Los Mossos d'Esquadra han liberado a diez personas esclavizadas durante año y medio por una mafia de origen chino que actuaba en Cataluña. Debido a lo prolongado de la situación, las personas liberadas desconocían por completo la pandemia provocada por el Covid-19.
La operación policial, llamada "Operación Long", se ha saldado con ocho detenidos, de los cuales cuatro han ingresado ya en prisión. Las investigaciones comenzaron a finales de 2019 y el objetivo era terminar con la red de narcotráfico de esta mafia, que suministraba marihuana en Cataluña y el resto de España.
No fue hasta el tramo final cuando se comenzó a sospechar la posibilidad de que el grupo traficara también con personas para explotarles. Según ha trascendido, eran obligados a cultivar marihuana para saldar una deuda contraída con el clan, entre 10.000 y 30.000 euros por el viaje a España.
Las víctimas eran retenidas y explotadas en cuatro naves industriales, que ejercían de base de operaciones y apenas salían al exterior. La organización, asentada en Barcelona, presuntamente contactaba con personas chinas ofreciéndoles un puesto de trabajo en nuestro país.
Antes de llegar, les trasladaban a países de la Europa del Este por medio de visados presuntamente fraudulentos para asistir a ferias profesionales, donde hacían constar a las víctimas como representantes de empresas, hasta que les retiraban la documentación a su llegada a España.
Los Mossos han explicado que las personas explotadas eran obligadas a trabajar en entornos insalubres y con deficientes condiciones de trabajo.
En total, los agentes han incautado más de 5.500 plantas de marihuana, 60 kilos en cogollos y 42.600 euros en efectivo, además de pasaportes y documentación de terceras personas chinas que los investigadores presuntamente utilizaban para eludir a la policía. Los agentes constataron que en los últimos meses la red envió 50 paquetes con 450 kilos de marihuana, y algunos de ellos fueron interceptados por cuerpos policiales españoles y del Reino Unido.
De los ocho detenidos cuatro han ingresado en la cárcel, y se les investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, trata de seres humanos, falsedad documental y fraude del fluido eléctrico; la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.