Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la zona de América Latina y el Caribe logró en el año 2015 las dos metas de los Objetivos del Milenio relacionadas con la pobreza y el hambre, al reducir en un 66% la proporción de personas en situación de pobreza extrema y en casi un 63% la proporción de población total con subalimentación. La región también alcanzó la meta más ambiciosa acordada en la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA): reducir a la mitad el número total de personas que padecían hambre.
Sin embargo, casi al finalizar el 2017 se constata que la región ha vuelto a retroceder en esta materia. El hambre ha aumentado en un 6%, mientras que existen 43 millones de personas desnutridas y al mismo tiempo continúan aumentando los niveles de sobrepeso y obesidad.
"Vamos por mal camino", manifestó Julio Berdegué, representante regional de la FAO. Por su parte Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que "en la actualidad es fácil encontrar hogares con un niño desnutrido y una madre con sobrepeso, o un niño con desnutrición crónica y sobrepeso o con una deficiencia de vitaminas y minerales".
En una región muy heterogénea, Haití continúa siendo el país con los índices más altos de hambre, la cual afecta al 47% de su población. Son casi cinco millones de haitianos, lo que equivale a casi dos tercios las personas que padecen hambre en el Caribe. En Mesoamérica la desnutrición afecta al 6,5% de la población, en el Caribe al 17%, mientras que países como Chile, Cuba y Uruguay el hambre tiene tasas inferiores al 3%.
Si esta situación no se revierte, América Latina y el Caribe no podrán cumplir la meta de erradicar el hambre en el año 2030, tal y como lo establecen los compromisos adoptados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Si el hambre es un flagelo a vencer, también lo son los altos niveles de sobrepeso y obesidad, que se han venido convirtiendo en una gran amenaza y una preocupación aguda para la salud pública de los países de la región. La obesidad no ha logrado ser contenida y lo que constituye un grave problema a nivel regional también lo es en el mundo.
Si la tendencia actual se mantiene, en el año 2025 existirán casi 3 mil millones de personas con sobrepeso u obesidad. Estamos ante una verdadera epidemia cuyos costos de tratamiento a nivel global alcanzan la cifra de 470 mil millones de dólares para atender enfermedades cardiovasculares, 398 mil millones para diabetes, 300 mil millones para hígado graso no alcohólico.
Mientras en Chile hay un 63% de población con sobrepeso, México ocupa el segundo lugar entre los miembros de la OCDE con una de las mayores cifras de obesidad en adultos. De acuerdo al Obesity Update del año 2015, más de la mitad de los adultos y casi uno de cada seis niños padecen sobrepeso u obesidad en países asociados a la OCDE. Los países con mayor prevalencia son Estados Unidos con un 38,2% y México con un 32,4%
El propio gobierno mexicano se ha visto en la necesidad de declarar esta situación como una emergencia epidemiológica. Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor de México, una de las organizaciones más activas y especializadas en la materia, ha dicho que "las emergencias epidemiológicas decretadas por la Secretaría de Salud se agudizarán ante la falta de políticas para enfrentarlas y la captura de estas políticas por la industria de alimentos y bebidas".
"Con políticas diseñadas por estas empresas, como un etiquetado frontal que representa un riesgo para la salud y la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia que no protege a los niños de la promoción multimillonaria de productos no saludables, la obesidad y la diabetes sólo se incrementarán. Con el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, establecido por la Secretaría de Salud para evaluar las políticas contra la obesidad y la diabetes en manos de la industria, con el más profundo conflicto de interés, la dependencia protege los intereses económicos de estas grandes corporaciones, sacrificando la salud pública", sostiene Calvillo.
Sabemos que los conflictos de interés de las grandes corporaciones en materia de salud pública, así como en otros ámbitos del mercado de bienes y servicios, generan grandes perjuicios a los consumidores. Invitado por la organización El Poder del Consumidor, estuvo recientemente en México Nicholás Freudenberg, profesor distinguido de Salud Pública en la Escuela de Posgrado de Salud Pública y Políticas de Salud de la City University of New York (CUNY).
Freudenberg, que es autor de cientos de reportes, libros y artículos, señaló que los conflictos de interés se generan bajo dos ámbitos principales. Primero, cuando los roles públicos de las organizaciones o individuos entran en conflicto con sus roles privados y segundo, cuando una organización tiene que escoger entre seguir sus intereses públicos o sus intereses privados de carácter comercial.
Según defiende el propio profesor, desde estos dos ámbitos principales se desprenden tres tipos de conflicto de interés: científico, de política pública e ideológico. En el ámbito científico, mencionó el auspicio a investigaciones que sirvan para confirmar las posiciones de la industria; el cuestionamiento a la credibilidad de investigadores independientes, así como de organismos públicos; el ocultamiento de datos que no sean favorables a los productos de las corporaciones.
En relación con las políticas públicas, las corporaciones financian a lobistas profesionales para promover sus intereses durante el proceso de discusión de una política pública; crean y financian a grupos que aparecen como organizaciones ciudadanas para que impulsen las propuestas de las corporaciones; utilizan métodos reñidos con la ética para acceder a información interna sobre las posiciones de sus oponentes, así como también desacreditan el comportamiento personal de líderes que se oponen a sus políticas. Un ejemplo de esto son los programas de espionaje que fueron usados contra quienes promovían en México un impuesto a los refrescos cuyo objetivo era reducir el consumo de bebidas con altos contenidos de azúcar. Uno de los afectados fue precisamente Alejandro Calvillo.
Finalmente y refiriéndose al ámbito ideológico, Freudenberg destacó el apoyo de las corporaciones a centros de estudios (think tanks) que promuevan bajos impuestos y políticas desregulatorias y privatizadoras. A la vez, mencionó la readecuación de los debates de salud pública para que favorezcan las perspectivas de la industria y las aportaciones a campañas de partidos políticos para garantizar su acceso e influencia a quienes toman decisiones relevantes en la materia.
Durante la conferencia que a fines de octubre Freudenberg dictó en México, y cuyo tema fue La captura de la política y la salud pública por las corporaciones y cómo evitarlo, señaló que también los gobiernos experimentan el conflicto de interés cuando sus representantes actúan en función del interés privado en lugar del interés público bajo su cargo y asumen diversas conductas, como cubrir los equipos de asesores con personas que representan el interés corporativo, o regulan beneficiando el interés privado en lugar del interés público.
Los conflictos de interés pavimentan los caminos del abuso contra los consumidores y la sociedad en su conjunto. Junto con exigir a las corporaciones transnacionales que subordinen toda política e interés comercial a los derechos humanos en general y en particular a los de los consumidores, contenidos en las Directrices de la Organización de Naciones Unidas; también es válido que nos preguntemos si deseamos tener en nuestros países autoridades públicas que, además de disponer del poder político, participen activamente del poder económico. Y aún más, tengan potencialmente la oportunidad de aprovechar los vacíos de transparencia y legalidad para incrementar su poder económico en el uso del poder político, sin que la ley castigue de forma ejemplar estos actos.
Cuando una organización de la sociedad civil, como El Poder del Consumidor, promueve la iniciativa de invitar a Nicholas Freudenberg a México y abrir un espacio de denuncia y propuestas, está dando un ejemplo de compromiso militante ante temas que no pueden estar ausentes de nuestras preocupaciones y agendas de trabajo. Los problemas cotidianos de los consumidores, tanto en el ámbito de la salud como en otras áreas, tienen causas estructurales que necesariamente hay que enfrentar y modificar.
Este ejemplo de compromiso lo dieron también otras veinte organizaciones de consumidores de América Latina y el Caribe al reunirse en el mes de septiembre en El Salvador, con el objetivo de construir una agenda de trabajo común para la promoción y desarrollo de sistemas sostenibles para una alimentación saludable. Dicha agenda incluyó planes específicos de incidencia que cada organización impulsará en sus respectivos países.
Este encuentro se dio en el marco del simposio regional sobre sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable, auspiciado por la FAO. Julio Berdegué estuvo presente en la clausura del encuentro de las organizaciones de consumidores, y señaló que "no podemos hablar de los temas de la alimentación y de los múltiples desafíos que representa la malnutrición en todas sus formas, sin dialogar con las organizaciones de consumidores".
Las organizaciones presentes en El Salvador enfatizaron en temas tales como la necesidad de establecer impuestos a las bebidas azucaradas; implementar con urgencia etiquetados de advertencia nutricional; elaborar o actualizar guías alimentarias que promuevan cambios orientados a una alimentación sostenible, equitativa e inclusiva; e impulsar campañas regionales en torno a estas temáticas.
Se trata de asuntos relevantes que están en el debate regional y donde las resistencias principales a los cambios radican en los conflictos de interés que provienen tanto de las corporaciones como de las autoridades públicas comprometidas con los intereses privados.
Sin embargo, y a pesar de la resistencias, hay espacios para avanzar. En el caso del etiquetado no es un hecho menor que representantes de alrededor de diez países y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunieran este año en Chile para evaluar los avances e impactos que ha tenido la ley de etiquetado de alimentos a poco más de un año de su implementación.
Esta ley instaló una advertencia clara y directa mediante sellos nutricionales que permiten identificar con facilidad los alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional, generando a la vez una integración sinérgica de políticas al regular el etiquetado, la publicidad y el ambiente escolar en materia de alimentación. Esto hace que exista coherencia en los ambientes donde se compra, eligen o promueven alimentos y así se establezca una mejor red de protección para la salud de los consumidores.
Estamos en presencia de una medida regulatoria que ya está logrando resultados concretos y medibles, y que se apoya en el deseo y la voluntad de los consumidores por defender su salud y alcanzar mejores estándares de calidad para sus vidas. Para lograr estos resultados y superar la fuerte oposición de la industria de alimentos y sectores políticos conservadores, fue necesaria la colaboración y el trabajo conjunto a nivel parlamentario de la comunidad científica y de la sociedad civil, donde las organizaciones de consumidores chilenas jugaron un rol destacado.
Estamos ante un buen ejemplo de que con una efectiva coordinación de las asociaciones de consumidores y la colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, con sectores del ámbito de la salud y el mundo académico, es posible doblegar a quienes pretenden continuar políticas que, por privilegiar un lucro desmedido, están afectando a la salud de las personas.
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Juan Trímboli es consultor y director de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable.