Informe Conadep: 015
D. Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.)Editar
Consideraciones generales
Los centros de detención, que en número aproximado de 340 existieron en toda la extensión de nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad, en estadías que muchas veces se extendieron por años o de las que nunca retornaron. Allí vivieron su «desaparición» ; allí estaban cuando las autoridades respondían negativamente a los pedidos de informes en los recursos de habeas corpus; allí transcurrieron sus días a merced de otros hombres de mentes trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio, mientras las autoridades militares que frecuentaban esos centros respondían a la opinión publica nacional e internacional afirmando que los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido víctimas de ajustes de cuentas entre ellos. (Manifestaciones de este tenor se encuentran entre las respuestas del Gobierno de Facto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. -ver «Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina» - 1980.)
Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier ser humano.
Porque ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado.
Estos centros sólo fueron clandestinos para la opinión publica y familiares o allegados de las víctimas, por cuanto las autoridades negaban sistemáticamente toda información sobre el destino de los secuestrados a los requerimientos judiciales y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero va de suyo que su existencia y funcionamiento fueron sólo posibles merced al empleo de recursos financieros y humanos del Estado y que, desde las más altas autoridades militares hasta cada uno de los miembros de las Fuerzas de Seguridad que formó parte de este esquema represivo hicieron de estos centros su base fundamental de operaciones.
Esta realidad fue permanentemente negada, valiéndose el Gobierno Militar, también para ello, del control abusivo que ejercía sobre los medios de comunicación masiva, puestos al servicio de la confusión y desinformación de la opinión publica.
Posteriormente, durante las incidencias bélicas de la guerra austral, se advertiría - ya sin duda alguna - hasta qué punto el ocultamiento de la verdad y la falsedad informativa eran esenciales a los actos más trascendentes de la gestión militar y gubernamental desarrollada entre 1975 y 1983. «Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario» (Jorge Rafael Videla, 22 de diciembre de 1977, revista Gente).
«No hay detenidos políticos en la República Argentina, excepto algunas personas que podrían estar involucradas en las actas institucionales, que están realmente detenidas por su labor política. No hay detenidos por ser meramente políticos o por no compartir las ideas que sustenta el Gobierno» (Roberto Viola, 7 de septiembre de 1978).
Desde las más altas esferas del gobierno militar se intentaba presentar al mundo una situación de máxima legalidad. Desconociendo todo límite normativo - aun la excepcional legislación de facto - la dictadura mantuvo una estructura clandestina y paralela. Negada categóricamente al principio, luego - ante la masa de evidencias producto de denuncias realizadas por familiares y testimonios de secuestrados que recuperaron la libertad - debió ser admitida, aunque con argumentos mendaces. «...La Perla, ¿existió? Sí, era un lugar de reunión de detenidos, no una cárcel clandestina... I.os subversivos estaban ahí más al resguardo de sus pares...» (Luciano Benjamín Menéndez, 15 de marzo de 1984) (Revista Gente).
A su vez, un elevado número de denuncias y testimonios recibidos por esta Comisión corroboran la presencia de altos jefes militares en los centros de detención. «Fui detenida en mi domicilio de la Ciudad de Corrientes - denuncia Martha Álvarez de Repetto, Legajo N° 007055 - y llevada a dependencias de la Policía Federal de esa localidad. Allí fui tabicada y torturada, para luego ser trasladada al Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería 9, donde se realizaban simulacros de fusilamiento y también se torturaba. Uno de los visitantes a quien vi personalmente, e inclusive fui interrogada por él, fue el entonces Comandante de la VII Brigada, General Cristino Nicolaides. Otro de los visitantes fue el entonces Comandante del II Cuerpo de Ejército, General Leopoldo Fortunato Galtieri, quien estuvo a mediados de noviembre de 1976».
Por un lado, las cárceles se poblaban de detenidos políticos, a quienes se intentaba presentar como delincuentes comunes, evitando reconocer que la persecución ideológica alcanzaba niveles inéditos hasta entonces en nuestro país. Esta estructura legal, no obstante, estaba íntimamente relacionada con la otra, la de la oscuridad y la muerte, donde miles de desaparecidos sufrían sin la menor posibilidad de protección.
Así, después de transcurridos dilatados períodos en detenciones clandestinas, muchos liberados verían oficializados sus secuestros por el ingreso a establecimientos penales públicos o a comisarías.
Guillermo Horacio Dascal (Legajo N° 6533) declara: «En la madrugada del día 11 de mayo de 1978 fui despertado por las órdenes que impartían dos o tres hombres vestidos de civil que portaban armas largas y que se encontraban dentro de mi habitación. Estos hombres me ordenaron vestirme y me colocaron luego una funda de almohada sobre la cabeza, a modo de capucha, conduciéndome luego hasta el automóvil, donde fui introducido en el baúl. Este automóvil realizó un trayecto que no puedo determinar y luego de atravesar un portón o un sitio en el que debieron identificarse, se detuvo, siendo descendido allí. Recuerdo que en el mismo sitio había más personas, aproximadamente seis en mis mismas condiciones. Luego de un tiempo, que no puedo precisar, fui conducido hasta una habitación cercana, donde había una mesa o carnilla donde fui golpeado por dos o tres hombres que me interrogaban para que identificara a otros ex alumnos Dentro de esta 'casa', que ahora reconozco como el llamado Vesubio, ubicado en la Autopista Ricchieri, permanecí detenido durante aproximadamente 40 días. Luego fui con otros detenidos, llamado por mi nombre y separados en grupos de cuatro personas a quienes los captores les comunicaron que hasta ese momento habían estado detenidos a disposición del autodenominado 'CALA' (Comando Antisubversivo Libertadores de América) y que serían entregados como prisioneros a autoridades del Ejercito. El grupo en el que fui incluido fue introducido en el asiento posterior de un automóvil que realizó un trayecto de aproximadamente 30 minutos de duración, al cabo de los cuales pude escuchar que los secuestradores detuvieron un automóvil de alquiler, donde nos introdujeron a los cuatro detenidos, luego de descender violentamente al chofer del taxi. En este segundo vehículo realizamos un corto trayecto, luego del cual fuimos abandonados dentro del automóvil, a pocos metros del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, bajo amenazas de los captores de que si intentábamos fugarnos detonarían una bomba que había sido colocada en el vehículo. Luego de escasos minutos escuché que una de las puertas era abierta por un hombre que nos quitó las vendas que llevábamos sobre los ojos, pudiendo ver entonces que se trataba de un hombre con uniforme de fajina verde, que nos condujo dentro del Batallón. Allí fuimos alojados en calabozos separados los hombres y la mujer. Dentro del Batallón debimos firmar una ratificación de la declaración que, bajo coerción, habíamos firmado dentro del centro clandestino de detención. Según la constancia (de la segunda copia) expedida por el Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, mi ingreso se produjo al Batallón de Logística 10, el día 19 de junio de 1978, permaneciendo allí hasta el día 31 de agosto de 1978, en que los cuatro detenidos fuimos trasladados al penal de villa Devoto a disposición de dicho consejo de Guerra hasta el día 3 de octubre de 1978, en que fui sobreseído, siendo liberado el día 5 de octubre de 1978. Pese a que desde el día 19 de junio de 1978 me hallaba a disposición del Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, mis familiares tomaron conocimiento de mi detención el día 1 de septiembre de 1978».
A la inversa, detenidos en establecimientos penales oficiales fueron secuestrados y muchos de ellos están desaparecidos a la fecha.
Otros fueron reintegrados a las cárceles después de transcurrir algunos meses en centros clandestinos. «...Posteriormente fui trasladado al lugar conocido como Puesto Vasco... De allí paso, creo que en septiembre, al Destacamento Arana... En Arana pude ver a Campos y al Comisario Miguel Etchecolatz, quienes iban con frecuencia. En diciembre de 1977 reingresé en la cárcel de La Plata, Unidad 9, de donde salí en libertad el 24 de julio de 1978».
Todos los lugares mencionados en el precedente testimonio del Dr. Juan Amadeo Gramano (Legajo N° 3944) desde que es sacado de la Cárcel de La Plata, operaron como centros clandestinos, en los que estuvo alojado siete meses hasta ser restituido al establecimiento oficial.
Si bien la adaptación de establecimientos destinados a albergar clandestinamente a detenidos se intensifica a partir del golpe de estado de 1976, existen antecedentes en esta Comisión de los que resulta que ya en el año 1975 funcionaron centros de esta naturaleza en jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, en Tucumán y Santiago del Estero, que operaron como centros pilotos durante el "Operativo Independencia".