La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede ser "flexible", pero no tener tantas tragaderas como parecen pretender ¡la Ciudad Autónoma y la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal! (SEPE). Tras advertirles "de palabra", el órgano de control laboral del Ministerio de Empleo ha emitido un ultimátum a ambas "Administraciones responsables" en forma de un voluminoso informe "de requerimiento y recomendación" para que acaben con "ciertas situaciones" detectadas en el ámbito de la colaboración social "para evitar un fraude en la contratación o un incumplimiento en fraude de Ley de la normativa de acceso a la función pública".
Básicamente, lo que la Inspección ha detectado que ocurre con los 153 trabajadores con los que cuenta la Administración local, según dijo la consejera de Presidencia, Yolanda Bel, el pasado mes de octubre en el Pleno, son sorprendentes cambalaches para, según la jurisprudencia existente, conseguir "mano de obra barata a costa del daño plural que ocasiona al trabajador, a otros desempleados, a la Seguridad Social y a la ciudadanía".
"Se entiende que el uso de trabajos de colaboración social por parte de la Ciudad es una posibilidad legal que tiene sus beneficios tanto para la función pública como para el desempleado que no pierde contacto con el mundo laboral", asume el dictamen, "pero hay que evitar concatenaciones de contratos laborales y trabajos de colaboración social en el mismo puesto de trabajo estructural y coberturas excesivas en el tiempo del mismo puesto de trabajo estructural por la misma persona, convirtiendo ésta en un cuasi-funcionario que no es ni funcionario ni personal laboral".
Más allá, la Inspección alerta de que "pueden existir situaciones de fraude a la contratación laboral temporal" y, aunque evita "entrar en actuaciones concretas de tipo sancionador", da "un periodo de reflexión a las Administraciones competentes, la Dirección Provincial del SEPE y la Ciudad Autónoma, para articular un sistema más adecuado". A su juicio, "la Comisión Provincial Ejecutiva del SEPE" es "el foro administrativo más adecuado para llegar a una solución sobre este tema".
El asunto tiene enjundia, ya que las posibles irregularidades detectadas oscilan entre no inaceptable y lo descabellado. En el primer apartado entraría la cobertura "permanente" de puestos estructurales vacantes "con trabajadores de colaboración social" y, a veces, con el mismo. "Ajustándose a la norma estrictamente es posible aceptar una colaboración de años de perceptores de subsidios mayores de 52 años, pero que uno trabaje en el mismo puesto estructural de la Administración local durante años junto a funcionarios locales haciendo las mismas funciones sin ser ni funcionario ni laboral parece excesivo", advierte la Inspección.
En el segundo, la "concatenación" de contratos laborales temporales "en un puesto de trabajo" para luego, cuando estos finalizan, "tener en colaboración social al mismo trabajador en el mismo puesto de trabajo". "Esto es peor todavía porque sí puede llevar a un fraude de Ley en la contratación laboral de origen que da lugar al desempleo y subsidio posterior, ya que aceptar esta práctica es reconocer que dichos contratos no son en sí temporales sino estructurales y, por tanto, deberían cubrirse con personal fijo o funcionarial", alerta.
"En estos casos", concluye el escrito, "no preocupa tanto la prestación en colaboración social sino el contrato temporal causal de cuya extinción deriva la situación legal de desempleo de la cual se ejecuta la colaboración social".
Una vía para el 'enchufismo'
La coalición Caballas denunció el pasado verano que la colaboración social ha sido una de las últimas vías encontradas por el Ejecutivo de Vivas para 'enchufar' a acólitos. Los localistas lamentaron en agosto que su "última tropelía" fue la presentación de memorias nominativas para programas de colaboración social "en las que, "contraviniendo la norma, se incluían los nombres de las personas beneficiarias".
Los localistas ya alertaron entonces de que la utilización de esta vía "para sustituir puestos de trabajo ordinarios es, en sí mismo, una práctica fraudulenta". "Lo que sucede es que, además, el hecho de no ser una contratación laboral, lo que la exime de una regulación específica para la selección del personal, otorga un mayor margen de maniobra al Gobierno para cumplir sus compromisos con los amigos”, criticó Caballas.