El Gobierno se compromete a transferir a la Generalitat los fondos para sufragar Rodalies
El Gobierno central y la Generalitat de Catalunya avanzan a buen ritmo en las comisiones bilaterales para dar cumplimiento al Estatut. Este viernes ambas instituciones han llegado a un acuerdo para desbloquear varios asuntos económicos referentes a las infraestructuras. El más importante de ellos es el compromiso del Estado de traspasar a la Generalitat los fondos necesarios para sufragar el servicio de cercanías de Renfe, así como liquidar la deuda contraída durante la última década. Un importe que se acabará de valorar durante el primer trimestre de 2022 mediante un grupo de trabajo, pero cuyo importe ronda una cifra entre los 270 y los 300 millones anuales.
El acuerdo ha sido suscrito por el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Prado de Vera, en el marco de la comisión bilateral de infraestructuras, que se ha reunido este viernes en la sede del Ministerio. Será en última instancia la Comisión Mixta de asuntos económicos la que acabe dando luz verde al plan de pagos, una vez se acuerden los importes anuales y cómo se llevará a cabo la liquidación de la deuda acumulada.
Para ello, las dos partes crearán un grupo de trabajo que debe acabar de determinar la cuantía de los importes. Esta factura se calcula con el llamado déficit de explotación, que es la diferencia entre lo que pagan los usuarios por utilizar el servicio de Rodalies y aquello que realmente cuesta, que hasta ahora salía de los bolsillos de la Generalitat sin financiación extra del Estado. Este grupo de trabajo estudiará las anualidades correspondientes a 2022 y 2023, con el objetivo que comience a sufragarse ya desde el año que viene.
"Esta claro que en primer trimestre debe quedar finiquitado", ha asegurado contundente la secretaria de Estado, que ha destacado que la reunión ha sido productiva y ha transcurrido "de forma muy cordial". "Hoy damos este paso después de mucho tiempo sin dar ningún paso", ha apuntdo Puigneró, quien ha considerado que el acuerdo, de materializarse, saldará "una deuda histórica del Estado con la Generaliat".
El acuerdo alcanzado significaría, por tanto, la culminación del traspaso económico de las Rodalies iniciado en 2009. Pero aún está lejos el traspaso total del servicio que reclama el Govern. Esta cuestión, que la parte catalana sí ha puesto sobre la mesa, ha sido despejada por la secretaria de Estado, que la ha remitido a la Comisión Mixta. Con todo, Prado de Vera no se ha cerrado a que en el futuro el Ministerio y la Generalitat puedan hablar de esta cuestión.
Otra opinión tiene el vicepresident catalán, que considera que el acuerdo de este viernes puede ser la antesala del traspaso de los activos, es decir, que la Generalitat asuma la titularidad de las vías, catenarias, estaciones, trenes y personal para ofrecer directamente este servicio. El objetivo, ha dicho Puigneró, es "establecer de aquí al verano los puentes de confianza con el Gobierno español para ver si hay o no la voluntad del traspaso de la Rodalies, que es lo que marca el Estatut". "Seremos exigentes en esta demanda y prudentes a la hora de valorar si se cumple o no", ha asegurado.
559 millones para obras públicas
Otro de los acuerdos alcanzados, también en el ámbito económico, tiene que ver con la disposición adicional tercera del Estatut, una cláusula que indicaba que la inversión en infraestructuras en Catalunya debía ser igual al porcentaje del PIB que la comunidad representa. Esta disposición, nunca cumplida totalmente, supone unos 3.500 millones de euros acumulados a lo largo de la última década, cifra que, con matices, el Estado reconoce y desea comenzar a liquidar.
Para cumplirlo, de entrada el Gobierno está dispuesto a abonar 559 millones iniciales mediante un convenio, en concepto de liquidaciones de obras en el periodo 2022-2024. Este convenio debe concretarse en una nueva reunión bilateral durante el mes de diciembre, con el objetivo de que el ejercicio anual comience con estos fondos ya disponibles. Pese a los flecos que quedan por resolver, la voluntad mostrada por Prado de Vera es que la deuda de la adicional tercera comience a pagarse cuanto antes.