La grave denuncia cobra especial importancia a pocos días de las elecciones a constituyentes, pues se pondrá sobre la mesa si el estado debe o no ser garante de los derechos de la naturaleza.
Un recurso de protección contra el responsable de la fumigación aérea con plaguicidas que los dejó sin medios de subsistencia, es lo que presentarán, en la Corte de Apelaciones de Temuco, trece comunidades mapuche lafkenche del sector Calof del área norte de Puerto Saavedra en Wallmapu (Región de la Araucanía).
Esto cobra real importancia a pocos días de elegir a quienes redactarán una nueva Constitución para Chile, donde uno de los ejes de principios que se pondrán sobre la mesa es al estado como garante de los derechos de la naturaleza, que para varias candidatas a constituyente significa el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y el respeto de sus ciclos naturales y ecosistemas, como hacen los pueblos originarios, que buscan vivir en equilibrio recíproco con la madre tierra.
Problemas de salud inmediatos
Las 13 comunidades mapuche lafkenche denuncian la inacción de autoridades frente a la pérdida de sus cultivos, daños al bosque nativo -en especial canelos- y afectación a la salud de niños y comunidades. La fumigación aérea se realizó el pasado 19 de marzo en el predio Esperanza Norte, y su deriva se extendió por unos 15 a 20 km en línea recta.
El cuestionado vuelo de aspersión de venenos se realizó como parte de medidas para apurar la cosecha de raps (canola) del predio. En los cultivos de raps, se usa paraquat como desecante foliar para facilitar la cosecha que se hace en marzo-abril. Algunos miembros de la comunidad alcanzados por la deriva de la aspersión del plaguicida confundieron esa humedad con una garúa y no se pusieron a resguardo.
Luego sufrieron alergias y rash cutáneo. Entre los afectados están niños y niñas de este sector rural donde también está la escuela de Calof. Los niños avisaron a sus padres que las manzanas que consumieron después de ese día tenían un gusto amargo y mal sabor y luego sufrieron diarreas. Entre las 13 comunidades afectadas están, Calof, Daullico, Ranco, Collico, Quifo, Curileufu, Oñoico, Cayurranquil, Quilhue, Pullallan.
Un cóctel con receta mortal
Según el Seremi de Salud subrogante, Alex Olivares, la fumigación cumplió con la normativa legal. Hizo esta declaración el 24 de abril, tras manifestaciones de las comunidades afectadas en protesta por la falta de respuesta, a un mes y días de ocurridos los hechos. El plaguicida informado a Seremi Salud por el responsable del predio, es el insecticida Karate (principio activo es Lamdacihalotrina), un piretroide fabricado por Syngenta que no es un desecante.
Se usa para combatir plagas de polilla de la manzana y pulgones, entre otros. Ello no es coherente con el follaje quemado y el daño total sufrido por las dos comunidades más próximas al predio objetivo de la aplicación aérea (Caniupi Llancaleo y Antinao Carmona), que resultaron con un 100% de pérdidas. “Esa devastación puede estar relacionada con el uso de plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos, posiblemente herbicidas como paraquat, diquat o glifosato. Es muy grave que desde la Seremi de Salud y el SAG no se fiscalice ni actúe oportunamente ya que ni siquiera se están cumpliendo las débiles normas que tenemos”, señaló María Elena Rozas, coordinadora de RAP-Chile y experta en impactos de plaguicidas.
Pérdida total
Lucinda Catrilef, presidenta de la comunidad Caniupi Llancaleo denuncia que “todos mis cultivos de hortalizas y frutales, que iban a asegurar nuestra subsistencia como familia se perdieron, no tendremos qué comer ni qué vender este año, nosotros vamos al pueblo a vender los productos y a veces vienen personas de la ciudad a comprarnos».
Como comunidad afirman que desconfían de la Seremi de Salud, ya que no han sido transparentes ni diligentes frente a este problema que afecta al rededor de 1.5000 familias.
Desde la municipalidad se estima que hay unas 5.000 personas que carecerán de sustento, pues se les solicitó por los médicos del servicio de salud local, no consumir sus productos ni venderlos, dada su toxicidad evidente. “Esta era la producción de todo el año y resultó totalmente quemada por el plaguicida, les cayó encima a mis huerto y frutales, y fue lanzado desde una avioneta”, sostuvo Viviana Lincopi, afectada por plaguicidas.
Las aplicaciones aéreas con plaguicidas quemaron el follaje y pasto, árboles frutales, entre ellos los manzanos, frambuesas, arándanos, choclos, zapallos y otros cultivos que eran su sustento, y también hubo daño total en la comunidad Antinao Carmona. A ello se suma la mortandad de abejas, y la pérdida de yerbas medicinales y biodiversidad en todo el entorno.
Otras irregularidades
A falta de acción del SAG y de la Seremi Salud Araucanía, el departamento de Medio ambiente de la Municipalidad tomó muestras de follaje afectado y pidió al laboratorio ANALAB un análisis de insecticidas, entre ellos, KARATE, de acuerdo con lo manifestado por la administración del predio.
Extrañamente las muestras se perdieron, lo que determinó un retraso importante en la entrega de los resultados. La respuesta de ANALAB fue que no se encontraba Karate ni otros insecticidas o contaminantes en las muestras o bien estaban fuera del límite de detección. No hubo análisis de presencia de herbicidas. “En rigor, en estos casos se debe hacer análisis de multiresiduos, la toma de muestras la deben hacer servicios del Estado, entre ellos el SAG y MINSAL, de preferencia el mismo día de la aplicación de plaguicidas, en envases sellados y bien identificados para asegurar la trazabilidad y llevarlos a laboratorios acreditados», señaló a su turno María Elena Rozas, coordinadora de RAP-Chile y experta en los impactos de plaguicidas.
Además, denuncia que están infringiendo así la normativa de aplicaciones aéreas y terrestres de MINSAL, el hacerlo en territorios donde hay una escuela y efectuarlo en un día con condiciones climáticas de mucho viento, por lo que se produjo esa extensa deriva del veneno.
El empresario agrícola que contrató el vuelo no ha formulado declaraciones. Posee otros predios en la zona, entre ellos el fundo Rucalán, asociados a memorias del despojo para las comunidades mapuche que lo habían recuperado en los años 70.
Una nota del medio “La Voz de los que Sobran” relata que los hermanos Landerretche, antepasados de este agricultor, fueron parte de los Comités de Reforma Patronales organizados desde ese fundo, quienes el año 1971 comenzaron a desalojar con armas en mano, a quienes recuperaban tierras ancestrales durante el gobierno del Presidente Salvador Allende.