Los pobres también tenemos derecho a gobernarnos, y en Bolivia los pueblos indígenas también tenemos derecho a ser presidentes. Por eso, hermanas y hermanos, gracias al voto de ustedes, primeros en la historia boliviana, aymaras, quechuas, mojeños, somos presidentes, no solamente Evo es el presidente.
—Evo Morales, 2006
En su pronunciamiento inaugural frente a los hermanos y hermanas originarios que se celebró en Tiahuanacu en 2006, Evo Morales anunció el fin del colonialismo interno que caracterizaba la política boliviana desde su fundación en 1825. La llegada de Evo al poder en 2006 fue percibida como un hito histórico para los pueblos indígenas originarios, tradicional social y políticamente marginados, dándoles esperanzas a una nueva posición dentro del Estado. La agenda de Morales expresada en el pronunciado proceso del cambio ha prometido abrir los espacios políticos del Estado a los pueblos indígenas, profundizando así su participación e influencia política.
Considerando su auto-identificación como el gobierno de izquierda progresista y aliado natural de los movimientos sociales, sería justificable prevenir que con su llegada al poder el movimiento indígena vendría reforzándose a través de su intersección con el Estado, reconfigurando la distribución del poder. Y, de verdad, los datos empíricos confirman la creciente representación de los pueblos indígenas en las estructuras estatales (Cárdenas et al. 2011). Sin embargo, después de catorce años del gobierno masista, se pudo observar dos paradojas en cuanto al movimiento indígena. Primero, pese a la institucionalización de los derechos claves de los pueblos indígenas en la nueva Constitución Política del Estado (2009) y su creciente representación en los órganos de poder, los conflictos entre el gobierno de tinte indígena y los pueblos indígenas perduraban. Segundo, mientras que a principios de su mandato las organizaciones indígenas gozaban de la reputación de luchadores fuertes, capaces de cambiar el orden político, en su tercer mandato apenas se pudo hablar sobre el movimiento indígena fuerte. Las organizaciones individuales se encontraban fragmentadas entre varios liderazgos paralelos, entonces algunos observadores locales hablaban sobre la descomposición (Mayorga 2014) o hasta la desaparición del movimiento indígena.1
El objetivo de este artículo es explorar si la dinámica de las organizaciones del movimiento indígena (actividad de movilización y cohesión) cambia simultáneamente con su institucionalización, entendida como “establecimiento o utilización de los espacios o puntos focales dentro del ambiente institucional por parte del movimiento” (Morgan 2007, 275). En otras palabras, nos interesa si el proceso del creciente (o descendiente) acceso a la política formal a través de la representación de los pueblos indígenas en los cargos de poder político estatal (Suh 2011) está acompañado por la descendiente movilización y/o fragmentación de las organizaciones individuales.
El movimiento indígena boliviano lo constituyen las organizaciones de diferentes rasgos étnicos y con distintas y a menudo significativamente lejanas demandas sectoriales (Van Cott 2005; Paz 2012; Canessa 2014). Considerando esta heterogeneidad, la institucionalización puede materializarse de manera diferente respecto a las organizaciones individuales. Por esta razón escogimos tres organizaciones que según la literatura relevante (Fontana 2013) representan el movimiento indígena y al mismo tiempo reflejan las diferencias identitarias entre sus respectivos miembros. Con respecto a lo anteriormente dicho parecen cruciales dos clivajes. El primer clivaje apunta a la diferencia entre los pueblos originarios de las tierras altas organizados en los ayllus por un lado; y los indígenas de las tierras bajas con mayor pluralidad étnica por otro lado (Van Cott 2005, 50). El segundo clivaje refleja las diferencias respecto al concepto del territorio que se sitúa históricamente en el centro de la lucha indígena (Quiroga y Flores s.f., 16). En la cosmovisión indígena originaria la tierra cumple, además de su papel económico, también la función socio-cultural, en el mundo campesino domina la función económica ya que la tierra es percibida como la fuente del beneficio (Albó 2007). Aunque también los campesinos se auto-identifican muchas veces como campesinos originarios,2 en su mayoría abandonan la práctica de las tradiciones indígenas.3 A consecuencia de los procesos de migración y urbanización la tierra paulatinamente pierde su función social e identitaria, superponiendo la identidad étnica por la identidad clasista (campesinos, colonos, cocaleros) (Paz 2012). Entonces los campesinos abarcan la concepción individualista de la tierra, mientras que la tradición indígena se basa en la propiedad colectiva lo que tiene su impacto en las demandas formuladas por ambos sectores.
La confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que es la organización más vieja del movimiento indígena, fundada en 1977, representa a los campesinos junto con su brazo femenino, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS).
La pregunta crucial de este texto se sustenta en la teoría de institucionalización del movimiento social mediante el cual dos corrientes claves argumentan que el acercamiento al Estado influencia la dinámica del movimiento o bien de manera negativa (political process approach) (Tarrow 2011; McCarthy y Zald 1977), o positiva (resource mobilization approach) (Clemens y Minkoff 2004; Staggenborg 1988). Las dos perspectivas, sin embargo, resultan determinísticas y estructuralistas, considerando en su mayoría la institucionalización como la etapa final del movimiento, subestimando la agencia (papel de los protagonistas y sus reacciones) y/o concentrándose exclusivamente en el movimiento, descuidando las estrategias gubernamentales en dicho proceso (Suh 2011).
Con este artículo intentamos superar el determinismo/estructuralismo abarcando primero un enfoque más flexible respecto a la institucionalización que implica la posibilidad de su reversión; y segundo la perspectiva relacional que considera también el papel de los protagonistas (movimiento y gobierno) en la (des)institucionalización en su mutua interacción.
El caso boliviano parece apto para dicho tipo de análisis por varias razones. Primero, datos empíricos demuestran la creciente representación de los pueblos indígenas en el gobierno y parlamento boliviano, sin embargo, esta tendencia tiene diferente intensidad entre las organizaciones particulares, favoreciendo a los sectores campesinos frente a los indígenas originarios. Además, la institucionalización parece tener un carácter diferente entre los dos sectores (indígena originario y campesino). Esta variabilidad nos ofrece la posibilidad de controlar por la influencia de la identidad en la evolución y seguida percepción del proceso y sus implicaciones potenciales en la dinámica de las organizaciones particulares. Segundo, las dos organizaciones, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), experimentan el proceso de desinstitucionalización durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Aunque al principio las dos pertenecían a las plataformas gubernamentales (Pacto de Unidad y CONALCAM) y se acercaban al partido gubernamental en las elecciones durante el primer mandato de Evo, luego, en su segundo período, ambas decidieron apartarse del Estado, renovando su potencial disruptivo. Estos hechos ofrecen la oportunidad de explorar los determinantes de la desinstitucionalización y sus efectos en la dinámica de dichas organizaciones.
Con el objetivo de explorar la evolución de la (des)institucionalización vamos a comparar el porcentaje de los representantes indígenas en la estructura estatal, es decir en los gobiernos respectivos y en el parlamento desde 1997 hasta 2014. Además, consideramos la participación de las organizaciones en las plataformas oficiales para la coordinación de las políticas públicas con los pueblos indígenas. En lo que se refiere a los ministros y parlamentarios indígenas, en base a revisión hemerográfica tomamos en cuenta no solo la pertenencia a un grupo étnico, sino también su potencial afiliación a las organizaciones respectivas del movimiento indígena. La afiliación organizativa es de especial importancia puesto que analizaremos la dinámica del movimiento mediante sus organizaciones constitutivas partiendo de la perspectiva teórica que rechaza la visión del movimiento social como un actor homogéneo (Della Porta y Diani 2006), y al contrario lo define como “redes de interacción informal entre una pluralidad de individuos, grupos y/u organizaciones, envueltos en un conflicto político y/o cultural, sobre la base de una identidad colectiva compartida” (Diani 1992, 13).
En cuanto a la dinámica del movimiento observaremos la intensidad y los tipos de actividades movilizadoras realizadas por las organizaciones indígenas. Nuestro análisis va a cubrir el período precedente a la elección de Evo en 2005 para poder controlar las potenciales variaciones de la dinámica del movimiento antes y después del comienzo de la supuesta integración de los pueblos indígenas al Estado Plurinacional.
Con el fin de descubrir los posibles mecanismos mediante los cuales la (des)institucionalización impacta en la dinámica del movimiento, el análisis de macro-procesos (tendencias generales en el tiempo) será complementado con examinación de micro-procesos de los protagonistas en su mutua interacción, es decir del gobierno por un lado y el movimiento (mediante sus organizaciones) por el otro. La parte clave de este análisis serán las evaluaciones subjetivas de los miembros del movimiento indígena sobre la eficiencia de la institucionalización tanto como las estrategias gubernamentales para afrontar a las organizaciones desafiantes.
El trabajo se basa tanto en los datos primarios como en los secundarios. Los discursos fueron recolectados durante la investigación de campo entre los años 2014–2017 mediante las entrevistas semiestructuradas realizadas con dirigentes de las organizaciones indígenas, representantes estatales, activistas en el área de los derechos indígenas y expertos locales. En total se ha realizado más de sesenta entrevistas de cuarenta y cinco minutos en promedio. También analizamos documentos (resoluciones, comunicados) emitidos por las propias organizaciones. A base de las informaciones publicadas en la prensa local, literatura secundaria y otras fuentes relevantes se han elaborado dos bancos de datos.4 El primero contiene las informaciones sobre las campañas de protesta organizadas o coorganizadas por las organizaciones respectivas en el período desde 1997, cuando se formó el penúltimo gobierno neoliberal, y ha sido establecida una de las organizaciones claves del movimiento indígena, el CONAMAQ, hasta 2014, el fin del segundo mandato de Evo. La campaña de protesta puede abarcar más eventos de protesta, tener lugar en varios espacios al mismo tiempo y durar hasta meses (Díaz Pabón 2017, 16), pero siempre se delimita en base al objetivo común y continuidad en el sentido de la movilización no interrumpida (Kousis 1999, citado en Koopmans y Rucht 2002, 237).5
El segundo banco de datos abarca informaciones sobre la representación indígena en los órganos del poder tanto ejecutivo como legislativo, considerando también la afiliación organizativa de los representantes indígenas y participación en las plataformas oficiales para la representación indígena entre 1994–2014. Los datos se iban recolectando mediante análisis de la prensa local y unas publicaciones relevantes como el libro compilado por Inés Gonzales Salas (2013) o Romero Ballivián (2009).
Los movimientos sociales surgen para luchar por los destinos de los sectores desfavorecidos, lo que, desde el punto de vista del sistema dominante, les atribuye el carácter anti-sistémico en el sentido que procuran los cambios radicales del orden social. Sin embargo, esto no significa necesariamente que todos los movimientos que ofrecen alternativas al establecimiento político intentan derrocar el sistema existente (Pruijt y Roggeband 2014, 146). Una de las vías para conseguir los objetivos principales del movimiento puede realizarse mediante su institucionalización, es decir mediante su entrada en la rutina de la política formal. Según la perspectiva de policy process approach, este proceso implica la conversión del movimiento del outsider político al insider, puesto que las normas y reglas de las instituciones estatales comienzan a regular su conducta en la forma de su repertorio de acción y organización (Kriesi et al. 2002, xiv).
Tarrow (2011, 119) desde esta perspectiva define la institucionalización como “la incorporación de algunas organizaciones o partes de ellas en la rutina de la política organizada”. Los movimientos de tal modo van apartándose de las ideologías extremas y reemplazan las formas disruptivas de protesta con las más convencionales (Tarrow 2011, 207). En este sentido el movimiento se inclina más a las negociaciones, a la participación electoral y a las actividades realizadas mediante las instituciones gubernamentales, es decir las estrategias menos confrontacionales (Hipsher 1998, 157). El Estado por su parte comienza a interactuar con el movimiento de manera regulada, institucional y previsible (Koopmans 2006, 30).
El creciente acceso a las instituciones formales está a menudo acompañado por la institucionalización paulatina de la organización. Este proceso tiene su expresión en la profesionalización y formalización de las organizaciones del movimiento social (Morgan 2007). Kriesi (1996, 154–155) subraya cuatro características de la estructura interna formalizada de las organizaciones: (1) formalización: reglas escritas, procedimientos fijos, líderes formales y oficinas; (2) profesionalización: personal pagado; (3) diferenciación interna mediante la división funcional del trabajo; (4) integración a través de la coordinación horizontal/vertical. Este proceso puede resultar hasta en la transformación del movimiento en partido político o grupo de interés (Tarrow 2011, 115). De todos modos, la institucionalización implica el cambio radical de la posición del movimiento respecto a las instituciones estatales y sus agentes principales, por lo que la podemos conceptualizar espacialmente como el proceso “de transición del movimiento social al terreno oficial de la política formal interactuando con las instituciones autoritativas como es legislativa, justicia, el Estado y partidos políticos para aumentar su habilidad colectiva de lograr los objetivos del movimiento” (Suh 2011, 443).
Sin embargo, a diferencia de esta perspectiva no consideramos el cambio de la posición del movimiento de outsider al insider político como parte inherente del proceso de institucionalización. Al observar la historia de las relaciones del movimiento indígena con el Estado, identificamos bastante momentos en los cuales el movimiento se acercaba a las estructuras estatales, formando alianzas con los partidos, sin que consiguiera este la emancipación en el sentido de cumplimiento de sus demandas claves.6
Entonces, el dilema clave que pueda surgir del proceso de institucionalización para el movimiento es el peligro de cooptación (Suh 2011, 443). La cooptación apunta a la traición por parte de las élites políticas quienes así “manejan amenazas externas a través de la institucionalización superficial de los desafiadores” (Pettinicchio 2012, 501). Entonces, igual que la institucionalización, la cooptación implica penetración del movimiento (mediante sus representantes) al Estado, sin embargo, sin que se le de la posibilidad de influir realmente en la política y el cumplimiento de sus objetivos principales (Lapegna 2013).7
Entonces, la institucionalización podríamos equipararla a la representación sustantiva que según Pitkin se define como actuación. En este respecto los representantes deberían actuar en favor de los pueblos indígenas, siendo sensibles a sus demandas fundamentales (Pitkin 1967, 113–114). Al contrario, la cooptación tiene mucho en común con la representación descriptiva, cuando los miembros del grupo específico (pueblos indígenas) gozan de la representación institucional, pero esta no está acompañada con la política en favor de dicho sector (Pitkin 1967, 61). Con el objetivo de observar el mecanismo clave mediante el cual la (des)institucionalización puede influir en la dinámica del movimiento, hay que considerar, entonces, también su carácter, es decir si la institucionalización se materializa de manera sustantiva o solo descriptiva. En este respecto es fundamental el criterio identitario que diferencia entre las organizaciones individuales del movimiento indígena (campesino e indígena originario), puesto que la identidad influye necesariamente en el contenido de las demandas articuladas, considerando las diferentes conceptualizaciones de territorio (perspectiva individualista versus comunitaria).
En cuanto a los efectos de la institucionalización en la dinámica del movimiento, podemos encontrar dos enfoques básicos en los estudios ya existentes. El primero, que se basa en el resource mobilization approach, considera recursos surgidos de la organización formal del movimiento como una condición favorable que facilita su movilización (McCarthy y Zald 1977). La formalización de las organizaciones del movimiento con personal profesionalizado les ofrece mayor acceso a varios fondos porque para los líderes con know-how en el manejo de los recursos es más fácil mantener los contactos continuos con fundaciones y medios de comunicación. En consecuencia, las organizaciones formalizadas del movimiento son capaces de sobrevivir también los tiempos complicados cuando sus objetivos pierden su resonancia en la sociedad y la movilización resulta más difícil (Staggenborg 1988, 597). La formalización también abre la puerta a las tácticas más institucionalizadas como candidaturas en las listas partidarias o lobbying. Clemens y Minkoff (2004, 155) sostienen que “con más organización hay mejores expectativas de la movilización y éxito” para el movimiento. Entonces, el núcleo de este enfoque se encuentra en la organización interna siendo ella el factor clave para el desarrollo de las actividades y carácter de interacciones del movimiento con la política del Estado.
Sin embargo, las premisas de esta perspectiva se ven problemáticas considerando la particularidad del movimiento indígena donde la identidad es el criterio clave en la selección de los líderes que ejercen funciones de autoridades.8 La profesionalidad se percibe de manera diferente puesto que la función de la autoridad originaria/indígena representa tanto el honor como la obligación respecto a su pueblo. No obstante, eso no significa que los indígenas no consideren en nada la experiencia de sus potenciales líderes quienes tienen que cumplir el thaki (camino), es decir las funciones sociales en su comunidad para poder aspirar al cargo de autoridad. Además, esta perspectiva con su énfasis exclusivo en la organización interna del movimiento descuida las estrategias de poseedores del poder. Puesto que entendimos la institucionalización de manera espacial como acercamiento a las estructuras estatales, resulta claro que su carácter depende de la consonancia de los dos protagonistas. El movimiento debe optar por la participación en las instituciones formales y estas tienen que responder positivamente a dichas iniciativas si no las estimulan. Para analizar la institucionalización, entonces, es importante considerar no solo las estrategias del movimiento sino también las respuestas del Estado (Suh 2011, 446).
Por esta razón el análisis de la institucionalización se enfocará más bien en la interacción del movimiento con el Estado, que en su organización. En este sentido el segundo grupo de teóricos, sin rebatir la importancia de la estructura interna del movimiento, toma en cuenta también las reacciones de los representantes de la política formal rutinaria. Estas reacciones abarcan tanto la confrontación como la colaboración (Tilly 1994, 15; Kriesi 1996, 29; Tarrow 1994, 2011). Allí donde el gobierno reacciona mediante acomodación o concesiones la institucionalización se convierte en la estrategia predominante de los movimientos (Kriesi et al. 2002, 29). Sin embargo, este proceso puede perjudicar el movimiento. Como las protestas mediante su incorporación en la política formal (son más reguladas) pierden su capacidad de sorprender y desestabilizar el gobierno, el entusiasmo de la etapa disruptiva se evapora y suele ser reemplazada por tácticas más institucionalizadas. Tal proceso puede irritar a los sectores más radicales del movimiento (Tarrow 1994, 135, 155, 318). Las diferencias entre los dos grupos del movimiento se ven aún más intensificadas en el caso de que el gobierno en su esfuerzo de cooptar a los moderados y marginalizar a los radicales y así contener el riesgo de inestabilidad, responde a un grupo con concesiones y cooptación, mientras que al otro grupo con represión. El costo de la movilización se eleva para los dos grupos (Karstedt-Henke 1980 en Koopmans 2006). Como se abren los canales institucionalizados, el primer grupo viene inclinando a las negociaciones con las élites. El segundo grupo, afrontando la represión gubernamental, se disminuye y así pierde su potencial movilizador. Es decir, la tendencia general que sucede a la institucionalización es la división, desmovilización o hasta extinción del movimiento.
El problema de esta perspectiva radica en que los mecanismos causales se quedan incompletos. Así no está claro cuáles concesiones (de carácter programático, superficial o funcional) de los cuales habla Tarrow realmente transmiten la relación entre institucionalización y dinámica del movimiento. Además, ni una de las dos perspectivas anteriores contempla la posibilidad de una eventual desinstitucionalización de la organización en base de autorreflexión de los aportes y/o desventajas de la institucionalización, imposibilitando así explorar los efectos del alejamiento del movimiento de las estructuras estatales. Por fin, no está claro si la división del movimiento y/o sus organizaciones es parte inherente de la institucionalización o más bien es el resultado de la estrategia intencional desempeñada por parte del gobierno. En este respecto hay que observar la secuencia de los sucesos para aclarar el mecanismo causal.
Por esta razón en este texto desarrollamos la perspectiva más flexible de la institucionalización en cuanto a sus efectos en dinámica del movimiento social, partiendo de las consideraciones teóricas recientes que cuentan con su reversibilidad y temporalidad (Morgan 2007; Suh 2011). Aunque también algunos trabajos clásicos borran la frontera fija entre institucionalización y movilización disruptiva del movimiento social, tomando en cuenta la posibilidad de estrategia dual que combina las tácticas más institucionalizadas con las más disruptivas (Goldstone 2003; Pruijt 2003, 136; Kitschelt 2006; Suh 2011, 451–453; Pruijt y Roggeband 2014, 3), las condiciones y mecanismos a través de los cuales funciona esta relación siguen siendo poco elaborados. En este respecto, los trabajos clásicos no explican qué pasa con el movimiento que una vez fue parte del establecimiento político y después decidió desinstitucionalizarse, es decir alejarse del Estado al evaluar que la interacción es más bien perjudicial que beneficiosa para él.
De aquí surge la pregunta cómo el Estado afronta a estos desafiadores que una vez eran parte de su estructura y mediante su alejamiento, entonces, necesariamente provocan el dilema estratégico para el gobierno puesto que amenazan su imagen como representante legítimo de los sectores que este movimiento desafiante representa. Ningún régimen, incluso totalitario, quiere aparecer ilegítimo, lo que vale aún más en el caso de los regímenes democráticos o híbridos, entre los cuales podemos contar Bolivia bajo Morales (Mainwaring y Peréz-Lin͂án 2015).9 Además, el interés de cada Estado como una fuerza conservadora es mantener el statu quo (de la actual distribución de poder) y estabilidad política, por lo que esas disidencias son vistas perjudiciales (Holloway 2005) y resulta relevante observar cómo el Estado maneja estas amenazas.
Por esta razón, abarcamos la perspectiva relacional de la institucionalización que no percibe al Estado y sus representantes solo como una estructura pasiva de oportunidades y limitaciones, sino más bien como agentes (actores) activos que igual que el movimiento afrontan los dilemas estratégicos en base de los cuales actúan e influyen en el movimiento y al revés están influidos por él (toma de las decisiones, reacciones, iniciativas, etc.) en su mutua interacción. Como es difícil desde la perspectiva antideterminista de la institucionalización prevenir todas las posibles reacciones de los dos actores tanto como su resultado, los mecanismos que transmiten la relación entre institucionalización y dinámica del movimiento serán explorados de manera inductiva en base al estudio de caso de desmovilización del movimiento indígena boliviano en la parte empírica.
En esta parte vamos a explorar si, y potencialmente cómo, la (des)institucionalización de las organizaciones del movimiento indígena impacta en su potencial de movilización y cohesión.
En la Figura 1 observamos la evolución de la tendencia movilizadora del movimiento indígena mediante campañas de protesta organizadas por las tres organizaciones claves (CONAMAQ, CSUTCB-Bartolinas, CIDOB) en el transcurso de los años 1997–2014.
De la Figura 1 se puede observar la creciente tendencia de movilización del movimiento indígena con su auge en el primer mandato de Evo. Es decir, que paradójicamente los representantes del movimiento indígena se movilizan con más frecuencia durante el gobierno que proclamó como uno de sus objetivos principales la inclusión de los pueblos indígenas en la política formal lo que según algunos autores debería resultar en la disminución de las estrategias disruptivas puesto que son más costosas que los canales formales como la participación en las elecciones (Hipsher 1998, 157).
Sin embargo, si observamos el carácter de protestas, identificamos un fenómeno interesante que parcialmente explica dicha paradoja. Durante el gobierno de Evo aparece el fenómeno de las protestas directamente coorganizadas o fomentadas por el propio gobierno (llamadas protestas progubernamentales) mediante las plataformas oficialmente institucionalizadas para coordinación con el movimiento indígena campesino. Se trata del Pacto de Unidad que fue creado por la iniciativa de las propias organizaciones del movimiento indígena en 2002 con el fin de crear el Fondo Indígena.10 En 2006 el gobierno oficializó dicha estructura con el principal objetivo de vigilar el trabajo de la Asamblea Constituyente (entre 2006–2008). Así, el Pacto de Unidad, se convirtió en la parte oficial de la estructura estatal. Los representantes de las cinco organizaciones (CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, CSCB, FMCBBS) recibieron oficialmente una oficina para instalar en ella sus centros de control y financiamiento (Gamboa Rocabado 2009). Adolfo Chávez, el entonces máximo líder de la CIDOB, declaró al respecto: “Básicamente nos ha ofrecido [el presidente] los ambientes, luego la alimentación para hacer una olla común” (Zegada, Torrez y Cámara 2008, 89).
La segunda plataforma clave creada desde arriba por el mismo gobierno en 2007 y conformada por las organizaciones del Pacto era la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) (Mayorga 2011b). Esta estructura se convirtió en una herramienta clave para presionar la oposición a que aprobara las políticas del gobierno a través de las estrategias disruptivas y al mismo tiempo sustentar la imagen del gobierno en movimientos sociales (Zuazo 2010, 130). Así, durante el primer mandato de Evo las organizaciones integrantes de estas plataformas se movilizaban continuamente en defensa de la Asamblea Constituyente y el proceso de cambio. Durante el 2008 organizaron hasta ocho cercos al Congreso y una serie de bloqueos y marchas protestando contra los congresistas opositores que se negaban a aprobar, entre otras cosas, la ley de convocatoria al referendo constitucional. En total, durante el primer mandato de Evo, las protestas progubernamentales de los pueblos indígenas hasta vencieron a las protestas oposicionistas en proporción 88,24 por ciento y 11,76 por ciento, respectivamente.
En el segundo mandato este tipo de movilización progubernamental ha extendido su objeto referencial siendo dirigida no solo en contra de la oposición parlamentaria sino también en contra de la protesta social encarnada por una parte del movimiento indígena divorciada del gobierno y otros sectores sociales (como los mineros y obreros). En este respecto cabe mencionar por ejemplo las contra-marchas de la CSUTCB, Bartolinas y CSCB realizadas en reacción a la octava y la novena marcha indígena por el TIPNIS (2011 y 2012) que se oponían al proyecto infraestructural propuesto por el gobierno. Entonces, aunque la actividad movilizadora del movimiento indígena consigue la mayor intensidad durante el gobierno de Evo, una buena parte de ella está constituida por las protestas en favor de él.
En el segundo período masista observamos la disminución paulatina de las protestas indígenas, tendencia que continúa en el tercer mandato de Evo cuando estas organizaciones protestan solo esporádicamente y con muy baja apelación entre sus bases (protestas locales y de baja intensidad).11 Estas tendencias pueden manifestar que los pueblos indígenas se sienten representados o incluso parte del gobierno, por lo que se movilizan en su favor o no salen más a las calles. La premisa teórica detrás de este razonamiento sostiene que cuanto más se abren los canales institucionales respecto a la representación indígena, menor necesidad de desafiar al gobierno existe. Viendo la Figura 2, esta premisa parece ser confirmada porque el porcentaje de los ministros y parlamentarios indígenas va creciendo sobre todo desde el año 2005 cuando Evo ascendió al gobierno y aparecen las protestas progubernamentales.
Sin embargo, contra esta premisa se levanta la renovada intensificación de las protestas indígenas contra el gobierno durante el segundo mandato masista. Después de su moderada caída durante su primer mandato cuando las protestas progubernamentales predominaron, en el segundo período las movilizaciones contra el gobierno adelantaron a las progubernamentales en la proporción 58,62 por ciento y 41,38 por ciento respectivamente. Aún más, la cantidad de protestas indígenas en contra del gobierno es casi igual que aquellas en contra de los gobiernos de derecha en el período anterior. Esta incongruencia, cuando por un lado observamos la subida de las protestas indígenas canalizadas por el mismo gobierno y por otro lado se mantiene una cantidad considerable de la protesta opositora, nos obliga a considerar las diferencias dentro del movimiento mismo, es decir entre sus componentes claves respecto a su actividad movilizadora y el proceso de institucionalización. Con este objetivo hemos desagregado los datos sobre las protestas y representación política de los pueblos indígenas según las organizaciones respectivas, lo que nos ofrece una observación más detallada de la posible relación entre la institucionalización y dinámica del movimiento.
Las Figuras 3, 4 y 5 revelan claramente la diferente posición de las organizaciones respectivas del movimiento indígena en relación a las principales instituciones estatales. Mientras que la representación política de la CSUTCB en el ejecutivo y parlamento va creciendo continuamente, el número de los parlamentarios provenientes del CONAMAQ y la CIDOB se mantiene bajo. Lo que contrasta aún más es la ausencia de estas organizaciones en los gobiernos analizados en comparación con la presencia intensificada de los campesinos (CSUTCB y Bartolinas) en el gobierno masista. Este aspecto parece ser clave en cuanto al cambio de las protestas organizadas por la CSUTCB de las actividades dirigidas en contra de gobiernos neoliberales en movilizaciones progubernamentales en la época masista.
Los datos, entonces, descubren el carácter considerablemente selectivo del proceso de la institucionalización. La institucionalización iba favoreciendo claramente al sector campesino frente al indígena originario, el hecho que se desprende de la relación más estrecha de los campesinos con el MAS. Aunque las tres organizaciones eran parte de la alianza masista, apoyando a Morales en las elecciones, la CSUTCB ha sido parte integral de la estructura masista y ha constituido el círculo más cercano al presidente, mientras que el CONAMAQ y la CIDOB siempre mantenían cierta independencia partidista. El CONAMAQ nunca fue parte del MAS y CIDOB, se encontraba hasta cierto punto entre los dos círculos, representando por un lado una de las organizaciones constitutivas del MAS, pero por otro lado sin que desarrollara la afiliación orgánica (Salman 2011; Anria 2018, 93–94). Es que, para estos sectores los partidos encarnan un fenómeno ajeno a su cosmovisión y formas de organización como nos evidencian los discursos de sus representantes, igual que su lucha por la representación directa en la Asamblea Constituyente y en la Plurinacional. El exlíder del CONAMAQ rechazó representación mediante los partidos políticos porque “en nuestro concepto la representación vía partidos políticos no es nuestra (…) tenemos nosotros nuestra propia forma de representar a nivel local, regional y nacional, (…) eso es lo que no podemos lograr consolidar pese de haber ganado cuando estaba la derecha del gobierno (…) para que tengamos 16 representantes en la asamblea constituyente, (…) de forma directa, no había partido político”.12
Las dos organizaciones, entonces, se sintieron marginalizadas en las listas del MAS, reclamando en cambio la representación directa de los pueblos indígenas mediante sus usos y costumbres (CIDOB 2007).13 Esta molestia se vio profundizada con la aprobación de la Ley de régimen electoral que ha reducido a siete las circunscripciones especiales para los pueblos indígenas y establecido que los partidos ahí pueden postular sus candidatos, desconociendo así la democracia comunitaria basada en sus normas y procedimientos propios (CIDOB 2010).14 Respecto a la reducción de las circunscripciones especiales el entonces presidente de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), que forma parte de la CIDOB, Diego Faldín, criticó incumplimiento de los acuerdos logrados con el gobierno sobre la Ley advirtiendo con salir del Pacto dada su ineficiencia: “No puede ser que de forma unilateral, cuando ya habíamos tenido un acuerdo de coordinación (…) con esta opción no hay forma de garantizar nuestra presencia y denunciamos que estas autoridades actuaron de mala fe” (citado en Los Tiempos 2009).
Sin embargo, estos datos no explican, por qué en el primer mandato de Evo también la CIDOB y a veces el CONAMAQ se movilizaron en defensa del gobierno. En ese tiempo, estas organizaciones ejercen la estrategia dual combinando los dos tipos de protesta (en favor y en contra del gobierno). La clave radica en la necesidad de considerar también otras dimensiones de la institucionalización, concretamente la participación de dichas organizaciones en el Pacto de Unidad y después CONALCAM como plataformas claves para la coordinación de las políticas públicas relacionadas con el tema de los pueblos campesinos, indígenas originarios. A principios del reino masista, estas organizaciones confían en la eficiencia de estos canales ya que todavía existía cierto consenso dentro del movimiento indígena respecto a sus principales objetivos, transformación radical del Estado Republicano hacia el Estado Plurinacional (Mayorga 2011a, 111–113). Sin embargo, esta creencia va desapareciendo paulatinamente con la evolución de la Asamblea Constituyente y sobre todo después de la institucionalización del Estado Plurinacional, es decir durante la etapa de implementación de sus aspectos claves como derechos territoriales, autonomía indígena, derecho a la consulta, etc. El extécnico del CONAMAQ, Prada, proclamó que “el Pacto de Unidad no servía” a los intereses indígenas después de su formalización.15 Al considerar estos hechos, la conducta a primera vista esquizofrénica de las dos organizaciones, ejerciendo a la vez las estrategias institucionales y extrainstitucionales, de repente parece ser una estrategia racional que intenta corregir los canales institucionales dado que resultan ineficientes desde el punto de vista de sus objetivos principales.
Al contrario, la CSUTCB, dominada desde 2003 por los campesinos del valle cochabambino,16 abarca una agenda mucho más cercana a la línea programática gubernamental prefiriendo el desarrollo nacional basado en la extracción en detrimento de los derechos territoriales indígenas. El choque de los dos modelos de desarrollo,17 basados en diferentes concepciones territoriales, entre el sector indígena originario con visión comunitaria por un lado, y el sector campesino con visión más individualista por otro lado, se evidenció en su postura opuesta en el conflicto acerca del proyecto gubernamental para construir la carretera a través del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) donde la mayor parte se encuentra en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).18 Mientras la CIDOB y el CONAMAQ se oponían al proyecto, la CSUTCB con las Bartolinas e interculturales (colonizadores) defendían la construcción de la carretera usando argumentos gubernamentales de la necesidad de traer desarrollo al área y todo el país.
Con este caso, que definitivamente confirmó la preferencia del gobierno al desarrollo occidentalmente definido (la tierra como fuente de ganancia) y a los intereses campesinos frente a los derechos de los pueblos indígenas (Fontana 2014), la CIDOB y el CONAMAQ decidieron definitivamente salir del Pacto de Unidad y proclamar su independencia tanto de los partidos políticos como del gobierno. Por ejemplo, la exautoridad del CONAMAQ acentuó durante la entrevista que “mirada [de Evo] era diferente, ya nos dijimos nosotros no somos campesinos, Evo es cocalero, es Orureño pero es cocalero, que piensa de esa manera”.19 Adolfo Chávez confirmó que el pacto no servía a los intereses indígenas: “No podemos ser parte de un pacto que sólo apoya al Presidente” (citado en La Razón 2011).
En otras palabras, era la autorreflexión sobre su participación en el Pacto, y no la división entre los moderados y radicales, que hizo que las organizaciones se hubieran alejado de la política formal al evaluar la alianza con el gobierno más dañina que beneficiosa. La autorreflexión se ve confirmada considerando las referencias de los representantes indígenas a la cooptación de los líderes o descripción de los representantes indígenas en órganos de poder como “levantamanos”; “llunkus” o “vendidos” cuestionando así la eficiencia de los canales institucionales de representación20 (Adolfo Chávez, citado en Erbol 2013a). Además, eran las organizaciones lideradas por las mismas autoridades que primero eran parte del establecimiento político y después se distanciaron,21 aunque son las bases quienes tienen la última palabra al respecto.
El distanciamiento de estos sectores junto con la opinión pública, que después de la Chaparina,22 se vio inclinada en favor del TIPNIS, provocó un dilema estratégico para el gobierno, puesto que amenazaba su imagen como interlocutor de los intereses indígenas. La presencia del dilema se ve sustentada considerando la caída en la confianza de los indígenas en el gobierno boliviano después del conflicto por el TIPNIS, del 65,1 por ciento en 2010 (alguna o mucha confianza en el gobierno masista) al 45,6 por ciento en el 2012.23 Entonces, era de urgencia para su posición renovar la representatividad en el Pacto, por lo que empezó a fomentar el fraccionamiento de las organizaciones pactando con algunos dirigentes ofreciéndoles cargos de poder o proyectos de desarrollo en favor de sus comunidades a cambio de que retiraran su apoyo a los entonces líderes. Así, la mayoría de los líderes que organizaron la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas paralela, donde se eligió Melva Hurtado como nueva líder de la CIDOB afín al gobierno, firmó los acuerdos programáticos con el gobierno (febrero y marzo de 2012) que ofrecieron incentivos financieros para los líderes y sus sectores regionales. Algunos de estos líderes (Pedro Vare, Faustino Flores y José Bailaba) fueron después desconocidos por sus bases respectivas. (CIPCA 2012; Erbol 2015; CEDIB 2012).
En el caso del CONAMAQ durante el 2012 y 2013 se efectuaron seis intentos de la toma de su sede, mayoritariamente liderados por dirigentes consecuentemente desconocidos por las bases y con lazos al gobierno. Así por ejemplo Plácido Suntura fue desconocido en el Mara Tantachawi (reunión anual) “por intentar dividir a la organización al conformar un directorio paralelo afín al gobierno” (Eju.tv 2013). El extécnico del CONAMAQ, Prada, reflexionó que estos hechos allanaron el camino para la división definitiva del CONAMAQ a la vuelta del 2013 y 2014: “Entonces a raíz de ese atentado contra la integridad a la organización, entonces el CONAMAQ se reúne con sus suyus y decide expulsar a estas personas y decide suspender (…) del cargo a estas personas (…), entonces, ellos con mayor fuerza han entregado su voluntad, su trabajo al gobierno, después de su algo más intentos de toma de la sede del CONAMAQ hasta que (…) el 2013 en septiembre (…) toman de sorpresa al CONAMAQ”.24
La división definitiva del CONAMAQ se efectuó a fines del año 2013 al realizar dos Jach’a Tantachawis, uno patrocinado por el gobierno donde se eligió nuevo liderazgo, este estaría a cargo del minero Hilarión Mamani, fiel aliado del gobierno (Mamani Ramírez 2014). Aunque, según testigos, la mayoría de los dieciséis suyus, que forman parte orgánica de la organización, no estaba presente en la reunión, y después de la toma violenta de la sede por Mamani, expresó su apoyo al liderazgo orgánico,25 el gobierno reconoció a Mamani como principal líder del CONAMAQ. Igual en el caso de CIDOB Hurtado fue reconocida por el gobierno pese a que varias regionales de la CIDOB rechazaron la legitimidad de su elección (CIDOB 2012; CEDIB 2012).
Mientras que las estructuras paralelas eran reintegradas al Pacto de Unidad y CONALCAM,26 y consiguieron el reconocimiento oficial, a las partes disidentes se les rechazó prolongar el estatuto legal (CONAMAQ 2014a). La pérdida de la personería jurídica afectó directamente a las organizaciones, porque de repente perdían acceso a los financiamientos de las instancias públicas y se complicaba la cooperación internacional, incluso la firma de contratos para la ejecución de proyectos comunales o titulación de las TCO. La dirigencia de las partes disidentes también era sustituida en la dirección del Fondo Indígena por los líderes afines al gobierno, cuyo principal objetivo fue financiar los proyectos de desarrollo de las comunidades indígenas.27 Además, el gobierno lanzó la campaña sucia contra las organizaciones no gubernamentales, reiterando que las organizaciones no gubernamentales (ONG) ya no son necesarias dado que hay un gobierno del cual forman parte los propios indígenas y que, por lo tanto, protege a los derechos indígenas (Página Siete 2015). Bajo estos argumentos y acusando a las ONG de intromisión en los asuntos internos del país, el gobierno expulsó a las organizaciones USAID (2012) e IBIS (2013) y amenazó con expulsión a otras (como CEDIB, Fundación Tierra y Cedla)28 (Los Tiempos 2013). El ministro de gobierno, Juan Ramón Quintana, declaró que el gobierno va a respetar solo las ONG “que se circunscriben a la obediencia estatal” (Página Siete 2013b). El funcionamiento de las ONG se vio aún más restringido con la aprobación de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas29 a base de la cual las ONG deben especificar su contribución al desarrollo socioeconómico y realizar solo las actividades fijadas por la ley. En el caso contrario el gobierno puede revocar su permiso de operación en Bolivia.
Así, el gobierno hizo las organizaciones aún más dependientes de los recursos estatales que eran distribuidos de manera desigual en base al criterio de la lealtad al gobierno.30 El Estado, mediante la pacificación de las ONG se ha convertido en una fuente casi exclusiva de los proyectos de desarrollo. En el contexto boliviano caracterizado por la pobreza extendida,31 sobre todo en las comunidades indígenas, esto otorga al gobierno una herramienta efectiva de manipulación (chantaje) puesto que el acceso a estos recursos representa una cuestión de sobrevivencia. Desde este punto de vista se ve justificable que las comunidades decidan seguir a los líderes que consiguen esos proyectos (Lapegna 2013). Por esta razón, la asfixia económica de las partes opuestas al gobierno causó la paulatina defección de las regionales (CIDOB) y suyus (CONAMAQ) del liderazgo orgánico al paralelo, debilitando las organizaciones disidentes.32
Lo ilustra el discurso del coordinador del suyu Jach’a Carangas33 quien confesó que “somos parte de la estructura de Hilarión Mamani, pero no compartimos la filosofía que él estima”, añadiendo que es el tema del chantaje político por parte del gobierno. También en el caso de la CIDOB las palabras de varios representantes regionales indican que el cambio de la estructura tiene mucho que ver con el cese de los recursos gubernamentales. El presidente del Gran Consejo de la Nación Chimanes, Cándido Neri, confirmó, que los proyectos del plan gubernamental Evo cambia Evo cumple “han venido desde que nosotros hemos hecho el convenio con el gobierno nacional, esto fue cuando hemos reestructurado la Confederación (…), además por las necesidades que tienen las comunidades” (citado en Erbol 2013b).
En resumen, la preferencia gubernamental de las demandas clasistas de los campesinos frente a las culturales de los pueblos indígenas/originarios provocó la autorreflexión dentro de la CIDOB y el CONAMAQ. Afrontando la ineficacia de los canales institucionales para su representación substantiva (Pacto de Unidad y CONALCAM), las dos organizaciones decidieron desinstitucionalizarse. La salida del Pacto y el rompimiento de la alianza con el MAS después provocó el dilema estratégico para el gobierno, puesto que amenazó su posición como el representante legítimo de los pueblos indígenas. En el esfuerzo de renovar su legitimidad como interlocutor de los intereses indígenas el gobierno reaccionó con la estrategia divide y vencerás.
Mediante el patrocinio y la cooptación de algunos dirigentes indígenas originarios el gobierno activamente provocó la división de las organizaciones desinstitucionalizadas. Las partes disidentes eran desconocidas legalmente (retiro de la personería jurídica) y apartadas de los recursos estatales (sustitución de los disidentes por los oficialistas en el Fondo Indígena), lo que junto con la represión de las ONG (amenazas, expulsiones y legalismo discriminatorio) causó su asfixia económica. Mientras tanto las partes paralelas (fieles al gobierno) vivían una bonanza sustituyendo a los orgánicos en las estructuras de poder y en el Fondo indígena y gozando del apoyo financiero proporcionado por el presidente. Como consecuencia las organizaciones paralelas paulatinamente han venido creciendo en detrimento de las orgánicas (disidentes), ya que las necesidades sociales urgentes forzaban a las comunidades a moverse a las estructuras cercanas al gobierno que les han podido ofrecer el acceso a los fondos y proyectos de desarrollo estatales. El resultado es la desmovilización de las organizaciones como tales, como se puede observar en la disminución de su actividad de protesta desde el 2013 (véase Apéndice 1), puesto que las partes orgánicas carecen de las bases, mientras los oficialistas se mantienen pacificados mediante patrocinio y cooptación. Para comparar los mecanismos causales que han llevado a las organizaciones a su desmovilización véase Figuras 6 y 7.
El objetivo de este texto ha sido explorar si la dinámica (actividad movilizadora y cohesión) de las organizaciones del movimiento indígena (CONAMAQ, CIDOB y CSUTCB) cambia con el proceso de su (des)institucionalización. Con este propósito hemos analizado, en primer lugar, la intensidad y los tipos de campañas de protesta organizadas por las tres organizaciones entre 1997 y 2014 y, en segundo lugar, los procesos de (des)institucionalización (porcentaje de los representantes indígenas y su participación en plataformas oficiales para la coordinación con los pueblos indígenas) desde la perspectiva relacional, es decir en mutua interacción con el gobierno, observando los mecanismos mediante los cuales este proceso influyó en la dinámica de las tres organizaciones.
Al tomar en cuenta los datos agregados observamos una situación a primera vista paradójica, cuando la creciente institucionalización del movimiento indígena está acompañada por la reforzada movilización del movimiento indígena. Esta tendencia va en contra de las premisas teóricas que presuponen que la apertura de los espacios institucionales para los representantes del movimiento aumenta el costo de las estrategias extrainstitucionales llevando así el movimiento a su paulatina desmovilización. No obstante, si desagregamos los datos según las organizaciones individuales y el carácter de la protesta, aparecen dos observaciones que nos ofrecen una explicación de esta paradoja.
Primero, aunque observamos la intensificación de la actividad movilizadora del movimiento en el primer mandato de Morales, esta ya no va en contra del gobierno sino más bien en su defensa, contra la oposición parlamentaria en el contexto del proceso constituyente. El propio gobierno fomentaba protestas a través de las plataformas oficialmente institucionalizadas (Pacto de Unidad, CONALCAM) para forzar a la oposición para que aprobara la nueva Constitución y otras leyes preferidas.
Segundo, hay notables diferencias en actividad de protesta entre las organizaciones particulares, lo cual tiene mucho que ver con su diferente nivel y carácter de institucionalización. El sector campesino (CSUTCB) experimenta con Evo una representación creciente en los órganos de poder, política favorable a su sector y constituye parte orgánica del partido gubernamental. La intersección entre los intereses campesinos y la política realizada por el gobierno de Morales hace a la CSUTCB movilizarse prácticamente solo en defensa del gobierno masista y con el tiempo abandonar su actividad callejera disfrutando de su acceso privilegiado a los órganos de poder.
Los indígenas (CIDOB) y originarios (CONAMAQ) aunque siguen excluidos del poder ejecutivo y su representación parlamentaria sigue siendo insignificante, también experimentan cierta institucionalización mediante la alianza electoral con el MAS y sobre todo mediante su participación en el Pacto y la CONALCAM. Sin embargo, esta representación descriptiva toma la forma de cooptación, puesto que no está acompañada con la política que refleje sus intereses culturales como se evidencia en la crítica de las leyes claves (Ley Marco de Autonomías y Descentralización 2010;34 Ley de Deslinde Jurisdiccional 2010;35 Ley del régimen electoral 2010) o conflicto por el TIPNIS. Cuando todavía existía el objetivo común del movimiento (aprobación de la nueva Constitución) que eclipsó temporalmente las demandas sectoriales de las organizaciones y así entonces les ofrecía la oportunidad de conseguir ciertos beneficios, la CIDOB y el CONAMAQ ejercían la estrategia dual combinando las protestas en contra y en defensa del gobierno en el primer mandato masista. Sin embargo, al descomponerse la agenda común del movimiento y al desenmascarar la preferencia gubernamental de los intereses campesinos frente a las demandas indígenas/originarias durante la implementación de la nueva Constitución mediante leyes concretas, los costos de la cooptación percibidas por los líderes de las organizaciones excedieron los beneficios, puesto que estas más bien restringían en lugar de ampliar sus derechos territoriales. Desde este punto de vista la desinstitucionalización se convirtió en la respuesta más racional, por lo que las dos organizaciones se radicalizaron nuevamente a principios del segundo gobierno masista.
Sin embargo, desde 2013 también este sector empieza a desmovilizarse igual que la CSUTCB, aunque el mecanismo es diferente al que llevó a los sectores campesinos a la pacificación. La autorreflexión de la ineficiencia de la representación indígena en los órganos de poder desde el punto de vista de sus intereses (cooptación) acompañada por la renovada radicalización y culminando con la protesta de TIPNIS, llevó a las dos organizaciones a la decisión de alejarse definitivamente del gobierno (desinstitucionalización).
La desinstitucionalización (salida del Pacto, rompimiento de la alianza electoral con el MAS) provocó el dilema estratégico para el gobierno puesto que amenazó su legitimidad como interlocutor de los intereses indígenas. Para superar el dilema y renovar su legitimidad como representante de los interese indígenas el gobierno en el esfuerzo de pacificar a los disidentes reaccionó con la estrategia divide y vencerás. A través de la política de patrocinio y cooptación, el gobierno creó las organizaciones paralelas que reemplazaron a las disidentes en plataformas oficiales, gozando del acceso privilegiado a los proyectos y financiamiento y perdiendo así las ganas de protestar en contra de su patrón. La asfixia económica causada por la pérdida del estatuto legal en combinación con la represión gubernamental de las ONG, debilitó a las organizaciones disidentes que lentamente iban perdiendo las bases en favor de las estructuras afines al gobierno. Y por fin, sin sus bases difícilmente pueden movilizarse de forma masiva, como lo habían hecho antes.
En general, la heterogeneidad identitaria del movimiento resultó en el nivel y carácter diferente de la institucionalización que consiguieron las organizaciones particulares, implicando después diferentes mecanismos mediante los cuales esta causó su desmovilización. Además, abarcando la perspectiva relacional y flexible de la institucionalización como un fenómeno reversible en el tiempo en dependencia de las reacciones de los actores a los dilemas estratégicos en su mutua interacción, podíamos explorar también lo que pasa con el movimiento después de su desinstitucionalización. Con el fin de proteger su legitimidad el gobierno puede reaccionar a la aparición de los disidentes con estrategias coercitivas para dividir las organizaciones y aislar a los líderes más radicalizados que consecuentemente debilitan las organizaciones.
6Por ejemplo, el régimen del Movimiento Nacional Revolucionario creó una alianza con los pueblos indígenas, pero a precio del abandono de su identidad étnica mediante su cooptación a través de sindicatos campesinos.
7Para más ejemplos de cooptación y de las consecuencias de absorción de los líderes del movimiento por las estructuras estatales véase Piven y Cloward (1979, 76–77); Gonzáles (2011, 82, 86). Otro artículo explica como la estructura organizacional del movimiento influye en la probabilidad de la cooptación de los miembros del movimiento a las estructuras oficiales (Rich 2020).
8En este sentido las autoridades de las organizaciones del movimiento tienen que ser elegidos o nombrados por sus bases y bajo el principio de la rotación (muyu) que asegura la representación paulatina en el liderazgo de las etnias y diferentes unidades territoriales.
9Los regímenes híbridos combinan los aspectos democráticos (elecciones competitivas) con autoritarios (elecciones injustas, restricciones de las libertades civiles, etc.) para mantener la legitimidad democrática hacia afuera (Mazepus et al. 2016, 352).
13Aquí se contrapone el modelo basado en la ciudadanía individualista del occidente al modelo sustentado en el sujeto colectivo, que emerge de la formación de consensos comunitarios (Rivera Cusicanqui 1990).
14Para la Asamblea Plurinacional la CIDOB demandó diecinueve y el CONAMAQ veinticuatro escaños para los distritos especiales. La reducción de circunscripciones especiales significa siete escaños para treinta y seis naciones indígenas (Ley N° 026 de régimen electoral, 2010, http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley26-2010.pdf).
17La visión capitalista que define el desarrollo exclusivamente en términos de progreso económico y acumulación de los recursos choca con la visión indígena del desarrollo sostenible basada en la economía de subsistencia, cuyo objetivo es la sustentabilidad del sistema.
18Las TCO que reconocen los derechos territoriales de los indígenas con la propiedad colectiva tienen su origen en los Decretos supremos emitidos después de la famosa Marcha indígena por el Territorio, la Vida, y la Dignidad en 1990 (entre otros, por ejemplo, D. S. No. 22610 del 24 de septiembre de 1990, https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-22610.html#:~:text=CONSIDERANDO%3A,del%20Oriente%20y%20la%20Amazon%C3%ADa; D. S. No. 23500 de 19 de mayo de 1992, https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23500.html; D. S. No. 23111 de 9 de abril de 1992, https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23111.html; D. S. No. 23108 de 9 de abril de 1992, https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23108.html?dcmi_identifier=BO-DS-23108&format=html; D.S. No. 23112 de 10 de abril de 1992, https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23112.html?dcmi_identifier=BO-DS-23112&format=html).
21A principios del gobierno masista Adolfo Chávez y Pedro Nuny (líderes de la CIDOB) eran fieles aliados de Evo participando en sus actos de proclamaciones y eventos políticos. En el caso del CONAMAQ se trataba de Sergio Hinojosa quien, aunque aliado cercano del presidente, no pudo resistir a la presión de las bases que decidieron dejar el Pacto en diciembre de 2011.
23Proyecto de Opinión Púbica de América Latina (LAPOP), data sets Bolivia 2010, 2012, http://datasets.americasbarometer.org/database/.
25Véase pronunciamientos de varios mallkus (citados en Página Siete 2013a; Patria Insurgente 2014) o firmas en los documentos emitidos en 2014 en apoyo al liderazgo orgánico de Bernabé Martínez y Cancio Rojas (CONAMAQ 2014a, 2014b).
27Decreto Supremo N° 28571 de 22 de diciembre de 2005. http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28571.xhtml.
29Ley N° 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93204/108884/F190728832/BOL93204.pdf.
30Por ejemplo la CIDOB paralela recibió 22.455.730 bolivianos del gobierno para una serie de proyectos (Página Siete 2013c).
31Desde el 2006 la pobreza en Bolivia se redujo de 59,9 por ciento a 36,4 por ciento en 2017 y la pobreza extrema pasó de 38,2 por ciento en 2005 a 16,4 por ciento en 2018, sin embargo, Bolivia sigue siendo, junto al Salvador y México, el país más pobre en América Latina (CEPAL 2018).
34Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibán͂ez”. 2010. http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf.
35Ley de Deslinde Jurisdiccional. 2010. http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/ley-073-deslinde-jurisdicional.pdf.
Este trabajo forma la parte de la investigación “The Outcomes of Social Movements and Those Movements’ Dynamics”, financiada por la Agencia de Investigación de la República Checa (Grantová agentura České republiky, código 17-21271S).
Pavlína Springerová es vicerrectora de la Universidad de Hradec Králové, República Checa y profesora de Ciencia Política en la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Se dedica a los temas de sistemas políticos de los países andinos, sobre todo a los problemas de la política boliviana (p. ej. movimientos sociales, autonomismo) y al tema de nacionalismo moravo en Checoslovaquia. Es autora y coautora de numerosos artículos, por ejemplo en las revistas European Review of Latin American and Caribbean Studies, Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, Czech Journal of Political Science y Journal of Ibero-American Studies, además publicó varios libros.
Barbora Vališková es Asistente Científica en el Departamento de Ciencias Políticas, Facultad de Filosofía, Universidad de Hradec Králové. Su interés científico se orienta a los movimientos sociales y protesta política en general, y a los movimientos indígenas en los países andinos en concreto. Entre los años 2014 y 2019 realizó una serie de investigaciones de campo en Bolivia, Perú, Colombia y México y asistió a varias conferencias internacionales dedicadas a la política latinoamericana (p. ej. ALACIP 2015; CEISAL 2016; ALACIP-AMECIP 2019). Como investigadora ha publicado en algunas revistas científicas prestigiosas (p. ej. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies).
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