Más de 350 organizaciones del Estado rechazan la reanudación de la actividad no esencial y reclaman medidas «urgentes» de protección
El Plan de Choque Social alerta de que se está “poniendo en riesgo la vida y la salud” de las familias trabajadoras – El Plan de Choque Social alerta de que se está “poniendo en riesgo la vida y la salud” de las familias trabajadoras
Más de 350 organizaciones de todo el Estado, bajo el paraguas del Plan de Choque Social, han exigido que no se reanude la actividad no esencial y medidas «urgentes» de protección laboral y económica.
Han manifestado así su «rechazo» al regreso de actividades no esenciales decretado por el gobierno español y lamentaron que ya se «dejó sin protección a personas trabajadoras de muchos sectores que se incluyeron en la lista de actividades esenciales sin ser imprescindibles «entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Alertan que esto pone «en riesgo la vida y la salud» de familias trabajadoras.
Por otra parte, ha acusado al Estado de «traspasar el coste del frenazo de la actividad económica» a los empleados con la devolución de las horas del permiso retribuido.
Ante ello, han reclamado al Gobierno aprobar y desarrollar medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económicos y social de la Covidien-19 para la clase trabajadora, con el objetivo de «proteger la salud pública por encima de la lógica de los beneficios «.
Las organizaciones reclaman medidas concretas como el cese «real» de la actividad no esencial, la prohibición «real y de carácter retroactivo» de los despidos realizados durante el estado de alarma, la anulación de todos los ERTE realizados hasta el momento por las grandes empresas que han tenido beneficios anuales y la prohibición de realizar más, que las trabajadoras de empresas de trabajao temporal con contactos suspendidos continúen recibiendo su remuneración ordinaria, una renta básica de cuarentena universal y la no devolución de las horas de permiso retribuido.
Por otra parte, piden que se proporcionen Equipos de Protección Individual (EPI) a todas las trabajadoras de servicios esenciales, que haya derecho de adaptar o reducir la jornada de trabajo para cuidar con una remuneración del 100% por parte de la empresa, la concesión automática de todas las solicitudes de permiso y trabajo en trámite para las personas inmigrantes y su regularización urgente, la expropiación y la nacionalización de sectores estratégicos como la industria, las eléctricas, los transportes y la sanidad privada y la «sanción ejemplar» de las empresas que incumplan estas medidas.
Para las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social, el Real Decreto aprobado por el gobierno español el 17 de marzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus «se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora «. «Si el gobierno del Estado realmente no quiere dejar a nadie atrás, como ocurrió en 2008, debe ampliar sus miras y aplicar estas medidas laborales de forma urgente», aseguran.
Además, apuntan que estas deben ir acompañadas de otras decisiones en los ámbitos de la sanidad, salud laboral, vivienda, violencia machista, cárceles y para garantizar los recursos públicos. En resumen, piden que la respuesta a la crisis «ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas».
Fuente: Redacción El Punt Avui en kaosenlared.net