El abogado de los defensores del agua en la “Hacienda La Labor” detenidos la semana pasada cuestionó el desempeño de los personeros de la Fiscalía General de la República asignados al caso, a quienes acusó de actuar como “abogados corporativos” debido a su actitud sesgada a favor de los intereses de la empresa Fénix S.A. de C.V.
El señalamiento incluye también al Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán que decretó detención provisional contra tres de los líderes comunitarios criminalizados, a pesar de que realmente no existe delito que perseguir más allá del mensaje de advertencia que se busca enviar a todas aquellas personas y comunidades que pongan resistencia a proyectos que atentan contra sus bienes naturales.
La misma valoración puede hacerse de la Policía Nacional Civil, cuyos agentes realizaron las detenciones en forma violenta y trataron como delincuentes a los defensores del agua, según denunciaron miembros de la comunidad.
Esta persecución y criminalización de líderes comunales que defienden el derecho al agua confirma claramente cómo autoridades que -según la Constitución y las leyes- están para hacer valer los derechos de la población y defender los intereses del Estado y la sociedad, en la práctica se vuelven defensores de las empresas privadas y sus intereses mercantilistas.
Tal situación se ha agravado en el gobierno de Nayib Bukele con la desaparición de la separación de poderes y la independencia judicial, a lo cual se suma la instrumentalización política de la Policía y la Fiscalía, el irrespeto al estado de derecho y el desmantelamiento de la institucionalidad.
Y esta realidad podría ser peor en el futuro, debido a las amenazas que representa el anuncio presidencial de la construcción de “ciudades privadas” y la aprobación de una nueva ley de expropiaciones que podrían derivar en desalojos de comunidades ubicadas en lugares de interés de las empresas privadas.
Así más líderes comunales, defensores del agua y activistas ambientales que se opongan a estos proyectos serán perseguidos y criminalizados por la Fiscalía, la Policía y los tribunales judiciales que actúan bajo la influencia y las directrices del oficialismo.
El horizonte nacional pinta amenazantes nubarrones. Y frente a esto es urgente que toda la población democrática se manifieste por el irrestricto respeto a la libertad de expresión, asociación, participación y demás derechos humanos que son violentados cuando el Estado criminaliza la protesta.