La peor de todas las corrupciones, la más desmoralizadora en su causa y la más dañina en sus efectos, es la originada, con prevaricación, mediante leyes o decretos beneficiarios de intereses privados en perjuicio del interés público. Salvo en casos de evidencias escandalosas, esta corrupción, consustancial al Estado de Partidos, no se percibe a primera vista. Las concesiones gubernamentales de privilegios económicos a particulares se disimulan con la apariencia de generalidad que revisten forzosamente todos los textos legales. Hoy asistimos, impasibles, al espectáculo de una de esas evidencias. El Gobierno dará 300 millones de euros a las inmobiliarias en crisis, como primera partida de sucesivas dádivas onerosas para comprarles suelo privado susceptible de ser inmediatamente edificado. Los requisitos de estas compraventas de terrenos privados por el Estado predeterminan quienes serán los últimos beneficiarios del dinero público disponible a discreción de las autoridades partidistas. No se puede pensar que la motivación de esta medida prevaricadora responda a la demanda de viviendas de protección oficial, puesto que existen en el mercado, sin poder aceptarlas en las condiciones actuales, ofertas de centenares de miles de pisos. Tampoco se puede creer que la “ayuda” haya sido imaginada en favor del sector de la construcción, en tanto que motor de puestos de trabajo, para quien este alivio de liquidez inmediata sólo representa una gota efímera en el moroso mar de una deuda que, a juicio de los expertos en la materia, llega a cifras mil veces superiores. Las entidades crediticias, afectadas por el impago de deudas de mayor importe que el de los inmuebles hipotecados, serán las verdaderas beneficiarias. Especialmente las Cajas de Ahorro con sede central en las Autonomías gobernadas por el PSOE. Las entidades de crédito dañadas por las provisiones de fondos a que les obliga la ley, para cubrir impagos de las inmobiliarias, indicarán a la autoridad competente en el concurso de vendedores, cuales de entre ellos son los que más perjudican sus cuentas de resultados. El criterio preferente de la distribución del dinero público favorecerá a las más osadas, a las menos escrupulosas en obtener la calificación de suelo municipal urbanizable, a las de mayor complicidad con las entidades crediticias en la valoración de los activos hipotecados. florilegio "Para saber cómo es una persona, nadie confiaría en lo que ella dice de si misma, pero en la política modernitaria ese narcisismo lleva a creer de izquierdas, en sí y por sí, al partido que mejor satisface los intereses de la derecha económica."