Introducción
Las guerras de España contra Inglaterra y Francia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que culminaron en el último caso con la ocupación francesa de España en 1808, tuvieron importantes repercusiones en la economía y la política de Nueva España. La crisis fiscal de la monarquía española arrastró a las colonias en el financiamiento de la guerra, obligándolas a transferir sumas importantes de recursos a la metrópoli. Entre los afectados destacan la Iglesia, los grandes propietarios de tierras y minas, los comerciantes más importantes y los pequeños y medianos propietarios que tenían hipotecas con la Iglesia. A partir de 1810, en Nueva España la economía y la Hacienda local enfrentaron un nuevo desafío como consecuencia del estallido de la revolución de independencia. La guerra civil se prolongó hasta que, en 1821, la elite local encabezada por Iturbide se unió a Guerrero y los otros los insurgentes que seguían en la lucha para poner fin a la guerra y al dominio español en los territorios de Nueva España. Con la consumación de la independencia de México se puso fin a tres siglos de dependencia de la monarquía española. Los ensayos que forman la primera parte de este libro estudian los mecanismos bajo los cuales se financiaron estas guerras, las de España y las de Nueva España, y los efectos que produjeron en las relaciones entre la metrópoli y la colonia.
Un siglo después, en 1910, estalló la revolución mexicana encabezada por Francisco I. Madero contra la dictadura de Porfirio Díaz. El triunfo de los revolucionarios y la llegada a la presidencia de Madero en noviembre de 1911 acabaron con tres décadas de crecimiento económico caracterizado por la reproducción de las mismas desigualdades sociales que le antecedieron. Lamentablemente, la llegada de Madero a la presidencia no condujo a las reformas políticas que él había propuesto, ni al cumplimiento de las principales reivindicaciones de las fuerzas sociales que lo apoyaron. En particular, el ejército se mantuvo intacto, la política económica fue la misma que la del antiguo régimen, dejando pendiente, entre otros, la reforma agraria y el avance de los derechos políticos y laborales que reclamaban los sectores medios y los trabajadores, respectivamente.
A partir de 1913, con el cuartelazo de la Ciudadela, que acabó con la vida y el gobierno del presidente Francisco I. Madero, la revolución mexicana se enfrentó a una segunda etapa de lucha armada, más cruenta y prolongada que la de 1910-1911. Huerta contó con el apoyo del ejército federal y de una parte importante de la elite porfirista de la ciudad de México, a la cual se fueron agregando algunos comerciantes y hacendados de los estados que organizaron sus propias fuerzas para defender sus propiedades y privilegios. Sin embargo, Huerta enfrentó, tan pronto como tomó el poder, un movimiento de oposición que se extendió por diversos estados de la república y se convirtió muy pronto en una revolución social. Entre los revolucionarios que habían apoyado a Madero destacó Venustiano Carranza por ser el único gobernador en funciones que poco después del golpe se levantó en armas contra el nuevo gobierno. Igualmente importantes fueron Francisco Villa y Emiliano Zapata, que encabezaban otros ejércitos, en el norte y en el sur, respectivamente, con sus propias reivindicaciones.
Los ensayos que forman la segunda parte de este libro se refieren a los medios de financiamiento que utilizaron los revolucionarios cuando se enfrentaron a Huerta y cuando, después de no poder ponerse de acuerdo respecto a quién debería conducir el gobierno que emanara de la revolución, se enfrentaron entre sí.
El libro contiene los trabajos que se presentaron en el coloquio sobre el entramado económico de la independencia y la revolución mexicanas llevado a cabo en el Palacio de Iturbide del 23 al 25 de noviembre de 2010. La Universidad Nacional Autónoma de México lo publicó en 2013 bajo la coordinación de. Leonor Ludlow Los temas tratados están relacionados con las finanzas públicas en contextos de guerra. Las necesidades que surgen durante estos periodos extraordinarios implican el pago de sueldos, la compra de armas, pertrechos de guerra, alimentos y vestido de la tropa, transporte y demás gastos asociados a una economía de guerra. Las necesidades militares del gobierno español en los tiempos de guerra contra los ingleses y los franceses lo llevaron a imponer a Nueva España transferencias de recursos mediante préstamos forzosos y aportaciones voluntarias. Dichas transferencias fueron decisivas para el sostenimiento de la Regencia de Sevilla, que fue el órgano formado en septiembre de 1808, acumulando los poderes ejecutivo y legislativo durante la ocupación napoleónica de España, y las Cortes de Cádiz, que fue la Asamblea Constituyente que se formó en septiembre de 1810 en San Fernando y posteriormente trasladada a Cádiz hasta 1914. Por lo que respecta a la revolución mexicana, que estalló en 1910 y luego la guerra civil que se produjo como consecuencia del golpe de Estado de febrero de 1913, el financiamiento de las fuerzas contendientes abarcó un abanico muy diverso de formas: los impuestos, ordinarios y extraordinarios, el crédito bancario, las aportaciones voluntarias, los préstamos forzosos, la emisión de papel moneda y la acuñación de piezas metálicas revolucionarias, la incautación, el saqueo y los impuestos revolucionarios.
En las páginas que siguen se reseña brevemente el contenido de los trabajos que conforman El sustento económico de las revoluciones de México .
I. Las fuentes de financiamiento durante el periodo de independencia de Nueva España
Margarita Menegus Bornemann, "El subsidio de las comunidades indígenas a la economía novohispana a partir de las reformas borbónicas"
La autora muestra cómo la economía rural novohispana se apoyó en la economía campesina para asegurar la alimentación y el abasto de insumos requeridos por la producción minera, de la cual surgían el oro y la plata, entre otros minerales, que se enviaban a la metrópoli. Según Menegus, entre los cambios derivados de las reformas borbónicas destaca la fijación de los tributos en moneda (por ejemplo, uno de ellos implicaba el pago de un real y medio por persona por año), lo cual obligaba a las comunidades a vender una parte importante de los excedentes al mercado, y a los campesinos a salir de sus comunidades para contratarse como trabajadores temporales y obtener de ese modo los ingresos con los cuales completar los nuevos tributos. También, como parte de las reformas, entre 1765 y 1771 el visitador Gálvez dispuso la creación de once intendencias (es decir, autoridades gubernamentales) con responsabilidades en los campos de guerra, justicia, hacienda y policía, suprimiendo a los alcaldes mayores y a los corregidores, que hasta entonces controlaban el comercio y la administración fiscal. El esquema tradicional de reparto de los excedentes se cambió por otro, en el que los derivados del aprovechamiento de las tierras comunales debían utilizarse en parte para cubrir las necesidades colectivas de los pueblos donde se generaban (incluidos en ellos los gastos religiosos) y en parte debían ser enviados a la ciudad de México. El contraste entre las cargas impuestas a las distintas regiones era significativo, en donde destacan por lo elevado de sus aportaciones las intendencias de Yucatán y de Oaxaca y, por sus cifras más pequeñas, las de Zacatecas y Guanajuato. La autora concluye que, internamente, la reforma borbónica favoreció sobre todo los intereses de los mineros y los hacendados y sirvió de apoyo para el Consulado de México, que se había debilitado después de la creación del Consulado de Guadalajara y por las reformas que impulsaron el desarrollo de la región noroccidental de México.
Francisco Javier Cervantes Bello, "Los proveedores de recursos: la Iglesia y la consolidación de vales reales. Una perspectiva desde una junta subalterna"
En las dos últimas décadas del siglo XVIII la corona española recurrió a la emisión de papel moneda (vales) para financiar las necesidades derivadas de sus enfrentamientos bélicos con Francia e Inglaterra. La moneda fiduciaria de circulación forzosa sustituiría temporalmente la metálica, destinada a las urgencias reales. En principio, los vales serían retirados en corto tiempo, otorgando una compensación a su último tenedor. En virtud de las cantidades de vales que finalmente se emitieron, su retiro se convirtió en un desafío mayor. En 1798 se dictó la Ley de Consolidación de Vales Reales, que se extendió a las Indias y Filipinas en 1804, y mediante la cual el rey dispuso que los recursos de las obras pías y otros debían concentrarse en la Real Caja de Amortización de Vales como préstamo forzoso para que el gobierno pudiera consolidar los vales y retirarlos de la circulación. El gobierno reconocería la deuda así creada y tomaría medidas para cubrir su servicio. El autor de este ensayo concentra su atención en el papel que desempeñaron las Juntas Subalternas, sobre todo la de Puebla, para caracterizar a los proveedores de recursos (en teoría bajo la forma de créditos) al final de la era colonial. En 1798 las dificultades que enfrentó la corona para retirar los vales la llevó a considerar la venta de los bienes del clero para hacerse de recursos a cambio de reconocer su valor a un interés fijo. Ese mismo año Carlos IV decretó que en la Real Caja de Amortizaciones de los Vales entraran los capitales de la venta forzosa de los bienes raíces de los hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos. Las Juntas Subalternas debían ayudar a la aplicación de la ley. La corona se comprometió a pagarles el interés corriente de 5% anual. La ley mencionada se suspendió en enero de 1809 y en abril de ese mismo año se dio a conocer la noticia en Nueva España. Sin embargo, los préstamos que se hicieron a la corona jamás fueron pagados, y su servicio se cubrió sólo de manera irregular. Su monto fue considerable: 47 000 000 de pesos, de los cuales 44 500 000 pesos eran en capitales y lo demás en propiedades. La Iglesia y sus deudores -que fueron obligados a redimir los créditos que le adeudaban a aquella-, no fueron los únicos afectados con esas medidas. También lo fueron grupos muy diversos de la sociedad.
La extensión de la Ley de Consolidación en Nueva España tuvo efectos en todas las regiones que formaban Nueva España, además de la quiebra de quienes no pudieron negociar el pago de sus deudas, cuyo pago anticipado reclamaban los acreedores (la Iglesia o los comerciantes prestamistas), lo que causó el colapso del sistema de crédito entonces vigente. El reclamo de una liquidación anticipada de los préstamos ocasionó un efecto en cadena en todo el sistema. Muchos deudores quebraron y sus activos fueron rematados, pese a que el valor de estos respaldaba sus obligaciones, por la simple razón de no contar con la liquidez suficiente para cubrir los créditos cuyo pago se les exigía de manera anticipada. La economía local sufrió los efectos de la tradicional escasez de moneda metálica, agravada por los mayores envíos de moneda a la metrópoli y por el colapso del crédito. En esa dinámica hubo quienes, por su posición en la burocracia, pudieron salvar su situación consiguiendo los recursos para pagar lo que se les exigía, y otros que salieron ganando aprovechando su liquidez para adquirir a precios extraordinariamente bajos las propiedades que salieron a remate. En ese sentido, la Ley de Consolidación y el contexto generado por ella propiciaron un proceso de concentración de la riqueza.
Carlos Marichal, "Las remesas de plata del virreinato de Nueva España y para la Junta Central de la Regencia de España y las Cortes de Cádiz. 1808-1811"
Este ensayo contiene las cifras de las transferencias de Nueva España a la Regencia de Sevilla y las Cortes de Cádiz, destacando el papel crucial que desempeñaron esos recursos en el sostenimiento de los gobiernos patriotas durante los primeros años de la guerra contra Napoleón, es decir de 1808 a 1812. El autor considera que esos recursos fueron decisivos para apoyar al gobierno de la monarquía española y, desde el punto de vista militar, para sufragar los gastos de los ejércitos de Andalucía y Extremadura.
El contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos relatados por el autor es el de las guerras napoleónicas. Específicamente, describe la visión que se tenía en la capital de Nueva España de la derrota militar de la metrópoli frente al corso, la detención de Carlos IV y Fernando VII, el establecimiento de una administración francesa en Madrid (encabezada por José, hermano de Napoleón) y la profunda crisis fiscal que sufrió el gobierno español como consecuencia de la guerra. Esos acontecimientos, que comienzan en 1808, fueron vistos por la elite de Nueva España como el posible final de la monarquía española. A partir de octubre de 1808, el virrey Pedro Garibay organizó la recolección de fondos para ser enviados a los representantes de la monarquía española, creando cuerpos, comunidades o gremios. La metrópoli recibió entre 1808 y 1811 casi 30 000 000 de pesos (240 000 000 de reales), de los cuales 24 000 000 de pesos provinieron de Nueva España. Según el autor, de no haber sido por las remesas de Nueva España, la Hacienda del gobierno central en Sevilla y en Cádiz se habría colapsado.
Guillermina del Valle Pavón, "Financiamiento de los mercaderes de México para la lucha contra la invasión napoleónica en España y la contrainsurgencia"
El ensayo reseña el papel que el Consulado de México desempeñó entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en apoyo de las administraciones de la ciudad de México y la metrópoli. Los recursos que aportaron los comerciantes del Consulado a los administradores de la ciudad de México permitieron que estos compensaran los déficits ocasionados por los mayores gastos militares que tuvieron necesidad de realizar. La autora nos recuerda que la ciudad de México era el núcleo económico y financiero de Nueva España. Desde el siglo XVI el monarca había otorgado a los mercaderes de la ciudad de México el privilegio de constituir ese cuerpo mercantil con el propósito de que ejercieran la justicia comercial de manera privativa y promovieran sus intereses en forma grupal. Los mercaderes de la capital controlaban parte importante del comercio en general y del negocio de la plata en particular. Por sus funciones, fueron los principales promotores del uso de las letras de cambio o libranzas y los libros de caja como instrumentos de crédito y de pago que permitían resolver la escasez crónica de moneda de plata, así como del uso del cacao como medio de pago en las operaciones menudas. Además de sus funciones en el comercio interno y en la comercialización de la plata, monopolizaban actividades fundamentales para la economía local, como la introducción de la carne y el pulque a la ciudad de México. Con frecuencia eran propietarios de las haciendas productoras de alimentos e insumos básicos para los principales centros urbanos de Nueva España. Entre ellas destacaban las haciendas y los ingenios azucareros cuyos productos, azúcar y toda clase de aguardientes, se enviaban a la ciudad de México y a todas las regiones del interior. Este importante grupo de comerciantes formaba el Consulado de México. A través de esta institución, los comerciantes organizaron el apoyo a los gobiernos patrióticos de España, enfrentados primero a los ingleses y después a las fuerzas napoleónicas y de Gran Bretaña. El Consulado movilizó a una parte importante de la elite, a la que se unieron las corporaciones religiosas, poderosas en el negocio del crédito por las enormes sumas de dinero acumuladas en sus arcas. A partir de 1808 se intensificaron los apoyos otorgados por el Consulado a la metrópoli, los cuales fueron fundamentales para la supervivencia de las Cortes y para sostener, en los frentes de batalla, la lucha contra los invasores franceses. En reciprocidad, los miembros del Consulado recibieron nuevos privilegios, como el permiso para reconstruir el camino carretero de México a Veracruz por la ruta de Puebla y Orizaba cuando las autoridades reformistas se esforzaban por rehabilitar la vía alternativa que pasaba por Jalapa.
El Consulado también fue fuente de recursos para la lucha contra los insurgentes. En esa función destaca el pago de las fuerzas enviadas por Cádiz, constituidas por 6 000 soldados. En 1812 las fuerzas realistas fueron derrotadas por los insurgentes cuando intentaban abrirse camino en su marcha hacia la ciudad de México. Como consecuencia, se intensificaron los esfuerzos para reunir fondos entre los miembros del Consulado y de las corporaciones seculares y religiosas. En marzo de 1813, Félix María Calleja, recién llegado al gobierno de Nueva España, presentó al ministro de Guerra un informe en el que daba cuenta del colapso en el que se encontraban las finanzas públicas locales. Solicitó a los comerciantes un préstamo de 1 000 000 de pesos para emprender una nueva campaña contra los rebeldes. Poco después solicitó un nuevo préstamo de 2 000 000 de pesos, que en realidad era un préstamo forzoso que pudo cubrirse parcialmente a mediados de 1814. Al final de ese año las arcas de Calleja estaban de nuevo exhaustas. Los comerciantes de la ciudad de México solicitaron al virrey, sin éxito, la suspensión de actividades de los puertos de Tampico y San Blas que para ellos significaban una fuerte competencia. En 1817 la Hacienda virreinal reconoció que sus adeudos al Consulado ascendían a poco más de 11 600 000 pesos, de los cuales 4 650 000 correspondían a gastos derivados de la guerra contra los insurgentes. El gobierno enfrentaba serios problemas para atender los compromisos derivados de esa deuda, en parte por la desorganización de la economía y la debilidad de los ingresos públicos, sobre todo por las condiciones económicas excepcionales impuestas por la guerra. A esos problemas se agregaba la demanda de auxilio del gobierno de España. La prioridad se otorgó a estos apoyos por encima de la restitución de los préstamos recibidos de los comerciantes y organizaciones religiosas locales. Según la autora, la imposibilidad de recuperar los préstamos otorgados al gobierno virreinal y a la corona fue uno de los factores que llevaron a un grupo de mercaderes del Consulado a apoyar a Agustín de Iturbide para que llevara a cabo el Plan de Iguala, que condujo a la independencia de México.
Ernest Sánchez Santiró, "Los mecanismos de financiamiento de la contrainsurgencia 1810-1821"
Entre 1785 y 1789 la Hacienda de Nueva España generó recursos que en dos terceras partes se quedaron en el territorio novohispano, mientras que el porcentaje restante se distribuyó entre España (20%) y los situados del Caribe y Filipinas (17%). La mayor parte de las erogaciones de ese periodo se concentró en gastos militares, seguida por los gastos de la administración y remisiones a la metrópoli. Según el autor, se trata de una Hacienda saneada, que pudo enfrentar retos tan importantes como la participación de la corona española en la guerra de independencia de las Trece Colonias, que es el nombre de las posesiones del Reino Unido en la costa atlántica de América del Norte. Los nuevos conflictos con Inglaterra y Francia agotaron los recursos disponibles de la corona española y pusieron a la Hacienda de la metrópoli al borde de la bancarrota. En ese contexto se produjo la revolución de independencia de México. Como consecuencia, ya no fue posible que Nueva España apoyara a otras tesorerías de la metrópoli o del Caribe. La pregunta que busca contestar el autor es de qué forma se organizó la contrarrevolución.
El estallido del movimiento independentista de 1810 obligó a las autoridades a reconstruir el ejército, incorporando nuevos soldados a los regimientos e improvisando de la misma forma la capacitación de nuevos oficiales. La movilización oficial incluyó sobre todo a los pobladores de las zonas rurales, que fueron reclutados por el ejército. Los gastos de las fuerzas regulares se financiaron con los ingresos de la Hacienda Real, que enfrentaron obstáculos muy diversos para su recaudación ante la obstrucción de caminos y la amenaza permanente sobre los puertos. Ante las circunstancias, el gobierno local se vio en la necesidad de imponer impuestos extraordinarios, además de suprimir los privilegios fiscales, que hasta entonces gozaban ciertas categorías de individuos o grupos.
La restauración del absolutismo en España, en mayo de 1814, se acompañó del intento de Fernando VII de desandar el camino político que había vivido la monarquía desde la ocupación francesa de 1808. Mientras tanto, en Nueva España, el virrey introdujo nuevos impuestos que gravaron el consumo y el tránsito de las mercancías, más que la propiedad. Gracias a esas obligaciones extraordinarias el gobierno logró superar ese año los ingresos fiscales alcanzados en 1810. Cabe señalar que a los ingresos fiscales extraordinarios se agregaron los correspondientes a los estancos y los préstamos. Estos últimos, sobre todo los que aportaron los miembros del Consulado de la ciudad de México, fueron cruciales en la lucha contra los insurgentes. El autor concluye señalando que las tensiones fiscales que se produjeron entre el financiamiento de las fuerzas armadas locales, regionales y generales fue una herencia que la guerra civil novohispana legó al Estado-nación mexicano.
Juvenal Jaramillo M., "Las fuentes del sustento económico de la hueste de Hidalgo en su tránsito por las intendencias de Guanajuato y Valladolid de Michoacán"
En este ensayo se describen las formas en las que se financiaron los primeros momentos del movimiento insurgente iniciado por Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. El autor lo resume de la siguiente forma: "En síntesis, podemos decir que fueron la confiscación de bienes a particulares europeos, la captura de dinero perteneciente a la Real Hacienda, los préstamos forzosos -principalmente de recursos existentes en manos de arrendatarios de diezmos- los créditos, los donativos, la acuñación de moneda, la toma de armas y municiones de los simpatizantes del dominio español y, sobre todo, del saqueo de bienes y robo de ganado".
El trato dado por los revolucionarios a los hacendados, los comerciales y los conventos produjo fricciones entre Miguel Hidalgo y Juan Aldama, este último responsable, entre otros, de atraer recursos para la causa. Aldama se oponía a que los rebeldes acudieran al robo, al saqueo y al pillaje. Otro de los responsables de las finanzas del movimiento era Mariano Hidalgo, hermano de Miguel, nombrado "tesorero del ejército independiente" desde la madrugada del 16 de septiembre. La incautación de diezmos se convirtió en fuente de financiamiento y mecanismo de ajuste de cuentas con los ricos propietarios que se ocupaban del negocio diezmal, del cual hacían fortunas. Fue particularmente importante la suma recaudada en algunas iglesias, como la catedral de Valladolid, de donde se obtuvieron 407 000 pesos, parte de los cuales pertenecían a la clavería y lo demás a particulares que los depositaban ahí pensando que estarían más seguros que en sus casas. A ese monto se agregó otro, de igual importancia, proveniente del prebendado Juan José de Michelena. Los recursos obtenidos se destinaban al pago de sueldos de la hueste y a avituallarla en todo lo que se necesitaba. El autor llama la atención sobre el hecho de que parte de ese dinero se perdió en la batalla de Aculco, que fue importante porque obligó a Hidalgo a suspender su marcha hacia la ciudad de México y debió regresar a Valladolid para encaminarse hacia Guadalajara. En esta ruta se obtuvieron recursos frescos de las administraciones de alcabalas y los que se obtenían para la Real Hacienda del tabaco o para la Iglesia. Estas fueron las principales fuentes de financiamiento de los primeros días del movimiento insurgente.
II. Alternativas de sostenimiento económico de los movimientos revolucionarios
Guadalupe Villa Guerrero, "La experiencia villista"
El 20 de noviembre de 1910 Madero inició un movimiento que tenía por objetivo terminar con el gobierno de Porfirio Díaz y emprender una reforma política en el país. El Plan de San Luis, elaborado por Madero, tenía once artículos y cuatro transitorios. En el artículo 11 se estableció que para los gastos de guerra se contratarían préstamos voluntarios y forzosos y, en este último caso, sólo con ciudadanos o instituciones nacionales. Se llevaría una rigurosa cuenta y se otorgarían recibos para que al triunfo de la revolución los prestamistas recibieran de vuelta su dinero. Sin embargo, el autor sostiene que, por el lado de los gastos, no se previó con suficiencia lo correspondiente a la alimentación de la tropa ni a la atención de los heridos. En la toma de Ciudad Juárez esos problemas adquirieron formas extremas al no tener con qué alimentar a los soldados ni a los prisioneros. La Cruz Roja mexicana se opuso a atender a los heridos por no simpatizar con las causas de la revuelta, por lo que la Cruz Roja estadunidense debió suplirla prestando los primeros auxilios. También de El Paso provino la harina del pan con el que Pancho Villa alimentó a su tropa y a los derrotados del ejército federal. En los meses que siguieron a la toma de Ciudad Juárez, la familia Madero aportó una parte del financiamiento de la revolución. Ya en la presidencia, Madero buscó obtener recursos adicionales a los fiscales mediante empréstitos europeos, pero al no obtenerlos recurrió a la banca estadunidense.
Carranza se levantó en armas contra Huerta para restaurar el orden constitucional. Las primeras medidas para financiar su movimiento consistieron en la emisión de papel moneda revolucionario, que a la postre se convirtió en una de las formas de financiamiento más importantes de la revolución.
Luego de que Villa fue elegido por los principales comandantes militares de Durango y Chihuahua para encabezar la División del Norte, confiscó las propiedades de los más connotados terratenientes en Chihuahua -Terrazas, Creel, Falomir y Cuilty- pero no tocó las tierras de extranjeros ni les aumentó los impuestos. Las propiedades confiscadas generaron una parte de los recursos que Villa requirió para sostener a sus ejércitos. Parte del ganado se vendió del otro lado de la frontera para financiar la importación de armas. Luis Terrazas, hijo, entregó a Villa la suma de 590 000 pesos, que tenía ocultos en una columna del Banco de Chihuahua, con los que se pagaron los sueldos de la tropa. Villa anunció que, después de la revolución, las propiedades incautadas serían objeto de reparto. Mientras tanto creó la Administración General de Bienes Confiscados para que se ocupara de su buen funcionamiento. También nombró a los responsables de las aduanas en las regiones bajo su control, comercializó ganado y algodón, organizó peleas de gallo y otros espectáculos para beneficio de su gente. La División del Norte constituyó la principal fuerza de la revolución contra Huerta. Además de sus logros en los campos de batalla, Villa propiciaba la prosperidad económica de las regiones que iba controlando.
Cuando en la Convención de Aguascalientes se hizo evidente que no habría arreglo respecto a quién ocuparía el poder ejecutivo del primer gobierno emanado de la revolución, Villa modificó su estrategia. Carranza, convertido en su enemigo principal, tenía el control de las zonas petroleras de Veracruz y la aduana de ese puerto, lo que le daba una ventaja económica. Por su parte, las empresas administradas por Villa no generaban los mismos ingresos que antes, sobre todo como consecuencia de la caída de las exportaciones de ganado y algodón. Además, los precios de las armas y los insumos militares se habían incrementado significativamente por el estallido de la guerra mundial. Eso lo llevó a incrementar la emisión de papel moneda, provocando, entre otros efectos, su progresiva desvalorización y el aumento generalizado de precios. A mediados de 1915 se produjeron las derrotas de la División del Norte en el Bajío, mientras en la región bajo control villista se vivía una escasez extrema de alimentos, manifestaciones de hambrientos y una creciente inseguridad, que menguaron la popularidad del caudillo y el apoyo de las poblaciones afectadas. Esos cambios influyeron en el debilitamiento de su fuerza militar. A finales de 1915, Villa, el gran general de la División del Norte, tuvo que convertirse nuevamente en guerrillero, defendiendo las mismas causas, pero acompañado sólo de unos cuantos luchadores.
Edgar Rojano, "Un pueblo en armas. El financiamiento de la revolución agraria en territorio zapatista"
Zapata se levantó en armas al llamado del Plan de San Luis de Madero como parte de una lucha histórica de los pueblos de Morelos por la recuperación de sus derechos sobre tierras y aguas y para consolidar la autonomía de las comunidades. Cerradas las puertas de los tribunales, a los zapatistas no les quedó más opción que la de las armas. Parte importante del financiamiento de las movilizaciones zapatistas provino de los pueblos. Cuando estalló la revolución maderista de 1910 y luego, cuando Carranza se enfrentó al régimen de Huerta, Zapata ya tenía un camino andado en la defensa de los derechos de los pueblos. El reconocimiento que tenían sus acciones permitía que el caudillo del sur obtuviera de los pueblos hombres, dinero, alimentos, animales, forrajes, armas y todo aquello que ayudara a que recuperaran sus tierras. Al apoyo espontáneo de la población, Zapata agregó otras fuentes de recursos, como los impuestos extraordinarios y los préstamos forzosos y, cuando se oponían a cubrirlos, las incautaciones de los bienes de los hacendados azucareros de la región. Los recursos obtenidos se utilizaban para financiar los gastos de guerra, la indemnización de las viudas, la atención de los huérfanos y otras necesidades. Los ingresos que generaban las haciendas que mantuvo bajo su administración engrosaron la hacienda del zapatismo. Cuando la economía de las haciendas que quedaron en pie se debilitó y dejó de ser una fuente de recursos, Zapata impuso nuevos impuestos a los productores de ciertos bienes, como el mezcal, concesionó la explotación de minas, y emitió papel moneda revolucionario. Esta medida fue, sin duda, la que mayores problemas le ocasionó por los efectos que tenía en el comercio y en la capacidad de compra de la tropa. Pero no tenía alternativa. De los revolucionarios, Zapata fue quien enfrentó las mayores dificultades para obtener armas y cartuchos. No tenía como Villa y Carranza acceso al mercado estadunidense, ni los recursos que estos obtenían del manejo de las aduanas y de las haciendas o los impuestos a las compañías petroleras. Zapata, ya debilitado desde el punto de vista militar, murió en la hacienda de Chinameca en 1919.
José Antonio Bátiz Vázquez, "Los billetes de Carranza. Opción de financiamiento creativa y sustantiva"
Carranza privilegió la emisión de papel moneda como fuente de financiamiento de su movimiento. El 26 de abril de 1913 Carranza autorizó la primera emisión de papel moneda revolucionario, que llamó de deuda interior, por 5 000 000 de pesos. A esta le siguieron otras emisiones, por montos cada vez mayores, conforme el movimiento se extendió y las necesidades de la guerra se multiplicaron. El decreto del 19 de septiembre de 1914, por ejemplo, ordenó la emisión de 130 000 000 de pesos en billetes de uno, cinco, diez, 20, 50 y 100 pesos. Para las necesidades fraccionarias, se emitieron cartones de cinco, diez y 20 centavos, por un monto de 11 000 000 de pesos. Y a esa emisión siguieron otras, que se sumaron a las de otros jefes rebeldes. En efecto, según el autor, el papel moneda revolucionario alcanzó cifras muy elevadas si se considera que Carranza emitió billetes y cartones por un monto de aproximadamente 1 260 millones de pesos, a los que deben agregarse los 600 000 000 de pesos emitidos por Villa y las emisiones de otros jefes revolucionarios, como Zapata, que fueron de cuantía mucho menor.
Leonor Ludlow, "Finanzas y guerra. La experiencia constitucionalista"
¿Cuánto se gastó en armamento y en la manutención de los ejércitos constitucionalistas que participaron en la revolución mexicana? A esa pregunta busca responder el ensayo de Ludlow. Describe los trabajos de Acosta, publicados en El Economista , en los que se periodiza el gasto militar, según las etapas que registró el movimiento carrancista. Al principio a las aportaciones voluntarias de los simpatizantes se agregó el decomiso y la coerción para obtener ganado vacuno y caballar, metal y dinero. Las principales víctimas fueron la Iglesia, los extranjeros y los ricos. Por su parte, las fuerzas villistas recurrieron al asalto a los ferrocarriles en la zona de La Laguna y a los préstamos forzosos a los banqueros y comerciantes de la misma zona y del norte del país. También recurrieron a la imposición de impuestos especiales en las regiones que cayeron bajo su control y, a partir de marzo de 1913, a la emisión de billetes revolucionarios. En su informe de 1917 al Congreso, Carranza consideró que la emisión de billetes constituyó un procedimiento al que fue necesario recurrir para no caer en manos de los agiotistas. La suma de recursos que Carranza y los diferentes jefes militares aliados del constitucionalismo consiguieron reunir es de difícil cuantificación. Al principio del movimiento esos recursos fueron muy escasos frente a los requeridos si se cuenta el número importante de voluntarios a quienes no podía dotárseles de organización, formación, armas y sueldo. Precisamente esas carencias y la necesidad de afianzar las alianzas políticas obligaron a Carranza a trasladarse a Sonora, cuyo gobernador, el general Maytorena, les ofreció su apoyo.
Ludlow explica que Huerta también se apoyó en el financiamiento proveniente de los bancos, a cambio de lo cual les hizo algunas concesiones, como operar con una reserva metálica inferior a la establecida por la Ley de Instituciones de Crédito, después de que les autorizó el curso forzoso de los billetes de banco en noviembre de 1913. Esa medida fue aplicada por Carranza a los billetes que ponía en circulación, cuya aceptación era obligatoria en las regiones que iban cayendo bajo su control. Cuando Carranza llegó a la ciudad de México impuso el curso forzoso de los billetes revolucionarios en todo el país. El resultado de la enormidad del papel moneda puesto en circulación fue una inflación sin precedentes. A partir de enero de 1917, una vez fracasada la experiencia de unificación monetaria con la emisión de los llamados billetes infalsificables, se regresó a la circulación metálica.
Leonardo Lomelí Vargas, "El legado financiero y monetario de la revolución"
El autor hace un balance de algunos aspectos de la moneda y la banca durante la revolución. Empieza con la fundación del Banco Nacional Mexicano en 1882, convertido en 1884 en el Banco Nacional de México, y sigue con los bancos fundados en los estados, de modo que para 1907 prácticamente todos ellos tenían un banco. En 1907 se produjo la primera crisis bancaria del porfirismo, provocada por el impacto de la crisis internacional en la actividad henequenera, que pudo ser sorteada gracias a la intervención del gobierno y del Banco Nacional de México. Entre 1907 y 1912 no hubo grandes cambios en la actividad monetaria y bancaria del país, pero en 1913 la situación cambió radicalmente como consecuencia del cuartelazo que llevó a Victoriano Huerta al poder. Este dispuso de todos los recursos que tenía a su alcance para financiar su programa de pacificación: las reservas del Fondo Regulador de la Circulación Monetaria, las existencias del Tesoro, los ingresos fiscales, los ingresos del empréstito internacional de junio de 1913 y los préstamos de los bancos. Por su parte, los rebeldes se financiaron, entre otras formas, con la emisión de papel moneda revolucionario. La cantidad de billetes puestos en circulación fue enorme, con los efectos consiguientes en hiperinflación y especulación, que redujeron al mínimo el poder de compra de la población.
El triunfo de la revolución sobre Huerta y de Carranza sobre Villa y Zapata permitió al primer jefe a intentar resolver ese problema con la emisión de los llamados billetes infalsificables. El resultado fue un fracaso. El gobierno se vio obligado entonces a regresar al patrón oro y a establecer que los pagos se hicieran con moneda metálica; mientras tanto, incautó los bancos y los obligó a trabajar a puertas cerradas a partir del 15 de diciembre de 1916. Poco después, en febrero de 1917, el Constituyente de Querétaro aprobó la nueva constitución, en cuyo artículo 28 se estableció que el monopolio de emisión de billetes lo tendría un banco a cargo del gobierno federal. Carranza intentó infructuosamente conseguir fondos con los acreedores internacionales para constituir su capital. La fundación de esta importante institución se produjo hasta agosto de 1925, cumpliendo con ello una de las principales reivindicaciones de la revolución en materia de moneda y banca.