Tamara Lajtman, Nery Chaves García, Aníbal García Fernández y Javier Calderón Castillo
El interés de EE. UU. por establecer acuerdos de Tercer País Seguro en Mesoamérica es más bien una política antiinmigrante y de establecimiento de “estados tapón” que no pueden proteger a los migrantes ni a sus propios habitantes.
En medio de la segunda ronda electoral, Guatemala fue presionada por el presidente estadounidense Donald Trump para la firma del Acuerdo de Tercer País Seguro. Tras varias tensiones políticas entre el presidente Jimmy Morales y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, otros Estados centroamericanos se vieron presionados para la adopción del Acuerdo en materia migratoria y de refugiados. Los últimos acontecimientos en este tema reflejan que la Administración Trump pretende continuar una senda de militarización de la migración, hecho que abona a su causa electoral.
¿Qué es el Acuerdo de Tercer País Seguro?
De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la medida de un Tercer País Seguro “(…) se ha aplicado en los casos en que una persona podría tener o puede encontrar protección en un tercer Estado, ya sea en relación con un caso individual específico o de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral entre los estados sobre el traslado de solicitantes de asilo” (2018; 2).[1] Es decir, un “Tercer País Seguro” corresponde a un Estado que no es el de acogida inicial o bien corresponde a un Estado en la ruta al país de acogida, que se compromete a la protección de personas refugiadas (ya sea un caso individual, familiar y colectivo).
Sin embargo, ese compromiso no es suficiente. De acuerdo con ACNUR es necesario que el Tercer País Seguro cumpla con los siguientes requisitos: “i) (re)admitir a la persona; ii) otorgar a la persona el acceso a un procedimiento justo y eficiente para la determinación de la condición de refugiado y otras necesidades de protección internacional; iii) permitir a la persona permanecer mientras se realiza la determinación; iv) otorgar a la persona estándares de tratamiento acordes con la Convención de 1951 y con las normas internacionales de derechos humanos incluyendo -pero no limitados a- la protección contra la devolución y; v) cuando se determina que la persona es refugiada, debería reconocérsele como tal y otorgarle una estancia legal”.[2] Para ello, el Estado debe contar –mínimo– con la adhesión a los instrumentos básicos de Derechos Humanos y con la posibilidad de solventar lo expuesto en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (ONU, 1951) y el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados (ONU, 1967). Estos derechos básicos tienen que ver con la no deportación y/o no retorno, la garantía de la posibilidad de estancia en el Estado, libertad de tránsito, derecho al acceso a un trabajo digno, vivienda y educación, entre otros.
En conformidad a ello, ACNUR establece como fundamental el desarrollo de exámenes individuales sobre si el Tercer Estado cumple con los requisitos para la protección del o la refugiada. Tal examen, además, debe ser individual y sobre las especificidades de cada uno de los casos (no estándar ni colectivo). Asimismo, ACNUR determina que los Estados no deben negar el asilo únicamente en razón de que éste podría buscarse en otro Estado, pues el espíritu de los traslados corresponde a “mejorar la cooperación internacional y regional, la responsabilidad compartida, la repartición de la carga y no trasladar la carga. Los traslados a terceros países deben contribuir a mejorar el espacio general de protección en el Estado que hace el traslado, en el Estado receptor y/o en la región en su conjunto”. [3] En ese sentido, el fin último siempre es la protección internacional de las personas que corren el riesgo de perder su vida en su país de origen.
Por otra parte, las autoridades de EE. UU. han dejado claro que el interés en establecer a Centroamérica como terceros países seguros corresponde más a una política estatal antiinmigrante que al interés por la protección internacional de estas personas. Utilizando tendenciosamente el discurso respecto de la protección de las personas refugiadas, EE. UU. amplía su frontera a la denominada “Frontera del Siglo XXI” y establece, de facto, “estados tapón” que realmente no pueden proteger ni a migrantes ni a sus propios habitantes.
Contexto: Mesoamérica entre el despojo y la intervención política
Intervención, inestabilidad y violencia son, quizás, los conceptos que mejor definen a Mesoamérica. Siendo la región latinoamericana más cercana a EE. UU., ha sido objeto de un sinnúmero de presiones para garantizar la hegemonía del Norte, consolidándose como una región arrojada a la violencia estructural producida por procesos de acumulación neoliberales y por procesos de índole histórico, cultural y social que arrastran largos períodos de conflictos internos que contaron con la intervención estadounidense. A pesar de ello, la posibilidad de desplazamiento a través del Istmo Centroamericano, así como la puerta al Caribe, el Canal de Panamá, han propiciado que para EE. UU. esta región sea considerada como el Mare Nostrum (el Gran Caribe como mar estadounidense) y la región per se en América Mediterránea (en alusión al Mediterráneo europeo). Ambas nociones resultan clave para la comprensión del interés geopolítico sobre Mesoamérica[4] y, en extenso, el Gran Caribe (área conformada por México, Centroamérica, El Caribe, Colombia y Venezuela).
La migración es una situación consustancial a la humanidad; existen suficientes evidencias sobre las oleadas relacionadas con los cambios mundiales de orden económico y social, y de manera puntual en el contexto de la globalización y su estructura de división internacional del trabajo. En la actualidad, el registro es de 257.7 millones de migrantes en el mundo, es decir, 3,4% de la población mundial”.[5] En ese contexto, podemos afirmar que “las migraciones internacionales son, en gran parte, resultado de las fuertes desigualdades en términos de desarrollo y poder entre unos países y otros, enmarcándose así en las relaciones Norte-Sur”.[6]
Las migraciones aportan al crecimiento de los países, tanto receptores como expulsores, y resultan potentes para el desarrollo de ambos. Sería ideal que las personas decidieran migrar por razones distintas a las extremas condiciones de desigualdad. En el caso de Mesoamérica las condiciones estructurales convierten la migración en la única oportunidad para resolver las necesidades vitales de migrantes y sus familias. Las remesas enviadas hacia América Latina en el 2018 crecieron respecto de años anteriores, llegando a 86.060 millones de dólares; Mesoamérica recibe el 25,8%, alrededor de 22.176 millones de dólares, y México el 38,9 %, (en un 95% proveniente de los EE. UU.).[7]
Según datos de abril de 2019, las remesas de las y los migrantes de Honduras ascienden a 4,883 millones de dólares, representando cerca del 20% del PIB.[8] El Salvador recibe por remesas 5.469 millones de dólares, que representan el 18% del PIB,[9] y Guatemala 9.288 millones de dólares que equivalen al 11% del PIB.[10]
Como se observa, esos países se benefician de la migración y, si vamos a fondo, en los municipios donde llegan esas remesas mejoran un poco las condiciones sociales, arruinadas por el neoliberalismo. EE. UU. también se beneficia. Según datos económicos del 2018 el poder adquisitivo de la población latinoamericana en EE. UU. alcanzó 1,4 billones de dólares, lo que significa el 10% del poder adquisitivo de todos los estadounidenses, estimado en 13,9 billones de dólares, siendo un aporte importante al dinamismo económico de la potencia del Norte.[11]
La migración generada en Mesoamérica hacia EE. UU. se explica por las condiciones de pobreza, violencia, profunda desigualdad, y por factores ambientales y culturales relacionados con el propio sentido neoliberal del Americam Dream. Se acusa a los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de ser “estados fallidos”, utilizando como referencia la corrupción y la “baja calidad democrática”,[12] sin que se reconozcan los factores externos que facilitan y apoyan a las élites locales en tales comportamientos.
Es evidente en el caso de Honduras y Guatemala la injerencia externa de los EE. UU. en materia de seguridad y del llamado “soft power” a través de la asistencia para el desarrollo.[13] En las pasadas elecciones de Honduras, aún con las evidencias de un megafraude que garantizó la continuidad de Juan Orlando Hernández en la presidencia, la OEA y en especial los EE. UU. lo respaldaron, impidiendo el recuento de votos y la impugnación de la oposición. Se trata de una acción esperada debido al papel activo de la diplomacia estadounidense en el Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009.[14]
Mientras la OEA y los EE. UU. apoyan a los gobiernos de Guatemala y Honduras, éstos continúan desarrollando las políticas económicas y sociales que profundizan la desigualdad. Claramente es un círculo de la pobreza que termina con la intención de las familias afectadas por ese ciclo a migrar a los EE. UU. como último recurso para sobrevivir, sabiendo de las violentas condiciones del tránsito hacia la frontera.
La respuesta de los poderes globales y de la actual OEA es sostenerlos, como acaba de ocurrir con el apoyo de Donald Trump para que Jimmy Morales dé por terminada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -decisión que el presidente electo Alejandro Giammattei prometió continuar-, y no se pronuncian ante la represión del Gobierno de Hernández en Honduras.[15] Un caso distinto es El Salvador, cuyos indicadores mejoraron de forma sustancial con los dos gobiernos -2011/2019- del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque no hubo retorno de la histórica migración salvadoreña en los EE. UU., y se mantuvo un flujo migratorio producto de la violencia de los grupos delincuenciales, las “maras”, como factor principal de migración.
Datos migratorios
La migración hacia EE. UU. desde México y Centroamérica viene descendiendo en los últimos años producto de la mejora sustancial de la situación económica salvadoreña (con los dos gobiernos del FMLN) y por una mejora en las condiciones en México. Guatemala y Honduras siguen siendo los principales países expulsores en términos proporcionales. El mapa de la migración de estos países se expresa en la siguiente tabla:
El conflicto: presiones de Trump a los países centroamericanos
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió recientemente que el Gobierno necesitaba la aprobación del Congreso para firmar con EE. UU. un Acuerdo de Tercer País Seguro. Esa determinación fue cuestionada por Jimmy Morales, quien afirmó que el órgano, “sin las facultades para entrometerse en política exterior, asumió erróneamente una postura negativa a los intereses nacionales”. Asimismo, la negativa de la Corte de Constitucionalidad hizo que Trump amenazara al país centroamericano con aranceles punitivos, prohibiciones de viaje e impuestos a las remesas, además de volver a amenazar con eliminar los programas de asistencia al Triángulo Norte,[16] amenaza que ya ha realizado antes sin ninguna concreción.
Durante la campaña, el candidato Giammattei expresó su rechazo al acuerdo y criticó duramente al Gobierno de Morales por haber firmado un acuerdo de este tipo en la recta final de su Administración. Posteriormente dijo que la decisión final debe pasar por el Congreso de Guatemala, pero que lo rechazaría tal y como está firmado. En su posicionamiento más reciente aceptó que se trata de un hecho consumado que “tendremos que solventar”.[17] Desde la Casa Blanca, se pidió al nuevo mandatario guatemalteco mantener el acuerdo “que no supondría ningún gasto para Guatemala” y que permitiría “entrar en un periodo histórico” en la relación bilateral entre los dos países.[18]
Según el canciller Lisandro Rosales, Honduras aún no ha recibido una propuesta de EE. UU. para convertirse en tercer país seguro para migrantes, pero la analizará cuando la reciba.[19] Hay que considerar que Juan Orlando Hernández podría recurrir a la firma de un acuerdo de estas características para retrasar los procesos de investigación en su contra sobre posibles vínculos con el tráfico de drogas y lavado de activos en una Corte estadounidense. Honduras es uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que está expulsando a su población. La violencia, los megaproyectos extractivos y los últimos gobiernos no han podido hacer prácticamente nada para cambiar la tendencia creciente de expulsión. De ahí la necesidad de firmar el acuerdo entre EE. UU. y Guatemala. reforzar la frontera del Siglo XXI y continuar con uno de los lineamientos de la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump.[20]
El Salvador, con su presidente Nayib Bukele a la cabeza, también ha sostenido reuniones con el Departamento de Estado de los EE. UU. para abogar por la continuación del Estatus de Protección Temporal (TPS), para resolver la situación de 129 mil salvadoreños que están en territorio de los EE. UU. solicitando reconocimiento en el marco de ese acuerdo.[21] Mientras trabaja con México para incorporarse a la política de contención de la migración con un programa económico en los municipios rurales más pobres del país, como lo expresaron en su más reciente encuentro de presidentes.[22] Es imposible que este país sea considerado como un “tercer país seguro”, siendo el de mayor indices de violencia de toda la región (uno de los principales factores de migración de dicho país).
Uno de los puntos más importantes en la relación bilateral entre México y EE. UU. ha sido la migración. La Administración Trump deja claro que la vía para parar las migraciones es la militarizada. La amenaza de imposición de aranceles a México hizo que el país movilizara a la recién creada Guardia Nacional[23] a puntos estratégicos para detener la migración, y estableció un acuerdo con EE. UU. para comprometerse a bajar la entrada de migrantes al país reforzando la seguridad al sur de la frontera con Guatemala, por lo que esa frontera es uno de los puntos estratégicos más importantes para EE. UU.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene como uno de sus compromisos modificar la política militarizada contra la migración, crear empleos y establecer una alianza de cooperación para el desarrollo con los países centroamericanos -en el que también estaría EE. UU.- además de promover dos megaproyectos en el sur-sureste del país: el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Estos dos proyectos tienen resistencia por parte de algunos sectores sociales que verán afectados sus territorios. Por otra parte, geopolíticamente la creación del Corredor partiría al país por su parte más estrecha, aspecto que EE. UU. ha pretendido desde el siglo XIX.
En 2016, el uso político de la migración funcionó como aglutinante al interior de EE. UU. y Trump logró capitalizar en votos un contexto social antimigrante y nacionalista. En 2018, durante las midterms (elecciones intermedias), Trump volvió a recurrir a ese discurso refiriéndose a que las caravanas de migrantes suponían un problema de seguridad nacional, y que por la frontera sur estaban entrando drogas y delincuentes.[24] Lo cierto es que, a pesar de la retórica antiinmigrante, al interior del Gobierno es ardua la discusión sobre la articulación de los objetivos de seguridad nacional con la problemática migratoria. Frente a la postura de línea dura de la Casa Blanca –acompañada por constantes amenazas de recorte en la asistencia–[25] diversos sectores (entre demócratas y republicanos) coinciden que el incremento/mantenimiento de la asistencia es la vía más efectiva para frenar la llegada de migrantes a la frontera de EE. UU. y reducir las actividades criminales en los países de origen. Tanto es así que, el 15 de julio, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte-EE.UU. (HR 2615), designando 577 millones de dólares en asistencia para el año fiscal 2020.[26]
La reciente gira por los países del Triángulo Norte de una delegación bipartidista del Congreso, encabezada por la presidente de la Cámara de Representantes y una de las principales opositoras a Trump en las filas demócratas, Nancy Pelosi, pone en relieve esa tensión y anticipa el peso que la cuestión migratoria va a tener en las próximas elecciones estadounidenses. En los encuentros con altos funcionarios del Gobierno, representantes de la sociedad civil y empresarios en Guatemala, Honduras y El Salvador, se promovieron tres pilares: seguridad, la prosperidad y la gobernanza. “En cada uno de los países que visitamos, señalamos que no puede tener seguridad a menos que ponga fin a la corrupción. No puedes tener prosperidad a menos que promuevas la justicia. Por lo tanto, el buen gobierno es fundamental para la prosperidad.”[27] Reformas a los poderes judiciales y leyes anticorrupción son dos de los pilares del soft power estadounidense en la región.
Ahora bien, aunque se presente como contrapeso a la actual política migratoria, estas posturas no cuestionan que décadas de asistencia no han cambiado las condiciones estructurales de los países receptores, pues ese no es su objetivo. La “ayuda para el desarrollo” auspiciada por EE. UU. estuvo históricamente anclada a lineamientos de seguridad y promoción de inversiones. Desde la ayuda promovida luego de los Acuerdos de Paz hasta programas recientes, como la CARSI y la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (creados durante la administración Obama y perpetuados por el actual gobierno), se ha conducido a la militarización del Triángulo Norte afectando directamente la vida cotidiana y limitando la acción de movimientos políticos y sociales.
No es de sorprender que “expertos” de think tanks que influyen en la toma de decisión planteen regresar al concepto central del Plan Colombia como forma de revitalizar el enfoque del Gobierno estadounidense hacia el Triángulo Norte de Centroamérica. “En lugar de las actuales decisiones políticas desarticuladas, EE. UU. debería considerar renovar su apoyo condicional a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, a través de un compromiso a largo plazo, bipartidista, consistente y coordinado, similar al Plan Colombia”.[28]
Por otro lado, la propuesta de Tercer País Seguro ha generado rumores y presiones sobre otros países. Tal es el caso de Costa Rica que, tras la publicación de las declaraciones del secretario interino de Seguridad Nacional, en las que mencionaba que el presidente Trump invitaría a Costa Rica y a Panamá a firmar el acuerdo debido a que la migración corresponde a una “responsabilidad regional”.[29] El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, instó al Gobierno a no aprobar el acuerdo en respeto a la soberanía costarricense. Posteriormente la embajadora estadounidense en Costa Rica, Sharon Day, desmintió tales intenciones.[30]
Reflexiones finales
La revisión de las decisiones tomadas por la Administración Trump permite concluir que hay una continuidad en la política anitmigratoria en los últimos gobiernos estadounidenses. Lo realizado por el actual presidente sigue una línea establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional y no es una cuestión del orden personal o decisiones tomadas a la ligera, como han querido establecer los principales medios hegemónicos.
Habría que continuar analizando el impacto de tres aspectos de la política exterior de EE. UU. hacia el Triángulo Norte de Centroamérica: la asistencia para el desarrollo que promueve inversiones y modifica el territorio, expulsando población; la promoción de leyes anticorrupción y modificaciones al sector judicial y; por último, la militarización de la seguridad en la región. Finalmente, todo parece indicar que en el uso político de estos tratados está la continuación y fortalecimiento de la Frontera del Siglo XXI. Este plan va en detrimento de la soberanía de los estados centroamericanos y también de sus poblaciones más vulnerables dado que estas disposiciones no influirán en la disminución de los flujos migratorios y, menos aun, en la mejora de las condiciones de vida. Más bien, influirán en la preparación del territorio centroamericano para las inversiones de empresas privadas de EE. UU., en proyectos extractivos, en el uso intensivo de la mano de obra barata para procesos manufactureros y la destrucción de ecosistemas. Como hemos mencionado, El Gran Caribe es el Mare Nostrum de EE. UU., el cual se torna vital en un contexto de competencia, crisis y cuestionamiento de su hegemonía.
La situación estructural de la migración y las causas generadas por el neoliberalismo no se resuelven generando un tapón para impedir la migración en el Triángulo Norte. Esto, en cambio, podría agravar la situación de crisis de DD. HH., social y económica que viven los habitantes de estos tres países y una parte de la población mexicana. El doble rasero de la política de los EE. UU. es evidente, y es uno de los principales causantes de la crisis en tanto apoya los gobiernos de los países con mayor flujo migratorio mientras impide que ingresen los migrantes de esos países expulsados por las políticas de represión, corrupción y desigualdad de sus socios en los gobiernos.
-fuente Celag.org
[1] Consideraciones legales sobre el acceso a la protección y la relación entre las personas refugiadas y el tercer país en el contexto del retorno o traslado a terceros países seguros, disponible en: https://www.refworld.org.es/topic,57f504710,57f5091f1,5adf72014,0,,,.html
[2] https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-refugiado.html
[3] https://www.acnur.org/reasentamiento.html
[4] González, B. 2013. La reconfiguración de Mesoamérica. Una aproximación teórica. Documento de estudio, N. 8. Heredia; EUNA.
[5] https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/09/1809_AnuarioMigracionRemesas_2018.pdf
[6] https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Cohesi%C3%B3n%20Social/MIGRACION.pdf (pág.7)
[7] https://www.cemla.org/PDF/2019-03-fuerte-dinamismo-2018-ingreso-remesas.pdf
[8] https://www.bch.hn/download/remesas_familiares/remesas_familiares_012019.pdf
[9] https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1281:remesas-familiares-de-el-salvador-crecen-84-y-superan-los-$5400-millones-en-2018&Itemid=168
[10] https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2019.htm&e=143294
[11] https://estore.uga.edu/C27063_ustores/web/classic/product_detail.jsp?PRODUCTID=6020
[12] https://www.csis.org/analysis/where-are-northern-triangle-countries-headed-and-what-us-policy
[13] http://cdsa.aacademica.org/000-061/648.pdf
[14] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/
[15] https://www.celag.org/la-permanencia-de-la-encrucijada-hondurena/ y https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/
[16] https://www.nodal.am/2019/07/trump-amenaza-a-guatemala-con-imponer-aranceles-y-jimmy-morales-culpa-a-la-corte-de-constitucionalidad/
[17] https://elpais.com/internacional/2019/08/16/america/1565918342_288246.html
[18] https://www.pressreader.com/spain/el-pais/20190817/281590947208369
[19] https://www.voanoticias.com/a/canciller-honduras-no-ha-recibido-propuesta-ee-uu-para-acuerdo-sobre-migracion-/5037182.html
[20] https://www.celag.org/la-estrategia-seguridad-nacional-ee-uu-impacto-america-latina-caribe/
[21] https://www.nodal.am/2019/05/bukele-se-reune-con-altos-funcionarios-de-eeuu-y-pide-por-la-proteccion-a-migrantes/
[22] https://www.telesurtv.net/news/lopez-obrador–nayib-bukele-reunion-migracion-20190620-0010.html
[23] https://www.nytimes.com/es/2019/06/24/guardia-nacional-migrantes-mexico/
[24] https://www.celag.org/desafio-eeuu-caravana-migrante-mexico/
[25] https://www.celag.org/ee-uu-y-la-asistencia-para-centroamerica/
[26] https://www.cbo.gov/publication/55348
[27] https://pelosi.house.gov/news/press-releases/pelosi-statement-on-conclusion-of-congressional-delegation-to-the-northern
[28] https://www.csis.org/analysis/where-are-northern-triangle-countries-headed-and-what-us-policy
[29] https://www.crhoy.com/nacionales/trump-pide-a-costa-rica-firmar-acuerdo-migratorio-igual-al-de-guatemala/
[30] https://www.nacion.com/el-pais/politica/estados-unidos-niega-haber-pedido-pacto-migratorio/FTB6FPST3VGK3OYPZD5GH52FYI/story/