El cierre del espacio aéreo me cogió fuera de casa, esperando regresar pronto en un vuelo corto. Por el contrario, tardé un día entero en volver en tren y suerte que tuve billetes. Lo digo para que no parezca que hablo desde la barrera. Los controladores aéreos no es el grupo de trabajadores por los […]
El cierre del espacio aéreo me cogió fuera de casa, esperando regresar pronto en un vuelo corto. Por el contrario, tardé un día entero en volver en tren y suerte que tuve billetes. Lo digo para que no parezca que hablo desde la barrera.
Los controladores aéreos no es el grupo de trabajadores por los que siento más simpatía. Personas que ganan 200.000 euros al año están fuera de mi órbita, no sólo personal sino de mi preocupación por los asuntos colectivos. Que son un grupo enormemente privilegiado, nadie puede dudarlo. Disponen, además, de una gran posibilidad de monopolio y una enorme capacidad de incidencia en el bienestar de todos los demás, como todos los trabajadores del transporte colectivo. Pero no me parece que la histeria generada ante su ‘huelga’ es la reacción más adecuada. Por ello me animo a hacer algunos comentarios:
Sus privilegios no hacen intolerable que este colectivo de trabajadores luche por sus derechos. Aunque no del mismo nivel, desde luego, hay muchos otros grupos de trabajadores públicos que se consideran privilegiados -profesores de universidad (entre los que me cuento), jueces, altos cargos de empresas y de la administración pública y otros- y creo que tienen sus derechos y deberían defenderlos, mientras no cambien otras cosas que conduzcan a un mayor igualitarismo en la sociedad. Por eso no me parece mal que estos empleados privilegiados defiendan sus derechos, que, además, están siendo atacados muy intensamente. Todavía no hace mucho, estos profesionales ganaban 350.000 euros al año, y ahora ganan 200.000 (aunque da vergüenza escribir estas cifras). Todavía es una barbaridad, pero es normal que luchen contra esta rebaja. Trabajaban 1.200 horas anuales y han pasado a trabajar 1.670 y, lo que parece que ha desatado su furia, es que recientemente el Gobierno ha pasado un decreto por el que los días de baja no se computarán como parte de la jornada de trabajo. Cuando en todos los empleos la baja se computa como parte de la jornada laboral.
Dos cosas: Una, creo que es normal que luchen. Dos y muy importante, ¿cuánto tardarán las autoridades en trasladar la norma de que la baja no sea parte de la jornada laboral a los demás trabajadores? Me parecen puntos que debieran hacernos reflexionar.
Por otra parte, frente al enorme ataque que estamos experimentando los trabajadores de todos los ámbitos, muchos nos preguntamos, ¿cómo es que no reaccionamos? Bueno, pues en este caso, aquellos que están en las condiciones más favorables para hacerlo son quienes han empezado a reaccionar: son trabajadores fijos, no pueden tener problemas económicos y causan un gran impacto. Son ellos los que mejor pueden empezar a resistir este brutal ataque que estamos sufriendo. Que seguramente lo hacen por defender sus derechos adquiridos, que es mero corporativismo, que no lo hacen por convicción e idealismo… Muy probablemente. Pero las reivindicaciones populares no se hacen casi nunca por solidaridad e ideología sino por resistencia a perder los derechos propios. ¿Y si los demás grupos de funcionarios y trabajadores fijos tomáramos ejemplo?
¿Que es una protesta salvaje? Sin duda, pero vistos los servicios mínimos que se dictan para todas las huelgas del transporte que llevan a diluir casi completamente las protestas, es bastante comprensible que un grupo de trabajadores enfurecidos muestre su impotencia con este tipo de medidas.
Hay quien dice -particularmente las mentes sindicales- que así no se hace una huelga. ¿Por qué las huelgas se han de hacer según el protocolo impuesto por unos poderes económicos, políticos y sindicales? El derecho de huelga protege una protesta fuerte, que está siendo domesticada con todos estos requisitos, ¿por qué se ha de aceptar siempre esta subordinación?
No podían dejar de decir que si han tenido reuniones con el PP, que si esto tiene color político, etc. Sería una pena si hubiera razones políticas partidistas en esta acción, perderían mucha dignidad los controladores, pero ¿son todos los controladores del PP? Porque una acción así no se hace sin una gran mayoría. ¿No hay controladores más próximos a otros partidos? Quizá en este caso el PSOE tendría que preguntarse por qué esta exclusiva afiliación.
Finalmente, el daño que causan al público. Pues sí, es grave. Pero es la consecuencia de que las cosas vayan mal y no se arreglen de otra forma. Nadie hace una protesta de este estilo por gusto. Ni siquiera los controladores aéreos que seguro son conscientes de lo que se juegan. Deben de estar muy indignados con el gobierno para hacer una protesta de esta envergadura en la que arriesgan mucho. Pero aunque sea muy lamentable no ignoremos que estos importantes trastornos se han causado en su mayoría a personas que queríamos desplazarnos por vacaciones. En mi opinión hay otros colectivos por los que tendríamos que preocuparnos más y nos son indiferentes. ¿Hemos pensado quizá que al eliminar la ayuda de 426 euros a los parados sin subsidio se deja a 500.000 familias sin ningún ingreso? Probablemente sufran más que las 300.000 personas a las que nos han fastidiado el puente. Y no parece que nos preocupemos demasiado por ellos. O las numerosísimas familias que han perdido su vivienda, o el más de un millón de trabajadores parados de larga duración sin esperanza de encontrar trabajo, y tantos otros.
Este caos perjudica también a la economía y tiene amplia repercusión internacional. Seguro. Hay negocios que perderán dinero (aunque quizá otros se beneficien) y nuestro país no está para bromas. Son consecuencias serias. Pero hay otros sectores que están teniendo conductas todavía más graves. ¿Qué decir de la banca, tanto del país como foránea, como de las grandes fortunas que según algún informe de prensa (no hay muchos al respecto) están ya abandonando el país por temor a su mayor deterioro económico? Nadie parece resentir estas actividades, mucho más graves que las de los controladores. Asimismo, ¿por qué no escandalizan igual algunos salarios y beneficios, privados, desde luego, pero todavía mas escandalosos que los de los controladores, en plena crisis económica, recesión salarial y con más de cuatro millones de parados?
En este caso, el Gobierno y los medios de comunicación han creado una enorme alarma social. Volviendo en tren me daba cuenta que para la inmensa mayoría de la población que no vuela en estos días, no pasaba gran cosa. Todo era normal. La mayoría de comentarios estaban suscitados por las noticias de los medios. En cuanto te alejabas de los aeropuertos el asunto dejaba de ser tan grave. No quiero minimizar la repercusión negativa de la protesta ni su probable repercusión internacional en un momento tan delicado para el país, pero en lugar de convertirlo en una emergencia nacional, pienso que se hubieran podido adoptar otras actitudes más serenas y eficientes.
¿No hubiera sido posible seguir las negociaciones que estaban en curso entre AENA y el sindicato de controladores? Este problema viene ya desde hace tiempo y desde el año pasado se habían intensificado. ¿No se ha previsto lo que podía pasar?, ¿cómo en más de un año no se ha podido resolver el problema? El eliminar bruscamente las negociaciones ¿es posible que tenga alguna relación con la privatización de AENA? Siguiendo las prácticas de otros casos, el conflicto podría constituir una buena excusa para justificar parcialmente la privatización.
Es muy lamentable el recurrir a la militarización para resolver los problemas laborales (¿se han inspirado en Reagan cuando en 1981 militarizó a los controladores de su país?) Asusta bastante que la capacidad para resolver situaciones, aunque sean de patente desigualdad y privilegio, resida en el recurso a lo militar.
Aunque sea un grupo social que no nos suscita ninguna simpatía, y se reconozca su corporativismo y egoísmo (no se les ve mucho en las reivindicaciones de otros grupos sociales) no se les puede negar el derecho a defender su situación, aunque sea muy favorable respecto a otros trabajadores. Su poder de monopolio y sus escandalosos salarios deben de ser eliminados, pero como parte de un potente, gradual y permanente proceso de avance de la igualdad en la sociedad. Desgraciadamente llevamos años en que toda la evolución de la economía y la sociedad, en todos los ámbitos, se orienta en la dirección contraria. No tiene mucho sentido singularizar y criminalizar a un grupo profesional específico por hacer lo que pretenden la mayoría de quienes pertenecen a la élite social.
Vivimos en un sistema cada vez más injusto y descabellado, y no puede sorprendernos que el mismo produzca consecuencias graves como las que estamos comentando. Pero no parece que sea la criminalización generalizada que crea una vasta alarma social y expande la sensación de caos y temor que en el país se está viviendo la respuesta más adecuada. Mucho menos todavía la militarización (que suscita tenebrosos recuerdos en este país), como recurso de última instancia que sólo parece mostrar el seguimiento a experiencias foráneas (Reagan) dictadas por la impotencia de hallar soluciones más imaginativas y eficientes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.