El director provincial de Educación, Cecilio Gómez, ha ordenado obviar el cambio de gestión de los comedores escolares que la Administración impuso a finales de agosto con el argumento de que “la evolución de las condiciones socioeconómicas de las familias en los últimos años y de las propias necesidades de la sociedad actual precisa tanto de la regulación del servicio de comedor como de la prestación de ayudas económicas para aquellas familias que no dispongan de suficientes recursos económicos para hacer uso del citado servicio”.
Finalmente ha mandado que los comedores abrirán el próximo miércoles como un servicio escolar y no social, con el personal docente encargado de su vigilancia y control, exactamente "igual que el año pasado".
Los centros educativos han “acatado” la orden por escrito del director provincial, al que igualmente negro sobre blanco ya le han preguntado varias cosas: la primera, “a qué alumnos” se dará de comer. La segunda, “quién se hará cargo de los pedidos a los proveedores”. La tercera, “quién les pagará”.
La clave del cambio de gestión del servicio para equiparar las ayudas a las becas de material escolar, por ejemplo, como subvenciones nominativas en concurrencia competitiva, era que la selección de beneficiarios ya no la harían los profesionales de los colegios sino la propia Administración. Al final, con el plazo de presentación de solicitudes finalizado hace diez días, los centros se ven de nuevo en la necesidad de elegir a los estudiantes que podrán hacer uso del comedor “con el riesgo de incurrir en una posible malversación de fondos si se atiende a niños que al final no reciben las becas que oferta el Ministerio”.
Nada ha explicitado tampoco la Administración sobre cómo hacer frente a los encargos y pagos de la comida. Las transferencias del Ministerio para cubrir el servicio no se han abonado desde el 1 de enero y la Ciudad Autónoma solamente sabe, según le han dicho los Servicios Centrales del departamento que dirige José Ignacio Wert, que se prevé hacer un pago “en noviembre”.
El Ejecutivo local sigue dispuesto a “ayudar” pero hasta la fecha no sabe exactamente cómo. Sobre la mesa está la posibilidad de firmar un Convenio en virtud del cual se amplíen con fondos municipales las 615 ayudas que ofrece el Ministerio, menos de la mitad de las cerca de 1.500 peticiones recibidas, más de medio millar de alumnos matriculados en colegios que no tienen ese servicio pero sí derecho a pedir beca.
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