Aun en plena crisis sigue diciendo el gobierno que la informalidad se debe al alto costo de la mano de obra y que la solución es reducirlo. Pero el diagnóstico y la solución se basan en falacias que no nos dejan ver verdades más profundas.
Juan Carlos Guataquí*
Una visión simplista
La informalidad laboral afecta muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, el bienestar de millones de familias y la eficacia de las políticas públicas. Lejos de perder importancia, estos efectos se han hecho más complejos y apremiantes debido a la pandemia y a las medidas adoptadas para enfrentarla.
Y sin embargo en el discurso público y en la política colombiana ha prevalecido, y sigue prevaleciendo, una visión simplista de la informalidad laboral. En este artículo examino dos aspectos de esa visión unidimensional:
- Normalizar el análisis del fenómeno aceptando la medición habitual de la informalidad laboral, es decir el cálculo de la tasa de informalidad urbana, como base del diagnóstico sobre la extensión y evolución del fenómeno, y
- La recomendación de política pública, que se suele basar en la creencia de que la informalidad laboral es consecuencia de los costos elevados de la fuerza de trabajo.
La tasa como fetiche
Si bien los indicadores o índices agregados sirven para describir de manera sintética un fenómeno complejo y para hacer comparaciones entre países o momentos diferentes, también traen consigo el riesgo facilista de volverse fines de política, cuando originalmente eran medios de esta.
El concepto de informalidad apareció en la literatura económica a partir de la Misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kenia (1972)
Es innegable que cuando se aplican diversas definiciones de la informalidad y se mide el porcentaje de trabajadores afectados por dicha patología, el resultado es recurrente en Colombia: la tasa de informalidad urbana se mantiene a niveles cercanos al 45%.
Algo similar ocurre con “la tasa de desempleo de un dígito”, la tierra prometida de las campañas electorales y los planes de desarrollo que adopta cada gobierno.
Pero, a diferencia de los políticos y de los encargados de hacer planes de desarrollo (grupos cada vez menos diferenciados), los analistas no necesitamos vender la realidad por medio de un sofisma, o reducirla a discutir una cifra, cuando nuestro interés original era medir la dimensión general del fenómeno como punto de partida para analizarlo.
Confundir el indicador con el concepto
No olvidemos que un indicador es el instrumento técnico mediante el cual se trata de identificar, cuantificar y cualificar un concepto (en términos de tamaño, composición y ubicación). En este caso la tasa de informalidad es el instrumento y la informalidad laboral es el concepto.
Es posible que nuestra confusión actual sobre la tasa de informalidad laboral se deba a sus orígenes históricos. El concepto de informalidad apareció en la literatura económica a partir de la Misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kenia (1972), pero de modo implícito venía figurando en los escritos sobre el desarrollo, particularmente en el modelo teórico de Arthur Lewis (1954). Este influyente modelo describía la economía de un país subdesarrollado como un sistema dual compuesto por un sector capitalista y un sector de subsistencia —también llamado “sector informal” —.
Ahora, si contamos con un sector económico informal, las relaciones laborales dentro del mismo pueden tenerse también por informales, y a dichas relaciones apuntó la primera definición de informalidad laboral, conocida como Definición PREALC-OIT (por Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe de la OIT). ¿Resultado? El conteo de los trabajadores de las pequeñas unidades productivas (menos de 5 o menos de 10 trabajadores) sería igual al conteo de los empleos informales.
Pero el proceso real de desarrollo económico ha creado un panorama más complejo que la simple dualidad entre un sector moderno y un sector atrasado:
- Por un lado, el surgimiento de la informalidad empresarial, que gira en torno al pago o el no pago de los impuestos por parte de las empresas y su acceso consiguiente a los servicios públicos, el crédito, la asesoría, la logística e infraestructura que proporciona el Estado.
- Por otro lado, el que las relaciones laborales informales no se circunscriban al sector atrasado: la informalidad laboral existe tanto en el sector atrasado como en el sector moderno de la economía.
Colombia es un ejemplo paradigmático de confusión en el manejo del concepto de informalidad. La ofensiva mediática del Ministro de Trabajo para promover el Decreto 1174 de 2020 (“Reglamentación del Piso de Protección Social para el trabajo por horas”) y para defender las medidas laborales del gobierno ante la pandemia lo hacen lucir como un alumno —confundido— del profesor Lewis: la informalidad laboral sería apenas un aspecto secundario o residual en el “sector moderno” y no un componente sustancial del mismo.
Por eso mismo no resulta sorprendente que las medidas laborales tomadas por el gobierno en el contexto de la pandemia (en especial el Decreto 770 de 2020, Programa de Apoyo al Empleo Formal), se hayan concentrado en el empleo formal.
Pero un enfoque adecuado de política pública no puede suponer que el problema de la informalidad laboral se resuelva con la simple rebaja de los costos laborales: esto sería recetar un remedio que no corresponde a la naturaleza de la enfermedad ni al proceso que estuvo en su origen. Y sin embargo es la receta mágica del gobierno, que ahora se repite en tiempos de pandemia.
La informalidad laboral es avalada por nuestra sociedad
En los análisis de la informalidad laboral hay ciertos elementos recurrentes que llaman la atención. Por ejemplo, esta informalidad:
- Es más común en el empleo tercerizado o a través de algún subcontratista que en el empleo directo o asalariado.
- Disminuye a medida que aumenta el nivel educativo de la persona ocupada.
- Es más alta en algunas ciudades, llamativamente en las zonas de frontera o alejadas de circuitos, corredores o clúster económicos.
Dados estos patrones, cabe preguntarse si existe un contexto social que avale, cohoneste o disimule las relaciones laborales informales.
Para entender este argumento, es importante mantener el rigor metodológico y conceptual. En esencia, la informalidad laboral es el incumplimiento relativo o total de las normas de protección social que deben cumplirse en el desarrollo de una relación laboral, particularmente, de dependencia. Esta definición tiene dos ventajas:
- Una, relaciona el fenómeno con un tema preciso y adecuado de política pública: el incumplimiento de una norma legal.
- Dos, no atribuye directamente a una de las partes involucradas en la relación laboral el incumplimiento de la norma.
La informalidad laboral es una situación ilegal. El grado de ilegalidad puede variar (evasión total de la norma, elusión por el uso del régimen subsidiado en salud en lugar del régimen contributivo…). También pueden variar las cuotas de responsabilidad en esa violación de las leyes por parte del empleador, del trabajador asalariado, del trabajador cuenta propia o del profesional independiente.
La informalidad laboral existe tanto en el sector atrasado como en el sector moderno de la economía
Pero en todas las circunstancias persisten la existencia y la responsabilidad de un actor: el Estado.
El enfoque simplemente económico o economicista al diseñar normas jurídicas (en este caso, la rebaja de costos laborales) exagera el papel de los cálculos de costo/beneficio en la decisión sobre cumplimiento o incumplimiento de las normas. Atribuir la informalidad laboral a los altos costos laborales es un ejemplo exacto: para que el individuo cumpla la norma basta con reducir el costo de cumplir con ella. Pero el razonamiento ignora dos verdades decisivas:
- Uno, el papel criticable y difuso del Estado en la inspección y vigilancia de las relaciones laborales, y
- Dos, el hecho de que las decisiones económicas no se dan en contextos individuales con cálculo perfecto cálculo de costos y beneficios.
La informalidad laboral es también un síntoma de la informalidad social: el grado de cohesión de una sociedad para cumplir las normas que ha acordado imponerse.