UNA DE LA SEIS MEDIDAS QUE EXIGE EL SECTOR
El comercio se queja del aumento de los hurtos reincidentes y exige que se agraven las penas
El comercio de proximidad pide al Gobierno agravar las penas de los hurtos reincidentes. Es una de las seis medidas que propone la CEC para mejorar la situación de crisis del sector.
En lo que parece el escenario previo a la fase de recuperación, con el impulso del Gobierno al plan de vacunación, algunos sectores ya están empezando a trabajar en cómo articularla. Los comerciantes dieron este miércoles al Gobierno su hoja de ruta en la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados. Un plan para la recuperación de los establecimientos situados a pie de calle pos-pandemia que pasa, en primer lugar, por la reforma de los beneficiarios de las ayudas directas. Y, en segundo, por la puesta en marcha de una serie de medidas económicas y políticas concretas para el sector. Entre las que se incluyen agravar las penas de los hurtos reincidentes y reducir la carga legislativa ya que los comerciantes se quejan de que un establecimiento tiene que cumplir, para poder ejercer su actividad, más de 3.000 normas.
La Confederación Española de Comercio (CEC) lleva mucho tiempo alertando sobre este mal que sufren casi a diario los autónomos y comerciantes a pie de calle. Y que durante los últimos años se ha convertido en un horror que le cuesta al sector, según datos de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores, más de 1.800 millones de euros. Cifra que ascendería aún más si se tiene en cuenta los 420 millones de euros gastados por la Administración en costes administrativos, policiales y judiciales (300 millones de euros); y en sanciones no pagadas derivadas de los hurtos (120 millones de euros), recopilaron desde la patronal.
Precisamente, atajar este problema fue una de las seis solicitudes que presentó el presidente de la CEC, Pedro Campo, en la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. A su juicio es “más necesario que nunca que la Administración ponga coto al hurto multirreincidente”, sobre todo, “en un momento de zozobra económica como la actual”.
Agravar las penas para las personas que son “reincidentes”
La patronal del comercio coincide en este aspecto con la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para que se reforme el Código Penal y se agraven las penas a las personas que son reincidentes en el hurto. El objetivo es cambiar la norma “para que la multirreincidencia tenga consecuencias y modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ganar operatividad en los procedimientos judiciales”.
En estos momentos, explicó el portavoz y tesorero de la CEC, Carlos Moreno, lo que ocurre es "para una persona que entra en un tienda, roba y es detenida, es que se le impone una pequeña sanción”. Para Moreno la multa es “muy leve, especialmente porque a la semana vuelven a cometer el mismo delito. Queremos que la norma contemple esa reiteración y que, por lo tanto, se agrave la pena”.
Se trata de una medida que urge a la actividad pues, aunque no han salido los datos oficiales de hurto, “la sensación que hay en el sector es de que ha aumentado. Sobre todo en las grandes superficies, en las pequeñas tiendas también se habrán cometido este tipo de delitos, pero con la limitación de aforos por la Covid-19 se ha podido tener más control sobre ellos”. En los últimos cinco años, se ha incrementado notablemente el número de hurtos que se producen en el país. Así lo reflejan los datos de delitos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística que muestran como de 2015 a 2019 -último año sobre el que se tiene registro -, los hurtos pasaron de 20.611 a 71.671.
Seis claves para la recuperación del comercio tras la pandemia
Aparte de poner fin a un problema recurrente en la actividad, como son los hurtos, el presidente de la CEC solicitó al Gobierno la puesta en marcha de otra serie de medidas claves para conseguir la recuperación de una actividad clave para el PIB (Producto Interior Bruto) y de la que dependen 767.994 autónomos, según los datos de afiliación recopilados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en marzo. Y que son las siguientes
- No limitar el pago a 1.000 euros en efectivo
Ahora mismo, una persona puede pagar en efectivo hasta 1.500 euros en una tienda. No obstante, el objetivo del Gobierno es reducir ese importe a 1.000 euros para luchar contra el blanqueo. La CEC considera que se trata de una medida que puede llegar a ser muy negativa para los pequeños negocios porque podría llegar a desincentivar el consumo.
“No es momento de hacer, ni imponer ningún tipo de restricciones al consumo” señaló Moreno. Que defendió que, al contrario de lo que pueda parecer, es un tipo de desembolso frecuente en algunos establecimientos. Entre los que destacó, las tiendas de vestidos de novia, las joyerías, las de muebles o electrodomésticos. Además, apuntó que podía afectar también a aquellas personas que tienen limitado el gasto en la tarjeta o a los extranjeros que suelen hacer compras muy altas.
Por último, subrayó que se trata de una medida que sólo se ha puesto en marcha en Francia “y que no ha tenido el objetivo deseado de evitar el blanqueamiento de dinero”. En este sentido, el presidente de la patronal del comercio, Pedro Campo, alertó al Gobierno a “no hacer experimentos en plena contracción del consumo”.
- Una moratoria legislativa
Según detalló el presidente de la CEC, un establecimiento comercial tiene que cumplir, para poder ejercer su actividad, más de 3.000 normas. Entre las condiciones europeas, nacionales, autonómicas y municipales los pequeños negocios están “saturados” de legislación y, a veces ocurre que, no son conscientes de todos los cambios que sufre su actividad.
El tesorero de la patronal del comercio, Carlos Moreno, reconoció que “se hace necesario implantar una moratoria legislativa para que, por un lado, los pequeños negocios tengan la tranquilidad de que no van a ser penalizados. Y, por otro lado, trabajar para armonizar las obligaciones, porque es una situación tremenda".
- Los comerciantes denuncian la presión impositiva
Un estudio de la C4 de CEOE sacaba a la luz el coste de 1.475 millones de euros que sufrían los autónomos por las normas e imposiciones tributarias puestas en vigor los últimos años. “No se debe incrementar todavía más la presión impositiva y normativa sobre el sector, pues impacta directamente en la inversión empresarial, imprescindible para la recuperación de la economía que tenemos por delante”.
- Ser también prioritarios en la vacunación
Por último, la CEC se preguntó si el sector de abastecimiento del consumo fue “esencial” durante la pandemia, porqué ahora no es protegido de la misma forma y no es uno de los grupos prioritarios de vacunación.
Cambiar la forma de reparto de las ayudas directas
El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, incidió en su intervención en la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que el Gobierno debe cambiar la forma en la que se van a repartir el paquete de 7.000 millones de euros en ayudas directas a autónomos y pequeños negocios. “La patronal del comercio rechaza el criterio restrictivo basado en el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) al entender que excluye a un número importante de empresas en situación de gran vulnerabilidad". Para Campo “el único criterio aplicable para acceder a estas ayudas es que se base en criterios económicos y no por sectores de actividad. O, en su defecto, que se permita a las comunidades autónomas ampliar en las convocatorias los CNAE del anexo y extenderlo a otras empresas de comercio y servicios, de modo que puedan acceder a las ayudas”.