Hace 120 años, el 15 de febrero de 1898, el acorazado de segunda clase de la flota de Estados Unidos Maine sufrió una explosión mientras se encontraba en el puerto de La Habana, capital de la entonces española isla caribeña de Cuba. Este incidente fue el objeto del empeoramiento de las relaciones entre EEUU y España, que ya eran tensas desde los tiempos de John Quincy Adams, quien fuera el 6º presidente, de 1825 a 1829, y que propuso la compra de la Isla a la Corona española. La muerte de 260 marinos norteamericanos en lo que posteriormente se demostró haber sido un accidente debido a una explosión interna del buque fue utilizado por el magnate de la prensa sensacionalista, William Randolph Hearst, para avivar la confrontación entre ambos países y alentar el inicio de la guerra hispano-norteamericana.
Era la primera vez en la historia moderna que un medio de comunicación era utilizado como excusa, y también como provocación, para que EEUU iniciara una guerra de agresión contra otro país. El jueves 17 de febrero el periódico New York Journal de Hearst publicó: “Destruction of the war ship Maine was the work of an enemy” (La destrucción del acorazado Maine es obra del enemigo). En competencia con el monstruo de la prensa estaba Joseph Pulitzer con su New York World, que publicó el mismo día que “la explosión del Maine fue causada por una bomba o un torpedo”. Sin ninguna investigación de los hechos y tras numerosas noticias falsas acusando al gobierno español de asesinar a la población de la Isla, el presidente William Mckinley declaró la guerra a España el 25 de abril de 1898, que condujo a la derrota y pérdida de las colonias en el Caribe y en el Pacífico. McKinley era el mismo presidente que, poco después, participó en otra guerra de agresión junto a otros países europeos contra China en 1900, en la llamada 'guerra de los boxers'.
La tradición de la 'prensa amarilla' de Hearst, con la utilización de la propaganda y las falsas noticias, fue continuada por los medios occidentales y utilizada por los gobiernos de países imperialistas con fines políticos y económicos. Probablemente fue a mediados del siglo XX cuando la propaganda llegó a su cenit con Paul Joseph Goebbels, jefe de propaganda del régimen nazi en Alemania. Estas prácticas utilizadas en la producción y ventas de productos de gran consumo entraron en colisión con los principios de la publicidad comercial, proliferando la publicidad engañosa, la desinformación mediante la publicidad tendenciosa de un sector económico o contra su competencia, y la ocultación y manipulación de características dañinas en la comercialización de productos agrícolas e industriales. Son conocidos los casos promovidos por empresas dedicadas a la alteración genética de alimentos y a la fabricación de vehículos.
Todos estos ejemplos de manipulación de los mercados, vulnerando la competencia, contravienen los principios de libertad del liberalismo y demuestran la ineficacia de los órganos de supervisión estatales. Esta deficiencia no se produce solamente a nivel de los Estados nacionales sino también de los organismos de supervisión de la Unión Europea que, incluso denunciadas estas prácticas restrictivas de la competencia y, en muchos casos, la violación de leyes sanitarias y medioambientales, no resiste las presiones y amenazas de los grupos empresariales.
El artículo 20 de la Constitución española de 1978, en su apartado 1. d), reconoce el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" y en su apartado 3, el mismo artículo establece que "la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes el Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España".
Como decía más arriba, la protección de los derechos de ciudadanos y consumidores a una información veraz no sólo está contemplada en las legislaciones nacionales sino que también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea la reconoce en su epígrafe relativo a la libertad de expresión e información del artículo 11. Este precepto comunitario en su apartado 1 previene que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras". Por lo tanto, la propia filosofía liberal que informa la Carta de Derechos Fundamentales reconoce la libertad de recibir información veraz como un derecho individual y refuerza este derecho en su apartado 2, al decir que “se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”, aunque, en una traducción deficiente según mi opinión, subraya la libertad de los ciudadanos de tener acceso a diversos medios de información de diferentes tendencias pero sin vulnerar la veracidad de la información difundida.
Lamentablemente ni las autoridades nacionales ni las Instituciones Europeas velan por el estricto cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. La inexistencia de verdaderas sanciones por la violación de dichos derechos convierte a los textos mencionados en papel mojado cuya ejecución solamente se puede ejercer ante los tribunales de justicia, con el consiguiente riesgo de la opinión e interpretación de los jueces y magistrados y la discriminación por razón de la capacidad económica de las partes. El estado de Derecho no solo se basa en un catálogo de supuestos derechos y obligaciones sino que debe otorgar a los ciudadanos y consumidores la posibilidad de ejercer sus derechos contando con la tutela judicial efectiva y la facilidad del acceso a la justicia sin coste, porque la libertad no tiene precio.
En el aniversario de la ignominiosa agresión de los Estados Unidos contra un país europeo, me sobrecoge leer y escuchar opiniones de periodistas y falsos expertos españoles alineándose con los mismos agresores y violadores del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en pleno siglo XXI. El imperialismo no ha cambiado de táctica, ha cambiado de continente y lamentablemente muchos ciudadanos, incluidos políticos y periodistas, demuestran tener mucho orgullo pero poca dignidad. El mismo diario New York Journal al que me he referido antes publicaba en su primera página: "President of United Status: Keep Philippines forever. This must be our future policy" (Presidente de Estados Unidos: Quedémonos para siempre con Filipinas. Esta debe ser nuestra política en el futuro). Y hasta ahora se ha cumplido, puesto que EEUU ha venido interviniendo en todos los continentes de forma ignominiosa y con mentiras.
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Carlos Puente Martín es analista político-económico especializado en Unión Europea y miembro de la Junta Directiva de FACUA.