El Caso Manga es una derivada catalana (Girona) del caso Pokémon. Se investiga a la exconsejera Irene Rigau; a dos diputados de Junts pel sí, Natàlia Figueras y Jordi Orobitg; a un hermano de Oriol Junqueras, así como a 40 empresarios y políticos locales.
En 2012 se abrió la macrocausa Pokémon, centrada inicialmente en Galicia, que cuenta con más de un centenar de imputados, de la que salió una derivada catalana, el caso Manga. Su epicentro está en el consejo comarcal de la Selva y en el Ayuntamiento de Sant Hilari cuando estas dos administraciones gerundenses estaban gobernadas por el convergente Robert Fauria.
En febrero de 2013, se detuvo una decena de personas, entre las que se encontraban Fauria y los empresarios Àlex Ros y Josep Maria Franch, responsables de la consultora GRS Arc Local.
No obstante, los asuntos que deberá esclarecer el juzgado de Santa Coloma de Farners, si es que acepta completar la instrucción del caso Manga, son tramas de ámbito comarcal. Un cúmulo de piezas relacionadas con supuestos concursos a medida, contratos manipulados, falsos trabajadores y favores a partidos políticos. La prensa catalana apenas a entrado en estas tramas a excepción de Diari de Girona, que ha informado puntualmente de las pesquisas de la juez instructora.
Comedores escolares. La pieza de mayor relevancia es la adjudicación del servicio de comedores escolares de la comarca de la Selva a la empresa Eurest por más de 29 millones de euros. De la documentación y de los pinchazos telefónicos, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) apuntan que representantes de Eurest mantuvieron contactos con responsables del consejo para acordar las condiciones del concurso. Para dar la apariencia de licitación abierta, los investigadores sospechan que se convenció al grupo Serhs, presidido por Ramon Bagó, para que presentase una oferta a sabiendas que ganaría porque su función era la de comparsa.
Formaban parte de la mesa de contratación dos de los actuales diputados de Junts pel Sí: Natàlia Figueras (PDECat) y Jordi Orobitg (ERC). La jueza Pilar de Lara ordenó a Vigilancia Aduanera que informase de la condición de aforada de Irene Rigau, entonces consejera de Educación de la Generalitat, porque no impidió la aplicación de un canon que encareció la concesión de los comedores escolares. Queda por ver si el juzgado gerundense se atreve a imputar a Rigau, que ya ha sido procesada por el caso 9N junto a Artur Mas y Joana Ortega.
“Pasteleo”. Así se denomina la pieza donde se analizan las relaciones personales y profesionales entre cargos políticos comarcales y miembros de la consultora Arc Local. Precisamente, la alcaldesa Ada Colau, en su condición de presidenta del Área Metropolitana de Barcelona, dio marcha atrás hace unos días en la designación de Joaquim Oliveras como responsable de la empresa pública Barcelona Cicle de l’Aigua porque su nombre aparece entre los investigados.
Calendarios de CiU. A través de Àlex Ros, administrador de Arc Local, una concesionaria municipal pagó la impresión de calendarios publicitarios de CiU para apoyar la candidatura del entonces alcalde Robert Fauria.
Brujas y bandoleros. Esta pieza se refiere a la contratación de un proyecto de rutas turísticas conocido por el nombre de “Bosques de brujas y bandoleros”. Mediante un concurso negociado sin publicidad, el trabajo se adjudicó a la empresa Nora, la única que reunía las condiciones. El importe superaba los 40.000 euros. La jueza Pilar de Lara sitúa a Roger Junqueras, hermano del exvicepresidente de la Generalitat, como cooperador necesario en un supuesto delito contra la administración pública. Precisamente, el ministro Jorge Fernández Díaz y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ya se refirieron en sus polémicas conversaciones al hermano de Oriol Junqueras.
Expedientes manipulados. Una empleada de Arc Local, con acceso a la base de datos del consejo, manipuló supuestamente expedientes sancionadores. El caso se tapó porque se trataba de una militante de ERC y, en aquellos momentos, los republicanos garantizaban la mayoría a Fauria en el consejo.
Una de las investigaciones afectó al ex consejero Felip Puig. El Servicio de Vigilancia Aduanera, una unidad policial antiblanqueo adscrita a la Agencia Tributaria, solicitó a la juez Pilar de Lara la imputación de Felip Puig porque supuestamente habría actuado de “conseguidor” para que Arc Local obtuviera un contrato del ayuntamiento de Moià (Barcelona). Perece que la instructora no hizo caso a la súplica de los investigadores. Este caso no figura en la interlocutoria que la magistrada gallega ha remitido al juzgado de Santa Coloma de Farners. Entre los méritos de Pilar de Lara está haber encontrado el cabo de la madeja, el caso Campeón, que acabó con la carrera política de Oriol Pujol Ferrusola.