30 de enero de 2019 por Monica Vargas
Border Memorial, Tijuana, Mexico / Photo credit Dan Cipolla via flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
Cuerpos sin rostro ni identidad, flujos por “gestionar” en el mejor de los casos, “carne humana” en el peor, y de ninguna manera seres humanos cuyos derechos son violados con impunidad o Sujetos de su propia historia. Tal es la narrativa inherente a las políticas aplicadas a las personas migrantes, en las rutas migratorias y en las fronteras de los países más enriquecidos. De acuerdo con ACNUR, la cantidad de personas en situación de desplazamiento forzado a nivel global ha pasado de 33,9 millones en 1997 a 68,5 millones en 2017. En 2018, el número oficial de muertes durante el desplazamiento era de 4.476. [1]
Las tres regiones más mortíferas fueron: el Mar Mediterráneo (49% de las muertes), el continente africano (30%, principalmente el Norte de África), y las Américas (11%, la gran mayoría en México y su frontera con Estados Unidos). Estas cifras no logran sin embargo reflejar la dramática situación de la población migrante.
No es posible contabilizar el número de personas desaparecidas en el tránsito, sea asesinadas por el crimen organizado y el crimen uniformado o por las propias políticas fronterizas externalizadas cada vez más hacia los países empobrecidos. Esto se debe a que la propia vulnerabilidad de aquello/as obligado/as a dejar sus hogares, huyendo de la violencia, la guerra o del empobrecimiento generado por el despojo y expolio de sus territorios por el gran capital, se vincula con su invisibilización.
En este contexto, las caravanas protagonizadas durante la segunda mitad de 2018 por más de 8.000 personas, en su mayoría centroamericanas, hacia la frontera México-Estados Unidos sentaron un precedente histórico. Reivindicaron su carácter colectivo ante las cámaras del mundo entero. Se organizaron de forma a ejercer el derecho de libre tránsito con seguridad, derecho que les ha sido negado por los gobiernos centroamericanos, estadounidense y mexicano.
Precisamente cuando una de las caravanas alcanzaba la Ciudad de México a inicios de noviembre, tenía lugar el Foro Social Mundial de las Migraciones 2018, que reunió a cientos de activistas, organizaciones de personas migrantes y de solidaridad de todo el mundo.
En este artículo referimos algunos de los principales aportes del Taller “Globalización del control de las fronteras y resistencias desde los Pueblos” organizado en el marco del Foro, y convocado por Transnational Migrant Platform – Europe, La Vía Campesina, Stop the Wall, el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, la Coordinadora de Solidaridad con Palestina-México y Transnational Institute.
El Taller pretendió propiciar un análisis colectivo del control de las fronteras, enfocando el poder y la impunidad de las empresas transnacionales, la militarización, la externalización de las fronteras, el papel que juega Israel como laboratorio en la industria de los muros, y la criminalización de la solidaridad internacional, entre otros. A la vez, constituyó un encuentro de luchas, permitiendo un cruce de miradas entre las iniciativas de resistencia y de elaboración de alternativas.
México es el primer país de emigración en América Latina, el segundo a nivel global, y constituye con Estados Unidos el mayor corredor migratorio entre países. A la vez, como se comentó anteriormente, es el tercer lugar más mortífero para las personas migrantes. Durante el Taller, Andrés Barreda (Unión de Científicos Críticos con la Sociedad - UNAM) brindó elementos para entender la realidad mexicana en términos de las causas del desplazamiento forzado y de la impunidad con la cual se ejerce la violencia sobre esta población.
Refirió dos elementos esenciales: la conversión de este país en un incomparable paraíso industrial para capitales procedentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE
Organización de Cooperacion y Desarrollo Economicos
OCDE
Creada en 1.960 y con sede en el Château de la Muette en París, la OCDE agrupaba en el 2.002 los quince miembros de la Unión Europea más Suiza, Noruega, Islandia; en América del Norte, Estados Unidos y Canadá; en Asia-Pacífico, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Entre 1.994 y 1.996, ingresaron tres países del Tercer Mundo: Turquía, candidata a entrar también a la Unión Europea; México, que con sus dos vecinos del Norte forma el ALCNA o NAFTA; Corea del Sur. Desde 1995 se han sumado tres países del ex bloque soviético: la República Checa, Polonia y Hungría. En el año 2.000, la República Eslovaca constituyó el miembro número treinta.
Lista de los países miembros de la OCDE por orden alfabético: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.
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); y el desvío estructural de poder inherente a la imposición de las políticas neoliberales y muy especialmente de libre comercio.
De acuerdo con Barreda, el neoliberalismo no solo ha gestado paraísos fiscales, sino también paraísos industriales, entre los cuales se destaca durante las últimas décadas China. Con una población económicamente activa de más de 700 millones, este país se caracterizó, desde los años 90, por tener la mano de obra más barata del planeta.
Entre 2003 y 2008 la inversión extranjera directa (IED) se multiplicó por dos, y constituía el séptimo destino de la IED estadounidense, únicamente precedido por países de Europa occidental. Su atractivo comercial también radicaba en la ausencia de aplicación de las regulaciones ambientales más básicas.
Sin embargo, desde 2008, al gigante asiático le comenzó a resultar cada vez más complejo y peligroso lidiar con el gran número de conflictos laborales y ambientales, además de enfrentar niveles de corrupción sin precedentes. Por ello, el gobierno gestó un cambio político y económico radical que sería formalizado por el XVIII Congreso del Partido Comunista Chino en 2012.
En los cinco años siguientes, en ciertos sectores, el precio de la mano de obra china logró elevarse al nivel de Portugal y se implementaron programas de recuperación tanto del mercado interno como de carácter ambiental a gran escala. A la vez se tomaron medidas tajantes para enfrentar la corrupción, se intensificaron las cadenas industriales del capital chino y se limitó la libre explotación y exportación internacional de sus principales recursos naturales estratégicos, como las tierras raras, esenciales para la tecnología de punta, el 90% de las cuales se ubican en China.
Esto tuvo por consecuencia la migración masiva del capital estadounidense, subrayando especialmente a uno de los principales destinos previos que era México, transformado en un entorno particularmente competitivo por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desde mediados de los 90 [2]. Las consecuencias del punto de vista de los derechos humanos ya eran desastrosas y la situación no hizo sino empeorar, al consolidarse como uno de los principales paraísos industriales a nivel mundial.
Al respecto, Daniel Feierstein, especialista mundial en genocidio señala que con el TLCAN se operó un proceso de destrucción social destinado a desmembrar y destruir la identidad del tejido social mexicano con el objetivo de imponer un nuevo modelo extractivo, productivo y de consumo. Esto se produjo por medio de asesinatos selectivos de líderes sociales y ambientales, campesino/as, indígenas, periodistas, defensore/as de derechos humanos, feminicidios y una guerra social disimulada detrás de una pretendida guerra contra el narcotráfico.
Entre 1997 y 2018 se estima que murieron, por lo menos, 400.000 personas a raíz de la violencia que involucra al crimen organizado, en complicidad con el gobierno. De acuerdo con Feierstein, a través de un proceso de degradación ambiental, se produjo además un altísimo nivel de destrucción de la salud y de muerte que en términos legales encaja con la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y la sanción del delito de genocidio.
El caso de la cuenca del Río Atoyac (en los Estados de Puebla y Tlaxcala) ilustra lo que implica un paraíso industrial. En octubre de 2018, la organización Fray Julián denunció al interior de la “Red contra el genocidio y la impunidad en México” un caso de genocidio ambiental en dicha cuenca, por la presencia de por lo menos 40 sustancias tóxicas en el agua, los suelos y el aire que respiran más de 3 millones de personas. Se estima que el 70 por ciento de la población de la cuenca vive a menos de siete kilómetros de distancia de emplazamientos industriales con más de 100 trabajadores.
En 2017, operaban en esa región 20.400 empresas industriales (industria automotriz, siderúrgica, maderera, papelera, química, petroquímica, agroquímica, de alimentos y bebidas, cerámica, plásticos y textil), la mayoría de cuyos residuos no eran tratados. Entre estas se ubicaban transnacionales estadounidenses y europeas.
Entre 2002 y 2016, fallecieron de cáncer más de 25.000 personas, 4.000 de ellas por insuficiencia renal, y se contabilizaron más de 900 casos de abortos espontáneos. Hoy en día en la región, en promedio, muere una persona cada 4 horas por alguna de estas causas.
El segundo elemento aportado por Barreda para caracterizar al actual contexto mexicano radica en el desvío estructural de poder inherente al modo norteamericano de cumplir políticamente la subsunción real del consumo y al proceso específico de su globalización
Globalización
(ver también Mundialización)
Origen y sentido de este término anglosajón: en inglés, la palabra «global» se refiere tanto a fenómenos que interesan a la (o las) sociedad(es) humana(s) a nivel del globo como tal (es el caso de la expresión «global warming» que designa el efecto invernadero), como a procesos que poseen la característica de ser «globales» únicamente en la perspectiva estratégica de un «agente económico» o de un «actor social» preciso. En lo que estamos viendo, el término «globalización» nació en las bussiness schools norteamericanas y reviste el segundo sentido. Se refiere a los parámetros pertinentes de la acción estratégica del gran grupo industrial. Lo mismo sucede en la esfera financiera. A la capacidad estratégica del gran grupo de adoptar una aproximación y una conducta «globales». En un debate público, el patrón de uno de los mayores grupos europeos explicó, en sustancia, que la «globalización» representa «la libertad para su grupo de implantarse donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos laborales y convenciones sociales» (extraido de Chesnais, 1997[a]).
durante la era más reciente de sobreacumulación de capital y de crisis. Lo cual configura el modelo norteamericano de sometimiento económico conocido como neoliberalismo.
No se trata entonces de un mero abuso de poder, ni de una política estructural de corrupción o de violación de leyes, sino de algo más profundo, que requiere de la completa reestructuración del cuerpo constitucional mediante una elaborada ingeniería jurídica, y por ello de la subordinación del aparato jurídico y de la reformulación del poder ejecutivo y legislativo, mediante una compleja ingeniería institucional.
En Estados Unidos y en México en particular, se evidencia un agudo desvío del poder del Estado, según el cual el interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general del capital (que debería de ser representado por el Estado en el sistema capitalista) se desvía a favor del interés de un puñado de poderosos capitales privados.
Desvío del poder económico, que se perpetra mediante el desvío del poder político legislativo, ejecutivo y judicial, dentro del cual no sólo ocurre la presencia estructural de la corrupción, sino también formas cada vez más sistemáticas de subordinación del derecho bajo los intereses económicos de las empresas. El poder estatal se torna así en una máquina productora de impunidad, con la capacidad creciente de impedir el acceso del pueblo a la justicia.
El desvío de poder del Estado se configura entonces como el núcleo desde el cual se articulan los beneficios extraordinarios que generan el flujo internacional de este grupo de capitales deslocalizados (en pos de los centros periféricos que ofrecen las mejores condiciones de explotación laboral y de desregulación ambiental), así como el flujo internacional de mano de obra (que permiten dislocar como nunca antes el tejido social de los pueblos, sea en los lugares de expulsión, tránsito o destino, lo que abarata de forma excepcional el precio de la mano de obra).
De acuerdo con Barreda, el desvío de poder ayuda a explicar entonces el modo en que se promueven los actuales despojos de tierras en las cada vez más escasas zonas de ocupación y extracción de nuevos recursos naturales estratégicos, así como las nuevas formas de expulsar y disciplinar a campesinos/as y trabajadores/as despojados/as mediante una nueva cultura de terror que sistematizan los actuales grupos militares, paramilitares y del crimen organizado. Estas formas criminales se organizan con los medios y en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. del grupo de capitales particulares que monopolizan criminalmente el control del Estado.
Como parte de este desvío del poder se incluyen las nuevas formas de organizar la vigilancia, el transporte, las detenciones, la extorsión, el abuso sexual, el secuestro, la degradación, las masacres que sistemáticamente aplican las instituciones migratorias y criminales de México durante su prolongado desplazamiento transnacional a las personas migrantes.
A la vez, se integran nuevas maneras de destruir la identidad de los trans-migrantes, de atraer, disciplinar policiaca y culturalmente así como de repeler a las personas trabajadoras dentro de los centros metropolitanos de explotación. Gracias a la súper-explotación, a los beneficios extraordinarios que generan y al control mediático y policiaco que ejerce el grupo privilegiado de capitales, no sólo se atraen los flujos inmigratorios a las metrópolis durante los ciclos ascendentes de prosperidad económica.
En efecto, cuando se los repele durante los periodos de contracción económica y de crisis, los capitales transnacionales sacan igualmente provecho, pues se promueven cínicamente la xenofobia entre la población metropolitana, así como la privatización del sistema carcelario y de vigilancia policiaca.
Esto produce ese “plusvalor político” que aparece durante estos periodos, cuando la promoción del racismo permite desviar el descontento social que genera el neoliberalismo, al ayudar a impulsar todo tipo de partidos políticos de extrema derecha e incluso neo-nazis.
Una de las herramientas para enfrentar la violación sistemática de los derechos se sitúa en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), cuyo antecedente directo, el Tribunal Russell permitió hace sesenta años establecer los cimientos de los crímenes de guerra. Se trata de un tribunal de opinión sustentado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (“Carta de Argel” de 1976), que rompe con la visión atomista de la sociedad y la concepción individualista del ser humano inherente a las diferentes declaraciones desde el Siglo XVIII, reconociendo las condiciones materiales de existencia, así como el hecho de los seres humanos viven inmersos en una totalidad de relaciones sociales y comunitarias [3].
A lo largo de los años, tras más de 40 Sesiones, el TPP se ha consolidado como un medio para recoger datos, analizar y sentar las bases del derecho “desde abajo”, en una dinámica de profundo empoderamiento popular.
El análisis aportado por Barreda se articula directamente con los resultados de la Sesión del TPP “Capítulo México - sobre libre comercio, violencia, impunidad y Derechos de los Pueblos”, que fueron presentados en el Taller por Verónica Villa (Grupo ETC). El Tribunal juzgó los impactos de 20 años de libre comercio.
Cerca de 2.000 organizaciones sociales presentaron y documentaron alrededor de 500 casos de desvío de poder. El Tribunal dictaminó que el TLCAN había generado la eliminación compulsiva, por medios económicos, de la población del campo y la ciudad, por intervenciones distorsionantes en las economías de subsistencia.
Por otra parte, permitió vincular directamente el libre comercio con la migración. Evidenció las múltiples violaciones de derechos, homicidios (incluso con fines de tráfico de órganos), secuestros, extorsiones, todo tipo de abusos sexuales, torturas, apuntando la responsabilidad de los Estados de origen, tránsito y destino de la migración, pero también aquella de las empresas transnacionales.
En resumen, la Sesión mexicana del TPP visibilizó una política sistemática de exterminio en las rutas migratorias que perdura hasta el día de hoy. A la vez, el proceso mismo del TPP permitió fortalecer a una de las redes de comunidades, organizaciones indígenas, campesinas, sindicatos y organizaciones sociales más importantes del continente, la Asamblea Nacional de Afectado/as Ambientales.
Durante el Taller se puso en diálogo la experiencia mexicana del TPP con aquella que tiene lugar en las fronteras europeas, objeto de la Sesión “Sobre la violación con impunidad de los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, presentada por Braulio Alfonso Moro (France Amérique Latine). Desde 2017, respondiendo a la convocatoria de decenas de redes y organizaciones de personas migrantes, sindicatos y organizaciones sociales, el Tribunal ha sesionado en Barcelona, París, Palermo y Londres.
Ha evidenciado cómo las fronteras europeas constituyen espacios jurídicos y políticos de “no derecho”, separados de las leyes del resto del territorio. Ha reconocido que tiene lugar actualmente una “guerra de fronteras”, donde se criminaliza y cosifica a las personas en movimiento, despojándoles de su condición misma de seres humanos.
El TPP también ha apuntado a la necropolítica, en tanto que una de las vías decididas por el sistema económico capitalista y aplicadas por Estados y empresas, “que ya no solamente explota y expulsa, sino deja morir a la gente”. Durante la Audiencia de Barcelona (junio de 2018), el jurado afirmó que en las fronteras europeas se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad, y responsabilizó a la Unión Europea y sus Estados miembro.
Un actor esencial que fue denunciado en las Sesiones del TPP en México y Europa, se ubica en las empresas transnacionales. Durante el Taller, Nick Buxton (Transnational Institute) presentó una serie de investigaciones que demuestran cómo empresas que han influido y se han beneficiado de los contratos de seguridad en las fronteras se encuentran entre las mayores vendedoras de armas en Oriente Medio y el Norte de África.
Alimentan así conflictos que han provocado el dramático incremento del flujo de personas refugiadas. Además de que el mercado de la seguridad representa hoy en día 15.000 millones de Euros, entre 2005 y 2014, los Estados miembros de la Unión Europea otorgaron licencias de exportación de armas hacia Oriente Medio y el Norte de África por un valor de más de 82.000 millones de euros.
Entre los grandes actores del complejo europeo de seguridad fronteriza, que también comercian armas se destacan: Airbus, Finmeccanica, Thales y Safran, Veridos, OT Morpho y Gemalto, Hensolt, Rheinmetall, Leonardo e Intermine.
Por otra parte, Buxton denunció cómo la UE externaliza el control de las fronteras, presionando a 35 países terceros (48% de los cuales tienen gobiernos autoritarios) para la aceptación de personas deportadas, la formación de la policía y guardias fronterizos, el desarrollo de sistemas biométricos y la donación de equipamiento de vigilancia y seguimiento. Otro elemento central en las políticas migratorias radica en la construcción de muros. En Europa se han construido cerca de 1.000 km de muros (equivalentes a más de seis Muros de Berlín) desde los años 90.
Durante el Taller, Maren Mantovani y Jamal Juma (Stop The Wall) expusieron cómo Israel constituye un país-laboratorio en este ámbito, mediante el negocio de la guerra, de la represión y de la seguridad. Según el Índice Global de Militarización elaborado por el Bonn International Center for Conversion, este país ha ocupado entre 2004 y 2017 el primer lugar en el ranking mundial, en términos de militarización (definida como la importancia del complejo industrial-militar en relación a la sociedad).
A la vez, se trata del octavo mayor vendedor de armas en el mundo y del primero en proporción a la población (p.11). Dispone de un número importante de empresas militares que representan, según el movimiento internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), “actores clave para el mantenimiento de la infraestructura del régimen de opresión de Israel contra el pueblo palestino” (p.9).
Su tecnología es abiertamente publicitada como “probada en terreno” (p.10), en referencia a su experimentación sobre la población palestina. Entre estas corporaciones se destacan por ejemplo: Elbit Systems, que suministra y mantiene sistemas de vigilancia para el muro y las colonias israelíes, produce drones que fueron utilizados en los últimos ataques contra Gaza, además de munición de fósforo blanco para morteros; Industrias aeroespaciales israelíes (IAI), que proporciona tecnología de vigilancia para el muro y para aviones de combate, así como el Heron TP, avión no tripulado usado en Gaza; Industrias Militares Israelíes (IMI), adquirida por Elbit, proveedor de armas de combate y de municiones de racimo; Rafael, exportador de armas y fabricante de misiles Spike.
Las resistencias frente a la industria de los muros se están tejiendo de forma cada vez más amplia y sólida entre el pueblo palestino y otros pueblos. En ese sentido, cabe destacar la acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. mundial por un “Mundo sin Muros” y la iniciativa de embargo militar a Israel. De acuerdo con Mantovani, no se trata únicamente de demostrar solidaridad con la población palestina, sino de poner en jaque a un sistema económico en sí, devastador para las personas migrantes.
Durante el Taller se hizo evidente la importancia que cobran las mujeres en la resistencia a la militarización de las fronteras y el establecimiento de redes de solidaridad. Ana Enamorado, del Movimiento Migrante Mesoamericano compartió la experiencia de la XIV Caravana de Madres Centroamericanas que recorren parte de la ruta migratoria buscando a sus hijos/as desaparecido/as, y que confluyó en la “Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos“, contando con la participación de familiares de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Mauritania y los Estados Unidos.
Para las Madres, tanto migrar como no migrar son derechos. Responsabilizan a los Estados por la generación de “geografías del terror” y frente a éstas, se organizan no solo para exigir verdad y justicia, sino también una vida digna, en cualquier país.
A su vez, Rosemary Rojas Martínez, integrante de los Pueblos yaqui y apache y representante de la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina (LVC) en Norteamérica, refirió la intensa actividad desplegada en el apoyo a las migrantes que trabajan como jornaleras agrícolas en el lado estadounidense de la frontera con México.
Además de la severa explotación laboral por el agronegocio y los problemas de salud debidos a la exposición a los agrotóxicos, denunció la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres, consideradas como objetos sexuales y botines de guerra del capitalismo.
Relató también cómo la Administración Trump planifica infraestructuras para encerrar a 20.000 menores migrantes no acompañado/as y 12.000 familias en las bases militares de Goodfellow y Fort Bliss (El Paso, Texas). Diferentes fuentes (entre ellas el propio ejército estadounidense) han reportado la presencia de radioactividad y de agente naranja en Fort Bliss, así como sustancias cancerígenas en el agua en Goodfellow.
Hija de un militar, Rojas Martínez relató su infancia en Fort Bliss y cómo sus familiares fueron enfermando por la contaminación. Una de las luchas de la Articulación de Mujeres de LVC se ubica precisamente en evitar la construcción de campos de concentración para migrantes en ambas bases militares.
En el Taller se operó otro cruce de miradas con Europa en este ámbito. Deborah Valencia, de MELISSA, integrante de la Transnational Migrant Platform-Europe explicó cómo han constituido una red de mujeres migrantes para apoyar a las refugiadas que llegan a las costas de Grecia [4]. Conjuntamente con la organización filipina Kasapi Hellas, disponen de un programa para menores no acompañadas.
El tipo de apoyo no consiste únicamente en responder a necesidades básicas, sino sobre todo en generar empoderamiento y fortalecimiento comunitario, para confrontar la extrema vulnerabilidad de las recién llegadas y sus familias. Cada día, cerca de 150 mujeres de Siria, Somalia, Afganistán, Irán, Irak, y otros países, que radican en los campos de refugiados/as, se encuentran, intercambian sus experiencias, se forman en diferentes ámbitos y desarrollan sus propias herramientas.
El Foro Social Mundial de las Migraciones en México tuvo lugar poco antes de la Conferencia Intergubernamental de las Naciones Unidas (Marrakech, diciembre de 2018), en la cual sería aprobado el “Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular”. Durante el Taller, Carlos Marentes, de La Vía Campesina, propuso una lectura crítica desde las organizaciones sociales sobre el Pacto.
Destacó que privilegia elementos como la seguridad y la economía, limitándose a regular el flujo de mano de obra barata. En el mismo sentido fue presentada durante el Foro una Declaración de acuerdo con la cual, el Pacto constituye un instrumento al servicio de los países enriquecidos, las empresas transnacionales y el capital, para controlar en función de sus propios intereses el ingreso de personas.
Por otra parte, sostuvo que el Pacto legitima la detención de personas migrantes y su criminalización, además de reforzar el intercambio de datos biométricos, pudiendo constituir incluso un retroceso en términos de sus derechos. Tampoco tiene un carácter vinculante y marginaliza importantes instrumentos como la “Convención Internacional para los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares”.
Marentes señaló también que la migración es un derecho, un acto de resistencia y de lucha frente al sistema capitalista, el cual condena a la desaparición a campesino/as, indígenas, mujeres, hombres y niño/as. De forma tal, que si hay actores clave en términos de la transformación social a nivel global, son precisamente las personas migrantes.
Resulta difícil reproducir la gran riqueza y diversidad de los intercambios que tuvieron lugar durante el Taller. Por ejemplo, experiencias como la Radio Huayacocotla, donde se enlazan las voces de las personas migrantes indígenas establecidas en los Estados Unidos con sus familias en Veracruz, y desde donde, tal y como lo refirió Alfredo Zepeda, se monitorea el respeto de los derechos laborales en ambos lados de la frontera.
O bien el enlace entre luchas desarrollado por el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos referido por Daniela González. Constituyen ejemplos de resistencia cotidiana ante las necropolíticas de las fronteras, además de viveros para inspiradoras alternativas.
Entre las conclusiones, la periodista Laura Carlsen destacó tres acciones urgentes. En primer lugar, la necesidad de establecer, desde abajo, un diagnóstico preciso, que permita analizar en profundidad la realidad de la migración, en el marco de una caótica política de conjunto, donde se enfrentan diferentes capitales.
Un análisis que integre a las personas migrantes como sujetos de su propia historia, y sujetos de cambio, a la vez que objetos de una explotación y represión funcional para el capital y las empresas transnacionales.
En segundo lugar, observó que el problema es la concentración de riqueza y el despojo, y que resulta fundamental construir una nueva narrativa que permita a la opinión pública entender lo que ocurre, sirviendo a la vez de corta-fuegos frente a las formas de neofascismo que impulsan una cultura del miedo. Finalmente, Carlsen subrayó que debemos concentrarnos en el fortalecimiento de las organizaciones de base y de las redes y alianzas internacionales.
Si bien la responsabilidad de los contenidos queda a cargo de la autora, agradecemos por su lectura, revisión y contribuciones a: Andrés Barreda, Maren Mantovani, Carlos Marentes, Niamh Ni Bhriain, Rosemary Rojas Martínez, Brid Brennan.
Una versión reducida de este artículo fue publicada en la Revista FAL MAG, núm. 139, diciembre de 2018 (https://www.franceameriquelatine.org/falmag/).
Si bien la responsabilidad de los contenidos queda a cargo de la autora, agradecemos por su lectura, revisión y contribuciones a: Andrés Barreda, Maren Mantovani, Carlos Marentes, Niamh Ni Bhriain, Rosemary Rojas Martínez, Brid Brennan.
[2] De acuerdo con la UNCTAD, entre 2008 y 2012, el flujo de la IED estadounidense se multiplicó por tres en México y se redujo por cuatro en China, a la vez que el stock aumentó un 16% en México y disminuyó de 5% en el país asiático. No obstante, China continuó siendo un país receptor de IED en los años siguientes, convirtiéndose en 2014 en el primero a nivel global y el segundo en 2017, detrás de Estados Unidos.
[3] Barreda, A. y Espinoza R. “La destrucción de México ante el Tribunal Permanente de los Pueblos”, en: Revista El Cotidiano, Nº 172, 2012, p. 174. Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 representa un cambio sustancial, al incluir en el derecho internacional vigente los principios de paz, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación de los pueblos, no existía una jurisdicción internacional efectiva, capaz de garantizar el respeto de este nuevo ordenamiento. Por ello se promovió la elaboración de la “Carta de Argel”, desde la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liga internacional para los derechos y la liberación de los pueblos, con la convicción de que el respeto de los derechos humanos implicaba aquel de los derechos de los Pueblos. Así, se codificaron los derechos a: la identidad nacional y cultural, a la autodeterminación política y económica, a la cultura, al medio ambiente, a los recursos comunes; el derecho de las minorías; así como las garantías de estos derechos.
[4] Cabe destacar que MELISSA se encuentra entre las organizaciones que convocaron a la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la violación con impunidad de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y que presentó un caso en el Eje de Mujeres, durante la Audiencia de Barcelona (junio de 2018).
Mónica Vargas Collazos es investigadora del proyecto Poder Corporativo, que está integrado en el programa Justicia Económica del TNI, y dinamiza la Campaña Global para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad desde 2015.
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