Como soy un poco quemasangre, cuando me reúno con mis amigos partidarios del intervencionismo del estado -que pueden serlo en mayor o menor medida y que como dijo Hayek, haberlos, los hay en todos los partidos-, que son muchos y muy queridos, me gusta provocarles sosteniendo que me parece éticamente lícito intentar pagar los menos impuestos que se pueda. Y lo cierto es que suelo conseguirlo, porque se escandalizan cual beatas en un concierto de Marilyn Manson.
Y aunque lo digo medio en broma medio en serio, en realidad comparto con ellos un razonamiento fruto de un cierto ejercicio de reflexión. Estos argumentos son los que quiero compartir aquí en esta ocasión, ya que el tema de los impuestos vuelve a estar tristemente de moda. Lo que intento es combatir la supuesta moral que condena a quien deja de pagar impuestos por cometer un crimen contra toda la sociedad, que para la progresía imperante es peor que un delito de lesa humanidad.
No sé si lograré convencer a alguien, porque la propaganda del “Hacienda somos todos” ha calado hondo en nuestros espíritus y a nadie parece importarle mucho que, aunque Hacienda seamos todos, algunos lo son/somos más que otros. No obstante, me conformaré al menos con que se reflexione un poquito y no se compre a la primera la mercancía prefabricada.
Pero antes de que se me acuse de incitar al delito fiscal, quiero dejar claro un tema: considerar que un comportamiento esté éticamente justificado no implica necesariamente que éste sea legal. Lo que es legal es legal y lo que es ilegal es ilegal, nos guste o no. Allá cada uno con el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir para defender lo que es suyo -sí, suyo.
Porque otra cuestión bien distinta es dónde situar la barrera que marca cuando pasamos de una “planificación fiscal agresiva” a un fraude de ley o, directamente, a la evasión de impuestos. Esto no es ni mucho menos evidente y, de hecho, nuestros amigos ingleses, con la finura lingüística que les caracteriza, tienen toda una literatura jurídica y jurisprudencial para distinguir entre “tax avoidance“, o mucho mas sugerente, “tax mitigation” -lo legal- de “tax evasión” -lo ilegal. Los españoles, que para esto somos un poco más brutos, hablamos simplemente de evasión de impuestos y con esto le colgamos el sanbenito a cualquiera que simplemente quiera defender su propiedad privada.
Ya se ve que algo, por ser ilegal, no necesariamente tiene que ser inmoral y viceversa, un comportamiento legal puede ser tachado de inmoral en según qué esquemas éticos -como ejemplo, la consabida cantinela de que los ricos, ricos de verdad, no pagan impuestos.
En cualquier caso, no quiero iniciar un nuevo debate filosófico-político sobre la relación entre ley y ética y mucho menos abrir ahora el melón sobre la existencia de una ética objetiva -si a alguien le interesa ese debate, le recomiendo que lea “La ética de la libertad” de Murray N. Rothbard.
Lo que quiero -y claramente no consigo- es centrarme en mi tema de hoy: la justificación ética para, permitáseme el eufemismo, optimizar los pagos al estado en concepto de impuestos.
El razonamiento lo resumo en estos cuatro puntos que luego elaboraré: (1) los impuestos son el resultado de la coacción del estado que, bajo la amenaza del ejercicio de la violencia física, nos fuerza a entregarle una parte arbitraria de nuestra propiedad privada, y la emplea en usos que son igualmente arbitrarios y discrecionales. (2) La propiedad privada es la institución humana más importante, y el derecho a su protección solamente es superado en importancia por el derecho a la vida y a la libertad. (3) Tanto es así que, defender lo que es propio de uno es tanto como defenderse a sí mismo. Puede decirse que la defensa de la propiedad es un acto de legítima defensa o, lo que es lo mismo, es moral ejercer cualquier acción -incluso si es violenta- para defenderse la integridad física de uno mismo, y de sus posesiones. (4) Por lo tanto, podemos considerar las acciones orientadas a minimizar el pago de impuestos como un gesto de defensa propia que está éticamente justificado.
(1) Los impuestos, como su propio nombre indica, son una acción impuesta por un grupo de personas sobre alguien. Es verdad que los impuestos los pagamos voluntariamente sin que venga el señor de Hacienda físicamente a nuestra casa, pistola en mano, para recaudar. En general, la mayor parte la pagamos con la anestesia de la retención en nómina. Como el dinero no llega a entrar en el bolsillo, parece que nos doliera menos pagarlo y no tenemos la sensación de estar obligados a hacerlo. Si resulta que, pese a las retenciones, la declaración nos sale a pagar, entonces sí que pesa sobre nosotros la obligación de ingresar en las arcas de Hacienda, si bien la cantidad suele ser pequeña en relación con lo que hemos ido dejando de recibir a lo largo del año -y si nos sale a devolver, ilusos de nosotros, nos ponemos muy contentos sin darnos cuenta de que nos devuelven una fracción mínima de lo que ya se han quedado.
Aún así, cuando nos toca pagar voluntariamente, en realidad lo hacemos porque pende sobre nosotros la amenaza de que nos envíen al señor recaudador acompañado de una pareja de la Guardia Civil y, no sólo nos quitará el dinero que teníamos que haber pagado, sino que nos quitará más por el hecho de que se tenga que tomar la molestia de venir. Y, si es mucho, además, nos encerrará. El hecho de que no suela haber violencia, como ocurre en la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en los recaudadores de impuestos medievales, no implica que, en última instancia, no exista una amenaza de la misma.
He tachado la palabra voluntariamente porque ya se ve que éste es muy diferente del caso en el que pedimos que nos descuenten de la nómina el seguro de salud o el fondo de pensiones privado, o pagamos nuestra cuota a una oenegé o contribuimos a Cáritas. Se parece más al del carterista que nos levanta la cartera en el metro sin que nos enteremos, o al atracador que amablemente nos pide un esfuerzo mientras nos encañona con su pipa. No creo que esto tenga mucho que ver con la solidaridad. Por eso, no es casualidad que se llamen impuestos, ¿no?
(2) Sobre la propiedad privada, podría escribir cientos de entradas, pues el tema da para varias tesis doctorales. Sobre su importancia, decía Bastiat que “la propiedad es la verdad y la justicia misma y que lo que lleva en su seno es el principio del progreso y de la vida“. Y no exageraba el economista francés la importancia de esta institución casi tan antigua como el hombre y que está estrechamente ligada a la libertad. En efecto, el mismo autor se preguntaba si
se puede concebir la noción de “propiedad” sin libertad. ¿Soy propietario de mis obras, de mis facultades, de mi fuerza, si no puedo emplearlas en prestar “servicios” aceptados voluntariamente? (…) Y si la libertad padece detrimento, ¿no es la propiedad la que experimenta el daño?
O, por ejemplo, Lord Acton -el que acuño la célebre frase de “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”- sostenía que “un pueblo contrario a la institución de la propiedad privada carece del primer elemento de la libertad” o, más tarde, nuestro habitual Hayek, mantendría en “Los fundamentos de la libertad” que el reconocimiento de la propiedad supone un primer paso en la delimitación de la esfera privada que nos protege contra la coacción:
El reconocimiento de la propiedad privada constituye, pues, una condición esencial para impedir la coacción, aunque de ninguna manera sea la única. Raramente nos hallamos en condiciones de llevar a cabo un plan de acción coherente a menos que poseamos la seguridad del control exclusivo de algunos objetos materiales, y donde no los controlemos, es necesario que sepamos quién lo hace si hemos de colaborar con los demás.
Tanto es así que Rothbard -que ya hemos mencionado antes- identificó directamente los “derechos humanos” con derechos de propiedad. Y lo hizo en dos sentidos:
uno, que la propiedad sólo puede atribuirse a los seres humanos, de modo que una persona tiene derechos de propiedad precisamente porque es humano. Y dos, que el derecho de la persona sobre su propio cuerpo, su libertad personal, es tanto un derecho de propiedad sobre su persona como un “derecho humano”.
(3) Siendo esto así, del punto anterior se desprende casi automáticamente que cualquier ataque contra la propiedad privada de un individuo, es un ataque contra su libertad. Es decir, la propiedad de un bien únicamente me la pueden quitar o mediante la coacción -a punta de pistola- o mediante el engaño. En ambos casos me están impidiendo actuar libremente sobre mis posesiones y, por lo tanto, en ambos casos se está agrediendo a mi libertad y a mi persona. Por eso digo que cualquier acción defensiva que esté orientada a evitar el expolio de mis bienes, es un acto de legítima defensa.
En efecto, la propiedad sólo puedo adquirirla, que yo sepa, de tres maneras: cogiendo lo que no es de nadie -y siendo el primero en reclamarlo-, quitándoselo a otro mediante la violencia o la amenaza de ejercerla, o mediante la cesión voluntaria por parte del antiguo propietario, generalmente a cambio de algo que yo le doy a cambio -y que él subjetivamente valora más que lo que me da a mí. Es evidente que a estas alturas de la película, el primer procedimiento es meramente excepcional -cuando nos encontramos un billete de 5€ en la calle, por ejemplo- y el segundo es un coto reservado a ladronzuelos y políticos -los primeros lo hacen con riesgo de que les pillen y les enchironen y los segundos, dentro de ciertos límites, lo hacen legalmente por la vía de los impuestos y la expropiación. Nos queda por tanto, el tercer procedimiento como el más frecuente, que no es otro que el del libre intercambio comercial en el mercado de bienes y servicios -aunque a veces también cedemos la propiedad a cambio de nada, como cuando hacemos regalos o ayudamos al prójimo de forma altruista y voluntaria.
De este modo, dado que lo que es mío es mío, porque me lo he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo, y eso no lo puede negar nadie, es evidente que no cabe el primer procedimiento. De los otros dos, dependerá del caso, pero no es menos evidente que si no es voluntario -entendiendo por voluntario, insisto, la total ausencia de coacción- entonces es violento -aunque sea mera amenaza, y si es violento, significa que me juego mi libertad, que es lo mismo que decir que mi integridad física -porque si me niego a dar la bolsa, me quitan la vida, o si me encierran en la cárcel e intento escaparme, el de la torreta de vigilancia me apuntará con el foco y me freirá tiros para que no me vaya. ¿Se ve claro el argumento de la legítima defensa?
Hombre, dirá mi amigo intervencionista, no me comparés a un atracador de bancos con el estado. El primero actúa buscando el beneficio personal y el segundo en beneficio de la sociedad. El estado somos todos. Hacienda somos todos.
So what? Le respondo yo, ¿es que acaso que sean muchos, muchísimos, los que atacan mi propiedad, de alguna manera legitima el crímen? Y si deciden quitármelo todo, y despojarme de todas mis pertenencias, ¿también están legitimados porque es la sociedad lo que lo quiere así? Y si lo que quieren es pasarme por las armas por ser liberal, ¿también su acción será buena porque es democrática?
Puede que sea un exagerado, pero ¿dónde ponemos el límite? ¿En qué momento lo que se decide por mayoría -o más bien lo que se decide por una panda de políticos que a su vez han sido elegidos por una mayoría, a menudo diversa como es el caso en España, donde el gobierno ha de pactar ora con unos, ora con otros- dejar de ser legítimo para convertirse en un crimen contra la humanidad?
Claro que recibimos algo a cambio de nuestros impuestos. Es evidente que sí y habrá una parte que cedería gustoso y voluntariamente al estado, de la misma manera que pago la cuota de la comunidad de vecinos. Pero creo que todo el mundo aceptará que el nivel de gasto de nuestros políticos y burócratas excede con mucho lo necesario y lo voluntario. Y si no, no hay más que echar un vistazo a cualquier relación de subvenciones pagadas con mi dinero, fastos estatales varios, viajes oficiales -en los que nuestros gobernantes, además hacen el ridículo-, ministerios absurdos, sueldos y dietas de compañeros sentimentales de ministras, coches oficiales, etc. Y ahí, querido amigo partidario del estado grande, ahí hasta tú convendrás conmigo que ese dinero te lo sacan con calzador. ¿O no?
(4) Dicho lo cual, me considero absolutamente legitimado ante mis congéneres para buscar la forma de pagar los menos impuestos posibles que cumpla con mis condicionantes. Así, puedo decidir limitarme a jugar con el sistema manteniéndome dentro de la legalidad, o puedo arriesgarme a quedarme fuera de la ley y rezar por acertar en el cálculo de probabilidades -en el caso de que un inspector de Hacienda lea esta entrada, la probabilidad de una inspección me da que será alta. O también puedo ponerme en huelga al estilo de John Galt, y buscarme un trabajo muy por debajo de mis capacidades, en el que me paguen menos y, por lo tanto, pague mucho menos por aquello de la proporcionalidad.
Porque esa es otra, en nuestros sistemas fiscales occidentales progresivos, en los que el que más gana no sólo paga más proporcionalmente -que tampoco tendría sentido ni sería justo- sino que paga más que proporcionalmente, se da la paradoja que uno puede perder todo incentivo a esforzarse un poco más para ganar más si es que resulta que por cada euro extra que saque del sudor de su frente, el amigo de Hacienda se queda con la mitad. Y entonces, ¿cómo se come la nefasta máxima del “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”? ¿Cómo sabe el señor estado que lo estoy dando todo? ¿Y si lo sabe y lo sospecha, me puede obligar a buscar un empleo mejor? Nos vamos pues, cuesta abajo por el camino de servidumbre de Hayek -y ello sin entrar a discutir lo mismo para conocer la necesidad de cada uno.
Así que, mientras Hacienda lo seamos unos más que otros para unas cosas, y menos para otras, seguiré pensando que está completamente justificado el rebelarse contra el sistema. He dado mis motivos, que espero se entiendan aunque no se compartan. Estos motivos son los que me llevan a que no vea nada malvado en los paraísos fiscales -ni que los haya ni los que se refugian en ellos-, pues otro gallo nos cantaría si hubiera competencia entre los gobiernos. Tampoco veo mal la competencia entre comunidades autónomas en materia fiscal, ni que los ricos de verdad se busquen la vida para proteger su patrimonio de la voracidad de los verdaderos parásitos estatales -¿qué pasaría si al bueno de Amancio Ortega se le hincharan las narices de que le colocaran la única foto que se ha hecho en su vida siempre que se habla de SICAVs y lo poco que paga al fisco, y desapareciera como hizo Ellis Wyatt en “La rebelión de Atlas”, harto de todos los Wesley Mouch y Bertrand Scudder del mundo?
Mientras no se pueda identificar claramente el uso que se le da a cada euro que pago de impuestos, y determinar que se trata de usos adecuados y razonables, consideraré la obligación fiscal como un atentado contra la propiedad privada y, por lo tanto, reconoceré el derecho, siquiera sea únicamente moral, a defenderse de la agresión.
Nota sobre el título: Se trata de un fragmento del discurso de Cicerón como defensor de Milo en el juicio a éste por asesinato. En esta sección, Cicerón aludía al derecho de legítima defensa como una ley natural, no escrita ni aprendida ni heredada, que establece que en caso de estar nuestra vida en peligro, por la violencia ejercida contra nosotros o por la amenaza de las armas de ladrones o enemigos, cualquier manera de asegurar nuestra integridad es honorable. El texto en negrita es una traducción más o menos libre del título de la entrada. El fragmento completo en latín sería este: “Insidiatori vero et latroni quae potest inferri iniusta nex? Quid comitatus nostri, quid gladii volunt? quos habere certe non liceret, si uti illis nullo pacto liceret. Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus, —ut, si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.“