Es necesario construir un modelo institucional que brinde a las regiones mayor autonomía para abordar el desafío del desarrollo económico y social. La idea es que tengan una voz propia, fuerte y clara, y construir un nuevo pacto social sobre los derechos y responsabilidades de las regiones y los territorios en decisiones trascendentales que afectan su destino particular y el destino común de Chile.
Siendo 2013 un año de elecciones, estará cargado de debate político y programático. En este escenario, una parte de la agenda deberá incorporar las reformas que permitan el desarrollo de los territorios. Esto pasa por avanzar en materia de descentralización y regionalización y por impulsar dinámicas económicas y sociales endógenas, sustentables y competitivas en los territorios. Para ello es necesario que seamos capaces de diseñar una propuesta que dé respuesta a dos objetivos: transferir poder al nivel descentralizado y generar, fortalecer y expandir las capacidades de la sociedad en los territorios.
Este enfoque va más allá de profundizar el proceso de descentralización del Estado. Se trata de que en los territorios se potencie una verdadera revolución de capacidades y emprendimientos. Llegó el momento de instalar una discusión sobre el desarrollo de los territorios y regiones, entendiendo que este es un proceso de transformaciones productivas e institucionales que permita que se exprese el potencial de cada territorio.
Tres ideas, inspiran la propuesta: desarrollo, desigualdad y ciudadanía. Primero, es necesario generar las reformas que permitan la expansión del potencial económico y social de los territorios para contribuir a un desarrollo económico más competitivo. Cuando los países más desarrollados no logran dejar atrás los embates de la crisis financiera internacional, América Latina y Chile presentan positivas proyecciones de crecimiento para el 2013. Si bien el desarrollo económico chileno responde en parte importante a la demanda interna, es indiscutible el peso de la demanda externa sobre productos primarios: cobre, celulosa, harina de pescado, vinos, fruta. Este patrón tiene dos implicancias, por un lado colabora a denominar regiones “ganadoras y perdedoras”, de acuerdo a las bondades de sus recursos naturales y, por otro, evidencia las limitaciones de un modelo primario exportador que depende de recursos renovables y no renovables. Persistentemente, tanto CEPAL como la OECD han venido señalando que el buen momento por el que atraviesan Chile y América Latina llama a resolver los desafíos estructurales de su patrón de desarrollo.
Segundo, uno de los consensos ciudadanos que ha sobrepasado la tribuna de los políticos y de los expertos es la profunda disconformidad con los resultados de desigualdad social que derivan del modelo económico. Con un coeficiente de Gini de 0.50, el más elevado de la OECD y uno de los más elevados de América Latina, Chile enfrenta resistencias y limitaciones al crecimiento y un alto grado de exposición a conflictos políticos y sociales que ya han mostrado su potencial perturbador cuando la protesta por la desigualdad sale a la calle. Estas desigualdades tienen expresión social, territorial, de género y étnica.
Tercero, en términos de expresión de ciudadanía, durante los últimos años hemos visto que el sistema político se ve sobrepasado por el esquema democrático de la representación y busca canales innovadores y alternativos de participación y protagonismo: redes sociales, movimientos y protestas. La ciudadanía reclama ser escuchada y considerada en las decisiones públicas y privadas que comprometen su vida cotidiana y sus marcos territoriales. Esta nueva expresión de participación y ciudadanía tiene, en el ámbito territorial, el canal directo y preferente de expresión.
De esta reflexión se desprenden algunas preguntas obvias: ¿cómo puede ser auténticamente líder de procesos novedosos, innovadores, inteligentes y colaborativos un gobierno regional sin prestancia democrática, con pocas competencias efectivas y sometidas a la intervención y prioridad del centro? El requisito democrático, elección directa del consejo y del presidente regional, es imprescindible para dar coherencia y legitimidad al conjunto del esfuerzo regional.
No basta, sin embargo, con estos cambios. Es necesario construir un modelo institucional que brinde a las regiones mayor autonomía para abordar el desafío del desarrollo económico y social. La idea es que tengan una voz propia, fuerte y clara, y construir un nuevo pacto social sobre los derechos y responsabilidades de las regiones y los territorios en decisiones trascendentales que afectan su destino particular y el destino común de Chile.
Este pacto de cohesión territorial supone un compromiso nacional por dar espacio y oportunidad para el pleno desarrollo del potencial de territorios y regiones y por minimizar brechas de desigualdad territorial. Para ello es necesario contar con los medios, lo que remite a un pacto fiscal que brinde más libertad y flexibilidad en el uso de los recursos, sin descuidar los objetivos macroeconómicos nacionales. Todo lo anterior requiere un sistemático esfuerzo de apoyo al desarrollo de capacidades en las regiones y territorios: empresariales y de emprendimiento, de educación e innovación por medio de universidades y centros de educación técnica superior de calidad y enraizados en sus realidades más inmediatas, capacidades sociales para la acción colectiva y el ejercicio de ciudadanía y, por cierto, capacidades para la gestión pública eficiente y eficaz y con mayor transparencia y control social.
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