Desde el 28 de abril, los colombianos salimos a las calles para protestar contra la repugnante propuesta de reforma tributaria del gobierno, una reforma que sería particularmente desastrosa para las comunidades cuyo sustento ya se había visto comprometido por la construcción de la represa de Hidroituango y ahora lo están aún más vulnerables por la pandemia y sus dificultades económicas, sociales, culturales y ambientales.
Sin embargo, la protesta pacífica se han enfrentado con brutalidad y violaciones de derechos humanos tanto por parte de las fuerzas del orden (principalmente la Policía y el Escuadron Movil Antidisturbios ESMAD) como de los grupos paramilitares ilegales. Hay informes de más de 37 homicidios cometidos por las fuerzas del orden, 831 detenciones arbitrarias, 379 personas desaparecidas, 110 disparos efectuados por la policía con armas de fuego y 222 víctimas de violencia física. Lo que inicialmente fue un paro nacional hoy se ha convertido en una revuelta popular que no tiene dirigencias, en la actualidad no hay posiblidad de negociar un descontento de la magnitud del que se presenta en Colombia, ningún partido politico, sindicato o comité hoy representa a quienes realmente estan en las calles, es por esto que sabemos que sólo los procesos de base lograran conjurar la contunidad o no de las manifestaciones y, de otro lado, reales transforaciones (no negociaciones) que dificilmente llegarán. Hemos constatado como en Colombia hoy no hay autoridades civiles que protejan los derechos de la población, por el contrario estas estan subordinadas a las autoridades militares. En el desespero algunos alcaldes han convocado la creación de frentes comunes entre empresarios y fuerzas de seguridad privada para enfrentar la revuelta, lo que no tiene otro nombre que paramilitarismo ya muy bien conocido por todo el pueblo colombiano. Otros gobernadores y congresistas han reivindicado el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vida y mucho más del derecho a participar de las decisiones que nos afectan.
El Movimiento Ríos Vivos insta a la comunidad internacional, los gobiernos y la prensa a presionar al gobierno colombiano para que cumpla con las leyes internacionales de derechos humanos y respete la constitución del país. Este terrorismo de Estado DEBE DETENERSE. La presión internacional y la suspensión de las relaciones diplomáticas son cruciales para asegurar las garantías democráticas y la participación en el estado de derecho en nuestro país.
También hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) (@OAS_official) y a la ONU (@UNHumanRights) para que envíen misiones para monitorear las innumerables violaciones que están ocurriendo en Colombia.
El Movimiento Ríos Vivos se movilizará en el campo, en la región de Antioquia, desde el día 10 mayo. ¡Síganos y monitorea nuestras redes sociales para apoyar la resistencia democrática de base!
“Si un pueblo protesta y marcha en el medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que el virus”