Manifestación por la Educación del 21 de enero, con el edificio del Banco de Valencia de fondo,
símbolo de la quiebra y del poder económico.


Para ello no han sido necesarias las recomendaciones de la agencia de calificación de deuda Fitch, que se quejaba de que las comunidades autónomas gastaban demasiado en escuelas y hospitales, sino que forma parte de un plan perfectamente orquestado por el Partido Popular desde que chupaba banquillo en la oposición. Mariano Rajoy ya lo dejó entrever en su discurso de investidura al anunciar un Bachillerato de tres años donde “se valorara la excelencia”. Lo confirma la noticia que publica elEconomista.es sobre el anuncio que el ministro de Educación hará mañana de la supresión de 4º de ESO para que se convierta en 1º de Bachillerato, una cuestión polémica que sin dejar de ser legítima necesitará de una nueva ley de educación que, en aras de la meritocracia y en contra del "aprobado fácil", tal y como lo ha expresado en otros medios, elimine muchas de las medidas de atención a la diversidad que incorporaba la LOE, aumente los conciertos -junto con su dotación económica- y elimine Educación para la Ciudadanía, definitivamente, no por razones pedagógicas, sino ideológicas.
Esta reforma legislativa obedecerá a ciertos objetivos de fondo que tomarán el acortamiento de la edad obligatoria hasta los quince años como caballo de Troya. El primero será recortar más puestos de trabajo en la Enseñanza, al eliminar muchos grupos que hoy pertenecen a 4º de ESO, Diversificación (PDC) y PCPI. De hecho, varios responsables políticos de Educación, entre los que se contaba el entonces conseller de esta área, José Ciscar, manifestaron, tras el discurso de investidura, que la ampliación del Bachillerato se realizaría sin la contratación de nuevos profesores, lo que se traduciría en un aumento de horas para los funcionarios de carrera, pero cobrando el mismo sueldo, y la obligación de impartir asignaturas para las que no están capacitados, como ocurre en la Comunidad de Madrid, con el consiguiente perjuicio a la calidad educativa. El segundo objetivo sería lograr más trabajadores jóvenes, con menor cualificación profesional y menos críticos con las condiciones laborales para suplir la mano de obra inmigrante que está volviendo a sus países de origen por culpa de la crisis. La búsqueda de la excelencia no sería más que la excusa perfecta para desarticular el actual sistema educativo, que a pesar de todas sus imperfecciones, se cuenta entre los más igualitarios de Europa, pues abocaría a los alumnos con problemas de aprendizaje o que no tienen recursos suficientes con los que pagar clases particulares a no obtener título alguno, aunque acaben sus estudios obligatorios, para que formen la clase de trabajadores que desean los empresarios que defienden el contrato único y el despido libre. Sus hijos, en cambio, disfrutarán de los conciertos de Bachillerato que se concederán, ya que le salen más baratos a la Administración si no repara en la calidad del servicio, o de la enseñanza exclusivista de la privada, en pos de unos méritos que, en el fondo, no siempre podrán ganar con esfuerzo, sino a golpe de talonario, por mucho que lo quieran camuflar como pago a actividades extraescolares.
Así puede quedar la Educación Pública, atrapada, de nuevo, por ese perverso regreso al futuro, donde los servicios públicos están desprestigiados y se relegan a labores de beneficencia, mientras que los privados convierten las necesidades básicas en signos de distinción para los que siempre han tenido más.