El mecanismo para eludir los impuestos funciona así: los grandes empresarios o las grandes corporaciones compran aeronaves (aviones, avionetas o helicópteros) pero en vez de pagar impuestos de importación e IVA como ocurre con los automóviles que tiene la clase media, declaran ante la SAT que sólo las están alquilando. El detalle es que las alquilan a sus propias empresas, inscritas en paraísos fiscales (off-shores) en donde tampoco pagan impuestos.
Los listados de arrendatarios entregados por Aeronáutica Civil bajo la ley de acceso a información dicen sólo los nombres de las empresas; muchas son offshore. Pero después de revisar en páginas de datos abiertos sobre off-shores, Nómada encontró tres nombres de empresarios famosos en Guatemala:
1) Mario López Estrada, dueño de la telefónica Tigo y el único centroamericano considerado billonario por la revista Forbes.
2) José Luis Gabriel Abularach, que ha sido director del Banco Industrial y dueño de la empresa Aceros de Guatemala, que fue acusada por la SAT de evasión fiscal y pagó US$100 millones en impuestos atrasados en un día.
3) Richard Callaway Ayau, un empresario que tiene aeronaves y su empresa se describe como ‘líder en el mercado nacional’ de renta de aviones. Además, es sobrino de Manuel Ayau, el fundador de la libertaria Universidad Francisco Marroquín.
Estas fueron sus reacciones al ser abordados para este reportaje y la obligación próxima a pagar impuestos por sus aeronaves.
En la oficina de Mario López Estrada respondieron que (ante el aviso de la SAT) ya se pagaron los impuestos de su avión y de su helicóptero.
Rodrigo Gabriel, nieto de José Luis Gabriel, fue más allá y respondió lo siguiente:
– Desde el día que nos enteramos (del aviso de la SAT), se empezó con los trámites para regularizar la situación y quedará resuelto antes que venza el plazo. Nuestra intención es cumplir con todo y hacer lo correcto. Estamos de acuerdo en que todos debemos cumplir con nuestras responsabilidades.
En cambio, el dueño de ‘la empresa líder en aviación comercial de Guatemala’ tiene una visión distinta. En resumen, Richard Callaway Ayau dice que si le hacen pagar impuestos, la situación en Guatemala estará encaminada a la de Venezuela y Cuba y cerrará su empresa.
Callaway Ayau es el presidente y director de Mesoamerica Air Services S. A., una offshore establecida en Panamá que le renta aviones y avionetas a sus propias empresas registradas en Guatemala. En la práctica juega dos papeles: Es el arrendatario y arrendador de sus propias aeronaves.
Su offshore panameña le renta 15 avionetas a sus empresas guatemaltecas, pero principalmente a ARM Aviación S. A., según el Registro Aeronáutico Nacional. En su portal de internet, la ‘empresa familiar´ se presenta con más de 35 años de experiencia y como una pionera de la aviación civil en Guatemala, que es actualmente ‘líder en el mercado nacional’.
La empresa, que tiene entre 50 y 60 empleados, ofrece vuelos privados y chárter, transporte de carga y correo, paracaidismo, ambulancia aérea y fumigación. Y en su flota se exhiben ocho avionetas diferentes al servicio de su clientela. De hecho, en el pasado le ha alquilado aeronaves incluso al Ministerio de Gobernación, como muestra esta nota de Soy502.com.
Por importar sus avionetas y nacionalizarlas con matrícula TG, Richard Callaway no tuvo que pagar el arancel y el IVA de importación, porque el artículo 41 de la Ley de Aviación Civil le da esa posibilidad. Por eso, el empresario dice que todo lo que hace está en ley:
– Si uno tuviera que pagar impuestos de importación en todos esos países, ¿se imagina? Mejor no trabaja uno. Mejor cierra la empresa.
El empresario sostiene que ese privilegio establecido en la Ley le da impulso a la aviación comercial. De lo contrario, si tuviera que pagar impuestos de importación, su negocio ya no sería rentable.
Por eso Richard Callaway es crítico de Juan Francisco Solórzano Foppa, el jefe de la SAT, quien recientemente se quejó de quienes usan offshores para evitar el pago en la importación de aeronaves y anunció un plan de regularización para que paguen aranceles e IVA. En la conversación no admite el dilema ético de si es justo que no pague impuestos. El empresario solo insiste en que actúa con apego a la Ley y que su empresa cerraría si se le obliga a contribuir con los impuestos de importación.
– La aviación es cara. No es un negocio barato. Y si lo quieren poner más caro y lo quieren sacar del circuito… vayan a ver en qué país les cobran impuestos de importación para las aeronaves comerciales. Que me digan en cual. Tal vez Venezuela, digo yo. O Cuba. Y vayan a ver cuánta aviación tienen. Cero.
El empresario asegura que tiene sus cuentas claras con la SAT. Y no cree que el plan de cobrar impuestos a la aviación comercial tenga implicaciones positivas para su negocio.
– Si hicieran eso, yo le aseguro que mi empresa la cierro en un mes. Se acabó. Y que no haya aviación. Los vuelos a Xela se terminan, se terminan los movimientos hacia las minas, se terminan los movimientos al Petén por turismo.