Al interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial, promover medidas legales restrictivas, lanzar campañas de desprestigio contra los críticos y enjuiciar a periodistas por difamación, la administración de Rafael Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada. Un informe especial del CPJ por Carlos Lauría
No pasó mucho tiempo antes de que Correa, un mandatario que con regularidad describe a los periodistas como “ignorantes” y “mentirosos”, concentrara su atención en Hinostroza. Al día siguiente, la administración ordenó a Teleamazonas a interrumpir el programa de Hinostroza durante diez minutos para emitir una cadena, en la cual el gobierno emitió una respuesta dura y personalizada cuestionando la ética laboral de la conductora. El sábado, durante su habitual enlace ciudadano, Correa hizo referencia a la capacidad de Hinostroza, burlándose de la conductora, a quien describió como “la coloradita”, y señalando que no había que prestarle atención. Teleamazonas,
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Correa, un economista de izquierda de 48 años de edad, es intolerante ante las críticas en los medios y en menos de cinco años ha transformado a Ecuador en uno de los países más restrictivos para la prensa en el hemisferio. Con la promesa de conducir una “revolución ciudadana” que fomentaría el crecimiento a partir de los recursos naturales del país, Correa asumió en enero de 2007 con un apoyo importante de los medios tradicionales. Pero pronto, al declarar que lucharía contra lo que él ha descrito como la elite corrupta de Ecuador, Correa adoptó una actitud de confrontación agresiva contra la prensa que está amenazando el derecho internacionalmente reconocido de todos los ciudadanos a la libertad de expresión.
Como en el caso de Hinostroza, la administración de Correa ha obligado en reiteradas ocasiones a emisoras de radio y televisión a interrumpir su programación para poner al aire largas réplicas oficiales que refutan comentarios críticos, suplantando así puntos de vista independientes con la posición del gobierno. En cientos de otras oportunidades, el gobierno ha interrumpido la programación en radio y televisión para emitir cadenas presidenciales que, si bien tradicionalmente se han utilizado para transmitir información en tiempos de crisis, durante la gestión de Correa se han transformado en un foro de confrontación política. Este reemplazo impuesto oficialmente es parte de un registro alarmante de censura y acoso contra la prensa que incluye el uso de leyes de difamación para silenciar a los críticos, campañas de desprestigio para desacreditarlos, y medidas aprobadas en una consulta popular con el objetivo de regular el contenido de los medios y su propiedad, según un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el gobierno ha erigido uno de los más ambiciosos aparatos de medios estatales en la región, un conglomerado de unas 15 emisoras de radio y televisión y medios impresos, que sirven principalmente como un megáfono presidencial.
Altos funcionarios de su administración no han respondido a los pedidos del CPJ de reunirse con sus representantes durante una misión de investigación en abril, y tampoco han contestado solicitudes posteriores para efectuar comentarios.
Juicios de difamación como herramientas de represalia
Activistas locales en defensa de la libertad de prensa están seriamente preocupados. “La prensa tiene dificultades para cumplir con su tarea informativa sin interferencia gubernamental. El acoso oficial contra periodistas críticos ha aumentado en forma sustancial”, afirmó César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, conocida como Fundamedios, que ha documentado más de 380 violaciones contra la libertad de prensa desde enero de 2008 hasta julio de 2011. De 22 casos documentados en 2008, los abusos escalaron a 151 en 2010 y están ocurriendo con una regularidad que excedería ese nivel en el corriente año, según el grupo.
Correa se ha mostrado proclive a iniciar demandas por difamación contra periodistas independientes. En marzo, enjuició por difamación penal a tres ejecutivos y a un editor del diario El Universo de Guayaquil en relación con una columna de opinión que se refería al presidente como “el dictador”. El autor, el editor de opinión Emilio Palacio, alegó que Correa había ordenado a las tropas a disparar a voluntad “sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente” durante una violenta rebelión de la policía en septiembre de 2010. (Contrariados por recortes en sus beneficios, policías rebeldes mantuvieron como rehén a Correa en un hospital durante 12 horas, lo que obligó al gobierno a enviar tropas al área. Las protestas de los policías, que dejaron un saldo de al menos tres muertos, decenas de heridos y el cierre de aeropuertos y autopistas, también marcaron un punto crítico en lo que hace a restricciones oficiales para la prensa. La Secretaría de Comunicación ordenó a los medios radiales y televisivos a suspender sus programas de noticias y a transmitir solamente la programación de las emisoras estatales durante seis horas en el pico de la crisis).
Poco antes de que comenzara el juicio contra El Universo, Palacio renunció al diario con la esperanza de que su decisión indujera a Correa a retirar su demanda. Cuando el juicio comenzó en julio, los directores del diario indicaron que El Universo publicaría una rectificación e invitaron a que el propio presidente la escribiera. Menos de 24 horas después de iniciar el juicio, un juez de Guayaquil dictó una sentencia que enviaría a cada uno de los cuatro acusados a la cárcel por tres años y además obligaría a ellos y a El Universo a pagar 40 millones de dólares en concepto de daños. Los cuatro apelaron la decisión. Lo mismo hizo Correa, que pretende 80 millones de dólares en daños, a pesar de haber afirmado que utilizará el dinero para apoyar al Parque Nacional Yasuni.
La investigación del CPJ muestra que otros funcionarios ecuatorianos han seguido los pasos del primer mandatario en el uso de las anticuadas disposiciones penales de difamación como represalia contra periodistas críticos. En Esmeraldas, el periodista de radio Walter Vite Benítez fue sentenciado en mayo a un año de prisión acusado por difamación penal en relación con sus comentarios críticos sobre la gestión de un alcalde local. (Una decisión judicial posterior anuló la condena y Vite fue liberado, si bien el fallo solo adujo que la acción penal había prescripto). En 2008, los reporteros Freddy Aponte Aponte y Milton Nelson Chacaguasay Flores fueron encarcelados por acusaciones de difamación penal vinculadas con sus críticas sobre funcionarios locales. En una región donde el encarcelamiento de periodistas no es común a excepción de Cuba, los recientes procesamientos penales por difamación han llamado la atención.
Las disposiciones de difamación penal en Ecuador contradicen el consenso emergente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la condena de prisión para los casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó las disposiciones sobre difamación contenidas en el código penal para información de interés público. Y, en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias. Existen precedentes regionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en octubre del 2000, expresa que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El presidente también ha utilizado las leyes civiles como herramienta contra el disenso, y ha solicitado 10 millones de dólares en concepto de daños a través de un juicio por difamación contra dos periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, que describe un sonado caso de corrupción oficial. La investigación, publicada inicialmente en 2009 en una serie de seis artículos en el diario Expreso de Quito, alegó que empresas pertenecientes a Fabricio Correa, el hermano mayor del presidente, habían obtenido contratos del estado por 600 millones de dólares, mayormente para construcción vial. La ley ecuatoriana prohíbe a los integrantes de la familia presidencial hacer uso de sus relaciones para beneficio económico. Si bien Correa canceló los contratos y afirmó que no tenía conocimiento sobre la cuestión, se mostró tan irascible por la investigación que dedicó tres cadenas para desacreditar al libro y a sus autores.
Calderón, editor de la revista Vanguardia de Quito, y Zurita, reportero de Expreso, están bajo presión por los costos económicos y las dificultades profesionales que les ha impuesto la demanda, que sigue pendiente. Comparándose él y su colega con boxeadores que están en una pelea difícil, Zurita señaló que “estamos contra las cuerdas para ver cómo nos vamos a defender”. Ante la posibilidad de que la justicia los condene por daños con un monto tan desproporcionado, los periodistas advierten que la demanda está generando un efecto inhibidor sobre algunos medios ecuatorianos y su capacidad para informar sobre temas de corrupción y transparencia gubernamental. “El acoso oficial está promoviendo un clima de autocensura entre algunos colegas y medios”, destacó Calderón. “Algunos medios no están prestando debida atención ni cubriendo acusaciones de corrupción efectuadas por la oposición política”.
Un estado de represión
Durante el mandato de Correa, su administración ha creado un elaborado entramado legal para restringir a los medios de comunicación. En una consulta popular realizada en mayo, los votantes aprobaron por estrecho margen una serie de preguntas formuladas por el gobierno tendiente a fortalecer la autoridad del ejecutivo, incluyendo dos medidas que menoscaban la libertad de prensa.
La primera pregunta, que lleva un enunciado prejuicioso en el sentido que los “excesos en los medios” necesitan ser limitados, consultó a los ecuatorianos sobre la aprobación de una ley de comunicaciones que, a su turno, crearía un consejo de regulación. El texto preciso de la norma debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, que se encuentra debatiendo la iniciativa. Pero las cláusulas propuestas son preocupantes. El Artículo 11, por ejemplo, prohibiría “el uso de imágenes violentas, sangrientas y alusiva a la muerte en todos los medios de comunicación dentro de coberturas informativas” que no estén debidamente contextualizadas. El nuevo consejo de regulación estará autorizado, entre muchas de sus atribuciones, a determinar ese punto. Bajo la propuesta, el consejo regulará el contenido en medios audiovisuales e impresos en áreas definidas en forma tan amplia como imprecisa de violencia, sexo y discriminación, y establecerá la responsabilidad ulterior en forma unilateral. La independencia del consejo parece ser cuestionable ya que cinco de sus siete integrantes estarán designados por el ejecutivo o elegidos de grupos afines al oficialismo.
Si bien el partido gobernante Alianza País controla la Asamblea, legisladores han resistido medidas restrictivas en el pasado, rechazando los esfuerzos del presidente en 2010 de sancionar una ley de comunicaciones con limitaciones varias. Actualmente, sin embargo, con el peso del referendo detrás de la norma, la administración parecería tener mayor influencia para lograr la aprobación de la ley.
La otra pregunta del referendo prohíbe a las “empresas de medios nacionales, sus ejecutivos y principales accionistas a tener acciones en otras compañías”. Los dueños de los medios se verán obligados a desinvertir en un plazo de dos años, aunque la aplicación de esta medida aún requiere de la aprobación de otras regulaciones. Periodistas y activistas en defensa de la libertad de prensa señalaron que la medida está dirigida a debilitar la estructura financiera de los medios que se oponen a las políticas del gobierno. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos presentó un recurso contra la medida ante la corte constitucional, argumentando que contradice garantías establecidas en la carta magna. La medida constituye “la eliminación de derechos fundamentales para las empresas de medios, sus directores y accionistas”, afirmó Diego Cornejo, presidente del grupo de editores. También parece contradecir garantías sobre libertad de expresión establecidas en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el análisis del CPJ.
Aquellos que respaldan la medida sostienen que democratizará a los medios de comunicación. En entrevistas con la prensa, el secretario de Comunicación Fernando Alvarado señaló que la legislación promoverá diversidad en la prensa.
Un enfoque confrontativo
Correa insiste que está luchando contra un periodismo irresponsable que es ejercido por una pequeña elite de propietarios de medios que ostentan mucho poder y tienen la intención de removerlo del gobierno para el beneficio de sus intereses económicos. Las referencias sobre la autosuficiencia de Correa permiten analizar con mayor rigor sus actitudes hacia la prensa.
Nacido en Guayaquil en 1963, el mayor puerto industrial y la ciudad más grande del país, Correa tuvo una infancia difícil. Su padre, un empresario, fue detenido y acusado de intentar ingresar cocaína en los Estados Unidos y pasó tres años en una prisión de Atlanta a fines de los sesenta, según informes de prensa. Pero su hijo se distinguió en la academia, estudiando en los Estados Unidos y en Europa, y obteniendo un doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Fue designado Ministro de Economía en 2005 pero luego obligado a renunciar a los cuatro meses cuando decidió no consultar al Presidente Alfredo Palacio después de criticar públicamente al Banco Mundial por haber rechazado un crédito para Ecuador.
Cuando Correa asumió la presidencia en 2007, se convirtió en uno de los últimos entre varios líderes de izquierda que alcanzaron el poder en la región tras hacer campaña contra las elites tradicionales y las políticas de libre mercado de los Estados Unidos. Correa avanzó pronto para fortalecer su autoridad y obtuvo el apoyo de los votantes para una asamblea especial que reformó la constitución. La nueva constitución, que cobró vigencia en 2008, le permitió a Correa buscar la reelección hasta 2017 y amplió las atribuciones del ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial, además de la política económica.
Los activistas en defensa de la libertad de prensa exhibieron especial preocupación por dos disposiciones en la enmienda constitucional de 2008. El Artículo 19 introduce el concepto de la intervención oficial en los medios, al establecer que “la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente”. El Artículo 18 que planteaba que todos los individuos tienen el derecho a “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa”. El texto pone énfasis en información “veraz y verificada” que puede abrir la puerta para restricciones oficiales.
Pero existe otra disposición, en el Artículo 312, que prohíbe a los banqueros ser propietarios de empresas de medios de comunicación. Los analistas de medios indicaron que la prohibición estaría dirigida a debilitar a Teleamazonas. En septiembre de 2010, el dueño de la cadena, Fidel Egas, un accionista del Banco Pichincha, vendió su participación en la empresa a inversores locales, españoles y peruanos. El periodista de televisión Jorge Ortiz, que conducía el programa de entrevistas crítico “La Hora de Jorge Ortiz”, renunció un mes antes de finalizada la operación de venta, alegando que no quería estar en el medio del negocio, que requería de la autorización del gobierno.
Históricamente, los medios audiovisuales ecuatorianos han sido controlados por poderosos grupos financieros vinculados a la política y al poder, según la investigación del CPJ. Algunos vinculados con la radio y la televisión fueron incluso criticados desde la profesión por no haber investigado lo suficiente la crisis financiera que causó el colapso de varias instituciones bancarias a fines de los noventa y que les costó millones de dólares a los contribuyentes. Pero la estructura actual de los medios de comunicación es diversa y vibrante, según la investigación del CPJ. La radio y la televisión tienen una gran audiencia, en particular en las áreas metropolitanas de Quito y Guayaquil. Cientos de emisoras de radio funcionan en todo el país, incluyendo numerosas radios comunitarias e indígenas en las regiones provinciales. Cinco cadenas de televisión–Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Telerama y Canal Uno–y más de 35 diarios ofrecen una amplia gama de opiniones, análisis y perspectivas políticas, según el análisis del CPJ.
Sin embargo, Correa continúa su embestida contra los propietarios de los medios. En mayo, Correa utilizó una cadena para criticar a las empresas de medios por tener participación en otros negocios, como bienes raíces, turismo y seguros, y aseguró que conglomerados tan diversos presentan conflictos de intereses. “Por eso, muchos de estos medios manejan políticas claramente direccionadas a intereses empresariales, comerciales y particulares, a nombre de la libertad de expresión”, señaló el Ejecutivo al cuestionar si esa actitud es ética o no.
Medios estatales como un megáfono político
Cuando Correa asumió su mandato en 2007, el aparato de medios del estado solo consistía en la Radio Nacional de Ecuador. En un período record de tiempo, Correa ha construido una vasta red de medios de comunicación oficiales.
La base se cimentó en buena parte en la incautación por parte del gobierno de dos cadenas televisivas privadas, TC Televisión y Gama TV, y otros medios propiedad del Grupo Isaías, cuyos dueños Roberto y William supuestamente debían 661 millones de dólares a Ecuador después de la quiebra de su entidad bancaria, Filanbanco. La incautación del gobierno también comprendió a otras 200 empresas, pero las televisoras fueron especialmente valiosas porque tenían el 40 por ciento de la audiencia en el país. Al mismo tiempo, la administración Correa prometió que vendería esos bienes para recuperar el dinero de los contribuyentes ecuatorianos. “Nunca cumplió con su promesa”, afirmó Tania Tinoco, una conocida conductora del canal privado de televisión Ecuavisa. “Algo similar ocurrió con su promesa de preservar la línea editorial. Todos esos medios son usados para difundir propaganda oficial”.
En los siguientes tres años, la administración continuó realizando importantes inversiones en medios estatales y erigió una vasta red que en la actualidad consiste de varias estaciones de televisión (TC Televisión, Gama TV, Ecuador TV, y las emisoras de cable CN3 y CD7), emisoras de radio (Radio Pública de Ecuador, Carrousel, Radio Super K 800 y Radio Universal), diarios (El Telégrafo, PP El Verdadero y El Ciudadano), revistas (La Onda, El Agro, Valles y Samborondón) y una agencia de noticias (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica). El gobierno considera a los ex medios del grupo Isaías como “incautados”, a pesar de que son administrados directamente por el estado y “son claramente utilizados como una herramienta de comunicación política”, afirmó Ricaurte de Fundamedios.
“El estado se ha convertido en un protagonista en materia de comunicaciones”, señaló Ricaurte, “de ser irrelevante cuando asumió Correa el cargo en 2007 a tener en la actualidad un rol protagónico”. Con la creación de una red de medios estatales, el gobierno de Correa ha seguido la tendencia liderada por otros líderes regionales quienes han invertido en medios oficiales para profundizar sus agendas políticas. El gobierno venezolano del Presidente Hugo Chávez es el ejemplo más evidente. Desde 2002, la administración de Chávez ha invertido cientos de millones de dólares para construir un vasto aparato mediático que ha desafiado la influencia de la prensa privada. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega utiliza a los medios oficiales–incluyendo emisoras de radio y televisión, sitios de Internet y un servicio de noticias a través del correo electrónico– para emprender campañas contra sus críticos.
Incluso superando el nivel de otros mandatarios regionales, Correa utiliza los medios al servicio del estado para desacreditar a periodistas que exponen puntos de vista opuestos a las políticas de su administración. El presidente con frecuencia dedica sus enlaces ciudadanos del sábado a lanzar ataques verbales contra los diarios nacionales El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso, además de la cadena de televisión Teleamazonas. Decenas de periodistas de televisión, radio y medios impresos han sido blanco de ataques que en ocasiones son personales y hasta ofensivos. El presidente ha descripto a los medios como “ignorantes”, “basuras”, “mentirosos”, “amorales”, “mediocres”, “sicarios de tinta” y “actores políticos que están tratando de oponerse a la revolución ciudadana”.
La administración no ha limitado sus intentos por controlar el mensaje a los medios estatales. Correa hace uso habitual de las transmisiones presidenciales conocidas como cadenas, que se transmiten por todas las emisoras a todo el país interrumpiendo la programación. Desde enero de 2007 a mayo de 2011, se transmitieron 1025 cadenas por un total de más de 150 horas, según la Fundación Ethos, una entidad de investigación independiente que está radicada en México.
Mauricio Rodas, el director general de Ethos, sostuvo que las cadenas son utilizadas tradicionalmente en períodos de emergencia nacional. Pero bajo el gobierno de Correa, reconoció Rodas, se han transformado en “una herramienta de propaganda y confrontación”.
En al menos 15 instancias distintas desde diciembre de 2009, el gobierno ha ordenado a cadenas privadas de televisión a interrumpir parte de su programación de noticias para emitir refutaciones oficiales, según datos de Fundamedios. Al ordenar las réplicas, el gobierno alega estar autorizado por disposiciones de la Ley de Radiodifusión y Televisión. Activistas locales en defensa de la libertad de prensa sostienen que el gobierno está abusando de esta ley que autoriza cadenas “exclusivamente para información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos”. En declaraciones a la prensa, Alvarado, el Secretario de Comunicación, ha justificado el uso de cadenas porque le permite al gobierno expresar su “verdad” frente a la desinformación.
Pero una y otra vez, el gobierno de Correa ha nivelado su propio punto de vista con la “verdad” y representado perspectivas distintas como “mentiras”. El arresto de Irma Parra en abril pasado refleja la intolerancia del presidente frente a la crítica, afirmó Hinostroza, la conductora de Teleamazonas. Parra fue arrestada en la ciudad de Riobamba luego de hacer un gesto a la caravana que transportaba a Correa pero indicó que su intención era expresar su oposición al referendo propuesto por el gobierno en mayo, según informes de prensa. Correa calificó al gesto como obsceno, según los informes periodísticos, confrontó con la ciudadana y ordenó que la detuvieran.
Cuando su acción fue cuestionado en la prensa, el presidente volvió a recurrir a mecanismos de censura y embistió contra los medios. “Correa tiene una obsesión con la prensa crítica y por eso quiere regular los contenidos”, admitió Hinostroza. “El gobierno de Correa ha declarado a la prensa como su principal enemigo… Nos quiere cerrar la boca”.
Carlos Lauría es coordinator senior del programa de las Américas del CPJ. En abril de 2011 lideró una misión de investigación a Ecuador.
Recomendaciones del CPJ a las autoridades ecuatorianas
• Poner fin al uso de anticuadas leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos, editores y ejecutivos de medios de comunicación.
• Promulgar legislación para despenalizar las disposiciones de difamación y adecuarlas a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
• Poner fin al uso de juicios civiles que persiguen montos desproporcionados en conceptos de daño para silenciar a periodistas críticos.
• Asegurar que las disposiciones en la ley de comunicaciones que se debate en la Asamblea Nacional respeta garantías sobre libertad de expresión garantizadas en la constitución y en acuerdos internacionales ratificados por Ecuador.
• Utilizar las cadenas en cumplimiento con la ley que autoriza su uso “exclusivamente para información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos”.
• Mostrar mayor tolerancia a la crítica en los medios y poner fin a los ataques personales dirigidos a desacreditar a periodistas y medios de prensa. Poner fin al uso de lenguaje cargado, tal como calificar a los críticos como “ignorantes” y “mentirosos”.
• Poner fin a campañas sistemáticas orientadas a desacreditar a los periodistas críticos, incluyendo esfuerzos llevados adelante por medios de prensa que simpatizan con el gobierno.