Vayamos más allá de los deseos para el año nuevo, como bajar de peso y la paz para distantes lugares en el mundo que se encuentran en conflictos armados. Algunas veces deseamos que el año nuevo mejore la situación económica personal; otras veces sumamos la nacional, pero rara vez nos miramos como país e incluimos en nuestras resoluciones la consecución de la equidad, la expansión de los espacios democráticos y la conquista de la paz social. El 2010 se caracterizó por la falta de diálogo, la represión mediante el uso de la fuerza policial, la criminalización de la protesta, el ataque permanente a las instituciones más importantes del país, el aumento de la criminalidad, entre muchos otros males. Los espacios democráticos, de una democracia pocas veces cuestionada, se redujeron drásticamente e incluso la administración universitaria, con ayuda de la Policía, reglamentó los espacios de expresión pública en la Universidad de Puerto Rico.
La Legislatura, supuestos representantes de la ciudadanía, se ha aprestado a presentar y aprobar proyectos de ley que atentan contra la participación ciudadana y limitan su intervención en la cosa común. Además han propuesto tipificar conductas dentro de la Universidad de Puerto Rico que se prestan para la persecución de la disidencia y que, en última instancia, están dirigidas a acallar, a silenciar e interrumpir el libre intercambio de ideas. De igual manera, la mayoría del Tribunal Supremo ha avalado las actuaciones del Estado dirigidas a criminalizar la protesta y ha contribuido, notablemente, a la debilitación de la democracia.
Hay que dejar claro que la protesta es una prerrogativa que tienen los ciudadanos para exigirle al Estado que actúe ante alguna situación o cese alguna actuación que se considera injusta. En ese sentido, la protesta es la condición de posibilidad de cualquier estado que se quiera llamar democrático. A diferencia de lo que nos han hecho pensar, la protesta es un derecho que trasciende el derecho del Estado o derecho positivo. En ese sentido existe independientemente de la consignación en una Constitución, una ley o un reglamento. Aquel Estado que se disponga reglamentar la protesta de la manera que se hace hoy en Puerto Rico y a restringir la libertad de manera tal que se reduzcan al mínimo los espacios de acción política, se asemejan más a un totalitarismo que a una democracia. Así que nuestra resolución principalísima en el 2011 debe ser reclamar más derechos democráticos y no aceptar la restricción de los actuales. Es un deber ciudadano impedir que el estado de excepción que hoy impera en Puerto Rico se normalice y para ello es imprescindible rescatar nuestros espacios de acción política.