Domingo Sanz. LQS. Noviembre 2019
Durante los treinta y un años que transcurrieron entre 1986 y 2017 hemos sido testigos de los tres intentos de la Catalunya más inquieta por actualizar su vinculación con España, siempre con una innovadora estrategia política consistente en la combinación de intentos de negociación, movilizaciones pacíficas y “fiestas de la democracia”.
Los sucesivos fracasos cosechados por unos catalanes que nunca renuncian ni renunciarán han conducido a que un día cualquiera, como el 29 de octubre de 2019, lleguen a coincidir tres hechos tan relevantes y delirantes como estos:
Carmen Calvo amenazando a Bélgica el mismo día que un juez belga tiene que decidir sobre Puigdemont, y en caso de que decida no enviarlo a España tras ser requerido por un juez español, más el periodista Carlos Alsina haciendo de notario de “vicepresidenta pillada” con su sonrisa de niño travieso.
El juez Marchena, más que nunca juez y parte, demorando dos años la inevitable aplicación de una sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por culpa de una sentencia injusta del propio Marchena, casualmente contra Atutxa y otros dos políticos nacionalistas.
Y Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, llamando “ciegos irracionales” a millones de catalanes delante de un montón de militares, miembros de un ejército que ha acreditado su condición de muy peligroso a lo largo de la historia, y más en España.
Por suerte, “El Jueves” ha respondido con la agilidad a la que nos tiene acostumbrados y ha colocado en portada la exclusiva del año:
“¡Por fin llega el primer reconocimiento internacional!: La Organización Mundial de la Salud reconoce el Procés Catalá como enfermedad mental”.
No se rompa de risa, por caridad.
Ahora procede retroceder treinta y tres años para preguntarnos cómo se ha vivido desde Catalunya la relación con España, y viceversa.
Tenemos tres respuestas nacidas de las urnas. Por tanto, democráticas, y que reflejan perfectamente la evolución de esa vivencia.
Ante las elecciones generales de 1986 el político catalán Roca construyó una coalición en la que, además de CiU, se integraron el PDL, con base en Madrid y Garrigues Walker implicado, la Unió Mallorquina, el Partido Riojano Progresista, Convergencia Canaria y Coalición Gallega. Es decir, fraguó un intento de implicación total en la política española impulsado desde Catalunya. Los resultados fueron los siguientes:
En toda España, exceptuando Catalunya, aquella coalición, que se denominó Partido Reformista Democrático, consiguió 194.538 votos y ningún escaño, esto último gracias a la ley electoral aprobada con la mayoría absoluta del PSOE en 1985.
En cambio, la candidatura que impulsó esa coalición en el resto de España consiguió, solo en Catalunya, 1.014.258 votos y 18 escaños, lo que implicó un incremento de 241.532 votos y 6 escaños respecto de los resultados de 1982, O, lo que es lo mismo, un 31,26% más. Tal éxito electoral del catalanismo autonomista en Catalunya entre dos elecciones generales sucesivas no volvería a repetirse, aunque sí estuvo cerca en una ocasión.
En pocos segundos sabremos cuándo ocurrió de nuevo, pero justo es recordar que fueron los catalanes, tanto los políticos como un electorado que empujó con fuerza desde las urnas, quienes dieron el primer paso para lo que hubiera implicado un fortalecimiento de la identificación de los catalanes con España. A fin de cuentas, creyeron en España.
¿Cómo respondió el resto de España a aquel intento? Cuando la respuesta son 194.538 votos de un censo de más de 20.000.000 (descontando el de Catalunya) sobran las palabras. O sirve una: desprecio. Democrático, por supuesto, pero desprecio. Evidentemente, tardaron mucho en recuperarse del disgusto y volver a intentarlo.
Pero se atrevieron, exactamente veinte años después. Ya sabe usted a que me refiero porque, a estas alturas, nadie, ni siquiera los culpables, se atreven a poner en duda que la estrategia del PP, cultivando en toda España el odio fácil contra lo catalán a cuenta de un nuevo Estatut que también fue aprobado en urnas más que legales, y no solo de las que se ponen en colegios electorales, más la sentencia destructiva del Tribunal Constitucional en 2010, contraria a la democracia en mi opinión, fueron los aceleradores de la crisis actual. Aguirre, del PP, lo reconoció cuando aún mandaba algo, en marzo de 2015, y ninguno de los suyos ha osado corregirla.
Si, fue una sentencia contraria a la democracia. ¿O acaso nunca nadie en la historia moderna ha destruido la democracia desde las propias leyes de la democracia? ¿Dónde está escrito que España no pueda devorar a sus demócratas?
Lo prometido siete párrafos antes es deuda. Si, fue precisamente en las elecciones generales de 2011, las siguientes a la sentencia más incendiaria de nuestra historia hasta entonces, y hoy quizás superada por la del Supremo del mismo Marchena contra Junqueras y sus colegas, cuando los autonomistas de CiU, ya en inevitable tránsito hacia el independentismo, volvieron a conseguir un gran incremento de votos respecto de las elecciones anteriores: un 30,31% más que en las urnas de 2008.
Y años después, el tercer intento en dos entregas, jamás se podrá acusar a los independentistas catalanes de ocultar sus intenciones. Y también reincidentes con lo de las urnas y, por tanto, con la democracia por bandera.
El 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, dos convocatorias ante las que el gobierno de España nunca descolgó, tampoco, ningún teléfono para hablar de política. Y no estábamos en campaña electoral.
La petición de un referéndum pactado que aún hoy, y con un alto coste político porque cuestiona el histórico de 2017, sostienen muchos independentistas no es sino un nuevo intento desde Catalunya para actualizar la relación con España, pues tendrán que asumir el resultado siempre incierto de las urnas.
Terminaremos tal como comenzamos, buscando la verdad en los hechos que adornan nuestro día a día.
Mientras en el resto de España se les recibe con vítores y aplausos, y se anuncian condecoraciones a los policías nacionales y guardias civiles que han ido a apalear catalanes movilizados contra la sentencia, la Generalitat inicia una investigación sobre 15 casos de abusos cometidos por su policía autonómica contra esos mismos movilizados, sus propios vecinos.
¿Qué gobierno se está atreviendo a coger por los cuernos uno de sus toros más difíciles, cómo lo es cualquier asunto que cuestione a sus fuerzas represivas?
¿El de España o el de Catalunya?
La respuesta no admite ninguna duda y eso demuestra que los supuestos problemas de convivencia en Catalunya solo agarrotan al Gobierno de España.
(Todos los números y porcentajes utilizados en este artículo se han obtenido a partir de la información electoral disponible en el Ministerio del Interior).