Vigilaremos implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género
Ayer, 4 de abril, el gobierno promulgó, a través del Decreto Supremo Nº 008-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Política Nacional de Igualdad de Género. Un instrumento indispensable, obligatorio para todos los sectores y niveles de gobierno, cuya correcta implementación permitirá avanzar hacia el cierre de las brechas en el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres. Para lograrlo, esta implementación debe ser participativa y estar sujeta a la vigilancia social.
La promulgación de esta política nacional representa un paso adelante, largamente reclamado, anunciado en el mensaje a la nación del 28 de julio pasado por el presidente Martín Vizcarra, y se hace inmediatamente después que la Corte Suprema declarara infundada la demanda de acción popular interpuesta contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica.
Estas son dos buenas noticias que se dan en un contexto político adverso a los derechos de las mujeres, en el que el creciente poder de los fundamentalismos políticos y religiosos que se oponen a la igualdad de género genera una fuerte presión al Estado. Sabemos que son grupos de alcance internacional que cuentan con ingentes recursos económicos y presencia en espacios de poder como en el Congreso de la República, en el caso peruano.
Frente a esta situación, urge la necesidad de que las organizaciones que luchamos por los derechos de las mujeres participemos activamente y vigilemos la adecuada implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, que parte del reconocimiento que las mujeres vivimos con un limitado ejercicio de nuestros “derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo, situación que requiere de una decidida intervención desde el Estado para impedir su sistemática reproducción social y transmisión intergeneracional’’.
Son múltiples los problemas que identifica la política como la desigualdad social del cuidado y del uso del tiempo, la invisibilización estructural contra las mujeres en procesos de generación de conocimientos e información estadística, la reproducción de estereotipos a través de la formación educativa, un alto nivel de tolerancia social hacia la violencia y la desigualdad, y el refuerzo de estereotipos a través de los medios de comunicación.
Asimismo, son prioridades de la Política Nacional la vulneración de derechos a una vida libre de violencia, a la salud sexual y reproductiva, al acceso y participación en espacios de toma de decisiones. La desigualdad educativa, económica, laboral y productiva, y en el acceso a tecnologías de comunicación e información.
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) denunciamos permanentemente todas las formas de violencia y discriminación, ya que cuando a la discriminación racial se une la de género, la vulneración de derechos se duplica. Por ello, las brechas étnicas se hacen más graves en el caso de las mujeres indígenas. La violencia hacia la mujer está naturalizada, los más altos índices de embarazo adolescente y las más altas brechas de género en el acceso a la educación están en los pueblos indígenas. Por ello, exigimos siempre la efectividad de los enfoques de derechos, género e interculturalidad en las políticas públicas.
Estas demandas han sido recogidas en la Política Nacional de Igualdad de Género que señala que “en un pronunciamiento conjunto remitido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el 12 de setiembre de cuatro organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos de las mujeres (ONAMIAP, Flora Tristán, DEMUS y Manuela Ramos) recomendaron que la Política Nacional de Igualdad de Género aborde como problema central ‘la lucha contra las múltiples y simultáneas formas de discriminación que viven la diversidad de las mujeres en todos sus ámbitos y a lo largo de su ciclo de vida’”.
Si las mujeres en general somos invisibles en las estadísticas, lo somos más las mujeres indígenas. Por ello, la pertinencia cultural es indispensable en todas las políticas contra la violencia hacia la mujer. En ese sentido, la Política Nacional de Igualdad de Género debe hacer efectivo el enfoque intercultural para lo cual desde ONAMIAP estaremos vigilantes.