Una jueza guatemalteca suspendió la audiencia de primera declaración programada para martes 2 de julio, durante la cual el Ministerio Público planeaba presentar su caso contra el general retirado Luis Enrique Mendoza García. Mendoza García enfrenta cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad contra la población Maya Ixil durante la época en la que fue Jefe de Operaciones durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt en 1982 y 1983. Mendoza García también fue Ministro de la Defensa en 1991.
por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
La jueza a cargo del caso, Claudette Domínguez, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, suspendió la audiencia como respuesta a una moción de recusación presentada contra ella por los querellantes. Éstos recibieron por escrito la notificación de la suspensión el viernes pasado.
Los querellantes recusaron a la jueza sobre la base de lo que aseguran es un reconocido historial de sesgo y parcialidad a favor de miembros del ejército de Guatemala y otras personas poderosas. Según dicen, este favoritismo no sólo se ha mostrado en casos de graves violaciones de derechos humanos, sino también en casos de corrupción y acusaciones de asesinato fuera de cualquier contexto político.
En respuesta al recurso planteada, la jueza suspendió la audiencia de primera declaración y dijo que ésta sería recalendarizada.
Los querellantes se han opuesto a esta decisión, ya que según ellos, cuando un juez es recusado, debe aceptar o rechazar la recusación, y luego elevar la solicitud a una corte de apelación, que entonces debe convocar a una audiencia para que las partes puedan presentar sus argumentos. Como resultado, el mismo día 2 de julio, presentaron una moción de actividad procesal defectuosa en contra de la jueza.
“En sus dictámenes, la jueza Domínguez ha analizado con cuidado la evidencia presentada por los querellantes. En vez de ello, ha utilizado argumentos excesivamente formalistas para beneficiar a los acusados,” dijo Edwin Canil, presidente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, una organización de sobrevivientes que presentó los cargos en el caso por genocidio en 2001. “Estamos convencidos de que todos aquellos acusados de casos penales quisieran que esta jueza esté a cargo de juzgarlos… porque saben que con ella la impunidad está garantizada.”
Ya ha habido varias quejas de sesgo y parcialidad contra la jueza Domínguez. Hace dos semanas, dictaminó desestimar los cargos contra seis ex patrulleros civiles acusados de violar a varias mujeres Maya Achíes. Para ello citó un tecnicismo que le permitió excluir los testimonios directos de las mujeres, a pesar de que dichos testimonios identificaban a los acusados como los perpetradores directos. En el caso CREOMPAZ, varias de las decisiones de la jueza han provocado apelaciones que tienen empantanado el caso desde junio de 2016. La semana pasada, los querellantes de estos dos casos también han recusado a la jueza Domínguez. Ésta ha sido criticada por levantar el arraigo que pesaba sobre Edgar Justino Ovalle, ex diputado guatemalteco vinculado con el partido oficial, FCN-Nación, quien perdió su inmunidad por el caso CREOMPAZ en 2017. Esto permitió a Ovalle fugarse antes que culminara el proceso de despojo de su inmunidad. Actualmente permanece prófugo. Varias organizaciones de la sociedad civil guatemalteca también han criticado a la jueza Domínguez por decisiones que, según alegan, han favorecido indebidamente a ex oficiales del ejército, así como a individuos poderosos, en una serie de casos penales adicionales de corrupción y asesinatos.
Mendoza García: Acusado de genocidio, fugitivo desde 2011, enfrentará juicio
Mendoza García fue Jefe de Operaciones (G3) del Estado Mayor del Ejército de Guatemala entre abril de 1982 y julio de 1983, durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt.
Mendoza García permanecía prófugo desde 2011, cuando el Ministerio Público emitió órdenes de captura contra él y otros miembros del alto mando de Ríos Montt. Fue arrestado el mes pasado, cuando acudió a emitir su voto durante las elecciones generales de Guatemala.
En septiembre pasado, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” emitió una sentencia en el caso por genocidio Maya Ixil. Aunque el tribunal absolvió a Mauricio Rodríguez Sánchez, Jefe de Inteligencia Militar (G2) del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante el gobierno de Ríos Montt, determinó por unanimidad que el ejército de Guatemala cometió genocidio contra los Maya Ixiles entre 1982 y 1983. Mendoza García estuvo a cargo de las operaciones militares en esa región durante dicho período.
Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es miembro Senior de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología y querellante adhesivo en el caso del Diario Militar. Este artículo fue originalmente publicado en el Monitor de Justicia Internacional y fue traducido por Alejandro Arriaza.