El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) cumplió 30 años y afronta el reto de mantener su autonomía y su agenda de protección del medio ambiente. Valiéndose de informes periciales y estudios tecnocientíficos, este organismo desarrolla actividades de combate contra delitos ambientales y de monitoreo y control de actividades que involucran el uso de recursos naturales tales como la explotación del petróleo y de mineral de hierro, entre otras actividades potencialmente contaminantes del medio ambiente.
El Ibama fue creado oficialmente el 22 de febrero de 1989 durante la presidencia de José Sarney (1985-1990). El objetivo era integrar las actividades de gestión de los recursos ambientales en Brasil, hasta entonces conducidas por otras instituciones gubernamentales creadas a lo largo de las décadas de 1960 y 1970.
Entre ellas se encontraban la Superintendencia de Desarrollo de la Pesca (Sudepe) y el Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF), ambos ligados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), y la Superintendencia del Caucho (Sudhevea), vinculada al por entonces Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC).
“Esos organismos surgieron durante un período signado por la construcción de grandes obras, con alto impacto ambiental”, explica el agrónomo Leonardo Ribeiro Teixeira, analista ambiental del Ibama entre los años 2003 y 2018. Esos fueron los casos de la autopista Transamazónica, en la región norte y la construcción de la usina de Itaipú, en el sur del país. Ribeiro Teixeira recuerda que la situación de la Amazonia hacia el final de la década de 1980 también era alarmante, con un altísimo índice de desmonte; la caza y la pesca avanzaban sin control, así como los conflictos entre las comunidades tradicionales y los nuevos ocupantes de las tierras.
La proliferación de incidentes suscitó presiones sobre el gobierno para que profundizara en la gestión ambiental. “A mediados de 1988 se convocó a un equipo de expertos y académicos para evaluar el estado de los recursos naturales y proponer estrategias que ayuden a conciliar el desarrollo económico y la preocupación ecológica en Brasil”, comenta Ribeiro Teixeira.
A partir de esa iniciativa surgió la noción de que era necesario centralizar la gestión de las políticas oficiales relacionadas con la protección de los recursos naturales y su uso adecuado en un único organismo. “Entonces se resolvió la disolución de las antiguas autarquías y el traspaso de sus empleados al Ibama”, resalta el sociólogo Heitor Schulz Macedo, analista ambiental del Ibama entre 2003 y 2008.
Bases científicas
Recién en 2002 se llamó a concurso para la contratación de analistas ambientales en el organismo. “Eso propició el perfeccionamiento de los trabajos de fiscalización, tales como el uso de herramientas de georreferenciación para la identificación y calificación de las transgresiones ambientales”, dice Teixeira.
Una de las características actuales del Ibama es el desarrollo de proyectos basados en estudios científicos. “Sus actividades abarcan un amplio conjunto de datos e informaciones que surgen de procesos de investigación e inteligencia y sirven como base para acciones estratégicas de inspección y licenciamiento ambiental”, escribió la economista Nadi Helena Presser, del Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), en un artículo publicado en 2018 en la revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia.
Los datos a partir de los cuales el instituto estructura sus operativos se obtienen por medio de estudios desarrollados en el propio organismo o bien, por universidades e institutos de investigación, a partir de invitaciones o licitaciones. Un ejemplo de ello es el Operativo Panóptico, ideado en 2018 con base en estudios realizados por analistas del organismo e investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Este operativo apunta prevenir el desmonte en la Amazonia a partir de la detección de áreas de mayor riesgo. Y se realiza con datos georreferenciados obtenidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Con la identificación de esas áreas, se monitorea a los propietarios rurales y se los orienta al respecto de la necesidad de solicitar autorización antes de talar.
Según Henrique dos Santos Pereira, superintendente del Ibama entre 2003 y 2009 y docente de ciencias ambientales de la Universidad Federal de Amazonas (Ufam), el Ibama desarrolló otros dos proyectos de gran importancia, principalmente para la Amazonia: el Proyecto Manejo de Recursos Naturales de Llanuras Aluviales (ProVárzea) y el Proyecto de Apoyo al Manejo Forestal Sostenible en la Amazonia (Promanejo), ambos en el marco del Programa Piloto para la Protección de las Selvas Tropicales de Brasil (PPG7), una iniciativa del gobierno brasileño en colaboración con la comunidad internacional, incluyendo a los países del Grupo de los 7 (G7) y el Banco Mundial.
El ProVárzea, cuyo lanzamiento fue en 2001, tuvo como objetivo establecer las bases científicas, técnicas y políticas para la conservación y el manejo ambiental y socialmente sostenible de los recursos naturales de las vegas de la región central de la cuenca amazónica. “El proyecto contó con la colaboración de universidades e institutos de investigación de la región amazónica, contratados por el Ibama para ejecutar estudios diversos”, explica el oceanógrafo Mauro Luis Ruffino, coordinador del ProVárzea.
El Ibama brega por mantener su autonomía administrativa, técnica y presupuestaria
Según datos recabados vía Portal de Transparencia, el Ibama cuenta actualmente con 3.922 empleados, incluyendo técnicos e investigadores, colaboradores seleccionados por concurso y gente sin vínculo con la administración pública en cargos designados. Su presupuesto previsto para este año es de 1.730 millones de reales. Entre otras finalidades, ese monto servirá para solventar las actividades del Ibama en 2019, que estarán basadas en el Diagnóstico de Delitos Ambientales 2018, que mapea problemas nacionales y del ámbito estadual.
En los últimos meses, el organismo viene luchando para conservar su autonomía administrativa, técnica y presupuestaria. Desde el mes de marzo, las demandas de la prensa relacionadas con la actividad del Ibama deben remitirse al Consejo de Comunicación del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Esto ha dificultado el acceso de los periodistas y organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, a informaciones y datos oficiales relacionados con las actividades llevadas a cabo por el organismo ambiental.
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