Es un proceso y un debate que apenas comienza. Y sin embargo ya están claras algunas –quizás todas- las cosas importantes.
Hernando Gómez Buendía*
Lo único seguro
A pesar del diluvio informativo y las explicaciones de abogados y analistas, hay todavía mucha confusión e incertidumbre sobre la citación a indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y sin embargo hay tres o cuatro cosas importantes que desde ya se pueden predecir.
1. Que algunas- ojalá muchas- personas, esperarán y acatarán la decisión de la justicia, como en la teoría debemos hacer todos.
Pero aún entonces nadie cambiará su modo de pensar sobre las causas y la gravedad del paramilitarismo, sobre sus relaciones con Uribe y su gobierno, o sobre el significado histórico del expresidente. Las creencias están consolidadas, y cada quien concluirá que este nuevo capítulo o proceso solo vino a confirmar lo que sabía.
2. Cualquiera que sea entonces la decisión de los jueces, los colombianos nos dividiremos entre quienes
- La aceptan o aún la aplauden como una reivindicación de la verdad,
- La niegan o rechazan con más o menos vehemencia por ser una injusticia, o
- Tienen poco interés en el asunto y apenas si se enteran del proceso.
3. La polarización política que tanto se menciona no se refiere propiamente al Acuerdo con las FARC o a alguna otra de las banderas de la pasada campaña electoral, sino que se concentra y cristaliza alrededor de la figura de Uribe.
Por eso la llamada a indagatoria ya revivió la polarización, y seguirá agravándola en la medida exacta de la magnitud y espectacularidad de las filtraciones o de las nuevas decisiones de los protagonistas.
4. Esa polarización y las demás consecuencias penales y políticas del caso dependerán- ellas sí- de las preguntas que están por resolverse y que podrían escalar a mayores.
Por lo pronto se sabe que el presidente del Senado recibió la carta de renuncia y que si ésta es aceptada, el Centro Democrático y el gobierno Duque se quedarán sin su alfil en el Congreso. Pero esto no implica necesariamente que Uribe pierda o deje de ejercer su liderazgo.
Lo demás son conjeturas.
La verdad judicial
Palacio de Justicia. Foto: Facebook Corte Suprema de Justicia |
Nada de lo anterior implica que la verdad no exista o que las opiniones sean igualmente válidas: Uribe hizo o no hizo lo que le imputan; incurrió o no incurrió en los delitos de soborno, manipulación de testigos y/o fraude procesal; hay pruebas o no hay pruebas; merece o no merece las sanciones del caso.
Sucede sí que cada uno de estos puntos necesita que alguien examine, organice y pondere la información, de modo que hay lugar a varias interpretaciones: por eso cada bando entenderá y usará cada detalle o incidente para llevar el agua a su molino.
Nadie cambiará su modo de pensar sobre Uribe y su gobierno.
Pero unas interpretaciones son más rigurosas y mejor fundamentadas que otras. Por eso se inventó la justicia penal, con la esperanza de llegar a la verdad en la cuestión más delicada para cualquier sociedad: la identidad y el castigo de los criminales.
Sujetos a unas reglas especiales, los jueces son quienes hallan la verdad, la única verdad en estos casos -una verdad que si quiere no lo es por sí misma, sino porque los jueces así lo decidieron-.
La verdad judicial es absoluta pero no es la absoluta verdad. El denunciante o el denunciado que pierde cada juicio sigue alegando que el juez se equivocó, y los expertos o interesados por eso siguen debatiendo cada detalle de los procesos y fallos judiciales sobre los asesinatos de Sucre o de Gaitán, Galán o Álvaro Gómez, el Palacio de Justicia, la absolución de Samper, el muy ruidoso caso Colmenares….o el no menos ruidoso del hermano de Uribe.
La verdad judicial no necesariamente es entonces la verdad, pero si es la única base posible de la convivencia. Por eso el avance de cada sociedad se mide exactamente por la imparcialidad, el rigor y la credibilidad de sus jueces penales.
Prueba de estrés
Cada proceso que llega -o que debió llegar- a la justicia es por tanto una prueba de su eficacia, calidad y credibilidad. La prueba suele ser callada y rutinaria, pero se hace más visible y más intensa cuando el delito, la víctima o el reo tienen mayor relevancia social.
Investigar o enjuiciar al presidente o a un expresidente es la prueba de máxima presión para un sistema de justicia penal, y así lo muestran los casos más recientes en nada menos que 13 países de América Latina, casos que van
- Desde la impotencia y sujeción total al presidente creíblemente acusado de delitos, en Nicaragua (Ortega) y Venezuela (Maduro), como también en Honduras (Hernández) y Bolivia (Morales).
- Hasta la independencia (o combatividad, según los acusados) que se ha visto al derrocar al presidente en ejercicio (Kuczynski y Rousseff) o al condenar a los expresidentes en Perú (Humala, Toledo, García y Fujimori), Brasil (Lula, Sarney, Collor de Melo), Ecuador (Correa), Argentina (Cristina Kirchner y Carlos Menem), Paraguay (González Macchi), Salvador (Funes, Flórez y Saca), Guatemala (Pérez y Colom), Panamá (Martinelli) y Costa Rica (Calderón y Rodríguez).
Sin mencionar otros ejemplos frescos en Europa (Berlusconi, Fico en Eslovaquia, Rajoy a su manera) u otros continentes (Park en Corea, Nyunt en Birmania, Zuma en Sudáfrica), hay aquí que destacar al presidente más poderoso del mundo, envuelto en una nube de procesos por traición, corrupción y abusos sexuales, en guerra abierta contra un sistema judicial que para bien de todos ha logrado resistir hasta el momento.
Frente a ese panorama de veras tempestuoso, la prueba que hoy enfrenta la justicia colombiana tiene dos atenuantes de importancia:
- Que Uribe ya no es presidente (ni puede serlo sin cambiar la Constitución) -aunque sí puso al nuevo presidente-, y
- Que los delitos objeto de su indagatoria son relativamente menores o “técnicos”–si se recuerdan los incontables procesos o rumores sobre posible actuaciones oscuras en relación con narcotraficantes, paramilitares o hasta quizás con una periodista-.
Pero Uribe es el fenómeno político del siglo, el líder más popular de Colombia y el pilar de un gobierno que comienza. Con la excepción posible de Samper, nuestra justicia está por eso ante la más seria “prueba de estrés” en su historia.
La turbulencia
Magistrado Luis Antonio Hernández, quién dió el anuncio de la citación a indagatoria a Uribe y Prada. Foto: Facebook Corte Suprema de Justicia |
Esa prueba medirá la eficacia, calidad y credibilidad de la justicia colombiana, lo cual depende en mucho de cómo se comporten los investigadores y jueces del proceso. Pero ante todo -para bien y para mal- dependerá de la confianza o desconfianza que ya tenga la gente en el sistema y en los funcionarios.
Por una parte y de momento hay que decir:
La verdad judicial es absoluta pero no es la absoluta verdad.
- Que nadie ha puesto en duda la probidad de los tres magistrados,
- Que las pruebas o indicios serían abundantes,
- Que el ciudadano llamado a indagatoria cuenta con abogados de excelencia, y
- Que la ley colombiana establece procedimientos, fases, instancias y controles diseñados para llegar a “la interpretación más rigurosa y mejor fundamentada” de los hechos.
Pero por otra parte hay que admitir que el sistema colombiano de justicia ha mostrado lunares que lo debilitan, y en especial para el caso presente:
- La duda, más o menos razonable, sobre quién debe asumir el proceso -la CSJ o la Fiscalía (un punto sobre el cual la propia CSJ cambió de jurisprudencia); ¿Será, además, que Uribe y Prada son juzgados por distintos tribunales y con resultados, por eso, distintos?-.
- La consiguiente diferencia en los procedimientos aplicables (Código Procesal Penal o régimen de aforados) -agravada por los continuos cambios en la legislación penal, e incluyendo la reforma constitucional de este año para crear dos nuevas Salas en la CSJ cuyos magistrados están siendo elegidos y a las cuales pasaría este proceso-.
- La dependencia casi exclusiva del testimonio como medio de prueba –complicada en este caso por los varios testigos delincuentes y por ende no confiables, los cambios repetidos en sus testimonios, las grabaciones legales o dudosas-.
- La violación olímpica y continua de la reserva del sumario (que facilita la manipulación de nuevas pruebas y aumenta la presión sobre los funcionarios), por parte de unos jueces que fallan por micrófono y de unos periodistas que prejuzgan o que son altavoces ingenuos o conscientes de algún interesado.
- El precedente negro del “cartel de la toga” en la CSJ –incluyendo al magistrado Malo que mantuvo inactivo por tres años el proceso contra Uribe por presuntos delitos de suma gravedad-.
- La pelea ya vieja entre Uribe y los jueces -en especial la CSJ- con insultos, seguimientos e intentos de reforma constitucional que podrían revivir con Iván Duque: aunque una Corte no fuera política, el solo hecho de que la ataque un presidente la convierte en política. Este fue un costo del gobierno Uribe.
No soy quien para hacer un balance entre las luces y las sombras de un sistema judicial que hoy debe resistir esa gran “prueba de estrés”. Por eso me remito a la opinión del pueblo colombiano que es quien tiene o tendrá la palabra final; e infortunadamente, según la fuente más confiable en la materia (Invamer-Gallup):
- El 79 por ciento de los encuestados en junio de este año tienen una imagen negativa del sistema judicial y solo el 17 por ciento lo ve con buenos ojos;
- Esa imagen ha venido en deterioro de manera sostenida desde hace unos 10 años;
- El balance no es tan malo para la CSJ, pero aun así tiene un 60 por ciento de desconfianza y apenas 32 por ciento de imagen favorable;
- Esa imagen negativa se ha duplicado en 10 años;
- La Fiscalía General sale mejor librada, aunque con el 51 por ciento negativo frente al 44 por ciento positivo, y
- Su imagen también ha empeorado, de modo más gradual, a lo largo de la década.
Una paja en un pajar
Corte Suprema de Justicia. Foto: Razón Pública. |
El resultado neto más probable del balance anterior es que la gente en general no creerá en el fallo sobre Uribe. Mejor dicho: cada quien escogerá y agrandará los aspectos, argumentos o incidentes de una historia compleja y esotérica para seguir aferrado a lo que ya creía. O todavía mejor dicho: no tendremos un consenso sino la acentuación del disenso sobre el legado y figura del presidente y senador Uribe.
Tendremos, sí, la verdad judicial y sus efectos –que Uribe siga su vida dentro o fuera del Congreso, que sea detenido, que lo condenen a pena privativa de la libertad, que lo despojen de derechos políticos-. Y estos efectos – más que el fallo por sí mismo- tendrán otros efectos sobre el próximo gobierno y sobre la lucha política en Colombia.
Pero además de la verdad judicial y de las varias verdades políticas, hay la verdad histórica que no resulta de este caso puntual –y en efecto de “menor cuantía”-, ni resulta tampoco de las pasiones e intereses inmediatos de los bandos.
Es la verdad que resulta de mirar al conjunto de la vida, la obra y el legado de quien sin duda dedicó varias décadas a ser cúspide y centro de una guerra exitosa contra la principal guerrilla de Colombia, y donde también sin duda fueron empleados los medios legales y los criminales.
Una historia que no es solo de Uribe sino de sus colaboradores inmediatos y de la gran mayoría de los colombianos que la hicieron posible a través de las urnas.
Como escribió Hemingway a raíz de un desangre comparable al de Colombia: “No preguntes por quién doblan las campanas; están doblando por ti”.
*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.