Una frase “desafortunada” del expresidente Mauricio Macri despertó un debate vigente sobre el alcance de los planes sociales y su relación con las necesidades populares. En medio de una crisis económica y social con millones de pobres e indigentes, y en las puertas de un acuerdo ruinoso con el FMI, los planes sociales han crecido al calor de la lucha por el trabajo genuino y la incapacidad de los gobiernos capitalistas de ofrecer una salida de fondo para los y las trabajadoras.
En una entrevista con el derechista “Baby” Etchecopar, Mauricio Macri señaló que “hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”. Lo hizo para diferenciarse del cierre de las escuelas durante la pandemia, lo cual ante un nuevo rebrote del virus parecería ser una afirmación doblemente temeraria.
El tono descalificador y peyorativo de la afirmación de Macri, haciendo mención al “peor planero”, trata de encubrir la responsabilidad propia, y de los sucesivos gobiernos capitalistas –incluido el actual-, en cuanto a la persistencia de planes sociales precarios y mal pagos para “paliar” las consecuencias de las políticas de ajuste aplicadas, que redundan en un crecimiento de la desocupación, el hambre y la miseria social.
Si contabilizamos solamente las versiones más extendidas de los planes sociales, en sus distintas denominaciones y modalidades a lo largo del tiempo (Argentina Trabaja, Hacemos Futuro, SSC, Potenciar Trabajo, etc.), al inicio del mandato de Mauricio Macri había alrededor de 200.000 programas, los cuales a su término se extendieron hasta 500.000. El telón de fondo de esta política fue el crecimiento de la pobreza, que superó el umbral de los 16 millones de pobres.
Alberto Fernández continuaría con este legado, más que duplicando los planes sociales otorgados bajo el macrismo, superando el umbral de 1 millón de programas, principalmente del Potenciar Trabajo, y llegando a picos de 19 millones de pobres y más de 18 millones en la actualidad.
El crecimiento de los planes sociales durante ambos mandatos se explica por la orientación política y económica asumida por ambos gobiernos, vinculada a las demandas del capital financiero y las exigencias del FMI, con una fuerte incidencia de la inflación, ataque al poder adquisitivo de los salarios, complicidad con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y la puja por una agenda patronal que demanda mayor precarización laboral y explotación. Además, trae implícito la licuación de los escasos ingresos populares, que no llegan ni a cubrir la mitad de una canasta alimentaria de indigencia.
Una clara señal de esto es la propia conversión de la lógica de los planes sociales, desde una especie de subsidio al estudio (Hacemos Futuro), a la combinación con programas con contraprestación laboral (Salario Social Complementario), hasta la actual panacea de las organizaciones sociales oficialistas que reivindican la precarización de la pobreza por medio del eufemismo de la Economía Popular, consagrada en la mayoría de los Potenciar Trabajo, de los cuales abusan las municipalidades y dependencias estatales, como mucho antes lo hacían con el Argentina Trabaja.
Quienes impiden que los hijos y beneficiarios de los programas sociales tengan una mejor vida son los mismos que destruyen las condiciones económicas, sociales, educativas y laborales de los trabajadores y sus familias: es decir los gobiernos ajustadores.
Estos gobiernos son conscientes de que aplicar el programa económico que reclaman el FMI y las patronales trae aparejado consecuencias sociales y luchas ineludibles. La ampliación de la cantidad de programas sociales, entre otras de las 141 asignaciones sociales que actualmente tiene el Estado, es parte de la política de contención de estos gobiernos, que se ven obligados a desarrollar ante el crecimiento de la organización independiente y combativa de los y las desocupadas.
Cuando Grabois afirma que una agenda del FMI debe ser “compensada” con una agenda popular no hace más que esconder la responsabilidad de este gobierno, y los anteriores, en la perpetuación de la pobreza, debido a que son esas políticas las que liquidan el empleo formal, los salarios y los recursos destinados a la población trabajadora.
El movimiento piquetero viene denunciando esto todos los días, y bajo ambos gobiernos responsables del hambre, reclamando por la creación de trabajo genuino por medio de la construcción de viviendas y un plan de obras públicas nacional, financiado con un impuesto a las grandes fortunas y por medio del no pago de la usuraria y fraudulenta deuda externa, tal cual lo presentó la Unidad Piquetera ante la asunción del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
La única salida a los “planes” de ajuste del gobierno y la oposición patronal es la organización independiente de los trabajadores hacia una alternativa política propia, de independencia de clase.