La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha procesado al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en una pieza separada que investiga las ayudas sociolaborales concedidas a la empresa ABB S.A. entre cuyos beneficiarios incluyó a Joaquín Lorenzo Llamazares, amigo de Guerrero y que también ha sido procesado.
En un auto, con fecha 13 de julio de 2018, la juez instructora acuerda la continuación de las presentes diligencias como procedimiento abreviado pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de presuntos delitos de prevaricación y malversación contra Francisco Javier Guerrero, Joaquín Lorenzo Llamazares y José Manuel Casado Sánchez, quien fuera trabajador y presidente del comité de empresa de ABB S.A., ambos intrusos en el ERE, como presuntos responsables penales.
Asimismo, en el citado auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Núñez acuerda el sobreseimiento provisional respecto de Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, exdirectivos de la mediadora Vitalia.
Este auto supone dar por concluida la fase de instrucción y pasar a la fase intermedia del proceso, facultando a las acusaciones personadas en esta causa, Ministerio Fiscal y a las acusaciones de la Junta y PP-A, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Las presentes diligencias se iniciaron por auto de 5 de octubre de 2016 y en la misma se investigaba las ayudas sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo a ABB S.A. de Córdoba. De las diligencias practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad. Así, de forma indiciaria, la juez señala que Guerrero incluyó “indebidamente, de forma arbitraria y con ánimo de favorecer y lucrar” a Joaquín Lorenzo Llamazares y a José Manuel Casado Sánchez en las ayudas concedidas a ABB.
Sobre el primer intruso, el auto señala que Guerrero conocía a Lorenzo desde el año 2000, “formaba parte del mismo grupo de amigos al que pertenecía el ex director general en la localidad de Guadalcanal (Sevilla)”. “Solían coincidir de forma habitual en las celebraciones locales y comarcales, ferias, romerías y diversos festejos”, añade al respecto, asegurando que “tenían una relación de amistad, eran amigos”.
Según el auto, Lorenzo pasaba “un mal momento” tras haberse jubilado por invalidez, percibiendo una pensión de aproximadamente 600 euros, “cantidad que le era insuficiente y le provocaba dificultades económicas”. Tales circunstancias llegaron a conocimiento de Guerrero, quien “se pone en contacto con él y quedan en un restaurante en Sevilla”. En dicha comida Guerrero le hizo saber a Lorenzo que conocía su situacióneconómica y dificultades “proponiéndole su voluntad de ayudarlo, ofreciendo en primer lugar trabajo a la mujer de éste como telefonista o cargo similar en el departamento donde trabajaba Guerrero, a lo que Lorenzo le manifestó que su mujer tenía a sus padres mayores y los tenía que atender, motivo por el cual rechazó la oferta”. Ante dicha negativa, Guerrero le ofreció un trabajo a Lorenzo, a lo que también se negó al tener reconocido una invalidez absoluta.
“Fue entonces cuando Guerrero le ofreció una ayuda de la Junta que existían para estas circunstancias”, según el auto, que añade que “Lorenzo se mostró reticente ante tal propuesta, ya que no quería que Guerrero tuviese algún problema ni él tampoco”. “Pero Guerrero le convenció de que era legal, que incluso iría aceptada por el consejero o viceconsejero”, recoge la juez instructora.
Dos meses después de su encuentro, una persona que envió Guerrero le llevó una documentación que la firmó sin leer Lorenzo. En el año 2004, Lorenzo comenzó a percibir unas cantidades mensuales por parte de la compañía Seguros Vitalicio, hasta la fecha de su jubilación, junio del 2010.
La inclusión de Lorenzo fue una decisión “exclusiva” de Guerrero, algo que ha sido puesto de manifiesto por el propio intruso. “Guerrero, al menos de forma indiciaria, aprovechando el expediente iniciado para la ayuda a 22 trabajadores de ABB S.A. afectados por un ERE, incluye de forma arbitraria a Lorenzo mediante un documento grapado al listado de 22 trabajadores (reales) bajo el epígrafe ‘Compromisos contraídos por la Junta de Andalucía’ (sin sellar ni firmar) que incluye a Joaquín Lorenzo, sin DNI, quien no aparecía en el Anexo I del ERE, (relación de trabajadores afectados por el ERE)”, concluye el auto.
En este documento aparece la prima de cada uno de los trabajadores, por un total de 996.185,16 euros y la de Joaquín Lorenzo Llamazares, que asciende a 77.942,95 euros y que es la cantidad más alta que se consigna en el listado. La prima la fija Guerrero en este documento sin que consten estudios actuariales sobre esta persona.
En abril de 2004 se suscribe la póliza con Vitalicio Seguros en la que la Consejería, que actúa como tomador del seguro, siendo el grupo asegurado la relación de personas especificadas en el apartado de condiciones particulares de dicha póliza. En total aparecen 22 asegurados, entre los cuales en noveno lugar aparece Joaquín Lorenzo con percepciones previstas entre marzo de 2004 y junio de 2010. El número de beneficiarios era el mismo, 22, al no figurar uno de los trabajadores que por su edad se jubiló, “lo que podría favorecer el engaño”.
Iniciado expediente de reintegro, Lorenzo recibió comunicación escrita de la Consejería, notificándole la apertura del expediente administrativo por irregularidades observadas en los ERE de la empresa ABB S.A. A la vista de dicha notificación, Lorenzo se persona en la Consejería, solicitando información sobre el asunto, siendo entonces cuando tuvo conocimiento de había sido incluido en un ERE de una empresa de Córdoba.
En 2012, Lorenzo recibe notificación de la Consejería de Empleo por el que se le reclama el reintegro a la Tesorería General de la Junta de 77.711,66 euros. Lorenzo presentó un escrito de alegaciones donde hacía constar que la concesión fue una decisión “unilateral” de Guerrero y que “nunca tuvo conocimiento de irregularidad alguna, ni sospecha de ilegalidad”. Hasta la fecha, según el auto, ha devuelto 21.000 euros.
Por su parte, Casado Sánchez, trabajador y presidente del comité de empresa de ABB desde 1999 al 2003, fue despedido el 1 de julio de 2004, con 73.151 euros de indemnización y con ese dinero pagó su póliza de prejubilación en la cual realizó los cálculos actuariales Bordallo, pero también tiene otra póliza de seguro en la que es tomadora la Junta, y en la que presuntamente fue incluido por Guerrero al margen de cualquier ERE o convenio específico.
En junio de 2003, Casado, “a sabiendas de que no tenía edad ni derecho envía un fax a Guerrero, en el que el manifiesta su interés por ir en el ERE de 2002, pero éste había sido aprobado por resolución del delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Córdoba con fecha 19 de agosto de 2002, entre los que no se encontraba Casado, de lo que podemos intuir que no se refiere a su inclusión en el ERE sino en la póliza”, ha señalado la juez.
Ya en octubre de 2004 se suscribe el suplemento número a la póliza con Vitalicio Seguros que afecta a un total de 13 trabajadores, en concreto a los doce trabajadores incluidos en el ERE, y adicionalmente consta José Manuel Casado Sánchez, “no incluido en ninguna de las resoluciones de los ERE, ni en el ERE de 2002 ni de 2003”.
“Podemos decir indiciariamente que Guerrero aprovechando las existencia dela ayuda a AAB S.A. introduce de forma arbitraria y a sabiendas de la ilegalidad a dos personas”. El coste de la póliza de Casado Sánchez ascendió a la cuantía de 283.024,51 euros.
Se sienta en el banquillo como "responsable directo", de la concesión de las ayudas y subvenciones investigadas.