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La urbanización es un proceso complejo con múltiples impactos sociales, económicos, ambientales y territoriales. La falta de estrategias territoriales significativas para el ordenamiento de las áreas urbanas ha propiciado la apropiación de los bienes comunes (Iracheta, 2020). Se estima que el 74.2% de la población nacional mexicana, vive en zonas metropolitanas descoordinadas, resultado de una ineficaz estrategia gubernamental para planificar las áreas urbanas (SUN, 2018). Este fenómeno metropolitano conforma a 74 zonas metropolitanas en constante crecimiento en el país (INEGI, 2015). La cercanía entre ellas ha creado vínculos económicos, sociales y territoriales, cuya necesidad de desarrollo ha propiciado la gestión y operación de proyectos estratégicos, que buscan la interconexión entre zonas metropolitanas.
En este sentido, el trabajo de Aguilar (2009), Farinos (2008), Guarneros (2011), Porras (2012), plantean el por qué es necesario fortalecer la interacción entre actores (sociales, políticos y privados) y la necesidad de llevar a cabo la colaboración entre los diferentes niveles políticos administrativos, principalmente, entre municipios para lograr el desarrollo económico, y el buen gobierno, a través de la gobernanza. Siguiendo esta línea, el trabajo de Bassols (2011) y Pascual (2011) y Venancio (2016) permiten profundizar en el enfoque de redes para la planificación y gestión de proyectos estratégicos. En este marco, se define a la gobernanza de base territorial como herramienta de análisis para esta investigación.
A pesar de esto Iracheta (2008) y (2016) plantea los desafíos para lograr una perspectiva integral, en el que los proyectos estratégicos de infraestructura estén coordinados por todas sus autoridades locales. Así como la participación corresponsable de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo, que los proyectos sean viables a largo plazo. El autor aclara que no es necesario crear nuevas jurisdicciones territoriales o nuevos ámbitos de gobierno, sino al contrario, implica coordinación interestatal, intermunicipal e interinstitucional, a fin de legitimar los acuerdos que resuelvan los conflictos sociales y no se reproduzcan las desigualdades; económicas y política, entorno a las trasformaciones sociales y culturales que implican una diversidad social (Pírez, 2001, 2016).
La importancia de llevar acabo esta investigación radica en que los proyectos estratégicos al igual que los megaproyectos de infraestructura en México han sido causa de diversos conflictos sociales objetados por organizaciones civiles, indígenas y ambientalistas por sus impactos ambientales y sociales y por la falta de consultas previas sobre su realización, lo que deja entrever beneficios solo a empresas particulares, menos preciando el bienestar social de las localidades en las que se asientan (Azamar y Rodríguez, 2020).
En este sentido, el enfoque de la gobernanza está relacionado con los proyectos estratégicos de infraestructura vial, la coordinación intermunicipal y, sobre todo, en la interacción entre actores. Se realizaron entrevistas a actores clave, cuya intención fue recopilar datos respecto a la interacción entre actores. Esta investigación se centra en el análisis de la autopista Toluca – Naucalpan como proyecto estratégico de infraestructura vial de cuota, el cual, presenta alta incidencia de poder con respecto a su privatización y voluntades acotadas a no considerar lo social sino lo rentable. Es decir, se observa un proceso de expropiación y sobre explotación de los recursos naturales ante la falta de suelo urbanizable, donde no se considera a los distintos actores de la sociedad civil para su aprobación, lo que provocó, descontento social principalmente en las localidades de San Francisco Xochicuautla y la Concepción Xochicuautla. |
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