a un estado fue definida en formas dispares, como lo muestra la distinción convencional establecida entre el modelo alemán de la Kulturnation y aquel francés de la Staatsnation (Meinecke, 1919), así como la clasificación en tipos ideales contrastantes de estado como los serían la tradición republicana, la etno-nacional y la liberal. Todo este conjunto de diferenciaciones debe ser trascendido, empero, si se pretende rescatar lo que tienen en común históricamente las en apariencia distintas formas en que el “pueblo” de los nuevos estados nacionales fue circunscripto jurídica e ideológicamente. Por lo tanto, en vez de analizar las innegables imperfecciones en la práctica democrática de la nacionalidad y la ciudadanía, me centraré en las condiciones y consecuentes restricciones a la libertad individual inherentes a los orígenes de ambas y que además determinaron su posterior evolución4.
La confusión ideológica de la nacionalidad, la ciudadanía y la identidad nacional, así como el resurgimiento nacionalista contemporáneo, tienen sus raíces en una contradicción fundamental que se remonta a la primera etapa de la formación de los estados nacionales europeos, contradicción ésta que las modernas leyes de nacionalidad estaban destinadas a superar (Stolcke, 1995; Bader, 1995).
La expansión y consolidación del capitalismo y de las burguesías nacionales en pugna, la disolución de los lazos de fidelidad política tradicionales y la resultante libertad de movimientos de las poblaciones confirieron nueva urgencia a la cuestión de la pertenencia nacional. Durante el siglo XIX se asistió al surgimiento de una multiplicidad de estados territoriales dotados de fronteras que rivalizaban por su propia soberanía y el predominio en el concierto entre naciones. Las comunidades tradicionales no coincidían necesariamente con los estados territoriales en cuanto entidades políticas modernas. Se hizo necesaria, pues, una nueva regulación de la pertenencia a los estados incipientes, foco de la lealtad de sus habitantes y fuente de crecientes derechos y obligaciones civiles, y motivo también para la exclusión y el desdén por todos los que progresivamente fueron declarados extranjeros.
Un espíritu cosmopolita irrestricto había inspirado al nuevo orden republicano por el cual lucharon los revolucionarios franceses y que habría de convertirse en el modelo del moderno estado nacional democrático. El pensamiento revolucionario democrático abogaba por una idea voluntarista y universalista de la ciudadanía, fundada en el libre consentimiento; pero como señaló con acierto Kamenka, “…al establecer las instituciones de la soberanía popular, es preciso definir qué se entiende por ‘popular’: el autogobierno exige una comunidad que se gobierne” (Kamenka, 1976, pág. 14; ver también Cranston, 1988, pág. 101; Hobsbawm, 1990, pág. 19). Los derechos de ciudadanía, al proclamar la libertad del individuo y por ende su derecho a elegir (en teoría también su nacionalidad), reemplazaron la vieja concepción del súbdito del Ancien Régime, basada en las relaciones jerárquicas tradicionales y las lealtades primordiales. De hecho, no obstante, la doctrina cosmopolita revolucionaria del nuevo estado territorial poblado por ciudadanos libres y autodeterminados habría vuelto superflua, en definitiva, cualquier circunscripción jurídica de quien pertenecía al “pueblo”.
Así que había que encontrar una fórmula para definir esa “comunidad que se autogobierna” pues la realidad política era otra: ese nuevo mundo estaba dividido en estados nacionales rivales, cada uno de los cuales proclamaba su derecho a controlar a su propia población y a excluir a todas las demás. De ahí que una de las funciones principales del estado moderno fue y sigue siendo la regulación del movimiento de las personas a través de las fronteras. Las modernas leyes de nacionalidad tuvieron el propósito de superar la contradicción entre ese ideal originario de ciudadanía cosmopolita, democrática y voluntarista, en fin, una ciudadanía del mundo, y las fronteras que eran menester trazar para circunscribir al estado territorial como entidad política dotado de una “comunidad=pueblo”.
Las leyes de nacionalidad cumplieron una función de definición de la pertinencia a un grupo sociopolítico no muy diferente de la de los principios del parentesco en las llamadas sociedades “tribales”. Ambos conjuntos de reglas desempeñan el papel estructural de fijar las fronteras en cuanto a las personas que integran agrupaciones sociopolíticas significativos, ya se trate de una “tribu” o de un estado nacional moderno. Ambos tienen en común que, pese a las metáforas a menudo “sangrientas” invocadas, evocan una idea de estabilidad de esos grupos al suponer que están constituidos por lazos de “sangre”. Pero de hecho esas reglas son siempre el resultado de convenciones positivas de cuño histórico, aunque se atribuyan a causas en apariencia “naturales” y por lo tanto universales y inmutables. No obstante, hay también una notable diferencia a este respecto entre las sociedades “tribales” y los estados modernos. Como bien saben los antropólogos, en las sociedades “triables” los principios del parentesco definen de manera inequívoca la pertenencia al grupo, con sus correspondientes derechos y obligaciones. En cambio, en el mundo moderno, poblado por individuos libres y formalmente iguales, la adscripción de orígen de la nacionalidad, y por ende del goce de derechos civiles, políticos y sociales, es una evidente paradoja. En efecto, mientras que el liberalismo democrático estaba y está comprometido con la libertad y la igualdad de los individuos, de modo tal que los derechos jurídicos, políticos y morales de las personas trascienden los de la comunidad y el estado (Goldberg, 1993, págs. 4-5), la idea emancipadora de la ciudadanía nació limitada por leyes de nacionalidad excluyentes, que además se fueron “naturalizando” progresivamente a lo largo del siglo XIX. Ya en la década del treinta del siglo pasado, el biólogo Huxley y el antropólogo Haddon, refiriéndose al principio de la autodeterminación, habían apuntado con lucidez que “el deseo de libertad de toda dominación por la soberanía […] está muy distante del deseo de libertad en sí misma, con el que a menudo se lo confunde” (Huxley, Haddon y CarrSaunders, 1939, pág. 18).
Aparte de crear un vínculo jurídico formal entre un individuo y un estado concreto en un momento determinado, las leyes de nacionalidad también regularon a lo largo del tiempo la reproducción de las comunidades nacionales. Estas leyes no sólo son fenómenos históricos insertos en contextos específicos, y que por ende están abiertos al cambio, sino que configuran un modo de reproducción nacional, vale decir, la forma en que se asegura la pertenencia a un estado a lo largo del tiempo con claros características de género. Asi, como más adelante mostraré, además de excluir a los extranjeros de la comunidad nacional, las leyes de nacionalidad introdujeron además desigualdades formales entre los nacionales, que afectaron en particular a las mujeres.
La nacionalidad y el republicanismo universalista francés
La nacionalidad, entendida como el conjunto de condiciones que debe cumplir un individuo para acceder al estatuto de ciudadano, se remonta a la Revolución Francesa y a las luchas subsiguientes por la soberanía popular. De acuerdo con Rousseau, dado que el hombre (sic) es libre y amo de sí mismo, nadie puede, bajo ningún pretexto, someterlo sin su consentimiento. A fin de resguardar la libertad individual de la sujeción a otros en la sociedad, la voluntad general debía ser la expresión colectiva de las voluntades individuales. Aquí están los cimientos de la idea moderna de la ciudadanía democrática consagrados en la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789), o sea, la declaración de los derechos del hombre (sic) como ciudadano. La soberanía residía en la “nación” compuesta de hombres que otorgaban su libre consentimiento5. Este ideal democrático republicano universalista del estado nacional soberano reemplazó al súbdito del Ancien Régime por el ciudadano libre e igual a los demás, aunque compartía con el absolutismo la creencia en una soberanía unificada. Los pensadores políticos de la época eran bien conscientes de las dificultades que entrañaba circunscribir a la comunidad de individuos soberanos capaces de participar en el contrato social. Ellos ofrecieron diversas soluciones de compromiso, que iban desde el modelo republicano universalista, el modelo liberal territorial, el modelo comunitario orgánico del estado, hasta la idea de un estado mundial como el que propusieron, por ejemplo, Hegel y Kant. Todos estos modelos, salvo el último, adolecían de la misma contradicción entre un ideal de autodeterminación individual y la necesaria delimitación de la “nación=pueblo”.
En vez de permitir a los individuos una libertad progresivamente mayor de movimiento entre los estados, los incipientes estados nacionales se dedicaron a codificar la nacionalidad trazando linderos jurídicos en torno del colectivo de ciudadanos y condicionando así la adquisición de los derechos de ciudadanía. Para delimitar la el colectivo de ciudadanos de los estados nacionales concretas, se recurrió a dos doctrinas contrastantes sobre la adquisición de la nacionalidad: el principio conservador y excluyente de la jus sanguinis (ley de la sangre), que confería a la nacionalidad un carácter casi ontológico, al hacer que la pertenencia a un estado dependiera de una herencia cultural común transmitida por la descendencia – típica de la Kulturnation asociada convencionalmente con Alemania–, y la el principio más abierto de la jus soli (ley del suelo o lugar de nacimiento), según el cual la nacionalidad dependía de haber nacido dentro del territorio de un estado –característico de la Staatsnation típica de Francia (Meinecke, 1919; Kohn, 1948)– 6. Un análisis histórico comparado del desarrollo de las leyes de nacionalidad mostrará, no obstante, que esta disparidad entre las tradiciones “nacionales” alemana y francesa era más aparente que real.
La república francesa fue el primer estado moderno que codificó la nacionalidad. De acuerdo al cosmopolitismo revolucionario inicialmente se le confirió la ciudadanía en la República a cualquiera que desease adquirirla. En aquellos tiempos políticamente turbulentos, las constituciones revolucionarias procuraban no tanto circunscribir a la “nación” como asegurar a todos los habitantes los derechos de ciudadanía. La Constitución de 1791, como las de 1789 y 1793, consagraba el principio
prerrevolucionario de la jus soli (el nacimiento dentro del territorio) y, de modo subsidiario, la naturalización (¡repárese en este término!) como base para convertirse en citoyens françaises con título pleno a todos los derechos civiles. La Constitución de 1793 fue aún más lejos, al admitir la voluntad de convertirse en francés de un individuo7 En contraste con el cosmopolitismo revolucionario inicial, en el contexto de la restauración monárquica el Código Napoleónico de 1804 decretó que la regla principal de adquisición de la nacionalidad era descender de un francés (sic); los hijos de extranjeros nacidos en el suelo de Francia pudiendo adquirir la ciudadanía francesa si así lo deseaban. Pero cuando las guerras napoleónicas devastaban Europa, el principio de la jus sanguinis fue adoptada como garantía de lealtad de las fuerzas armadas (Weiss, 1907, págs. 47 y sigs.) 8.
Al propagar los principios de libertad e igualdad política y disolverse las estructuras feudales que habían confinado a las mujeres a una condición dependiente y subordinada, la Revolución catalizó también la conciencia de éstas. El manifiesto que recogió de modo más elocuente las demandas feministas de libertad e igualdad fue la Déclaration des Droits des Femmes et de Citoyennes [Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas], de Olympe de Gouges, de 1791: una crítica radical de las insuficiencias prácticas de la retórica revolucionaria, que al par que combatía la opresión clasista y afirmaba representar principios universales, de hecho hacía caso omiso de la subordinación de las mujeres. La nueva “nación” excluyó a las mujeres del disfrute de la libertad y la igualdad en pie de igualdad con el hombre, sobre la premisa de que éstas, por su propia naturaleza, pertenecían a la familia, la cual era una institución natural y no social y por lo tanto carecían de autonomía. Al depender de los varones de su pueblo, las mujeres sólo podían ser citoyennes pasives. La “paranoia reformista” de Olympe de Gouges, sus vehementes ataques feministas contra los revolucionarios, y en particular contra Robespierre, la llevaron a la guillotina en 1793, poco después de que la Convención Nacional declarase ilegales todos los clubes y asociaciones de mujeres (Diamond, 1990).
Con el Código Napoleónico de 1804, las mujeres terminaron siendo aún más carentes de poder que antes de la Revolución. Aparte de otras descalificaciones, desde ese momento la nacionalidad de la mujer dependió de la de su padre o marido (Crozier, 1934) 9.
Las leyes suelen reflejar circunstancias e intereses económico-políticos que a su vez se justifican utilizando argumentos ideológicos arraigados en los contextos del saber, es decir, en el “sentido común”, imperantes.
En la Segunda República, la ley de nacionalidad francesa combinó el principio del jus sanguinis, es decir, de la descendencia familiar, con el principio territorial. En 1851, cuando se tornó muy aguda la demanda de mano de obra calificada, una nueva ley reguladora de la nacionalidad declaró que los hijos de padres varones franceses eran también franceses al mismo tiempo que se realizaba el primer censo de población que distinguió a los étrangers de los nacionales.
El concepto de étranger* había sido acuñado en la Revolución Francesa para designar a los enemigos políticos y traidores a la causa revolucionaria –la nobleza francesa que complotaba contra los patriotes y los británicos sospechosos de conspirar para volver a imponer un gobierno monárquico en París–. La imputación de deslealtad a la nación lanzada contra los étrangers – y su otra cara, el patriotismo – se transformarían en un poderoso elemento de cohesión nacional tnato en tiempos de paz y de guerra (Wahnich, 1966) 10.
En 1889, en las secuelas de la guerra franco-prusiana y la fundación del segundo Imperio Alemán, la Tercera República francesa sancionó su primer código independiente de la nacionalidad propiamente dicho, el Code de la Nationalité, en el que se trazaba una rigurosa distinción jurídica y política entre los nacionales y los étrangers. En contraste con lo que sucedía en Alemania, donde los inmigrantes habían sido en gran medida naturalizados, en Francia tenían mucha presencia los trabajadores extranjeros provenientes de Bélgica, Polonia, Italia y Portugal. El Código estipulaba que la condición más importante para gozar de la nacionalidad francesa era ser descendiente de un padre francés y, en el caso de los hijos ilegítimos, de una madre francesa; además, los individuos nacidos y residentes en Francia podrían volverse franceses merced a la naturalización. Al mismo tiempo se introdujo el servicio militar obligatorio.
La relativa prominencia conferida a la jus soli en el código francés de 1889 se ha interpretado a menudo como una solución liberal incluyente, una opinión con la que, por ejemplo, el historiador de las inmigraciones de la segunda mitad de siglo XIX Noiriel ha discrepado no sin razón (Noiriel, 1988, pág. 83; ver también Brubaker, 1992). En efecto, en esta combinación de las reglas de la descendencia y el lugar de nacimiento puede verse también una astuta solución de compromiso motivada por razones militares e ideológicas, en el contexto del enfrentamiento con Alemania por Alsacia-Lorena. Esta solución concilió la concepción voluntarista originaria de la nacionalidad con la posterior concepción organicista de la República; mismo que estas dos concepciones fuesen claramente contradictorias, de hecho fueron intrínsecas a la noción francesa del estado nacional desde sus comienzos.
La identidad nacional es un concepto histórico y relacional (Sahlins, 1989). De ahí que los enfrentamientos militares entre los estados tuvieran un efecto poderoso, realzando los sentimientos de pertenencia y exclusividad nacionales en todos los sectores de la población. Así Haddon explica que durante el bombardeo de París en la guerra franco-prusiana el Museo de Historia Natural sufrió algunos daños a raíz de la metralla. Poco después su director, el eminente craneólogo conservador Quatrefages, publicó un folleto sobre La race prussiènne en 1871 en el que aducía que los prusianos no eran teutónicos sino meros bárbaros llenos de odio por una cultura que eran incapaces de apreciar. Por descender de los fineses, clasificados junto con los lapones, los prusianos eran de hecho unos intrusos en Europa. El profesor Virchow, de Berlín, impugnó airadamente esta teoría (citado en Haddon, 1910, pág. 27).
¿Del mismo período data el ensayo clásico de Renan, “Que’est-ce qu’une nation?” [¿Qué es una nación?], emblemático de esa tensión entre las concepciones republicano democrática y comunitarista, orgánica, de la nación. Los defensores liberales de una idea de “nación” coherente con el moderno individualismo democrático suelen citar la célebre metáfora de Renan: “La existencia de una nación es un plebiscito cotidiano”. Sin embargo, tienden a pasar por alto que Renan invocó al mismo tiempo otro argumento culturalista para resolver el problema de cómo circunscribir al “pueblo” habilitado a participar en ese plebiscito: “la posesión común de una rica herencia de memorias… La nación, lo mismo que el individuo, es la realización de los vastos empeños del pasado, del sacrificio y de la devoción. El culto de los antepasados es el más legítimo de todos los cultos. Los antepasados han hecho de nosotros lo que somos…” (Renan, 1992, pág. 54).
En 1893, presumiblemente como consecuencia del caso Dreyfus y de la creciente difusión de un nacionalismo racista, del cual ese proceso fue sólo un ejemplo, la jus sanguinis ganó terreno en Francia, que probó ser un suelo particularmente fértil para el desarrollo del racismo científico en el siglo XIX. Pero a la sazón los términos “raza” y “nación” ya se usaban como sinónimos en todo el continente europeo. Esa reforma del Code de la Nationalité dio preferencia, como en 1889, a la jus sanguinis aun en el caso de los hijos de padres varones franceses nacidos en el extranjero, y en cambio limitó el acceso a la nacionalidad francesa de los hijos de extranjeros. Como declaró en 1907 el jurista francés Weiss, los individuos necesitan pertenecer “a un grupo más o menos compacto… como la familia”. Las relaciones sociales son indispensables para la vida social “y en la nacionalidad encuentran su forma y su regulación naturales” 11. Así pues, familia, pueblo y nación resultaron orgánicamente unidos por un vínculo “esencial”, y esto tuvo consecuencias en particular para las mujeres. Esta concepción declaradamente organicista del estado nacional planteó además una nueva cuestión importante: ¿por qué motivo, pese a esa progresiva “naturalización” de la nacionalidad, la mitología universalista republicana demostró ser tan resistente?
En el curso del siglo XIX, por lo tanto, a medida que la nacionalidad se convirtió en objeto en Francia de una legislación específica, las normas jurídicas que la regulan se desplazaron del principio del lugar de nacimiento al de la descendencia. Con estas transformaciones se les negó a las mujeres el derecho a una nacionalidad independiente. De sangre y suelo alemanes
Veamos ahora el caso alemán. Los estados alemanes pronto siguieron el ejemplo francés disolviendo los vínculos feudales territoriales de lealtad. En aras de la brevedad me centraré en Prusia, aunque bien puede considerársela representativa de los demás estados alemanes. La ley prusiana “Sobre la adquisición y pérdida de la condición de súbdito prusiano y la incorporación a la función pública en el extranjero”, de 1842, suele considerarse la primera ley auténticamente moderna sobre la nacionalidad (Lichter, 1955, págs. 1 y sigs.) 12. Esta ley reemplazó a la preconstitucional Untertanenrecht (ley de la condición de súbdito), que definía la lealtad de los súbditos al monarca o al señor según el lugar de residencia, y limitaba la movilidad de las personas y la elección de actividad laboral, pero no excluía a los extranjeros que cumplieran con las obligaciones fiscales prusianas. En 1832 Gaus escribió: “Un prusiano es cualquiera que tiene deseos de serlo” (citado en Koselleck, 1967, pág. 60). La ley de 1842, en cambio, hizo que la condición de súbdito prusiano dependiese de tener un padre prusiano, de ser admitido por la vía de la legitimación o naturalización y, en el caso de las mujeres, de estar casadas con un súbdito prusiano. Quienes se ausentaban de Prusia durante más de diez años perdían la nacionalidad (Lichter, 1955, págs. 519-26). Finalmente, la creación del Norddeutscher Bund dio lugar a la ley de adquisición y pérdida de la nacionalidad de 1870, que pasó a ser la primera de su tipo en el segundo Imperio Alemán y confirmó la jus sanguinis como principio determinante para conferir la nacionalidad alemana, ahora denominada Staatsangehörigkeit (literalmente, “pertenencia al estado”)13.
En el concierto político entre los estados nacionales durante el período formativo, cuestiones prácticas de orden demográfico y económico-político mezcladas con nociones ideológicas sobre la identidad y la pertenencia nacional, dieron origen a la nacionalidad como requisito previo y condicionante de la ciudadanía. Sin embargo, los criterios prioritarios que confieren la nacionalidad deben distinguirse de los procedimientos subsidiarios, a fin de desentrañar consideraciones pragmáticas de lógicas ideológicas.
Ya hacia la década de 1880 las similitudes entre las leyes de nacionalidad alemana y francesa eran mayores que sus diferencias. En ambos estados la norma fundamental para determinar la pertenencia al estado era la jus sanguinis patrilineal mientras que en otros criterios secundarios el contraste era más marcado. En Francia, el lugar de nacimiento cualificaba la regla de la descendencia, en tanto que en el Imperio Alemán se permitía, mediante un acto de estado, conceder la nacionalidad por legitimación o naturalización. Los criterios prioritarios de la nacionalidad reflejan los significados morales más profundos que impregnaban a cada nación, en tanto que los criterios secundarios eran normalmente más plásticos, pues era a este nivel donde podían contemplarse (y de hecho así sucedía) intereses demográficos, económicos y políticos de estado.
La prioridad conferida al vínculo de sangre estaba en flagrante contradicción con el individualismo moderno. La Revolución Francesa había conquistado los derechos civiles, en tanto que los derechos políticos, vale decir, los que habilitaban a la persona a participar en el ejercicio del poder político como miembro de la comunidad o como votante –con la notable excepción de las mujeres– se adquirieron en el curso del siglo XIX (Marshall, 1965). Los inevitables conflictos territoriales tornaron imperativo el circunscribir con nitidez y consolidar a la “comunidad-nación”, pero esto sucedió en obvio detrimento de los ideales universalistas, democráticos y liberales por los que habían luchado los revolucionarios14.
El súbdito de la Corona inglesa
Si ahora echamos una mirada al otro lado del Canal de la Mancha, a Gran Bretaña (cuna del individualismo y el liberalismo modernos), no vemos allí ningún criterio claro sobre la nacionalidad o la ciudadanía al menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña carecía de todo documento constitucional o ley básica, y su teoría constitucional no contemplaba una “nación británica” ni un “pueblo soberano” (Dummett y Nichol, 1990, pág. 2). La historia “nacional” del Reino Unido, por el contrario, es la de un territorio que abarca en su seno a una diversidad de pueblos, los cuales compartían un vínculo vertical de fidelidad inamovible a la Corona y al Parlamento como súbditos naturales nacidos en Gran Bretaña, que debían tributo al rey y tenían derecho a su protección. Las Leyes de Naturalización de 1844 y 1870 introdujeron una salvedad en cuanto al género: la mujer debía fidelidad perpetua a la Corona y su nacionalidad dependía de la de su marido, pero ese lazo de fidelidad se disolvía automáticamente si ella se casaba con un extranjero. No obstante, se mantuvo la jus soli incondicional15.
En lo anterior mostré que hacia fines del siglo XIX no sólo en Prusia, y luego en el Imperio Alemán, la nacionalidad había sido “naturalizado” progresivamente, como prueba la creciente importancia adjudicada a su adscripción por descendencia, sino también en Francia, en evidente contradicción con el espíritu republicano y cosmopolita de la revolución. A la luz de la regulación de la nacionalidad continental europea, el caso británico llama la atención por lo escepcional planteando interrogantes especiales.
En la década de 1880, defensores franceses de la jus sanguinis ya habían rechazado la jus soli incondicional de los británicos por sus presuntas connotaciones feudales y su carácter inclusivo, hospitaliaria para gentes extranjeras, que a juicio de los franceses —y luego se demostró que tenían razón— entraba en conflicto con el concepto más excluyente de la ciudadanía entendida como un vínculo sustancial permanente y no meramente accidental con Francia (Brubaker, 1992, pág. 90) 16 Pero, si bien Gran Bretaña carecía quizá de una noción constitucionalmente consagrada de soberanía popular en el sentido francés, durante el siglo XVIII, no obstante, surgió un nacionalismo británico forjado principalmente en las sucesivas guerras con Francia, por más que Gran Bretaña no experimentara nunca una invasión importante desde el exterior (Colley, 1994, págs. 1-7). Y cabe señalar otra peculiaridad británica. En contraste con las importantes migraciones entre los estados del continente europeo, las islas británicas apenas si intercambiaron algunos migrantes con aquél desde el siglo XVII (Page Moch, 1997).
También en otro sentido la “lealtad indeleble” al rey estaba claramente en contradicción con el moderno ideal liberal de la libertad e igualdad de los individuos. La condición indisoluble de súbdito contradecía la adhesión al estado basada en el libre consentimiento. Dummett y Nichol (1990, pág. 88) atribuyen esta singularidad británica a que la revolución Inglaterra del siglo XVII fue inacabada y no llegó a concederle la libertad para tener voz propia y una participación política activa a los súbditos. En 1870 la Corona abolió finalmente la lealtad indeleble en el caso de los varones británicos que residían en el extranjero y las esposas de extranjeros, permitiéndoles renunciar a la condición de súbditos británicos. Es revelador que el argumento de la comisión que se ocupó de esta cuestión fue que la lealtad indeleble “estaba en conflicto con el liberalismo y el individualismo, con la libertad de acción que hoy se reconoce como el elemento más conducente al bienestar general, así como a la felicidad y prosperidad del individuo”. A partir de ese momento la libertad de acción sólo sería restringida en el caso de “personas con alguna discapacidad, a saber, los niños, los locos, los idiotas o las mujeres casadas” (Dummett y Nichol, 1990, ¡pág. 88)! Y en 1886 un tribunal estableció que la lealtad era con la Corona, no con la persona del monarca, aunque mantuvo la norma de la jus soli 17. Sólo la Ley de la Nacionalidad Británica introducida por el gobierno conservador en 1981 limitó en un grado importante la jus soli incondicional, a fin de dar solución a la “venganza colonial” transformando a aquellos súbditos que habían inmigrado del Commonwealth a Gran Bretaña en extranjeros. Así, mientras Europa aspira a convertirse en una unión económico-política supranacional, de las cenizas del Imperio Británico surge, paradójicamente, un estado nacional al viejo estilo de los estados nacionales continentales.
El jus sanguinis en la Europa continental se tornó excluyente no sólo en un sentido instrumental para manejar los flujos de población, sino ideológico. Aunque la jus soli británica fue denunciada por feudal, generó un pueblo abierto a los forasteros, siempre que los hijos de los inmigrantes hubieran nacido en suelo británico. Mismo así, ni la insular Gran Brataña fue inmune al gérmen del nacionalismo. Como declaró el distinguido anatomista Sir Arthur Keith, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, “Los estadistas han logrado, en el curso de siglos, crear en la mente de todos los habitantes de las Islas Británicas –salvo en la mayor parte de Irlanda– una nueva y más amplia conciencia de nacionalidad, un espíritu de la nacionalidad británica”, puesto que, en contraste con lo que sostiene una “antigua creencia”, “los habitantes de las Islas Británicas son en su tipo físico (o sea, en su raza) los más uniformes de todas las grandes nacionalidades europeas” (Keith, 1919, pág. 22).
Para fines analíticos, he distinguido la nacionalidad, como regulación jurídica del acceso a la ciudadanía, de las nociones subjetivas de identidad y unidad nacionales. Ahora bien: en su carácter de convenciones legales, las cambiantes leyes de nacionalidad y ciudadanía no pueden disociarse de las concepciones político-ideológicas de pertenencia que aquéllas reflejan a la vez que materializan.
En ocasiones, por ejemplo, los autores alemanes justificaron la adopción del principio de descendencia (Abstammung) en vez del de lugar de nacimiento de un modo pragmática alegando que el reclutamiento para el servicio militar obligatorio exige un principio más simple y confiable que el del lugar de residencia (Rehm, 1892, pág. 230). Sin embargo, al ser la nacionalidad conferida según el lugar de nacimiento no sólo resulta más clara por su independencia de los progenitores, sino que en rigor plantea menos dificultades que aquella determinada por la descendencia, pues esta última exige conocer también la nacionalidad del padre, la del abuelo, y así para atrás. Preicamente para superar incertidumbres “genealógicas” insolubles de este tipo, se ha recurrido por tanto a veces a la presunción de descendencia (Strupp, 1925, vol. 2, pág. 589; Makarov, 1947, pág. 316). Estas racionalizaciones, en gran medida retóricos, de las leyes de nacionalidad tienen que ver, no obstante, sobre todo con las ideas históricamente situadas de pertenencia, diferencia y exclusión.
La notoriedad que fue adquiriendo progresivamente en el continente europeo, y de modo más tardío en Gran Bretaña, la “ley de la sangre” no es una cuestión de pura conveniencia político-económica. Está íntimamente ligada a la noción esencial y primordialista de la nación que se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX. A medida que el estado nacional se convertía en una realidad evidente y la nacionalidad era derivada de un hecho moral, se la fue dando por sentada “como una propiedad interna inseparable de la persona”, según sostuvo con acierto el filósofo ruso Soloviev en 1897 (citado en Kamenka, 1976, pág. 9) 18. En lugar de ver en la nacionalidad una condición legal formal, fundada en un vínculo jurídico entre un individuo y un estado particular acorde a determinadas normas jurídicas que fueron codificadas durante el proceso formativo del estado nacional moderno, ella se convirtió en un atributo considerada como casi “natural” de la persona, en el sentido que tan bien captó Norbert Elias (1991) con su noción de “hábito nacional”. O sea, a medida que la pertenencia al estado pasó a ser la expresión formal de la identidad nacional, la nacionalidad fue concebida como el fundamento mismo del estado nacional, y no como un resultado derivado de la formación del estado moderno. Así ahora llevamos inscrito, literalmente, el estado nacional en nuestra mente y corazón. Un elemento crucial que contribuye a nutrir esta concepción esencialista de la nacionalidad son sin duda los temores, reales o imaginarios, ante potenciales intervenciones extranjeras en un mundo desigual de estados nacionales en conflicto latente o declarado, de estados que son a la vez “abiertos” y “cerrados” (Huxley, Haddon y Carr-Saunders, 1939, pág. 25; Anderson, 1983, pág. 129). Es precisamente por estas razones esenciales – el surgimiento de una multiplicidad de estados particularistas- que los derechos de ciudadanía, símbolo de la emancipación política e igualdad formal del individuo moderno, se tornaron excluyentes casi desde el mismo momento en que fueron conquistados.
Un hombre y su esposa son uno, y él es el uno
Hay, además, otra contradicción inscrita en el estado nacional moderno, cuyos alcances no son menos importantes que la contradicción existente entre la declarada voluntad liberal y la regulación primordial de la pertenencia al estado nacional, a saber, la nacionalidad dependiente de la mujer. La nacionalidad, y con ella la ciudadanía, no sólo adquirieron una realidad exclusiva propia, sino que ambas pasaron a ser en rigor el dominio de los hombres. Pese a las pretensiones universalistas de ciudadanía, las mujeres no fueron incorporadas al estado moderno como ciudadanas por derecho propio, como la mayoría de los hombres, sino en virtud del lazo social que mantenían con el jefe de familia, que así quedaba convertido en su representante (Pateman, 1986).
Cuando en 1797 Kant distinguió a los ciudadanos activos de los pasivos, asignó a las mujeres a esta última categoría. Pues “…lo que caracteriza al ciudadano es su capacidad de dar su consentimiento, pero esto presupone la independencia del individuo dentro de su pueblo [Volk]; el individuo no sólo ha de formar parte de la comunidad, sino que ha de ser miembro de ésta; o sea que por su propia voluntad el hombre desee, en comunidad con los demás, ser una parte activa de dicha comunidad. Pero esta última característica exige que el ciudadano activo se distinga del ciudadano pasivo, aunque este último concepto parezca contradecir la definición misma de ciudadano. El siguiente ejemplo quizá sirva para superar esta dificultad: el aprendiz de un comerciante o artesano, el sirviente […] el menor de edad […], todas las mujeres y, en general, quienquiera se vea obligado a ganarse la vida (comida y abrigo) no por su propia iniciativa sino a las órdenes de otros (excepto el estado), carece de la personalidad de ciudadano [bürgerliche Persönlichkeit] y su existencia es, por así decirlo, sólo inherente” (Kant, 1977, págs. 432-33; la traducción y el subrayado son míos).
La exclusión de la mujer del ejercicio de derechos políticos y civiles pretendidamente universales está ampliamente documentada (Vogel, 1991). La lucha de las “sufragistas” de Gran Bretaña y Estados Unidos a comienzos del siglo XX en pro del voto femenino “corrigió” en parte esta desigualdad. Pero, además de negarle a la mujer el derecho al sufragio, los tres países analizados aquí también le negaron en el siglo XIX la nacionalidad independiente. Debido a la confusión convencional entre nacionalidad y ciudadanía, la “naturaleza genérica” de la nacionalidad ha pasado en gran medida inadvertida, no obstante19.
En el siglo XIX, Francia y Alemania, no menos que Gran Bretaña, se convirtieron en “patrias” en el sentido más literal de la palabra*. La nacionalidad de una mujer quedaba inmersa en la de su padre o marido por una doble matriz patrilineal. Las mujeres casadas adoptaban la nacionalidad del marido, y era éste por ende el que transmitía su nacionalidad a los hijos de esa mujer, salvo que fueran ilegítimos; en este último caso si ningún hombre pudiese o quisiese reclamar la paternidad, entonces recibían la nacionalidad de la madre por defecto20.
Por supuesto, la filosofía subyacente de la unidad familiar y la presunción de que al casarse la mujer le transfería sus derechos al marido como jefe de familia no era nueva (Vogel, 1991). En el derecho preconstitucional alemán las mujeres quedaban bajo la tutela de sus maridos en lo tocante a su pertenencia a la comunidad. Como comentó un jurista alemán con relación a la Geschlechtsvormundschaft (la tutela de las mujeres por sus padres o maridos): “El especial carácter de los derechos de padres e hijos, del poder del padre, de las relaciones conyugales y del predominio del marido dentro de la familia en el derecho contemporáneo descansa aún en gran medida en ese concepto más profundo de la familia y en esa particular fuerza moral que el espíritu del pueblo alemán atribuye a este vínculo natural” (citado en Gerhard-Teuscher, 1986, pág. 117). En la Gran Bretaña decimonónica la individualidad jurídica de la mujer estaba “sumergida” en la del marido según el llamado “principio de la nacionalidad idéntica”, que seguía la norma del derecho consuetudinario inglés: “Un hombre y su esposa son uno y él es ese uno” (Bhabha, Klug y Shutter, 1985, págs. 10-14). En Francia, la pertenencia dependiente de la mujer a la comunidad vigente fue incorporada inalterada al Código Napoleónico y por consiguiente al Código Civil.
La nacionalidad dependiente de la mujer no debe causar sorpresa. Si la pertenencia al moderno estado nacional se convirtió en una característica casi “natural” de la persona en un mundo de estados territoriales circunscritos, era preciso resguardar a la nación, sus límites y sus lealtades. Esto podía lograrse negando a las mujeres, como “portadoras de la nación”, la capacidad de decidir en forma independiente la pertenencia suya y de sus vástagos. Sin embargo, debe señalarse enseguida que la nacionalidad, ya sea dependiente o independiente, siempre impone restricciones a la elección de la pertenencia. Asi, a nacionalidad independiente de la mujer casada puede acaso liberarla de su lazo conyugal en este aspecto, pero no la libera de su lazo con una patria concreta. Por ello, en 1934 una abogada alemana de claras simpatías nazi destacaba: “Nosotras, las mujeres nacionalsocialistas, libramos la misma batalla [en pro de la nacionalidad independiente] pero por otras razones: siendo alemanas de sangre, no queremos perder forzosamente nuestra pertenencia a la patria al casarnos con un extranjero” (Endemann, 1934, págs. 331-32)21.
Una breve comparación de la forma en que se desarrolló en América, por contraste con Europa, la nacionalidad de las mujeres casadas puede servir para ilustrar las consecuencias de la “naturalización” de la nacionalidad en especial para las mujeres. En la segunda mitad del siglo XIX el movimiento de mujeres británico comenzó a cuestionar la nacionalidad dependiente de las mujeres, mientras éstas se movilizaban por el derecho al sufragio, aunque al principio con poco éxito (Dummett y Nichol, 1992, págs. 89-90). A comienzos del siglo veinte, organizaciones feministas internacionales realizaron campañas más enérgicas en favor de la nacionalidad independiente de las mujeres casadas. En el Congreso Internacional de la Mujer llevado a cabo en París en 1900, las participantes reclamaron formalmente una revisión de la ley de nacionalidad en este aspecto. En 1923, la Alianza Internacional por el Sufragio de la Mujer elevó un proyecto de resolución exigiendo la nacionalidad independiente. Luego de la Primera Guerra Mundial la campaña recibió nuevo impulso cuando el Consejo de la Liga de las Naciones creó una comisión especial de expertos en cuya agenda debía tener prioridad la codificación de la nacionalidad. Sin embargo, el resultado de los trabajos de esta comisión fue decepcionante para las mujeres. La comisión, preocupada fundamentalmente por solucionar la situación de los apátridas y de la doble nacionalidad –un importante problema que adquirió particular urgencia debido a los muchos cambios de las fronteras entre estados a raiz del colapso de los imperios en relación a la primera guerra mundial–, sólo emitió una propuesta destinada a evitar la apatridia o doble nacionalidad de la mujer si el marido se naturalizaba en otro estado o si se producía la posterior disolución del matrimonio. No se contempló, en cambio, la demanda de mayor alcance sociopolítico de que la nacionalidad de la mujer fuera independiente de la del marido y su derecho a transmitirla a sus descendientes.
Esta falta de sensibilidad ante los reclamos políticos de las mujeres prefiguraba acontecimientos posteriores. En la Conferencia Mundial por la Codificación del Derecho Internacional realizada en 1930 en La Haya, la nacionalidad de la mujer volvió a ocupar un lugar central en los debates de la Comisión de la Nacionalidad. La delegación chilena había elevado un importante proyecto de resolución, ya aprobado en una reunión previa de la Comisión Interamericana de las Mujeres reunida en La Habana. Organizaciones internacionales de mujeres habían sometido simultáneamente un memorando en el que exigían derechos de nacionalidad equivalentes para mujeres y hombres. Pese a todo ello, la resolución aprobada por el plenario de la Conferencia sólo contempló los casos de conflicto legal en torno de la nacionalidad causados por el matrimonio entre personas que fuesen nacionales de diferentes estados, relegando las pretensiones de igualdad de las mujeres a una recomendación tibia carente de consecuencias prácticas. Y al año siguiente los estados miembros de la Conferencia Mundial resolvieron por mayoría que en ese momento no era factible introducir ningún otro cambio en la ley de la nacionalidad (Société des Nations, 1932; Bhabha, Klug y Shutter, 1985).
De hecho, las mujeres europeas (¡salvo las suizas!) sólo conquistaron su nacionalidad independiente en la década del sesenta (Naciones Unidas, 1950, 1962). Sin embargo, en las Américas los derechos de nacionalidad de la mujer tuvieron un desarrollo muy diferente a partir de la década del treinta. En su séptima conferencia, realizada en Montevideo en 1933, la Unión Panamericana estableció que “En lo tocante a la nacionalidad no se harán distinciones, en las leyes o en la práctica, basadas en el sexo” (Brown Scott, 1934, pág. 219). Por consiguiente, en las repúblicas americanas las mujeres adquirieron progresivamente el derecho de tener, mantener y transmitir a sus hijos su nacionalidad en un pie de igualdad con el hombre (Shapiro, 1984).
Los países europeos se han caracterizado a sí mismos tradicionalmente como países de emigración, pese a la evidencia que existe en sentido contrario. La idea de las Américas como el refugio clásico de la inmigración europea es bien conocida. Para los estados exclusivistas europeos, la nacionalidad independiente de las mujeres habría significado que, en caso de contraer matrimonio con un extranjero, ellas podrían introducir “bastardos” indeseables a la “familia nacional” o bien perderían su propia “sangre”. En las jóvenes repúblicas americanas, en cambio, la nacionalidad se basó desde el comienzo en la jus soli incondicional, y los inmigrantes fueron siempre considerados ciudadanos potenciales. La adopción del jus soli respondía al ideal predominante de poblar, y por ende “blanquear”, sus vastos territorios supuestamente vacíos, en obvio detrimento de las “primeras naciones”, que fueron contradictoriamente transformadas en ciudadanos de segunda clase o privadas de sus derechos de ciudadanía. En este contexto ideológico, la nacionalidad independiente de la mujer tenía la ventaja de que los hijos nacidos no sólo de hombres sino también de mujeres inmigrantes —en el caso ideal, de procedencia europea— pasaban a formar parte inequívoca de la nueva nación al cortar los lazos con sus países de origen.
Los científicos Huxley y Haddon, en su muy publicitada condena de la doctrina racista nazi de la década del treinta titulada We Europeans [Nosotros, los europeos], habían puesto de relieve “el contraste entre la familia y la nación”, por cuanto, según aducían, “la familia es un antiguo factor biológico, en tanto que el estado nacional es una concepción y un producto moderno, resultado de circunstancias sociales y económicas peculiares” (Huxley, Haddon y Carr-Saunders, 1939, pág. 15). Tenían razón sólo en parte. Desde luego que nociones con respecto a los vínculos familiares no son menos históricas y culturales que la concepción del estado nacional, pero una vez que este último se “naturalizó”, su conexión con la familia, biologizada de modo semejante, se tornó “excluyentemente” decisiva.
Conclusiones
Cuando la Revolución Francesa de 1789 derrocó al Ancien Régime y estableció el principio de la soberanía popular como base del nuevo orden político europeo, inauguró un mundo radicalmente nuevo. El sacerdote francés Baurrel, rabiosamente antijacobino y que fue quien introdujo el término “nacionalismo”, previó con lucidez los procesos nacionales posteriores. “En el mismo momento en que los hombres se unieron en naciones”, escribió Barruel en 1798, “dejaron de reconocerse unos a otros con un nombre común. El nacionalismo o amor a la nación [l’amour national] ocupó el lugar del amor a la humanidad en general [l’amour général]… Extender los territorios propios a expensas de quienes no pertenecían al imperio de uno se convirtió en una virtud. Para lograr esto, se tornó permisible despreciar a los extranjeros, engañarlos, causarles daño. A esta virtud se la llamó patriotismo. […] Si es así, ¿por qué no definir este amor más estrechamente aún? […] Así se vio cómo el patriotismo daba origen al localismo o espíritu de familia, y por último al egoísmo” (citado en Kamenka, 1976, pág. 8). A medida que ganó terreno la presunción de que “la nación y el estado nacional son la forma ideal, natural o normal de la organización política internacional, eje de las lealtades de los hombres [sic] y marco indispensable de toda actividad social, cultural y económica” (Kamenka, 1976, pág. 6), simultáneamente la nacionalidad fue naturalizada, en general, en la Europa continental. Gran Bretaña siguió ese ejemplo exclusivo en fecha más reciente para proteger su identidad e integración nacionales apenas redescubiertas de la inmigración de los demás países del Commonwealth.
Una breve referencia a acontecimientos “nacionales” que tuvieron lugar en Francia a principio de los años noventa puede servir para ilustrar la tenacidad de la “naturaleza” paradójica de la nacionalidad que antes examiné. Como tal vez se recordará, en septiembre de 1991 Giscard D’Estaing expresó su profunda alarma ante “la invasión de Francia por los inmigrantes”, clamando por el retorno del concepto tradicional del “droit de sang” [derecho de sangre]. A ello le siguieron denuncias públicas y acalorados debates entre los defensores de la jus sanguinis como principal principio de acceso a la nacionalidad francesa y los republicanos universalistas que procuraban disimular esta realidad jurídica exaltando el criterio subsidiario de la jus soli 22. Estos últimos perdieron esa batalla. En 1993, la reforma del Code de la Nationalité por parte del nuevo gobierno conservador cercenó una vez más la norma de la jus soli, dotando de renovada prominencia a la jus sanguinis.
Sospecho que fue por todas esas razones que mencioné —fronteras, exclusiones, sangres y guerras mortíferas— que entre las dos grandes conflagraciones europeas Virginia Woolf proclamara: “Como mujer no tengo país, como mujer no quiero ningún país, como mujer mi país es el mundo entero”. Por supuesto, aún en estos tiempos globalizados éste sigue siendo un sueño cosmopolita imposible de materializar. Aunque hoy esté de moda profetizar el fin del estado nacional, su poderosa lógica ideológica parece estar muy lejos de evanescerse. En lugar de ello, a pesar de que la competencia económica globalizada es cada vez más intensa –o precisamente por eso–, leyes de nacionalidad cada vez más estrictas controlan la libertad de movimientos de las personas, regulando así un mercado de trabajo que ese si es para todos los efectos mundial.
Traducción de Leandro Wolfson
* Publicado originalmente en Veit Bader (ed.): Citizenship and Exclusion, Londres, Macmillan Press, 1997, cap. 3, págs. 61-80. [Desarrollo Económico agradece a Macmillan Press Ltd. la autorización para la publicación de la presente versión en español. N. de la R.]
** Universidad Autónoma de Barcelona. [ ) UAB / Divisió d’Antropologia Social / Facultat de Lletres / 08193 Bellaterra / España / Fax: (34 93) 581-1140 / Email: <firstname.lastname@example.org>.]
1 La moderna teoría jurídica concibe a la nacionalidad como un vínculo legal: “en este vínculo tenemos de un lado a un sujeto singular y concreto, el estado individual, y del otro a cada Staatsangehörige, es decir a un individuo cuya condición de miembro de ese estado debe ser determinada” (Makarov, 1947, pág.
22).
2 El análisis de las leyes de nacionalidad ha sido jurisdicción de los estudiosos de la inmigración.
3 Ritter define la “nación” y la “nacionalidad” como “términos conexos relativos a la clasificación y la identidad de los grupos. El término ‘nacionalidad’, que por lo general es el más restringido y menos ambiguo de los dos, remite a la conciencia grupal basada en una gama variable de rasgos culturales comunes (p. ej., el lengua, las tradiciones históricas, las convenciones sociales o los valores” (Ritter, 1986, pág. 285).
4 Deseo agradecer, en especial, a Rainer Bauböck y a Hans Jessurun d’Oliveira por sus provechosos y provocadores comentarios sobre mi texto original. Este artículo es una versión abreviada de dicho trabajo.
5 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclamaba: “Cada pueblo tiene el derecho de organizarse y de modificar sus formas de gobierno. Ningún pueblo tiene el derecho de interferir en el gobierno de los demás. Todo lo que se oponga a la libertad de un pueblo constituye un ataque a todos los demás pueblos”. En ningún lugar de la Declaración se define qué se entiende por “pueblo”.
6 Kohn describió muy bien el espíritu voluntarista que inspiró la lucha por la soberanía popular en la Francia revolucionaria. Además de ciertos factores objetivos (una lengua común, un territorio), “el elemento esencial es una voluntad colectiva viviente. La nacionalidad se crea a partir de la decisión de formar una nacionalidad. Así, la nacionalidad francesa nació de una entusiasta manifestación de voluntad en 1789” (Kohn, 1948, pág. 15). Brubaker (1992) adhiere a la distinción clásica de Meinecke.
7 Estas leyes establecían expresamente que la nacionalidad era una condición previa para la adquisición de los derechos de ciudadanía. Sin embargo, la constitución de 1791 distinguía entre el “citoyen actif”, que gozaba de plenos derechos cívicos y políticos, y el “citoyen passif”, cuyos derechos estaban incorporados a los de un “citoyen actif” (Makarov, 1947, pág. 107; Weiss, 1907, pág. 45).
8 D. Louchak sostuvo en esa época que, dadas las circunstancias demográficas prevalecientes, Francia bien podía renunciar a aquellos ciudadanos que habrían sido franceses en caso de haber privado la jus soli (Weiss, 1907, pág. 80).
9 El Código Napoleónico contenía dos artículos sobre la nacionalidad de las mujeres casadas. El Artículo 12 establecía que una mujer extranjera que contrajese matrimonio con un ciudadano francés adquiría por ello la nacionalidad francesa. El Artículo 19 exigía a toda francesa que se casara con un extranjero renunciar a su nacionalidad francesa (Crozier, 1934, pág. 129).
* “Extranjero”, pero también “extraño” [N. del T.].
10 Porque “Cada pueblo goza y debe gozar de soberanía sobre su territorio; éste es uno de los principios del derecho de gentes que debe ser considerado como estando por encima de cualquier duda. De esto derivan dos términos: patrie y étranger, de los cuales uno es la causa y el otro el efecto” (Block, 1863, vol. 1, pág. 982).
11 Como Weiss manifestara: “Si la sociedad necesita, para constituirse y funcionar normalmente, de la contribución de todos los individuos, el hombre necesita la ayuda de sus prójimos para satisfacer plenamente sus apetitos y deseos. Debe pues pertenecer –y ésta es una ley de la naturaleza– a un grupo más o menos compacto dentro del cual pueda ejercer sus facultades. Su debilidad inherente lo fuerza a adherirse a una fuerza social colectiva y superior a él, que le sirva de apoyo y de refugio […] como la familia. Las relaciones sociales son necesarias para la vida social, y en la nacionalidad ellas encuentran su forma y su regulación natural” (Weiss, 1907, págs. 20-21 y 54 y sigs.).
12 En contraste con la idea de “condición de súbdito”, prevaleciente en Prusia, Sajonia, Baden y los grandes ducados de Mecklenburg-Strelitz y Sachsen Weimar, el derecho bávaro hablaba de Indigenat (la “condición de autóctono”).
13 Esta es la Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit, ley que ratificó las normas de nacionalidad vigentes en los estados alemanes. Según la jus sanguinis, la nacionalidad alemana se adquiría por ser descendiente de un padre varón alemán, por legitimación, por matrimonio con una persona de nacionalidad alemana o por una concesión del estado (Keller y Trautmann, 1914, págs. 4-5). Vale la pena señalar que el lenguaje político alemán distingue claramente entre “nacionalidad” (Staatsangehörigkeit) y ciudadanía (Staatsbürgerschaft).
14 El intenso debate que tuvo lugar con posterioridad a la guerra francoprusiana de 1870 entre los historiadores políticos franceses y alemanes en torno del principio de la autodeterminación nacional pone de relieve una vez más las dificultades para conciliar el derecho democrático a la autodeterminación de todos los pueblos con un mundo en el que los estados nacionales rivalizan entre sí. La discusión que mantuvieron el historiador alemán Theodor Mommsen y el especialista francés en historia del derecho Fustel de Coulanges suele citarse como otra prueba del contraste entre las tradiciones “nacionales” de ambos países. Vale la pena citar la réplica de Fustel de Coulanges ante los reclamos de Mommsen sobre Alsacia-Lorena. Mommsen había señalado: “No queremos conquista sino reivindicación; queremos lo que es nuestro, ni más ni menos”. Fustel de Coulanges le contestó: “Usted invoca el principio de nacionalidad pero lo entiende de una manera diferente que en el resto de Europa. Según usted, ese principio autoriza a un estado poderoso a apropiarse de una provincia por la fuerza con la sola condición de declarar que dicha provincia está habitada por la misma raza que dicho estado. De acuerdo con lo que dicen Europa y el sentido común, esto sólo autoriza a una provincia o población a desobedecer a un amo extranjero a pesar de sí misma. […] Me asombra que un historiador como usted simule ignorar que los fundamentos de la nacionalidad no están en la raza ni en el lengua. […] Los hombres sienten en su corazón que son un solo pueblo porque constituyen una comunidad de ideas, de intereses y afectos, de recuerdos y esperanzas. Esto es lo que hace una patria [patrie]. Es lo que lleva a los pueblos a marchar juntos, trabajar juntos, luchar juntos, vivir y morir uno por el otro. Esa es la patria que amamos. Alsacia podrá ser alemana por su raza o su lengua, pero la nacionalidad y el sentimiento de patriotismo la vuelven francesa. ¿Y sabe usted lo que la ha vuelto francesa? No ha sido Luis XIV sino nuestra revolución de 1789. Desde ese momento Alsacia ha compartido nuestro destino, ha vivido nuestra vida. Lo que nosotros pensamos, ella lo piensa; lo que sentimos, ella lo siente. Han sido suyas nuestras victorias y nuestras adversidades, nuestras glorias y nuestras fallas, nuestros júbilos y nuestros pesares” (citado en Weil, 1938, págs. 20-21). El nacionalismo culturalista de Fustel de Coulanges, como el de Renan, era por cierto un anatema para los teóricos racistas de su época, pero contradecía igualmente el voluntarismo republicano universalista.
15 Como reacción frente a las disputas por la nacionalidad y la lealtad provocadas por la independencia de Estados Unidos, la jus sanguinis fue adoptada en el caso especial de los hijos de padres británicos nacidos en el extranjero y más tarde extendida a los descendientes de la segunda generación, aunque sin llegar a ser nunca hereditaria a perpetuidad.
16 En 1880, el distinguido jurista holandés François Laurent escribía, análogamente: “Que los anglo-norteamericanos mantengan su derecho consuetudinario es problema de ellos; nadie les envidiará unas leyes inciertas, indigeribles e impregnadas de feudalismo. No es a la Edad Media en que los pueblos modernos deben buscar su ideal de libertad e igualdad” (citado en Jessurun d’Oliveira, 1989, pág. 826).
17 A fines de siglo se discutía en Gran Bretaña si no deberían compartir indistintamente todos los habitantes del Imperio Británico una nacionalidad común, en vez de que ésta fuera conferida por una norma. De hecho, la Ley de Nacionalidad y Condición de los Extranjeros de 1914 extendió la fidelidad a la Corona al Imperio en su totalidad (Hampe, 1951, págs. 9 y sigs.; Bhabha, Klug y Shutter, 1985, cap. 1).
18 “Concedamos –escribió Soloviev– que el objeto inmediato de la relación moral es la persona individual. No obstante, una de las peculiaridades de esa persona –continuidad directa y ampliación de su carácter individual– es su nacionalidad, en el sentido positivo de carácter, tipo y poder creativo. Y éste no es un hecho meramente físico sino también psicológico y moral” (citado en Kamenka, 1976, pág. 9).
19 Jessurun d’Oliveira (1996) ha objetado que para las mujeres la nacionalidad independiente, como factor de conexión con sus derechos como ciudadanas, tenía escasa relevancia práctica. Ellas no estaban obligadas a cumplir el servicio militar; junto con otros grupos sociales desfavorecidos, estaban excluidas del derecho al sufragio; y en el siglo XIX la proporción de hombres y mujeres no casados era aún mayor que la actual debido a la difusión del “matrimonio libre” entre los pobres. Como he argumentado, ni la nacionalidad independiente al reducir en un sentido mas amplio la elección irrestricta de la pertenencia, ni la igualdad jurídica formal songarantía, por cierto, de que haya igualdad de facto. Pero aquí lo relevante es que la nacionalidad dependiente de la mujer contradecía las pretensiones universalistas de un modo adicional, que no sólo exige ser destacado sino que requiere una explicación.
* En inglés “fatherlands”, literalmente “tierras del padre”. [N. del T.]
20 La reproducción social ha sido analizada desde una variedad de perspectivas. Se ha dirigido la atención, principalmente, a la jerarquía de género que estructura las relaciones familiares en conexión con la economía y el sistema político. La mayoría de los estudios al respecto examinan la exclusión específica de la mujer en las leyes laborales y el derecho de familia en el Estado del Bienestar. Si bien el concepto de ciudadanía ha sido sometido al escrutinio feminista, en muy pocas ocasiones se ha estudiado la regulación y codificación de la “reproducción na-cional”. Sobre la nacionalidad de las mujeres puede consultarse Bhabha, Klug y Shutter, 1985; Shapiro, 1984; Yuval Davis, 1980; Cohen, 1985; MacKinnon, 1982. Sobre las fuentes históricas, ver Nickel, 1915; Endemann, 1934; Beck, 1933; Aubertin, 1939; Collard, 1895; Lournoy (h.), 1924; Crozier, 1934; Maguire, 1920; Delitz, 1954; Rauchberg, 1969.
21 En 1939, Aubertin argumentaba de una manera semejante: “Al estado, en especial al que atribuye importancia a la unidad racial y comunidad espiritual de su pueblo [völkische Gesinnungsgemeinschaft], le interesará evitar que extranjeras indeseables capaces de poner en peligro la seguridad política pasen a formar parte de él al casarse con un nacional del país, sin tener que someterse a la evaluación habitual en el caso de la naturalización”.
22 Ver Le Monde, 23 al 26 de setiembre de 1991; Die Zeit, 26 de setiembre de 1991.
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RESUMEN
Este artículo analiza los orígenes y el desarrollo de la regulación ideológico-jurídica de la nacionalidad como condicionante de la ciudadanía en el período formativo del estado nacional en Francia, Inglaterra y Alemania. Sugiere que para fines heurísticos hace falta distinguir entre las leyes de nacionalidad, los derechos de ciudadanía y las nociones subjetivas de identidad nacional. Este análisis revela una contradicción en la conceptualización moderna europea de la nacionalidad que es rara vez percibida. En la sociedad burguesa de clases compuesta en principio por sujetos autónomos, la nacionalidad es progresivamente “naturalizada” en la medida en que se la deriva de la descendencia, es decir de una condición de origen. Y ello tiene consecuencias de género.
SUMMARY
This article analize the origin and development of nationality as a precondition of citizenship during the formation of the nation-state in France, England and Germany. For heuristic purposes distinguish between nationality laws, citizenship rights and the subjective notion of national identity. Despite relevant juridical-historical differences between the three countries, this comparison reveals one political commonality, namely the progressive “naturalization” of nationality owing to the adoption of the principle of the “jus sanguinis” as bourgeois class society consolidates and which contradicts liberal individualism. And this has gendered consequences.