Bajo el título “Sin derecho a la comunicación, no hay democracia”, la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación presentó un informe sobre el estado actual de la Libertad de Expresión en El Salvador en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en México el 12 de agosto.
El documento advierte que existe en el país un marco jurídico insuficiente en materia de comunicación y que va en sentido contrario a la tendencia democrática que experimentan otros de la región. Como principal causa de esta situación identifica a la concentración comercial de todos o la mayoría de los medios que recae en pequeños grupos de gran poder político, económico y militar.
Otra de las barreras destacada es la abrumadora presencia del sector comercial frente a los sectores público y comunitario, y la imposibilidad real para lograr que la población acceda al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asegura la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación. Además, el informe da cuenta de una limitada o nula pluralidad de las voces que se expresan en los medios de comunicación, lo que redunda en que las agendas informativas sean homogéneas.
Las organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Junta proponen, entre otras recomendaciones, que se revise y reforme profundamente la ley de telecomunicaciones, se establezcan regulaciones efectvas contra prácticas monoolicas u oligopólicas comerciales, se aprueben normas jurídicas para guiar la asignación de pauta oficial y que se aprueben los proyectos de Ley de Radiodifusión Comunitaria y de Medios Públicos que están a consideración del Congreso.
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