«La vida no está fácil para la mayoría. Quienes asientan el Estado en algo que sucedió hace más de treinta años, quienes hablan de una transición política y social en nuestro país, no se dan cuenta de que tantos años hace que enterraron a Franco como los que el Dictador estuvo en el poder. Es mucho tiempo como para seguir argumentando en base a una conciliación nacional que, por otra parte, siempre será una burda mentira mientras las cunetas sigan llenas de personas desaparecidas, sin derecho a ser enterradas dignamente.» El Francés, Raskolnistán
Sin verdad, sin justicia y sin reparación. La dignidad de Amado Viera Amores es la memoria democrática de todos.
Publicado originalmente en DateCuenta.org el pasado 10 de abril
«Reconstruyo la historia de mi padre dentro del ambiente de tristeza y de dolor de mi madre. Tardé años en hacerlo, preguntando por aquí y por allá, y también a través del libro del historiador Julián Chaves»
Conchita Viera Nevado tiene 80 años. Vive en un pueblo de Cáceres, Valencia de Alcántara, muy cerca de la frontera con Portugal. Cuando asesinaron a su padre ella tenía tres años y su hermano, ya fallecido, ocho. Amado Viera Amores fue el último alcalde democrático que tuvo la población, tras el golpe de estado del general Franco, hasta 1979. Estuvo en el cargo cinco meses, de febrero a julio de 1936. Tras ser obligado a dejar la alcaldía, fue detenido y puesto en libertad sin cargos dos veces. El 25 de septiembre de ese mismo año un policía y dos falangistas, armados, fueron a buscarle a su casa. «Dijeron que lo llevaban a Cáceres —explica en la entrevista que mantuvo con DateCuenta—, pero lo llevaron a matar junto a otros doce hombres en la mina Terría de la finca Cuadrillas de Arriba, en la carretera comarcal de Cedillo, dentro del mismo término municipal. Tenía 33 años»
Viera, otro republicano víctima de su época
Amado Viera Amores nació en Ceclavín (Cáceres) el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la universidad de Salamanca y trabajó como abogado. Se instaló en Valencia de Alcántara, se casó y tuvo dos hijos. Los problemas sociales de la época fueron una de sus grandes preocupaciones. «Mi madre contaba que paseaba muchas veces por el despacho, con las manos en la cabeza: ¿Pero qué le va a dar esta pobre gente de comer a sus hijos?». La religión, la reforma agraria, la educación, fueron temas sobre los que manifestó sus opiniones, progresistas, las cuales publicó en la prensa local y regional. Esas mismas ideas le llevaron a ingresar en el sindicato socialista El Redentor, que presidió en dos ocasiones, además de adherirse a las Juventudes Socialistas y colaborar en la fundación de la Casa del Pueblo. En febrero de 1936 fue nombrado alcalde de Valencia de Alcántara. «El 18 de julio de 1936 le obligaron a dejar el cargo», explica Conchita. Lo hizo pacíficamente, porque ese era su temperamento; «siempre llamó a la gente a la paz y a la concordia, incluso estando delante de sus verdugos»
El 25 de septiembre de 1936, un grupo de falangistas fue a buscar a Amado Viera Amores con la excusa de que les acompañase a la Inspección de Policía, en la ciudad de Cáceres. Pero no era más que una burda mentira. Otra más. La realidad es que le detuvieron ilegalmente, le secuestraron, le fusilaron y le desaparecieron. Le sacaron de su casa, le subieron a un coche, le llevaron a Cuadrillas de Arriba, una finca sita en el mismo municipio en el que vivía, y, junto a otras doce personas (cifra que no podrá ser comprobada con exactitud hasta que no se acceda a los restos de la fosa), fue asesinado. Tiraron los cuerpos al interior de la mina Terría, dentro de la finca. Han pasado casi 77 años desde ese día, y los cuerpos de los asesinados continúan allí.
El silencio que provoca el miedo
«Después del crimen de mi padre nos desalojaron de la casa donde vivíamos». Los dueños se presentaron de noche y obligaron a Conchita, a su hermano y a su madre a marcharse. Tuvieron que refugiarse en la casa de los abuelos, junto a los hermanos de su madre. «Mi padre había comprado otra vivienda, que es en la que actualmente vivo, pero entonces no nos dejaron ocuparla. Decían que era de Franco». Todo era de Franco, también sus vidas. Hasta que recuperaron su casa, sobrevivieron gracias a la herencia de sus abuelos y la ayuda de sus tíos. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Cáceres les impuso una sanción económica por responsabilidades políticas. Este Tribunal se amparaba en la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP), la de mayor alcance represivo; fue aprobada el 9 de febrero de 1939 y su principal función era la de culpabilizar y sancionar a aquellos que habían respaldado a la República por «haber desencadenado la Guerra Civil al oponerse al Alzamiento del 18 de julio, reparando los daños morales y materiales provocados por su comportamiento político»: un amplísimo espectro de la población. Estas sanciones eran establecidas de manera paralela a las leyes penales españolas, lo que permitía imponer diversas condenas contra los republicanos: desde larguísimas penas de prisión y trabajos forzados —de entre diez a treinta años—, con inhabilitaciones y prohibiciones civiles incluso para aquellos que cumplieran las condenas íntegramente, hasta la pena de muerte.
Pero lo más sorprendente de esta Ley franquista, lo más jodidamente desquiciante, era su carácter retroactivo: las responsabilidades no solo se referían al periodo en guerra, sino que se extendían hasta octubre de 1934. Y no es eso todo. Los supuestos delitos políticos eran transmisibles por herencia, de manera que si el encausado se encontraba ausente o fallecido, la responsabilidad del pago de las multas o de la confiscación de los bienes recaía sobre los familiares del sancionado. La LRP dejó de aplicarse por Decreto-Ley en octubre de 1969, que también hacía referencia a la prescripción de todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Para los líderes del exilio republicano, las inhabilitaciones y prohibiciones siguieron vigentes hasta 1975, a la muerte de Franco. A fecha de hoy es imposible dar el número de represaliados y depurados por esta ley: aun no se ha podido tener acceso a todos los Archivos de Responsabilidades Políticas de la Audiencia y los Militares.
La familia de Amado Viera no pudo, pues, eludir la multa. Reunieron el dinero de la sanción impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y fueron a la capital cacereña a realizar el depósito de todo el importe. «A partir de entonces en mi casa se impuso el silencio». El silencio que provoca el miedo. Mientras su hermano, al que llamaban el niño-abuelo «debido al carácter responsable que desarrolló desde pequeño», iba a Madrid a estudiar Derecho, su madre y ella permanecieron en silencio. No hables, calla. El miedo hizo que su madre no volviera a salir a la calle nunca más «por no encontrarse con los criminales. El asesinato de mi padre, fraguado en el mismo pueblo, fue la comidilla de los bares durante mucho tiempo»
Tuvieron que pasar 21 años para que Amado Viera fuese reconocido como desaparecido, cuando el hermano de Conchita inició un expediente de jurisdicción voluntaria en 1957. Durante esos años, Amado Viera constó como desaparecido y su viuda como casada; no todos los ejecutados eran inscritos en el registro civil. Gracias a testimonios orales se ha podido ir localizando el paradero de muchos fusilados inhumados, como es el caso de Amado Viera. A través del libro La Guerra Civil en Extremadura. Operaciones militares (1997) del historiador Julián Chaves Palacio, Conchita supo dónde se encontraban exactamente los restos de su padre. Pero la recuperación, hasta el momento, ha sido imposible. María Isabel Ramos, dueña de la finca, les ha impedido el acceso para llevar a cabo las tareas de exhumación. «Primero se amparó en el arrendador, pero luego el arrendador se amparó en ella. Al final de una entrevista que tuvimos me dijo que, después de tantos años, lo que debía de hacer era rezar». Además de esta entrevista, se le remitieron varias cartas, «incluso un burofax certificado con acuse de recibo, sin que se haya molestado en contestar. También se ha intentado el contacto a través de mediadores». Esta prohibición por parte de la propietaria para realizar las tareas de recuperación fue denunciada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) el 30 de octubre de 2009.
Pasividad administrativa
Conchita Viera se adhirió a la asociación hace ya muchos años, como hija de desaparecido; la ARMHEX es una de las primeras que se constituyó como asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España, en el año 2002. Fue ella quien, tras unos años de adhesión a la misma, planteó la recuperación de los restos de su padre y del resto de fusilados de la finca Cuadrillas de Arriba. «Lo primero que hicimos fue canalizar su demanda a la Junta de Extremadura, en el año 2008», explica José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación. Y fue entonces cuando se toparon con el primer problema: la fosa se encuentra situada en un terreno de propiedad privada y era necesario el permiso del propietario. Al negar la dueña el acceso a la finca « la situación se ha estancado durante años, con la pasividad de la administración»
Al inicio del proceso, la asociación propuso a la hija de Amado Viera la presentación de un Proyecto y «optar, una vez publicada, a la Orden PRE/809/2011, de 4 de abril: la convocatoria oficial de concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, correspondientes al año 2011». En la ARMHEX tenían bastante claro que esta podía ser la última convocatoria antes del cambio de gobierno, «la idea era poder presionar más a la misma administración y a la propiedad con el Proyecto ya aprobado»
En noviembre de 2011, el Ministerio de la Presidencia del gobierno del PSOE aprobó el Proyecto denominado «Búsqueda y recuperación de los restos de las personas víctimas de la represión en Valencia de Alcántara (Cáceres), en el paraje denominado Cuadrillas de Arriba” (proyecto 305.1). Asimismo, se hizo entrega de la correspondiente subvención, una dotación de 40.000 euros, destinada al sondeo arqueológico de la misma; cumplía todos y cada uno de los requisitos legales que la Ley exige a tal efecto. Esto es: quién y por qué se hace la solicitud; estudio previo; identificación del equipo técnico que va a llevar a cabo la exhumación y detalles de la intervención arqueológica. La entrega de la subvención supone que la puesta en marcha del Proyecto no supondría actualmente ningún coste adicional a las administraciones públicas. «Hasta la fecha, la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura —administrada por el grupo Popular— no ha avanzado en el trámite del expediente de ocupación temporal forzosa del terreno, tal y como se recoge en el artículo 14 de la Ley de la Memoria Histórica. Si tal trámite no se lleva a cabo, el Proyecto no podrá ejecutarse»
Desprotección jurídica de las víctimas
Hace más de tres años que la ARMHEX se puso en contacto con la Junta de Extremadura para trasladarle la problemática surgida con la finca Cuadrillas de Arriba. Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura no ha movido pieza para que avance el trámite del expediente de ocupación forzosa del terreno, amparado en el apartado tercero del artículo 14 de la Ley. Dicho artículo refiere literalmente que, en el caso de ser los terrenos a los que se quiere acceder de titularidad privada, Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas podrán autorizar la ocupación temporal. Pero en el caso de Amado Viera han convergido la negativa por parte de Ramos, la dueña de la finca, y la absoluta falta de respuesta de la Junta ante la solicitud de trámite del expediente de ocupación forzosa de los terrenos. Es la primera vez que un Proyecto de estas características se encuentra con esta traba. No hay precedentes; «normalmente se suele llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos, concediendo las autorizaciones de acceso», señala Corbacho. Este trámite ya se ha realizado anteriormente y de forma habitual en otras situaciones de la comunidad extremeña. Por ejemplo, en casos de acceso a terrenos privados donde se hallan restos arqueológicos. «¿Por qué cuando se trata de restos romanos o neolíticos estos expedientes se tramitan sin problemas, y cuando se trata de restos de la Guerra Civil hay ese veto o inacción?»
José Manuel Corbacho presentó el pasado mes de marzo, en representación de Conchita Viera, una solicitud de prórroga de ejecución del proyecto: el día 31 de ese mismo mes expiraba el plazo de concesión de subvención. Y Conchita Viera ya había recibido el importe de la misma. Es una solicitud con un carácter totalmente excepcional: nunca antes en España un titular de un terreno se había negado a ayudar, por lo que es la primera vez que se ha solicitado la tramitación de este expediente de ocupación forzosa a una Administración. Es necesario conseguir tiempo. Hasta que la propietaria de la finca acceda a permitir el acceso a la misma o hasta que la Junta de Extremadura tome la determinación de llevar adelante el expediente de ocupación forzosa. En el texto de la solicitud de aplazamiento se apela directamente a la necesidad de «una actuación tutelar de las administraciones públicas para con nosotros, como familiares de estas víctimas». En el texto de la Ley 52/2007 —o de la Memoria Histórica— se indica de manera clara el deber del legislador de «reparar a las víctimas», a la contribución que se pretende con este texto legal de «dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura». Pero la realidad es otra bien distinta. El cuerpo de Amado Viera continúa en la mina Terría. El suyo y el de una decena de asesinados más.
«Hay muchas cosas que no se quiere que se sepan. Se amparan en el acuerdo que se hizo en la Transición, pero yo no recuerdo haber acordado nada con nadie», explica Conchita. A pesar de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica, muchos familiares de víctimas siguen encontrándose hoy en una situación de total desprotección jurídica. El Estado no ha asumido como labor propia las tareas de protección y defensa de la memoria democrática de una parte de nuestra historia todavía reciente. Y eso solamente podrá ser si se consigue establecer verdad, justicia y reparación sobre un episodio tan doliente de nuestra historia reciente. Todavía hay miles de personas, víctimas de la represión, que no constan inscritas en el Registro Civil como fallecidos. Nacieron, «pero no murieron oficialmente», explica Corbacho. Nos explica el presidente de ARMHEX que hay constatación sobre una serie de órdenes precisas que se dictaron a los pocos días de cometerse el golpe de Estado «para que no se inscribieran en los Registros Civiles a los fusilados con la clara intención de dejar el menor rastro posible del genocidio que estaban cometiendo». En noviembre del 36, el gobierno golpista publicó —en la página 154 del BOE número 27 de fecha 11/11/1936— el Decreto 67: Dictando reglas a las que habrá de sujetarse la inscripción del fallecimiento o desaparición de personas, ocurridos con motivo de la actual lucha nacional contra el marxismo. Este Decreto permitía legalizar las muertes de familiares desaparecidos como consecuencia de la guerra, y en el mejor de los casos «aceptando falsear la causa de la muerte, siendo frecuente las siguientes: “En choque con fuerza armada”, “A consecuencia del bando de guerra” o simplemente “A consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional”, “hemorragia aguda”, “choque con las fuerzas”, etc.»
Demostrar las desapariciones
A finales de los años 70, el gobierno de UCD aprobó una Ley de Pensiones de Guerra. «Por supuesto», señala Corbacho, «sin mencionar en ningún momento las razones de tal hecho, que no eran otras que el abandono absoluto en el que el franquismo dejó a sus víctimas». Para acceder a estas pensiones, los familiares debían demostrar la desaparición: la responsabilidad era, pues, de las víctimas, no de los verdugos. Y no olvidemos que eran estos últimos los que disponían de la información que requerían. Para Corbacho, esta situación tuvo su lado bueno: «se puso al descubierto la lamentable situación existente» al tener los ayuntamientos —sobre los que recayó la tramitación de estos expedientes— que reunir los documentos exigidos. El número de actas de defunción ilocalizables era altísimo, unas veces porque no existían y otras porque era imposible localizarlos: estaban fechados en períodos indeterminados entre los años 40 y las siguientes dos décadas. «Entre otros requisitos, estos familiares fueron obligados a inscribir a sus deudos a través de un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo o Diferido», nos aclara Corbacho, «lo que exigía la declaración de dos personas que dieran fe del hecho»
Imaginen la dificultad que pudo suponerles la localización de esas dos personas, de encontrar testigos que siguieran vivos, en muchas ocasiones, cuarenta años después de los hechos a probar. Y tampoco debemos perder de vista que la tramitación de estos expedientes «puso en manos de los responsables de los Juzgados de Primera Instancia un instrumento fácil para rechazar, congelar o invalidar estos expedientes», como bien destaca el presidente de la ARMHEX, «al daño causado en su momento, se añadía la humillación de unos procedimientos legales ideados para que las personas asesinadas no pudiesen adquirir ni tan siquiera la condición de víctimas». Que los expedientes fueran resueltos quedaba, pues, en manos de un personal judicial que, como nos cuenta Corbacho, «en general y salvo excepciones, era muy poco o nada consciente del delicado material humano que se estaba manejando».
Ni verdad, ni justicia, ni reparación
Amado Viera Amores no ha recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Tampoco reconocimiento: el ayuntamiento de Valencia de Alcántara, por el que han pasado dos alcaldías del Partido Socialista, no ha movido un dedo por restituir su memoria: «jamás lo han nombrado. Jamás han tenido un pleno extraordinario por él ni le han hecho un homenaje». Ni tan siquiera pide que le pongan su nombre a una calle, como propuso en una ocasión un concejal socialista hace ya tiempo. Pero, cuenta Conchita, la mayoría dijo que eso era política. «Anteriormente habían puesto una calle a las víctimas del terrorismo, pero lo de mi padre lo consideraban política. ¡En el lugar en el que había sido alcalde!».
Política.
Y no les falta razón, como nos dice José Manuel Corbacho. Porque las exhumaciones se hacen hoy por política, de la misma manera que las fosas no se abrieron antes por política. «Lo cierto es que la política posibilita, o no, la investigación de aquellos crímenes». Desde el inicio de la Guerra Civil, son casi 77 años de política de silencio, de ignorancia activa, de lo que algunos han decidido lo que conviene y lo que no a la ciudadanía en cuanto a la recuperación de nuestra memoria reciente. «Los mismos que se alarman y descalifican las exhumaciones son los que se quitan de encima el asunto diciendo que esto divide a los ciudadanos»
Que los familiares de los asesinados se hagan visibles en primera línea provoca desconcierto y conmoción, y más cuando nos topamos con un caso como el de Amado Viera, un caso en el que confluyen lo absurdo llevado al extremo con la herencia recibida de una etapa negra en la que dominaba la implantación del miedo, la represión brutal y el extremo abuso de poder por parte de los verdugos. Conchita solo pide ayuda. Ayuda para recuperar una parte de su historia. Su padre. Historia que también es nuestra. «Si a mí nadie me ha pedido perdón, ¿cómo voy a perdonar? Deseo con todas mis fuerzas sacar a mi padre de ahí. Y lo haría por cualquiera, es una cuestión de conciencia, una satisfacción de tranquilidad: saber que no están tirados como si fueran bichos»
«Que no se nos olvide», dice Corbacho: «fue por política por lo que asesinaron al padre de Conchita. Y también a las otras personas que están en la fosa de la mina en Cuadrillas de Arriba». Y eso abre otra pregunta, que apunta el mismo Corbacho, y cuya respuesta sería uno de los pilares sobre los que se asentaría la restitución de la memoria democrática.
¿Quién se lo va a decir oficialmente a Conchita y a sus familiares?