A cuentagotas la Comisión Europea va sentando las bases de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión. Los sucesivos expedientes, encuestas, recursos y sentencias constituyen un verdadero calvario para el funcionamiento estable y una planificación a largo plazo de las radios y televisiones públicas.
Ayer, la Comisión validó los sistemas de financiación de RTVE y France Télévision como ayudas del Estado conforme al derecho europeo y especialmente a las normas de competencia. Es ésta una decisión que resuelve sendos expedientes abiertos por el Comisario de la Competencia, pero en el caso de España queda todavía pendiente el expediente abierto por la Comisaria de la Sociedad de la Información respecto a la nueva tasa sobre los operadores de telecomunicaciones que vehiculen servicios audiovisuales.
Si leemos la prensa española, en los titulares predomina el «sí, pero…», más excéptico, cuanto más de matiz económico sea la publicación. Por su parte, El País insiste en el estrangulamiento financiero de RTVE.
– Tanto en el caso de España como en el de Francia las ayudas son proporcionadas y no existe exceso de compensación porque la financiación del servicio depende de sus costes netos y no de los ingresos generados por las nuevas tasas asignadas a su financiación.
– En el caso de Francia la Comisión ya había aprobado la financiación vinculada al canon pagado por los usuarios y el Tribunal Europeo había declarado esta resolución conforme a Derecho. Ahora la Comisión valida la tasa sobre la publicidad audiovisual y sobre los servicios de comunicación electrónica (portales de Internet, operadores de cable y satélite). En todo caso, esta financiación se presenta como una compensación por la pérdida de ingresos publicitarios.
– En el caso de España, no encuentra tampoco problemas de financiación desproporcionada en las tres fuentes de financiación (tasa sobre los ingresos de la televisiones, tasa sobre los ingresos de los operadores de servicios electrónicos y un 80% sobre la tasa ya existente de uso del espectro radioeléctrico). En este jucio parece que ha tenido bastante peso el compromiso del Gobierno de España de someter a RTVE a una auditoría externa anual.
-Pero, y éste es un gran pero, se remite al expediente abierto por la Comisaria de la Sociedad de la Información, Noeli Kroes, sobre la legalidad de esta nueva tasa sobre los operadores de comunicaciones, o dicho más claramente, sobre las telefónicas.
Los analistas vinculados al sector de las telecomunicaciones dan por supuesto que esta tasa es ilegal y se remiten al art. 30 de la Directiva sobre la autorización de redes y servicios de comunicaciones (pdf) que permite imponer tasas a estos operadores para financiar la autoridad nacional de reglamentación, pues concluyen, a sensu contrario, que no caben otras tasas. Entiendo, por el contrario, que el hecho de que pueda establecerse esa tasa específica no impide que estos servicios queden sometidos a otros impuestos o tasas, conforme el sistema impositivo nacional. No soy capaz de determinar las diferencias entre el caso español y el francés, pero no veo porque si esta tasa es legal en Francia no pueda serlo también en España.
Ángel García Castillejo, consejero de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, considera llegado el momento de implantar el canon a pagar directamente por los usuarios y recuerda que era una de las opciones propuestas por el Comité de Sabios. El canon debió de instaurarse como mínimo en 1981, pero discrepo de que ahora sea el momento. En plena crisis, un nueva tasa que grabara a los hogares con 200 € (media de la cuantía en Europa) daría lugar a una rebelión fiscal y tendría unos altos costes de administración que le harían inviable.
Prefiero, la verdad, que paguen las telefónicas a que paguen los ciudadanos. Ya veremos…