Este artículo de Nikki Drake fue publicado originalmente en la página web de NACLA y se publica aquí como parte de un acuerdo para compartir contenidos.
Hace ya dos años que comenzaron los diálogos de paz en Colombia. Reunidos en La Habana, los negociadores del gobierno colombiano y su principal antagonista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han estado intentando llegar a un acuerdo para ponerle fin al prolongado conflicto armado que afecta el país. Entretanto, mientras continúan los diálogos, algunas comunidades han intentado reducir la violencia al mantener una distancia, que sea activa y creíble, de las principales partes involucradas en el conflicto. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CP), ubicada en el departamento de Antioquía en el noroeste del país, es una de esas comunidades.
Creada por campesinos agricultores en 1997, la Comunidad de Paz pretende evitar verse aun más involucrada en el conflicto armado mediante una resistencia pacífica frente a la ocupación de sus tierras por parte de actores armados avalados por el gobierno y de la oposición. Desde el principio, los miembros de la CP se rehusaron a participar en un programa de seguridad del gobierno conocido como CONVIVIR, el cual, entre otras cosas, utilizaba a los civiles como informantes en contra de las fuerzas de la guerrilla. La participación en el programa habría debilitado la neutralidad del grupo—uno de sus principios fundamentales— y habría generado aun más riesgos de sufrir episodios violentos.
Luego de una masacre que le quitó la vida a siete miembros de la Comunidad de Paz en 2005 (por la que luego el presidente y ex gobernador de Antioquía Álvaro Uribe culpó a las guerrillas de las FARC), Uribe acusó públicamente a los líderes de la CP de “estar al servicio de las FARC” y de “querer usar a la Comunidad para proteger esta organización criminal”. Sin embargo, el Procurador General de Colombia luego determinó que la masacre fue llevada a cabo por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con la Decimoséptima Brigada del Ejército Nacional de Colombia. Por años, entidades estatales y fuerzas públicas han sido vinculadas con actos de violencia hacia comunidades colombianas. El propio Uribe ha sido acusado de mantener lazos con grupos paramilitares a lo largo de su carrera política. En 2013 se inició una investigación oficial en su contra, pero en marzo de 2014 fue elegido como miembro del Senado Colombiano, donde permanece siendo una fuerte fuerza política—un oponente del gobierno de Santos y la actual serie de Diálogos de la Paz.
Casi desde su creación, la Comunidad de Paz ha sido cubierta por medidas protectoras de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estas medidas requieren que el estado colombiano respete y proteja a la Comunidad de Paz, y también que investigue los crímenes perpetrados a sus miembros. El sistema de la OEA, sin embargo, no tiene el poder para ponerlo en práctica, por lo que debe recurrir a la presión política internacional como la herramienta para la implementación de las resoluciones. La Corte Constitucional de Colombia (CCC) sostuvo las medidas de los años 2003 y 2007 tomadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Medidas adicionales nacionales prohíben que las fuerzas publicas colombianas y los agentes del gobierno estigmaticen o difamen a los defensores de los derechos humanos como la CP y las organizaciones que la acompañan. Aun así, estas resoluciones y directivas de la Corte a menudo son ignoradas.
En 2012, la CCC ordenó al gobierno de Colombia adherir a cinco puntos en respuesta a los requerimientos expresados por la Comunidad de Paz con el objetivo de restablecer un diálogo con el estado. El primer punto requería «una disculpa pública oficial» del actual gobierno colombiano por las declaraciones difamatorias realizadas por el ex presidente Uribe. La disculpa llegó en diciembre de 2013, en la que el presidente Santos retiró las “injustas acusaciones en contra de la Comunidad”, y reconoció su presencia como una “valiente vindicación de los derechos de los colombianos que, a pesar de haber vivido el conflicto en persona, han continuado luchando por lograr la paz para el país”.
El segundo punto estaba pensado para evitar que el miedo y la persecución del pasado nuevamente se convirtieran en una realidad, lo que requería que el estado ideara un plan de prevención de cualquier futura estigmatización de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Aunque la finalización del primer mandato parecía ser factible para el año 2014, menos de un año después de la disculpa emitida por Santos comenzaron a circular comentarios negativos y estigmatizantes en contra de la CP y sus organizaciones acompañantes en los medios de noticias nacionales realizados por líderes de las brigadas locales del Ejército Nacional.
En octubre de 2014, por ejemplo, un programa televisivo llamado Testigo Directo describió a la Comunidad de Paz como un «búnker al que las autoridades no pueden entrar… el cual, se dice o asegura, está gobernado o co-gobernado por las FARC». Otros comentarios refirieron a que ciertas ONG internacionales y la CIDH son utilizadas para proteger a las fuerzas guerrilleras locales. El programa mostró una entrevista con el Coronel Germán Rojas Díaz, el comandante de la brigada 17 —la unidad militar encargada de mantener el control en el área donde se localiza la CP—, en la que estigmatiza y difama a la Comunidad y a los residentes de toda la ciudad en la que se ubica la Comunidad, y donde además asevera que «sus padres son de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó…y que la gran mayoría de los rangos de la guerrilla nacen y son criados allí». Esta entrevista es una de varias del Coronel Rojas; el comandante de la Brigada Móvil de la región 11 y sus tropas realizaron declaraciones públicas similares.
Los esfuerzos por desacreditar y debilitar la Comunidad de Paz y las ONG internacionales no son nuevos. Por mucho tiempo estos grupos han sido los perros guardianes de la región: por denunciar públicamente acciones de fuerzas armadas tanto legales como ilegales que violan las directivas nacionales y los fallos de la corte, y que a menudo ignoran la seguridad y los derechos de los civiles, como está garantizado por la ley humanitaria internacional. Una estigmatización similar y ataques mediáticos fueron utilizados en 2009 y 2010 en contra de entidades relacionadas con los procedimientos judiciales contra la Brigada 17, que tiene una historia de alegaciones y acusaciones oficiales relacionadas con masacres, desplazamientos forzados, y vínculos con grupos paramilitares.
La Comunidad de Paz desea que el estado colombiano y los grupos armados sean considerados responsables, pero lo que más desea es poseer su propia tierra. A lo largo de los años, el deseo de poseer la tierra colombiana en gran parte ha estado sujeto al establecimiento de influencia política, el control de la producción y el transporte de coca, y la posesión a gran escala de tierras para criar ganado, y de plantaciones de banana y de aceite de palma. Los esfuerzos por parte de los individuos y las comunidades de mantener sus tierras han acarriado amenazas, desplazamientos, y masacres. En los últimos años, la creciente demanda internacional de recursos naturales ha generado una afluencia de intereses extranjeros de inversión y desarrollo, lo que hace que la tierra sea aún más codiciada. A partir del 2012, se ha otorgado o solicitado el permiso de explotación minera en el 40% de la tierra de Colombia.
La Comunidad de Paz está localizada a lo largo de la Serranía de Abibe, una zona históricamente estratégica para los actores armados de manera ilegal y para el transporte de coca, que se encuentra entre los departamentos de Antioquía y Córdoba. La región es altamente codiciada por la industria de extracción de carbón, petróleo y oro. A pesar de estar muy militarizada, la región también es conocida por su gran presencia paramilitar. La Comunidad de Paz es uno de los únicos grupos locales que resisten el control por parte de los grupos armados e invasivas corporaciones multinacionales, y una de las pocas que resalta las conexiones entre estas entidades y el estado.
El Contralor General de la República de Colombia ha reconocido la falta de regulaciones estatales y la relación entre el conflicto agudizado y las zonas ricas en recursos. Su preocupación de que el modelo de minería actual no «está teniendo en cuenta las implicaciones humanitarias, medioambientales y socioeconómicas» lo condujo a recomendar la interrupción de los nuevos contratos mineros en las áreas en conflicto. La Corte Constitucional de Colombia también reconoció que “en algunas partes del país está claro que los actores del conflicto armado y los intereses económicos han establecido un vínculo, una unidad que es una de las principales causas del desplazamiento forzado”.
En el «Reporte de riesgos 078-04” de noviembre de 2014, la Defensoría del Pueblo de la Nación denunció la «fuerte influencia social, política y militar» de las fuerzas paramilitares en la región, y manifestó gran preocupación sobre las amenazas y la estigmatización dirigidas a los líderes de la Comunidad de Paz. La misma entidad reportó sobre proyectos de construcción de casas y rutas financiados y facilitados por el poderoso grupo paramilitar de la región llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Campesinos agricultores denuncian presiones y amenazas para que abandonen o vendan sus tierras, que luego AGC vende a corporaciones multinacionales a precios mucho más altos —un negocio lucrativo detrás de una devastadora guerra civil. A pesar de varios intentos, la Comunidad de Paz se rehusó a permitir la construcción de rutas que atraviesen sus tierras, y pidió que las organizaciones que la acompañan ayuden a proveer seguridad y visibilidad adicionales en la zona.
A más de un año de las disculpas de Santos, los otros puntos de la orden de la CCC no se han cumplido, y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó continúa enfrentándose a los desafíos de mantener sus tierras y su existencia mientras resiste el conflicto y los intereses económicos que la rodean. Aunque ha disminuido desde principio de 2015, la observada estigmatización de la Comunidad de Paz y las organizaciones de los derechos humanos por parte de las brigadas regionales del Ejército Nacional, junto con la continua negación de garantizarles legitimidad, no sólo genera dudas con respecto al compromiso de la administración de Santos de hacer de los derechos humanos una realidad, sino que también genera dudas sobre su capacidad de implementar el complicado acuerdo que se está negociando con los rebeldes de las FARC.
Nikki Drake es parte de FOR Peace Presence, una ONG internacional en Colombia. Ha estado viviendo y trabajando en Sudamérica durante los últimos tres años. Para saber más sobre el trabajo de FOR Peace Presence con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, visite http://peacepresence.org/.