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<<ACTUALIZACIÓN>>
La Junta de Buen Gobierno del Caracol Patria Nueva informó que han aparecido con vida la señora Hilaria Hernández Gómez y sus 3 hijos, Tomas López Hernández de 3 años de edad, los niños Jeremías López Hernández de 10 años y Julio Cesar López Hernández de 6 años de edad.
San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
10 de enero 2022
Acción Urgente No. 2
Desaparición Forzada de 4 Bases de Apoyo Zapatistas del Caracol Patria Nueva
Desplazamiento Forzado por ataque de un grupo armado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información urgente de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol Patria Nueva, en Chiapas, México, que el día de hoy 10 de enero de 2022, aproximadamente a la 1:00 horas, fue atacada la comunidad autónoma 16 de Febrero en el municipio autónomo Lucio Cabañas, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
Un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas, entraron a la comunidad autónoma, desplazando a una familia Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, golpeando con la culata de un arma de fuego a un joven de 15 años, la señora Hilaria Hernández Gómez de 42 años, fue golpeada y obligada a salir su casa mientras llevaba en brazos a su hijo Tomas López Hernández de 3 años de edad, los niños Jeremías López Hernández de 10 años y Julio Cesar López Hernández de 6 años de edad, se quedaron en la casa. Hasta el momento se desconoce el paradero de la señora Hilaria Hernández Gómez y sus hijos Tomas, Jeremías y Julio Cesar.
El Frayba hace un llamado urgente al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata para la búsqueda y localización con vida de la señora Hilaria Hernández Gómez y sus tres hijos, así como realice acciones eficaces para cesar las agresiones del grupo armado que se encuentra en la comunidad. Al cierre de esta acción urgente recibimos el reporte de que el grupo armado se encuentra posicionado en la comunidad autónoma, por lo que existe un grave riesgo a la vida, seguridad e integridad de los habitantes.
Exigimos se respete la jurisdicción, autonomía y libre determinación de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol Patria Nueva, Chiapas Zapatista -municipio oficial de Ocosingo- al implementar las acciones pertinentes.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas.
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Audios de la conferencia de prensa realizada el 6 de diciembre del 2021 en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Frayba, en donde se actualiza la situación de los presos en lucha Abraham y Germán López Montejo y Marcelino Ruíz Gómez.
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 6 de diciembre del 2021.
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
A la sociedad civil y nacional.
A la Sexta nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Consejo Indígena de Gobierno.
A los medios de comunicación.
A lxs defensorxs de los derechos humanos.
Al Pueblo Creyente.
A las organizaciones independientes.
Al pueblo de México y del mundo.
Compañeras y compañeros que han asistido a esta conferencia de prensa o nos ven en cualquier lugar del mundo les queremos agradecer profundamente su escucha y su solidaridad.
Como Grupo de Trabajo No Estamos Todxs queremos contarles sobre la situación carcelaria en nuestro pequeño trabajo.
A lo largo de estos años de acompañamiento que estamos realizado a los presos en lucha hemos tenido la oportunidad de conocer a diferentes cárceles. Estos sitios de supuesta reinserción social no son más que centros de exterminio habitados por lxs seres humanos racializados, empobrecidos y disidentes. En estos lugares donde la vida y su integridad tiene un precio desde el momento del ingreso de una persona presa. Ahí todo se paga el lugar para dormir, la seguridad, una alimentación adecuada, la salud, el acceso a las vistas y un largo etcétera. Es un sitio donde no solamente se romper a la persona que esta adentro sino a todo su entorno familiar donde ellxs también son cristianizados y marginados, hemos visto familias que han vendido todo su patrimonio para poder pagar un abogado con la esperanza de poder ver libre a su familiar. Somos testigos de toda la corrupción que habita en las cárceles, como también de la falta de interés y de humanidad de defensores de oficio, jueces y demás funcionarios del Poder Judicial para hacer eso que mal llaman justicia.
Los casos de nuestros compañeros German, Abraham y Marcelino no son únicos ni aislados. A lo largo de estos años esas historias las hemos escuchado cientos de veces con diferentes rostros y voces, una y otra vez saber de la detención arbitraria, la tortura y la discriminación son los tres elementos para crear culpables. De ahí nuestro odio profundo a estas instituciones y a todo lo que representan, no por ello estamos diciendo que no se debe buscar la justicia de quien ha sido objeto de un delito o de un crimen. Sino todo lo contrario. Pues lo que sabemos sin temor a equivocarnos es que este sistema de justicia crea a más víctimas, donde mucha gente inocente habita las cárceles. De tal manera que la víctima de un delito o un crimen no encuentra la justicia y en el camino de buscar una persona culpable se crea a otra nueva víctima. Creemos profundamente en la justicia, pero una justicia que repare a la víctima, una justicia que busque la no repetición, una justicia donde como sociedad nos hagamos cargo del origen de esas faltas. Todo lo anterior nos deja en claro que las cárceles están llenas de lxs nadie, pues estas instituciones son un reflejo fiel del capitalismo. Donde lxs nadie pagan lo que el mismo sistema crea y les obliga a vivir marginación, pobreza, discriminación e injusticia.
Pero han sido también en las cárceles que hemos conocido la dignidad, la rebeldía y la incansable búsqueda de justicia. Una lucha encarnada en nuestros compañeros y sus familiares. Nuestros compas organizándose y alzando la voz de las violaciones de los derechos humanos que sufrieron en el momento de su detención y a lo largo de sus vida dentro de la cárcel. Pero no solo defendiendo su libertad y condiciones de vida más dignas para ellos, sino que también son portavoces y defensores de otros presos que viven circunstancia similares. Hemos conocido a sus familias que nos han mostrado esa digna rabia que nos inspira profundamente. Somos testigos del desprecio y la humillación que ha realiza cotidianamente las autoridades cada vez que se los familiares exigen hacer justicia. Sin embargo su empeño es claro y su lucha esta dotada de una fuerza inconmensurable. Son nuestros compas presos y sus familias nuestra inspiración y fuerza para seguir con esta lucha por la libertad, la justicia y en contra de este sistema carcelario. No podemos más que agradecerles la oportunidad de acompañarles y seguir su gran ejemplo, mil gracias compas. No están solxs ni lo estarán nunca.
No dejaremos de luchar hasta que nuestros compas German, Abraham y Marcelino recuperen su libertad, por eso nos sumamos al grito profundo exigiendo su libertad inmediata.
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.
Descarga la palabra del GT No Estamos Todxs en PDF
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Buenos días, compañeras y compañeros de las organizaciones civiles de derechos humanos que nos acompañan, a los medios de comunicación que están escuchando nuestra palabra un saludo para todxs.
Soy Adrián Gómez Jiménez integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y sobreviviente de tortura.
Libre pasado 7 de septiembre 3 meses no fue gracias al gobierno, ni la juez del Juzgado de Ejecución que esta como responsable M. Guadalupe Flores Rocha. Todos estos pertenecen al gobierno son omisos he insensibles ante los casos de los presos. Mas bien gracias a la digna lucha, gracias al Frayba y al Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, a otras organizaciones independientes y al Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Obviamente mi libertad a través de un amparo directo penal #66/2021 después de un examen exhaustivo por parte de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado optan por mi libertad de manera absolutorio e incondicional porque se dieron cuenta de las anomalías de mi caso e irregularidades en mi expediente y la violación a mis derechos humanos.
La fiscalía del estado de Chiapas busca quien es culpar y le prefabrica a través de la tortura. Después de estudiar mi amparo y de leer doy cuenta de como prefabrico de mi delito a través de mentiras. El M.P. 5 de marzo orden de aprehensión y que el 6 de marzo del 2004 que el grupo de la policía estatal de investigación UECDO que me detienen y me ponen a disposición del juez pagina 11 párrafo 5.
Que eso es una gran mentira que hace: 3 de febrero de 2004 no fueron la policía estatal sino gente de la comunidad de Zaclamaton, San Juan Chamula 9:00 pm llegaron los agentes judiciales y me llevaron a Tuxtla Gutiérrez. Miércoles me torturaron, son tres días de tortura después de los tres días en Pitiquito un mes de arraigo y sane de los golpes. M.P. de los delitos de privación de libertad en su modalidad plagio o secuestro, robo de auto y delincuencia organizada.
Pase 17 años con 8 meses injustamente, casi 15 años en proceso una violación a míos derechos humanos, nunca se presentaron los supuestos ofendidos a una diligencia de careos.
Durante mi detención nunca vi una orden de aprehensión, ni traductor, ni un abogado. Casi 18 años me robo mi vida el Estado con sus cárceles. El juez no estudia los casos. Las cárceles de Chiapas y en México son un exterminio, las cárceles están llenas de personas inocentes y que son pobres. Los centros penitenciarios junto con el sistema del Poder Judicial es un lugar de hacer fabrica de culpables y condenas injustas y arbitrariedades. Eso lo viví y lo comprobé en vida que la fiscalía del estado de Chiapas busca a quien culpar y no busca a los verdaderos culpables.
Ahora en esta conferencia de prensa queremos decirles a las autoridades que queremos acciones progresivas para los casos de nuestros compañeros Abraham y German López Montejo y al compañero Marcelino Ruiz Gómez que actualmente están encarcelados injustamente. No queremos palabras falsas, ni más mentiras de parte de las autoridades, tal como la juez del Juzgado de Ejecuciones de Sentencias de nombre M. Guadalupe Flores Rocha que ella solo se enfoca de dar mentiras y no se tienta el corazón, mas bien se enfoca en chingar y amenazar. A mi me considero como un rebelde su deber de ella es velar el bienestar de los presos por su beneficio.
Por eso queremos su libertad inmediata e incondicional a Abraham y German López y Marcelino Ruiz.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
6 de diciembre de 2021
Pronunciamiento conjunto
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exige la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo.
Declaró que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria y exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos
Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado
En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas aprobó la Opinión núm. 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los señores Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo (Marcelino, Abraham y Germán), así como de los señores Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez (Juan y Adrián).
El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.
Después de más de 130 días de huelga de hambre y a la fecha, el Estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de jueces NO han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la tortura.
Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha en compañía de colectivos solidarios y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para denunciar la situación injusta, quien ha determinado que el Estado mexicano incumplió las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de asistencia médica, entre otros.
Además los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19, solicitado medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.
Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses y 1 día privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por un delito que no cometió. Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011, y llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron.
Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses y 10 días de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura, cabe mencionar que tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016 mediante cuadernillo 387/MR/2012 sin que esta se cumpliera. Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.
A 40 días de su notificación, exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión núm. 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares. En especial atención pedimos al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez su pronta intervención.
De manera especial debe implementar esta decisión la mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Juan Óscar Trinidad Palacios, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Juan José Zepeda Bermúdez, así como la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado Isela de Jesús Martínez Flores quien ha coordinado la mesa de diálogo y análisis de expedientes penales, así como la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados M. Guadalupe Flores Rocha, ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aun sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas.
Los familiares de los presos agradecemos la solidaridad de los colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que nos han acompañado en esta larga lucha por la justicia y la verdad para nuestros familiares y les pedimos seguirnos acompañando en este caminar y que no nos dejen solas y solos.
Libertad inmediata e incondicional para nuestros compañeros presos injustamente.
Atentamente,
Marcelino Ruíz Gómez
Abraham López Montejo
Germán López Montejo
Juan de la Cruz Ruiz
Adrián Gómez Jiménez
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Grupo de Trabajo «No estamos todxs»
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Concejo Autonomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco
Red de Mujeres de la Costa de Chiapas
Lumantik Herriak
Chuvajeltik
Promedios De Comunicación Comunitaria (ProMedios)
Colectivo Flor de Asfalto
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Nodo Solidale Italia
Nodo Solidale México
Casa de salud comunitaria Yi’bel’ik
Taller Ahuehuete
Confederación General del Trabajo
Internationalt Forum (IF) de Dinamarca.
Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)
Diana Riba i Giner Eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento Europeo.
Aurora Madaula i Gimenez. Diputada en el Parlamento Catalán.
Carles MacGragh i Pruja. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya CICAC y Vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española CGAE.
Sergi Zorrilla Cubells. Asesor de medios y políticas del Parlamento Europeo.
Gemma Aristoy i Pujol. Regidora de Sant Cugat del Valles, Barcelona
Beth Mejan i Aznar. Regidora de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallés, Barcelona.
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Por Samantha Demby
Integrantes de Mujeres que Luchan Oaxaca, la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, la Comedora Comunitaria y otras agrupaciones y personas aliadas marcharon la mañana de miércoles, 17 de noviembre, desde el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, defensora comunitaria Ñuu Savi, cuyo paradero no se sabe desde el pasado 27 de octubre.
Guadalupe Santaella, una integrante de Mujeres que Luchan Oaxaca, pronunció: “Por sus familiares sabemos que nuestra compa no aparece. Estamos esperando y estamos exigiendo su pronta aparición. Estamos exigiendo que el gobierno agilice su búsqueda. Sabemos que en lo que va de este sexenio han desaparecido muchas defensoras de la tierra. Irma Galindo Barrios es una defensora de la Madre Tierra”.
Una miembra de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, precisó: “Como defensoras, como feministas comuntarias, nos pronunciamos en exigencia al gobierno del Estado de Oaxaca, a Alejandro Murat Hinojosa, en la exigencia de la aparición con vida de nuestra compañera defensora de la Madre Tierra, Irma Galindo Barrios, desaparecida en la Mixteca por defender su territorio, por defenderse en contra de los talamontes de la región de la Mixteca…Irma Galindo te estamos buscando y te vamos a encontrar, hermana”.
De acuerdo con la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Irma Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nunca llegó a esta reunión.
En un comunicado publicado el 6 de noviembre, la RNDDHM precisa: “El 27 de octubre fue también el último día en que se conectó a redes sociales, donde denunció el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi y señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años ‘aplicando estrategias’ entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, ‘que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji’.”
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Por Avispa
Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.
El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.
De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.
Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.
Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.
Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.
Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.
Desaparición forzada
El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.
El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).
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Por R. Aída Hernández Castillo
Fotos: Cecilia Lobato, Colectivo Regresando a Casa Morelos.
El domingo 17 de octubre tuvo lugar en Oaxtepec Morelos, un encuentro histórico entre los colectivos de familiares de desaparecidos articulados en la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Se trata de dos de los movimientos sociales más importantes del país, en defensa de la vida. Desde distintas estrategias y espacios de resistencia, estos hombres y mujeres se han convertido en el principal contrapeso a las violencias múltiples que están destruyendo el tejido social de nuestras comunidades.
Haciendo eco a la iniciativa lanzada en julio pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de promover una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, el CNI se acercó a los colectivos de familiares de desaparecidos que se encuentran en Morelos en el marco de la VI Brigada Nacional de Búsqueda. El 31 de julio pasado 756 comunidades zapatistas se pronunciaron por el SI, como respuesta a la pregunta de si “estaban o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia”. Este llamado nos planteó el reto de imaginar y promover dicha campaña, desde movimientos que no siempre comparten sus perspectivas políticas, ni estrategias de lucha, pero que coinciden en denunciar los entramados de violencias y las complicidades estatales con las mismas, así como en apostarle al trabajo de reconstrucción y fortalecimiento de los tejidos comunitarios.
Si bien en varios espacios de encuentro organizados por los zapatistas habían participado familiares de personas desaparecidas –como fue el caso del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en diciembre del 2019– se trata de la primera vez que el EZLN hace un llamado a una campaña nacional de apoyo a las luchas de estos colectivos.
Por su parte del Congreso Nacional Indígena, ha venido denunciando la desaparición y asesinato de varios de sus líderes en distintas regiones del país, como fue el caso del dirigente yaqui Tomás Rojo, desaparecido el 27 de mayo de mayo de este año, y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Vicam, Sonora, unos días después. Así como los asesinatos de los activistas yaquis Luis Urbano y Agustín Valdez durante ese mismo mes. También se movilizaron en torno a la desaparición en septiembre pasado de JoséAntonioSánchezJuárezySebastiánNúñezPérez, bases de apoyo zapatistas e integrantes de una JuntadeBuenGobierno,quienesaparecieronconvidadespuésdehabersidosecuestradosporgruposparamilitaresvinculadosala Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Sin embargo, existen cientos o miles de desaparecidos indígenas en el país, que no tienen militancias políticas ni vínculos con el CNI, cuyas familias no han contado con las redes de apoyo para denunciar ampliamente estas violencias. Sus nombres y casos se han perdido en el anonimato, y hasta ahora el movimiento indígena en el país no ha logrado documentar, ni denunciar los nombres de los miles de desaparecidos y desaparecidas, cuyas vidas han sido truncadas por las violencias extremas, muchas veces perpetradas por actores estatales que deberían de protegerlos.
Por el lado de los colectivos de familiares de desaparecidxs en el país, tampoco se ha visibilizado la identidad étnico-cultural de las personas cuyos cuerpos han sido encontrados en fosas clandestinas, ni de los familiares que buscan a sus hijos e hijas en regiones indígenas. Es decir que la desaparición de personas, se ha diluido en los múltiples agravios denunciados por el CNI, a la vez que la identidad indígena, tampoco ha sido considerada ni en las bases de datos oficiales, ni en las de los colectivos de familiares. Es por esto que el encuentro entre el CNI y la Brigada Nacional de Búsqueda, no solo representa un momento histórico en la articulación de dos luchas que resultan fundamentales para el país, sino que también abre la posibilidad de visibilizar las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidxs.(Las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidos en México – A dónde van los desaparecidos (adondevanlosdesaparecidos.org)
Elencuentro
En una hermosa noche de luna llena, representantes del CNI de distintas regiones del país levantaron sus voces con consignas de apoyo a los familiares de desaparecidos. Integrantes del CNI de Morelos dieron la bienvenida y hablaron de sus luchas contra el Proyecto Integral Morelos, recordándonos que la muerte del activista indígena Samir Flores continúa impune. Las mujeres otomíes de la comunidad migrante a la ciudad de México, que han convertido las antiguas instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la CasadelosPueblosylasComunidadesIndígenasSamirFloresSoberanes, hablaron con la fuerza verbal que las caracteriza haciendo suyo el dolor de las madres, esposas, hermanas de personas desaparecidas. Las Organización de Pueblos Unidos por la Vida de Puebla, que desde marzo pasado mantienen cerrada la embotelladora de agua Bonafont, hablaron del vínculo que existe entre la defensa del agua y la defensa de la vida. Los compañeros de la región totonaca de Veracruz, compartieron los impactos que la desaparición de personas y la violencia del crimen organizado han tenido en sus comunidades. Las presentaciones fueron acompañadas por consignas que hermanaban sus luchas.
Por parte de la Brigada Nacional de Búsqueda se aprovechó para presentar el informe de la Quinta Brigada que se realizó en los municipios de Poza Rica y Papantla en febrero del 2020. Después se les explicó a los representantes del CNI en que consiste esta estrategia de lucha que combina la búsqueda de los y las desaparecidas, con la información y sensibilización de la sociedad civil. Se trata de un movimiento de familiares de personas desaparecidas que desde el 2016 harealizadoseisbrigadasenlosestadosdeVeracruz,Sinaloa,Guerrero, conelacompañamientodeactivistassolidariosquehanhechosuyosudolorysusluchas.Vinodespuésunarondadepresentacionesenlaque representantesde distintosestadosdierontestimoniodelosagravioscometidoscontraellas,susfamiliasysuscomunidades. Nofueposibleque hablaranrepresentantesdelos160organizacionesqueparticipanenestaocasión,peroquieneshablaronlohicierondesdeunavozcolectiva,pueslosylasdesaparecidassonahorahijosehijasdetodas.
Seexplicólaestrategiadetrabajo,atravésdedistintosejesquehanllevadosusvocesacatorcemunicipiosmorelenses.Unas visitan escuelas y con la fuerza de su testimonio contribuyen a la construcción de una cultura de paz con las nuevas generaciones; otras trabajan desde el eje de Iglesias que articula a una comunidad ecuménica, que se propone re-educar y sensibilizar a sus propias autoridades eclesiásticas y comunidades de fe, que en la mayoría de los casos no han estado a la altura de la crisis de derechos humanos que enfrentamos; Sin perder la esperanza de que sus familiares puedan estar vivos, se realizan búsquedas en penales, en donde también se llama a los y las internas a compartir cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos. “No se buscan culpables, solo buscamos a nuestros tesoros” repiten una y otra vez, tratando de apelar a la conciencia de quienes pudieran tener información.
Otras más han tomado picos y palas, para hacer lo que han venido haciendo a todo lo largo y ancho del país: buscar a “sus tesoros” en cañadas, arroyos, terrenos baldíos. Han sido ellas, quienes sin ninguna certificación, se han convertido en expertas forenses y han encontrado muchas de las 4mil806fosasclandestinascon8mil202cuerpos,quereportórecientementelaComisiónNacionaldeBúsqueda.Otrogrupohaconcentradosutrabajoenfiscalizarlosprocesosdeidentificaciónhumana,queenesteestadohansidounejemplonacionaldeineficienciaycomplicidadconlasfosasdeJojutlayTetelcingo.https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/015a1pol.
Los representantes del CNI también compartieron la historia de 25 años de lucha, durante los cuales han enfrentado los discursos y prácticas que en nombre de un supuesto “progreso y desarrollo” pretenden despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Era evidente que en ambas luchas se ha enfrentado una necropolítica que ha tenido continuidad, sin importar el color de los partidos que nos gobiernan. Cerrar la primera semana de trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda, con un diálogo con el CNI, visibilizó la estrecha relación que hay entre las políticas de muerte que se apropian de los territorios y recursos de los pueblos indígenas y las que han convertido el país en una gran fosa clandestina. Los pueblos indígenas articulados en el CNI y las familias de la Brigada están tejiendo una red de resistencias en defensa de la vida que confronta silenciamientos y complicidades estatales.
Como Colectivo por el Florecimiento de los Pueblos, nos hemos unido también al llamado del EZLN a articular esfuerzos en una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, creando espacios de encuentro entre distintos movimientos que luchan por la defensa de la vida a través de la SerieDiálogosdeResistencias, que co-organizamos con Mujeres y Sexta. En este espacio han participado también familiares de personas desaparecidas, representantes del CNI, defensoras de migrantes, familiares de víctimas de feminicidio, defensoras del territorio (https://www.facebook.com/ColectivoCaminoalandar/videos/255793346431186/). Sabemos que hay aún mucho camino por andar, pero estamos seguras de que estos primeros diálogos son ya la semilla de las comunidades de resistencia que nos urge construir para confrontar las políticas de muerte que atentan contra nuestros cuerpos y territorios.
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En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortesía de la familia Uruchurtu.
“¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.
–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.
Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.
–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.
Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.
Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.
En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.
“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.
“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.
Claudia Uruchurtu
El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.
La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.
Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.
Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.
“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.
Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.
Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”
Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.
Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.
“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.
“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.
La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.
Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.
“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.
Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.
El tamaño de la impunidad
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).
El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.
Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.
Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.
Aprender a rastrear
Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.
En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.
“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.
Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.
La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.
Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.
Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.
Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.
Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.
Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.
Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.
–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.
–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.
Lo que no hace el Estado
A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.
El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.
Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.
Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.
Abrir paso a la esperanza
Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.
“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.
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Por Vanessa Garcìa Navarro
Foto por Ángel Huerta
Hace siete años (2014) ocurrió un evento que marcó al país entero, se abrió un capítulo más entre los miles que se suman constantemente al libro de las desapariciones en México; aunque, como la mayoría de las historias, esta tampoco ha encontrado su desenlace y se niega a morir hasta que su “misterio” sea resuelto. Como es bien sabido, la oscuridad de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2016 fue testigo de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Tras de búsqueda implacable, desvelo, rabia e impunidad, las madres y padres desesperados preguntan por el paradero de sus hijos, cuestionan en donde está esa justicia que se les viene prometiendo desde el sexenio pasado. Porque, sin lógica alguna, 84 meses parece ser apenas suficiente para encontrar únicamente los restos de 3 desaparecidos y tener ningún responsable pagando por sus crímenes.
Ha quedado en varias ocasiones evidenciado que las propias autoridades entorpecen las investigaciones, pues el sexenio pasado se ofreció como respuesta de consolación la llamada “verdad histórica” que consistía en un escenario en el cual agentes policiacos corruptos de Iguala (Guerrero) pusieron a los jóvenes en manos del cártel Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula; no obstante, dicha aclamación resulto ser una injuria a su nombre, ya que tiempo después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron dichos resultados y a partir de encontrar en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y en junio de este año los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se derrocó la teoría fraudulenta al probarse de dichos resquicios no mostraban haber sido expuestos al fuego.
¿Entonces, cual fue el verdadero destino de los 43?
Esa pregunta sigue sin respuesta, lo cual, después de siete años añade gravedad a este caso de violación a los derechos humanos. Y no es que no haya avances pues, al menos, hace tres años fue creada (por Decreto del presidente de la República) la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y ya existen 80 detenidos, según informes del actual sexenio; pero los resultados siguen siendo mínimos y continuamente se detienen.
Integrantes de la CoVAJ-Ayotzinapa refieren encontrar interés por parte del presidente en turno -Andrés Manuel López Obrador- en cuanto a dar resolución a este caso; no obstante, los resultados ofrecidos hasta el momento son discordantes a las promesas hechas con vehemencia.
Como dijo Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista y miembro de la la CoVAJ-Ayotzinapa), en una entrevista para Proceso, “le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros”.
En este punto varios padres no encuentran resignación en cuanto a volver a abrazar a sus hijos, no han renunciado a conocer qué les pasó. Así la realidad sea un golpe, ellos ya no quieren analgésicos ni placebos hechos de falsas mentiras y esperanzas, lo que demandan es la verdad (que les otorgará paz o el impulso para luchar todavía más en búsqueda de castigar a los responsables).
Obstáculos en los procesos
Se han desestimado decenas de pruebas aportadas al caso, dado que se determinó que habían sido conseguidas por medio de tortura a los testigos.
Además, no todos los engranajes del gobierno desean trabajar para el mismo fin y ejemplo de ello es que la fiscalía mantiene pendientes 40 órdenes de aprehensión correspondientes al caso de los 43 desaparecidos. Entre las cuales destaca la de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la Agencia de Investigación Criminal) a quien se le acusa de alterar evidencia del caso de los 43 y actualmente se encuentra “escondido” en Israel.
Este 26 de septiembre, se realizó una misa y, después, una marcha encabezada por los padres de los 43 desaparecidos que comenzó a las 4:00 P.M., desde el ángel de la independencia, con destino al zócalo capitalino. Igualmente, en diversos sitios de México y otros países se realizaron acción que se sumaron para exigir justicia y presentación con vida de los 43 estudiantes. Porque este caso no sólo dejo una cicatriz profunda para México y los familiares de los jóvenes, es un crimen que lo sabe el resto del mundo.