Tras las protestas del 25 de agosto, en el segundo aniversario de lo que muchos rohinyás llaman «Día del Genocidio» (el día en que miles de rohinyás huyeron de Myanmar a Bangladesh tras una brutal represión de las fuerzas armadas de Myanmar en 2017), el Gobierno de Bangladesh ha ordenado a las empresas de telecomunicaciones bloquear el acceso a los teléfonos móviles en los campamentos rohinyás, con el pretexto de proteger la «seguridad nacional».
All mobile operators have been given urgent instructions to ensure that no SIMs are sold and mobile facilities in the Rohingya camp within the next seven business days.BTRC pic.twitter.com/nTnlRbhTrz
— Sam Saif (@SamSaif76025979) September 2, 2019
Todos los operadores de telefonía móvil han recibido instrucciones urgentes para garantizar que no se vendan tarjetas SIM ni terminales móviles en el campamento rohinyás durante los próximos siete días hábiles.
Se ha ordenado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladesh (BTRC, por su nombre en inglés) que durante siete días verifique los usuarios móviles de los campamentos, donde se informa que se utilizan regularmente 9000 conexiones móviles, y se confirmen los nombres y direcciones utilizados para registrar cada tarjeta SIM. También se ha pedido a los operadores de telecomunicaciones que reduzcan o debiliten sus redes en las zonas fronterizas con Myanmar, y que corten completamente el servicio en los campamentos rohinyás y que reduzcan la venta de productos y servicios de telefonía móvil a los refugiados rohinyás.
To stop #Rohingya refugees from using mobile phones, the BTRC and carriers decided to halt sale of SIM cards in Ukhia and Teknaf upazilas of Cox’s Bazar until further notice. They also decided to suspend 3G and 4G services in the upazilas between 5:00pm and 5:00am every day.
— Ali Ahmad Mabrur (@Mabrur00) September 3, 2019
Para evitar que los refugiados rohinyás utilicen teléfonos móviles, BTRC y los proveedores han decidido detener la venta de tarjetas SIM en los distritos Ukhia y Teknaf de Cox's Bazar hasta nuevo aviso. También han decidido suspender los servicios 3G y 4G en los distritos entre las 5 p.m. y 5 a.m. todos los días.
Las consecuencias de la prohibición son de gran alcance y tienen graves repercusiones para los rohinyás. Un líder rohinyá citado en Asian Correspondent dijo que la prohibición «afectaría enormemente a la vida de los rohinyás, que interrumpiría las comunicaciones entre los diferentes campamentos dispersos por el distrito fronterizo de Cox's Bazar». El líder también mencionó el impacto negativo de la prohibición en el bienestar financiero de muchos rohinyás que dependen de las remesas enviadas por familiares en otras partes del mundo.
Bloquear el servicio de telefonía móvil en las zonas donde se encuentran los campamentos rohinyás, por ejemplo Cox's Bazar, no solo afectará a los rohinyás, sino también a los proveedores de ayuda humanitaria, a otros ocupantes del distrito y a quienes necesitan ponerse en contacto con personas que están dentro de los campamentos.
En 2017, el Gobierno de Bangladesh prohibió por completo a las empresas de telecomunicaciones la venta de tarjetas SIM a los rohinyás. En ese momento, la prohibición fue criticada por grupos de derechos humanos, como Freedom House, que dijo que la «falta de acceso a internet amenaza con mantener a una comunidad de refugiados, ya de por sí marginada, aislada de las tecnologías de la información y la comunicación que les ayudarían a obtener servicios en Bangladesh y a mantenerse en contacto con sus familias». El Gobierno de Bangladesh ha instalado cabinas telefónicas gratuitas para el uso de los refugiados, pero casi nadie las utiliza. La prensa de Bangladesh ha informado que algunas empresas de telecomunicaciones han seguido prestando servicios de telefonía móvil a los rohinyás a pesar de la prohibición.
La decisión de inicios de septiembre de cortar el acceso móvil se opone directamente al enfoque ampliamente aceptado del humanitarismo de que la «comunicación es ayuda«, que reconoce que la comunicación y la información pueden servir para aliviar el sufrimiento y para ayudar a los afectados por las crisis a tomar decisiones informadas. Los grupos de derechos humanos han condenado ampliamente el corte de internet y del acceso móvil, pues consideran que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, y citan las consecuencias negativas para quienes atienden emergencias, para las empresas y para el público en general.
En 2017, el Gobierno de Bangladesh también prohibió la venta de tarjetas SIM a ciudadanos bangladeshíes que no tuvieran tarjetas de identidad nacionales y comenzó a exigir los datos biométricos a todo aquel que comprara una tarjeta SIM, por motivos de «seguridad nacional».
Los informes dicen que las protestas del 25 de agosto se organizaron a través de teléfonos móviles, por lo que la decisión de cortar el servicio de telefonía móvil se percibe como un intento de sofocar futuras protestas.
La decisión también se produce en el contexto de un segundo intento fallido de repatriar a los rohinyás de vuelta a Myanmar, al que nadie de la comunidad de refugiados rohinyás se sumó.
Las denuncias de violencia dentro de los campamentos también aumentaron en agosto de 2019 y la policía ha informado que un cuarto refugiado recibió un disparo el domingo 1 de septioembre.