UNA DE LAS MEDIDAS DE LA LEY CREA Y CRECE
El Gobierno quiere prohibir que los autónomos morosos accedan a los fondos y ayudas de Europa
El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de Ley Crea y Crece que prohíbe a los negocios con deudas acceder a subvenciones públicas que se activen con los fondos europeos. La norma también obliga a los autónomos a usar la factura electrónica y permite la creación de empresas por un euro, pero con matices.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital acaba de anunciar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación del proyecto de la Ley Crea y Crece, la cual "excluirá de la convocatoria de ayudas y subvenciones, incluidas las que se activarán con los fondos europeos, a los autónomos y negocios con deudas", explicó Nadia Calviño. Con esto, el Gobierno ha dejado clara una vez más su postura frente a la morosidad. Además, la ministra confirmó también la obligación que tendrán a partir de ahora los trabajadores por cuenta propia de utilizar la factura electrónica.
El objetivo de excluir de las ayudas a las empresas que no cumplan con los periodos de pago fijados en la Ley de Morosidad no es otro que "generar incentivos para que las actividades económicas cumplan con los plazos y se reduzca la tasa de morosidad", señaló la vicepresidenta primera. Esta especie de penalización por no estar a corriente de pago "es muy habitual en las normativas que aprueba el Gobierno", explicó el graduado social del área laboral de AGM abogados, Rubén Mateu. "En muchas ocasiones se exige como requisito a los trabajadores por cuenta propia el hecho de no tener deudas ni con Hacienda, ni con Seguridad Social, ni con ningún proveedor. De hecho, cumplir con la Ley de Morosidad no se exige sólo de cara a solicitar ayudas o financiación, sino que si se incumple, el autónomo puede perder automáticamente todas sus bonificaciones o reducciones en la cuota", añadió Mateu.
Lo que al parecer no se ha incluido en el texto del proyecto es la obligación por parte del Gobierno a los profesionales que se beneficien de las ayudas, de mantener durante un tiempo esa situación de estar al corriente de pago, y de no hacerlo, obligarles a devolver el importe que reciban. No obstante, el graduado social insistió en esperar a la publicación de la norma en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
A continuación, el artículo de la Ley Crea y Crece que pone en peligro el acceso a los fondos europeos de los negocios con deudas:
- Artículo 11. Modificación del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones: cuando los potenciales solicitantes sean sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora al incumplir los plazos de pago previstos en la citada Ley.
Reducir la mora a través de la factura electrónica
Para reducir los periodos de pagos y cumplir con la normativa de morosidad, el Gobierno implantará el uso de la factura electrónica y obligará a los autónomos y pequeños negocios a utilizarla. Es un mecanismo, que también está recogido en el Anteproyecto de la Ley Crea y Crece y que aprobará hoy el Consejo de Ministros. Se trata de la obligación de usar factura electrónica para todos los autónomos en sus relaciones comerciales. Este recibo digital aún no está muy extendido en España y, actualmente, sólo es obligatorio en aquellos trámites en los que los trabajadores por cuenta propia proveen o dan servicios a las administraciones públicas.
La factura electrónica universal es uno de los pilares fundamental de este nuevo proyecto para luchar contra la morosidad. Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la morosidad es una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad del tejido productivo español, y en especial de los autónomos y pequeños negocios. Por ello, la extensión del recibo digital pretende garantizar la trazabilidad y control de pagos entre empresas y trabajadores por cuenta propia. Con esta regulación, el Gobierno busca conocer los plazos efectivos de pago para que se cumplan en los límites acordados a la hora de prestar un servicio.
En este sentido, el ministerio creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito. Además, dado que muchos autónomos no disponen de la tecnología o conocimientos necesarios para confeccionar facturas electrónicas, como por ejemplo las zonas rurales o aquellos dedicados a la artesanía, se facilitará con los recursos previstos para la digitalización definidos en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) que el Gobierno quiere poner en marcha en los próximos años.
De hecho, un estudio realizado por SERES, una empresa de servicios de intercambio electrónico que está especializada en facturas digitales, recoge que aproximadamente sólo un 15% de autónomos y negocios usa facturas electrónicas en España. Datos alarmantes ante la inminente obligatoriedad del uso de este tipo de documentos digitales que pone en la palestra a todos aquellos sectores que nunca han requerido facturas digitales para el desarrollo de sus actividades. En especial el primario en el que, según SERES, sólo un 3,65% del total ha implantado este sistema.
Crear empresas con un euro, pero con matices
Por último, este anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas contiene la posibilidad que se puedan constituir empresas por un euros. Si bien, también obliga a destinar anualmente un 20% de sus beneficios a una reserva legal hasta alcanzar un capital social de 3.000 euros. Es decir, ya no serán necesarios esos 3.000 euros iniciales para montar un negocio, pero sí habrá que ir acumulándolos a medida que crezca la actividad económica. "En definitiva, lo que hace esta ley no es más que postergar la obligación de tener un capital social en el momento inicial de poner en marcha una sociedad, y facilita que pueda ir recaudándose poco a poco según vaya dando beneficios el negocio", explicó David del Valle, abogado del área mercantil del bufete AGM.
Un euro y diez días es la cuantía y el plazo que quiere marcar el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para constituir una Sociedad Limitada (S.L.). El plan del Ministerio de Economía es eliminar el requisito de un capital mínimo inicial de 3.000 euros para materializar una actividad económica, pero sólo al inicio. Tal y como aparece redactado en el anteproyecto, los dueños de la sociedad deben reservar un 20% de sus beneficios de forma anual hasta alcanzar el importe que necesitan a día de hoy paras constituir un negocio, es decir, 3.000 euros. Según el Gobierno, “los actuales requisitos están frenando en gran medida el crecimiento de empresas”, y esperan que abaratar el coste y eliminar el capital mínimo necesario para constituir una actividad, “promueva la creación de empresas”. De igual forma, el documento también recoge que, en caso de tener que liquidar la empresa y no haya capital, o el capital existente no alcance los 3.000 euros, serán los socios los deberán responder hasta llegar a esa cuantía.
"Actualmente, dos de las obligaciones que tienen los autónomos a la hora de constituir una sociedad son: que su patrimonio neto nunca sea inferior a la mitad del capital social, es decir no puede ser inferior a 1.500 euros; y, que según la empresa va dando beneficios, tienen que destinar una parte a una serie de reservas de manera que si dejan de ingresar y tienen que liquidar el negocio no sólo tengan el capital social para cubrir las deudas, sino que también cuenten con una reserva legal para hacer frente a los impagos que hayan acarreado", explicó el abogado mercantil. Esta ley "modifica el concepto de reserva legal para convertirla en un depósito donde ir acumulando beneficios hasta llegar a esos 3.000 euros", añadió.
De esta forma, si un negocio obtiene cada año unos beneficios de 1.000 euros, tendría que destinar 200 euros a la reserva legal. Y así año tras año hasta que se cubra el capital social de 3.000 euros. "La única diferencia es que no necesitan dinero al principio, pero al final tendrán que responder igualmente", señaló por su parte José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores. Tanto es así que distintos expertos apuntaron que, a efectos prácticos, "esta Ley no aportaría ningún cambio sustancial a la que está vigente ahora".