Ante el anuncio del ministro Gallardón de su intención de reformar la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la CGT quiere manifestar lo siguiente.
Los posicionamientos ultra conservadores, reaccionarios y retrógrados que preconizan sectores del PP y de la jerarquía eclesiástica católica, pretenden imponer un integrismo radical y religioso por la vía de la normativa legal. El control del cuerpo de la mujer siempre ha sido, a lo largo de la historia, una obsesión patriarcal, dando a entender que las mujeres somos propiedad de los varones y por tanto no estamos capacitadas para decidir y tomar decisiones.
Los posicionamientos ultra conservadores, reaccionarios y retrógrados que preconizan sectores del PP y de la jerarquía eclesiástica católica, pretenden imponer un integrismo radical y religioso por la vía de la normativa legal. El control del cuerpo de la mujer siempre ha sido, a lo largo de la historia, una obsesión patriarcal, dando a entender que las mujeres somos propiedad de los varones y por tanto no estamos capacitadas para decidir y tomar decisiones.
El derecho a elegir es solo un aspecto más de un tema mucho más amplio que el de los derechos reproductivos, esto es: el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra vida reproductiva y sobre cuándo queremos ser madres. A pesar de que en las décadas recientes la batalla se ha centrado alrededor del derecho al aborto, los derechos reproductivos incluyen mucho más que poner fin a un embarazo no deseado, ya que comprende también la decisión de tener hijos o no, para lo que es imprescindible la recuperación de las políticas de planificación que han hecho desaparecer tanto los gobiernos del PP como los del PSOE.
La propuesta del Gobierno, a través del ministro de justicia, de recuperar la Ley de supuestos significa retroceder en libertades, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las mujeres, es decir, quieren obligarnos a llevar adelante un embarazo aún cuando “el feto tenga graves minusvalías o malformaciones”. Un despropósito poco entendible que no se puede permitir.
La eliminación del derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir supondrá un aumento de los abortos clandestinos, que incidirá negativamente en la salud y seguridad de las mujeres.
Las mujeres consideramos este anuncio como un ataque directo a nuestra autonomía, un ataque de la derecha ultra conservadora, a quien solo interesa la capacidad reproductiva que poseemos.
ANTE TODO ELLO LA CGT EXIGE:
Libre elección de la mujer sobre su cuerpo, sin sobres informativos ni períodos de reflexión
Igualdad territorial y gratuidad en todo el estado
Eficaces políticas de anticoncepción incluidas en la seguridad social y aplicables universalmente
Inclusión de una materia afectivo sexual en los currículos escolares
Formación específica para el personal sanitario, educativo y servicios sociales.
Seguridad jurídica tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como para el personal que lo realiza.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal