Tenebrosa como suena, la cuestión del “Estado profundo” ha venido ocupando más espacio en el debate político desde que Donald Trump asumió la presidencia. Bienvenida sea la exposición de estepreocupante fenómeno, que afecta imperceptiblemente a una buena parte de las democracias.
El “Estado profundo” es una red de funcionarios públicos que operan como si fueran el mismísimo gobierno, sin consideración de la política elegida democráticamente por el soberano.
Se trata de un poder que perdura más allá de que se sucedan los ministros y los presidentes, y que en su permanencia decide sólo, bajo la manta de un“profesionalismo” que esconde una ideología jamás consensuada con quien debe decidir en realidad.
La Argentina no es inmune al problema, y el accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores puede ejemplificar la cuestión.
En efecto, no cabe duda de que el Presidente Mauricio Macri tiene una actitud positiva hacia el pueblo judío e Israel, Estado al que ha definido como aliado estratégico natural, y al que explícitamente mencionó dentro de la honorable terna de países amigos en su discurso inaugural.
Sin embargo, los funcionarios de Exteriores argentinos apenas le permiten avanzar en esa dirección, e incluso en las declaraciones anti-israelíes de la ONU –aun las que privaban a Israel de su capital milenaria-, Argentina, como máximo, pasó de la enemistad a la abstención. Es importante ese paso, claro está, que deja atrás la abierta hostilidad kirchnerista hacia Israel. Pero a este ritmo, toda transformación se desvanece en el aire.
En el caso de la AMIA la situación es aún más grave, porque lo máximo a lo que parece aspirar la Argentina es a declarar que el Hezbolá es terrorista.
El mero debate sobre la naturaleza de la banda que desde 1985 es el brazo armado del terrorismo iraní en el exterior, parece un teatro del absurdo.
La Justicia Argentina ha demostrado que el Hezbolá activó el coche-bomba que destruyó la AMIA en 1994, y ha logrado asimismo la cooperación de la Interpol para capturar a los perpetradores, hoy protegidos en Irán.
A pesar de ello, y ¡habiendo transcurrido un cuarto de siglo! la Argentina aún mantiene relaciones diplomáticas con Irán, y procura debatir si Hezbolá es terrorista o no.
El gobierno argentino debería asumir una posición de asertivo liderazgo, incluso frente al Estado profundo que aminora su marcha en muchos aspectos. Si así procediera, podría plasmar por lo menos dos políticasindispensables con respecto al atentado, a saber:
1) Demandar al Estado terrorista de Irán en todos los foros internacionales, posicionándose como la víctima del despiadado régimen medieval y exigiendo de éste ingentes indemnizaciones; y
2) Promover por vía del Ministerio de Educación el esclarecimiento en las escuelas secundarias sobre el atentado y sobre la posición argentina al respecto. Un cuarto de siglo es una perspectiva suficiente para ello.
Que ninguna de estas dos medidas se lleven a cabo siquiera parcialmente, atenta, en primer lugar, contra la economía del país que podría verse inmensamente beneficiada al hacer justicia en el caso AMIA.
También afecta la autoconciencia de los argentinos, quienes debido a una general desinformación, no ven a su patria como una víctima de los ayatolás iraníes, quienes deben ser obligados a rendir cuentas a la Argentina.
Y por sobre todo ello, la ausencia de una política coherente frente a Irán corroe el orgullo nacional y la fe en la Justicia, dado que la mayoría del pueblo argentino desconoce quién lo ha atacado hace veiticinco años, y por ende ha perdido esperanza en que se haga Justicia algún día.
Ése es el debate, y no si Hezbolá es terrorista. Que los terroristas son terroristas es una verdad refulgente como el sol, y no debe ser un tema de discusión, aunque el Estado profundo nos arrastre a ella. El Estado profundo es uno de los diques postergadoresde la prosperidad Argentina.
____________________________________