El Grupo Parlamentario VOX presentará en el próximo pleno de la Asamblea una propuesta para que la adjudicación de contratos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, vinculados al sector de la alimentación, sea un requisito valorable que el cien por cien de la utilización de productos sean de origen español o procedentes de la Unión Europea, según ha anunciado la formación mediante un comunicado a los medios este miércoles.
Para VOX, España cuenta con “excelentes alimentos de calidad óptima” y carga contra la legislación, tanto nacional como europea, ya que considera que “ha ido imponiendo progresivamente una serie de requisitos fitosanitarios, laborales o de bienestar animal, sin tener en cuenta la voz del campo” para dar por sentado un hipotético retroceso en los mercados de los productos alimentarios patrios que a la vista de los números oficiales de importaciones y exportaciones de estos productos no es tan rotundo, tal y como se puede observar en los informes anuales sobre el comercio exterior de estos productos que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (Esta es una de esas apreciaciones que la formación critica después y que señala como manipulación de los medios).
En su comunicado, VOX hace hincapié en que la Unión Europea ha multiplicado exponencialmente la importación desde países extracomunitarios de productos agrícolas a España. “Se ha multiplicado por 9 la importación de sandía en el último lustro, en un 80 por ciento procedente de Marruecos y las importaciones de tomate del país africano ha aumentado en un 148 por ciento en una década”, recoge tal cual el comunicado de VOX.
Lo cierto es que según las cifras oficiales la importación de tomate a España desde Marruecos se ha incrementado en más de lo que dice la formación, se ha más que triplicado. Pero no sólo Marruecos merma los resultados del cultivo del tomate patrio, uno de los buques insignia en los mercados internacionales del campo y la huerta española, la mayor eficiencia de los invernaderos holandeses (cuyos productos según la propuesta de VOX también tendrían preferencia en los contratos públicos) pesan tanto o más que los bajos precios con los que el tomate marroquí está conquistando las alacenas no solo patrias sino de toda Europa. Y luego está la realidad palpable a pie de mercado central, donde las sandías marroquíes han reinado siempre hasta la pandemia.
“Los acuerdos de libre comercio y de cooperación o asociación firmados por la Unión Europea han favorecido la llegada de fondos europeos a terceros países para desarrollar su agricultura, mientras que se permitía la entrada de productos que no cumplen la normativa que obliga a los nuestros, en ocasiones superando las cuotas establecidas en los propios tratados”, afirma rotundo el partido acusando nada menos que a la Unión Europea de hacer la vista gorda en materia de protección de la salud. Para VOX “se desprotege a los agricultores, ganaderos y pescadores españoles”.
La realidad, al menos en el caso del tomate, por seguir el ejemplo, es que existe una cierta pérdida de competitividad de nuestros invernaderos, concentrados en Canarias y Almería sobre las producciones del mismo tipo en el norte de Europa, y que el bajo precio del producto marroquí es una dura competencia para España y toda la Unión Europea.
VOX señala que hay “muchos” movimientos de protesta y campañas de incentivo del producto nacional y local que han surgido en los últimos meses. Entre ellas considera “especialmente interesantes aquellas que animan a que los comedores públicos y concertados con la Administración Pública sirvan producto español o procedente de la Unión Europea. Consideramos que esta es una gran forma de garantizar que los alimentos que se sirven en estos lugares son de calidad, cumplen las condiciones sanitarias exigidas, obteniéndose respetando la legislación que garantiza los derechos laborales de los trabajadores”, defiende VOX en su propuesta.
Hay que apreciar que de forma implícita la formación pone en duda que las importaciones de terceros países de fuera de la Unión Europea en materia alimenticia cumplan con la legislación tanto laboral como fitosanitaria que exige la propia administración comunitaria, lo que podría suponer un riesgo en materia de salud, aunque de eso no aporte pruebas la formación.