Luisa Ortega, la hasta este sábado fiscal general de Venezuela, ha sido destituida por la nueva Asamblea Constituyente, después de denunciar en el mismo día en la institución que dirige que estaba siendo asediada. La fiscal era una de las principales voces que se habían alzado en contra de Maduro, después de haberse mostrado, en el pasado, afín al chavismo.
Ortega escribía en su perfil de Twitter: "Rechazo el asedio al Ministerio Público Venezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional". Junto a este texto, unas imágenes en las que las fuerzas de seguridad se encontraban a las puertas del edificio del organismo.
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 de agosto de 2017
Maduro acusó este viernes a Ortega de ser cómplice de la "insurgencia armada" que ha vivido el país desde que empezó la ola de protestas contra su Gobierno, el pasado 1 de abril. El presidente hizo estas declaraciones en un acto televisado para conmemorar los 80 años de la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo de policía militarizada dedicado a la gestión de las protestas, horas después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano cuya legitimidad no ha sido reconocida por la fiscal general.
Ortega se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más vehementes contra Maduro dentro de las instituciones del Estado y ha sido acusada de "traidora" desde el oficialismo. Ante la escalada de acusaciones contra el Ministerio Público, la fiscal general se dirigió a finales de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este viernes respondió afirmativamente y dictó una medida cautelar para garantizar la protección de sus derechos. El organismo pidió además al Gobierno de Maduro que garantice su integridad y la de su familia.
"Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho de los solicitantes y del Estado venezolano, y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela, la Comisión concluyó que la señora Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable", ha resuelto el organismo.