Esta historia de Jacob Kushner, Anthony Langat, Sasha Chavkin y Michael Hudson forma parte de la serie de publicaciones «Expulsados y Abandonados: La promesa rota del Banco Mundial a los pobres» del International Consortium of Investigative Journalists y se republica en Global Voices bajo un acuerdo para compartir contenido.
Gladys Chepkemoi se encontraba recogiendo patatas en su jardín el día que los hombres llegaron para prenderle fuego a su casa.
Luego que su suegra le dijese que los guardabosques del Servicio Forestal de Kenia se dirigían hacia su casa, Chepkemoi se ató a su hijo de un año a la espalda y salió corriendo hasta su casa construida con un tejado de paja. Cogió dos latas de maíz, sábanas, platos y utensilios para cocinar, y se escondió en un matorral.
Ella cuenta que estaba mirando cuando los guardabosques con sus uniformes verdes incendiaron su casa.
Una vez que se hubieron ido, salió del matorral para ver lo que había quedado.
“Lo que solía ser mi casa, ahora era todo cenizas”, relató.
Esta joven madre es una de los miles de kenianos que han sido sacados de sus casas a la fuerza, desde el lanzamiento del programa de conservación de bosques financiado por el Banco Mundial en el oeste de Kenia en las Colinas Cherengani. Los defensores de los derechos humanos afirman que las autoridades gubernamentales han usado el proyecto como un medio para expulsar a los pueblos indígenas de sus bosques milenarios.
No son los únicos.
En países en desarrollo de todo el mundo, los habitantes de los bosques, campesinos pobres y otros colectivos vulnerables afirman que el Banco Mundial, la más poderosa y antigua institución que financia el desarrollo, ha dejado un rastro de miseria.
Presas, centrales eléctricas, programas de conservación y otros proyectos patrocinados por el Banco Mundial han empujado a millones de personas fuera de sus hogares, fuera de sus tierras o han puesto en peligro su medio de vida. En algunos casos los gobiernos que reciben el apoyo monetario del Banco Mundial han llegado a arrestar, golpear e incluso asesinar a personas que se oponían a ser sacados de sus casas a la fuerza, según entrevistas y quejas formales.
En países en desarrollo de todo el mundo, los habitantes de los bosques, campesinos pobres y otros colectivos vulnerables afirman que el Banco Mundial, la más poderosa y antigua institución que financia el desarrollo, ha dejado un rastro de miseria.
El Banco Mundial ha admitido algunas «deficiencias» en lo que respecta a la protección dada a las personas que son desalojadas por los proyectos que el banco apoya, y afirma que está trabajando para mejorar sus políticas y su aplicación. Asimismo, el banco ha declarado que proteger a las personas que se encuentran en el camino de los grandes proyectos es un «pilar importantísimo» en sus esfuerzos para «acabar con la extrema pobreza y promover la prosperidad compartida».
El Banco Mundial falla en proteger a la comunidad Sengwer
En Kenia, el Panel de Inspección interno del Banco Mundial descubrió que el banco había violado sus políticas fallando en hacer lo necesario para proteger a la comunidad Sengwer, un grupo minoritario indígena de los bosques de la zona oeste de Kenia del que forman parte Chepkemoi y su familia.
El informe, publicado en octubre del 2014, concluía que el banco no era un culpable directo de los desalojos de los que fueron víctimas los Sengwer, pero también afirmó que sí podría haber ayudado a prevenir los abusos contra la comunidad si hubiese aplicado sus propias reglas, incluyendo el requisito de que los beneficiarios de su financiación respetasen los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas.
El Banco Mundial comenzó financiando el Proyecto de Gestión de Recursos Naturales de los Servicios Forestales de Kenia en el año 2007. Prometió cubrir 68,5 millones de dólares del presupuesto total del proyecto que ascendía a 78 millones de dólares, en un esfuerzo por ayudar a los Servicios Forestales de Kenia a «mejorar los medios de vida de las comunidades, participando en la cogestión del agua y de los bosques».
Forest Peoples Programme, un grupo de defensa con sede en el Reino Unido, afirma que la financiación del proyecto por parte del banco puso a los Sengwer en peligro puesto que re-delimitó la Reserva Forestal protegida de las Colinas Cherangani de forma que miles de Sengwer se encontraban ubicados dentro de los límites de la reserva. Esto le dio a los agentes del Servicio Forestal de Kenia un pretexto para expulsarlos de sus tierras, según el grupo.
Paul Kibet, secretario del Consejo de Mayores de los Sengwer, dijo que el dinero del Banco Mundial también le dio al Servicio Forestal de Kenia el equipamiento que necesitaba para lanzar su campaña de desalojos masivos. “Después de recibir el dinero, compraron vehículos nuevos. Les compraron a los guardabosques muchísimas pistolas nuevas, botas, etc.», dijo.
El gobierno de Kenia cree que los Sengwer están ocupando ilegalmente tierras públicas. Las autoridades han prendido fuego a al menos unas doscientas casas Sengwer desde que el Banco Mundial comenzó a financiar el proyecto de conservación, según explicaciones de los Sengwer y de investigadores de derechos humanos. También han encarcelado a docenas de miembros de la comunidad Sengwer por cultivar sin permisos y por invadir tierras que sus clanes han ocupado «desde tiempos inmemoriales», afirma un grupo de Sengwer en una queja formal al Banco Mundial.
Los Servicios Forestales de Kenia dicen que no han llevado a cabo desalojos «forzosos» de la comunidad Sengwer y que “personas genuinas que merecían un realojamiento” han sido “presentadas y estudiadas en profundidad a través de un proceso consultivo y participativo».
En la primavera del 2011, el Banco Mundial instó al Ministerio de Economía de Kenia a detener los desahucios hasta que el banco pudiese ayudar al gobierno a elaborar un plan que diese respuesta a los problemas de los Sengwer. Según oficiales del banco, las autoridades kenianas se mostraron de acuerdo en detener los desahucios hasta que hubiesen encontrado nuevas tierras donde realojar a los Sengwer.
Los líderes Sengwer afirmaron que la tierra que les ofreció el gobierno era estéril y carecía de árboles.
Los desahucios y las quemas de hogares continuaron.
Paulina Sanyaga dijo que luego que los guardabosques incendiasen su hogar en marzo del 2011, durmió en el bosque con sus hijos. El más pequeño tenía 5 años por ese entonces. «Mi hijo me preguntó que por qué estábamos durmiendo en la intemperie, y le conté que el gobierno no solo había quemado nuestra casa, sino también la de todos los demás», recuerda.
Debido a que su cercado fue destruido por los hombres de los Servicios Forestales, gran parte de su ganado y ovejas se perdieron o fueron robados, cuenta.
“Dolió mucho perderlos,” contaba. “Eran fruto de mi propio sudor.”
John Chebaraa, padre de 7 hijos y con 60 años, cuenta que durmió en un hueco del tronco de un árbol la noche que su casa fue quemada a mediados del año 2011.
“Hacía mucho frío,” dijo. “Cuando desperté a la mañana siguiente mi cuerpo tenía un color grisáceo y pálido”.
Después que su casa fuese quemada en octubre del 2011, Chepkemoi, su marido y la segunda mujer de este (los Sengwer son polígamos), construyeron un refugio provisional de bambú, y piel de vaca y oveja. Durmieron ahí durante meses en vez de construir una casa permanente «ya que el Servicio Forestal de Kenia siempre patrullaba los alrededores. Si hubiésemos construido otra casa, la habrían quemado también. Así que esperamos, hasta que dejaron de patrullar la zona», contaba.
El fuego provocado por el Servicio Forestal devoró su mijo, cinco sacos de maíz y cuatro colmenas, dijo el marido de Chepkemoi, Brian Bett. La familia solo se podía alimentar con papas y leche.
“No tenía suficiente comida para que comiese toda la familia, y a menudo nos teníamos que ir a dormir con el estómago vacío para que mis hijos pudiesen comer», contaba Bett. «Mis hijos pasaron por muchas dificultades, lloraban mucho porque son pequeños y no pueden entender qué es lo que les está causando malestar».
El gobierno de Kenia continuo con su relocalización después de que la financiación del Banco Mundial al Proyecto de Gestión de Recursos Naturales terminase oficialmente en junio del 2013.
A principios del 2014, defensores de los Sengwer informaron que las autoridades habían comenzado una nueva oleada de desalojos, escribiendo a las agencias de las Naciones Unidas y describiendo la situación caótica que se estaba viviendo, con personas trasladándose con sus hijos y con sus pertenencias «a ningún sitio en concreto».
El banco, señalando que ya no estaba financiando el proyecto de conservación del bosque, afirmó que «no tenía ninguna relación con estos desalojos». Las autoridades del Banco Mundial defendieron que el banco no debía de ser culpado por ninguno de los desalojos llevados a cabo por el Servicio Forestal de Kenia, ya que el gobierno keniano llevaba desalojando a los Sengwer desde hacía décadas y lo continuaba haciendo después de que el papel del banco hubiese concluido oficialmente.
Tom Lomax, un abogado de derechos humanos con el Forest Peoples Programme, afirmó que el Banco Mundial merece cargar con un grado de culpa incluso por los desalojos más recientes ya que «no hizo suficiente, o no lo hizo lo suficientemente alto y claro, a la hora de tratar el caso de los desalojos mientras que se encontraba financiando el proyecto». Esto alentó a las autoridades kenianas a ir más allá con una campaña de expulsión que se hizo cada vez más agresiva durante el patrocinio del Servicio Forestal de Kenia por el Banco Mundial.
En setiembre, los periodistas pudieron ver en primer plano dos hogares destruidos por las llamas, así como varias cercas aún ardiendo. Los habitantes contaron que los guardabosques habían iniciado los fuegos horas antes.
“No entiendo por qué nos persiguen de esta manera,” declaraba Selly Rotich, madre de 5 hijos, mientras se sentaba fuera de su casa completamente calcinada.
Al día siguiente, 9 guardabosques del Servicio Forestal de Kenia encararon a los periodistas cuando se internaron en el bosque, y les preguntaron que por qué hablaban con los Sengwer.
“Esta gente son ocupas ilegales,” dijo uno de los oficiales, que se negó a identificarse. “No tienen permiso para estar en el bosque. Están aquí de manera ilegal”.
Los periodistas le preguntaron a los guardabosques si fueron ellos quienes prendieron fuego a las casas de los Sengwer el día anterior. Uno de ellos respondió: «Les están mintiendo. Están siendo engañados por esta gente. Afirman que somos nosotros los que estamos quemando sus casas, ¿pero cómo saben que no son ellos mismos quienes lo hacen?».
Ante esa frase, varios guardabosques del Servicio Forestal de Kenia esbozaron una sonrisa.
Jacob Kushner y Anthony Langat son periodistas con sede en Kenia del Proyecto GroundTruth, un servicio informativo mundial sin ánimo de lucro que tiene su sede en los Estados Unidos. Sasha Chavkin es periodista y Michael Hudson redactor jefe en el International Consortium of Investigative Journalists.
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