El PP funciona en el Ayuntamiento como “una agencia de colocación que utiliza los recursos públicos para colocar a sus amigos, familiares y a personas afines”, dejando de lado los “criterios técnicos y objetivos” que la Administración debe tener en cuenta en estos procesos y dando mayor importancia al “carnet del partido o al Libro de Familia”, tal y como ha denunciado esta mañana Ganemos Salamanca. Los concejales del grupo Virginia Carrera y Gabriel Risco han comparecido hoy ante los medios de comunicación para informar sobre la situación y para defender los procesos públicos y abiertos, como los llevados a cabo por el grupo granate para contratar a su asesora y coordinadora.
El grupo granate denuncia las contrataciones llevadas a cabo por el equipo de Gobierno, que tienen en cuenta, principalmente, “el carnet del partido o el Libro de Familia”
En la actualidad, el equipo de Gobierno cuenta con diez personas trabajadoras eventuales, así como con otras seis personas incluidas en la plantilla del funcionariado. El PP “se apropia de estos puestos y los pone a su servicio, utiliza a estos trabajadores y trabajadoras para fines partidistas” lo que, para Ganemos, “ni es ético ni honesto”.
En cuanto a servicios concretos, la agrupación de electores hace referencia al Gabinete de Alcaldía y a su área de Comunicación, sobre la que insiste en que debería ofrecer sus funciones a toda la corporación para dejar de ser “para uso exclusivo del alcalde”. Critica, además, la fórmula para elegir a las y los trabajadores de esta área, cuyo director ha sido “elegido a dedo”, sin convocatoria pública de por medio.
Asimismo, en Comunicación “desempeñan o han desempeñado su labor esposas de concejales”, como la del recientemente nombrado alcalde, antes concejal, Carlos García Carbayo, hoy una trabajadora cesada
En cuanto a la Junta de Gobierno Local, un órgano carente de competencias -es el Pleno el que tiene poder de decisión-, Ganemos Salamanca muestra también su rechazo hacia el hecho de que cuente con tres asesores (dos para el PP y uno para Ciudadanos). A este respecto, el grupo granate asevera que estos hechos suponen “un uso particular de los servicios públicos”.