El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) tuvo acceso a archivos obtenidos por el sitio ecuatoriano La Posta con 13.000 documentos almacenados en la plataforma de comunicación Drousys, utilizada por el entonces sector de Operaciones estructuradas de la compañía, responsable de controlar los pagos de millonarios sobornos y evasión de divisas en varios países. En […]
El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) tuvo acceso a archivos obtenidos por el sitio ecuatoriano La Posta con 13.000 documentos almacenados en la plataforma de comunicación Drousys, utilizada por el entonces sector de Operaciones estructuradas de la compañía, responsable de controlar los pagos de millonarios sobornos y evasión de divisas en varios países.
En diciembre de 2016, cuando la trasnacional constructora brasileña Odebrecht reconoció la existencia de una enorme trama de corrupción, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como «el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia», se desató una ola de escándalos políticos en toda Latinoamérica.
Cayeron gobiernos y algunos ex presidentes y funcionarios de alto rango, además de ejecutivos de Odebrecht, pasaron de transitar los pasillos del poder a dormir tras las rejas. En su confesión, la empresa entregó detalles pormenorizados de sus delitos y aceptó cooperar con fiscales de toda la región, que se han comprometido a llevar a todos los involucrados ante la justicia. Pero resulta que Odebrecht no contó la historia completa.
«División de Sobornos», una nueva investigación llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ ), revela que esos pagos a cambio de contratos fueron incluso mayores de lo admitido por Odebrecht, y que involucraban a destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta la fecha.
El 17 de junio de este año, la empresa anunció que presentaría ante la justicia un Procedimiento Preventivo de Crisis, para reestructurar su deuda de 13,000 millones de dólares y evitar la quiebra, afirmando que la crisis económica ha frustrado sus planes de inversión, recordando que la empresa asumió los costos procesales . Hace más de cuatro meses que el ICIJ trabaja con más de 50 periodistas de 10 países en un análisis a fondo de los registros contables de ese «Departamento de Sobornos» de Odebrecht.
La investigación periodística acaba de abrir un nuevo capítulo para los problemas legales de Odebrecht en América Latina. Hasta ahora, la brasileña Operación Lava Jato manipuló el acceso privilegiado a esta información, así como la distribución de su contenido a los países afectados y que investigan el escándalo que sacudió a la política latinoamericana, especialmente en Brasil y Perú.
En Brasil, todos los misiles apuntaron a desprestigiar al Partido de los Trabajadores y al expresidente Lula da Silva, aún preso, sin pruebas reales, manipuladas por una descubierta mafia de jueces y fiscales comandada por el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, empeñado en derrocar los gobiernos progresistas y facilitar el acceso al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro.
El primer informe con los datos que filtró Drousys afirma que los ejecutivos hicieron acuerdos de delación omitieron pagos en cuatro países: 39 millones de dólares relacionados con la planta de carbón de Punta Catalina en República Dominicana; cerca de tres millones de dólares relacionados con un gasoducto peruano; unos 18 millones de dólares ligados al sistema de metro en la Ciudad de Panamá; y más de 34 millones de dólares vinculados a la Línea 5 del sistema de Metro en Caracas.
También cita mensajes discutiendo «pagos secretos» relativos a la construcción del metro en Quito y el construcción del soterrado del Ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires, Argentina, en la que está involucrado el primo del presidente Mauricio Macri, el constructor Angelo Calcaterra.
Según periodistas del consorcio de más de 50 profesionales de 10 países que tuvieron acceso a los datos, esa omisión puede dejar en jaque los acuerdos hechos con la empresa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), con el cual la constructora acordó el pago de una multa de dos mil 600 millones de dólares, además de una declaración pública de culpa.
El DoJ afirma que a Odebrecht pagó más de 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016, y obtuvo tres mil 300 millones de dólares de benefícios.
Odebrecht niega cualquier omisión. En un comunicado, la compañía dijo que «todos los documentos y testimonios sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado, incluyendo los registros básicos completos Drousys y My Web Day del extinto sector de Operaciones Estruturadas (la oficina de sobornos y bonos en negro, están desde hace tres años en posesión del Ministerio Público Federal brasileño (MPF) y del Departamento de Justicia estadounidense, que nada han hecho con ellos.
Oderbrecht se excusó en que no todos los proyectos mencionados en esos documentos tienen relación con actos de corrupción, y que la información compartida con la Justicia de varios países aún no se han hecho públicas debido a la confidencialidad de los procedimientos.
En teoría, cualquier país puede tener acceso a los documentos que se encuentran en custodia del Departamento de Exámenes, Investigación y Análisis de la Fiscalía General de Brasil (PGR).
Los datos de la Fiscalía muestran que la operación Lava Jato recibió 473 solicitudes de información de 37 países, la mayoría del Perú (182), donde cuatro ex presidentes son investigados por sospecha de corrupción por parte de Odebrecht: el expresidente peruao Alan García se quitó la vida antes de ser detenido por su participación en la corrupción. Otros países principales que lideran los pedidos son Suiza (111), Argentina (33), Panamá (26) y Colombia (18), señalan las periodistas Regiane Oliveira y Marina Rossi.
En la práctica, sin embargo, para tener acceso a los documentos esos países necesitan hacer acuerdos de cooperación con la Justicia brasileña, bajo algunas condiciones: no pueden usar la información contra el colaborador-delator; deben mantener el secreto de la fuente; y sólo utilizarla para un caso específico.
Este patrón de acuerdo de lenidad, homologado por el Supremo Tribunal Federal (STF), sirve como una especie de escudo para los ejecutivos de la constructora contra nuevos procesos en el exterior. Al menos, habían servido hasta ahora. La filtración de datos quita el control que Odebrecht tenía sobre las condiciones con las que las informaciones podían ser compartidas y abre nuevas posibilidades de investigaciones, más allá de los límites de la Lava Jato en Brasil.
En Brasil, por ahora, las filtraciones no tienen acción práctica, ya que los supuestos nuevos crímenes divulgados ocurrieron en otros países, fuera del campo de acción de los investigadores de la fuerza de tareas brasileña. Sin embargo, abren el camino para que nuevas preguntas se hagan a la base de datos.
Un ex director de la empresa, que prefiere no identificarse, afirmó que la internacionalización del esquema ya era sabida, pero que la fuerza de tareas nunca mostró interés en estirar los tentáculos de la investigación, cuyo foco, según él, siempre fueron políticos brasileños, especialmente el expresidente Lula.
Muchos pagos realizados en el exterior tendrían como meta financiar bonos en negro para ejecutivos, caja dos de las empresas, proveedores e incluso el financiamiento de milicias en Colombia e Irak, según dijo ese exdirector a las periodistas Oliveira y Rossi.
Ricardo Carnevali. Doctorando en Comunicación Estratégica, Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.