La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Sin embargo, los gastos en salud dejan en la ruina financiera a 150 millones de personas cada año.
El objetivo central de los ODS en materia de salud asumido por la Organización Mundial de la Salud, es la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), que combina dos elementos fundamentales: en primer lugar, la utilización por las personas de los servicios sanitarios que necesitan; en segundo lugar, las consecuencias económicas que ello conlleva (menos pago individual por acto médico y más pago mancomunado).
Siempre y cuando todas las iniciativas sanitarias estén basadas en evidencias para asegurar que se implementen los programas necesarios sin medicalizar la vida, el primer objetivo es que todas las personas puedan acceder a un abanico completo de servicios de salud, incluida la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Y que estos servicios sean de buena calidad. El segundo objetivo consiste en ofrecer protección frente a los riesgos financieros derivados de la asistencia sanitaria.
La cobertura sanitaria universal es literalmente una cuestión de vida o muerte para muchas personas, concretamente para aquellas que, careciendo de cobertura sanitaria, se ven confrontadas con la perspectiva de una enfermedad para la que no tendrán tratamiento y de la muerte prematura de ellos mismos y sus hijos. Las diferencias en la mortalidad materna o infantil en el mundo, o en el acceso a tratamientos de enfermedades infecciosas y no transmisibles, son aspectos que se pueden mejorar enormemente si existe una voluntad política para desarrollar un sistema sanitario equitativo.
La cobertura sanitaria universal también puede marcar la diferencia entre la supervivencia financiera y la miseria. La necesidad de pagar la atención sanitaria en el momento de recibirla disuade a muchas personas de acudir a los servicios sanitarios y, además, provoca la ruina a millones de familias cada año. Se calcula que, cada año, esta modalidad de pago provoca que 150 millones de personas hagan frente a gastos relacionados con la salud que los dejan en la ruina financiera, mientras que 100 millones de personas caen por debajo del umbral de la pobreza simplemente porque necesitan utilizar servicios sanitarios.
Por otro lado, no podemos olvidar las evidencias abrumadoras de que la salud no sólo depende de los factores genéticos y biológicos y de las intervenciones sanitarias; que está fuertemente influida por el entorno de las personas, por cómo y dónde nacen, viven, trabajan, comen, duermen, se relacionan, se mueven o disfrutan de su ocio e incluso el nivel de participación política y social que tienen.
Junto a la CSU, hay que promover políticas que trasciendan las estrictamente sanitarias y poner el énfasis en iniciativas bajo el marco de Salud en todas las políticas, avanzando en la actuación sobre los determinantes de la salud presentes en ámbitos no sanitarios. Esto significa implicar a todas las políticas, desde las urbanísticas a las laborales, de movilidad, fiscales, medioambientales, de inmigración, etc., y a todos los niveles desde el municipal al estatal y supraestatal.
Hoy todavía, la pobreza sigue siendo la primera causa de enfermedad y muerte en el mundo y las desigualdades de todo tipo, económicas, educativas, sociales son la primera causa de diferencias sangrantes en el nivel de salud, en la esperanza de vida al nacer (hasta 10 años de un barrio a otro de la misma ciudad), en la salud percibida, en acceso a atención sanitaria.
“Tener un médico de familia es un factor protector para la salud”. Esta frase resume varias evidencias que hacen que los sistemas sanitarios basados en una atención primaria universal, bien organizada y con recursos humanos bien formados tengan resultados en salud mejores que los sistemas orientados hacia la atención hospitalaria y superespecializada (Davis K, Stremikis K, Schoen C, Squires D: Mirror, mirror on the wall: How the U.S. health care system compares internationally. The Commonwealth Fund 2014.). Faltan 18 millones de profesionales sanitarios en el mundo (solución compleja)
Si, como he iniciado este artículo, existe el derecho de todas las personas a tener la mejor salud posible reconocido por todos los países, deben ser los Estados los encargados de garantizar a su ciudadanía el acceso a un nivel de salud adecuado y, para ello, la evidencia nos dice que la mejor alternativa es a través de sistemas públicos de salud basados en la atención primaria de salud, en la que ésta sea el eje del sistema y no sólo la puerta de entrada al mismo.
La última pata de este sistema es la financiación, que debe descansar sobre políticas fiscales progresivas, en las que quien más tiene pague más y quien más necesita reciba más, políticas fiscales solidarias, políticas de financiación sanitaria que promuevan la equidad, la eficiencia y la eficacia, garantizando que se tengan en cuenta los derechos de los más vulnerables.
Por último, todo esto que digo es válido a nivel global, todas las personas en este mundo globalizado tenemos los mismos derechos. Las naciones, en la Agenda 2030 de los ODS, se comprometieron a no dejar a nadie atrás y, en materia de salud, esto debe suponer en primer lugar cooperar para promover, en todos los países y para todas las personas, el mayor nivel de salud posible; y en segundo lugar, facilitar la financiación de la salud en cada país y a nivel global con políticas fiscales internacionales justas y solidarias.
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Autor: Carlos Mediano. Presidente de medicusmundi Internacional.