En 2010, el primer comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, renunció luego que el entonces presidente Álvaro Colom eligiera como fiscal general a Conrado Arnulfo Reyes Sagastume.
La situación en Guatemala no era muy distinta a la crisis que se vive actualmente. Frente a los primeros avances de la CICIG hubo reacciones por parte de los grupos pro-impunidad. Castresana denunció no sólo las campañas de desprestigio sino la falta de apoyo de parte del Estado. El Congreso tenía engavetadas varias reformas solicitadas por la comisión y había reducido el presupuesto para seguridad y justicia.
El socialdemócrata Álvaro Colom, con integrantes de su gobierno con vínculos con estructuras de corrupción e impunidad, se había decantado por Conrado Reyes para dirigir el MP. Y en dos semanas, Reyes había removido puestos claves en escuchas telefónicas y análisis criminal para nombrar a personajes cuestionados por grupos pro-justicia.
Al igual que ahora, la elección de Fiscal General era clave para el futuro de la CICIG. Castresana, al renunciar, pidió a Colom:
– La destitución del fiscal general, Reyes, porque no es la persona que el MP necesita. Es una persona que tiene récord de corrupción en su historia personal, y en el tiempo que ha estado al frente del MP, ha mostrado compromisos particulares, y no con el estado de Derecho y con los intereses de los guatemaltecos.
Conrado Reyes asumió el 25 de mayo y en 15 días relevó a varios altos mandos del Ministerio Público para colocar, según la denuncia del ex comisionado, a gente cercana a grupos militares que se habían hecho con el control de escuchas telefónicas. Entre estas personas estaban dos miembros cercanos a Carlos Quintanilla, el ex jefe de la SAAS destituido por Colom por acusaciones de espionaje. Se trataba de Osman Contreras y Juan Garrido, este último señalado de tráfico de ilegales y contrabando, además de haber sido jefe de seguridad del Aeropuerto La Aurora cuando en 2006 se produjo un robo millonario en la pista central.
Diversas organizaciones sociales lo denunciaron llamandolo "Fiscal de la Impunidad". Al final fue la Corte de Constitucionalidad la que anuló el proceso de elección de Conrado Reyes por supuestos vicios durante la postulación.
El “Fiscal de la Impunidad” regresa
La elección de Consuelo Porras como fiscal general dejó vacío el lugar que ella ocupaba como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. Específicamente la magistratura que hasta hoy estaba vacante es la que suple a Neftaly Aldana, uno de los dos magistrados que han apoyado al Pacto de Corruptos, junto a Dina Ochoa. Los tres magistrados que han sido independientes son Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco De Mata Vela.**
Por eso el cargo es tan importante en la actual lucha de poderes. A la Corte Suprema de Justicia le correspondió tomar la decisión y eligió a Conrado Reyes solo con los votos en contra de las magistradas Delia Dávila, María Eugenia Morales y Silvia García.
Conrado Reyes es crítico de la CICIG, muestra de ello es su discurso en este Foro de la Universidad Francisco Marroquín. Al momento de la elección de Conrado Reyes, su perfil de Facebook aún es público y da una muestra de la posición del nuevo magistrado en la actual lucha contra la impunidad.
* El Pacto de Corruptos es el nombre que se dio a la alianza de diputados, presidente y jueces que se opone a la lucha contra la corrupción y la impunidad liderada por CICIG. En septiembre de 2017, aprobaron en un acuerdo entre la alianza gubernamental y la UNE dos leyes para institucionalizar la impunidad para los políticos en el financiamiento electoral ilícito, y para que no tuvieran prisión 400 delitos, incluidos los de corrupción.
** Por un error se publicó que Neftalí Aldana había votado junto a la mayoría independiente de la Corte de Constitucionalidad. Ofrecemos disculpas a los magistrados y a los lectoers por el error.