19 A Mariña lucense marcada por la contradicción permanente de sus opciones industriales
El pasado 17 de noviembre de 2021 toda la comarca de A Mariña (recogiendo las tres Mariñas: Oriental, Central y Occidental) participaba, casi sin fisuras, en una huelga general en defensa de la industria en el norte de Lugo. Una industria simbolizada especialmente en Alcoa, con algo más de 1.050 puestos de trabajo directo y otros mil indirectos dentro de la propia factoría; a los que hay que añadir las estimaciones de otros puestos indirectos externos (entre 2.000 y 5.000 según los criterios que unos u otros utilicen para contabilizar estos puestos), que ha pasado por muy diversos avatares desde su inauguración en octubre de 1980.
En esos inicios la polémica entre campo e industria fue casi encarnizada, mientras se expropiaban o adquirían, las más de 3.000 fincas que componían las 500 hectáreas que ocupan las dos plantas que contiene el complejo que comenzó llamándose Alúmina Aluminio. Dos plantas en una: la de producción y tratamiento del aluminio, y la de producción de alúmina, principio básico para la fabricación de aluminio primario. Ahora, aquella industria rechazada, se convierte en bandera de lucha de toda una comarca de 71.000 habitantes.
Cuando se inaugura la doble planta, denominada Alúmina Aluminio, ENDASA (Empresa Nacional de Aluminio) tiene el 55% del capital y de la inversión -alrededor de 100.000 millones de pesetas de la época: hace 40 años). Y en el nuevo complejo industrial participa Aluminio de Galicia y el grupo francés Pechiney: éste, a su vez, accionista en Aluminio de Galicia. La tecnología que se utiliza es la del Grupo estadounidense Alcoa y el canadiense Alcán. Con esta iniciativa, España se coloca entre los cuatro principales productores de aluminio de Europa, con una capacidad de exportación de 100.000 toneladas anuales.
En poco más de dos años, la nueva empresa comenzó a sufrir las oscilaciones de un sector que lleva décadas enfrascado en una deriva internacional de reajustes y de pugna de intereses. Una bajada de los precios internacionales del aluminio en la bolsa de Londres colocó a la nueva empresa en una situación de suspensión de pagos, en medio de unas discrepancias entre los socios por los precios de la alúmina. Para salvar la situación interviene el INI (Instituto Nacional de Industria), que opta en una negociación de todo el sector español del aluminio, por fusionarlo en la empresa INESPAL, con participación mayoritaria del INI.
El mercado internacional del aluminio continuó sus endémicas fluctuaciones, sobre las que INESPAL navegó con cierta pericia. Lo demuestra el hecho de que en los dos años anteriores a su venta en 1998 había dado beneficios, a pesar de haber afrontado importantes inversiones en la modernización de sus 13 factorías en toda España. Y existe un informe del Tribunal de Cuentas de 2006 donde se viene a decir que la venta de INESPAL a Alcoa produjo unas pérdidas contables para el tesoro público de 456 millones de euros. Porque Alcoa pagó 410 millones de dólares, pero de ellos descontó 200 millones por las inversiones realizadas y aún no pagadas, otros 100 millones por diversos conceptos, aparte de un acuerdo leonino de establecer un precio fijo por kilovatio durante 15 años, de forma que, si el precio de la energía subía, la diferencia la pagaba la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). En 1998, cuando se produce tan extraña venta, el presidente de Gobierno se llamaba José María Aznar, el vicepresidente económico se llamaba Rodrigo Rato, y el ministro de Industria se llamaba Josep Piqué. Una cosa es vender una joya de la corona (que nunca es un buen negocio), y otra es liquidarla con pérdidas.
Y justo cuando terminaron esos 15 años de energía subvencionada es cuando Alcoa comenzó a presentar problemas y a plantearse la venta de ese gigante del aluminio. Por cierto, Alcoa adquirió -por los datos que hemos visto- baratos trece centros en toda España, y ahora prácticamente queda en la lucha por la subsistencia uno: el de San Cibrao. La famosa "lógica del mercado" cuando se le deja campar por sus respetos.
La Mancomunidad de los 15 municipios de A Mariña mantiene, codo a codo con los trabajadores directos e indirectos, una continua lucha por encontrar una solución que procure ir más allá de una venta (posiblemente una mala venta) condicionada por las oscilaciones de un mercado en el que no solamente juega un papel la lógica de la oferta y la demanda, sino que también influyen los intereses del mercado financiero internacional y el planteamiento que se le dé a los planes sobre la energía: porque estamos hablando de una industria de las llamadas electro-intensivas.
Y dentro de ese esfuerzo por mantener encendida la llama del futuro de la comarca, los alcaldes de los 15 municipios -sean del color que sean- tratan de presionar a las Administraciones superiores (Gobierno de la Nación y Xunta de Galicia) para que aúnen fuerzas y arriesguen por el futuro con soluciones que no sólo incluyan el aluminio, sino la energía y la diversificación tecnológica e industrial. Porque saben que está en juego el futuro de unos puestos de trabajo -directos e indirectos- que suponen estadísticamente un porcentaje significativo sobre el total de la población de la comarca: casi un 5%.
En uno de nuestros artículos sobre A Ribeira Sacra señalábamos que seis municipios de A Mariña se mantenían entre los 13 municipios de renta media más alta de toda la provincia de Lugo: el número uno es el de Cervo, casualmente el municipio donde está enclavado el complejo de alúmina aluminio de Alcoa. Una empresa que -según señalan los alcaldes de Foz, Fran Cajoto, y de Cervo, Alfonso Villares- desarrolla el 30% del producto interior bruto de toda la provincia de Lugo.
Según mantiene la empresa, los índices de rentabilidad de Alcoa, al margen del coste de la energía, son competitivos. Y es precisamente el coste de la energía -que ha supuesto en los últimos tres años el 40% del total de costes, y que en 2021 ha llegado a alcanzar el 60%- el que la convierte en inviable. Esa situación llevó al Gobierno a decretar en diciembre de 2020 el Estatuto de industrias electro-intensivas, en el que se definían unas ayudas de hasta un 85% de los costes de energía sobre la energía renovable consumida, y compensaciones por las cantidades de CO2 liberadas a la atmósfera. Sin embargo, estas ayudas no han paliado los elevados costes del sistema eléctrico español, que hacen que la factura eléctrica de Alcoa (por encima de los 400 millones de euros/año) supere en un 50% y en un 140% respectivamente la de sus competidores alemanes y franceses.
En ese proceso Alcoa ha pretendido hacer un ERE en su planta de aluminio, prácticamente por la totalidad de la plantilla, con el cierre de las cubas de electrolisis. Ambas iniciativas fueron anuladas judicialmente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y el ERE, recientemente rechazado por el Tribunal Supremo.
La salida que le queda a Alcoa es vender. Pero la opción que tiene la planta -esté en manos de quien esté- pasa necesariamente por resolver el problema de la energía. Algo que las Administraciones superiores tendrán que afrontar más pronto que tarde, especialmente en una comarca donde existe viento, tanto en tierra como en el mar. Si es que no se quiere hundir una comarca, y dejar que se mutile una opción industrial, en un momento en el que se ha constatado cómo Europa tuvo, ya desde los años 80, una deriva de desindustrialización que en momentos de crisis -como la del covid- pone de manifiesto una flaqueza estructural de primer orden.
Por otra parte, el del sistema eléctrico es un problema que nuestro país ha de abordar sin dilación posible, y no sólo por el problema de la descarbonización -que también- sino para generar una estructura productiva y de mercado que haga asequible, y hasta justo, algo tan básico y estratégico como la energía, que precisamente este año se ha visto enredado en determinados intríngulis del sistema de las subastas, que han llevado hasta la barbaridad de que determinadas generadoras de energía hayan vaciado pantanos para vender al precio máximo energía hidráulica producida con un mínimo de costes.
En la misma huelga general del 17 de noviembre, los trabajadores de Vestas, de Viveiro, exhibían en sus pancartas un lema significativo: “A Mariña non morre, mátana”, junto a la reivindicación de “Vestas solución”. La multinacional danesa de aerogeneradores, en medio de una temporada de bonanza, tiene el empeño de cerrar la planta de Viveiro, y dejarla simbólicamente dedicada a un centro de formación.
Es otra de las papeletas -aunque sea de menor envergadura que la de Alcoa- que tiene ante sí la Comarca de A Mariña Lucense. Y que, de alguna manera, tiene ante sí el país entero, en la época de los fondos estructurales que -curiosamente- apuestan por la industrialización, por la tecnología y por la descarbonización y las energías renovables.
Con todos los respetos a quienes haga falta, algo no está funcionando en esta contradicción entre la teoría y la práctica. Y se hace cada vez más imprescindible que Gobierno de la Nación y Xunta de Galicia se pongan a remar al unísono para poner en práctica las soluciones que necesita la Mariña, y para, trozo a trozo, componer toda esa política de reconstrucción que se está afirmando que hay que practicar. Reconstrucción que se insiste en que pasa por industrialización, energías limpias, tecnología, digitalización y cohesión social.
Precisamente en este caso estamos hablando de una comarca, la de A Mariña, que podría considerarse la más cohesionada de la provincia de Lugo, tanto a nivel de población y de equilibrio poblacional como de renta, a la vez que equilibrada por compaginar de forma adecuada diversas actividades como son la industrial, la forestal, incluso la ganadera, y la de la pesca. El problema es que casi en todas ellas encontramos obstáculos en el camino que las instituciones locales de la comarca no pueden resolver por sí mismas, y que necesitan una acción coordinada de gobierno de las instituciones superiores, en un arco que va desde la Xunta de Galicia al Gobierno de la Nación e incluso a la propia Unión Europea.
Población y Renta media por cápita de A Mariña
Aunque ha perdido población desde principios de este siglo, estamos hablando de un 5,74%, del que -y esto sí que supone un dato a considerar- el 92% de ese porcentaje (5,3%) lo pierde en los diez últimos años. Y tenemos cuatro municipios, como Burela, Ribadeo, Foz y Viveiro, que han ganado población. Estamos hablando de población de derecho. La de hecho, y teniendo en cuenta el número de tarjetas sanitarias (según nos comenta Alfredo Llano, alcalde de Burela) ronda los 75.000 habitantes.
Lo mismo se puede decir de la distribución de la población por franjas de edad: la media de habitantes de menos de 18 años está algo por encima del 12%, mientras los mayores de 65 años no llegan al 27%. Y todo ello, teniendo en cuenta que el comportamiento y las condiciones de algunos de los quince municipios que componen la comarca señalan una tendencia más cercana a los de la Galicia interior que hemos analizado al hablar de otras comarcas.
A Mariña Población por franja de edades
Con estas consideraciones queremos hacer hincapié en que aún se está a tiempo de tomar medidas y poner en marcha iniciativas que no sólo contengan la comarca, dentro de unos parámetros en los que con su esfuerzo pueda desarrollarse, sino que además aprovechen la ocasión para desarrollar las muchas potencialidades que -como veremos- tiene. Pero para ello hay que pensar en infraestructuras, en innovación, en pelear fuertemente en Europa por cuotas pesqueras, y en apoyar la creación de iniciativas que permitan incrementar las opciones de generar valor añadido a los productos de la comarca.
Sería un ejemplo de buena gobernanza el que los poderes públicos asumieran la problemática, casi paradigmática, de una Comarca como la de A Mariña, para afrontar las diferentes facetas que presenta y buscar soluciones valientes, capaces de marcar la pauta de cómo resolver problemas que, a pesar de haber llegado a ser críticos, son solubles; y de establecer un modelo exportable a muchos otros territorios, en relación con el abordaje de la situación económica, social, tecnológica, y hasta del afrontamiento de los problemas de ordenación del territorio y de la estructuración logística.
Como no se va a encontrar una solución válida, y -por el contrario- se van a abrir muchas heridas sociales y un gran desgarro territorial e institucional, es si los distintos gobernantes afectados en este caso abandonan la búsqueda de soluciones para dejarla en manos de las dos empresas afectadas que simbolizan el problema -que no es sólo industrial- creado: Alcoa y Vestas. Porque con esa actitud estarán incumpliendo la parte más importante del articulo 38 de la Constitución Española, que, si bien reconoce el derecho a la libre empresa y de la economía de mercado, advierte claramente que ha de hacerse “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
Y si algo queda claro, en la situación crítica que atraviesa A Mariña, y que dependiendo de cómo se aborde puede quedar arrasada la comarca, o puede relanzarse con un gran impuso, es que -se haga lo que se haga- es preciso hacerlo bajo los imperativos de la economía general (del bien de la comunidad), y estableciendo una más que obligada planificación.
Modestamente no sabría decir si esto pasa por una intervención directa de la SEPI (que por cierto ha intervenido en plan capital-riesgo en otros casos mucho menos claros que el de A Mariña: 475 millones de euros en apoyo a Air Europa, por ejemplo), pero lo que sí me atrevo es a afirmar que se han perdido muchos meses en tiras y aflojas, sin abordar un tema clave en esta crisis, como es el de la energía. No se trata de improvisar, pero si todo este tiempo de dimes y diretes se hubiera empleado en afrontar un plan energético, posiblemente ya estaríamos viendo la luz al final del túnel.
Porque, como decíamos anteriormente, el problema de Alcoa no es industrial, sino energético. En eso coinciden los diferentes alcaldes con los que hablamos. Y todos van a buscar la solución a cómo se afronte ese problema.
Así, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, reivindica que se tenga en cuenta lo planteado en la propuesta de Estatuto de Industrias electro-intensivas que planteó el comité de empresa, y al que mostraron su apoyo las Comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria.
El alcalde de Foz, Fran Cajoto, despeja el problema sobre la base de que la discusión para buscar soluciones se centre en hacer números concretos, y centrados en la energía. ¿Cuánta energía hace falta, y cómo se puede promover? No hace falta que la SEPI de subvenciones, sino que piense de modo estratégico, invirtiendo lo que serían meras subvenciones en los parques eólicos que puedan proporcionar la energía necesaria a un precio que -siendo rentable- no esté sometido a la ilógica lógica del mercado: preservando una rentabilidad suficiente, se puede fijar un precio que no esté sometido a las fluctuaciones especulativas. Incluso cita dos solicitudes de concesiones eólicas planteadas en la zona y que tiene que resolver (por su volumen) el Gobierno. Ambos con una potencia instalada de entre 85 y 100 megavatios: el proyecto Borrasca, en Foz, y el Fonte Barreiros, en Barreiros. ¿Tan difícil es aprobar ambas concesiones con la condición de suministrar energía a Alcoa a un precio que, siendo rentable no sea especulativo? Es cuestión de discutir menos de culpabilidades y competencias y de afinar el estudio de los números.
El alcalde de Burela -aunque es partidario de fomentar las medianas empresas, apoyando la participación del capital local- también propone que el problema de Alcoa no se plantee como un asunto de mera subsistencia, y que al buscar soluciones se añada el porporcionar un mayor aprovechamiento del valor añadido: no sólo fabricando aluminio básico, sino planteándose la instalación de trenes de laminado.
Y no hay que olvidar que, en este caso, no se está hablando solamente de puestos de trabajo: se está afrontando un problema de mucha envergadura como es el de la articulación de todo un territorio, y el de mantener y desarrollar el asentamiento de una población en una comarca rica en recursos y en capacidad de iniciativa. Y en esto hay que ser muy consecuente con los principios generales que se están defendiendo frente al vaciamiento de territorios, sobre la sostenibilidad (empecemos por la población), y sobre las energías renovables.
La reciente frase, pronunciada por la ministra de Industria: “la solución es que Alcoa venda”, aparte de no ser nada afortunada, revela una indiferencia precisamente sobre estos principios y problemas concretos, y sobre el mandato del artículo 38 de la Constitución, y merece una rectificación práctica, y remangarse para poner manos a la obra de una solución concreta que muchos estamos convencidos de que es posible y [email protected]