En su informe anual Distorsión: el discurso contra la realidad, entre otras observaciones críticas sobre el estado de la libertad de expresión en México, la Oficina de Artículo 19 en ese país advierte que el gobierno intenta controlar y censurar Internet a través de distintas iniciativas regulatorias.
“La inhabilidad del Estado para intervenir en la esfera digital de nuestras vidas choca con la vocación de control del gobierno y partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador… el gobierno ha buscado colonizar internet de la única manera posible: legislando, castigando y regulando”, sostiene el capítulo 4 del informe, titulado “La vocación por censurar Internet”.
El documento explica que durante 2020 hubo una serie de “iniciativas legislativas mal hechas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital”.
“Algunas iniciativas buscan diluir los equilibrios de poder en el sector público… Otras delegan capacidad de censura a las empresas, exigiendo o fomentando el uso de filtros de carga y requiriendo la eliminación de contenidos en plazos excesivamente cortos, aun sabiendo que permitirles monitorear y censurar contenidos tiene un efecto disuasivo profundo en la libertad de expresión en internet. Unas más pretenden amedrentar el ejercicio periodístico de forma directa, impulsan- do la censura o propiciando condiciones para asediar a las personas autoras de publicaciones”, sintetiza el documento.
La organización sostiene que “la ignorancia y unilateralidad con las cuales se ha intentado regular “lo digital”, resulta que todas las iniciativas analizadas implican la aplicación extraterritorial de normas mexicanas, planteando cuestiones complejas sobre la gobernanza y el futuro de la jurisdicción de un solo gobierno en internet”.
Artículo 19 recomienda que “en lugar de buscar la regulación desmedida de una tecnología que no alcanza a comprender, el Estado —en el ámbito de su competencia— tendría que impulsar la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tal como el Programa de Empresas y Derechos Humanos de la Cndh (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) lo dispone”.
“En principio, las plataformas digitales, como actores primordiales en el desarrollo de las democracias del siglo XXI y parte de la gobernanza de internet, deben proveer información que permita a las personas vigilar las acciones del gobierno… También deben establecer mejores mecanismos de respuesta ante cualquier controversia o incertidumbre respecto a toda medida que implique la restricción de los derechos humanos. Por último, la transparencia debe ser un requisito básico transversal para todas las acciones y decisiones de las empresas, facilitando información detallada de acuerdo con los llamados Principios de Santa Clara”, explica el documento.
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