Fue un martes 15 de marzo de 2011. 500 agentes de la Policía Nacional Civil desalojaron a 3,000 personas de la finca Miralvalle, propiedad del ingenio azucarero Chabil Utzaj en la desigual Alta Verapaz. El dueño y representante legal de la empresa, Walter Widmann, aseguró públicamente que la reunión donde se decidieron los desalojos fue gracias a la intervención de Sandra Torres, entonces primera dama de la nación.
En el plan de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque proponen institucionalizar los mecanismos de diálogo, en el pasado han actuado a la inversa. El plan de gobierno dice que para modernizar y fortalecer la economía rural promocionará el turismo municipal, implementará los programas “Mi Siembra y Bosque Progresan”, e impulsará la generación de una “carretera de tierras, que facilite el acceso a tierras de campesinos, pequeños y medianos productores agrícolas”.
Mario Itzep, del Observatorio de Pueblos Indígenas, habla del análisis que hicieron sobre el plan de gobierno de ambos candidatos presidenciales –en realidad, Jimmy Morales (FCN) no tiene plan de gobierno como tal–. Itzep critica que no se planteen estrategias que resuelvan o al menos atiendan la conflictividad agraria en el país. Ninguno se refiere a la Ley de Desarrollo Rural, ni hay pronunciamientos para atender las demandas de los campesinos.
“Uno de los temas más duros en Guatemala es el de la situación agraria y eso no se menciona, ni siquiera en dotación de recursos para el Fondo de Tierras. No hay acciones concretas”, insiste.
El caso del Polochic en Alta Verapaz es un ejemplo, dice el activista Itzep. En marzo de 2011, 769 familias campesinas e indígenas fueron expulsadas de sus viviendas del Valle del Polochic, en una región que es el puerto pluvial para salir al Atlántico. Alrededor de 3 mil personas se habían instalado en 14 comunidades en la finca Miralvalle, propiedad de Walter Widmann, cuñado del ex presidente Óscar Berger (2004-2007). Era una invasión a la propiedad privada, según los conservadores. O una ocupación para reclamar derechos laborales ignorados por los finqueros, según los progresistas.
Pero para decidir quién tenía la razón intervino la entonces primera dama y precandidata presidencial del gobierno socialdemócrata, Sandra Torres. Se reunió con los Widmann y se comprometió a ejecutar el desalojo de la invasión.
Pero el desalojo se tornó violento y los policías mataron al campesino Antonio Beb Ac con una bomba lacrimógena que le lanzaron.
Cuatro meses después, el 20 de junio del 2011, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares para las familias que fueron desalojadas violentamente. En otras palabras, le exigía al Estado de Guatemala que no las dejara morir de hambre. Le pidió al gobierno que brindara asistencia humanitaria a las familias de las 14 comunidades desalojadas. A esos tres mil guatemaltecos.
Pero no fue sino hasta un año después, en marzo del 2012, con la presión de la Marcha Campesina de más de 200 kilómetros, que el expresidente Otto Pérez Molina se comprometió públicamente y por escrito a otorgar tierra a 300 familias que fueron afectadas con esos desalojos. En octubre del 2013 el gobierno entregó tierra a las primeras 140 familias. Más de 600 aún esperan que se cumpla el compromiso que fue hecho por un presidente que ahora está en la cárcel acusado de defraudar al Estado.
Widmann, en 2011 representante legal del ingenio Chibil Utzaj, dijo en una entrevista a Plaza Pública que fue Sandra Torres quien hizo el requerimiento de la reunión con la que la empresa de las fincas ocupadas por los campesinos. Según dijo, Torres los llamó porque había escuchado que los promotores de las invasiones afirmaban que ya había acuerdos con la primera dama. “Ella dijo que ni ella ni el país tenían acuerdos con nadie”, recuerda Widmann.
Un año después, en una columna del 19 de marzo del 2012, el periodista Óscar Clemente Marroquín, presidente del diario La Hora, escribió que el excandidato vicepresidencial de la UNE en 2011, Roberto Díaz-Durán, le contó que él fue el enlace entre el Widmann y Torres para concretar el desalojo de los campesinos. "Bajo el sencillo argumento de que esa medida era necesaria e indispensable para que pudiera concretarse la venta del ingenio a unos inversionistas extranjeros”. La venta fue más compleja porque intervinieron fondos públicos centroamericanos por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El periodista Marroquín añadió que “el arreglo fue muy pragmático porque para concretar la venta había que lograr el desalojo y así se hizo. El entendido agarra las señas de que ese acuerdo entre los dueños del ingenio y la candidata de los pobres tuvo consecuencias en algún compromiso para financiar la campaña, porque no se puede explicar uno de otra manera que alguien tan abrasiva con el sector privado se comprometiera tan efectivamente para usar la fuerza en el desalojo campesino”.
Días después de esa reunión entre Sandra Torres y el finquero Widmann, un juez firmó la orden de sacar a las familias allí instaladas.
Las consecuencias del desalojo
Guatemala está entre los diez países más desiguales del mundo. Y esa desigualdad se refleja en la propiedad de la tierra en un país construido desde 1871 alrededor de las fincas de café. Un país que es uno de los únicos dos latinoamericanos sin reforma agraria en el siglo XX. Y esa desigualdad no sólo se refleja en la tenencia de la tierra sino en el acceso al poder político.
Cuatro años después del desalojo, 629 de las 769 familias siguen esperando tierras y viviendo en condiciones inhumanas. Un estudio hecho por la oenegé internacional Oxfam dice que el hambre es la realidad diaria para las familias campesinas que antes tenían una tierra (ocupada/invadida) para cultivar maíz, frijol y otros alimentos. Según la investigación de Oxfam, los campesinos y campesinas del Valle del Polochic no quieren bolsas de alimentos ni fertilizantes. “Sólo quieren que les devuelvan las tierras en las que han vivido y cultivado durante generaciones”. Para eso no son suficientes los programas sociales.
La evaluación nutricional de Oxfam cuenta las condiciones de vida de las familias desalojadas. Son inhumanas. 6 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica; la desnutrición aguda es el doble de la reportada por poblaciones similares en el pobrísimo departamento de Alta Verapaz y el 77% de las familias consumen una dieta inadecuada e insuficiente. Sus ingresos, en promedio, son de Q404.88 mensuales (US$50).
Algunos pobres, parece, pueden ser sacrificados por el pragmatismo.