Una de las recomendaciones que hizo expresamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a propósito de su evaluación de desempeño ambiental de España, fue que se hiciera una corrección al alza de la fiscalidad ambiental. Si en el año 1995 la ecotasa española era de un 2,2% con respecto al PIB, en el año 2012 ésta cayó al 1,6%, siendo la más baja de Europa.
El secretario general de la entidad, Angel Gurría, señaló ante la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que los productos energéticos y en especial los combustibles destinados al transporte constituyen la base de la fiscalidad medioambiental de este país. No obstante, los ingresos procedentes de ecotasas han disminuido progresivamente desde 2007, mientras que ha aumentado la carga sobre las rentas del trabajo. «Esto podría corregirse con una reforma fiscal verde«.
Dicha reforma, agregó Gurría, podría producir beneficios ambientales, así como ingresos adicionales que contribuyan a las arcas públicas y permitan reducir la presión fiscal sobre la creación de empleo, sobre todo para los salarios bajos. En concreto, recomendó las siguientes acciones:
- Aumentar los impuestos sobre el diésel utilizado en el transporte, como mínimo hasta el mismo nivel que los impuestos sobre la gasolina, a fin de tener en cuenta el mayor contenido de carbono del diésel y su importante contribución a la contaminación atmosférica local, especialmente en el caso de los vehículos más antiguos (en 2012, un 43% de los vehículos de pasajeros y un 48% de los camiones tenían más de 10 años de antigüedad).
- Suprimir las medidas fiscales y las subvenciones económicamente ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente, como son las relacionadas con la producción nacional de carbón y la generación de electricidad por combustión de carbón; las tarifas eléctricas para los hogares; los combustibles para los sectores minero y agrícola; y para el transporte marítimo, aéreo y ferroviario.
En materia fiscal, existe una gama amplia de instrumentos que pueden ser utilizados por el gobierno central, los autonómicos y también por los locales. Las tasas pueden incidir premiando o penalizando el comportamiento acerca de los residuos, la contaminación atmosférica, la energía y el cambio climático y o el uso del territorio. El margen de actuación dependerá de la capacidad de diseño tributario de quienes gobiernan y legislan para conseguir un cambio de conducta y no una mera recaudación.
«Sabemos que no son medidas fáciles, pero son necesarias. Ponerle un alto precio a la contaminación es la mejor forma de cambiar pautas de comportamiento e incentivar la transición a conductas consistentes con el coste medioambiental de nuestras actividades», concluye el secretario.
En esta ocasión, el organismo internacional también advirtió sobre una serie de problemas medio ambientales que presenta España en los cuáles hay que introducir cambios o mejoras para subsanarlos cuanto antes.