Desde mi punto de vista lo central en el concepto de gestión de la diversidad tiene que ver con un cambio en el enfoque de las políticas públicas y estrategias sociales. Frente a u modelos basados en respuestas (programas, iniciativas…) especiales (distintas) y específicas (dirigidas) para colectivos (targets) minoritarios que se salen, supuestamente, de la norma general o corriente mayoritaria (mainstream), se propone una atención proactiva y respetuosa a las múltiples diferencias personales que presentan todos los miembros de la sociedad en el seno de servicios, políticas y, en general, entornos intencionalmente diseñados para todas las personas.
Este enfoque, como es evidente, se está aplicando a múltiples ejes o circunstancias de diversidad. Así se habla de la diversidad funcional (relativa a las capacidades), sexual (entre mujeres y hombres, básicamente), generacional (entre personas menores, adultas, mayores…), cultural (en lo tocante a los valores, normas, costumbres…), religiosa (creencias, ritos…), lingüística (idioma…), de orientación sexual (LGBT…) y así sucesivamente. Lógicamente cada uno de esos ejes o áreas de diversidad tiene características y connotaciones diferentes pero entiendo que los planteamientos y políticas de gestión de la diversidad tienen también elementos y vectores comunes o similares.
Según mi análisis, expuesto de forma más extensa en otros lugares, cabría señalar, al menos, tres factores que han venido impulsando la extensión de este tipo de planteamientos:
• El incremento, en sociedades complejas con viejos y nuevos riesgos sociales, del tamaño y la interpenetración de esos colectivos vulnerables (masa crítica) supuestamente minoritarios y destinatarios de respuestas excepcionales (vale para las personas inmigrantes y para otros colectivos que tradicionalmente han sido considerados como destinatarios exclusivos o preferentes de intervención social como, por ejemplo, las personas con discapacidad).
• La evidencia de los efectos no deseados (en términos, por poner dos ejemplos, de estigmatización social o de costes económicos) de la atención segregada, muchas veces denunciados por las propias personas afectadas por esos efectos y movimientos asociativos formados por ellas.
• El progreso ético, científico y técnico en el marco de las políticas públicas y los servicios de bienestar (sanidad, educación, servicios sociales…), cada vez más capaces de una atención personalizada en marcos cada vez más universalmente inclusivos y la constatación de que estrategias y medidas inicialmente pensadas para determinados segmentos poblacionales resultaban aplicables y beneficiosas para toda la comunidad.
(Así comienza la ponencia preparada para el 14 de noviembre, en las jornadas organizadas por Ikuspegi (Observatorio Vasco de la Inmigración) en Bilbao. Ponencia completa en esta misma página web: mis documentos/cuestiones y políticas sociales.)