Varias informaciones publicadas estos días sobre Bahréin destacan la creciente presión que está ejerciendo el régimen del rey Al Jalifa sobre los periodistas extranjeros, en un intento de limpiar la imagen del país, y de silenciar la represión de las protestas ciudadanas.
Bahréin, que debía haber albergado el pasado mes de marzo el primer Gran Premio del Mundial de Automovilismo de la temporada, se quedó fuera del calendario debido a la inestabilidad política y al estallido de las revueltas populares.
Ahora, la FIA le acaba de dar otra oportunidad al anunciar que decidirá en el plazo de un mes si vuelve a incluir al país del Golfo entre los organizadores de la competición, y el régimen no está dispuesto a que unas cuantas noticias sobre violaciones de derechos humanos le acaben aguando la fiesta.
La cadena de televisión catarí Al Jazeera, por ejemplo, señalaba este jueves, en su canal en inglés, que «los medios internacionales no son bienvenidos en Bahréin», y que «cada vez es más difícil informar sobre la represión generalizada». Una buena prueba la ofrece la periodista española Mónica G. Prieto, quien relata en El Mundo su propia experiencia:
Aterricé en el aeropuerto de Bahréin sobre las 20.30 horas del lunes, tras un corto periplo de Beirut a Kuwait motivado porque Bahréin ha suspendido vuelos directos con el Líbano por diferencias sectarias. Los visados profesionales del pasaporte llamaron enseguida la atención del agente de fronteras, que pasó mi documentación a un oficial de Inmigración quien, tras un corto interrogatorio, se los entregó a su vez a un agente de Seguridad.
Su tono era amenazante. «¿A qué ha venido? ¿Pretende cubrir los eventos?», preguntaba. A su entrevista le seguirían otras dos con sendos agentes de la Seguridad: tras casi tres horas de espera y muchas preguntas, el que parecía ser el responsable se pronunció. «No insista: de ninguna forma va a entrar en el país». Los oficiales de Inmigración fueron más gráficos. «Lo sentimos, no podemos hacer nada. Usted es considerada un problema para la Seguridad. Debe marcharse inmediatamente de Bahréin».
Horas después, se anunciaba la expulsión del corresponsal de la agencia Reuters, Frederik Ritcher, a quien se acusa de parcialidad en sus informaciones.
Sin embargo, a pesar de la mordaza impuesta por el régimen, la información acaba encontrando caminos para salir. Al Jazeera aseguró este jueves tener «pruebas» de que las fuerzas de seguridad «han torturado» a personal médico para obligarle a realizar confesiones. Según la cadena, desde que comenzaron las protestas a favor de la democracia en febrero, un total de 47 trabajadores sanitarios -24 médicos y 24 enfermeros-, han sido acusados, mientras que otros 150 están siendo investigados por el Gobierno.
La cadena, que afirma que trató de hablar sobre estas denuncias con las autoridades de Bahréin sin éxito, señala que los trabajadores sanitarios se enfrentan a un juicio por cargos que incluyen la incitación al odio contra el Gobierno de la isla. Poco después de emitirse el reportaje, sin embargo, las autoridades anunciaron la liberación de parte de los detenidos a la espera del juicio.
Se trata del segundo reportaje de denuncia contra el gobierno de Bahréin que emite en menos de 24 horas Al Jazeera, una cadena que, hace algunas semanas, recibió críticas por la «escasa cobertura» que estaba realizando de los acontecimientos en este país, en comparación con la que llevó a cabo anteriormente en Túnez o Egipto.
En el primero, Al Jazeera denunciaba que la Policía había golpeado y violado a niñas de entre 12 y 16 años de edad en al menos 15 colegios femeninos del país, una información que las autoridades de Bahréin calificaron de «infundada» y de «invención descarada y maliciosa».
El reportaje incluye una entrevista a una joven de 16 años de edad, que asegura que ella y otras tres compañeras fueron detenidas por la Policía y sometidas a palizas durante los tres días en que permanecieron recluidas. Una organización bahreiní de Derechos Humanos ha asegurado que al menos 70 profesores han sido detenidos, según informa Europa Press.
El estado de emergencia decretado en Bahréin a principios del mes de marzo está siendo utilizado por el régimen, según denuncian las organizaciones de derechos humanos, para justificar detenciones indiscriminadas (hay más de 800 arrestados), «juicios» rápidos contra supuestos traidores y un clima de represión que incluye toque de queda durante toda la noche. Además, se mantiene la ocupación militar de las tropas del Consejo de Cooperación del Golfo lideradas por Arabia Saudí y, según indicó esta misma semana el jefe de las fuerzas armadas bahreiníes, los soldados extranjeros permanecerán en el país incluso tras el levantamiento del estado de emergencia, que está previsto, en principio, para el mes de junio (la misma fecha en que la FIA hará pública su decisión sobre el Gran Premio de Fórmula 1).
La presión, además, no sólo la ejerce el Gobierno directamente. La agencia AP informó este miércoles de que la compañía petrolera del país, Bahrain Petroleum (controlada por el Estado), ha despedido a unos 300 trabajadores por haber tomado parte en las protestas.
Como continúa escribiendo Mónica G. Prieto:
A los bahreiníes les han robado su revolución. O mejor dicho, se la estamos robando entre todos. Aprovecharon el tirón popular de Túnez, Egipto y Yemen para armarse de valor y emularles exigiendo reformas democráticas tan básicas como que permitan a la población elegir libremente su Parlamento –la Cámara Alta es designada a dedo por el rey y los suyos, la baja es elegida por la élite afín a los Al Jalifa– y que se acabe con la discriminación contra los chiíes, una comunidad a la que se niega trabajos, ayudas sociales y cargos de responsabilidad.
Aprovecharon el 14 de febrero porque entonces se cumplía el X aniversario de un referéndum aprobado por la población según el cual el régimen se comprometía a avanzar hacia la democracia (fue en 2001 y meses después llegó la decepción. El rey ni siquiera llegó a discutir la redacción de una Constitución: aprobó unilateralmente una Carta Magna que no satisfacía las expectativas).
Tomaron la plaza de la Perla hace tres meses: laicos y religiosos, chiíes y suníes, jóvenes y mayores, para pedir dignidad y libertad y no para cuestionar a la dictadura. Y el régimen les reprimió, primero con policía, luego con militares y más tarde aceptando ayuda militar del Consejo de Cooperación del Golfo, que aglutina a los países de esta región –todos liderados por suníes– y que ven en Bahréin el fantasma de una amenaza: la rebelión de las minorías chiíes del Golfo y la creciente influencia del archienemigo iraní. […]
Pero la atención mediática ya se había desplazado a Libia y Siria. La represión en Bahrain, socio de Occidente –EE UU tiene allí basada la V Flota– dejó de existir en los informativos, y al tiempo que el silencio normalizaba de cara al exterior lo que ocurría, la dictadura radicalizaba su persecución de golpistas.