Usted habla de “sesgos” y “omisiones” que nos conducen a “conclusiones falsas”. Nos sorprende que en lugar de ofrecernos una explicación alternativa, detallada y consistente sobre el contenido de los numerosos documentos que presentamos, y que no son inventados, prefiera detenerse en “datos incorrectos” de carácter marginal y nimio, como si su cargo es el de Secretario General Adjunto de la ONU o no.
Por cierto, la página web de Naciones Unidas dice, literalmente, que usted es Secretario General Adjunto para operaciones de paz. En el texto, empleamos esa descripción y también la versión abreviada. No entendemos cuál es el error. Además, usted alega que mentimos al decir que los niños no eran huérfanos, pues se puede ser huérfano de madre, de padre o de ambos. En realidad, ninguno de los niños era huérfano abandonado, como declaró usted. Sólo uno era huérfano de padre. Pero ¿es esa su explicación? Las adopciones internacionales son y siempre han sido el último recurso. ¿Entiende usted que es mejor que un niño esté con otra familia que con la suya, si su familia es pobre? ¿O que la pobreza los convertirá, como dice, “en niños de la calle o en delincuentes”?
Aceptamos, no obstante, dos errores de los que señala. El primero, si bien usted fue electo tres veces diputado, sólo pudo ejercer dos mandatos a causa del golpe de Estado que llevó a Ríos Montt al poder en 1982. Ese “electo”, que aparecía en las versiones iniciales del texto, se suprimió equivocadamente en una de las revisiones finales. El segundo, acerca de su remota ascendencia francesa, es una hipótesis que usted mismo mencionaba en un artículo de 2012 como posibilidad pero no lo planteaba como certeza.
Pero estos detalles, señor Mulet, nos alejan del tema central, que no es ni siquiera los problemas judiciales que usted enfrentó a causa de la adopción de cinco niños guatemaltecos, aunque así quiera hacer verlo. Eso solo es parte del respaldo del reportaje. El asunto central es la descripción que hacen los numerosos documentos de su actuar y el de Los niños del sol. Esa información no había sido nunca publicada ni conocida en su mayoría, mucho menos se había visto en conjunto.
Nosotros no solo escarbamos en los documentos judiciales de la época, sino que buscamos a los protagonistas, encontramos documentos administrativos de la Policía Nacional y también de la Secretaría de Bienestar Social, contextualizamos con documentos de Naciones Unidas sobre adopciones, y entre todo ello descubrimos que 16 y 17 años después de haber enviado al extranjero a nueve niños, usted no había concluido el proceso de adopción de cuatro de ellos. La entonces directora del programa nacional de adopciones, Blanca de Morales, escribió una carta en el año 82 en la que decía que usted no terminaba los trámites, que estaba demasiado “ocupado por su actividad política”.
Todo basado en documentos oficiales y declaraciones que nosotros presentamos, no calificamos, después de un trabajo muy laborioso y tenaz en equipo que, al contrario de lo que usted asegura, no supuso grandes cantidades de dinero.
En cambio, sobre sus actos en estos casos, no aporta usted ningún elemento nuevo que no sea parte de nuestro artículo. Lo hace sobre los actos y motivaciones de los otros. Usted describe el contexto político de la época y vuelve a establecer un vínculo entre su captura y la quema de la embajada de España, recalcando que fue el único político en haber denunciado el hecho. Reiteramos lo expuesto en la nota: no encontramos ninguna declaración suya condenando la acción policial ni en la prensa nacional ni en el libro que escribió Alejandro Maldonado Aguirre, y tampoco usted lo suministra. Según la revisión hemerográfica que hemos hecho, la única agrupación política que sí denunció públicamente la quema de la embajada fue la Democracia Cristiana en una manifestación de sus diputados en el Congreso. Aun si su declaración existiera (de lo que no aporta ninguna prueba), los dos años que la separarían de su captura harían difícil creer en una represalia directa por ese motivo.
Dicho esto, no negamos la posibilidad de que su aprehensión haya tenido motivaciones políticas. Pilar Crespo, coautora del reportaje, le dedicó un libro entero a estudiar la represión policial contra los disidentes en aquellos años. Mucha de la información que incrimina a la Policía y al Estado salió de su propio archivo administrativo. Usted descalifica esos documentos. Al MP, en cambio, le han servido para sustentar casos judiciales en contra no de “subversivos”, como cabría esperar si fueran una fuente de desinformación y castigo al disidente, sino contra expolicías o exfuncionarios de las dictaduras. Estos informes, que eran de uso exclusivo de la PN, tenían como único fin dejar un registro administrativo de la acción policial. De ahí sacamos, por cierto, el “exportaban” que aparece en el título, y por eso va entrecomillado. Es un verbo que, décadas después, también utilizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (de Naciones Unidas) para describir la situación general. Aun así, de ser cierto que a usted lo persiguieron por pura inquina (posibilidad ya consignada en el reportaje), eso hablaría de la mezquindad de sus adversarios y de la época, devastadora sin duda, pero no modificaría un ápice la descripción que los documentos hacen de su proceder. De eso se trata lo que nosotros pusimos a la vista de los lectores, para que ellos elaboren su juicio.
Por último, usted nos recuerda que “eran muchísimos los abogados y prestigiosos bufetes” que tramitaban adopciones siguiendo esos métodos que usted describe como moneda común en la época. No haremos hincapié en que cada una de las tres veces que usted intentó explicarlo, lo hizo de una manera distinta y contradictoria. Baste con decir que una juez de familia de la época y un especialista en protección de la niñez, también activo en aquel momento, jamás habían oído hablar de método semejante al suyo: eso de sacar bebés del país como "turistas". Y tampoco lo conocía un ex miembro de la Fiscalía Especial del Ministerio Público especializado en adopciones.
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ACTUALIZACIÓN: El 27 de febrero, por la noche, Plaza Pública verificó un dato que estaba pendiente de confirmación: Mulet, como él sostiene, sí dio declaraciones con respecto a la toma y quema de la Embajada de España. Plaza Pública obtuvo una imagen del 7 de febrero de 1980 de la revista Inforpress Centroamericana que cita sus palabras declaraciones y aporta más información sobre el comunicado del PNR de la que suministraba Prensa Libre.
Esta respuesta de Plaza Pública se fundamenta en el artículo 40 de la Ley de Emisión del Pensamiento: Artículo 40. "La aclaración, explicación, rectificación o refutación, deben insertarse íntegras, sin intercalar comentarios o apreciaciones, los cuales podrán anteponerse o agregarse a la misma."