En días pasados se conoció la noticia de que la Consejería de Medio Ambiente había abierto expediente sancionador a varios miembros de la Plataforma de Defensa de Redes por acampada ilegal, con relación a los actos reivindicativos contra la presa de Caleao. Todo ello en el vertiginoso plazo de seis meses desde que se produjeran los hechos.En días pasados se conoció la noticia de que la Consejería de Medio Ambiente había abierto expediente sancionador a varios miembros de la Plataforma de Defensa de Redes por acampada ilegal, con relación a los actos reivindicativos contra la presa de Caleao. Todo ello en el vertiginoso plazo de seis meses desde que se produjeran los hechos.
Por el contrario, paradójica e irónicamente, la Sección de Régimen Jurídico y la Secretaria Técnica de la Consejería de Medio Ambiente no han resuelto ni han abierto expedientes sancionadores de varias denuncias realizadas -un numero sin determinar- por parte de la Guardería de Medio Natural. En este caso se trata de denuncias por furtivismo, algo tan grave legalmente como moralmente cuestionable.
Este problema ya ha sido denunciado en el pasado por sindicatos y por entidades ambientalistas. Recientemente se ha repetido la situación, siendo de nuevo miembros del colectivo de Guardería, afectados por partida doble, como ciudadanos y como profesionales, los que han dado la voz de alarma.
Por ello es necesario denunciar esta situación de deterioro y anormal funcionamiento de un organismo público, que pone en entredicho su independencia. Resulta evidente, en este caso, la instrumentalización que de sus competencias están haciendo los responsables políticos de la Consejería de Medio Ambiente y el Gobierno del Principado de Asturias, con fines partidistas, electoralistas y clara parcialidad. Consideramos que esta situación afecta profundamente a algo tan fundamental como son las instituciones y al estricto cumplimiento de la ley.
Por encima de cualquier consideración exigimos, como conservacionistas y como ciudadanos, una aplicación escrupulosa de la normativa legal en la tramitación, seguimiento y resolución de los expedientes sancionadores en materia ambiental, algo que, insistimos, no está sucediendo.
De la misma manera, exigimos que por parte de la Consejería de Medio Ambiente se ofrezca una explicación pública sobre lo que ha sucedido y está sucediendo con algunos expedientes sancionadores en materia de caza y pesca. De no ser así, el Gobierno del Principado de Asturias tiene la obligación de depurar las responsabilidades que se deriven de estos hechos.