Protesters demand a freeze on evictions. (Photo by Isiah Holmes)
Ending a rent moratorium will continue this long-lived history of pushing marginalized communities into “bad air” — a literal translation of “malaria” — and right into the path of COVID’s delta variant.
And as in Venice, the privileged in the United States, who can work from home with full health care and with their groceries delivered to their doorstep, don’t have to suffer the consequences of this class-based policy.
We all deserve the right to live. As a society, and as a community, it is our responsibility to look out for our neighbors, and government officials – including justices of the Supreme Court – have an obligation to honor that responsibility.
With this callous decision, they failed to do so, siding with slumlords while forcing those who are behind in rent to move out or work longer hours in places with little protection just to catch up on rent.
What a shameful decision!
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Por Iuscely Flores, Partidaria de la equidad racial y justicia económica
La decisión de la Corte Suprema de poner fin a la moratoria de alquiler es una posible sentencia de muerte para muchos estadounidenses. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al emitir la moratoria, advirtieron que obligar a las personas a “mudarse, a menudo a lugares cerrados en nuevos entornos de vivienda compartida con amigos o familiares, o reunirse en entornos como refugios para personas sin hogar”, los expondría a ellos y a otras personas. a COVID.
Pero a la mayoría de los jueces de la Corte no les importa eso.
“Es indiscutible que el público tiene un gran interés en combatir la propagación de la variante Covid-19 Delta”, dijeron. “Pero nuestro sistema no permite que las agencias actúen ilegalmente incluso en la búsqueda de fines deseables”.
En desacuerdo, el juez Stephen Breyer escribió que esta decisión “afectaría la salud de millones”.
Es absolutamente vergonzoso saber que las sociedades anteriores sobrevivieron a las enfermedades con menos recursos de los que tenemos hoy.
Paula Findlen, profesora de historia italiana en Stanford, explica cómo los primeros estados modernos vigilaban la salud, “especialmente entre los habitantes pobres, desplazados y extranjeros que no podían reclamar la ciudadanía” durante la Peste Negra.
Los gobiernos impulsarían “casas de plagas” y asilos que albergarían a personas infectadas en las afueras de ciudades como Venecia. Y mientras que la élite adinerada podía huir fácilmente de la ciudad, los pobres y la clase trabajadora no tenían más remedio que quedarse y sufrir las consecuencias de un gobierno elitista.
Poner fin a una moratoria de alquiler continuará esta larga historia de empujar a las comunidades marginadas al “mal aire”, una traducción literal de “malaria”, y directamente al camino de la variante delta de COVID.
Y al igual que en Venecia, los privilegiados de Estados Unidos, que pueden trabajar desde casa con atención médica completa y con sus comestibles entregados en la puerta de su casa, no tienen que sufrir las consecuencias de esta política basada en clases.
Todos merecemos el derecho a vivir. Como sociedad y como comunidad, es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros vecinos, y los funcionarios del gobierno, incluidos los magistrados de la Corte Suprema, tienen la obligación de cumplir con esa responsabilidad.
Con esta decisión insensible, no lo hicieron, poniéndose del lado de los propietarios de los barrios marginales mientras obligaban a los que estaban atrasados en el alquiler a mudarse o trabajar más horas en lugares con poca protección solo para ponerse al día con el alquiler.
¡Qué vergonzosa decisión!
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