La aparición de la variante Ómicron del coronavirus incitó todo tipo de preguntas acerca de su lugar de origen y la manera en la que logró adquirir las 55 variantes que presenta su genoma. Una de las hipótesis que se baraja y que se vio en otros individuos es que el virus se haya desarrollado en pacientes inmunocomprometidos, lo que le daría la ventaja de poder establecer infecciones prolongadas que le den tiempo para desarrollar las mutaciones.
Es una posibilidad bastante real teniendo en cuenta que todo indica que la variante se generó en el África subsahariana, donde tanto la tasa de infección del virus de la inmunodeficiencia humana como la tasa de mortalidad por Sida son elevadas, y que luego haya sido secuenciada en Sudáfrica, ya que posee métodos de detección más eficaces que el resto del continente.
También se considera este escenario ya que de las cinco variantes conocidas y de preocupación, dos surgieron en Sudáfrica, donde el 20% de los adultos conviven con HIV, lo que le propicia al SARS-CoV-2 y otros patógenos un terreno particularmente fértil para su mutación y crecimiento debido a lo debilitado de los sistemas inmunes de la población. Como es de esperarse, pacientes inmunocomprometidos tienen menos capacidad de respuesta al virus, elevando las tasas de mortalidad. Estudios previos al desarrollo de las vacunas indicaban que las personas seropositivas tienen hasta un 50% más posibilidades de morir por Covid-19. En este escenario, el coronavirus es un peligro aún mayor para la población de riesgo.
Aunque esta información ya se sabía, las autoridades internacionales no han puesto un plan para combatir ninguno de los virus en la región. Según UNAIDS, para 2019 4,9 millones de personas vivían con HIV en África central y occidental, una cifra que se estima aumentó debido al abandono de otras políticas sanitarias durante la pandemia. Una porción importante se encuentra bajo terapia antirretroviral, un tratamiento sumamente eficaz que le permite a un conviviente con HIV tener una esperanza de vida muy similar a la de una persona no infectada. Si bien la población de África subsahariana bajo tratamiento aumentó considerablemente los últimos cinco años, ascendiendo de 12,1 millones a 19,5 millones, aún hay 8 millones de personas no están recibiendo la terapia de manera eficiente, equivalente al 21% de las 37,7 millones de personas infectadas en el mundo. Las razones son diversas: muchas veces sucede que los medicamentos no llegan a los hospitales o las personas no llegan a los hospitales; otros tantos no están diagnosticados. Una porción importante está diagnosticada y conoce la terapia, pero el miedo a la estigmatización es más fuerte y culminan por no acceder al tratamiento (Nature, 01/12).
Este panorama sumado a las bajas tasas de vacunación del continente -poco más del 7% cuenta con dos dosis y 10% con una- han sido el caldo de cultivo para la propagación de nuevos virus más resistentes y transmisibles, como la variante Ómicron de la que poco se sabe aún. Sin embargo, se estima que probablemente la cobertura de las vacunas descienda, lo que demuestra la necesidad de desarrollar nuevas fórmulas y, fundamentalmente, de avanzar en la vacunación de la mayoría de la población mundial.
Al mismo tiempo, el ámbito científico ha planteado en los últimos años la posibilidad de desarrollar tratamientos con inyecciones cada dos meses o incluso una vacuna preventiva contra el HIV (El Mundo, 01/12). Vale preguntarse, sin embargo, si en caso de que se desarrolle sucedería lo mismo que con la vacuna contra el coronavirus, es decir que se transforme en un gran negocio para que los laboratorios, los gobiernos y los Estados sin garantía de acceso para los trabajadores. Es evidente que para evitar que eso suceda se debe evitar que se lleve adelante la misma lógica capitalista con la que se manejaron las vacunas actuales liberando las patentes, habilitando la transferencia de tecnología e interviniendo los laboratorios para obtener la logística, la tecnología y las capacidades de producción.
En este sentido, la hipocresía de los gobiernos es monumental, en tanto son quienes a través de la Organización de las Naciones Unidas instalan un Día Mundial de lucha contra el Sida mientras permiten que el desarrollo de los medicamentos y toda la industria farmacéutica se encuentre bajo un puñado de empresas que monopolizan la producción, impulsando la distribución desigual de recursos sanitarios y el encarecimiento de los precios, dos cuestiones que empeoran el cuadro sanitario para los países menos desarrollados. De conjunto, las acciones de los organismos de coordinación internacional demuestran que en realidad son funcionales al armado de negocios con la salud de los privados.
A su vez, al ser una persona con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) o cualquier enfermedad que afecte el sistema inmune más vulnerable al Covid-19 que el resto de la población, cualquier respuesta sanitaria al coronavirus tiene que venir de la mano de una serie de medidas para mejorar los sistemas sanitarios del mundo, acercar los tratamientos a la población y avanzar en el desarrollo científico por vacunas para ambas enfermedades. Esto tiene que incluir la estatización de la industria farmacéutica en su conjunto y la declaración de las vacunas como bien social, de manera que se pongan los avances científicos al servicio de las necesidades de los trabajadores.