Casi nueve años después de haberse iniciado, parece que el caso Autocentrum encara su recta final, que, en opinión de la Fiscalía, debería acabar con el ingreso en prisión de Eloy Castro durante nueve años. Así lo recoge en su escrito de acusación, en el que considera al gerente de este negocio de compra-venta de vehículos autor de un delito continuado de estafa, por el que pide cuatro años de cárcel, más otro continuado de falsedad en documento mercantil, por lo que añade otros cinco años.
Ha sido un reciente auto de la Audiencia Provincial el que ha permitido desatascar un asunto que llevaba alrededor de dos años prácticamente paralizado, pese a que hay casi una treintena de víctimas. En dicho auto, el alto tribunal lucense rechaza el recurso que interpuso el abogado de Eloy Castro contra la decisión de la jueza Sandra Piñeiro de poner fin a la instrucción y transformarla en procedimiento abreviado para que pueda ser juzgado.
El letrado había alegado que no se podía cerrar la instrucción, entre otros motivos, porque no se habían localizado dos ordenadores que fueron intervenidos por la Policía Nacional durante el registro de Autocentrum. Y, en efecto, todo apunta a que esas dos CPUs no están localizadas, pero la Audiencia entiende que su contenido no afecta a las pruebas ya existentes.
Según razonaba la defensa de Castro, contenía imágenes de las cámaras de seguridad del negocio, con las que pretendía demostrar que las ventas investigadas se hicieron de manera legal. Sin embargo, la Audiencia explica que "es de todos conocido que el simple visionado de las cámaras en modo alguno puede acreditar la licitud de un pacto. Por tanto, el análisis de los ordenadores resultaría irrelevante".
Solo con las operaciones ya cuantificadas, las indemnizaciones que solicita la Fiscalía pasan de 241.000 euros
Del mismo modo, por "superfluas" e "irrelevantes", el tribunal decide rechazar el resto de alegaciones encaminadas a impedir el cierre de la instrucción, lo que ha permitido desbloquear el asunto. De este modo, el juzgado de instrucción ha podido dar traslado a las partes del escrito de acusación que la Fiscalía ya había redactado y presentado el 29 de octubre de 2014, apenas 15 días después de que el juzgado comunicara el auto de transformación en procedimiento abreviado que fue recurrido por Eloy Castro, recurso que inexplicablemente tardó más de dos años en ser tramitado.
En dicho escrito de acusación, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral y pide nueve años de prisión para el conocido estafador lucense, que ya arrastra varias sentencias firmes por hechos similares a los que se recogen en caso. Se trata de hasta 32 operaciones de venta de coches realizadas "con ánimo de obtener un beneficio económico injusto a costa de sus clientes y a sabiendas de que no cumpliría sus obligaciones contractuales", en palabras del ministerio público.
La descripción individual de cada una de las operaciones investigadas completa un catálogo de todo tipo de estafas posibles en la venta de vehículos de segunda mano: desde la clásica manipulación del cuentakilómetros a, directamente, la negativa a entregar el coche pagado, pasando por el fraude en los años de matriculación o los extras del vehículo, las irregularidades en la documentación o la venta de coches con averías que imposibilitaban su circulación.
A ello, siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, Eloy Castro unía una tendencia incontrolable a quedarse con el dinero no solo de los créditos que sus clientes suscribían bajo su recomendación, sino de otros que él suscribía a nombre de sus clientes utilizando sus datos y falsificando sus firmas, en alguna ocasión hasta la de los dos miembros del matrimonio.
Estas prácticas comenzaron, además, desde el primer momento en que comenzó a funcionar el lustroso concesionario de Augas Férreas, en una actuación en la que la jueza instructora detectó todas las características que se pueden esperar de una "actividad defraudatoria" como la que se imputa a Eloy Castro: "En la estafa el ilícito penal surge por la intención inicial de no hacer efectiva la contraprestación o por la conciencia de la imposibilidad de cumplirla... En esta variedad defraudatoria que se imputa al señor Castro el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte... aprovechándose de la confianza y la buena fe del perjudicado".
CIENTOS DE MILES DE EUROS. De este modo, y solo en la treintena de operaciones analizadas en la instrucción, Castro obtuvo beneficios de cientos de miles de euros, ya que a los conseguidos por las ventas de los vehículos hay que sumar los procedentes de los créditos que tramitó a nombre de los clientes y cuyos importes se quedó él, en unos casos íntegros y en otros, en parte.
De hecho, además de la pena de prisión, el fiscal solicita una elevadísima cantidad en indemnizaciones. Solo en cantidades que ha podido cuantificar, suma más de 241.000 euros. Pero a esta cantidad hay que añadir todas las que se deriven de la diferencia entre el precio pagado por cada uno de los compradores y el precio real de mercado de cada uno de los vehículos en el estado en que se encontraban y con sus características tanto de motorización como de extras, en todos los casos muy inferiores a las pactadas.
En la mayor parte de los casos existen, además, pruebas documentales de las operaciones, incluidas transferencias bancarias.