Han pasado más de quince años desde que los ex trabajadores bananeros afectados por DBCP –Nemagón o Fumazone– comenzaron a mover los primeros pasos, para que las transnacionales norteamericanas que han producido, comercializado y aplicado ese mortal agrotóxico asumieran sus responsabilidades ante decenas de miles de enfermos y fallecidos.
Una larga historia de lucha, esperanza y vigor, pero también de divisiones, pleitos e insultos entre grupos de afectados, abogados y fuerzas políticas que, al final, debilitaron el proceso de reivindicación obrera que en su momento encarnó el símbolo de la resistencia ante el poderío de las transnacionales y su modelo económico explotador.
En 2007, un jurado en la Corte Superior de Los Ángeles declaró culpables a dos empresas transnacionales estadounidenses -Dow Chemical Company y Dole Fruit Company Inc.- por haber producido y aplicado el Nemagón. El fallo benefició con una cantidad de 3.3 millones de dólares a seis de los doce demandantes, al reconocerles el estado de esterilidad causado por el contacto directo con el químico.
En un segundo histórico fallo, la Dole fue también sentenciada a pagar 2,5 millones de dólares adicionales a cinco de los seis demandantes por daños punitivos o ejemplares, pero esta segunda sentencia fue posteriormente desechada por la jueza Victoria Gerrard Chaney.
Actualmente, el bufete norteamericano de Juan José Domínguez y de su colaborador en Nicaragua, Antonio Hernández Ordeñana, ha apelado esta decisión.
Ante estos históricos resultados, los abogados decidieron presentar otras demandas en Los Ángeles, pero lo que pasó fue catastrófico.
Para tratar de intender esta situación muy complicada e inesperada, que podría acabar con las esperanzas de miles de afectados, conversamos con Vicent Boix, periodista y escritor, quien recientemente publicó el libro “El parque de las hamacas”, lucido relato sobre la que fue la dolorosa y combativa historia de los ex trabajadores bananeros de Nicaragua y de Centroamérica.
Hasta el momento, numerosas demandas relacionadas con el DBCP fueron iniciadas en Estados Unidos desde los años 80. Todas se desarrollaron con normalidad y con respeto hacia los supuestos afectados y sus países. En los 90 se llevaron a cabo demandas en Estados Unidos, introducidas por más de 20.000 afectados y nunca, ningún juez estadounidense vio «los fantasmas» que ha visto la jueza Chaney. Sin embargo esta señora, en dos demandas que incluyen a solamente 80 supuestos afectados, lo ve todo como una gran conspiración.
Su interpretación sobre los hechos alrededor de la Ley 364 son erróneos y me hace pensar que no leyó las sentencias emitidas por la jueza Socorro Toruño en el Tribunal de Chinandega, Nicaragua. Si las hubiera leído, se hubiera dado cuenta que las empresas pudieron defenderse, que no depositaron fianzas, que las pruebas pudieron presentarse durante meses y que la tramitación del caso se prolongó durante años.
Otra cosa que sorprende es que una de las dos causas en su corte se archivó en 2004, se sentenció en 2007 a favor de 6 trabajadores y lógicamente, se apeló por parte de Dole ¿No es extraño que la jueza tarde cinco años en darse cuenta de que todo es un fraude ? ¿Por qué toleró que el proceso avanzara con total normalidad ?
Me sorprende que se les de tanta credibilidad a estos desconocidos. Es fundamental conocer quienes son, porque los intentos de Dole por «engatusar» a supuestos afectados de Nicaragua son públicos y notorios.
Pero hay otro caso que clama al cielo. El 9 de junio de 2006, Gary Sandeson, juez del Tribunal del Distrito del Condado de Jefferson (Texas), emitió una orden para detener los contactos que Dole mantenía con afectados de Nicaragua que firmaron con el bufete de Provost & Umphrey, a los que alentaban a retirar las demandas, sugerir la derogación de la ley 364, etc.
El juez Fischer reconoce a grandes rasgos, que Dole no puede negociar con afectados que ya tienen abogados que les representen ¿Y si alguno de estos 27 anónimos está en esta situación ? ¿Y si son parte de la ASOTRAEXDAN ?
En definitiva, la jueza Chaney no ha tenido en cuenta estos hechos que demuestran hasta donde es capaz de llegar Dole con tal de salirse con la suya. Hasta hubo denuncias de los afectados en Nicaragua de que Dole mantenía contactos con ellos. Estas omisiones son increíbles y la jueza no puede despreciar estos hechos.
Todos los hechos, si se analizan, guardar una secuencia lógica y un objetivo único : torpedear y hundir los procesos judiciales.
Desgraciadamente, ahora no hay ningún grupo de afectados organizado y eso se nota. En caso de existir, se hubiera podido dialogar y presionar al gobierno para que éste reaccionara ante la sorpresiva y denigrante declaración de la jueza Chaney. También se hubieran podido recabar apoyos de la sociedad civil.
Me sorprende el silencio de la sociedad civil, cuando antes dio su apoyo a la lucha del DBCP. Temo que ciertos sectores de la oposición, especialmente algunas organizaciones sociales, guarden silencio ante las manifestaciones de Chaney, precisamente porque lo que declara la jueza californiana va en la misma dirección que lo que denuncian ellos. Sin embargo, las víctimas de todo este embrollo son los afectados por el Nemagón. El silencio los condena a ellos.
En los años 90, el senador estadounidense Patrick Leahy, que conoce el caso del DBCP, dijo públicamente que los países del sur eran tratados como basureros y sus gentes como conejillos de indias. A partir de hoy y gracias a la jueza Chaney, aparte de conejillos de indias, los afectados también son estafadores y corruptos.
Fuente: Giorgio Trucchi