La intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte de Montoro sigue llena de cuestiones que ponen en duda la famosa regla del gasto.
6 de diciembre de 2017 por Xavier Caño Tamayo
Ayuntamiento de Madrid. Foto: Nico_ (Flickr)
El ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ha intervenido el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno del PP lo interviene todo y no es preciso que haya políticos que digan querer separarse de España (y se echan atrás) para intervenir. Es suficiente una buena gestión municipal, como es el caso de Madrid gobernado por la coalición progresista Ahora Madrid. Una gestión decente y eficaz que pone en evidencia los años de derroche y algo más en el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el Partido Popular.
La nada convincente razón para justificar la intervención ministerial ha sido que ese Ayuntamiento se niega a corregir su línea de gasto. Según pretende Montoro, «la izquierda no acepta que haya control del gasto público y se opone por sistema». Pero es falso. En primer lugar porque ese ayuntamiento ha reducido su deuda
Deuda
Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
2.070 millones de euros. Una deuda, por cierto, contraída con las faraónicas obras de Ruiz-Gallardón del PP para soterrar la autovía M-30. Más tres carísimos intentos de que Madrid fuera elegida sede de los juegos olímpicos. El resultado del derroche fue que la deuda del Ayuntamiento de Madrid superó los 7.000 millones de euros.
¿Y ahora se penaliza a quien reduce la deuda sin dejar de gobernar pensando en la ciudadanía?
La regla de gasto de Montoro obliga nada menos que a rebajar la inversión en servicios públicos básicos para los ciudadanos. Aunque estén saneados financieramente. Una sospechosa regla que se apoya en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera inventada por Montoro. En realidad, un arma contra los ayuntamientos y comunidades autónomas que no gobierna el PP.
A los hechos me remito. Mientras Montoro obliga al Ayuntamiento de Madrid a paralizar obras e inversiones (que benefician a la ciudadanía madrileña), acepta el presupuesto del ayuntamiento de Jaén con más agujeros que un colador y con un presupuesto anual que no respeta los ajustes de gasto que pide el ministerio de Hacienda. Hacienda usa doble vara de medir al aplicar la regla de gasto. Así o asá según quien gobierne el ayuntamiento. ¿Es necesario decir que Jaén está gobernada por el PP?
Pero aún indigna más comprobar que el mismo Gobierno central que preside Mariano Rajoy, y del que forma parte Montoro, ha incumplido la regla de gasto en los tres últimos años. De modo coloquial, el Gobierno Rajoy se ha pasado por el arco de triunfo tres de los cuatro años en vigor de la misma regla de gasto por la que Hacienda interviene ahora las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. La regla de gasto aplica el artículo reformado de la Constitución en 2011 por el señor Zapatero y el PP por el que los acreedores privados cobran antes que dedicar lo que se precise a los servicios y obras que la ciudadanía necesita.
Hacienda usa doble vara de medir al aplicar la regla de gasto según quien gobierne el ayuntamiento
Buena prueba de la oscura intención de Montoro, y del gobierno Rajoy, por supuesto, es que otros ayuntamientos incumplen la regla de gasto (Valencia, Bilbao, Córdoba, Gijón, Barcelona, Zaragoza...), pero Montoro solo interviene Madrid por incumplimiento «reiterado» de la regla de gasto. Dice.
Como ha escrito Nacho Escolar, “quien exige a Madrid que gaste menos y ha intervenido el Ayuntamiento con esa excusa es el mismo gobierno que ha disparado la deuda. Las cuentas del gobierno Rajoy son muy deficitarias, mientras las del ayuntamiento de Madrid tienen superávit. El año pasado, Montoro aumentó el gasto del Gobierno 2,8% cuando el límite era 1,8%. El gobierno Rajoy se la ha saltado la regla de gasto tres años seguidos”.
Ante tales abuso y arbitrariedad, la Plataforma por la Justicia Fiscal, integrada por una veintena de destacadas organizaciones ciudadanas y sociales, ha expresado su contundente rechazo a la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por el ministerio de Hacienda. Y exige al Gobierno que cambie la Ley de Estabilidad Financiera y el techo de gasto por estar concebido en interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. de los acreedores y no de la ciudadanía. Lo que en verdad logra la regla de gasto es que aumenten las listas de espera sanitarias y de atención a dependientes, se reduzcan las plazas de educación infantil y se impida reducir la pobreza en Madrid que ya afecta al 28% de población.
Esa Plataforma ya demandó al ministerio de Hacienda para mejorar la progresividad del sistema fiscal (pagar impuestos según lo que se obtenga y tenga) e iniciara la lucha contra el fraude fiscal en vez de reducir el IRPF y el impuesto de Sociedades a los más pudientes. Así habrían aumentado los ingresos fiscales, la recuperación económica no se hubiera resentido en la vida de la gente y se hubieran podido reducir el déficit y la deuda, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid.
Lo expuesto lleva a considerar que la actuación del ministerio de Hacienda obedece a torticeros motivos políticos, como apuntan Economistas Frente a la Crisis al asegurar que “el margen de discrecionalidad del Gobierno se utiliza en este momento de forma arbitraria, lo que alerta sobre su intención política que podría pretender frenar las políticas de progreso en Madrid”. Ya es hora de poner en cuestión la regla de gasto.
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