Al descubierto, la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia en México. En un estudio del Casede, expertos en inteligencia y seguridad nacional señalan la incapacidad del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado y para respetar los derechos humanos. El actual consejero de la Presidencia en materia de seguridad nacional, Jorge Tello Peón, reconoce que por primera vez en muchos años el Estado mexicano ha perdido control territorial. Al improvisar una supuesta “guerra” contra el crimen organizado, “Felipe Calderón no sabía lo que le esperaba”, señala Sergio Aguayo
Jorge Tello Peón –consejero de la Presidencia en materia de seguridad nacional– reconoce que por primera vez en muchos años tanto las estructuras institucionales como las “históricas” han perdido control territorial en México. “Antes por lo menos se sabía quiénes eran (los que controlaban ciertas regiones del país)”, indica.
El exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual asesor de la Presidencia de la República añade que la gran cantidad de información que fluye sobre la seguridad, el crimen, la violencia y la impunidad ha generado en la población la sensación de riesgo a la seguridad personal, miedo, confusión, enojo y frustración.
En el texto “La seguridad pública en México. Síntesis social” –escrito para el Atlas de la seguridad y defensa de México, primera publicación del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC (Casede)–, también acepta que el entorno social de la población es “cada día más violento”, lo que ha generado un ánimo nacional de ansiedad y angustia. Y el ciudadano promedio comienza hacer oír su grito, que es mezcla de ansiedad, reclamo y preocupación”.
Entretanto, Sergio Aguayo Quezada considera que si en la guerra al crimen organizado “el Estado salió de su catatonia” y lanzó la primera ofensiva, también se trató de una decisión improvisada. “Felipe Calderón no tenía idea de lo que le esperaba”. En su contribución “¿Quién gana la guerra contra el narcotráfico?”, Aguayo cita una entrevista que el mandatario federal sostuvo con el director del diario madrileño El País, el 15 de junio de 2008, donde expresó: “Cuando llegué a la Presidencia, el alcance del narco era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave, pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había que sanarlo a como diera lugar”.
A tal confesión, el profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México lanza la pregunta: “¿Diagnosticó bien la dolencia o provocó una metástasis?” Aprecia que ésta es una batalla en la cual la calidad de la información “es vital”, pues el crimen organizado “la tiene y de primera”, mientras que el gobierno y la sociedad están generándola.
Al comparar los resultados de los primeros 18 meses de gobierno de Calderón con el mismo periodo de sus antecesores, el analista observa cómo se dispara el número de detenidos y la cantidad de decomisos de droga, dinero, armas y aeronaves. Además, destaca la reducción “notable” en la cifra de deserciones del Ejército Mexicano que, dice, alimentan las filas del sicariato: en 2006 botaron el uniforme 20 mil 536 militares; en 2007 fueron 15 mil 665.
Las malas noticias, dice el investigador, es que las cifras empequeñecen al contrastarlas con lo que se sabe sobre el dinero que se mueve en el negocio de la droga. Asegura que con un criterio muy conservador, en el primer año de gobierno, “el valor de lo decomisado representa una merma para los cárteles de sólo el 6 por ciento del dinero que mueven”. Explica que el impacto sobre el trasiego de armas “es todavía más insignificante”, pues sólo se capturó 1.4 por ciento del total del arsenal que, se estima, ingresó al país en los primeros 18 meses de este gobierno.
Pregunta Sergio Aguayo: ¿Cuántos desertores policías y militares se convirtieron en sicarios? ¿De cuántos efectivos armados disponen los cárteles? ¿Cuál es su base social? ¿Cuántas de las armas ilegales no decomisadas están en manos de los cárteles? ¿Qué tanto participa el crimen organizado en la política federal, estatal o local? ¿Tiene el Estado mexicano algún plan para anticiparse a los riesgos asociados con la mayor presencia estadunidense en las instituciones de seguridad mexicanas? Y ¿qué sigue si falla el Ejército en el combate al narco? Al final, afirma que por la violencia generalizada y la corrupción desenfrenada, avanza la percepción de que México está convirtiéndose en un Estado fallido.
Barry R McCaffrey, exjefe de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas y comandante del Comando Sur, en su trabajo “El desafío mexicano: corrupción, crímenes y drogas”, explica que las fuerzas armadas se utilizan cada vez más por el gobierno federal “debido a las deficiencias en los organismos encargados de hacer cumplir la ley civil”. Reconoce que la administración de Calderón “tomó el poder con una débil legitimidad política” en una controvertida elección.
Desde su perspectiva, el gasto propuesto por el gobierno estadunidense para respaldar a México “es irrelevante” comparado con lo que ha gastado en Irak y Afganistán (que han consumido 700 mil millones de dólares con un saldo de 36 mil soldados muertos y heridos). McCaffrey enfatiza que lo que Estados Unidos se juega en México es enorme “y no se puede permitir tener un narco-Estado como vecino”. Además, plantea un difícil escenario para la seguridad nacional de su país, que la administración de Barack Obama debe impedir, pues “en menos de ocho años”, los violentos y beligerantes cárteles criminales de droga podrían abrumar a las instituciones de Estado y establecer un control de facto en amplias regiones del norte del país.
Inteligencia
Con frecuencia se dice que la inteligencia y la prostitución son las profesiones más antiguas de la historia, aunque lo que se dice menos es que, a pesar de las continuas críticas que ambas profesiones reciben, sus servicios son ampliamente utilizados y apreciados por sus usuarios, comenta Luis Herrera Lasso en su trabajo “Inteligencia y seguridad nacional”. Rechaza la versión de que los servicios de inteligencia se conocen más por sus fracasos que por sus aciertos, y opina que la misión fundamental de la inteligencia es evitar que se concreten amenazas que comprometan la tranquilidad social, la estabilidad y la gobernabilidad.
El fundador y director del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos describe el sigilo, discreción y secretismo de las tareas de inteligencia como su “principal atributo”, pues una condición para desactivar cualquier amenaza a la seguridad nacional es el elemento sorpresa. “Hacer públicas las investigaciones de inteligencia anularía sus resultados”, explica Herrera Lasso al señalar que, frente a la sociedad, esto siempre ha sido y será una ventana de vulnerabilidad.
Estima que muchas preguntas quedan en el aire sobre los sistemas de inteligencia: ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para quién trabajan? ¿A qué intereses responden? Sostiene que la diferencia entre sistemas de inteligencia radica en la forma en que se responde a las preguntas: inteligencia ¿Para qué? ¿Quién la hace y cómo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Quién los supervisa?
Debilidad institucional
El atlas aborda el abandono de las fronteras norte y sur donde prevalecen el subdesarrollo económico, la pobreza, el éxodo migratorio, el deterioro ambiental y, sobre todo, la pérdida de vidas ligadas a la inseguridad. Abelardo Rodríguez refiere que esto es ejemplo de políticas públicas endebles para construir un Estado responsable con su sociedad, territorio y fronteras, porque sus instituciones resultan vulnerables para hacer frente a amenazas internas y externas.
Para Rodríguez, la inexistencia del Estado nacional en amplias regiones del país está en el fondo de la impunidad y la corrupción, pues “el gobierno mexicano extravió la posibilidad de anticipar problemas”, como cita en su examen “México: ausencia de una política de Estado en la seguridad nacional”. También llama la atención a la “guerra total” contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Felipe Calderón con un aparato no reformado del todo y que, “en algunos casos, suele ser disfuncional” y a veces se encuentra inconexo de la inteligencia, la seguridad pública, la seguridad nacional, la defensa y la política exterior.
El profesor investigador del departamento de Estudios del Pacífico en el Centro de Estudios del Norte de la Universidad de Guadalajara sospecha de las verdaderas motivaciones de esa “guerra total” sin un diagnóstico integral. “Hay algo que no cuadra” entre el país que recibió el presidente y lo que ha intentado ejecutar, ya que la debilidad institucional del Estado en su conjunto es evidente, manifiesta, pues además de estar desarticulada, la estrategia actual no es integral, debido a que se centra en el combate al tráfico ilegal de drogas. No despliega esfuerzos similares en el decomiso de armas y de dinero, en el consumo de droga y las adicciones.
Defensa atípica
En su trabajo “Sistema de defensa, fuerzas armadas y profesión militar”, Marcos Pablo Moloeznik señala que el sistema de defensa mexicano es atípico ya que coexisten dos secretarías de despacho, Defensa y Marina, cuyos titulares son militares en servicio. Estima que ambas dependencias son “pesadas estructuras burocráticas” con casi nula integración y participación de civiles, a lo que se suma el elevado grado de autonomía del que gozan los militares para fijar las líneas maestras de la política sectorial.
Cita que México es uno de los países que menos recursos destina a este rubro en comparación con sus pares del hemisferio; tanto así que en 2006, el gasto en defensa representó 0.44 por ciento del Producto Interno Bruto y 2.41 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por eso, destaca el doctor en derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, España, es comprensible la participación de la Defensa y Marina en misiones y funciones relacionadas con la seguridad pública como una forma de “obtención de fondos adicionales”.
Además, Pablo Moloeznik indica que México carece de una verdadera fuerza aérea, pues la existente se subordina al Ejército, de modo que la Secretaría de la Defensa (Sedena) decide qué sistemas de armas aéreos se adquieren. Indica que un factor sui géneris es la ausencia de integración y doctrina conjunta entre las fuerzas armadas, y que no existe un Estado Mayor o comando conjunto y son escasas las operaciones de adiestramiento conjunto.
Este profesor de seguridad nacional de la Universidad de Guadalajara apunta que, por otra parte, son múltiples misiones las que se le confieren a las fuerzas armadas. Describe la estructura del Estado Mayor Presidencial, que protege la seguridad física del primer mandatario, y el “desempeño de acciones de carácter policial, parapolicial” de las fuerzas armadas, sumadas a atender desastres naturales y actos “socio-organizativos”. El resultado de esta multiplicidad es la dispersión y descuido de su función principal, como brindar seguridad a instalaciones estratégicas y combatir la contrainsurgencia.
En su opinión, la lealtad y subordinación de las fuerzas armadas “no es gratuita, tiene un costo” que se traduce en el grado de autonomía y el goce de prerrogativas como: la expansión de su rol en el mantenimiento de la ley y el orden interno, la coordinación de defensa, el monopolio de la planeación sectorial y su autonomía en la administración de sus recursos.
Dimensión internacional
Para Arturo Sotomayor, la relación entre política de defensa y política internacional de México es compleja, pues ésta no siempre ha existido y en ocasiones “se le ha negado”. Ahí incide el que México carezca de una tradición de pensamiento internacional propia, por lo que las fuerzas armadas monopolizan y definen los límites y alcances del debate sobre defensa nacional.
Señala que ni Estados Unidos ni un país centroamericano amenazan la existencia de México; de esta manera, un vínculo entre lo militar e internacional se diluye sin la presencia de un enemigo exterior concreto y tangible. Ese supuesto se confirmó en 2001 cuando los países latinoamericanos se democratizaron y se fortaleció el control civil sobre las fuerzas armadas y México se retiró del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que, para este autor, sólo debilitó la ya precaria relación entre política de defensa y política internacional.
John Bailey, de la Universidad de Georgetown, aporta una visión desde Estados Unidos al desafío de seguridad de México. Aprecia que desde los ataques con granadas contra civiles, el 15 de septiembre de 2008, en Morelia, Michoacán, y contra el consulado de Estados Unidos en Monterrey, el 12 de octubre del mismo año, la dinámica del crimen organizado cambió: ya se habla de narcoterrorismo, asegura.
Así lo muestra el lenguaje “semicatastrófico” que se usa en Estados Unidos para hablar de México, dice Bailey en su artículo “Seguridad binacional y combate al crimen organizado. Logros y mitos”. Estima que sólo en 2009 hubo más muertes en México a causa del crimen organizado que en Afganistán, y agrega que la administración de Obama aún no reflexiona qué hacer respecto de su política bilateral con México cuyo eje es sólo la seguridad.
Por su parte, Craig Deare recuerda que en seis años como secretario de Defensa, Donald Rumsfeld nunca viajó a México, visita que sí hizo Robert Gates en abril de 2008 y que para él se traduce en la necesidad de mayor vínculo. En su texto “Relaciones de defensa México-Estados Unidos”, también aprecia que la existencia de dos secretarías, en lugar de una que agrupe a la defensa, limita los acuerdos con Estados Unidos.
Tras el 11 de septiembre de 2001, securitizó los temas bilaterales al crear el Comando Norte, con una visión de “comando combatiente regional”. Para el profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro para Estudios de Defensa Hemisférica, cuando ese comando interactúa con México, Canadá y algunas islas del Caribe, se viola el principio de “unidad de mando” en la guerra y crea innecesarias grietas entre México y Guatemala, así como confusión en el Caribe.
En Centroamérica, la política exterior de seguridad de México es totalmente diferente, explica Carlos Rodríguez Ulloa. Observa que a través del Sistema de Integración Centroamericano, el gobierno mexicano mantiene una estrategia de seguridad para mejorar la coordinación e intercambio de información a nivel regional, como lo hace con la Plataforma México, donde comparte información con otros países, además de la República Dominicana y Colombia.
Explica que sólo en 2007, el Cisen desplegó un importante activismo en materia de intercambio de insumos e información con 43 organismos (22 civiles, 13 militares y ocho policiacos) de 34 países. Menciona que la Sedena se caracteriza por una acción exterior “discreta y acotada” distinta de la acción de la Secretaría de Marina (Semar), que despliega una diplomacia militar más “activa”. Refiere que, tan sólo entre septiembre de 2007 y junio de 2008, acudió a 24 reuniones sobre cooperación internacional.
Por su parte, la Semar fortaleció acuerdos para hacer más eficientes sus operaciones en combate al narcotráfico por el intercambio de información con Estados Unidos, Guatemala, Perú, Panamá, Colombia, Uruguay, Chile y Nicaragua. Firmó un acuerdo de cooperación marítima con Colombia, un acuerdo bilateral de inteligencia con la Marina de Guerra de Perú, un pacto de intercambio de información con Panamá y otro de inteligencia con Chile.
Fronteras violentas
La frontera entre México y Estados Unidos es espacio y marco para la cooperación y definición de retos trasfronterizos. En la actualidad, los problemas de violencia, inseguridad y crimen organizado cuestionan severamente su estabilidad y la seguridad nacional de ambos países, explica José María Ramos en “La seguridad en la frontera con Estados Unidos: de la ineficacia a políticas estratégicas”.
Estima que tal situación resulta de las limitaciones de la política antidrogas estadunidense hacia la frontera, la ausencia de cooperación binacional eficaz que erradique tales problemas, el tráfico de armas hacia México y las desarticuladas acciones intergubernamentales mexicanas contra la inseguridad. Como indicador del impacto de esa violencia, Ramos señala que en 2008 hubo casi 1 mil 600 muertes violentas en Tijuana y 2 mil 300 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Apunta que la mayoría tenía vínculos directos o indirectos con actividades ilícitas.
Pese al efecto de la inseguridad en la frontera, no existe un plan estratégico ni integral, afirma este académico del Colegio de la Frontera Norte, quien prevé que, por ello, es de esperarse que se mantengan o agudicen tales problemas.
La frontera sur de México, históricamente, no estaba muy presente en los esquemas de seguridad hasta después del 11 de septiembre de 2001, cuando a Estados Unidos le comenzó a preocupar la porosidad de ese espacio al posible tránsito de células terroristas, la actividad de las maras o pandillas trasnacionales y sus posibles vínculos con organizaciones criminales o terroristas, apunta Natalia Armijo en su estudio “Vulnerabilidades de seguridad en la relación México-Centroamérica”.
Por ello, la inseguridad se convirtió en una prioridad, señala la investigadora de la Universidad de Quintana Roo. Dice que la frontera sur es un flanco débil para la seguridad naval y aérea mexicana, pues resulta difícil controlar el tráfico de la cocaína colombiana que se mueve por vía marítima, terrestre y aérea. Armijo Canto propone soluciones de carácter multisectorial para atender la complejidad de los retos de seguridad en esta frontera, además del diálogo.
La visión legislativa
Para el académico Javier Oliva, en el sistema partidario del país, sólo el Partido Revolucionario Institucional posee una estructura específica para abordar y analizar la seguridad nacional. Reconoce también que ese partido no logró hacer un diagnóstico o una propuesta más allá de la coyuntura para prevenir los conflictos que derivan del desequilibrio en el programa económico que se aplica en México desde 1982.
Rodrigo Iván Cortés describe que para el Partido Acción Nacional, el Estado ya no es el referente tradicional y único de protección, sino la persona, por lo que el concepto de seguridad nacional de su partido contempla la protección frente a toda amenaza que atente contra su desarrollo integral. Contra el crimen organizado, sentencia: “Se les debe pegar donde más les duele”. Propone armonizar la legislación federal con directrices internacionales en lavado de dinero.
Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática critican el abuso del Ejecutivo federal de las facultades constitucionales que le han sido atribuidas. Señalan que “el presidente se extralimita” en su combate al crimen organizado cuando establece “estados de excepción factuales” que restringen las garantías individuales de los habitantes en gran parte del país. Un desafío próximo es la introducción de una definición constitucional en materia de seguridad nacional.
No regresar al autoritarismo
Cualquier estrategia de seguridad y defensa no puede ir contra las formas democráticas y el respeto a los derechos humanos; es decir, no se puede retroceder y buscar soluciones en modelos de seguridad autoritarios y verticales, o por medios que privilegian el empleo de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, señala el Atlas de la seguridad y defensa de México, primera publicación del Casede, resultado de un trabajo de especialistas nacionales e internacionales en la materia.
Este documento revisa el debate actual sobre la seguridad, defensa, inteligencia, justicia, democracia y derechos humanos en el país. Describe cómo, para algunos, la seguridad debe verse de forma amplia e incluir la pobreza y el subdesarrollo; mientras que para otros, la seguridad y la defensa son problemas particulares para los que el gobierno debe encontrar estrategias de impacto rápido, como las reformas al sistema de seguridad pública, el sistema de justicia, el sistema de defensa, o bien evitar el uso desmedido de los militares y combatir la corrupción.
También refiere cómo algunas vertientes de pensamiento consideran que el crimen organizado tiene un factor exterior, como el creciente consumo de drogas en Estados Unidos y la amplia producción de narcóticos en la región andina de Suramérica. En el sentido opuesto, otros razonamientos apuntan al entorno interno donde proliferan formas criminales propias, como el secuestro, la delincuencia común, la piratería y otras formas ilegales de operación.
Además de examinar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que representan el tráfico de drogas, armas y personas, la publicación del Casede pasa revista al rol del narcotráfico en la política, el terrorismo, la guerrilla y las maras, y cómo se atiende (o se soslaya) la necesidad de información desde la transparencia institucional y la participación del sector privado en la construcción de la seguridad.
El atlas del Casede incorpora además la evaluación de otros investigadores sobre el sistema de justicia y policial; evalúa las amenazas y vulnerabilidades a la seguridad y el abordaje de los medios de comunicación. Sus datos, estadísticas y gráficas de la seguridad y la defensa provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y adiciona información del Instituto para la Seguridad y la Democracia y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
El Casede es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que recibe apoyo de fundaciones para llevar a cabo sus actividades.
Encuentro de cárteles
Bruce Bagley, investigador de la Universidad de Miami, revisa la evolución del comercio de droga andino, mexicano y americano. Describe que, al comenzar el siglo XXI, México se convirtió en el “violento epicentro” del contrabando de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Estima que tras esa transformación, las organizaciones ilícitas mexicanas han ganado al menos 15 mil millones de dólares anualmente, que podrían ser hasta 25 mil millones de dólares, según el precio del mercado, si se suman las ganancias por contrabando de cocaína con las de otras drogas antes cultivadas en México, como la marihuana, heroína/opio y metanfetaminas.
Bagley describe, en “La conexión Colombia-México-Estados Unidos”, cómo surgieron en Colombia el cártel de Medellín y su competidor el cártel de Cali, y que por su posición dominante en el auge del comercio de cocaína, ambos eran “incuestionablemente” más ricos y poderosos que los grupos criminales en México.
Los primeros contactos ocurrieron a fines de la década de 1980, cuando los cárteles colombianos usaron Centroamérica como un nuevo corredor estratégico para exportar su cocaína a Estados Unidos con el cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes. Cuando cayeron los cárteles colombianos en 1990, disminuyó la importancia de esa región para contrabandear cocaína y se amplió la conexión entre los grupos colombianos y el cártel de Juárez, y más tarde en Tijuana, con la familia Arellano Félix en la segunda mitad de la década de 1990.
Según Bagley, el pacto estableció que la paga a los mexicanos sería una tarifa fija. Por esa posición desventajosa, exigieron la mitad de cada cargamento de cocaína colombiana a cambio de garantizar la entrega del producto en Estados Unidos, con lo que los mexicanos se hicieron “más poderosos y violentos”. En los tres primeros años de su gestión, Vicente Fox lanzó una campaña contra el creciente poder de los cárteles de Juárez y Tijuana que le ganó los elogios de George Walker Bush y que, no obstante, “creó nuevas oportunidades” para bandas rivales de esos grupos, aunque menos prominentes, como el cártel de Sinaloa y el del Golfo.
El multimillonario mercado al que accedieron los cárteles mexicanos generó una sangrienta competencia entre los seis principales, señala Bruce Bagley. Afirma que las víctimas de esa confrontación en 2008 fueron 6 mil 290, que se suman a las 3 mil 200 muertes relacionadas con la droga en 2007 y las 1 mil 807 ejecuciones el primer trimestre de 2009. Desde que el presidente Felipe Calderón asumió la Presidencia en 2006, “se cuentan al menos 11 mil 297 asesinatos relacionados con las drogas ilícitas en México”. (NE)
Escenario de la seguridad y defensa
En su parte estadística, el Atlas de la seguridad y defensa de México, publicado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC, indica que durante 2009, el gasto diario de la Secretaría de la Defensa Nacional en la lucha contra el narcotráfico significó el 25 por ciento de su presupuesto total. Se apunta el despliegue de 45 mil militares al día para combatir al narcotráfico, con un gasto diario por elemento de 672 pesos, que representó un gasto total por día de 30 millones 240 mil pesos, y anual, de 11 mil 37 millones 600 mil pesos, según el instituto castrense.
Figura también que en los primeros dos años y cinco meses del gobierno de Felipe Calderón, se decomisaron 78 mil 377 kilos de cocaína, cotizados entonces a un valor de 12 mil 500 pesos por kilo y que totalizan 979 millones 723 mil 250 dólares. También, 4 millones 390 mil kilos de marihuana, con valor de 80 pesos por kilo, que equivale a 351 millones 245 mil dólares, así como 32 mil 900 kilos de heroína decomisados con un valor de 35 mil pesos por kilo y que suma 1 mil 151 millones 500 mil dólares. Esos decomisos totalizan 2 mil 482 millones 468 mil 938 dólares, cita el documento del gobierno federal Resultados de la política mexicana contra la delincuencia organizada.
En dinero incautado, el Cuadro 104 muestra que entre 2006 y 2009 se aseguraron 174 mil millones 480 mil 559 pesos, que equivalen a 334 millones 765 mil 56 dólares (aunque no indica el tipo de cambio bajo el cual se hizo la conversión). En ese mismo periodo, entre el total de personas detenidas por delitos contra la salud, figuran 66 mil 621 mexicanos y 365 extranjeros, de acuerdo con el documento México. Todo en cifras. Asimismo, se indica que entre 2006 y 2008, México extraditó a 192 personas a países cuyo sistema de justicia los reclamaba: 184 a Estados Unidos, dos a Italia y uno a Panamá, El Salvador, Países Bajos, Francia y Perú, respectivamente.