¿Cómo es posible que un escándalo de corrupción derrocara a un presidente en cuestión de meses? Esto es lo que cualquier observador extranjero se pregunta al analizar lo que está sucediendo en Guatemala.
No es necesario revisar la literatura sobre política comparada para darse cuenta de que en muy pocos casos los escándalos de corrupción han acabado con una presidencia en tan corto tiempo. En sólo cuatro meses, la presidencia de Otto Pérez Molina en Guatemala se desplomó.
Lo importante no es que el expresidente haya perdido la inmunidad o haya renunciado. Lo importante son las consecuencias del escándalo de corrupción develado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. (CICIG), entidad respaldada por Naciones Unidas. Un caso que implicó al expresidente Pérez Molina como jefe de una estructura criminal paralela que involucraba a exmilitares, empresarios y agentes de aduana. ¿Cómo fue posible que en sólo unas semanas esta estructura criminal se redujera a escombros?
¿Qué se le debe a la calidad de las investigaciones de la CICIG?
Sí; los investigadores no están cometiendo el tipo de errores que podrían permitir que el caso fallara por tecnicismos. Es más, las investigaciones no se basan exclusivamente en declaraciones de testigos (como ocurría cuando Carlos Castresana era el director de la CICIG). Los casos se apoyan en interceptaciones telefónicas y en documentos.
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Es importante recordar que el día en que el escándalo se hizo público fueron allanadas las oficinas privadas del empresario Luis Mendizábal, lo que le permitió a la CICIG confiscar documentos y computadoras. Esto no sería importante excepto por el hecho de que Mendizábal, un civil sin ningún puesto en el gobierno pero con experiencia en inteligencia privada, presuntamente tenía acceso directo a la información de la Aduana de Guatemala gracias a un complejo sistema de pantallas de computador instalado en su oficina.
Pero lo más llamativo no es la red de enormes fraudes que la investigación ha dejado al descubierto, sino la facilidad con la que la estructura criminal fue desmantelada. Esta red, conocida como "La Línea", era una estructura paralela que cometía estafas con la mercancía que pasaba por la Aduana de Guatemala. El dinero que debía ir hacia el pago de impuestos de importación era desviado a los miembros de La Línea, y luego era repartido en toda la estructura criminal, que según los fiscales incluía a Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Más que una estructura criminal tradicional que buscaba operar en las sombras, se trataba de una estructura de negocio en paralelo que podía ser utilizada por una gran variedad de empresarios. La falta de prudencia demostrada por sus miembros es notable, considerando que la interceptación de llamadas telefónicas es una práctica común de la CICIG. De hecho, fueron las grabaciones telefónicas las que revelaron que los involucrados en el escándalo fueron poco discretos.
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¿Por qué tan poca precaución? Si la red estaba presuntamente dirigida por el presidente del país, quien daba órdenes directamente o a través del secretario privado de la vicepresidenta, no había razón para temer que las investigaciones penetraran en la red. La falta de suspicacia fue favorecida por el aparente manto protector que venía de la presidencia, ya que se cree que el cargo más alto del país administraba la corrupción.
Ahora, ¿cómo fue posible saber qué teléfonos interceptar? Hay varias maneras de hacerlo, pero la más común ha sido siempre la de las "ratas", personas que hablan con las autoridades cuando han salido del negocio sin su correspondiente parte de las ganancias. Debe tenerse en cuenta que los "operadores criminales", quienes no son muy cuidadosos con sus conversaciones telefónicas, tampoco prestan mucha atención al pago de todos los involucrados en la cadena de corrupción. Este es no sólo el medio más común de obtener información, sino también el más eficaz. Desde sus inicios, la CICIG ha estado a favor de este sistema.
También es posible que los miembros de las élites económicas de Guatemala —quienes tradicionalmente han sido relacionados con la evasión de impuestos— quisieran salvarse del tsunami que este caso desataría. Además son bien conocidas las presuntas negociaciones entre el exdirector de la CICIG, Carlos Castresana, y miembros del sector privado.
Cualquiera que sea el caso, es sin duda una historia interesante: criminales imprudentes, ratas a bordo y un presidente que al parecer quería hacer de mafioso.