Ante ello, la togada atendió la petición de la exprimera dama y programó para el 21 de septiembre la audiencia en la que se discutirá las medidas de coerción de Torres.
Hasta el momento, Torres tiene prohibición de asistir a reuniones de carácter político y guarda arresto en su domicilio, beneficios que le fueron concedidos por la jueza Eva Recinos. En una ocasión pidió que se le permitiera acudir a actividades de la UNE, sin embargo, la jueza Domínguez rechazó la petición.
Permiso para participar en actividades políticas
De acuerdo con algunos diputados de la UNE, la intensión de Torres es que la jueza le retire la prohibición de participar en actividades políticas porque tiene la intención de volverse a presentar como candidata a la Secretaría General de esa agrupación política, esto debido a que los partidos políticos deberán realizar una asamblea general para elegir a su representante, pero por la pandemia de COVID-19 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió los plazos para evitar las reuniones multitudinarias.
Procesada por financiamiento electoral ilícito
El pasado 16 de octubre, Torres fue ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado, esto luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) argumentaba que la excandidata presidencial consintió aportes por Q5.9 millones que no fueron reportados al TSE
Torres tiene impedimento judicial para salir del departamento de Guatemala, abandonar el país, reunirse con coimputados o testigos y participar en cualquier reunión política. Además, la ex candidata debe firmar una vez a la semana el control biométrico en el Ministerio Público.
Suspende nombramiento
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dejar en suspenso el nombramiento de Sandra Torres como Secretaria General de la UNE, luego de declarar sin lugar los recursos de apelaciones interpuestos por el Departamento de Organizaciones Políticas de la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y por la misma excandidata presidencial.
La máxima corte en materia constitucional validó la sentencia emitida por el Juez Tercera de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que otorgó un amparo al congresista Óscar Argueta, quien reclama ser el representante legal de la agrupación política en mención.