La empresa Ambulancias Alerta ha presentado una querella por prevaricación administrativa, coacciones y amenazas contra la cúpula de la Consejería de Sanidad de Madrid. Los querellados (antigua figura de imputado) son el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, Cesar Pascual, director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria, Luis Fernandez Abad, secretario general técnico, y Santiago Cortés, director de Gestión del SUMMA.
La querella se basa en las grabaciones que realizaron en 2016 en las que los altos cargos de Sanidad intentaban convencer a los dueños de la compañía de que lo mejor para ellos era abandonar el contrato para el transporte urgente de pacientes a los hospitales públicos de la capital porque no iban a poder cumplir las condiciones con la oferta económica que habían realizado (que fue de 72,5 millones de euros).
En 2016 Ambulancias Alerta facturaba cerca de 1,2 millones de euros mensuales por el transporte no urgente de pacientes a hospitales públicos, todo con contratos con la Consejería de Sanidad. Actualmente factura 10.000 euros mensuales con empresas privadas. "La querella la hemos puesto cuando lo hemos perdido todo y ya no tenemos miedo a perder más", afirma Raúl López, director general de la empresa, con 30 años de vida.
Desde la consejería insisten en que cuando la empresa Alerta ganó el concurso, rebajando 10 millones de euros la oferta inicial, los querellados decidieron exigirle un informe de viabilidad. “Se les pidió un informe para que justificaran que por esa cuantía económica podían facilitar ese servicio, que no entregaron”, afirma un portavoz de la Consejería.
"Nuestra oferta no era temeraria y no teníamos por que presentarla", afirma López. "En cualquier caso, ¿por qué nos retienen las facturas desde febrero de 2016 a mayo de ese año por un total de cuatro millones de euros y no nos las pagan hasta que finalmente, siguiendo sus indicaciones, renunciamos y 48 horas recibimos el pago de tres millones pendientes?".