México vive hoy un retroceso democrático bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Eso es seguro. Lo que no lo es tanto es si se trata del reinicio y puesta en marcha de una democracia más auténtica, o si por el contrario avanzamos hacia un nuevo régimen autoritario. A día de hoy las señales que da el gobierno sugieren que el segundo escenario es más probable. En los últimos meses, AMLO parece estar más interesado en poner bajo su control a las instituciones democráticas que en reformarlas para hacerlas más autónomas y eficientes.
Empecemos por lo evidente: las señales de un retroceso democrático en México están por doquier. Me detendré en dos.
La primera son los constantes ataques de AMLO y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a últimas fechas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Juzgue usted: el pasado 28 de abril en su diaria conferencia matutina el presidente declaró que el “TEPJF y el INE fueron creados para que no haya democracia”[1]. Sorprende escuchar a un líder electo hablar así, uno además ha aprovechado al máximo las libertades y oportunidades que trajo la transición democrática (1977-1996). La razón de su molestia fue la orden del INE a MORENA, respaldada por el tribunal, de cambiar de candidatos a la gubernatura de los estados de Guerrero y Michoacán. El problema fue que los candidatos originalmente designados no presentaron sus gastos de precampaña ante el INE tal como estaban obligados. En consecuencia, el instituto les impuso el castigo que la ley señala: la cancelación de sus candidaturas. El enojo de AMLO fue mayúsculo: “¿Ustedes creen que los consejeros del INE o los magistrados del tribunal son demócratas? Yo digo: no, al contrario, conspiran contra la democracia”[2]. Su malquerencia contra los consejeros y magistrados no es de nuevo cuño. Se remonta a sus derrotas en las elecciones de 2006 y 2012, las cuales nunca aceptó bajo el bulo del fraude electoral.
La suerte parece estar echada al INE. Sea cual sea el resultado en las elecciones intermedias de junio de 2021, MORENA con toda seguridad declarará haber sido víctima de fraude. Será el primer paso para impulsar cambios legales en el instituto y así desmantelarlo de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
La segunda señal de retroceso democrático es lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que de a poco está siendo colonizada por el poder ejecutivo. Todo empezó con la remoción del ministro Eduardo Medina Mora en 2019, quien renunció a su asiento al parecer empujado por una investigación sobre su patrimonio por autoridades federales. Medina Mora dio un paso a un lado con suma discreción y cedió su asiento en la corte a la hoy ministra Margarita Ríos Farjat, nominada por AMLO al Senado (que controla MORENA).
Más preocupante aún es el actual intento de MORENA de extender de cuatro a seis años el periodo del presidente de la corte, el ministro Arturo Zaldívar. A pesar de que el artículo 97 de la constitución señala que “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la SCJN”, el pasado día 23 de abril la bancada oficialista aprobó la llamada “Ley Zaldívar” que extiende el periodo del ministro presidente a seis años. Una acción inconstitucional, pero que cuenta con la bendición de AMLO quien “confía” en el ministro Zaldívar para llevar a cabo su reforma judicial. En un giro extraño, el presidente da tratamiento de subordinado a quien en teoría es la cabeza de un poder independiente.
¿Estamos en el inicio de un nuevo régimen más democrático, o decididamente ante un regresión autoritaria?
Todo esto sucede mientras el gobierno avanza en la creación de una estructura clientelar que otorga transferencias en efectivo, sin reglas claras, pero dirigida a acrecentar la popularidad del presidente. Es el caso de programas sociales tales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y las llamadas Tandas del Bienestar.
Aquí la pregunta es si estas señales de deterioro institucional y retroceso democrático pueden entenderse como pasos previos a la puesta en marcha de una nueva y más auténtica democracia en México. El gobierno así lo dice y algunos analistas afines a él han sugerido fijarnos en el caso de Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945, a quien AMLO califica como “el mejor presidente que ha tenido EE.UU. en toda su historia”. En su época, Roosevelt fue acusado de albergar tendencias autoritarias, pero hoy es reconocido como un líder que salvó la democracia en su país en tiempos muy complicados a través de su New Deal. ¿Será que lo que vemos hoy en México es comparable? ¿Estamos en el inicio de un nuevo régimen más democrático, o decididamente ante un regresión autoritaria?
Lo primero es saber que la respuesta a esta pregunta no es sencilla. La politóloga de Oxford, Nancy Bermeo, lo señala en su artículo “On Democratic Backsliding”, en donde afirma que los retrocesos democráticos tienden a ser ambiguos[2]. Ello sería particularmente cierto cuando los partidarios del retroceso cuentan con apoyo popular o intentan abrir el juego democrático a actores que son o se sienten políticamente excluidos. Por ello, Bermeo sugiere que aquellos que se oponen al retroceso deben evitar considerar a sus adversarios como parciales hacia el autoritarismo. Como ella lo explica, los retrocesos democráticos buscan socavar un conjunto específico de instituciones democráticas, pero éstas no las únicas posibles ni necesariamente las mejores. Ciertamente, incluso aquellos que vemos con preocupación los acontecimientos en México, podemos imaginar mejores y más eficientes autoridades electorales.
La idea de que un líder populista como AMLO haga de revulsivo a una democracia estancada ha sido defendida por Camila Vergara, catedrática de leyes en la Universidad de Columbia. Vergara señala que este tipo de liderazgos tienen el potencial de profundizar la democracia, pero si y sólo si logran romper el control de las élites económicas sobre las instituciones públicas y devolverlas al “pueblo” en forma de comunas u organismos de representación a ras de suelo. No es la única académica que apoya esta idea. Hélène Landemore, politóloga de Yale, señala algo similar en su libro “Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century”, en donde describe a las instituciones democráticas modernas como lugares “cerrados y vigilados” donde “sólo ciertas personas, con el traje, el acento, la riqueza y las conexiones adecuadas, son bienvenidas”[3].
El gobierno no parece tener interés en reemplazar el conjunto actual de instituciones democráticas por otras más autónomas, independientes e institucionalizadas
En cuanto a las redes clientelares y las transferencias en efectivo, Simeon Nichter, politólogo de la Universidad de California, hace una reflexión importante en su libro “Votes for Survival.”[5] En él afirma que el clientelismo no se trata de una estrategia al servicio de las élites, sino que en realidad es una relación política entre élites y votantes sujeta al cumplimiento de promesas de campaña y atención ciudadana. Desde su perspectiva, el clientelismo bien podría entenderse como una forma de incorporar a la política a sectores marginados, y en última instancia promover la rendición de cuentas. ¿No va de eso la democracia?
El anterior escenario sería lo mejor para el país: un retroceso democrático como proceso de destrucción creativa. ¿Será el caso? ¿Cuáles son las posibilidades de que, una vez que las cosas se enfríen, tengamos un mejor conjunto de instituciones democráticas? ¿Las redes clientelares de AMLO tendrán éxito en integrar políticamente a la población marginada y promover la rendición de cuentas?
Me gustaría equivocarme, pero temo que la respuesta es no.
Ya la adelantaba al principio: el gobierno no parece tener interés en reemplazar el conjunto actual de instituciones democráticas por otras más autónomas, independientes e institucionalizadas. Su objetivo más bien parecer ser poner estas instituciones bajo la autoridad del poder ejecutivo en la persona de AMLO, quien en adelante orientaría y mediaría en materia electoral, judicial, y de seguridad social.
Los mexicanos vivimos algo muy parecido bajo el régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante buena parte del siglo veinte. El PRI fue un régimen autoritario de partido “casi único” con una “presidencia imperial”, como la llamó el historiador Enrique Krauze, en su cúspide. En esa época, se fundían en la persona del presidente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y la autoridad sobre los recursos presupuestales para disponer de ellos a su discreción.
El actual retroceso democrático en México parece ir encaminada en esa dirección: a la creación de una versión rebajada del PRI. Existe, sin embargo, otra alternativa más remota pero no descabellada: un régimen personalista en que, abiertamente o entre bastidores, vacíe de contenido las instituciones democráticas del país convirtiéndolas en carcasas inútiles. En cualquier caso, está claro que estamos en la antesala de un nuevo régimen político en México. Llamémosle “La Restauración Presidencialista”.
[1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-tepjf-y-el-ine-fueron-creados-para-que-no-haya-democracia
[2] https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/28/politica/golpe-a-la-democracia-y-provocacion-fallo-del-tribunal-dice-amlo/
[3] Bermeo, Nancy. "On democratic backsliding." Journal of Democracy 27, no. 1 (2016): 5-19.
[4] Landemore, Hélène. Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century. Princeton University Press, 2020.
[5] Nichter, Simeon. Votes for survival: Relational clientelism in Latin America. Cambridge University Press, 2018.
Lee más
Reciba su correo semanal