Los diputados del Congreso del estado mexicano de Chiapas depusieron en sesión cerrada al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, quien pudiera ser enjuiciado y encarcelado.
Los diputados acordaron separar del puesto al ombudsman chiapaneco y nombrar como sucesor a Edilberto Morales Barrientos, quien se desempeñaba como visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el municipio de Tapachula.
La diputada local izquierdista Deysi Castillo Cruz, quien votó en contra de la destitución, lamentó la actitud de sus compañeros.
Castillo denunció que a partir de este lunes el Organo Superior de Fiscalización, que depende del Gobierno del estado, podría aplicar una auditoría para comprobar supuestas irregularidades en las finanzas de la Comisión e iniciar un proceso judicial contra López Hernández. Señaló que los diputados pretenden de esta forma acallar las críticas contra el Gobierno del estado y sumarse también a la persecución de organismos defensores de los derechos humanos en el sureño estado de Chiapas, uno de los más pobres del país y con una numerosa población indígena.
Los diputados del Congreso del estado mexicano de Chiapas depusieron en sesión cerrada al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, quien pudiera ser enjuiciado y encarcelado.
Los diputados acordaron separar del puesto al ombudsman chiapaneco y nombrar como sucesor a Edilberto Morales Barrientos, quien se desempeñaba como visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el municipio de Tapachula.
La diputada local izquierdista Deysi Castillo Cruz, quien votó en contra de la destitución, lamentó la actitud de sus compañeros.
Castillo denunció que a partir de este lunes el Organo Superior de Fiscalización, que depende del Gobierno del estado, podría aplicar una auditoría para comprobar supuestas irregularidades en las finanzas de la Comisión e iniciar un proceso judicial contra López Hernández.
Señaló que los diputados pretenden de esta forma acallar las críticas contra el Gobierno del estado y sumarse también a la persecución de organismos defensores de los derechos humanos en el sureño estado de Chiapas, uno de los más pobres del país y con una numerosa población indígena.
Planteó que el Gobierno del estado es autoritario porque se ha dedicado a callar las voces de aquellos que han denunciado los excesos de las autoridades y que reclaman justicia social.
Según ella, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha trabajado en los tres últimos años con un presupuesto de 14 millones de pesos que han sido insuficientes para el desempeño de sus funciones.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas lamentó el proceder de los diputados contra López Hernández porque detrás de su separación está la intención del Gobierno de encarcelarlo.
Sobre todo porque, según el organismo humanitario, «existen acusaciones y órdenes de aprehensión promovidas desde el Gobierno que pudieran ser activadas en el momento que el presidente de la Comisión perdiera su fuero».
Por su parte el recién nombrado presidente de la CEDH, Morales Barrientos, dijo que continuarán trabajando en la defensa de los derechos humanos con mayor imparcialidad. EFE