Entrevista con Marwan Tashani por Lilia Weslaty
“Soy un juez libio del tribunal de Bengasi establecido en Túnez. Salí de Libia a principios del año 2014 tras recibir amenazas y tras el asesinato de varios magistrados. También presido la Asociación de Magistrados Libios e investigo en los ámbitos de la justicia transicional, de los derechos humanos y de la reforma judicial. Además formo parte de la Red de Defensores de los Derechos Humanos en Libia y en el extranjero”. Así se presenta Marwan Tashani.
AFKAR/IDEAS: Dice usted que abandonó Libia por razones de seguridad, especialmente tras el asesinato de varios jueces. ¿Puede decirnos algo más sobre ello?
MARWAN TASHANI: Después de 2011, se produjo un hundimiento parcial de las instituciones del Estado y una multiplicación de los grupos armados, así como una proliferación significativa de las armas. Cualquier representante del Estado, es decir jueces, policías, el ejército, activistas, militantes pro-derechos humanos y políticos, se convirtieron en un objetivo. Los asesinatos y las amenazas se multiplicaron. Entre 2012 y 2014, mi ciudad registró el mayor porcentaje de asesinatos, perpetrados por grupos terroristas que se oponían a la reconstrucción del Estado. Las amenazas de muerte que recibí estaban firmadas por “Jund al Khilafa” (Los Soldados del Califato) y “Majlis Shabab al Islam” (El Consejo de los Jóvenes del Islam). Recibía estas amenazas en mi cuenta de Facebook, en mi correo electrónico y en mi teléfono, y eso fue a raíz de mis apariciones en los medios de comunicación para reivindicar un Estado de derecho. Un compañero mío fue asesinado en el juzgado en el que trabajaba aunque no era nada activo en la sociedad civil. Le mataron por el simple hecho de ser juez. Las ciudades más afectadas son Bengasi, Derna y Sirte. Hasta el momento, ocho jueces han sido asesinados por disparos o por artefactos explosivos colocados en sus vehículos, y otros seis han sufrido intentos de asesinato, es decir que les han disparado.
A/I: ¿Cómo describiría la situación en Libia? ¿Podemos hablar de un hundimiento del Estado y de sus instituciones?
M.T.: El Estado está a punto de hundirse. Vivimos una auténtica división en la escena política: tenemos dos gobernadores del Banco Central, uno en Trípoli y otro en Baida; dos parlamentos, uno en Tobruk y otro en Trípoli; dos gobiernos, o incluso tres, el último en Túnez; lo mismo sucede con el Tribunal de Cuentas, y así sucesivamente. Las instituciones están divididas, y eso afecta al Estado. Además, hay que señalar un hecho importante, que es que la administración que gestiona los asuntos de los funcionarios prosigue su trabajo, a pesar de todas estas divisiones. La administración encargada de los salarios de los libios en Tobruk y en Trípoli es la misma. Y sucede lo mismo con la Oficina del Estado Civil. Sin embargo, un documento oficial en Trípoli está firmado por el “gobierno de Salvación”, mientas que otro en Baida estaría firmado por el “gobierno libio provisional”, sabiendo que la comunidad internacional solo reconoce a este último.
Mientras tanto, Estado Islámico (EI) y otros grupos armados se aprovechan de esta división para instalarse en nuestro territorio.
El Estado está a punto de hundirse. Vivimos una auténtica división en la escena política.
A/I: ¿Quiénes son los que realmente toman las decisiones políticas en Libia?
M.T.: Los políticos y algunas personalidades, los emires de los grupos armados que tienen influencia y los jeques de las tribus. Pero, a decir verdad, nadie tiene el poder. Cada uno controla su región. Ibrahim Yadran, por ejemplo, tiene el control de los campos petrolíferos, y solo tiene poder donde se encuentra. En cuanto a Bengasi y la región este, están controladas por Jalifa Haftar, el comandante en jefe del ejército. Por otro lado, en Trípoli, hay varios grupos armados, como los del Congreso Nacional General, islamistas. Hay una autoridad subdividida entre varios actores, pero solo los intereses logran unirlos o desunirlos. Cuando Fayr al Libya llevó a cabo su operación en julio de 2014, unos grupos de Misrata, de Zauia y de otros lugares se unieron contra las milicias del Zintan, que se apoderaron del aeropuerto. Después de haberlos desalojado y de haber impuesto su poder, estos grupos se dividieron de nuevo. Hay por tanto coaliciones puntuales y no permanentes, basadas en intereses comunes. Todos estos actores solo rinden cuentas ante sus tribus y sus regiones, y no ante el Estado.
A/I: ¿Puede identificar entonces los obstáculos para establecer un gobierno de unidad nacional?
M.T.: Esta profunda división de la escena política constituye el obstáculo principal. El Consejo Presidencial ha constituido un Gobierno con 13 carteras, pero eso no ha funcionado porque existen disensiones políticas dentro del propio Parlamento, y todos los diputados no están de acuerdo. Esto se explica por el hecho de que las condiciones en las que se creó el Consejo Presidencial han cambiado desde el 17 de diciembre de 2015. Tres meses más tarde, se cuestiona la propia composición de este consejo. También están los que piden que se vuelva a la cuarta versión del Acuerdo Político, cuando se ha aprobado una quinta, que precisa los criterios de los nombramientos para las carteras del nuevo gobierno, es decir, la capacitación, el profesionalismo y la representación. El problema es que el Parlamento no se ha formado según estos criterios. Recordemos que este Consejo Presidencial representa el mosaico libio, que es bastante amplio: Misrata, Trípoli, la corriente islamista, Haftar, Yadran, etcétera. Pero algunos de sus miembros se niegan a reconocer el hecho de que representan a sus regiones. Por tanto, existe un problema real de representación y de legitimidad.
A/I: Recientemente, el enviado especial de Naciones Unidas en Libia, Martin Kobler, ha denunciado la parálisis política e institucional afirmando que “el vacío político y militar actual permite que los grupos terroristas y las redes criminales se asienten. Hoy en día, Libia no tiene verdaderas instituciones públicas”, declaraba ante los miembros del Consejo de Seguridad. ¿Qué piensa de estas declaraciones y qué opina del trabajo de la misión de Naciones Unidas en su país?
M.T.: El papel de Naciones Unidas en Libia es histórico, porque está vinculado a su independencia en 1951. Por aquel entonces, se envió una misión, dirigida por Adriann Pelt, para redactar la Constitución libia y crear sus instituciones. Al principio de la revolución de 2011, la ONU era “aceptada” por la población. Hubo varios emisarios: primero Ian Martin, que logró la supervisión de las elecciones, luego Tarek Mitri, que continuó el proceso de la reforma y, a continuación, Bernardino León, que se aseguró de que se llevasen a cabo las maratonianas negociaciones y que convenció a los “boicoteadores” para que continuara el diálogo. Sin embargo, los criterios establecidos por la ONU para la representación del gobierno no eran claros y pertinentes; a veces incluso eran opacos.
A pesar de todos estos problemas, finalmente se adoptó este acuerdo político en Skhirat en diciembre de 2015. El problema es que la misión de la ONU está muy influida por el enfoque occidental, especialmente de los cinco países que forman su Consejo de Seguridad, es decir Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. No obstante, hay que tener en cuenta a otros países importantes como Egipto, Arabia Saudí, Argelia y Turquía. Estoy a favor de que la misión de la ONU, cuyo mandato se ha renovado por otros seis meses este mes de marzo de 2016, prosiga su trabajo.
Por otra parte, su política podría ser más eficaz si diese más importancia a los derechos humanos. La comisión que trabaja en este apartado realiza un trabajo excelente, pero sus recomendaciones no se tienen en cuenta, y es más bien el aspecto político el que se impone. Esta comisión trabaja fuera de Libia desde 2014, y eso es un verdadero problema. Martin Kobler, por su parte, prosigue sus esfuerzos para establecer un gobierno de unidad nacional.
La OTAN y los países que apoyaron la intervención militar tienen una responsabilidad histórica.
A/I: ¿Ha habido intentos de reconstrucción por parte de la OTAN tras la intervención militar en 2011?
M.T.: La OTAN se retiró directamente tras el final de la guerra, y ninguno de los gobiernos que se han sucedido ha elaborado una estrategia de reconstrucción, sobre todo para las regiones que sufrieron bombardeos aéreos intensivos, es decir en Sirte, en Trípoli y en algunas zonas militares en Sabha. Por tanto, la OTAN y los países que apoyaron la intervención militar tienen una responsabilidad histórica. Estos países dieron y vendieron armas a los jóvenes que se rebelaron contra Gadafi, y este último abrió su arsenal para sus combatientes. Los libios han acabado por matarse entre ellos. Incluso Obama reconoció que fue un error haber dejado el país en esta situación. Por tanto, es una responsabilidad no solo histórica, sino también
ética.
A/I: ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Libia?
M.T.: La situación de los derechos humanos en Libia es muy deplorable. El Estado es débil y no logra tener un control sobre las cosas; los grupos armados son numerosos y todos los bandos recurren a la violencia. Algunas cárceles, donde se practica la tortura, escapan incluso al control del Estado. Desde 2011, se contabilizan más de 600 asesinatos, más de 250 secuestros, centenares, o incluso miles, de casos de tortura dentro y fuera de las cárceles, y violaciones flagrantes de la libertad de expresión. También se han producido explosiones en edificios de medios de comunicación, algunos periódicos han cerrado, muchos periodistas, a menudo amenazados de muerte, se han visto obligados a exiliarse, etcétera. Según el Centro Hessn para la Libertad de Prensa, más de 14 periodistas han sido asesinados. Según nuestra asociación, ocho jueces y tres abogados también han sido asesinados. Hay más de 400.000 personas desplazadas en las 25 ciudades del país.
A/I: ¿Se puede hablar de crímenes de guerra en Libia?
M.T.: Según el informe de la misión de investigación de Naciones Unidas en Libia, publicado en febrero de 2015, se han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad desde 2011. Poblaciones enteras han sido deportadas, algunas ciudades se han vaciado y se han quedado sin población, como ha sido el caso de Tawargha y se han bombardeado edificios. En julio de 2014, algunas instituciones estatales, como los tribunales, el aeropuerto y los campos petrolíferos, fueron atacadas. Recordemos que el Fiscal de la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar y juzgar a los autores de crímenes de guerra, de crímenes contra la Humanidad y de crímenes de genocidio cometidos en Libia desde el 15 de febrero de 2011. Además, en marzo de 2015, se creó una segunda misión de investigación de la ONU para indagar los crímenes graves cometidos en Libia desde 2014.
A/I: ¿Cómo podría Libia llevar ante los tribunales a todos los responsables de estos crímenes?
M.T.: Actualmente, los tribunales y todas las instituciones judiciales son incapaces de aplicar la ley. El poder judicial necesita al Ministerio del Interior, a la Administración, a los órganos del Estado. Supongamos que hay una sentencia contra alguien: ¿quién va a ejecutarla? Necesitamos un cuerpo de policía para aplicar la sentencia. Si se emite una orden de embargar la cuenta bancaria de una persona, la Administración tendrá que hacerlo.
Necesitamos ante todo mecanismos para proteger los edificios judiciales y a sus funcionarios, y reformas legislativas en materia de seguridad. Necesitamos también un proyecto de ley de justicia transicional. Como militante, lo que me preocupa actualmente es, sobre todo, la documentación de los casos de violaciones de los derechos humanos. Llegará el día en que el poder judicial será funcional. Nuestra asociación tiene militantes desplegados en Libia que se enfrentan cada día a varios peligros. Naturalmente, les formamos en los ámbitos necesarios, sobre todo en el de la seguridad.
A/I: ¿Hay cálculos sobre el número de armas en Libia?
M.T.: Para una población de 6,5 millones de habitantes, se contabilizan 20 millones de armas. La mayoría son rusas, estadounidenses, francesas y belgas. Varios países de la región también pasaron armas, como Turquía y Emiratos Árabes Unidos. En 2011, cuando Beyi Caid Essebsi era primer ministro, Túnez era un punto de entrada de las armas, sobre todo a través del puerto de Zarzis, desde donde se transportaban a Tatauine, y luego al interior del territorio libio.
La situación de los derechos humanos es deplorable. El Estado no tiene ningún control
A/I: ¿Existe una propuesta de estrategia para el desarme de los grupos armados?
M.T.: Hay varias experiencias en las que ha habido un desarme como en Kosovo o Serbia, pero esto requiere una voluntad internacional que, por desgracia, no existe en el caso libio. Más bien al contrario, estos países introducen sus armas en nuestro país. Ha habido políticos libios que han hablado de desarme, especialmente el exprimer ministro Ali Ziden. Ha habido una propuesta de recompra de las armas de los ciudadanos, pero todavía no hay una estrategia.
A/I: Según la agencia de prensa alemana DPA, Martin Kobler expresó, en febrero de 2016, sus temores en cuanto a los ataques aéreos contra el EI, que, según dijo, pueden “destruir los esfuerzos llevados a cabo para formar un gobierno de unión nacional” en el país. ¿Comparte su opinión? ¿Y cuáles serían las repercusiones de una intervención militar en Libia?
M.T.: No creo que eso destruyese los esfuerzos realizados para la formación del gobierno porque el EI es un enemigo común. Todo el mundo está de acuerdo en luchar contra él. Si hay una coordinación con las autoridades nacionales, puede que eso dé buenos resultados. Además, añadiría que estos ataques aéreos no serán suficientes. La intervención también tendrá que ser terrestre.
A/I: La economía libia depende básicamente de los ingresos del sector petrolero, que constituyen el grueso de las exportaciones, casi más de la mitad del PIB. ¿Qué consecuencias tendría para la economía libia una intervención militar en el país? ¿Y qué pasará si no la hay?
M.T.: El sector petrolero ya está afectado. Ibrahim Jadhran controla buena parte de los campos. Actualmente, Libia sufre muchas pérdidas. El precio del barril se ha desplomado, y ha pasado de 125 a 25 dólares. Hoy en día, un dólar equivale a cuatro dinares libios, mientras que en 2011 equivalía a un dinar y 30 céntimos. Además, los bancos ya no tienen liquidez porque los libios tienen miedo de depositar en ellos su dinero. También existe un verdadero peligro de que el EI avance hacia el sur porque podría aliarse con Boko Haram. Pero Libia tiene otras riquezas que explotar. Su emplazamiento estratégico, gracias a sus fronteras con seis países africanos a lo largo de más de 4.000 kilómetros, la convierte en un centro de inversión muy atractivo.
A/I: ¿Qué pregunta hubiese querido que le hiciese?
M.T.: “¿Son las tribus capaces de resolver la crisis? ¿Cuál sería el papel de la tribu en Libia?” Las tribus tienen un modo específico de comunicarse y de trabajar. Pueden contribuir enormemente a resolver la crisis política y de seguridad libia, aunque tienen el mismo problema de representación. Por desgracia, parece que nos dirigimos hacia la escisión del país en dos Estados o hacia un sistema federal, mientras que Libia solo puede ser fuerte si está unida.
Por Lilia Weslaty
Estudios de Política Exterior
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