Un gobierno autonómico no puede limitar derechos fundamentales sin declararse el estado de alarma
Así lo indica el juez Alfonso Villagómez, que en consecuencia anuló la orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe fumar en la calle sin distancia de seguridad. Una normativa autonómica no se puede aplicar al hacer referencia a una orden de Sanidad no publicada en el BOE.
El juez Alfonso Villagómez entiende que un gobierno autonómico no puede limitar los derechos fundamentales si no se declara previamente un estado de alarma. En ese contexto, este magistrado –responsable este mes del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid–, anuló la orden del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que se prohibía fumar en espacios públicos sin la distancia de seguridad o comer en los transportes públicos, entre otras medidas. Villagómez sostiene que la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que esta resolución judicial, contra la que cabe recurso en el plazo de 15 días, suspende su aplicación al no haber sido ratificada.
La ausencia del trámite previo produce indefensión a los ciudadanos y la convierte en “nula de pleno derecho”, según el auto al que tuvo acceso MUNDIARIO y cuya conclusión había avanzado el diario La Región. Es la respuesta del juez Villagómez a un escrito presentado por la Comunidad de Madrid en la que se pedía la ratificación de la orden 1008/2020 de 18 de agosto. Esta incluía, entre otras medidas, el refuerzo de los controles y vigilancia para impedir el consumo de alcohol en la vía pública (botellón), el uso obligatorio de mascarillas al aire libre y en espacios cerrados, además de en los transportes públicos y la limitación a 10 del número de personas que pueden reunirse en la calle. También recomendaba reducir los encuentros sociales, el no compartir “vasos, copas, platos y cubiertos” y la colaboración de los ciudadanos en la realización de las pruebas PCR en caso de un brote epidémico.
La Comunidad de Madrid acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que la normativa actual obliga a que sean los jueces los que autoricen o ratifiquen las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias cuando sean “urgentes y necesarias para salud pública e impliquen privación o restricción” de un derecho fundamental.
La norma de la Comunidad de Madrid también suspendía la actividad de los locales de discotecas y establecimientos de ocio nocturno –salas de baile y bares especiales, con y sin actuaciones musicales–. Las terrazas, además, tenían que cerrar como muy tarde a la una de la madrugada. Aparte, se limitaba a una persona al día las visitas a los mayores internados en una residencia de ancianos. Estos encuentros debían celebrarse de forma escalonada para evitar la masificación del centro. También prohibía el uso de las llamadas mascarillas egoístas, las FPP2 y FPP3 con válvula están diseñadas para que no se infecte la persona que la lleva.
“En el Boletín Oficial del Estado (BOE) no ha aparecido la Orden Ministerial de Sanidad a la que se hacen referencia en propia Orden de la Consejería de Sanidad [de la Comunidad de Madrid], y sirve de presupuesto para las demás disposiciones autonómicas publicadas, como es el caso de la que ahora se solicita su ratificación”, indica el magistrado Alfonso Villagómez en su auto. Al no haberse producido este hecho, la orden ministerial “no ha ganado eficacia”, lo que impide que todas las que han surgido como consecuencia de ella –todas las autonómicas- carezcan de validez.
Villagómez dice que muchas de estas prohibiciones se pueden perseguir con otras leyes ya vigentes, como ocurre con el botellón. “Este juez es consciente de las dificultades ante las que nos encontramos, en las que han de conjugarse cuestiones sanitarias con económicas; la pandemia que venimos sufriendo en los últimos meses ha dejado al descubierto muchos problemas normativos y jurídicos que deberán resolverse de la manera más adecuada por los órganos constitucionalmente competentes, respetando, obviamente, la legislación vigente y la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional”, precisa el magistrado.
El juez se muestra crítico con la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid al reclamar “instrumentos jurídicos para luchar eficazmente contra el coronavirus”, a pesar de que ya cuenta con “instrumentos legales”. “Sólo hace falta ponerlos en marcha”, indica Alfonso Villagómez.
No es el primer varapalo para Ayuso
Según recuerda el diario El País, esta no es la primera vez que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recibe un varapalo por parte de los jueces de lo Contencioso-administrativo de Madrid. Hasta en una decena de veces los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaron la petición del Gobierno autonómico de Madrid de no medicalizar las residencias de mayores de los municipios de Alcorcón y Leganés, situados en la zona sur de la capital. Sus ayuntamientos habían pedido esta medida cautelar urgente ante el elevado número de personas fallecidas en estos geriátricos. Los jueces siempre le dieron la razón a las autoridades locales y recordaron que debe primar el derecho a la salud de los internos. @mundiario