El Gobierno pondrá en marcha en agosto las actividades para designar el emplazamiento final del Almacén Transitorio Centralizado (ATC). Ya cuenta con cuatro candidatos, tres de ellos en zonas nucleares. Nuevamente este proceso se produce en secreto y sin un amplio debate ciudadano sobre los residuos y la energía nuclear. Ecologistas en Acción opina que los alcaldes están vendiendo a sus municipios.
Ecologistas en Acción ha podido saber que existen cuatro municipios que se han ofrecido ya como candidatos para albergar el ATC, el cementerio nuclear donde se depositarán temporalmente los residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales nucleares españolas. En concreto, uno de los candidatos se encuentra en el área de la central nuclear de Zorita (Guadalajara), otro se halla en el entorno de la central de Ascó (Tarragona), tristemente famosa por el escape radiactivo ocultado por sus explotadores, un tercer candidato se encuentra en la zona de Vandellós (Tarragona), donde se encuentra una central en desmantelamiento cuyos residuos de alta actividad se hallan en Francia reprocesándose, y el último candidato es un municipio no nuclear, que no pertenece a la AMAC (Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares).
Los residuos de alta actividad son una de las consecuencias indeseables de la energía nuclear. Son sustancias que permanecen radiactivas durante cientos de miles de años, y para las que no existe forma de gestión satisfactoria, a pesar de los enormes recursos que se invierten en investigación desde la primera reacción de fisión que se produjo en el año 1942. Por tanto, es imposible calcular el coste de la gestión de los residuos de alta y, por tanto, del kWh de origen nuclear. Mantener las centrales nucleares en funcionamiento implica agravar este problema.
Las motivaciones para albergar el cementerio nuclear de residuos de alta actividad durante aproximadamente el centenar de años para los que está preparado el ATC son claramente económicas. Los alcaldes no han tenido problemas en ofrecer sus municipios para que acojan esta peligrosa instalación sólo por el dinero que ofrece ENRESA. Para Ecologistas en Acción esto es claramente una muestra de imprevisión y de temeridad por varios motivos.
En primer lugar, nadie puede decir qué ocurrirá después de los 60 años que, en teoría, debe funcionar el ATC. Si no hay determinada una solución definitiva para la gestión de tales sustancias en ese momento ¿dónde se llevarán los residuos? En ese caso, lo más probable es que continúe la política de hechos consumados y se busque una forma de ampliar la vida del ATC. En segundo lugar, se trata de una instalación que, en sí misma es un riesgo por las peligrosas sustancias que alberga. Además de la propia seguridad de la instalación hay que considerar el riesgo que supone su asunción, puesto que nos enfrentamos a nuevos peligros tras los sucesos del 11-S en EE UU o del 11-M en Madrid.
Estos riesgos, nada desdeñables, hacen que el ATC sea una hipoteca de futuro para los municipios que se han ofrecido a albergarlo. Es claro que esta instalación va a espantar cualquier otra actividad económica que se produzca en el municipio y que, lejos de traer el progreso, el ATC va a significar la condena al monocultivo económico, que generará pocos puestos de trabajo y no distribuirá la riqueza entre los habitantes del pueblo. La actitud del Gobierno en este tema resulta decepcionante, puesto que, en lugar de abrir el debate sobre residuos radiactivos y energía nuclear, continua realizando estas actividades a hurtadillas.