Ayer, 15 se Septiembre, se constituyó formalmente la Comisión de Estrategia TIC, máximo órgano de Gobierno de las TIC en la Administración General del Estado (AGE) y pieza fundamental que completa el modelo de Gobernanza de las TIC diseñado para impulsar la transformación digital de la Administración, de acuerdo al Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
En la Comisión de Estrategia TIC o CETIC están representados todos los Ministerios a través de los titulares de la Subsecretarías o del órgano superior responsable de las TIC en el departamento, además de los Secretarios de Estado de AAPP, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de Seguridad Social, y del Director TIC, que actúa como Secretario.
De la nota de prensa (*) que se emitió ayer, no se desprende lo realmente importante del acto de ayer, tanto para la Administración como para los profesionales de las TIC, que es la aprobación de dos documentos, a saber, la Estrategia TIC y la Declaración de Servicios Compartidos.
Respecto a la Estrategia TIC, muchos compañeros me preguntaban qué sentido aprobar una estrategia a estas alturas de la legislatura. Es cierto que el proceso de definición y puesta en marcha de la DTIC ha sido más lento de lo esperado, por lo complejo que resulta impulsar un cambio significativo en la Administración, y que esto ha supuesto la aprobación tardía de la Estrategia, pero también es cierto que las líneas trazadas en el documento de Estrategia son un referente válido para la próxima legislatura, además de estar en consonancia con los grandes cambios legislativos que afectan a la Administración como son el anteproyecto de Ley del Proceso Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Más importancia tiene, desde mi punto de vista, la aprobación de la Declaración de servicios compartidos, la cual habilitará a la DTIC a tomar las medidas necesarias para prestar 14 servicios de carácter común a todas las unidades de la AGE, con las excepciones que se prevean.
Esto supone un cambio de modelo fundamental en la estructura organizativa de las TICs en la AGE y requiere lógicamente que se creen las condiciones necesarias para que esta prestación de servicio sea posible y efectiva.
Esto incluye, entre otras medidas, la dotación de personal y de medios técnicos y económicos a las unidades prestadoras del servicio (inicialmente DTIC y la IGAE), la definición y organización de los servicios a prestar, el establecimiento de un modelo de gobernanza de los servicios, la gestión de relaciones entre las partes interesadas, la definición de un modelo de costes, la monitorización continua y rendimiento de cuentas, la definición e implementación de condiciones de seguridad y calidad tanto en los procesos de diseño y creación como en la fase de provisión del servicio, la definición y adecuación de los mecanismos administrativos que soportan la provisión compartida de servicios, etc. En definitiva, crear las condiciones que generen confianza en el nuevo modelo y en los actores que lo desarrollan.
Pero no todo se puede hacer en esta legislatura. El modelo de provisión de servicios compartidos es algo nuevo en la Administración. No es posible completar este proceso complejo en tan corto plazo, así que es necesario gestionar las expectativas con rigor y entender que llevará una o dos legislaturas ponerlo en marcha y asentarlo.
Siempre he dicho que el objetivo de este periodo no debía ser tanto hacer mucho sino hacer bien, esto es, preparar a las unidades TIC prestadoras de servicio para su misión presente y futura. Está claro que este objetivo está reñido en cierta forma con los objetivos políticos, más cortoplacistas, que buscan llenar el escaparate en vez de acondicionar la fábrica y que, aunque consiguen el propósito a corto plazo, su pobre alcance queda al final en evidencia, como le ocurrió al emperador, desnudo con su traje nuevo, en el famoso cuento de Hans Christian Andersen.
Por ese motivo, lo inteligente es utilizar el objetivo político para, en paralelo, conseguir también el beneficio estructural, el que no se ve, pero proporciona réditos mucho más significativos a medio y largo plazo.
No es nada diferente a lo que ha ocurrido con la figura del CIO. La Administración buscaba en la creación de la DTIC disponer de una herramienta con la que conseguir eficiencias, ahorrar, disminuir el presupuesto TIC. Pero lo que se ha conseguido, más allá del ahorro fácil, es establecer una posición relevante en la Administración desde la que se pueda modernizar la Administración, impulsar su transformación digital y sí, ahorrar, pero gracias a las TIC y no en las TIC ( o al menos no sólo).
Es necesario aprovechar esta oportunidad, porque no es posible seguir manteniendo el modelo de unidades TIC independientes que trabajan de forma autónoma y descoordinada. Cada vez hay menos recursos económicos y humanos asignados a las TIC, tanto que algunas unidades apenas pueden mantener activos los servicios básicos. Aferrarse al modelo de organización anterior no lleva a ningún lado, pero para que el nuevo modelo sea viable, es condición necesaria que las organizaciones que presten los servicios compartidos sean fuertes y se organicen en torno a la prestación de servicios de calidad.
Cualquier otro camino lleva con toda probabilidad a una pérdida de relevancia de las TIC en la AGE, a una posible externalización de la función TI, entendiéndola simplemente como tecnología y no como un vector estratégico, y a la pérdida de la capacidad de la Administración para dirigir su proceso de transformación y modernización.
(*) Actualización
Noticia en el Portal de Administración Electrónica:
"La Comisión de Estrategia TIC impulsa la transición a la Administración Digital"