Ya lo advertirmos en su momento, pero estos galos (y el resto de talibán del copyright) están igual o más locos que los romanos. La denominada ‘ley Hadopi’, ‘de los tres avisos’ o ‘plan Sarkozy‘ para combatir el P2P comienza la hoja de ruta hacia su anunciado fracaso. La primera, en toda la frente, y de manos nada menos que del Consejo Constitucional francés que, como no podía ser de otra forma, le ha recordado al Gobierno que el cierre de una página web la desconexión de un internauta sólo puede ser ordenada por un juez, y no por ningún órgano administrativo, por muy ‘competente’ que sea.
Éste es uno de los varios factores que enumeramos en su momento entre los que harían que la ley quedase en papel mojado, y no por que fuésemos adivinos o superdotados sino, simplemente, porque la iniciativa es tan burda y atenta tanto contra los derechos de la ciudadanía que es imposible que pueda prosperar en ningún país democrático. Aún falta que se pronuncien también, así sea cuando comiencen a llover las denuncias, contra el espionaje de las conexiones, todo un atentado contra la privacidad:
“Teniendo en cuenta que “Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo”, y “en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia”, el Consejo recordó que “es de justicia imponer una sanción si se demuestra que existen las descargas ilegales.” “El papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir las descargas que han sido descubiertas, pero no castigarlas”, concluye el Consejo”.
El recurso fue presentado por el Partido Socialista francés, a ver si los de por aquí van cogiendo recorte.
Hay que recordar que leyes similares ya tuvieron que ser retiradas en países como Nueva Zelanda y que la propia Unión Europea se ha posicionado en contra de acciones que conlleven el cierre de páginas web por organismos no judiciales, aunque esta asignatura no quedará resuelta hasta el próximo mes de septiembre.