Estado Español
20 de marzo de 2018 por Participa Sevilla
La formación ha presentado hoy en rueda de prensa un informe con los datos de una auditoría, elaborada por el equipo técnico de Participa, en la que se analizan los intereses que se han pagado desde que el Ayuntamiento se acogió al Plan de Pago a Proveedores (PPP) del Ministerio de Hacienda en 2012.
Un total de 8.231.809,46 millones de euros. Es lo que ha pagado el Ayuntamiento de Sevilla, solo en concepto de “deuda
Deuda
Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
ilegítima”, según detalla la formación en el informe, desde que se acogió al llamado Plan de Pago a Proveedores (PPP) que puso en marcha el Ministerio de Hacienda en el año 2012 para dar una línea de financiación a los ayuntamientos de todos el Estado y que pudieran hacer frente a las deudas pendientes con proveedores.
En 2012, el Ayuntamiento de la capital andaluza solicitó un préstamo de esa línea de financiación que dispuso Hacienda a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de unos 59 millones de euros para sufragar parte de la deuda pendiente con proveedores. El PPP que diseñó Hacienda permitía a las arcas municipales “dos años de carencia, es decir, no pagar el préstamo en sí en dos años y pagar tan solo los intereses”, según ha explicado el concejal de Participa, Julián Moreno.
Pero el PPP “fue diseñado para favorecer a una minoría, en este caso la banca privada, y contra los intereses de la ciudadanía en general”, ha sentenciado Moreno. El Gobierno central creó un “síndico con los 9 bancos más grandes, los cuales se repartieron el pastel” de los préstamos de proveedores de todos los municipios, ha especificado el concejal. “Se obligó a los ayuntamientos a acogerse al PPP bien a cambio de un severo plan de ajuste que debía aprobar Hacienda, y, si el plan no era aprobado, se retenía la PIE con carácter inmediato”, ha explicado Moreno.
“Por eso hemos auditado esa deuda y entendemos que parte de lo que se ha pagado es deuda ilegítima”. El PPP se articuló en cuatro préstamos a los que los ayuntamientos podían acogerse de forma voluntaria. Para los dos primeros préstamos, que “fue a los que se acogió el Ayuntamiento de Sevilla”, ha explicado la coordinadora del grupo municipal, Sofía González, los bancos prestaban dinero a los ayuntamientos con un interés
Interés
Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento.
de entre el 5 y el 6%, “cuando el Banco Central
Banco central
Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).
El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco.
Europeo estaba entonces prestando dinero al 0,75 y el 0,15%”.
Esa diferencia entre el 5 o 6% del interés que ofrecía la banca privada y el 0,15 o 0,75% que ofrecía el BCE
BCE
Banco central europeo
El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero.
, “dan como resultado 6.649.792,82€ que pagó el Ayuntamiento de Sevilla entre agosto de 2012 y el mismo mes de 2014”, ha explicado la coordinadora del grupo municipal, Sofía González. El Ayuntamiento pidió un segundo préstamo, por valor de unos 56 millones de euros para refinanciar el primer préstamo que solicitó de 59 millones de euros.
Después de esos dos primeros años, “el Ayuntamiento refinanció la deuda”, explica la coordinadora, que ha participado en la elaboración de la auditoría, y ha añadido que “en ese periodo, los bancos estaban prestando al 4,3%, pero el BCE al 0%, por lo que los ayuntamientos, incluido el de Sevilla, no tendría que haber abonado ni un solo euro en concepto de intereses”, ha sentenciado González. “No obstante, se pagó un total de 1.582.016,64€ en intereses ilegítimos en ese periodo”.
En total, entre lo que se pagó en los dos primeros periodos y lo que se pagó en el tercero, se han abonado un total de 8,2 millones en concepto de intereses ilegítimos que “ha favorecido a la banca privada, mientras que los ayuntamientos han sufrido una fuerte intervención en su autonomía y han hipotecado sus cuentas, las de entonces, las de ahora y las de las generaciones venideras por un plan diseñado para favorecer a los bancos”; ha denunciado Julián Moreno.
En concreto, eso se ha traducido en Sevilla en una imposibilidad de contratar personal: tasa de reposición cero salvo en los servicios esenciales, en la imposición de un techo de gasto, en la aplicación del superávit a pagar preferentemente la deuda; una bajada de sueldo del 5 % al personal laboral de TUSSAM, del IMD y de Lipasam; y un aumento de un 3 % en las tasas municipales y precios públicos que soportó el conjunto de la ciudadanía sevillana.
Con los 8,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Sevilla ha pagado de forma ilegítima, asegura Participa que se podrían haber creado hasta 350 puestos de trabajo públicos en el Ayuntamiento durante un año completo para dotar de una mejor atención a los servicios públicos; se podrían haber solucionado los problemas de los colegios públicos relacionados con la mala climatización y falta de sombra; o bien se podría haber comprado entre 100 y 120 viviendas para el parque público y haber ofrecido un solución habitacional dignas para 100 unidades familiares.
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