Global Strategy Report, 23/2021
Resumen: Diplomacia y defensa comparten objetivo en su afán por procurar a la nación una paz duradera que la permita desarrollarse y progresar en libertad. Son actividades paralelas que se han de concebir a largo plazo y por consenso parlamentario.
La Armada es la herramienta más idónea de las Fuerzas Armadas para reforzar el peso de nuestra voz en el concierto internacional. Asegurar su utilidad exige disponer de una financiación suficiente y continuada durante el ciclo de vida de las unidades, para lo que no solo se debe cumplir el compromiso presupuestario de 2014 con los aliados, sino equilibrarlo entre las tres fuerzas, rompiendo así con el privilegio preconstitucional del Ejército de Tierra al que se le ha de lanzar al exterior a través de las agregadurías militares.
Aquellos cargos públicos que asuman la responsabilidad de llevar a cabo las políticas en estas áreas han de tener cierto pensamiento estratégico, entre otros conocimientos mínimos, para poder así coordinar desde AA.EE. la actividad colaborativa y disuasoria en periodos de normalidad en un plano de igualdad, y aceptar el liderazgo de Defensa en caso de conflicto.
La sociedad civil debe exigir a sus gobernantes que la instruya mediante la difusión de la cultura de la defensa para poderles exigir así que se formen ellos y que desempeñen adecuadamente su labor en consecuencia, desacostumbrados como están, en general, a concebir más allá de un segundo nivel una complejidad estratégica que solo se puede atisbar desde el tercero y que se puede llegar a elevar hasta el cuarto. Si no se accede a la parte alta de esa tabla, la única estrategia que se podrá establecer desde el Ejecutivo será una mera ilusión.
Para citar como referencia: Vila González, Manuel (2021), “Diplomacia y Defensa: la Estrategia en la Nube”, Global Strategy Report, No 23/2021.
Introducción
El papel de la diplomacia es garantizar el bienestar de un país manteniéndolo ajeno a toda influencia extranjera eventualmente nociva y promoviendo el interés exterior bienintencionado para atraer la inversión, reforzar preventivamente la seguridad y afianzar alianzas culturales, económicas, comerciales, defensivas o tecnológicas, entre otras muchas cosas; además, ha de servir para evitar, llegado el caso, conflictos armados e incluso para preparar su finalización cuando se desencadenan, todo lo cual requiere como es lógico de especiales habilidades y experiencia contrastada, por lo que debe estar en manos de profesionales experimentados, por mucho que las grandes decisiones hayan de ser tomadas por responsables públicos salidos indirectamente de las urnas.
Esa aparente perogrullada no lo es tanto para el común de los ciudadanos (y aun de sus representantes electos, para quienes la política exterior consiste mayormente en navegar en aguas europeas), por lo que no está de más difundir nuestros requerimientos estratégicos nacionales con la idea de incrementar la percepción popular de la importante labor que de suyo ejerce el Ministerio de Asuntos Exteriores y lograr en consecuencia que éste se sienta más apremiado a trabajar con la intención tanto de conseguir cuanto antecede, como de volver a hacernos respetar en el concierto de las naciones.
La relación entre diplomacia y defensa en periodos de paz
En circunstancias normales, tanto la cancillería como Defensa tienen su propia visión sobre cómo preservar la paz para el mejor desarrollo de la sociedad a la que se deben mediante aproximaciones al fenómeno totalmente complementarias, que sirven al propósito común amparando los intereses nacionales allí donde se encuentren, incluso en las peores condiciones, que AA.EE. encarará mediante el uso de cierta presión, bien con meros gestos formales, bien teniendo que elevar el tono mediante sanciones económicas, restricciones de movilidad o denuncias en diversas organizaciones multinacionales.
Es posible que toda esa parafernalia no sea empero suficiente, en especial allí donde la sensibilidad del gobierno antagonista no esté muy sintonizada ni con la de su opinión pública (que puede incluso no existir, en regímenes poco democráticos), ni con el sentir mayoritario de la comunidad internacional, casos en los que conviene hacerse presente de otra manera, añadiendo el ingrediente de la disuasión al cóctel que la diplomacia tiene el deber de preparar, pues es su mano la que ha de guiar todos los resortes del Estado de forma centralizada y sensata en esos casos.
Semejante preeminencia de la diplomacia (de la política) sobre la milicia está bien asentada en la mente de la civilización occidental post-napoleónica, gracias a los postulados de Clausewitz, con los que pronto comulgaron tirios y troyanos.
La diplomacia ha de coordinarse, pues, con las Fuerzas Armadas para que las acciones habituales de éstas (maniobras conjuntas o combinadas, instrucción, presencia exterior, interposición…) se puedan utilizar para el bien común con elegancia, dicho sea en su acepción más anglosajona, esto es, con inteligencia y saber estar (si acaso no es el refinamiento consecuencia ineludible de la primera). Nada especialmente diferente a lo que hizo toda la vida la Monarquía Hispánica, cuyo despliegue de cuidadas legaciones por doquier permitía alternar, complementar y multiplicar simbióticamente sus triunfos en el campo de la batalla… o mitigar sus tropiezos con envidiable maestría en otro caso.
Así pues, el tándem diplomacia-defensa es consustancial con el mantenimiento de la paz, y ha de proveer desde cada embajada la inteligencia local que lo facilite, para lo que es imprescindible disponer de agregadurías militares en el mayor número posible de países, aprovechando el gran número de coroneles a la espera de destino que existe en la actualidad en el caso de España (al que nos vamos a referir a partir de ahora), en contra de lo que ahora mismo está ocurriendo, precisamente.
La Armada, herramienta privilegiada al servicio de la diplomacia
Todo movimiento fronterizo de tropas en tierra tiene una connotación ofensiva que puede ser contraproducente por generar una dinámica en espiral que conduce casi de forma inevitable al choque, mediante el mecanismo de la “fatalidad sintética” (Sánchez F., 1990).
Sin embargo, nuestra política exterior tiene una herramienta inmejorable para evitar levantar ampollas cuando ha de solicitar la presencia (y la amenaza del uso) de la fuerza con la intención de evitar males mayores: la Armada.
La mera visita de un barco de guerra a un puerto propio, aliado o eventualmente enemigo, envía un mensaje de determinación que alcanza su máxima expresión cuando es una entera escuadra la que navega en aguas internacionales próximas al país conflictivo a la espera de tener que entrar en acción en el peor caso, sea para rescatar a nacionales (o ciudadanos de países aliados) no combatientes, o sea para cualquier otro tipo de intervención en caso de provocación (Rodríguez, 2019).
Además de forrar su puño de acero con el guante de seda de la invisibilidad que proporciona el horizonte (algo impracticable con los despliegues de los Ejércitos), las agrupaciones navales tienen la posibilidad única de evitar el desencadenamiento automático del conflicto en caso de ser agredidas, gracias a su capacidad para destruir las armas que le son lanzadas antes de todo impacto, convirtiéndose así en el instrumento idóneo para la gestión de las crisis extremas en las que una potencia media se pueda ver involucrada.
Así se procedió, cuando ya parecía que la diplomacia del cañonero se había ido para no volver, con la presencia de la Armada en episodios destacados de nuestra reciente historia, como la “guerra del fletán” (en solitario) o la crisis de Perejil (operación conjunta), así como en decenas de otras operaciones menos mediáticas, fueran nacionales (misiones humanitarias, protección de nuestra flota pesquera o meros despliegues para mostrar el pabellón), o combinadas (integrándose en despliegues multilaterales coordinados por diversas organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o la UE).
No obstante, sea por falta de visión estratégica, por exceso de prudencia o por carecer de medios disponibles (por unas u otras causas), se ha echado de menos el uso diplomático de la Armada en multitud de ocasiones en las que el interés patrio no era coincidente con el de los aliados y el incipiente conflicto se planteaba en términos bilaterales. Ha ocurrido por ejemplo con la reciente ampliación de la pretendida ZEE de nuestros dos vecinos del Magreb, con la apropiación de nuestras aguas territoriales como parte consustancial de la colonia de Gibraltar, con determinados expolios a nuestro patrimonio subacuático (en todos los mares del mundo), con la expropiación de empresas españolas o las ofensas gratuitas en determinados países iberoamericanos, con la amenaza de asalto a pesqueros y mercantes nacionales en multitud de mares y circunstancias, con la organización de oleadas de inmigrantes ilegales desde las costas africanas, con situaciones en las que la seguridad de ciudadanos españoles estaba en riesgo en medio de revueltas sociales, políticas o en el inicio de determinadas guerras civiles, con la reciente realización incluso de maniobras aeronavales extranjeras en el entorno de nuestras aguas, con el acoso a alguna de nuestras embajadas… casos muchos de ellos en los que la presencia de la Armada hubiese sin duda ayudado a templar los ánimos enardecidos de los provocadores, los aprovechados o los simples “despistados”.
La estrategia “conjunta” en la acción exterior del Estado
Pudiera parecer por cuanto antecede que en ausencia de conflicto bélico el empleo en el ámbito internacional de los medios militares (fundamentalmente marítimos) ha de formar parte de la política exterior del poder ejecutivo, dado que ésta abarca todo el espectro de la interlocución del gobierno con el resto de las naciones.
Pero no es así. Defensa (estrategia naval en su mayor parte, como hemos visto) y diplomacia son actividades mera y totalmente complementarias en periodo de paz, en la que cada una de ellas tiene un papel concreto ineludible e irremplazable.
La política exterior debe tender puentes barriendo para casa. En paralelo, la Armada (y los dos Ejércitos en la proporción que les corresponda) ha de garantizar la disuasión, para lo que su esfuerzo, más allá de los despliegues operativos, consiste en adiestrarse a conciencia para la guerra, única manera seguramente de evitarla, como aconseja el celebérrimo si vis pacem, para bellum que se deduce de la lectura de los clásicos (Vegecio, 2006).
En suma, corresponde efectivamente a Asuntos Exteriores solicitar la intervención naval (o militar, llegado el caso), coordinar las actuaciones de todo tipo y llevar la voz cantante… pero ambos ministerios son autónomos y sus competencias complementarias en un plano de estricta independencia e igualdad. Es importante insistir en que no existe por lo tanto supeditación de ningún tipo, pese a algunas interpretaciones en ese sentido (Peña, 2013: 242) que no tienen en consideración la naturaleza paradójica de la estrategia.
Esa coordinación operativa por la que el canciller solicita directa o indirectamente el apoyo del AJEMA para que la marina (y por extensión cualquier ejército) juegue determinado papel, no es en modo alguno orgánica. La estrategia “conjunta” de ambos ministerios es fundamentalmente estrategia “coordinada”.
La preeminencia estratégica de la defensa en caso de guerra
No obstante, si el desencadenamiento de un conflicto armado es inevitable (esto es, si las cesiones planteadas en la mesa de negociación o la disuasión ejercida no funcionan), la cosa cambia: ese reparto equilibrado de roles se quiebra, porque Defensa toma el mando y pasa a ocupar todo el rango de actuación. A partir del momento en el que prende la chispa ya no hay equidad posible entre las dos áreas estratégicas del gobierno, y los recursos diplomáticos del Estado deben pasar a estar al pleno servicio de la defensa nacional.
En la práctica de la gestión de una crisis infructuosamente resuelta que acaba derivando en un choque armado, por lo tanto, la relación entre la diplomacia y Defensa a la hora de coordinar las acciones nacionales es de precedencia temporal, si bien se da la particularidad de que en la primera fase ambos actores son libres y están al mismo nivel (pues ambos dependen únicamente de la presidencia del gobierno), mientras que iniciado el fuego Defensa impone su criterio y el resto de los servicios del Estado han de estar a sus órdenes, única forma de garantizar un buen desempeño estratégico.
Así pues, diplomacia y defensa se complementan en época de paz bajo la coordinación de la primera de cara a hacer llegar la influencia de España por medio mundo por mor de la protección de los intereses nacionales. Pero en caso de guerra, Defensa adquiere una preeminencia que exige que todos los resortes de la Administración (y aún ajenos a ella en algún caso) estén a su servicio con ánimo de restaurar el status quo previo al estallido de la violencia, momento en el que volverá a entrar en juego con papel protagonista una diplomacia siempre agazapada y activa, preparando un cese del conflicto que tarde o temprano tendrá que llegar de una forma u otra, para evitar que la paz venidera sea un fracaso.
Lidiar con la ofensa en las crisis: una cuestión estratégica
Hemos visto que la diplomacia y la defensa son las dos caras de la misma moneda mientras ésta da vueltas alegre e indeterminada por el aire, mas cuando aterriza con la cruz de la batalla hacia arriba, la defensa impone su dictamen y la estrategia empleada hasta entonces para evitar que una crisis derive en un conflicto bélico manteniendo las mejores condiciones posibles, multifacética por definición (estrategia naval, de alianzas, propagandística, económica, cultural, ciberespacial, política, de seguridad…) se convierte en puramente militar, distribuida en cada ámbito competencial según el peso de cada una de las Fuerzas Armadas en el teatro en el que se desarrolle el combate.
Así, si la tensión se mantiene allende los mares, la Armada asume el mayor protagonismo en la estrategia conjunta, pero si hay riesgo de un ataque exterior a cualquiera de nuestras fronteras, terrestres o marítimas, es la fuerza aérea quien ha de pilotar la defensa avanzada evitando toda aproximación, mientras que si el enemigo pone un pie en territorio nacional debe ser el Ejército de Tierra quien imponga su estrategia, de la que los demás serán deudores. Prepararse para estas eventualidades garantiza en mayor medida la ausencia de eventualidad alguna; y entender que “estrategia conjunta” es una locución que quiere decir exactamente lo mismo que “estrategias coordinadas” (y no otra cosa), asegura la respuesta más adecuada al reto de salir airoso de toda agresión.
En cualquier caso, la simple posibilidad de que nos veamos envueltos en una crisis obliga a quienes han de estar al mando, tanto de las Fuerzas Armadas como de la propia diplomacia, a disponer de un profundo conocimiento estratégico, que no se puede concebir con lógica colaborativa o civil (o lo que es igual, con sentido común), pues entonces en lugar de servir para lidiar con la confrontación, servirá tan solo para la cooperación, ideal en época de paz o en actividades ajenas a la disuasión, desde luego, pero del todo inútil cuando ambas partes no están simultáneamente predispuestas al entendimiento. Y recordemos que basta que solo una parte lo desee para que tenga lugar inevitablemente el choque, y que la única vacuna contra la extendida enfermedad de la violencia (Rodríguez, 2019, 110), es enseñar los dientes.
Percepciones estratégicas en la mente del político
Sabido es que en el arte de la guerra se conjugan varios niveles estratégicos en función de su proximidad al combate, por un lado y a la voluntad política por otro. Así, se distingue el nivel táctico del operacional, del estratégico en sí y del propio de la política de Estado (denominada “gran estrategia” en la literatura anglosajona).
Cuando nos adentramos en la mente del político con responsabilidades estratégicas sobrevenidas en lo más alto de esa escala, nos topamos con diversas aproximaciones a la responsabilidad estratégica en función de su capacidad analítica, su habilidad planificadora, su carácter decisorio y su experiencia ejecutiva.
Las aptitudes del sujeto que ocupa el vértice de la pirámide estratégica, pues, caracterizan inevitablemente la configuración de la política exterior y de defensa (incluso de seguridad) que un gobierno despliega, tanto más cuanto menos conocimiento geopolítico, independencia de criterio y experiencia estratégica tengan los miembros del círculo más íntimo de dicho individuo.
Aunque parece evidente que de esos factores depende, no podemos parametrizar la influencia que tienen el conocimiento, la inteligencia, el carácter y la experiencia en el proceso de decisión estratégica de un gobernante (o de un directivo, o de un líder…), pero nos hemos permitido clasificar la visión estratégica de un equipo de gobierno (por no decir directamente de su máximo responsable) en cuatro grados de excelencia en atención a sus niveles crecientes de capacidad de razonamiento, madurez y realismo.
La estrategia en la nube
La actitud estratégica más básica es el ‘buenismo’, por la que el gobernante democrático cree que la estrategia es lineal (unidimensional pues) y que a sus actos beatíficos responderá cualquier eventual antagonista con distensión inmaculada, de forma que incluso si hemos sido ofendidos, todo agresor reculará al ver la política de cesión y apaciguamiento desplegada con una sonrisa. Este comportamiento infantil ha acrecentado la gravedad de muchos de los problemas que existían o han surgido en la reciente historia de España, desde la “marcha verde” hasta la fecha.
El siguiente escalón consiste en el de la “estratagema” y proviene de la probada experiencia de todo político para desenvolverse con soltura en el nido de avispas de sus propias organizaciones en su camino hacia la presidencia, secretaría general u otro cargo relevante de su partido en su ámbito de actuación, sea local, regional o “federal”. Se configura así un pensamiento estratégico bidimensional que permite usar los flancos para maniobrar en la sombra, basándose en los principios descritos por Nicolás Maquiavelo cuando aconseja ocuparse de los riesgos interiores y las ambiciones más cercanas, dando como resultado el ataque a los próximos y la eliminación de los más débiles, así como el sometimiento a los que son más fuertes cuando el pacto no es factible.
Este marco conceptual tan provinciano identifica lo interno con la propia casa en lugar de con el entero país, y lo externo con la política nacional y su lucha con otros grupos ideológicos, más que con el entorno internacional.
Cuando en España se ha aplicado esta conducta sectaria (incapaz de asimilar que los intereses de todos los españoles fuera de nuestras fronteras son exactamente los mismos), tan propia de la adolescencia estratégica, ignorando la verdadera dimensión de los asuntos exteriores (al considerarlos un teatro de operaciones más para la guerra con otras formaciones políticas), se han recrudecido los problemas que ya teníamos, pues el mundo no se aviene a proceder de la forma que conciben dirigentes a la postre inermes ante la cruda realidad, que se resiste a parecerse a cualquier construcción onírica particular.
Llegados a este punto, lo que conciben algunos responsables públicos como su propio, original e incluso concienzudo pensamiento estratégico no deja de ser un cúmulo de ideas inconsistentes, quizá bienintencionadas, que carecen de utilidad práctica por inaplicables a una realidad que no se deja domeñar y que se elevan vaporosas hasta condensarse en pequeñas gotas de ampulosas declaraciones que llegan a producir ternura y sonrojo a partes iguales. Es lo que se podría denominar “estrategia en la nube” (adoptando la descriptiva locución del pensador naval Aurelio Fernández Diz) y no porque estemos hablando de ciberseguridad, sino porque hay que vivir verdaderamente en las nubes para ser ajeno al hecho positivo que nos rodea.
Es ese mundo paralelo de fantasías nebulosas imaginadas por dirigentes incapaces o inexpertos lo que ha dado lugar a iniciativas carentes de utilidad práctica con las que se ha salpicado el diario acontecer de la política exterior española en lo que va de siglo, llegando a anunciar iniciativas y ocurrencias paradigmáticas que con certeza están en la mente de todos, y que tan poco sirvieron para defender o acrecentar los intereses nacionales allende los mares… antes al contrario.
Pensamiento estratégico tri- y tetra-dimensional del gobernante
Dejando atrás la incompetencia descrita llegamos al tercer estadio, que es propio de la madurez estratégica: el gobernante asume la realidad y actúa en consecuencia, con mayor o menor fortuna, en un entorno ya tridimensional, en el que es posible aliarse con otros actores que compartan nuestros objetivos, siquiera en un contexto muy concreto. La dinámica de la disuasión es la propia de un “patio de colegio”, que se convierte en los casos más extremos en la ley de la selva. Es un entorno incómodo para los espíritus más cultivados, que sin embargo asumen la necesidad de pasar por el aro para defenderse de agresiones injustas propias de los matones que se reparten las calles de la comunidad internacional, de alguno de los cuales uno se tiene que hacer amigo en ocasiones obviando sus pecadillos y sus malos modos con los de su especie, para lo que nos hacemos pensar que nadie es perfecto y permitimos que nos anegue el pragmatismo; al fin y al cabo, todos tenemos algún cadáver en el ropero (si bien algunos perdonavidas del barrio disponen de un fondo de armario que podría llamar la atención).
A este tercer grado se llega bien por el concurso y asesoramiento de consumados consejeros, o bien por la experiencia en la gestión de crisis internacionales… cuando normalmente ya es tarde.
Finalmente, hay un nivel de excelencia estratégica que roza la perfección con la punta de los dedos, y que no se ha visto en el panorama internacional probablemente desde la desaparición de la generación de gobernantes que ganó la Guerra Fría, efemérides desde la que Occidente se encuentra ayuno de auténtico liderazgo y cuyo último gran éxito colectivo digno de tan alta consideración podría ser la creación en la Unión Europea de la moneda única y el BCE, así como la consolidación del libre movimiento de mercancías, ciudadanos y capitales.
Más allá de la inevitable veteranía, este último estrato estratégico es propio de la sabiduría y se configura como un arte tetradimensional, al incorporar el tiempo como variable importante de su estructura, dado que las decisiones en apariencia paradójicas que se toman adquieren todo su sentido cuando se ven desde la perspectiva del largo plazo. Lamentablemente, sabido es que el “largo plazo” para un político electo en tierras hispanas (aunque no solo en ellas) es el horizonte electoral, por lo que es vana aspiración pensar en llegar a contemplar nunca tan excelso obrar en quienes nos gobiernan.
No osamos soñar con algo así, ni ahora ni en el futuro, pero sí exigimos estar administrados por personas competentes. Y como nadie nace aprendido, de todo no se puede saber y el origen de nuestros políticos no es ya mayoritariamente (como en las primeras décadas de nuestra democracia) una sociedad comprometida con su comunidad que da el salto temporal a la gestión pública desde el éxito de sus diversos cometidos, sino una dedicación “profesional” a la política (que brota normalmente en la administración local o regional, tan ajena al mundo exterior), es posible que la manera de asegurar que nuestros prohombres den el salto a la madurez estratégica no pueda ser otra que su formación al efecto, algo imprescindible por ser quienes han de decidir sobre el porvenir de todos sus administrados.
Tratemos de garantizarlo con una instrucción específica suficiente para que la élite gobernante sepa seleccionar con buen tino a sus asesores estratégicos primero, y sea capaz de entender sus consejos y sus planteamientos después, para que así puedan tomar decisiones acertadas para el bien común en el ámbito que nos ocupa. Procuremos desterrar la estrategia en la nube de sus mentes; nos puede ir la libertad de nuestra patria en ello.
¿Cómo hacer posible el ‘empoderamiento’ estratégico de nuestros líderes?
Para que cualquier representante público o dirigente de ámbito nacional eventualmente concernido por la necesidad de tomar decisiones de calado internacional pueda adquirir cierto pensamiento estratégico, lo primero es que sea consciente de sus limitaciones. Nada hace pensar que eso sea posible en todos los casos, pues el hábito no hace al monje, y no será factible autodiagnóstico alguno sin una férrea voluntad de ahondar en la naturaleza compleja de los problemas (y sin el concurso de un esclavo que no deje de recordarle su mortalidad, visto el exceso de soberbia del que se hace habitualmente gala desde el poder ejecutivo).
Una sociedad civil no excesivamente ideologizada debe pedir a gritos un amplio consenso entre las diversas sensibilidades políticas, para que tanto el rumbo internacional y defensivo de España como las medidas que se adopten para fijarlo, fortalecerlo y protegerlo tengan la continuidad que requiere el hecho de que los medios puestos a disposición de la defensa (y en consecuencia de la diplomacia) pueden llegar a tener una vida de varias décadas, lo que obliga a establecer planificaciones financieras y programas industriales y tecnológicos a muy largo plazo, que exigen, por otra parte, un reparto equitativo de los fondos destinados a la inversión entre los diversos servicios, primando en buena lógica a la Armada y al Ejército del Aire, mucho más intensivos en capital que la fuerza terrestre, tradicionalmente beneficiada en la distribución de recursos como consecuencia de la historia que desembocó en la Constitución de 1978 con un despliegue territorial que tenía más en cuenta consideraciones interiores que riesgos exteriores, y que aún hoy drena la mayor parte del presupuesto disponible (López, 2018).
Así pues, toda ley de cierta enjundia (y las relacionadas con AA.EE., seguridad y defensa lo son, así como algunas otras áreas de ámbito más pedestre) debería ser siempre aprobada en las cámaras por mayoría reforzada, obligando así a un acuerdo constructivo transversal de los principales grupos parlamentarios. No hay mucha esperanza de que semejante medida llegue a ser efectiva con facilidad, por lo que a falta de esa norma, hemos de volver a confiar en la buena voluntad de nuestros representantes para que logren pactar ocasionalmente las políticas de Estado más emblemáticas, aunque el hecho persistente de utilizar la ideología para diferenciarse en todas las ocasiones no da pie a un excesivo optimismo.
En esas circunstancias, y dado que solo la autorregulación de la clase política puede enmendar el despropósito que vivimos en España desde comienzos de siglo en relación a las políticas exterior y de defensa, lo único que queda por hacer desde la sociedad civil es clamar en el desierto, intentando difundir el mensaje de esa necesaria unidad estratégica hasta que algún representante electo lo entienda y lo haga suyo asumiendo el riesgo de dejar de pasar desapercibido en medio de sus huestes, para elevarlo a los órganos de debate y decisión de su grupo parlamentario o su partido en primer lugar y a las comisiones correspondientes más adelante. Quizá a no mucho tardar el resultado de ese aparente milagro sea la elaboración de una ley de financiación de las FF.AA., como primer ejemplo de una sensatez estratégica que nos ha sido esquiva, como pueblo, en las últimas dos décadas.
Por otro lado, es papel de toda institución castrense (y en especial de la Armada) dedicar un esfuerzo importante a darse a conocer a la opinión pública y a formar en cuestiones estratégicas a cargos públicos de la administración central que tengan que ver con las cuestiones objeto de este ensayo, sean parlamentarios, miembros del gobierno, embajadores u otros altos funcionarios adscritos al Ministerio de AA.EE., todos los cuales han de entender, entre otras cosas, que la paz ideal debe ser aquello que es posible, y que si no puede ser, tampoco puede pretenderse que deba ser (Cano, 1988, 111).
Una vez formados, serán sin duda nuestros dirigentes quienes echarán mano a la comunicación política para encontrar la forma de trasladar un mensaje favorable al incremento del compromiso financiero con la defensa, siempre que no estén ya en una fase de enfrentamiento que haya acabado con la tradicional construcción de historias a la que nuestros políticos nos tenían acostumbrados (Sánchez E., 2020).
Conclusiones
Diplomacia y defensa están íntimamente ligadas a la hora de desplegar la estrategia nacional en el tablero internacional, donde nuestra influencia y la protección de nuestros intereses dependen de la habilidad para saberlas conjugar de nuestros gobernantes.
De todas las Fuerzas Armadas la que más juego exterior puede dar es la Armada, debido a su flexibilidad e independencia logística, a la rapidez de sus despliegues (o prudentes repliegues) y a su capacidad única para eludir la inevitabilidad de los callejones sin salida en los que nos metemos los seres humanos cuando se dispara la tensión con un antagonista.
La política exterior comparte con la defensa la necesidad de guiarse por el pensamiento estratégico, no concebible sin un amplio consenso político por ser indisoluble del largo plazo. En época de paz defensa y diplomacia son actividades paralelas que cooperan de la mano de la segunda. En caso de guerra, la defensa es preeminente y se ha de imponer tomando el mando único de todos los recursos del Estado, como consecuencia de la propia naturaleza de todo conflicto bélico.
Las decisiones últimas, en ambos casos, son tomadas por políticos electos, que no tienen por qué estar especialmente dotados para hacerlo con habilidad, como hemos comprobado con asiduidad y escasas excepciones en las últimas dos décadas. Por eso deben estar bien aconsejados y recibir una formación estratégica mínima que les permita ver más allá del horizonte, así como buscar el consenso con sus rivales parlamentarios, con quienes deben empezar por resolver la cuestión de la financiación de la defensa, esencial para que España vuelva a tener voz en el mundo.
Referencias
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Clausewitz, Carl (2005), De la guerra, Madrid: La Esfera de los Libros
López Díaz, Juan A. (2018), “La proporción áurea”, Revista General de Marina, Octubre
Maquiavelo, Nicolás (2012), El Príncipe, Barcelona: Espasa Libros
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Rodríguez Garat, Juan (2019), Manual del usuario de la Armada Española, Gijón: Fundación Alvargonzález
Sánchez Esparza, Marta (2020), “El enfrentamiento acaba con el storytelling”, Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, Nº 175
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Vegecio, Flavio (2006), Compendio de técnica militar, Madrid: Editorial Cátedra.
Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937