Imagine que está sentado frente al televisor de su casa, rodeado por su familia, después de una deliciosa cena, disfrutando de un relajado día junto a los que ama. De pronto, e imprevistamente, se abren las puertas de su casa y ve entrar a su vecino –llamémosle Estado- y su familia, todos armados hasta los dientes. Esto es lo que le dice: “vecino, las cosas no andan bien. Nuestra casa se ha hecho pequeña para la familia. Varios de mis hijos no tienen empleo ni posibilidades de tener casa propia para ellos y sus familias. Por esa razón hemos decidido ampliarnos tomando parte de la suya. No se preocupe, todos viviremos bien. Usted y su familia ocuparán una de las habitaciones y el resto las dividiremos entre mis familiares. Coopere y seremos todos felices”.
Una situación como ésta, hipotética por cierto y más aún fantástica, supone un mundo sin las más mínimas normas de cortesía. Ello podría dar lugar a una serie de respuestas. Imagino que una de ellas podría ser rebelarse, levantar la voz, increpar y mandar al diablo a los invasores o hasta tratar de usar la violencia para expulsarlos. Con cualquiera de sus respuestas, usted se expone a la ira de sus conquistadores y de su nuevo orden. Son ellos los que juzgan y sancionan sus acciones-reacciones.
Pues un hecho de las mismas proporciones, solo que REAL, fue lo ocurrido a los mapuches. Un Estado, Chile (también Argentina, allende Los Andes), les invadió militarmente, les expolió su territorio, y les incorporó políticamente sin siquiera preguntarles por su consentimiento. Los mapuches han vivido desde entonces, ya más de un siglo, bajo las reglas del nuevo orden o “pax” chilena. Y no sólo eso: no contentos con haberles dejado la habitación más pequeña, o en un lenguaje historicista haberles dejado en reducciones con tierras apenas para subsistir (diez por ciento de su territorio más/menos), pronto inescrupulosos latifundistas chilenos con el soporte y complicidad de la policía, la justicia y los políticos, fueron jibarizando esas tierras reduccionales, hasta cercenar un cuarenta por ciento más/menos.
Lo que restó a la rapiña no pudo contener a una población en recuperación, después de una larga y genocida guerra, y originaron varias problemáticas modernas: la diáspora mapuche del siglo XX, que dio origen al mapuche urbano (la inmensa mayoría de los mapuches modernos), y el interminable problema de la lucha por la tierra en el “sur chileno”.
La historia de la relación de los mapuches con el Estado chileno tiene más pormenores, por cierto. La huelga de hambre que llevan a cabo algunos de ellos en las cárceles del sur de Chile, se inscribe como un capítulo más de este conflicto étnico de nunca acabar. La lectura que hacen los mapuches en huelga de hambre de la situación que los tiene hoy en esa actividad de desobediencia civil, es que la justicia del colonizador está tratando de justificar una acción de beligerancia, en una guerra que aún el Estado desarrolla en su contra, con el propósito de terminar de doblegar su resistencia al robo histórico del que fueron objeto, la rapiña y la violación de sus derechos como nación etnocultural, e imponerles el “orden” de la “pax chilena”. Es cosa de ver entrevistas a huelguistas y opiniones de cercanos.
Para los mapuches, y para quienes no vean el conflicto bajo las anteojeras del nacionalismo asimilacionista chileno, la justicia funciona con un doble estándar en Chile, pues sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros “ciudadanos”, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o “colonizados”. Por ejemplo, para con ellos no hay debido proceso ni proceso justo (se usan testigos encapuchados), y hay prisiones preventivas que mantienen a algunos tras las rejas por casi dos años, sin que nadie les desagravie cuando se prueba la falsedad de las acusaciones. A los mapuches, Carabineros los tortura, incluyendo niños y ancianos, y hasta los asesina por la espalda (hay varios casos de estos), sin pasar por alto que numerosas de sus acusaciones se basan en montajes para implicarlos. Se les aplica la ley antiterrorista por actos que en otras partes del mundo no pasan por tal, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate.
En fin, en este país con delirios de primer mundo, los abusos de todos los tiempos hacia las minorías étnicas no han cesado, recordándonos que seguimos en la cloaca del tercer mundo, un mundo de dictadorcillos o autoridades políticas autoritarias (¿cuál democracia para las minorías?). Un mundo de enormes desigualdades y de racismo descarado.
Los activistas sociales mapuches que luchan por recuperar lo que una vez les arrebató el Estado violentamente y luego latifundistas chilenos sinvergüenzas, son perseguidos como si se tratara de “terroristas”.
Al fin y al cabo, en situaciones coloniales, así opera la justicia del colonizador: contra el colonizado.
(*) José Marimán es Doctor en Ciencia Política.
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