VÍDEO | Familias de Corrala Utopía piden su absolución ante los “juicios políticos” por la ocupación
Este viernes, arrancan los juicios contra las personas imputadas por la ocupación de la Corrala Utopía en Sevilla. Las familias insisten en que no cometieron delito porque su objetivo fue encontrar un techo ante la falta de colaboración de las administraciones. Max, que protagonizará la primera de las más de 50 vistas orales, ni siquiera vivía allí ni fue identificado por la Polícia en el desalojo, según mantienen sus representantes legales. Los abogados van más allá y señalan que la apertura de procesos penales "troceados" supone un intento de "criminalizar" la actuación de "personas que luchan por un derecho fundamental como el de la vivienda".
En un encuentro informativo previo a los primeros juicios, tanto Max como su mujer Soledad, y Toñi, una de las portavoces de la corrala, han expuesto sus casos y su paso por la Corrala Utopía, cuyo desalojo dio lugar a un fuerte encontronazo entre los socios del anterior gobierno de la Junta de Andalucía, diciendo que las familias llegaron a la ocupación tras sufrir resoluciones de ejecución hipotecaria. El riesgo de exclusión social y la incapacidad económica está demostrado, insisten sus abogados.
"Era dejar de pagar la casa o dejar de comer", ha recordado Max". "Vamos a seguir luchando para conquistar este derecho y llenar un poco el frigorífico para darle de comer a los niños", ha comentado Toñi. Ambos han coincidido en denunciar las "puertas cerradas" de las administraciones a la hora de ofrecerles ayuda antes de la ocupación y sus intentos en vano ante la falta de empleo y de recursos económicos que van a tratar de demostrar durante las vistas orales. Los dos primeros juicios afectan a dos personas que fueron realojadas temporalmente tras el desalojo del 6 de abril del año pasado.
Anabel Segado y Gonzalo Carrasco, letrados que defienden a la mayoría de los imputados, han querido hacer hincapié en el intento del juzgado de que "la lucha" de Corrala Utopía quede "desvirtuada" a través de las "instrucciones de política criminal" a través de la Fiscalía. La "persecución" que denuncian, pese a retirarse la acusación particular por parte de Ibercaja, dueña del inmueble ocupado y luego desalojado, viene dada por la petición del Ministerio Público de multas de 720 euros para cada uno de los acusados por presuntos delitos de usurpación en otros tantos procedimientos. "No es la multa sino el castigo que el Estado está proponiendo a personas que están luchando por conquistar un derecho", ha apuntado la abogada.
A la cita han acudido representantes políticos del Ayuntamiento de Sevilla como Daniel González Rojas por parte de IU o la concejal de Participa Cristina Honorato, así cómo Esteban de Manuel de EQUO o el secretario general del SAT, Diego Cañamero. "No estamos solas, somos mujeres fuertes y hay que seguir la lucha", ha espetado Toñi. "En la dictadura nos mataban y en la democracia no nos dejan vivir", ha parafraseado la letrada.
Es de recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla fue abriendo procesos diferentes para cada una de las personas imputadas por la ocupación. Se les acusa de un delito de usurpación del inmuble propiedad de Ibercaja en la avenida de las Juventudes Musicales de Sevilla ocupado en mayo de 2012. La ley permite la apertura de juicios diferentes aunque, según las defensas, la creación de medio centenar de procesos va claramente en contra del principio de economía procesal. Y ejemplifican: una familia que ocupó una vivienda se someterá a tres juicios diferentes, uno por cada persona imputada, a pesar de estar viviendo en el mismo lugar. La instructora decidió abrir un procedimento abreviado para cada una de las personas imputadas aunque los hechos sean los mismos (la ocupación del inmueble) y el denunciante también (Ibercaja, que retiró la acusación particular, parece que no ha renunciado a la responsabilidad civil por los daños en el mismo).