“¿Qué tiene que ver la democracia con la justicia? “Una función importantísima del juez es servir de control sobre el uso del poder. En un gobierno democrático, si usted no tiene una instancia ante la cual pueda reclamar el hecho de que se incurre en una inconstitucionalidad, una ilegalidad, en un abuso de poder de cualquier funcionario; si usted no tiene un juez para esto, ¿podemos hablar de democracia?, ¿qué democracia es una en la que usted no tiene el derecho a reclamar lo que es un derecho?”
Las expresiones anteriores son del experto peruano en cuestiones de justicia Luis Pásara, autor de Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo (2014), un libro referente en la región sobre procesos de transformación del sistema judicial. Pásara dirigió una investigación en Bolivia entre junio y julio de 2014, para recoger información en el terreno acerca del proceso de elecciones judiciales llevadas a cabo el 16 de octubre de 2011. Los resultados de su investigación se hallan en el libro Elecciones judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita.
En la Presentación del mencionado libro se puede leer:
Los procesos de selección y nombramiento de jueces son una pieza clave para lograr la independencia judicial: de su calidad depende que los designados reúnan las condiciones que les permitan resistir injerencias indebidas y fallar parcialmente. Estos procesos cobran especial relevancia en el caso de las más altas autoridades judiciales, en razón de las importantes facultades jurisdiccionales y administrativas que tienen en el sistema de justicia. Solamente con procesos transparentes y participativos, basados en la evaluación de méritos de los candidatos, y cuyos requisitos y contenidos estén claramente definidos, se puede garantizar que los mejores profesionales sean seleccionados.
Diferentes instrumentos internacionales, como los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura, aborda este tema, para establecer que juezas y jueces deber ser “personas íntegras e idóneas” y tener “la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”, y que los procesos de selección deben estar orientados a la verificación de estas cualidades. Por su parte, el sistema interamericano de derechos humanos ha sostenido en jurisprudencia que los procesos de selección judicial deben reunir “ciertos parámetros básicos” para garantizar que las personas escogidas sean las más idóneas.
Los estándares interamericanos se pueden resumir en los siguientes criterios:
1. Garantizar la igualdad de condiciones y la no discriminación en los procesos de selección
2. Hacer la selección sobre la base del mérito y las capacidades de los candidatos
3. Brindar publicidad y transparencia a los proceos
4. Otorgar una duración suficiente en el cargo para el que se produce el nombramiento
5. Garantizar que la intervención de órganos políticos en los proceso no afecte la independencia judicial
La referencia al balance de las elecciones judiciales de 2011, efectuado por el equipo del profesor Pásara, resulta oportuna y pertinente ahora que los bolivianos estamos nuevamente convocados a las urnas para votar por los candidatos seleccionados por el parlamento para ocupar los altos cargos del órgano judicial. El sentido común no dice que deberíamos aprender de la experiencia, para no incurrir en los mismos errores. Desgraciadamente no esto lo que sucede.
Acerca de las elecciones judiciales de 2011 -la primera experiencia de este género en Bolivia, y en realidad en el mundo- se han hecho valoraciones de toda índole. Yo mismo he escrito al respecto, afirmando que “la aventura judicial en que se embarcó el gobierno de Evo Morales –ya que fue exactamente eso: un experimento temerario- ha dado como resultado un sistema judicial disfuncional, corrupto e incapaz de asegurar el cumplimiento de la ley de proveer justicia a los bolivianos. Apenas posesionadas las autoridades judiciales electas, estallaría una crisis sin precedentes en todas las instancias de la judicatura, remesando los cimientos de la administración de justicia y provocando
un verdadero descalabro en el sistema judicial boliviano”.
Para luego añadir: “La elección de autoridades judiciales mediante voto popular, parece haber cumplido con creces el objetivo de captura de la administración de justicia, para someterla y manipularla según los intereses y necesidades del poder político. En efecto, la evidencia es abrumadora en cuanto a que todo el proceso de selección de candidatos así como el verificativo del acto electoral y la validación de sus resultados, fueron diseñados primordialmente con ese fin.
La premisa en que se basó esta concepción del Poder Judicial, no ha sido elegir autoridades judiciales meritorias, profesionalmente competentes, con vocación de servicio público, comprometidas con la independencia judicial y, por lo mismo, capaces de garantizar una justicia imparcial, eficiente, transparente, de amplio e irrestricto acceso y al servicio exclusivo de los ciudadanos. En lugar de un sistema meritocrático para un sistema judicial de excelencia, el MAS ha optado por un privilegiar el compromiso con su proyecto partidario, la lealtad y sumisión a los dictados del poder político, sin importar si las personas escogidas reúnen o no las condiciones de idoneidad, conocimientos, experiencia y honestidad, para ejercer dignamente sus cargos”.
Más allá de mi propio juicio personal, importa más recordar las aseveraciones de un observador muy calificado como es el profesor Luis Pásara, formuladas en su estudio ya mencionado. Precisamente, en el capítulo de “Conclusiones y Recomendaciones”