El cabildeo o lobby, es la vía que utilizan muchas organizaciones, personas y empresas privadas para lograr influir sobre las decisiones que toman los jerarcas de distintos poderes de la República.
Se trata de reuniones que entablan con funcionarios públicos con el fin de convencerlos de actuar de la manera más favorable para sus intereses, que pueden ser loables o turbios. Por ejemplo, una asociación de lucha contra el cáncer puede visitar a diputados con el fin de exponer sus puntos de vista sobre determinada ley que beneficiaría su atención médica; así como lo puede hacer una empresa farmacéutica para evitar que regulen los precios de medicamentos.
En busca de regular esta actividad y establecer mecanismos que proporcionen transparencia en la Asamblea Legislativa, muchos diputados han impulsado proyectos de Ley. Por ejemplo, Ottón Solís, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó en el 2014 una iniciativa que buscaba esa claridad en el Congreso.
Bajo el expediente 19.251 propuso obligar a los 57 legisladores a recibir visitas únicamente de grupos gremiales, sindicales o empresariales que pidieran una cita formal y por escrito, para con ello realizar un registro de las personas y los motivos de los encuentros.
El proyecto titulado: “Ley Reguladora del Cabildeo en la función pública”, tenía como objetivo impedir el tráfico de influencias y el conflicto de interés. Definía como cabildeo en su Artículo 2: “toda acción destinada a influir en políticas o decisiones a cargo de funcionarios de elección popular, miembros de asambleas, juntas directivas, gerentes de instituciones del sector público o de entidades privadas con o sin fines de lucro que gestionen o administren bienes o servicios públicos o de cualquier funcionario del sector público o privado que ejerza actividades de orden público con capacidad de decisión; con el objeto de orientar la gestión pública en favor de sus intereses o los de terceros”.
Asimismo, en el Artículo 3 proponía que se mantuviera la agenda completa de las reuniones a disposición del público, en tiempo real por medio de las herramientas tecnológicas más amigables con los usuarios. Esa agenda debía contener el nombre de la persona o personas que asistieron a la reunión, la fecha, hora y lugar; el tema o temas a tratar y la relación de los visitantes con esos temas.
De haberse aprobado este proyecto, las relaciones entre personas físicas y jurídicas con los diputados serían más transparentes; además evitaría situaciones como la presentada con el proyecto de Ley 20.961 contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico en agosto pasado, cuando el frenteamplista José María Villalta y el liberationista Daniel Ulate denunciaron los intentos de sabotaje a esta iniciativa a través del cabildeo.
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Multas millonarias a quien no declare lobby
La diputada del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, también impulsó un proyecto que tiene como fin brindar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía de que ese lobby no afecta las finanzas públicas.
En el expediente 21.532, Acuña propuso sanciones de ¢223.000 hasta ¢3.570.000, para los jerarcas que no publiquen con cuáles empresas se reúnen.
“La o el funcionario público que reciba al o los representes de empresas u organizaciones, tiene que llevar una bitácora en la que incluya todos los detalles de la reunión, lugar, hora y cada tema conversado, pero además esa bitácora tendrá que publicarse en la página de internet de la institución en la que trabaja, si no lo hace será sancionado, tanto él como su jefe directo”, aseguró la Acuña.
Quienes estarían sometidos a esta ley, son los funcionarios que tienen poder de decisión sobre contratos o políticas en instituciones del Gobierno.
“Esta propuesta a diferencia de otras que se han presentado, no incluye el pago de una licencia para quienes realizan lobby político, ya que considero que no se le debe cobrar monto alguno a las personas que buscan tener un contacto o acercamiento con sus gobernantes”, enfatizó Acuña.
Compañías que inciten o realicen gestiones por medio de cabildeo y además entreguen información falsa, serán igualmente sancionados de acuerdo con el monto total de sus ingresos anuales.
La propuesta de Acuña actualmente no ha sido convocada, por lo que está a la espera de la asignación de una comisión.
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Ley reguladora de lobby avanza en Plenario
Precisamente este martes la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó el proyecto “Ley Reguladora de las Actividades de Lobby en la Administración Pública”, propuesto por la diputada socialcristiana María Inés Solís.
En él se establecen mecanismos a los que deben sujetarse los funcionarios públicos en posición de poder.
“Se busca hacer más transparentes los encuentros y reuniones que tenemos los funcionarios públicos con las personas que solicitan una audiencia y que tienen como finalidad promover los intereses que representan, e influir de alguna forma en la toma de decisiones acerca de políticas públicas o de cualquier otro asunto de interés”, explicó Solís.
La jerarca detalló que se contempla una serie de obligaciones que deben cumplir sujetos activos o “lobistas” y los funcionarios públicos o sujetos pasivos, que se relacionen.
Esta ley alcanzaría a los funcionarios del Poder Ejecutivo, la Presidencia y Vicepresidencias de la República, ministros y viceministros de Gobierno; Poder Judicial, magistrados de la Corte Plena, sus Letrados, Consejo Superior y Director Administrativo.
También embajadores del país en sedes extranjeras, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Banco Central (presidente y miembros de Junta Directiva), bancos del Sistema Bancario Nacional y gobiernos locales.
“Mi proyecto busca transparentar los procesos de toma de decisiones en todos los niveles y Poderes del Estado y lo propuse porque soy defensora del parlamento y del Gobierno abierto. Considero que la ciudadanía merece conocer a qué influencias son sometidas las decisiones de quienes los gobierna”, manifestó Solís.
En esta iniciativa la persona “lobista” deberá brindar la información que se le pida relacionada con el motivo por el cual acude a una reunión con el funcionario.
Por su parte el funcionario tendría la obligación de designar a un responsable al interior de su despacho para que lleve un “registro de agenda pública” del funcionario. Este documento contendría el nombre de los lobistas, las reuniones y temas tratados en cada encuentro.
Tecnología podría ser la clave
Empresas tecnológicas en Costa Rica tienen sistemas en los que cada persona que ingresa se registra y recibe una calcomanía de seguridad. Al registrarse, se almacena en tiempo real en la plataforma su nombre y el de la persona con quién se reúne, de qué hora a qué hora y el tema.
Sistemas como el mencionado pueden estar públicos en la nube y cualquier persona puede acceder a ellos, lo facilitaría saber por ejemplo, cuántas veces se reunió una diputada específica con un sindicato durante los últimos tres meses, o cuántas veces se reunió un vicepresidente para analizar el tema de impuestos con una empresa a la que afectaría.
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