FACUA Andalucía, que forma parte de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, considera que la Junta de Andalucía da un paso atrás en la protección de la salud y atención sanitaria de los andaluces con el nuevo proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía.
La normativa, que será valorada por agentes sociales esta semana ante la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, presenta lagunas en cuanto a los criterios de planificación, organizativos y financieros que respalden una adecuada cobertura sanitaria en la comunidad.
La plataforma Compromiso Social, y FACUA Andalucía como integrante de la misma, considera que el texto debería dar respuesta a los problemas que sufre el sector en la actualidad como la merma de recursos materiales, los recortes que han derivado en problemas como las listas de espera, el incremento de la concertación y privatización de servicios o las fusiones hospitalarias, algunas de ellas recientemente anuladas.
Debería ser una ley para garantizar un sistema sanitario gestionado desde lo público, señalan las organizaciones sociales, que permita una atención de calidad a la salud de las personas, desarrollado bajo criterios de cohesión social y territorial y que garantice un empleo de calidad y una adecuada participación de los interlocutores sociales y las personas trabajadoras del sistema.
Sanidad universal
La federación cree que la ley no garantiza la universalidad del derecho a la salud y la asistencia sanitaria, y no comparte el cambio que se plantea en la disposición final primera sobre artículo 3 de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, ya que limita el acceso de las personas extranjeras no comunitarias que no tienen ninguna cobertura, al establecer como criterio el estar en riesgo de exclusión.
La plataforma de la que forma parte FACUA Andalucía advierte de que resulta del todo incongruente que la Junta de Andalucía haya hecho gala de su defensa en estos años, plasmándolo en diferentes documentos de planificación y gestión de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y que el borrador de la ley dé un paso atrás en este sentido.
Si bien existe contradicción con la regulación estatal, Compromiso Social insta a buscar alternativas para superar la situación, dado que la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas en esta materia.
Poca importancia a la participación social
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía critica la poca importancia que se le da en el texto a la participación social, ya que no se concreta en ningún momento un compromiso expreso ni se prevé la elaboración de un Plan de participación o de gestión en la materia.
La plataforma recuerda que el Consejo Andaluz de Salud, máximo órgano de participación ciudadana en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución, y asesor en esta materia a la Consejería de Salud en el ejercicio de las funciones de fomento y desarrollo de dicha participación, no existe en la actualidad. A ello se le une la parálisis generalizada del resto de órganos de participación existentes y que fueron creados en desarrollo de dicha norma.
Esta ley deberá establecer y definir quienes de los distintos interlocutores sociales son los que participan en cada uno de los diferentes ámbitos, foros y niveles de participación, a la hora de acceder al derecho reconocido legalmente de participar e incidir en la definición de las políticas públicas, como es el caso de la salud.