“De lograr la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional sería desactivado «en el acto».
Hoy, todas las demandas del pueblo, de los jóvenes, de los agroexportadores, de los médicos, de los maestros se han ido al Tribunal Constitucional. O el Congreso ha aprobado normas por insistencia y, a pesar de que las aprueba, se las da al gobierno y éste dice que, como choca con su Constitución y la economía, pide una demanda de constitucionalidad» Este comentario lo realizó Pedro Castillo, el candidato presidencial del Perú, y como se puede apreciar, en el país vecino tienen los mismos problemas de inconstitucionalidad v/s legitimidad respecto de su Tribunal Constitucional. Quizás se deba a que ambas Constituciones, la chilena y la peruana, se realizaron bajo dictadura y como buena dictadura que le teme a las mayorías, le otorgaron al TC la potestad de actuar como una Tercera Cámara, como un contrapoder respecto del Congreso democráticamente electo.
En todos los países existen organismos que dirimen, en última instancia, si las leyes emanadas desde el parlamento cumplen o no con los requisitos de constitucionalidad. En Chile, hasta 1970, aquello lo resolvía una sala de la Corte Suprema, y fue en los estertores del gobierno de Frei que se crea el TC, quizás como otra forma de entorpecer, por la vía de la legalidad, el proceso de la UP. Pero el verdadero problema vino después, con la Constitución de 1980, donde se le dio atribuciones para que actuara como un poder contramayoritario junto con los quorums supramayoritarios y el Sistema electoral binominal. Posteriormente, durante la Transición, el tribunal se binominalizó en el nombramiento de sus miembros, con cinco de derecha y cinco de la Concertación. Ello ocurrió tras la famosa reforma constitucional de Ricardo Lagos del año 2005, quien, como parte de la política de los consensos, hizo que los miembros del tribunal pasaran de siete a diez, de modo que ahora las decisiones se entrampaban por el empate de sus miembros.
En vista de sus nuevas prerrogativas, el TC alteró, en muchas ocasiones, la voluntad popular expresada en las decisiones del Congreso. Ya no bastaba con que una mayoría de la población expresara una clara preferencia política refrendada luego por sus representantes en el Congreso, pues si el TC objetaba alguna ley ésta quedaba anulada, ya sea por su forma o fondo. Un ejemplo es lo que ocurrió en el primer gobierno de Bachelet:
“En el año 2007, la mayoría de los ministros del TC dijeron que el gobierno de Bahelet había dictado la normativa sobre la píldora (del día después) sin respetar el procedimiento adecuado; en el 2008, después que la presidenta cumpliera con el procedimiento indicado anteriormente por los ministros ellos evaluaron el contenido de la normativa aprobada, y concluyeron que contradecía la prohibición de matar embriones que establecería “el derecho a la vida” del DL 3.464 (Constitución Política)”
(Fuente: Luca Serra y Lucas Mac-Clure;“Frente a la Mayoría: Leyes Supramayoritarias y Tribunal Constitucional en Chile” PNUD, 2011)
Hoy, en medio de la disputa sobre el retiro de los fondos de pensión, Piñera acude al TC como su último salvataje. Constitucionalmente, el Congreso no tiene atribuciones para legislar respecto a asuntos económicos, como el de las pensiones, pues aquello es iniciativa exclusiva del presidente, sin embargo, lo que mueve a Piñera no es el respeto a la Constitución, esa es una burda excusa difícil de tragar, sino que ve en riesgo sus propios negocios y los de sus amigos, que pueden quedar sin capital para financiarse. Afortunadamente, la presidenta del TC es su antigua jefa de gabinete, María Luisa Brahm, nombrada por él en ese cargo a fines de su primer gobierno, además es el voto dirimente si hay empate. Mientras tanto, el parlamento ha asumido funciones que no les corresponde de acuerdo a esta moribunda Constitución, generándose una tensión entre Congreso y Ejecutivo, al punto que muchos parlamentarios de derecha le están dando la espalda a su propio gobierno.
Dentro de la gravedad de toda esta crisis, queda en evidencia que buena parte de nuestros problemas se deben al régimen presidencial y al modo de nombrar autoridades, también el TC ha quedado en entredicho y cada día se deslegitima más, lo más razonable sería volver al mecanismo previo a 1970. Ahora todos estos asuntos quedarán en manos de nuestros constituyentes, es de esperar que estén a la altura del debate.
Por Cristián Martínez Arriagada-Cientista Político
Foto Portada: Radio Uchile