A veces, los propósitos para Año Nuevo no pueden ser más que rabia y venganza. Y a pesar de saber que es mucho mejor mantener la cabeza fría, solamente puede pensarse con rabia y en venganza. En Barcelona, acabamos el año con una protesta civil frente al CIE de Zona Franca.
Dos días después supimos que, mientras un grupo de ciudadanos pedía el cierre de estas cárceles de tortura encubiertas por el Estado, en su interior, un grupo de internos eran víctimas de agresiones, vejaciones, humillaciones: diversas dotaciones de antidisturbios de la Policía Nacional se habían instalado en las dependencias del CIE de Barcelona y celebraron su noche de servicio haciendo lo que mejor saben hacer, terrorismo. Un terrorismo que se prolongó varios días.
Esa misma tarde, uno de los miembros de la campaña Tanquem els CIE recibió una llamada de teléfono de uno de los internos pidiendo auxilio. El día anterior, unos 40 internos del CIE iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta por «las precarias condiciones de vida, la deportación de un gran número de compañeros durante las últimas semanas y las continuas vejaciones que están sufriendo por parte de un grupo de agentes que trabajan en el centro». Una de las últimas huelgas de hambre tuvo lugar a principios del pasado mes de diciembre, cuando el ciudadano armenio Aramis Manukyan —Alik— apareció muerto en su celda; según la versión que la Policía Nacional difundió a través de un comunicado, el interno se había suicidado con los cordones de sus zapatos. La versión de los internos contradecía este comunicado: varios agentes golpearon y encerraron a Alik en una celda de aislamiento; además, pudieron oír cómo gritaba durante varias horas.
Impunidad de los carceleros
En la mañana del viernes 3 de enero, abogados del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH) y miembros de la campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (Tanquem els CIE) denunciaron esas nuevas agresiones. Los antidisturbios se habían instalado en las dependencias carcelarias y, según las denuncias que los internos pudieron hacer llegar al exterior, desde ese día fueron víctimas de su violencia de manera indiscriminada. Celebraron la entrada del año consumiendo alcohol —en horas de servicio— y molestando, humillando y agrediendo físicamente a muchos internos.
A pesar que algunas de las heridas provocadas fueron graves —roturas de huesos entre otras—, ninguno de los internos había sido trasladado a centros hospitalarios para recibir asistencia médica. El día de Año Nuevo, un grupo de internos presentó una queja formal al director del CIE: tras las “celebraciones” nocturnas, los antidisturbios de la Policía Nacional les despertaron mostrándoles palos de madera al grito de “¡Esto sí que duele!”. Por la tarde, un grupo de agentes entró en la zona de duchas mientras los internos las estaban utilizando para seguir golpeándoles de manera indiscriminada. El 2 de enero, uno de los internos víctima de estas agresiones —le provocaron una fractura en una pierna— fue deportado. A esto se suma el hecho que esta persona fue uno de los testimonios del proceso judicial por la muerte de Alik.
Denuncias reiteradas
Los hechos se pusieron en conocimiento de los juzgados de control del CIE de Barcelona, del Defensor del Pueblo —que ya había abierto una investigación para esclarecer la muerte de Alik—, y del Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona por abogados del OSPDH y miembros de Tanquem els CIE. Ese mismo viernes por la mañana, una comisión de Derechos Humanos independiente formada por dos abogados y tres médicos acudió al CIE de Zona Franca para visitar a las personas agredidas. A los médicos se les impidió el acceso al centro; los abogados pudieron constatar que las agresiones que los internos habían denunciado se reflejaban físicamente.
Hoy, 7 de enero, el Gobierno español ha denegado oficialmente la visita de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlament. La solicitud de esta visita se realizó el pasado 19 de diciembre, con motivo de la muerte de Alik.
También fue el pasado viernes 3 de enero cuando el Sindic de Greuges emitió un comunicado en el que afirmaba que «es urgente dar transparencia al CIE de Zona Franca». Según la nota publicada, al tener conocimiento de los hechos sucedidos durante la primera semana del año en el CIE los puso en conocimiento de Miguel Ángel Gimeno Jubero, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; de Fernando Rodríguez Rey, fiscal delegado de extranjería en Barcelona; de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior; y de Soledad Becerril, defensora del Pueblo.
Nula respuesta de las instituciones públicas
Soledad Becerril lo sabía desde la misma tarde del 31 de diciembre. Pero hasta el momento no ha hecho nada al respecto. Tampoco respecto a la muerte de Aramis Manukyan, hecho por el que diversos técnicos de su institución visitaron las instalaciones de Zona Franca el pasado 4 de diciembre.
Fernández Díaz, defensor de la concertina y de su inocuidad, tampoco ha hecho nada. Es más, se borró de la lista de visitantes que el pasado 30 de abril de 2012 debía asistir a la primera asistencia de medios de comunicación a un CIE, que casualmente fue el de la Zona Franca. En su lugar envió al entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio.
Aquella visita tuvo lugar coincidiendo con una huelga de hambre de dos internos, como protesta por las agresiones sufridas por cuatro internos —el comunicado oficial, por supuesto, señalaba que los internos se habían autolesionado—. Al término de la visita, Ulloa aseguró que en menos de dos meses estaría disponible una normativa que regulara estos centros, una normativa que debía entrar en vigor tras la última reforma de la Ley de Extranjería. Nueve meses después, Ulloa fue sustituido en el cargo por Francisco Martínez Vázquez. El reglamento, a día de hoy, todavía no se ha elaborado.
Fernando Rodríguez Rey, que según varias informaciones visita el CIE periódicamente, denunció deficiencias en este centro el pasado mes de octubre, en línea con las que ya se señalaron en la memoria realizada del año 2012. Pero, a pesar de señalar esas deficiencias —falta de lavabos en las habitaciones, insuficiencias en los servicios sociales y médicos—, avaló el trato que los funcionarios dispensan a los internos. Con 31 expedientes de quejas al centro solamente durante el año 2012. Todos archivados, por supuesto.
Miguel Ángel Gimeno Jubero comunicó al Sindic que el pasado jueves 2 de enero habló con el juez responsable del CIE de Zona Franca para poner todos estos hechos en su conocimiento. Y hasta ahí llega su implicación en el caso. Parece que no es un servidor público muy dado a implicaciones, hace tres meses se negó a comparecer ante la Comisión del Parlament de Catalunya que estudiaba los modelos de seguridad y orden público —el uso de las balas de goma, entre otras cosas—; existiendo procesos judiciales abiertos, su asistencia hubiera podido interferir en dichos procesos, argumentó.
En cuanto a los magistrados responsables del CIE de Zona Franca — de los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona—, el 27 de junio de 2013 hicieron público por el auto que se permitía el acceso de miembros de organizaciones no gubernamentales —abogados y médicos voluntarios y altruistas— para visitar internos: “No hay justificación legal alguna para limitar el derecho de visitas de las ONG a los internos, tal como en la actualidad sucede en el CIE de Barcelona, en el cual no se permite un acceso fluido de dichas ONG para tener entrevistas con los internos. Más bien al contrario, se restringe en demasía tal derecho”. Hasta el momento, ese auto se ha interpretado libremente por el director del centro, que ha denegado estas visitas en repetidas ocasiones.
Cierre de los CIE para acabar con la impunidad
Se ha definido a los Centros de Internamiento de Extranjeros, entre otras muchas cosas, como limbos judiciales. Y ahí está la reclamación hecha desde la fiscalía e incluida en la memoria anteriormente mencionada —Rodríguez Rey incluido—, reclamando al Gobierno la redacción de un texto que regule el régimen de internamiento de los extranjeros sometidos a expedientes de devolución o expulsión; su funcionamiento y organización; los derechos de los internos, que no están en estos centros por delinquir si no para delimitar su libertad deambulatoria exclusivamente. “Flecos de presupuesto” parece se el motivo del incumplimiento de la promesa de Ulloa.
El presupuesto.
Las peticiones harto repetidas por muchas organizaciones son muy claras: visibilizarlos, porque una parte muy amplia de la sociedad civil no conoce su existencia; denunciar las continuas vulneraciones de derechos que se producen en su interior; conseguir mejoras para los internos; y, por supuesto, el cierre de todos ellos. Para evitar que haya más víctimas de la tortura. Para acabar con la cifra de asesinados por los CIE.
A veces, los propósitos para Año Nuevo no pueden ser más que rabia y venganza.
*En Barcelona, el próximo sábado 11 de enero tendrá lugar una manifestación que saldrá de Plaça Espanya para acabar a las puertas del CIE de Zona Franca. El martes 14 de enero está convocada una asamblea abierta para todos aquellos que quieran ayudar a cerrar los CIE.