Cuando hablamos de la sanidad dentro de las prisiones el incumplimiento de la Ley por parte de las Administraciones públicas no genera en éstas ningún tipo de reparo o pudor. La Ley General de Sanidad 16/2003 estableció en su disposición adicional sexta que «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las Comunidades […]
Cuando hablamos de la sanidad dentro de las prisiones el incumplimiento de la Ley por parte de las Administraciones públicas no genera en éstas ningún tipo de reparo o pudor.
La Ley General de Sanidad 16/2003 estableció en su disposición adicional sexta que «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud» marcándose para ello un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de dicha ley. Pues bien, el plazo para la plena integración de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los servicios autonómicos de salud, finalizó el día 1 de diciembre de 2004. Desde entonces, y 14 años después, tanto la Administración estatal como las Administraciones autonómicas (a excepción del País Vasco que la hizo efectiva en el año 2006) están incumpliendo esta obligación.
En el caso de Navarra, la situación es más sangrante si cabe, dado que Navarra no solo podría (y debería) asumir la sanidad de la cárcel de Pamplona, sino que podría (y debería) asumir la totalidad de la competencia penitenciaria en aplicación del artículo 58.1.a) de la LORAFNA.
La realidad es que las aproximadamente 300 personas que se encuentran presas a día de hoy en la cárcel de Pamplona así como todas las personas que en estos 14 años han cumplido condena en dicha cárcel y todas las que las sigan cumpliendo a futuro, están viendo vulnerado el derecho a que sus demandas sanitarias sean atendidas igual que lo son las de las personas que, en Navarra, nos encontramos fuera de los muros de la cárcel.
De este modo se están vulnerando frontalmente los derechos de igualdad en el ejercicio y respeto de derechos fundamentales como la vida, la protección a la salud y la asistencia médica, y además se está incumpliendo la Ley.
En la práctica esta circunstancia supone un auténtico perjuicio para las personas presas, porque los médicos de atención primaria de las prisiones son profesionales que se ven limitados en su actuación por criterios se seguridad y de orden regimental, ya que dependen directamente del Ministerio de Interior. Así mismo, se da una deficitaria atención cuando se requiere de médicos especialistas, puesto que la mayoría de consultas con especialistas no se prestan en la cárcel (algunas sí) y esto lleva aparejada una gran pérdida de citas, bien por la falta de policía que pueda realizar el traslado al centro sanitario donde se haya concedido la cita, o bien porque, para cuando se ha conseguido la cita en un centro sanitario de un determinado territorio, la persona ya ha sido trasladada a otra cárcel situada en otro territorio.
No podemos olvidar que las personas privadas de libertad no deben verse privadas más que de su derecho a la libertad. En ningún caso pueden verse privadas de una asistencia sanitaria igual que la que recibimos en Navarra las personas que no estamos en prisión, ni de ningún otro derecho que no haya sido limitado por la condena penal.
Por parte de la Administración estatal no se ha realizado ningún esfuerzo para que las Comunidades Autónomas cumplan con el mandato legal e integren la sanidad penitenciaria en sus respectivos sistemas de salud. No fue hasta el año 2013 cuando puso empeño en este asunto, a cuenta del incremento de costes que le supuso hacer frente a la obligación de suministrar los tratamientos para la Hepatitis C a las personas privadas de libertad (otra atención que también se realizó de forma deficitaria y con una gran desigualdad respecto de la población no presa). Desde entonces, su interés ha sido que las Comunidades Autónomas asuman la sanidad de las prisiones, pero en la práctica, hasta donde tenemos conocimiento, no están favoreciendo que así sea, con una lentitud burocrática extrema y primando otros intereses antes que este objetivo.
En lo que respecta a Navarra, la realidad es que, con el paso de los años (y ya desde los años 80), se ha ido haciendo dejación de sus funciones respecto de la cárcel de Pamplona, incluso dejando de ejercer competencias históricas respecto de la misma. Si bien desde Salhaketa Nafarroa recibimos con alegría que el «Gobierno del cambio» recogiera expresamente como propuesta en su acuerdo programático la asunción de la competencia penitenciaria y la aplicación de la legalidad penal penitenciaria, la realidad es que estamos llegando al final de la legislatura sin que se haya, tan siquiera, conseguido asumir la competencia sanitaria respecto de la cárcel de Pamplona. Nos consta que se están realizando esfuerzos en este sentido, pero nos preguntamos: ¿por qué también un gobierno que se dice del cambio de nuevo prioriza la gestión de la seguridad respecto de cuestiones como la sanidad?
Firman este artículo Libertad Francés, Paz Francés, Lorena Alemán, June San Millán, Iranzu Baltasar, Irati Jimenez y Marta Turlón como integrantes de Salhaketa Nafarroa
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