El fallo con que la Cámara Federal bahiense sentó cuestionables precedentes sobre la “imparcialidad” de los magistrados intervinientes ya comenzó a tener consecuencias: fue suspendida la declaración indagatoria del ex camarista federal y agente de inteligencia de la dictadura Néstor Montezanti, prevista para el martes 5. Otros expedientes podrían sufrir igual parálisis.
Por Diego Kenis
La resolución con que la Cámara Federal de Bahía Blanca sentó nuevos precedentes para evaluar la “imparcialidad” de los jueces intervinientes en causas de lesa humanidad tuvo la semana pasada su primera consecuencia en los expedientes: el ex magistrado y agente de inteligencia militar Néstor Montezanti (foto 1) solicitó suspender la declaración indagatoria a que estaba citado para el próximo martes 5.
Camarista hasta septiembre último, cuando fue suspendido mientras se sustanciaba un jury que acabó en su renuncia, Montezanti está acusado de participar en el plan criminal de la última dictadura y en el accionar de la organización paraestatal de ultraderecha conocida como Triple A, que entre 1974 y 1975 se cobró decenas de víctimas en Bahía Blanca y la región. Cercano a la cúpula sindical y abogado del rumano Remus Tetu, jefes de la AAA en Bahía Blanca, Montezanti fue recomendado al Batallón 601 por el coronel José “Balita” Riveiro, que formó parte de la banda paraestatal, fue uno de los coordinadores del Plan Cóndor a nivel continental y asesoró a los “contras” nicaragüenses que buscaban desestabilizar al gobierno sandinista.
Los cargos, presentados por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, motivaron que Montezanti fuera citado a prestar declaración indagatoria por el juez Alejo Ramos Padilla, que por entonces subrogaba el juzgado bahiense. Tras tres citaciones desoídas por Montezanti, y ante la imposibilidad de llevarlo por la fuerza pública por sus fueros, Ramos Padilla lo declaró en rebeldía y quedó a la espera de que se resuelva su situación en el Consejo de la Magistratura. El ex espía renunció un día antes de que el cuerpo dictase un veredicto, que el presidente Mauricio Macri evitó al apresurarse a aceptar su dimisión.
Caídos sus fueros, el ex agente de inteligencia no tendría más remedio que presentarse a la declaración indagatoria en la fecha fijada del 5 de julio. Pero la intervención de la Cámara que integró le permitió suspender la cita. Extemporáneamente, cuando ya habían pasado seis meses de la renuncia de Ramos Padilla y los pedidos habían devenido abstractos, el tribunal resolvió hacer lugar a los planteos recusatorios de dos represores y vertió una curiosa doctrina de la “imparcialidad” de un magistrado en causas de lesa humanidad, que incluyen la deslegitimación por haber sido previamente abogado querellante de las víctimas o ser depositario de simpatía por parte de referentes de la lucha por los derechos humanos.
Con esa resolución en mano, la defensa de Montezanti solicitó la suspensión de la indagatoria y el juez Pedro Plou hizo lugar al planteo. Reemplazante de Ramos Padilla, Plou se hizo conocido por firmar un fallo con que pretendió obligar a los docentes de la Universidad Nacional del Sur a levantar un paro avalado por el gremio ADUNS y en el marco de demandas concretas, lo que contradice por derecha incluso a la regresiva concepción del derecho laboral de la Corte Suprema. La estrategia de Montezanti anticipa lo que seguramente será una catarata de pedidos similares por parte de las defensas de todos los acusados sobre cuyas situaciones resolvió el juez. El próximo paso en los trámites de lesa humanidad en Bahía Blanca podría ser la nulidad de lo actuado por Ramos Padilla en el periodo de subrogancia, lo que representaría un retroceso de al menos un año en cada trámite. Las cuatro décadas que el 24 de marzo se cumplieron del golpe de Estado recuerdan que ello equivaldría a asegurar la impunidad de muchos acusados.
El martes 21, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la regional de H.I.J.O.S. y la filial de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo brindaron una conferencia conjunta en que refutaron y desmintieron argumentos citados por la Cámara y denunciaron que el secretario parlamentario del Senado, el radical Juan Pedro Tunessi, había sostenido reuniones con miembros de la Cámara Federal en fechas próximas a la resolución, llamativa por los antecedentes de los firmantes Jorge Ferro (foto 2) y José Triputti, que en cinco años condenaron a prisión perpetua a decenas de genocidas y habían dado impulso a actuaciones por participación civil en causas que ahora ponen en serio riesgo.
Senador en tiempos de repliegue radical, Tunessi devino en secretario del mejor presidente de la era macrista, Federico Pinedo, en épocas de nueva Alianza. En una entrevista que concedió el miércoles 22 al programa Agenda pública, que se emite por la radio de la Universidad Nacional del Sur, el ex legislador admitió las reuniones denunciadas por los organismos, aunque negó que durante los encuentros se hubiera tratado la línea de las resoluciones posteriores, que incluyeron un segundo escarmiento de cesantía a Álvaro Coleffi, el único juez que osó sentar en el banquillo a Vicente Massot. Tunessi, firmante de obituarios de homenaje a la madre de Massot fallecida en 2009, descartó que todas las causas bahienses de lesa sufrieran parálisis o retrocesos y limitó esa situación a la que investiga el accionar del diario La Nueva Provincia como soporte comunicacional de la dictadura. La suspensión de la indagatoria a Montezanti pone en crisis su optimismo. No se trata de una causa más para Tunessi, que en varias ocasiones testificó que en 1984 vio en el despacho de Montezanti un diploma de pertenencia a la Liga Anticomunista Argentina y hasta 2015 se dedicó a sostener que el kirchnerismo frenaba el avance de la causa que ahora dejó de tener en cuenta.
En otro orden, los organismos de derechos humanos bahienses desmintieron las afirmaciones sobre Ramos Padilla que les adjudicó la Cámara para teñir de sospechas de parcialidad el accionar del magistrado. El mero criterio del tribunal ya resultaba cuestionable como precedente, al caracterizar como negativa la buena valoración de esos sectores o colocar al juez en la imposible tarea de controlar la evaluación ajena. Pero a ello se agrega que el dato que disparó la afirmación nunca existió: en la sesión del Consejo de la Magistratura aludida por la Cámara, los referentes de los organismos de derechos humanos bahienses nunca manifestaron opinión sobre Ramos Padilla, sino que se limitaron a reseñar la gravedad de la situación institucional de la Justicia bahiense. Bajo las construcciones conceptuales endebles suelen encontrarse datos objetivos erróneos. La resolución de la Cámara ni siquiera transcribe bien los nombres de los presentes en aquella sesión. El fallo llama “Pisone” al ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos Carlos Pisoni y convierte en “Aguad” al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat. Errores de carga, al estilo de los nuevos tiempos.