A principios del año pasado, el guardián público del Condado de Cook empezó a preocuparse de que la agencia de bienestar infantil de Illinois estaba fallando de nuevo a las familias hispanohablantes cuyos niños estaban bajo su cuidado.
Así que Charles Golbert decidió llevar a cabo un experimento. Durante 10 meses, abogados de su oficina contaron el número de casos nuevos que involucraban a familias hispanohablantes. Después, los funcionarios averiguaron cuantos de los archivos de esas familias incluían un documento crucial que determina si el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois debe otorgarles servicios en español, como requiere una orden de una corte federal.
De los aproximadamente 80 casos identificados por los abogados, Golbert dijo que ni uno incluía el llamado formulario de determinación de idioma.
“Es chocante,” dijo Golbert. “Esto me dice que no es una prioridad para el DCFS [Las siglas del departamento en inglés.] Todas las asignaciones de trabajadores sociales hispanohablantes y servicios y colocaciones tendrían que emanar de este formulario inicial. El DCFS no ha cumplido sus promesas.”
Una investigación de ProPublica en 2019 reveló las dimensiones del fracaso del DCFS en cumplir con la orden judicial federal, que fue resultado de una demanda civil colectiva de derechos civiles en los años 70. La orden de la corte, conocida como Burgos, obliga a la agencia a ofrecer ayuda a las familias hispanohablantes en su idioma de preferencia y colocar a los niños en casas donde el español es preservado. Después de que la investigación fue publicada, el director de la agencia, Marc Smith, prometió reformas.
Pero más de dos años después, el DCFS sigue sin cumplir los requerimientos más básicos de la orden judicial entendidos para asegurar que los padres hispanohablantes comprenden lo que tienen que hacer para recuperar la custodia de sus hijos, preservar un vínculo con ellos y honrar la cultura de la familia.
La falta de cumplimento con el formulario puede parecer técnico, pero puede tener un efecto dominó en todo un caso. Los padres—muchos de ellos inmigrantes indocumentados ya reacios a entrar en contacto o criticar a las agencias gubernamentales—pueden durante meses o años tener asignados trabajadores sociales que no hablan su idioma, o enfrentarse a largas demoras en acceder a servicios en español, todo lo cual prolonga la separación de sus hijos.
El problema más grande, dijeron activistas, familias y algunos funcionarios de la agencia, es que ninguno de los oficiales u organizaciones con autoridad legal en el caso ven la orden judicial federal como una prioridad. Además, muchos activistas han aceptado que la orden de la corte no será rigurosamente aplicada y en privado admiten que una orden judicial imperfecta es mejor que ninguna.
Durante años, la oficina del fiscal general de Illinois, que representa al DCFS, ha rechazado las solicitudes de documentos sobre el cumplimiento puestas por abogados representando a familias que se supone que tendrían que ser ayudadas por la orden de la corte.
Mientras tanto, aquellos abogados, del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación, o MALDEF por sus siglas en inglés), una organización nacional de derechos civiles sin fines de lucro, han dejado pasar los años sin controlar el cumplimiento.
El DCFS ha hecho avances marginales en los últimos dos años, incluyendo una largamente esperada actualización de su sistema interno de control de casos para rastrear mejor la información demográfica básica de las familias. En el pasado, ProPublica descubrió que algunas veces los trabajadores habían clasificado mal o hasta falsificado las preferencias lingüísticas y étnicas de las familias.
El sistema actual permite al DCFS controlar de forma más precisa si los hijos de padres hispanohablantes están viviendo en hogares de tutela donde no se habla español, dijo un portavoz de la agencia, Bill McCaffrey. En julio, la agencia había documentado 19 infracciones de este tipo, aproximadamente 8% de los 235 niños clasificados como pertenecientes a familias Burgos.
“El DCFS continúa haciendo progresos para asegurar que los niños y las familias reciben servicios en el idioma que prefieren,” dijo McCaffrey en una declaración escrita. “Hay más trabajo por hacer, y nuestro progreso en los últimos dos años en servir y hacer seguimiento de esta población demuestra el compromiso por parte del Director Smith y la dedicación de nuestros funcionarios en asegurar que proveemos los mejores resultados posibles para todos los niños y las familias.”
Dijo que la agencia creó un grupo de tareas Burgos el septiembre pasado que se reúne para ocuparse de su cumplimiento. El DCFS también produce informes mensuales sobre infracciones, aunque la agencia no los facilitó a los reporteros.
Dijo que el DCFS no tenía conocimiento del sondeo hecho por la oficina de Golbert el año pasado. Pero la agencia llevó a cabo una auditoría separada este año para averiguar si los funcionarios estaban rellenando el formulario de determinación de idioma. McCaffrey rechazó compartir el resultado de la auditoría, pero dijo que posteriormente se les recordó a los trabajadores sociales y a los supervisores del requerimiento.
Oficiales de la oficina del defensor público del Condado de Cook, que representa a padres en casos de bienestar infantil, dijeron también que rutinariamente faltan los formularios cuando los casos son traídos por primera vez ante un juez. Algunos todavía quedan sin rellenar meses después. Como resultado, a padres que no hablan inglés se les asignan trabajadores sociales que no hablan español.
“Si no hablan el mismo idioma, no hay relación,” dijo Aaron Goldstein, jefe de la división civil de la oficina del defensor público. “No hay oportunidad para llamar y decir…‘Me fijé que usted faltó a una reunión o una sesión o terapia. Ocúpese de eso.’…Aun si están usando servicios de interpretación, se pierde tanto en esa traducción.”
En respuesta a preguntas de ProPublica, McCaffrey dijo que la agencia va a controlar el uso de los formularios “mientras trabaja hacia el cumplimiento” con la orden judicial de 1977.
Los reportajes anteriores de ProPublica mostraron como empleados del DCFS y sus agencias privadas bajo contrato a veces presionaban o alentaban a los padres hispanohablantes para renunciar a sus derechos Burgos al escoger el inglés en los formularios con la esperanza de acelerar sus casos.
Esto es lo que le pasó a Jorge Matías, el padre inmigrante guatemalteco indocumentado descrito en el reportaje. Su joven hijo fue colocado con padres de tutela que lo criaron hablando eslovaco. Mientras pasaban los años, Matías no podía comunicarse con su hijo. Posteriormente fue deportado.
Después de la publicación del reportaje, la oficina del fiscal general pidió la opinión de MALDEF sobre el formulario de determinación de idioma. El objetivo, dijo Annie Thompson, portavoz de la oficina, era hacer el formulario más claro y “alentar a las familias a ser francas” sobre si prefieren inglés o español.
En la respuesta, abogados de MALDEF dijeron que el formulario era confuso y complicado. Pero casi dos años después, no se ha hecho cambio alguno. Thompson culpó a la pandemia, en parte, por las demoras, y dijo que el DCFS sigue “en el proceso de hacer cambios.”
Parte del problema es que el DCFS carece de suficientes trabajadores sociales bilingües para responder a las necesidades de las familias. La agencia tiene 153 trabajadores bilingües a pesar de una ley estatal del 2008 que obliga al DCFS a emplear a 194 funcionarios bilingües de primera línea; el DCFS nunca ha cumplido con este requerimiento.
Aún la familia de Matías, que fue materia de un informe del inspector general del DCFS que concluyó que sus derechos bajo la normativa Burgos habían sido violados, se ha topado con este asunto. Los parientes de Matías, que tienen custodia de su hija más joven, dijeron que pidieron un nuevo trabajador social bilingüe el año pasado pero fueron informados que ninguno estaba disponible.
McCaffrey reconoció la falta de empleados bilingües. Dijo que la agencia está evaluando cuáles oficinas necesitan más trabajadores bilingües. El DCFS se apoya en traductores y en una línea telefónica de idiomas para interpretación cuando no hay trabajadores bilingües disponibles.
“El personal bilingüe está abrumado con la cantidad de casos, y también con tener que ayudar a sus trabajadores sociales,” escribieron los miembros del Consejo Latino de Asesoría de la agencia en las recomendaciones realizadas en un borrador al director del DCFS que fueron compartidas en una reunión en agosto. “La línea de idiomas no es suficiente para evaluar la seguridad en muchos casos.”
No es solo un problema del DCFS; las agencias privadas que se encargan de casos para la agencia también carecen de empleados bilingües. Goldstein, de la oficina del defensor público, compartió archivos redactados de un caso reciente en el cual a un padre se le negó acceso a un trabajador social hispanoparlante. “En este momento, la agencia no tiene ningún empleado hispanohablante en nuestro departamento,” un empleado de la agencia escribió en un correo electrónico en julio.
No ha habido un monitor independiente para asegurar el cumplimiento de la orden judicial desde los años 90. El DCFS solo tiene una empleada cuyo trabajo es dar seguimiento a casos de la ley Burgos.
El MALDEF, que está basado en Los Ángeles pero tiene una oficina en Chicago, ha hecho esfuerzos esporádicos a través de los años para conseguir los informes que necesitaría para controlar al DCFS. En agosto del 2019, la organización pidió a la oficina del fiscal general del estado la documentación—la primera vez que había pedido la información desde el 2012. El MALDEF nunca recibió los documentos y no volvió a ocuparse del tema después del pedido inicial.
Thompson dijo que el pedido era “extremadamente voluminoso” pero, después de ser preguntado por ProPublica, dijo que la oficina del fiscal general iba a suministrar los archivos “en las semanas que vienen.”
El litigio de Burgos había estado inactivo durante casi una década antes de la investigación de ProPublica del 2019. El MALDEF solicitó en audiencia en corte la semana de la publicación del reportaje.
Thomas Saenz, presidente y consejero general del MALDEF, dijo que la organización tiene los recursos y el personal para continuar representando a las familias latinas en el caso, pero tiene que considerar su estrategia legal antes de avanzar. Entre las opciones: pedir apoyo a la legislatura del estado para reformas, pedir a la administración Biden que use su autoridad para exigir que el DCFS haga un mejor trabajo proporcionando servicios bilingües como requiere la ley federal, o volver a una corte para pedir un revisor independiente.
“Cuando tienes una agencia con un historial recalcitrante, a pesar de la atención pública, en desatender sus responsabilidades, entonces este es el momento apropiado para un control externo, independiente y bien dotado de recursos,” dijo Saenz. “De otra manera, no vas a cambiar la cultura.”
McCaffrey dijo que oficiales del DCFS no creen que haga falta un revisor externo.
Hay alguna presión para tratar de conseguir reformas a través de la legislación estatal. Este mes, el Gobernador J.B. Pritzker firmó una ley que crea un equipo de tareas para examinar los dispares impactos raciales de la política del DCFS sobre familias que entran en el sistema de bienestar infantil.
Una parte pequeña de su mandato—inspirada por el reportaje de ProPublica, dijo Tanya Gassenheimer, una abogada del Shriver Center on Poverty Law [Centro Shriver sobre la Ley de Pobreza en español] —es explorar “políticas y protocolos que honren el idioma, la cultura y la herencia en la formación de la identidad y las relaciones familiares.”
“Suena como si fuera solo una barrera lingüística, pero el idioma está atado a tantas otras cosas: la identidad de uno, la conexión con los padres, abuelos, familia extendida y toda la cultura de uno,” dijo Gassenheimer, cuya organización ayudará a liderar el equipo de tareas. “Cuando el DCFS no suministra servicios en el idioma de uno, es muy pernicioso para el niño, los padres y la familia.”
La representante estatal Delia Ramírez, una demócrata de Chicago que tiene intención de juntarse al equipo de tareas y enfatizar la importancia de la orden judicial federal, se reunió recientemente con funcionarios del DCFS para dar seguimiento a previas preocupaciones sobre la forma como la agencia se maneja con las familias hispanohablantes. Dijo que se alegraba de escuchar algunas de las reformas, especialmente el nuevo sistema de la agencia para rastrear las infracciones de la ley Burgos. Pero se mostró menos impresionada por otro logro promocionado por el DCFS: que está traduciendo su sitio de internet al español.
“Es como ridículo,” dijo Ramírez. “Estamos en 2021. Dieciocho por ciento del estado es latino. ¿Ahora finalmente te vienes a dar cuenta de que sería bonito?”