La Fiscalía de Holguín solicita 30 años de cárcel por el delito de “sedición” para Yosvany Rosell García, obrero y padre de tres niños que participó en las protestas pacíficas del 11 de julio.
Rosell, de 32 años, convocó a sus vecinos a manifestarse en la vía pública por los constantes cortes de electricidad y otras indisposiciones, por lo que primeramente lo acusaban de un delito menor, “desorden público”, aseguró la ONG de asistencia legal Cubalex.
La proximidad de la Marcha Cívica por el Cambio, programada para el 15 de noviembre, provocó que la Fiscalía prefiriera sanciones más severas como escarmiento y advertencia, agregó Cubalex.
“Abusos como este revelan la verdadera naturaleza de lo que algunos llaman aún la ‘revolución’ cubana”, denunció la ONG en una comunicación de este domingo.
Desde octubre, las autoridades cubanas comenzaron a imponer sanciones a personas encarceladas tras el levantamiento popular del verano, con penas que oscilan entre pocos meses y 20 años de cárcel.
El 12 de octubre el régimen declaró ilícita la marcha. Los organizadores en cada territorio fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades.
Una semana después, la Fiscalía General de la República amenazó a los promotores de la marcha del 15N, organizados en el grupo contestatario Archipiélago, con procesarlos por “instigar a delinquir” y otros delitos.
Archipiélago, una asociación de ciudadanos que surgió a raíz de las protestas de julio, decidió adelantar la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
Decenas de ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de marchar demandando respeto a los derechos humanos y a favor de la libertad de los presos políticos.
Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.