La mañana del pasado viernes 26 de agosto manifesté, primero en la FCPyS y un par de horas después en este blog, que para mí el ataque al casino Royale no era resultado de un atentado terrorista sino probablemente consecuencia de una extorsión o un ajuste de cuentas. A casi dos semanas del triste suceso, y después del circo mediático montado, mi hipótesis ha sido confirmada con la declaración de los sobrevivientes, la presentación de vídeos y la aprehensión de los autores materiales del delito. En efecto, no se trató de un acto terrorista y el Gobierno mexicano se equivocó al calificarlo presurosamente como tal.
Ante las cinco decenas de muertos y el dolor generado, e inclusive el miedo provocado por el atentado, puede parecer pueril discutir sobre si técnicamente se trató o no de terrorismo, pero hay que recordar que las palabras son contenedores tanto de conceptos como de “cargas” ideológicas y emotivas, y que las acciones de gobierno invariablemente afectan los destinos de miles de personas, y por lo tanto deben ser siempre tomadas con el mayor rigor metodológico posible y como resultado de la reflexión, y no del estado anímico del gobernante.
Independientemente de si un acto es o no terrorista, nombrarlo como tal tiene consecuencias que van desde declaraciones de idiotas, pérdidas monetarias, o el ingenuo acto de enviar más tropas a Monterrey, hasta las preocupantes y disparatadas declaraciones de la señora Wallace que, según su ‘singular’ razonamiento, considera que lo más “honesto y efectivo” es establecer un estado de excepción para frenar la criminalidad. Según entiendo, el principal problema de la delincuencia organizada es que trasgrede nuestras garantías, así que no comprendo cómo es que renunciando a ellas vamos a garantizarlas. ¿Será que Wallace no es uno de los tantos que han sufrido cateos violentos e ilegales de parte de las fuerzas del orden por ‘equivocación’? No lo sé…
En los operativos contra el narcotráfico que se realizan en Michoacán, ”militares han incurrido en violaciones de suma gravedad a los derechos humanos de la población civil”, denunció ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. ”Hay 52 quejas, cinco de ellas de mujeres que manifiestan haber sido ultrajadas; cuatro son menores de edad y en una de ellas la violación está plenamente acreditada con evidencias científicas. Esta chica presentaba estrés postraumático y no podía hablar; con ayuda psicológica pudo establecerse la comunicación. SÍ fue violada. En los otros casos se están haciendo estudios médicos”.
Fuente: La Jornada. Mayo 16, 2007.
Muchas fueron las voces que en días posteriores clamaron por la “¡Aplicación de toda la fuerza del Estado en contra de los “enemigos de la sociedad!”. No faltó quien aseguró que se trataban de “¡actos infrahumanos!”. Sobraron los ‘patriotas’ que lloraban por su dolida Patria, pero que hace dos años ante la tragedia de la ABC no dijeron nada…
Todas esas voces que despojaron de su calidad de humanos a los criminales y pidieron su exterminio por considerarles el mayor enemigo de la sociedad mexicana, olvidan un hecho sustancial: los criminales, nos guste o no, también son parte de la sociedad…
En una triste ironía, ahora que más se necesita, la vehemencia de los que pedían la inflexible aplicación de la ley se ha calmado. Hoy ya sabemos que los sicarios pusieron el combustible y el fuego, pero que fue el Gobierno, con su característica negligencia, ampliamente tolerada por la sociedad, quién cerró las puertas por las que debían haber escapado las víctimas. Si las estructuras de gobierno hubiesen hecho su trabajo, el casino no habría estado funcionando en tan irregulares condiciones. Y por si esto no fuera suficiente, parece que el gobierno local (hasta ahora, falta ver si también el estatal) está involucrado en las extorsiones a comercios y empresas.
Hace dos semanas se declaró que era un ataque terrorista, entonces ¿por qué no se le investiga y trata a Jonás Larrazabal como terrorista? Su propio hermano, Fernando Larrazabal -que además de ser PANista y aliado del delfín de Calderón es presidente municipal de Monterrey-, coincidió en su momento en pedir el uso de toda la fuerza del Estado sobre los criminales, y sin embargo ahora se niega a dejar su cargo para facilitar las investigaciones. ¿Dónde quedó su determinación para combatir a los “terroristas”? ¿Dónde está el programa especial de Loret de Mola para pedir, en nombre de la “unidad nacional”, la renuncia del alcalde de Monterrey? Yo no lo sé, ¿ustedes?
Uno esperaría que declarar formalmente la existencia de terroristas en el país -una amenaza que desde el 09/11 se considera a nivel internacional como extremadamente grave- sería suficiente para justificar, cuando menos, la destitución de políticos involucrados en el crimen organizado, pero hasta ahora sólo ha contribuido a fomentar más el clima de psicosis social que permite que tonterías como una serie de tweets desquicien el puerto de Veracruz. ¿Y manteniendo ese clima se pretende “reconstruir el tejido social”? Espero que no…
Pero aún no es tiempo de adelantar conclusiones definitivas, pues aún no termina la investigación del caso Royale. Esperemos que la justicia alcance a todos los implicados y que pronto abandone el discurso la palabra “el terror”, porque mientras siga en la discusión pública, los defensores de la «seguridad» seguirán amenazando nuestras libertades tal y como ahora lo hacen los criminales.
-Para enfrentar al terrorismo hay que ceder algunas libertades.
-Sí, ya lo hicimos. Se llama contrato social.