En los últimos días de marzo el poeta Javier Sicilia recibió la terrible noticia de que su hijo Juan Francisco había sido asesinado por miembros del crimen organizado. A diferencia de cientos de familias, Javier decidió no enfrentar el dolor de la pérdida y de la impotencia en privado. En lugar de sufrir encerrado en casa, abrió puertas y ventanas, y haciendo uso del prestigio de su nombre exigió al gobierno Justicia. Pronto apareció dando entrevistas, y poco a poco, casi sin darse cuenta, Javier se hizo del liderazgo necesario para convocar acciones colectivas y manifestaciones públicas. La última de ellas, la más importante hasta ahora, fue el domingo pasado (Mayo 08), en la que reunió a cerca de noventa mil personas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.
No es la primera vez que la ciudadanía sale a las calles para exigir seguridad, muchas marchas han pasado y ninguna ha logrado cambios importantes, son tantas que incluso el actual Presidente participó hace catorce años en una de ellas. Sin embargo, hay tres cosas que hacen distinta la marcha del domingo: 1) no contó con el apoyo mediático de otras marchas, y aún así reunió un importante contingente; 2) los manifestantes asistieron a ella por voluntad propia y no por acarreo; y 3) tanto sus participantes como sus consignas fueron tan variados, que podemos decir que más que una exigencia por seguridad, la marcha fue la expresión del hartazgo ciudadano, el “Estamos hasta la madre” pero de todo, no sólo de la delincuencia.
El movimiento que encabeza Sicilia es de verdadera importancia ya que representa el sentir nacional, y está compuesto por elementos legítimamente ligados a la sociedad civil, y precisamente por ello me resulta preocupante que el Pacto Nacional por un México con Justicia y Dignidad esté tan pésimamente escrito.
El documento que presentaron como el “primer paso de la organización civil que necesita nuestro país frente a la emergencia nacional” contiene seis puntos que por si solos resultan totalmente ambiguos:
- Exigimos verdad y justicia.
- Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
- Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.
- Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.
- Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
- Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.
Consientes de la ambigüedad, los redactores del documento dedicaron algunos párrafos a cada punto para explicar lo que se pretende en cada uno de ellos, ahí podemos encontrar lo que considero errores propios de un movimiento que parece estar respondiendo más al impulso y al arrebato que a la estrategia o a la lógica.
En el apartado A del primer punto se exige esclarecer todos los delitos que de alguna manera han agraviado a la sociedad. Aunque es obviamente muy complicado (tal vez imposible) resolver cada uno de los miles de casos que ya están en los archivos del ministerio público, es una demanda justificada e incluso medianamente razonable para hacer justicia, pero luego, al pedir que se “procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables”, se vuelve totalmente inoperante. Si se pretendiera cumplir a cabalidad lo anterior, las filas de la administración pública quedarían vacías, no sólo por la extensión de las redes criminales sino por el hecho de que muchos funcionarios y autoridades han estado obligados a “desviar la mirada a otra parte”, pues en muchos casos la omisión es resultado de una incapacidad real para actuar. La política del “plomo o plata” no siempre es generosa.
Luego, el subpunto B exige la resolución expedita de algunos casos emblemáticos y en el C se convoca a la sociedad a no olvidar. Ambas cosas me parecen acertadas y posibles, pues que ellas se resume el deseo de Justicia y Verdad.
El segundo punto acierta al exigir un cambio del enfoque militarista pero se pierde totalmente cuando empieza a manejar un lenguaje ambiguo, y que me recuerda al usado por los pseudoestudiantes que mantienen “liberados” salones en la UNAM y en el Colegio de Ciencias y Humanidades.
Aplaudo la exigencia de cambiar “el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública”, pero me desconcierta que hablen de “asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana autogestiva”. ¿Exactamente qué significa “seguridad ciudadana autogestiva”? Comparto el deseo de que se “evite la participación del ejército en tareas policiales” y que la estrategia se base “en la reconstrucción del tejido social”, pero me inquieta cuando dicen que debe recuperar las “experiencias comunitarias autogestivas”.
La palabra “autogestivo” ni siquiera existe en el diccionario por lo que su significado es totalmente incierto (no debe confundirse con autogestión). Por el contexto del documento, creo que se refiere al uso del término que tradicionalmente han dado colectivos disidentes sociales para calificar “positivamente” aquellas situaciones en las que las Instituciones y leyes del Estado brillan por su ausencia. Un ejemplo claro son los okupas en España o los caracoles en Chiapas.
“Defensa ciudadana autogestiva y comunitaria”. ¿Qué rayos significa eso? ¿Civiles armados haciendo de policías? ¿Sujetos autonombrados representantes de la “verdadera voluntad popular” haciendo “justicia” con su propia mano?
A mi parecer la actual situación de inseguridad es resultado de la ausencia del Estado, no comprendo como podremos resolverlo apostando a sustituir el Estado de Derecho, basado en Instituciones por “ciudadanos” (sic) -la ciudadanía sucede dentro del Estado- “autogestionados”.
En cuanto al punto B.I no tengo ninguna objeción, me parece acertado aunque un poco contradictorio con el discurso, ya que en algunos puntos se pide la retirada del Estado por considerarlo incapaz pero en otros se solicita su protección.
El B.II está bien en principio, pero comete un error al no diferenciar entre la última propuesta del Presidente en materia de Seguridad Nacional y la aprobada por el Senado de la República. Es necesario reformar la Ley de Seguridad Nacional, no podemos seguir con el prejuicio ingenuo de que la Seguridad Nacional y/o los aparatos de inteligencia son siempre sinónimos de represión y violación de derechos humanos.
Totalmente acertado en el apartado A, habría que aclarar mejor a qué se refieren con “control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad” pero es oportuno y correcto. En cambio el apartado B es resultado de la ignorancia en materia de política real: eliminar el fuero de los legisladores es limitar su capacidad de acción. Si no fuera por el fuero, diputados como Gerardo Férnandez Noroña, no saldrían de los juzgados, sus adversarios políticos lo llenarían de denuncias y demandas (la mayoría seguramente inventadas) para convencerlo de cesar sus continuas y agudas críticas. El fuero es necesario.
De poco sirvió que en el punto anterior hicieran gala de cordura, en éste la tiran por la ventana. Primero exigen algo que a mi también me gustaría pero que es imposible de realizar bajo el contexto actual: “romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa”. El Estado apenas puede contener al narcotráfico, no está en condiciones de enfrentar también al retrograda monstruo que es dirigido por Elba Esther.
Luego, hacen dos peticiones bastante ingenuas: 1) invertir en un máximo de tres meses “las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas”. Dejando a un lado la imposibilidad técnica y las enormes dificultades que suponen modificar en pleno ejercicio fiscal el actual Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado a finales de 2010. Queda la pregunta obligada: ¿Para qué? La educación como solución para todos nuestros problemas es un mito, de poco sirve tener Licenciados e Ingenieros en cada esquina si el mercado no es capaz de absorberlos, su situación y la del país no mejorará. En lugar de buscar becas “universales” (como si todos los estudiantes las necesitaran o como si a todos les interesara estudiar) deberían exigir desarrollo económico.
Es la falta de trabajo y el hambre la que vuelve una opción económica, y hasta moral, el ingresar a las filas del narcotráfico, no sólo la falta de educación. Los títulos y diplomas colgados en la pared no garantizan el empleo, pero una economía saludable y en crecimiento sí.
No entiendo a qué se refieren con el “reconocimiento institucional