La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación del Ministerio de Justicia, que deberá informar sobre las solicitudes de indultos que las cofradías piden con motivo de Semana Santa. Esta es la segunda sentencia en contra de las pretensiones del ministerio de no entregar una información que el ejecutivo de Mariano Rajoy sí que hizo pública.
Los indultos por Semana Santa son algo más que una tradición. De hecho, podrán cancelarse las procesiones, pero no los indultos: hace unos días reportamos tres nuevos a petición de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el rico, de Málaga. En 2018 mostramos el peso de cofradías y hermandades en los perdones que concede el Gobierno. Y también que no todas reciben el mismo trato.
En abril de 2019, Civio quiso actualizar esta información para los años 2017, 2018 y 2019. Pero el ministerio entonces liderado por Dolores Delgado ignoró nuestra petición. La excusa: para poder contestar había que reelaborar la información. Y este es uno de los límites de la Ley de Transparencia. Eso sí, no explicó en qué basaba su negativa, ya que la gestión de estos expedientes está informatizada, lo que facilita la tarea y no implica reelaboración ninguna. Es más, el anterior ejecutivo así lo hizo y gracias a esos datos publicamos nuestra anterior investigación. Recurrimos, claro.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dio la razón a Civio. Y el Ministerio de Justicia llevó el asunto ante los tribunales, que desoyeron su reclamación. Con otro ministro al frente, el socialista Juan Carlos Campo, recurrieron la primera sentencia en contra. La segunda decisión judicial es clara y desestima su recurso de apelación.
El principal argumento de la Abogacía del Estado fue que, en primera instancia, no se analizó un certificado de la Directora de la División de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia en el que afirma que “resulta imposible recuperar la información en una búsqueda simple y fiable”. Algo que la sala rechaza tras analizar tanto nuestra anterior solicitud de información, como los criterios interpretativos del CTBG y la jurisprudencia sobre el concepto de reelaboración. El certificado “no es más que una excusa”, opinan los magistrados.
“Compartimos la convicción de que hay que actuar con total transparencia”, dijo el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la última reunión del Foro de Gobierno Abierto. “Seamos sinceros: la administración no siempre se implica en procesos de transparencia que a veces son vistos como dificultad añadida y no como obligación”, añadió. Si atendemos a los hechos, la convicción política flaquea cuando el Gobierno del que forma parte litiga por inercia contra las resoluciones que le obligan a ser más transparente o ignora las sentencias de los tribunales, hasta el punto de exponer a sus empleados públicos a sanciones por no acatar las decisiones de los tribunales. Incluso en aquellos casos, como este, en los que recurren o litigan para no dar una información ya entregada en el pasado.
Justicia tiene hasta el 10 de mayo para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Gobierno tiene una nueva ocasión, otra más, para retratar su contribución a la cultura de la transparencia en España. Hagan sus apuestas.