Dime con quien hablas y te diré quien eres: Bukele y la hipócrita política antipandillas
Dr. © Esteban Arratia Sandoval *
Parece un déjà vu. Tal como sucedió en 2012, el medio digital El Faro dio un golpe noticioso al revelar que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha negociado secretamente con una de las principales pandillas operativas en el país, la Mara Salvatrucha (MS-13), buscando reducir el índice de homicidios y obtener apoyo electoral a cambio de beneficios penitenciarios[1]. Desmintiendo así la versión oficial que atribuía la milagrosa caída en 60% de la violencia letal registrada desde que asumió el nuevo gobierno a la supuesta efectividad del Plan Control Territorial, una trillada estrategia antipandillas basada en despliegues policiaco-militares en zonas rojas y operaciones de alto impacto.
Sin embargo, como era de esperarse, el primer mandatario lo ha negado a pie juntilla, básicamente, por dos motivos. Primero, un factor reputacional que Benjamin Lessing denomina “limitaciones de aceptabilidad”: el temor a ser percibido como débil en el combate contra el crimen, asumiendo frente a la opinión pública que ha dado el brazo a torcer; o bien, la aprehensión de parecer cómplice de los grupos criminales[2]. La segunda razón guarda relación con la legislación antipandillas vigente, que prohíbe todo acercamiento, de hecho la sola convocatoria a diálogo se encuentra penada.
Este episodio enrostra una verdad incómoda: las pandillas son un poderoso actor político en la sociedad salvadoreña, un intermediario informal entre el 94% del territorio nacional y el aparato estatal. Gobiernan comunidades rezagadas recaudando impuestos extorsivos, desafían el monopolio legítimo de la violencia, paralizan el transporte público, influyen en procesos electorales ostentando un caudal de votos considerable (se estima que 60.000 aproximadamente), e incluso decretan toques de queda en sus dominios para enfrentar la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Dicho de otro modo, sin la venia marera, no se gobierna, ni a nivel local ni nacional.
Por tal motivo, los principales partidos políticos se han visto forzados a entenderse con estos grupos criminales tras bambalinas, pese a que ante la opinión pública, los demonizan y les declaran la guerra abiertamente. Basta recordar el fallida tregua promovida por la administración de Mauricio Funes, las negociaciones realizadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para obtener su apoyo electoral durante el balotaje presidencial de 2014, y las conversaciones realizadas en 2015 por el jefe de gabinete del entonces alcalde Bukele para construir un mercado en el centro de la capital salvadoreña[3].
Es momento que la elite política salvadoreña deje la hipocresía, y cambie su actitud respecto al combate contra las pandillas, replanteando la narrativa del “enemigo público” que ha construido el establishment. Ciertamente, las maras no son unas santas palomas, pero tampoco hay que ignorar los factores que contribuyeron a su rápida expansión: un caótico posconflicto marcado por una economía destruida, un tejido social roto y un Estado negligente que las criminalizó para obtener réditos electorales ante una población traumatizada por una sangrienta guerra civil. Muestra de aquello fueron los contraproducentes planes Mano Dura y Súper Mano Dura que influyeron en su dinámica organizacional, fortaleciéndolas. Por lo tanto, es necesario que las autoridades salvadoreñas asuman su grado responsabilidad en la agudización de la violencia pandillera.
Siguiendo esa lógica, es preciso también superar el falso dilema que ha dominado la gestión de la seguridad pública durante el posconflicto: prevención versus represión. La violencia generada por estos grupos armados no sólo se soluciona lanzando gravosas ofensivas, también hace falta invertir en medios de subsistencia alternativos. Durante la última década, se ha triplicado la partida presupuestaria relacionada con la participación militar en tareas de seguridad pública[4]. Ese dato indica claramente dónde está focalizada la estrategia y derriba aquel mito de la supuesta incapacidad del gobierno salvadoreño para enfrentar a las maras. Apuntando más bien a una falta de voluntad política, la misma que ha impedido sanear las deficientes instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz, particularmente en el sector seguridad y justicia.
Solo así se podrá evaluar seriamente la posibilidad de emprender un nuevo proceso de pacificación que conduzca al desarme, desmovilización y reintegración de las pandillas. Una negociación de paz realista, transparente y comprehensiva capaz de equilibrar las agendas criminales, las demandas expresadas por las víctimas, los aportes realizados por la sociedad civil (academia, ONGs, empresariado e Iglesia) acerca del fenómeno pandilleril y el férreo apoyo de la comunidad internacional. No obstante, su sostenibilidad dependerá de un acuerdo nacional que la dote de legitimidad sociopolítica, un alto grado de coordinación interagencial para su implementación, así también de plazos, términos y condiciones claras que estén acompañadas por mecanismos de sanción efectivos (y creíbles) en caso de incumplimiento por alguna de las partes o para neutralizar a eventuales saboteadores.
Mientras lo anterior no ocurra, la sociedad salvadoreña continuará atrapada en un círculo perverso donde la violencia armada siga derramando la sangre de miles de inocentes cada año ante una hipócrita clase política que prioriza cálculos electorales por sobre las legítimas aspiraciones de justicia y paz, las cuales podrían materializarse en una salida negociada. Como alguna vez el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, sentenció: “Prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas, a una guerra perfecta que siga causando muertes”.
* Dr. © en Estudios Americanos y Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Becario Doctorado Nacional por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Académico colaborador de Estudios Contemporáneos.
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