El 23 de Diciembre de 2020, Sebastián Piñera promulgó la creación del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, llamado “Mejor Niñez”, el que reemplazará al SENAME en el ámbito de protección a la infancia a partir de Octubre de este año. En esa instancia, María José Castro, la directora a cargo de implementar el nuevo servicio, señalaba: “es una gran misión, tenemos que lograr que se vuelva a confiar en un servicio como este, del Estado, en que durante tanto tiempo le hemos fallado a los niños de Chile”.
Diversas organizaciones, activistas por la infancia y ex usuari(a)s de SENAME han expresado que dicha sustitución de nombre no asegura ni establece cambios relevantes al funcionamiento ni a la estructura del servicio. Desde organizaciones sindicales de trabajadores dependientes de SENAME hasta la Defensoría de la Niñez, han expuesto sus dudas y críticas ante el nuevo servicio, indicando que se mantendrá la misma estructura de licitaciones y modelos de intervención que son el trasfondo de la crisis que atraviesa SENAME.
Además de las críticas acerca de la nueva nomenclatura, de las cuales como Grupo de Estudios 11 de Abril nos hacemos parte, nos interesa relevar las implicancias que este cambio de nombre trae consigo al establecer como misión – como exponía su directora – recuperar la confianza de la gente en el servicio, por un lado, sin establecer ningún cambio sustancial en el proceder de la institución, y por otro lado, sin reconocer ni hacerse cargo del daño ocasionado por la misma tras 42 años de funcionamiento.
Ya en 2018, un comité de Derechos del Niño de la ONU planteaba que era necesario que el estado chileno generase políticas de reparación para l(as) usuari(a)s y ex usuari(a)s de SENAME; planteando que como reportó CIPER1 en ese entonces “dadas las características del tipo de violación en que se ha incurrido, no basta con la mera indemnización. Lo que aquí corresponde son medidas mucho más profundas, considerando que las violaciones se sustentan en estructuras arraigadas en el sistema y en la inacción del Estado”; sin embargo, en cuanto a esto, a casi tres años, no ha existido ningún avance.
La búsqueda por recuperar la confianza del público, sin que el Estado se haga responsable de la violación sistemática de derechos al interior de los centros de SENAME y sin una reparación a aquell(a)s que han sido violentad(a)s, resulta superflua. Cambiar el nombre de SENAME, es una suerte de blanqueamiento de la institución que pareciera buscar borrar los abusos ejercidos dentro de ella, sin hacer mención a nada cercano a justicia y reparación para las miles de personas que sufrieron y siguen sufriendo abusos dentro de sus centros; implica invisibilizar a generaciones de niñ(a)s y jóvenes – hoy adult(a)s – empobrecid(a)s por un servicio profundamente precarizador y tolerante con maltratos y abusos sistemáticos a sus derechos humanos.
Al igual que con los discursos de reconciliación nacional en la década de los 90, tras el retorno a la democracia, donde las instituciones cambiaron sus nombres para intentar empezar de cero, el cambio de SENAME a Mejor Niñez se configura como una forma de borrar la memoria histórica. Se observa un intento por separar aguas con la antigua institución evitando asumir las responsabilidades políticas correspondientes. Resulta necesario aprender de las organizaciones de memoria y familiares de ejecutad(a)s politic(a)s y detenid(a)s desaparacid(a)s que han trabajado incansablemente en la búsqueda de verdad y justicia, y ser parte de la lucha contra la impunidad y el olvido de las víctimas de la violencia del estado.
En ese mismo sentido, expresar, como indicaba María José Castro en la promulgación del nuevo servicio, que “le hemos fallado a los niños de Chile”, reviste una burda minimización de los atropellos ejercidos contra las niñeces por parte del Estado y las Organizaciones Colaboradoras del Servicio, que solo podemos tildar de negacionismo. Es deshonesto y violento aludir a un “fallo” ante las graves vulneraciones, ante el empobrecimiento de sus usuari(a)s, ante los maltratos y abusos sexuales sufridos bajo su responsabilidad y a la muerte de miles de niñ(a)s y jóvenes dentro de sus centros. Cuando lo ejerce el estado y es sistemático la palabra “fallo” no corresponde.
El planteamiento de dichos discursos evade las responsabilidades políticas correspondientes, aludiendo a un “hemos” sin rostro ni nombre, y que nos responsabiliza a tod(a)s como sociedad, sin apuntar a quienes han tenido participación directa en las decisiones respecto al proceder del servicio y al afrontamiento de las violencias al interior de este, limitando su intervención a la mitigación y control de la crisis, sin solucionar las causas de fondo.
Javiera Blanco y Hugo Herrera, quienes escondieron inicialmente las cifras de muertes al interior de residencias de SENAME el año 2016; Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, entre otr(a)s son responsables direct(a)s de una gestión encubridora de la crisis de SENAME. Las decisiones que tomaron en sus posiciones de poder permitieron que estos abusos y maltratos se perpetuasen y que no se avance hacia la justicia.
El nivel de impunidad sobre el que va a instalarse el nuevo servicio debería ser motivo de alarma, preocupación y discusión. El cambio de nombre de una institución que pasará a la historia como vulneradora de DDHH de la niñez pobre sin considerar ni justicia ni reparación para quienes pasaron y aún están bajo su tutela es la salvaguarda mediante la cual el Estado, los privados en la figura de las OCAS y los responsables políticos aseguran su total impunidad.
¿Cómo vamos a permitir que se entierren 42 años de historia sobre la infancia empobrecida de Chile? ¿Cómo vamos a permitir la impunidad frente a la muerte de miles de niñ(a)s y jóvenes que estaban bajo el cuidado del Estado? En un país que lucha contra el olvido, la memoria es un ejercicio de justicia.
Por quienes están y por quienes pasaron por SENAME: verdad, justicia y reparación.
Escrito por Grupo de Estudios 11 de Abril.
1 https://www.ciperchile.cl/2018/08/03/sename-el-costo-de-ser-un-pais-que-viola-grave-y-sistematicamente-los-derechos-de-los-ninos/