La pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19, ha implantado en España una fiebre «terracista» a la que nos hemos lanzado con un ansia propia del apocalipsis. Primero fue la ley antitabaco. No era el fin del mundo, pero se apostó por que en los bares se pudiera seguir fumando, montando terrazas y veladores en las aceras. Con el COVID-19, el paso previo se convirtió en obligación y las terrazas medraron hasta el infinito. Frente al derecho al trabajo y al ocio sin trabas apareció el derecho a transitar sin obstáculos y el derecho a descansar sin ruidos. Y surgió la polémica: ¿Es legitima la apropiación administrativa del espacio público para cederlo a usos comerciales privados? ¿»Qui pro quo»? Quién gana y quién pierde y a qué precio. ¿Hay mesura y equilibrio en las políticas administrativas de un solo sentido?
El espacio público
Para empezar es importante saber qué entendemos por espacio público. Sociólogos, urbanistas, filósofos, arquitectos y políticos llevan tiempo enfrentando posturas e ideologías sin llegar a un consenso que unifique los puntos de vista.
Si se asume que el espacio público debe albergar y fomentar el desarrollo de las relaciones sociales, en la medida en que la vida pública cumple funciones diferentes, los espacios públicos deben adaptarse a estas funciones, lo que justifica la intervención y regulación de las instituciones para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad. En la actualidad son los espacios privados los que definen la organización de la ciudad. Por eso, el espacio público es lo que queda una vez se han definido los usos del suelo en vivienda, comercio, administración e industria, etc. (Ver: Carrión M., Fernando. El espacio público es una relación, no un espacio. Cidur, 2020.) El espacio público es un elemento fundamental del orden urbano que se relaciona directamente con el espacio privado, ya que define la manera como los habitantes hacen uso de los recursos sociales y cómo se relacionan entre ellos. La tendencia a la subordinación de lo público a lo privado, con el predominio de lo privado como interés general, altera el sentido colectivo de lo público como espacio de todos y genera tensiones. (Ver: Ramírez Kuri, Patricia. Espacio público, ¿espacio de todos?
Reflexiones desde la ciudad de México. Revista Mexicana de Sociología 77, núm. 1 -2015)
De forma paralela, el espacio público se puede entender como aquel espacio vacío de circulación o consumo (descampados, espacios sin urbanizar, solares sin construir…), sin identidad y sin referentes culturales, susceptible de transformarse, por ejemplo, imitando modelos tradicionales, siguiendo patrones históricos y organizándolo desde la intervención del poder público con una perspectiva de seguridad y control. Es decir facilitando la intervención de las fuerzas del orden en el caso de que se produzca alguna alteración de las funciones legitimadas desde las instituciones políticas. Las administraciones defienden este concepto de intervenir con la creación de diseños diáfanos y visibles desde cualquier ángulo ya que se entiende prioritario eliminar las presencias conflictivas y restaurar el orden y el control social. (Ver: Ardura Urquiaga, Álvaro. Madrid, espacio público confiscado. La privatización y resignificación del espacio público en los procesos de transformación material de las plazas del centro de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid UPM.)
A esta visión se puede añadir una tesis de conflicto que sostiene que en el espacio público se generan luchas entre sectores sociales que se enfrentan por la apropiación del espacio. De esta manera unos desplazan a los otros en función de la legitimidad sociopolítica que se atribuya a los sectores en litigio. (Ver: VV.AA. El espacio público en conflicto: coordenadas conceptuales y tensiones ideológicas. Universitat de Barcelona y Universidad de Valparaiso. 2015)
Privatización del espacio público
En enero de 2011 el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley Antitabaco que prohibía fumar en lugares abiertos al público. Unos meses después los ayuntamientos de las ciudades de toda España elaboraron ordenanzas que facilitaban los trámites para colocar terrazas y veladores en calles y plazas, y la solicitud de permisos se disparó.
La ocupación del espacio público colectivo para usos privados genera conflictos entre los ciudadanos. Desde hace algo más de dos lustros, la proliferación de las terrazas y veladores instalados en las calles generan un debate y un conflicto de intereses en el que participan agentes públicos políticos, económicos privados y los vecinos, enfrentados por la preservación del espacio común frente a su uso comercial.
Plaza de Santa Ana: un caso paradigmático
Un ejemplo interesante lo podemos ver en la evolución de la plaza de Santa Ana de Madrid en pleno centro del barrio de Huertas, un caso paradigmático de suelo urbano público cedido a la explotación comercial privada.
La plaza se diseñó entre 1810 y 1812 durante el reinado de José Bonaparte en el lugar que ocupaba el convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Ana. A mediados de los años cuarenta del siglo XX, aunque ya se había perdido vegetación debido a una reforma, la mayor parte de su espacio seguía ajardinado con árboles y arbustos. Es decir, era un pequeño parque con bastante vegetación.
Pero a lo largo de la década de los 60, especialmente debido a la construcción del aparcamiento subterráneo, fue perdiendo todas las plantas del centro y los árboles más vetustos, de manera que se empezó a dibujar una explanada vacía cada vez mayor. Hasta 1989 mantuvo ese aspecto, conservando todavía los bancos típicos de cualquier parque. Precisamente en aquella época era muy popular el mercadillo al aire libre de artesanía que se montaba los fines de semana aprovechando el espacio abierto en el interior de plaza. Ese año, con las calles aledañas propiedad de los coches más que de los peatones, fue el último del mercadillo. El Ayuntamiento tenía planes para Santa Ana. Lo prohibió alegando la falta de autorización municipal. Ese mismo año se iniciaron unas obras en la plaza cuyo objetivo principal consistió en eliminar los bancos para sentarse y en colocar alrededor de los parterres elementos perimetrales con pinchos.
En 2001, finalmente, se amplió el aparcamiento haciendo desaparecer casi por completo la vegetación. Un parque sin apenas plantas y sin bancos, pero ya repleto de terrazas y de turistas. Las terrazas de los bares del entorno de la plaza ocupan un espacio público del que se ha desalojado, fundamentalmente, a los vecinos del barrio que hacían uso de él, y que se ha creado a través de la colaboración entre la intervención urbanística y la intervención política desde el Ayuntamiento. Donde antes cualquiera podía sentarse en un banco bajo un árbol, ahora lo debe hacer en la silla de una terraza bajo una sombrilla, pagando.
(Ver: Plaza de Santa Ana. Blog Historias matritenses y blog teosiesta)
Crisis del COVID-19. El ejemplo de Madrid
Con la llegada de la crisis del Covid-19, que mermó la actividad económica y de manera especialmente ostensible la del del sector hostelero, los ayuntamientos atendieron sus demandas permitiendo la colonización de aceras y espacios públicos para la colocación de terrazas. Esta medida provisional, en el caso de Madrid, planteaba en mayo de 2020 que «bares y restaurantes podrían extenderse a lo largo de la fachada del edificio en el que se situasen y de los colindantes», medida ampliable hasta el 31 de diciembre de 2021.
En junio de ese año, el 40% de las terrazas de Madrid inspeccionadas la primera semana tras el confinamiento fueron multadas por ocupar más espacio en las aceras del que tenían autorizado, lo que da una idea del furor con que se asumieron las medidas. A finales de primavera de 2020, el Ayuntamiento autorizó a los locales para que pudieran ampliar las terrazas en aceras (incluyendo «orejas») o instalarlas en las plazas de aparcamiento, sin apenas pagar impuestos por ello, en espacios ya que pagan los vecinos a traves del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para residentes.
El 28 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid publicaba la resolución de la Comisión de terrazas mediante la cual se prolongaba temporalmente la vigencia de las autorizaciones de terrazas otorgadas en disposiciones precedentes hasta el 31 de enero de 2022.
Informe de la Comunidad de Madrid
Es llamativo el informe Accesibilidad universal en las terrazas de Madrid encargado por CERMI de la Comunidad de Madrid en 2018, antes de las medidas debidas al COVID. El trabajo analiza la disposición de las terrazas y su ocupación de la vía pública de la ciudad de Madrid. Este informe se realiza dada la preocupación generada en torno a la extensa ocupación de la vía pública por parte de terrazas y veladores en creciente aumento, ocupación que -según explicita el informe- se estaba realizando de forma arbitraria y, en muchas ocasiones, sin garantizar la accesibilidad universal para peatones, entendiendo esta como un requisito indispensable garante del uso y disfrute para el peatón que transita por el espacio público, a margen de sus capacidades o de la forma de deambular por la ciudad. En sus conclusiones, el estudio destaca que de las 1.066 terrazas visitadas, el 56% presentaban dificultades de accesibilidad y 22% de las terrazas estaban adosadas a la fachada interrumpiendo el paso de los peatones.
Informe del Ayuntamiento de Madrid
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también encargó en 2015 un informe denominado Estudio de evaluación de los efectos de la ordenanza de terrazas en el espacio público, que llamaba la atención acerca del incumplimiento habitual de los negocios de restauración de la normativa. Desde los desatinos estéticos, la construcción de terrazas estables ilegalmente, el uso abusivo del espacio, la obstaculización del tránsito peatonal o la contaminación acústica. La justificación de que esta práctica proliferase ha sido la dificultad de inspección por falta de personal.
La nueva normativa que ha facilitado la expansión de las terrazas no ha corregido los abusos que ya se daban. Tampoco parece que, hasta ahora, se estén solucionando los conflictos vecinales, a pesar de que se contemplen las denominadas «zonas tensionadas» o «zonas saturadas» , en las que no se podrá ocupar más de un 30% de espacio público, dejando libres plazas de aparcamiento y reduciendo el número de sillas y mesas en la calle. En cualquier caso, queda por ver si la nueva ordenanza de terrazas cuya tramitación se desarrolla durante 2022 es eficiente para desaturar la invasión del espacio común y para mejorar la convivencia entre los ciudadanos.
Referencias.-
Di Masso Tarditti, Andrés; Berroeta, Héctor ; Vidal Moranta, Tomeu. El espacio público en conflicto: coordenadas conceptuales y tensiones ideológicas. Universitat de Barcelona y Universidad de Valparaiso. 2015
Berezi Elorrieta Sanz et alt. La guerra de las terrazas: privatización del espacio público por el turismo en Sevilla y Barcelona. Cuadernos de Turismo, nº 47, (2021); pp. 229-259. eISSN: 1989-4635. Universidad de Murcia. DOI: https://doi.org/10.6018/turismo.474091
Ayuntamiento de Madrid. Medidas de apoyo a las terrazas durante la crisis COVID-19.
El día en que una terraza se comió tu plaza. El Salto. Pablo Rivas, Hemeroteca Diagonal, 22 de junio de 2015)
El Supremo declara ilegal la expulsión de los artesanos de Santa Ana. (José Manuel Romero. El País, 30 de enero de 1996)
15.000 mesas y 40.000 sillas: así se han multiplicado las terrazas en Madrid. (Borja Andrino,Patricia R., Mariano Blanco, Zafradaniele Grasso. El País, 27 de diciembre de 2021)
Salazar, Octavio. Espacio público y paz social. Revista de Paz y Conflictos, núm. 3, 2010, pp. 23-43
Universidad de Granada