Ante la situación de las víctimas de trauma ocular y del “Programa Integral de Rehabilitación Ocular”
Es de conocimiento público que el trauma ocular ocasionado en cientos de víctimas por los disparos de balines, perdigones y demás proyectiles de parte de agentes policiales, es una de las aristas más graves en la crisis de violaciones a los derechos humanos que se desató con la revuelta social el 18 de octubre de 2019.
Las cifras hablan por sí solas. A marzo de 2020, de acuerdo con el último reporte disponible del INDH sobre el tema, existía el registro de 460 personas víctimas de trauma ocular1. De estas, un número importante tenía pérdida total o lesiones de carácter grave: con respecto a los pacientes atendidos en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador (UTO) en los meses de octubre y noviembre del 2019 (259 personas), más del 60 por ciento tenía visión muy reducida (20/200), ceguera unilateral, o había sido sometido a un procedimiento de evisceración o extracción del globo ocular.
La Unidad del Hospital de El Salvador reporta la atención de 337 personas a noviembre de 2020, de las cuales 114 (un 33,7%) tiene pronóstico de recuperación irreversible y negativo, es decir, ceguera legal del ojo traumatizado2. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la misma fecha, tenía 172 acciones judiciales en estos casos.
Ante esta extraordinariamente grave situación, y ante los sucesivos reportes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales (Informe del INDH, de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el Estado de Chile debió comprometerse a emprender acciones relativas a reparaciones y garantías de no repetición acerca de estas violaciones, dentro de las cuales se encuentra la implementación del “Programa de Rehabilitación Ocular” (PIRO) del Ministerio de Salud.
El Informe de Seguimiento de Recomendaciones del Informe Anual 2019 del INDH, publicado en febrero de 2021, concluía sobre este programa: “no constituye un programa de reparación integral desde los criterios establecidos por organismos especializados de derechos humanos, pues las prestaciones se centran en la rehabilitación física. Las atenciones de salud psicológica son limitadas y no considera apoyo social, económico o jurídico a las y los usuarios. La iniciativa no contó en su fase de diseño con la participación de las víctimas y sus organizaciones, además, el hecho de que se ubique en Santiago dificulta el acceso para quienes residen en otras regiones del país. El número de víctimas que ha accedido al programa es reducido, pues hasta el 30 de junio de 2020 se habían contactado a 105 personas para su ingreso al programa, correspondiente al 40% de las 263 personas que cumplen los requisitos de ingreso. Del mismo modo, el equipo médico constituido por ocho profesionales, resulta insuficiente, lo que indica la necesidad de fortalecer esta instancia y asignarle mayores recursos”.
Agravando tal situación, este jueves 1 de abril, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO) emitió un comunicado denunciando una serie de situaciones acerca del llamado “Programa Integral de Rehabilitación Ocular”, entre ellas, el despido injustificado de dos profesionales y una línea de acciones que apuntan al debilitamiento y hasta desmantelamiento de los equipos a cargo del programa, y la falta de destinación de los recursos acordados para el programa. En tal sentido, interpelan a un cambio de actitud de parte de la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Elena Sepúlveda, al Jefe de Oftalmología de la Unidad de Trauma Ocular, José Luis Sanhueza, y a las autoridades encargadas de mantener el diálogo con las víctimas de trauma ocular, “para trabajar en un óptimo desarrollo del programa con el presupuesto entregado para el 2021, para garantizar la reparación integral de las víctimas de las violaciones a los DDHH por parte de las fuerzas militarizadas del país”3.
Como apunta el documento del académico Claudio Nash presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado: “frente a las violaciones de DDHH ocurridas en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, el Estado estaba obligado a cesar las violaciones, reparar integralmente a las víctimas y tomar medidas que garantizaran su no repetición. Ello no ha ocurrido en Chile y la inacción del Estado de que da cuenta el informe está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado […] Cuando las violaciones de derechos humanos no cesan, las instituciones no funcionan, la represión no tiene consecuencias y normalizamos las violaciones de derechos humanos, no solo estamos comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, sino que además, se está poniendo en riesgo la democracia y contribuyendo a que esta se transforme en una mascarada y la realidad que se imponga sea el autoritarismo4.
La impunidad y las señales institucionales de respaldo a la represión nos arriesga a la continuidad de estas violaciones a los derechos más elementales de las personas por parte de agentes del Estado, y evidencia la responsabilidad de las autoridades encargadas y del propio gobierno y el Estado de Chile. Para mencionar un caso reciente, el 19 de febrero pasado, carabineros le dispararon con estas “armas menos letales” a Francisca Mendoza, profesora que se manifestaba en la Plaza Dignidad sola y con un cartel relativo a la situación educacional (“¿Floja yo?”, respondiendo a dichos del Ministro Palacios). Se le provocó un trauma ocular severo y una triple fractura en su pómulo, interponiéndose querella criminal en contra del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y de todos aquellos quienes resulten criminalmente responsables, ya como autores, cómplices y encubridores5.
Desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, FOLADH, nos sumamos a las voces de apoyo a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, a la visibilización de la situación de precarización e insuficiencias del Programa Integral de Reparación Ocular, y a la denuncia de la impunidad, las negligencias, medidas y políticas que el Estado de Chile sigue cometiendo frente a la grave crisis de violaciones a los derechos humanos existente en el país desde octubre de 2019 hasta el presente.
Notas:
1Instituto Nacional de Derechos Humanos – INDH, Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos, abril de 2020; Hospital del Salvador, Respuesta a solicitud de información AO010T0000739, 16 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-INDH-19-de-marzo-de-2020.pdf
2Instituto Nacional de Derechos Humanos – INDH, Primer Informe de Seguimiento de Recomendaciones del INDH en su Informe Anual 2019, febrero de 2021, pág. 36. Disponible en: https://www.indh.cl/indh-presenta-primer-informe-de-seguimiento-a-las-recomendaciones-indh-tras-crisis-social-de-2019/primer-informe-de-seguimiento-de-recomendaciones/
3Comunicado del 1 de abril de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Disponible en: https://www.facebook.com/victimastraumaocular/posts/305314837605177
4Claudio Nash, “Informe de seguimiento del INDH. La responsabilidad del Estado”. Disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=10889&tipodoc=docto_comision
5CODEPU, Profesora presenta querella por trauma ocular. 2 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.codepu.cl/profesora-presenta-querella-por-trauma-ocular/