Los obispos "han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado", informó este 9 de noviembre la CEA en un comunicado.
El episcopado constituirá una comisión para crear "un fondo solidario" con el que sustituir los ingresos, según informó al cierre de la 116 Asamblea Plenaria que se celebró durante esta semana.
Las contribuciones del Estado argentino permitían sostener hasta ahora las asignaciones a los obispados, becas para seminaristas y parroquias de frontera, según los obispos.
La Iglesia Católica se comprometió a buscar "alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeas comunidades cristianas que ponían lo suyo en común".
La Constitución argentina contempla en su segundo artículo que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano".
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El jefe de gabinete, Marcos Peña, informó en marzo que el presupuesto asignado a la Iglesia Católica ascendió este año a 130,4 millones de pesos (3,6 millones de dólares).
Además de los subsidios que recibe, la Iglesia Católica se beneficia de diversas exenciones impositivas, como es en el caso del Impuesto a las Ganancias (a la renta) o del IVA (impuesto de valor agregado).