A través de una carta enviada al nuevo Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su preocupación ante posibles vulneraciones a la libertad de expresión del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC).
Algunos contenidos del documento “podrían afectar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, en especial en el espacio de Internet” y “los derechos fundamentales vinculados a la protesta pacífica”, aseguró Lanza según reportó La Diaria.
Puntualmente, el Relator se refirió al artículo 214 que incluye al denominado «Derecho al Olvido» en “búsquedas de Internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes”.
Aseguró que “la redacción es ambigua” y “establece una obligación en cabeza de las plataformas de Internet y medios digitales de desindexar y remover los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no actualizados o excesivos que puedan afectar a una persona”.
Desde su perspectiva, el proyecto “otorga un poder legal de censura a los actores del sector privado, sin intervención judicial, y abre un campo propicio para la creación de una industria de la eliminación de información, no sólo para casos que podrían ser excepcionales y que ameritan una solución, sino –y sobre todo– para casos que puedan implicar borrar informaciones sobre personas públicas, actuación del gobierno o relevantes en general para la sociedad”.
Las observaciones de Lanza expresadas en la carta dirigida al gobierno entrante coinciden con los cuestionamientos planteados por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y OBSERVACOM con adhesión de distintas organizaciones sociales de la región como DATA.uy (Uruguay), Creative Commons (Uruguay), Access Now (Internacional), Derechos Digitales (Regional), Intervozes (Brasil), Artículo 19 (México y Centroamérica), Hiperderecho (Perú), Usuarios Digitales (Ecuador), ADC (Argentina), Fundación Internet Bolivia, Fundación Huaira (Ecuador), R3D (México), TEDIC (Paraguay) y Karisma (Colombia).
Como mencionan en un comunicado que publicamos en OBSERVACOM, las organizaciones también consideran que la iniciativa de crear el «Derecho al Olvido» puede afectar a la libertad de expresión.
Además explicaron que “actualmente existen mecanismos en nuestro sistema jurídico que permiten que una persona pueda reclamar que se reparen los daños ocasionados por la posible difusión de información considerada falsa, agraviante o inexacta”.
Por eso exigieron la eliminación del artículo del borrador de proyecto de ley para permitir una discusión posterior con más tiempo y con participación de distintos actores involucrados.
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