El pasado 28 de junio, en la llamada “Mesa de Diálogo Social”, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, las empresariales CEOE y CEPYME, y el Ministerio de Seguridad Social, han alcanzado un principio de acuerdo respecto a la reforma del Sistema Público de Pensiones. Hacemos una valoración de las cuestiones más relevantes:
- En primer lugar, queremos dejar constancia de nuestro rechazo a la marginación que se ha sometido al movimiento de pensionistas de todo el Estado, que reclama interlocución directa en la elaboración de los Planes que vayan a afectar a las Pensiones Públicas, por ser parte directamente interesada en el asunto. Por lo tanto, manifestamos que los llamados “agentes sociales” carecen de la legitimidad para negociar y acordar, con carácter general, lo que a todas luces supone un nuevo paquete de recortes y otros proyectos de privatización de las pensiones públicas. El acuerdo firmado introduce nuevas medidas de recorte de las pensiones, que se aplicarán de manera gradual como estrategia para acallar y dividir la oposición del movimiento pensionista.
- Respecto al contenido del acuerdo todo parece indicar que por fin se deroga la Reforma de las pensiones del año 2013, incluyendo el “famoso” 0,25%, estableciéndose ahora una nueva fórmula de revalorización de las pensiones ligada al IPC. Pero esto no es un mérito de los firmantes, como lo presentan, sino que es fruto de la movilización del movimiento pensionista. También han firmado que negociaran la sustitución del Factor de Sostenibilidad, es decir, la herramienta creada por el Ejecutivo de Rajoy que vinculaba las pensiones con la esperanza de vida por otro mecanismo similar al que ahora llaman factor de equidad intergeneracional. Este nuevo mecanismo operara a partir de 2027 aunque la formula se empieza a negociar ya, de manera que pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021, y al que también nos opondremos cuando pretendan concretarlo. Al respecto, el ministro Escrivá deslizó el día 1 de julio “que la generación baby boom, la más numerosa y la que descuadra el sistema de pensiones, que conforman 9 millones de trabajadores deberá asumir algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un período concreto de tiempo” Planteando que podrán “elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más”. Ante el revuelo que levantó estas declaraciones al día siguiente se desdijo argumentando “que se trata de lago aún por definir”.
Se trata de dos reivindicaciones fundamentales que venimos reclamando desde el movimiento de pensionistas durante más de tres años, y nos congratulamos de que por fin se nos haya hecho caso. Ha merecido la pena nuestro esfuerzo.
- Es importante, y positivo, la inclusión del compromiso del Estado como garante del Sistema Público de Pensiones tal como veníamos demandando, por lo que a partir de este acuerdo se incluirá en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula para transferir todos los años una cuantía del entorno al 2% del PIB, unos 21.000 millones a través de los Presupuestos Generales del Estado para sostener las Pensiones Públicas. Es una buena noticia, ya que así se podrán garantizar.
Debe quedar claro que esa transferencia de recursos no es una dádiva, ni debe figurar como préstamo, sino una compensación por los llamados “gastos impropios”, que no deben ser cargados a las cuentas de la Seguridad Social. Además, esa transferencia no debe ocultar lo ya recogido en el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social que obliga a transferencias (no préstamos) a la SS siempre que sus ingresos no sean suficientes.
Ahora bien, no se debe «desnudar a un santo para vestir a otro», y esos recursos no pueden ir a cargo del bienestar social, (sanidad, enseñanza, dependencia, etc.), sino que deben salir de nuevos impuestos a los sectores sociales privilegiados.
Desaprovechan la oportunidad de exigir una auditoria sobre los gastos impropios cargados indebidamente a las cuentas de las Pensiones, y por supuesto su restitución, así como la depuración de responsabilidades, como venimos recordando desde el movimiento de pensionistas. Recordar que hay fuentes que evalúan en más de 500 mil millones de euros el dinero de las Pensiones que se “desviaron” a otros menesteres.
- El acuerdo que valoramos ha dejado pendientes de concretar temas importantes como la equiparación del derecho de viudedad de las parejas de hecho a los matrimonios civiles, la regulación de las cotizaciones de los becarios, las medidas para eliminar la brecha de género de las pensiones, la cotización de los autónomos. Así mismo permanece sin derogar la reforma de las pensiones del año 2011, que desde el movimiento pensionista reclamamos con insistencia. Es inconcebible que se consagre y aumente el retraso en la edad de jubilación, con la mitad de la juventud en paro y la otra mitad absolutamente precarizada.
- Consideramos muy negativo que el acuerdo penalice la jubilación anticipada a personas con más de 40 años de cotización de hasta un 21% e incentive con un ingreso a quienes retrasen su jubilación por cada año que lo hagan, medida especialmente discriminatoria para las personas con trabajos más penosos. También es negativo que se anuncie la elaboración de una nueva fórmula para rebajar las pensiones futuras llamada factor de equidad intergeneracional, cuando la mejor equidad está garantizada derogando las reformas laborales de 2010 y 2012 para asegurar salarios y cotizaciones dignas.
- Se siguen manteniendo discriminaciones como: 1) las clases pasivas del Estado con jubilación anticipada con 60 años de edad, con 35 cotizados, sin coeficiente reductor alguno. 2) Existen ocho regímenes especiales de la Seguridad Social con tratamiento preferencial en jubilación anticipada. 3) Diputados y Senadores anteriores a 2011 y ministros con tratamiento diferencial y preferente en jubilación anticipada. Mantienen sus prebendas como no podía ser menos.
- Lamentamos la falta de acuerdo para el incremento de las miserables pensiones mínimas contributivas y no contributivas actuales, que están muy lejos aún de las recomendaciones de la Carta Social Europea (60% del salario medio), que los pensionistas venimos y seguiremos reclamando. Lo mismo ocurre con la brecha de género cuyas medidas siguen ausentes, y con la Ley de reforma del 2011 que sigue alargando la vida laboral y recortando las pensiones, cuando precisamos empleo para jóvenes y las mujeres que desean un puesto de trabajo.
- La lucha pensionista ha conseguido obligarles a aplazar los elementos esenciales de la Reforma de las Pensiones que pretende Escrivá, dificultando así la privatización deseada por los Fondos de Inversión financiera. Este es el verdadero valor de la lucha por unas Pensiones Públicas. Escrivá sigue empeñado en crear fondos de pensiones de promoción pública a través de la negociación colectiva, los famosos PPEs y en ampliar el computo para el cálculo de la pensión de los 25 a los 35 años. Todos estos nuevos recortes quedan pendientes para una segunda entrega en noviembre y una tercera para principios de 2022, negociadas con igual secretismos con los mismos de ahora dejando al descubierto la traición de CCOO y UGT que ni siquiera se sienten con la obligación de consultar a sus bases.
Insistimos, los tozudos hechos obligan a invertir en Pensiones Públicas esta vez el 2% del PIB y mañana con algo más; es posible, y es falso que las pensiones no sean sostenibles. No tiene sentido seguir
con los recortes, ni con negociaciones al margen de las organizaciones de pensionistas. Marginar este movimiento, no dialogar con sus Plataformas, es una torpeza, y el Gobierno, antes o después, tendrá que entenderlo. Esta es una batalla que afecta a toda la sociedad, y a la que no renunciamos.
¡¡Los pensionistas vamos a seguir movilizándonos en defensa del sistema público de pensiones!!!!
MADPP – FOAM