La estrategia exterior tumba la 'doctrina Llarena' mientras la Fiscalía mantiene su dureza con los presos
Carles Puigdemont y sus exconsellers tuvieron que tomar una decisión tras proclamar la independencia el pasado 27 de octubre: quedarse en España para afrontar una anunciada querella por rebelión o marcharse al extranjero. Nueve meses después, la estrategia independentista del autodenominado 'exilio' ha consumado su victoria frente a la 'doctrina Llarena' con la renuncia por parte del magistrado del Tribunal Supremo a la entrega del expresident por malversación y la retirada de las peticiones de extradición a Bélgica, Escocia y Suiza contra cuatro exconsellers y Marta Rovira.
Alemania, Estrasburgo y la ONU: los tres frentes que el independentismo exprime contra la 'doctrina Llarena'
Al mismo tiempo, la Fiscalía del Tribunal Supremo rechazaba este jueves el último intento para salir de prisión antes del juicio de los exconsellers, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los 'Jordis'. En un duro escrito, el ministerio público ve en la prisión provisional de los dirigentes soberanistas la "cautela imprescindible" para que permanezcan en España de cara al juicio. La decisión sobre la libertad depende de la sala de lo penal del Supremo, aunque las expectativas entre las defensas no son muy altas.
El escenario que queda tras este jueves es como mínimo paradójico: el Tribunal Supremo ha rechazado juzgar a Puigdemont, líder del Govern de la fase final del 'procés', mientras la Fiscalía ha apoyado mantener en prisión a sus subordinados y ha reiterado que se enfrentan a los delitos de "rebelión, o en su caso sedición, y malversación".
"El magistrado Llarena ha decidido dejar de perseguir delitos en el extranjero y perseguirlos sólo en España sabiendo que los que están fuera difícilmente regresarán", expone el catedrático de derecho penal de la Universitat de Barcelona Joan Queralt. "No deja de ser curioso –abunda Queralt– que un juez del Supremo deje de perseguir delitos que, según su propia argumentación, afectan a la esencia propia del sistema constitucional".
Con la decisión de Llarena, Puigdemont y Rovira y los exconsellers en Bélgica y Escocia podrán moverse libremente por todo el mundo, pero no podrán regresar a España, donde permanece contra ellos una orden de ingreso en prisión. "No deberíamos olvidar que el juez condena, sin juicio, al destierro durante 20 años a los políticos en el extranjero", advierte el catedrático de derecho procesal de la UB Jordi Nieva. Son los años de prescripción de los delitos castigados con quince o más años de prisión, como la rebelión o la sedición.
Antes de la decisión alemana, el independentismo tan sólo había obtenido victorias pírricas en el exterior, enmarcadas eso sí en una estrategia a largo plazo cuyo destino final es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Es el caso de la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que España respete los derechos políticos de Sànchez, que no impidió que Llarena le denegara el permiso para acudir a su debate de investidura. El tribunal de Schleswig-Holstein, nueve meses después de la huida de Puigdemont, dio la razón a las defensas y a 130 catedráticos y profesores de penal de toda España, esto es, que en el 'procés' no existió la violencia exigida por el delito de rebelión.
"Agravio comparativo"
Queralt cree que la retirada de las euroórdenes "es un agravio comparativo" con los exconsellers encarcelados en España "desde el punto de vista estrictamente jurídico procesal", habida cuenta de que se enfrentan a uno de los delitos más graves del Código Penal como el de rebelión que Llarena ya no persigue en el extranjero. "Es un agravio comparativo que no tiene ningún sentido", coincide Nieva.
Llarena ha retirado de un plumazo las euro–órdenes (como hizo en diciembre ante la posibilidad de que Bélgica no aceptara la rebelión) pese a que en los cuatro países se encontraban en momentos procesales distintos: Alemania había apoyado la entrega por malversación pero no por rebelión de Puigdemont, Bélgica no había ni llegado a examinar la extradición de Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un error formal de Llarena, mientras que en Escocia la vista para decidir sobre la entrega de Clara Ponsatí por rebelión y malversación debía empezar (pero ya no se celebrará) el próximo 30 de julio. En Suiza, donde permanece Marta Rovira, el sistema de extradición no es el de la euro–orden y estaba en un estado muy inicial.
Queralt alerta además de la posibilidad de que Alemania, Escocia y Bélgica reclamen por los costes que ha generado el procedimiento de extradición en sus sistemas judiciales, como por ejemplo los doce días que Puigdemont pasó en la prisión de Neumünster. "El juez Llarena ha utilizado mal la euro–orden, empleándola por unos delitos de tipo político que son problemáticos y que ya no se incluyeron en los 32 tipos de entrega automática", asevera.
Para Nieva, la retirada de las euroórdenes es fruto de los errores del juez Llarena en el proceso de extradición alemana así como del "pecado original" de investigar por rebelión el otoño soberanista. "Con un poco más de 'seny' [sentido común] y de respeto por la presunción de inocencia, se retirarían los cargos por rebelión", añade. Nieva defiende que los jueces alemanes han aplicado correctamente la normativa europea: "Tenían que dictaminar si los hechos constituían rebelión según el derecho alemán, y han dicho que no".
La Fiscalía insiste en la prisión
Nieva recuerda que, pese al éxito final de la estrategia exterior de los exconsellers, su huida ha sido "contraproducente" para los que se quedaron en España desde que en noviembre la Audiencia Nacional enviara a prisión a los exconsellers. La Fiscalía, en su escrito de este jueves, sigue apreciando riesgo de fuga en Junqueras y el resto de encarcelados por "la situación de varios procesados que permanecen huidos de la acción de la justicia". En otras palabras: podrían sumarse a Puigdemont de tener la libertad provisional. No obstante, dos párrafos después, la Fiscalía niega que la negativa alemana a la rebelión "sea un elemento a valorar".
La estrategia exterior no ha completado la cuadratura del círculo: los reveses europeos no mueven de sus tesis a la Fiscalía del Supremo. De hecho, el ministerio público desprecia las apelaciones a tener en cuenta al tribunal de Schleswig-Holstein que habían lanzado las defensas y se niega siquiera a valorar "la supuesta bondad de las perspectivas que surgen" para los exconsellers por la decisión alemana. Con todo, las defensas consultadas siguen confiando en que la negativa alemana a la rebelión lleve a la sala a aceptar las peticiones de libertad provisional pese a la negativa de la Fiscalía.
"El Supremo, que es la más alta instancia española, tiene que decidir entre quedar aislado o aceptar los estándares europeos", expresaban fuentes de las defensas este jueves por la tarde. La mirada también está situada en la acusación que formulará la Fiscalía antes del juicio. Como se da por descontado que la acusación popular de VOX irá hasta el final con la rebelión, las defensas esperan un cambio de parecer en el ministerio público y que descarte el delito de rebelión.
Crítica abierta a los jueces alemanes
Los escritos de la Fiscalía y del juez Llarena son, en buena medida, una crítica abierta y dura a la decisión alemana de no extraditar a Puigdemont por rebelión después de la defensa que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez del sistema de euro–orden. El magistrado ataca a los jueces de Schleswig–Holstein por dar al testimonio de Puigdemont un "valor probatorio" sin cotejarlo con la "extensa" investigación realizada en España. Les critica además por su "falta de compromiso" y por haber tomado una decisión fuera de la cobertura de la normativa europea.
En la misma línea, la Fiscalía acusa al tribunal alemán de "ignorar" las normas europeas al no entregar a Puigdemont por rebelión, deslizando incluso una actuación delictiva de los jueces alemanes. A criterio de la Fiscalía, el tribunal alemán "ha asumido las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los Tribunales españoles". "Es algo inaudito y creo que la Comisión Europea tendría que defender a los jueces alemanes porque han aplicado de forma correctísima la euro–orden", asevera Nieva.