Bruselas estudiará las listas del paro de Castilla-La Mancha
La nueva comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, ha informado mediante respuestas a preguntas parlamentarias a los europarlamentarios Sergio Gutiérrez (PSOE) y Paloma López (Izquierda Unida) que desde Bruselas se va a estudiar las listas del paro que realiza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Thyssen informa de que ha recibido la denuncia del sindicato local Comisiones Obreras y se disponen a estudiar el problema sobre irregularidades en el registro del paro regional.
Ni Casero ni Cospedal comparecerán sobre el caso de las listas del paro
Thyssen señala que la Comisión Europea realiza un seguimiento de estas materias y que centrará su atención en la región para analizar si las prácticas son correctas. A su vez ha vuelto a señalar que la única encuesta que cumple con las normativas de la Organización Internacional del Trabajo es la Encuesta de Población Activa (EPA).
La demanda se basa en los 50.000 parados que según Comisiones Obreras han sido eliminados de las listas de parados oficiales de la Junta por la empresa concesionaria del servicio de las oficinas de empleo, que cobra un millón de euros por realizar estos servicios de "asesoramiento" laboral, pero que según CCOO su único cometido es el de "eliminar" parados de las listas evaluando su "empleabilidad" para encontrar trabajo. Una gestión privada del servicio castellano-manchego de empleo que no es ilegal, según ha remarcado la comisaria de Empleo.
No obstante, Thyssen remarca que ni el servicio público ni el servicio privado en las oficinas de empleo cumplen las baremaciones del Eurostat, que mide estas estadísticas a nivel europeo. "Las únicas estadísticas aceptadas y acordadas a nivel internacional se recopilan mediante la Encuesta de Población Activa", indica Thyssen, que quita peso a las estadísticas que realiza la Junta y el Ministerio a nivel nacional.
La comisaria también llama la atención a España por sus servicios de empleo, que considero antiguos, e insta al Gobierno a que "acelere la modernización de sus servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento eficaz y formación adecuada, y se adapte entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente con los parados de larga duración". De hecho Thyssen indica que se pidió que España tomara medidas para adecuar el servicio público de empleo antes de que acabe 2014 y sigue sin hacerlo.