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El Tribunal Federal de Suiza, máxima instancia jurisdiccional del país helvético, anunció el jueves 28 de noviembre su decisión de ratificar la sentencia emitida por la Cámara Penal de Apelación y Revisión de Ginebra en abril de 2018, en la cual le adjudica a Sperisen la calidad de cómplice en el asesinato de reos y lo sentenciaba a quince años de prisión.
No existe más apelación posible. No en Suiza. El único camino que le queda a la defensa del doble nacional suizo-guatemalteco Sperisen, es recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Sus abogados Florian Baier y Giorgio Campa, anunciaron de inmediato tras conocerse la decisión última que recurrirán a la máxima entidad europea encargada de revisar que el debido proceso, como derecho humano, haya sido garantizado en el proceso.
Por lo pronto, Sperisen, quien gozaba de cierta movilidad luego que los jueces de Ginebra decidieron otorgarle una medida sustitutiva a la prisión a cambio de firmar a diario actas de presencia ante la autoridad judicial y portar un brazalete electrónico que permitía rastrear sus movimientos, regresó ya a prisión para cumplir la condena que le fue im-puesta.
En un comunicado oficial, el Tribunal Federal explicó su decisión de “rechazar, sobre los puntos principales, el recurso de Erwin Sperisen contra el veredicto de la Cámara Penal de Apelación y de Revisión de la Corte de Justicia del Cantón de Ginebra”. Por consiguiente, la condena como cómplice de siete asesinatos y la pena de 15 años de privación de libertad no deja margen a la crítica, según las palabras del Tribunal Federal.
De acuerdo con Bénédict de Moerloose, jurista de Trial International, una de las organizaciones que presentaron la denuncia inicial en 2008 que abrió paso a la investigación, persecución y sanción judicial contra Sperisen, tras constatar en ese mismo año que el exfuncionario guatemalteco estaba refugiado en Ginebra, Suiza, catalogó como “día histórico para las víctimas, histórico para la justicia, histórico para Guatemala”, tras conocer la decisión del Tribunal Federal.
La máxima instancia suiza “no dejó dudas, descartó todos los argumentos de la defensa, en un auto de 69 páginas”, indicó. “Ahora sólo queda una verdad, grabada en piedra: en la cárcel Pavón, el 25 de septiembre de 2006, en el marco de una operación policial y militar, siete personas detenidas, que como tal gozaban del beneficio de la protección del Estado, fueron asesinadas como animales en matadero por los hombres de Sperisen y con su participación activa… Ahora está condenado, se hizo justicia”, agregó.
Por su parte, la abogada querellante al proceso, representante legal de la madre de uno de los reos ejecutados en Pavón, mesuró sus palabras: “es una decisión dura contra Sperisen, porque le niega todos los argumentos que pudo presentar, pero buena para la víctima a la que represento y para el Estado de Ginebra que también ha sido muy criticado durante todo el proceso”, señaló.
Para los abogados defensores, la decisión del Tribunal Federal es incomprensible, en la medida en que a Sperisen se le adjudica complicidad en los asesinatos, cuando tanto su superior en aquella época, Carlos Vielmann, quien era el ministro de Gobernación, como Javier Figueroa, la mano derecha de Sperisen en la policía, y Alejandro Giammattei, jefe de presidios adscrito a la PNC y ahora presidente electo de Guatemala, fueron llevados a juicio en España, Austria y Guatemala respectivamente, y fueron absueltos de responsabilidad.
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No obstante, con esta decisión, la justicia suiza deja clara su independencia, tanto respecto de los otros sistemas judiciales y la forma como éstos valoraron las pruebas a su disposición, así como de las presiones políticas que por años se intentó someter a las autoridades judiciales de Ginebra por parte de grupos afines a Erwin Sperisen.
En retrospectiva y a lo largo del proceso, la justicia suiza demostró lo siguiente: su respeto irrestricto a la ley, al cumplir con su deber de investigar, perseguir, enjuiciar y sancionar a connacionales suizos que hayan cometido delitos fuera de sus fronteras toda vez que la extradición no está contemplada, tal como ocurrió con Sperisen; y establecer la verdad de los hechos en función de una extraordinaria cantidad de pruebas periciales y testimonios que conformaron el expediente judicial contra el ex jefe policial.
En pocas palabras, le decisión del Tribunal Federal asienta, al menos, cuatro verdades incuestionables:
1) El asesinato de siete reos en Pavón fue una acción premeditada, deliberada, de la que Sperisen, como jefe de la Policía Nacional Civil, tuvo pleno conocimiento y en su condición, la facilitó. Fueron ejecuciones extrajudiciales y por consiguiente, flagrantes violaciones de derechos humanos.
2) Paralelo al plan oficial dirigido a retomar el control de la cárcel Pavón, al que se denominó Plan Pavo Real, hubo un Plan B, del cual las máximas autoridades de la seguridad en el país tuvieron pleno conocimiento y que fue ejecutado por una estructura ilegal, un escuadrón conformado por individuos encapuchados, que entraron a matar de manera deliberada a los siete reos, previamente identificados e incluidos en la “lista negra”.
3) Sperisen fue cómplice. Aunque en el proceso judicial quedaron en evidencia indicios de la responsabilidad directa del exjefe de la policía en las ejecuciones extrajudiciales, la justicia suiza consideró que las pruebas no fueron contundentes. Sin embargo, sí su complicidad, de acuerdo al artículo 25 del Código Penal suizo, en el que se define como cómplice a quien haya prestado asistencia al autor para cometer un crimen o un delito. Como máximo jefe de la institución policial a cargo del operativo, Sperisen incurrió en tal figura delictiva.
4) Los fallos judiciales en todas las instancias, dieron validez a las pruebas que pesaban contra Sperisen, en especial las proporcionadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su rol como querellante en el proceso fue determinante. Asimismo fue fundamental como información de contexto, el informe del entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, quien visitó Guatemala en 2006 y estableció que en el país existía una verdadera maquinaria de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales orquestada desde las propias autoridades del Estado.
Como escribí en mayo de 2018 en este mismo medio, para la justicia suiza, la naturaleza de los hechos —ejecuciones extrajudiciales dentro de una institución custodiada por el Estado—, el rol del acusado —jefe de la policía nacional—, así como su actuación en el día de los hechos —sus movimientos en la cárcel fueron trazados minuto a minuto durante las audiencias, a partir de fotografías, vídeos, testimonios y declaraciones— fueron motivos suficientes para condenarlo por complicidad.
Con el fallo del Tribunal Federal, la sentencia contra Sperisen ha quedado en firme. Ahora deberá pasar en reclusión al menos cinco años, ya que el tiempo que ha estado privado de libertad durante el proceso judicial cuenta como parte de la condena definitiva.