Lea, a continuación, la entrevista realizada con el Ministro en el marco del Seminario Internacional sobre Privatización de la Educación, organizado por la Universidad de Chile
El actual Ministro de Educación de Bolivia, fue docente universitario por 20 años, y llegó a ser rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), una de las casas de estudios superiores estatales más prestigiosas de Bolivia. Posteriormente ha ocupado el cargo de vicepresidente de la Asamblea Constituyente (2006-2007), que dio origen a la nueva carta fundamental Boliviana. Desde el 2008 es Ministro de Educación, siendo uno de los principales promotores de una de las reformas educativas más interesantes del último tiempo en Latinoamérica, guiada bajo los preceptos contenidos en la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez[1], apunta a una transformación estructural de la enseñanza pública, desde la tradición social -comunitaria de nuestros pueblos originarios. Estará en Chile este 1 y 2 de Septiembre, en el contexto del Seminario Internacional sobre Privatización de la Educación, organizado por la Universidad de Chile.
JG: Ministro, Bolivia es uno de los países con mayor gasto público en educación, como porcentaje de su Producto Intreno Bruto (PIB). Chile, aún no sobrepasa el 5%. El reciente acuerdo de Incheon recomienda que los países gasten al menos el 6%, ustedes tiene un 7,9%. Sin embargo esto es relativo, depende del PIB de cada país, si crece o decrece, en el caso de ustedes ha crecido ¿Cómo opera esto, entendiendo que fortalecer la educación pública es una prioridad para los países latinoamericanos?
RA: El dato formal en el caso boliviano es que teníamos hace unos meses atrás un gasto de un 8,7% del PIB destinado a educación y en la actualidad tenemos 7,9% destinado a educación, es decir bajó. Sin embargo eso que tú decías es cierto, es relativo. Si bien nosotros tenemos un porcentaje alto, comparativamente es el segundo porcentaje más alto de América Latina en torno al PIB de inversión en educación. Hay un dato que es muy especial. Mientras en el porcentaje hemos reducido a lo que sería el porcentaje anterior, cuando vemos el monto del PIB es donde viene lo significativo del nivel de inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos aumentado nuestro PIB. Nosotros teníamos antes un 4% por sobre 4 mil millones de dólares, ahora tenemos un 7,9 % sobre 17 mil millones dólares.[2]
JG: Entonces se ha cuatriplicado …
RA: Exacto. Entonces el dato porcentual no te refleja esas cuatro veces más de inversión que se ha hecho en educación, porque se lo ve porcentualmente y comparativamente de lo que es la masa del Producto Interno Bruto. Pero cuando uno ve cuánto teníamos de inversión antes y cuánto tenemos ahora, ahí es donde uno puede ver la magnitud de la decisión del Estado Plurinacional de hacer de la educación, el primer destino de los recursos. Esto ha permitido al Ministerio de Educación comenzar a generar una situación de respuesta a grandes problemáticas en el ámbito de la calidad de la educación, en el ámbito de formación de maestros, en el ámbito de la infraestructura, de la tecnología y otros ámbitos.
JG: Respecto al financiamiento de la educación pública se hace cada vez más evidente la presencia de los grupos de poder económico, vemos como en los países latinoamericanos los privados participan mediante donaciones, alianzas con el Estado e incluso, en algunos países gestionan directamente las escuelas, incidiendo decisivamente en la toma de decisiones sobre políticas educativas. Ministro ¿Cuál es su opinión sobre la relación que debe tener el Estado con este tipo de financiamiento para la educación y sobre el rol de los privados en la educación pública?
RA: Para nosotros el principio esencial es que el Estado es responsable del financiamiento de la educación y, por lo tanto, el Estado es el que debe asumir, a través de su presupuesto la mayor responsabilidad ¿por qué?, porque cuando se lo ve desde la óptica privada el gran problema que se tiene es que el sector privado, y esa es su naturaleza, invierte donde le va a dar más rédito, es decir, invierte donde va a tener más ganancias, utilidades, beneficios y, por lo tanto, lo vuelve un negocio toda su actividad. Si permitimos en la educación que el sector privado lo convierta en un negocio, vamos a hacer que los niveles de inversión estén distorsionados el sentido social pedagógico de la educación.
JG: ¿Qué ocurre con el sector privado en Bolivia?
Al sector privado no lo hemos prohibido en el ámbito de la educación boliviana pero le hemos puesto una condición “No puede hacer negocio con la educación”, puede ser inversión, va a ser inversión que le va a redituar un nivel de ganancia pero a partir de ello no puede generar situaciones de mercantilización. Un ejemplo muy claro en Bolivia que descubrimos, vimos y hemos corregido, fue el hecho de que habían sectores económicos, grupos, familias que tenían como negocio el ir y cazar autorizaciones para el funcionamiento de escuelas o de colegios. Este financiamiento o esta inversión que hacían después la redituaban en vender las autorizaciones, pero a un precio mucho mayor que la resolución ministerial que reconoce que esa unidad educativa es oficial, que puede dar clases, que puede brindar formación en educación. Entonces, ¿qué hacía este grupo? sacaba así el trámite ante el ministerio, se le daba la autorización y después de un tiempo vendía la autorización a un precio más alto, es decir, negociaba.
Descubrimos que había un gran negocio en tener la autorización del Ministerio para el funcionamiento de una unidad educativa y después negociar ¿cuál era el efecto? que si la persona que había comprado o había tramitado la autorización después tenía un desinterés o ya no tenía lucro con la gestión la unidad, cerraba y los alumnos quedaban perjudicados. Este ha sido un tema muy complejo, porque en algunas unidades educativas se ha generado una situación de tensionamiento con los padres por efecto de que los perjudicados son las familias y los niños, por el hecho de una negociación y de un manejo mercantilizado del sistema educativo.
Además a eso se añade la otra forma de mercantilización, que es la concepción de una aparente competitividad que debe haber entre las escuelas, de pronto una escuela compite porque tiene las mejores condiciones (laboratorios de centros tecnológicos, tiene buenos profesores) y oferta esta situación, viene la otra y genera un nivel de competitividad y uno dice: ¡Pero qué bien, están mejorando la calidad educativa! Esto está vinculado al punto de inflexión en donde el nivel de inversión va a ser aquel que le este redituando el nivel de ganancia, es decir, así como cualquier empresa. Si una empresa está en quiebra, si una empresa ya no tiene los meritos que tenía antes, ni la ganancia ¡la va a cerrar! Porque va a entrar en quiebra. En una escuela, en una unidad educacional no puede mantenerse ese principio como principio de funcionamiento, porque al niño hasta psicológicamente le influye pasar clases en un ambiente, en un contexto, que después, porque quebró la empresa, tiene que irse a otra escuela.
Por eso hemos cuidado mucho el hecho de que las unidades educativas cuando están en una situación de insostenibilidad deben cerrar para el siguiente año, no pueden cerrar al mismo año. Hemos puesto condiciones de pre cautelar estudios y el derecho a la educación de los niños, y de esa manera estamos buscando atenuar el sentido mercantilista en el contexto educativo.
JG: Y durante ese año extra ¿el Estado tiene que solventar la escuela?
RA: ¡No! La empresa tiene la obligación, que se endeude, lo que sea, si asumió la responsabilidad tiene que completar ese ciclo hasta la conclusión de estudios, entregar las calificaciones y recién puede establecer el cierre de la unidad educativa.
JG: Bolivia, en este último tiempo, ha hecho grandes avances en fortalecer la educación pública[3], sin embargo a diferencia del discurso tradicional, que pone al Estado al centro de la reforma, en Bolivia -por lo que se lee en la ley- lo que está al centro de ese fortalecimiento es la comunidad.[4] Me gustaría que pudiese hablarnos de ese tema. ¿Qué rol juega la comunidad en esta iniciativa de fortalecimiento de la educación pública en Bolivia?
RA: El principio que se ha establecido en Bolivia es que la comunidad es la responsable y es la que tiene como patrimonio social a la educación, y por lo tanto la comunidad es la que tiene el derecho de demandar educación, pero también tiene la obligación de proteger ese bien común que es la educación. A partir de ello, el Estado participa en ese contexto jugando un rol de protector de ese derecho y esa obligación que tiene la comunidad, y si la comunidad es la que gestiona, la que trabaja, la que articula, la que demanda, la que fiscaliza, la que evalúa, y a partir de ello el Estado es innegablemente el que tiene la obligación, a través del presupuesto, de generar las respuestas a las necesidades de esa comunidad. Esto es bien significativo, ponemos dos ejemplos: de pronto en alguna comunidad hay una necesidad de escuela o de maestros. La escuela está creada pero les faltan maestros porque ha aumentado la población estudiantil. La comunidad gestiona que se le otorgue el docente, pero de pronto no hay docentes o el ministerio no ha priorizado o la dirección sub-nacional no ha priorizado, y viene la comunidad y hace un bloqueo de caminos, y sobre la base del bloqueo de caminos obtienen resultados de la votación de un ítem. Bueno ahí viene el tema de una respuesta a través de la demanda, y el Estado en los últimos tiempos ha ido resolviendo de manera significativa estas demandas y estas reivindicaciones, ¡tan es así! que proporcionalmente de lo que había, mil demandas hace diez años atrás en este momento, hay cinco a lo mucho, diez demandas anuales de creación de docentes nuevos. ¿Por qué? Porque se ha ido dando de manera continúa un crecimiento en el nivel presupuestario en la dotación de docentes. Pero al mismo tiempo se han generado respuestas comunitarias a situaciones críticas y especiales de las propias comunidades. ¿Cómo es esto? De pronto, por efecto de la migración en una comunidad, ha comenzado a reducirse el número de alumnos y eso pone en peligro el funcionamiento de la escuela. La ley ha establecido, la Ley Avelino Siñañi y Elizardo Pérez, que en las regiones alejadas, en las regiones fronterizas, se ha incorporado el principio de si existe la escuela y hay un docente, y hay un alumno, la escuela sigue funcionando. Antes el parámetro eran diez alumnos, no habían diez alumnos se cerraba la escuela, ése es el modelo neoliberal. En la actualidad es, si hay la escuela, hay el maestro y hay un alumno, la escuela sigue funcionando. Si son dos alumnos obviamente es mejor, si son tres, si son cinco, si son diez o si son veinte es innegable que estamos respondiendo a la demanda de educación. Pero aquí viene un tema. Por efecto de la migración y por otros factores, a veces por condiciones climáticas ó mucha población, han migrado de las comunidades y, a partir de ello, las escuelas se han ido despoblando. ¿Qué han hecho los sindicatos agrarios? Los sindicatos agrarios han asumido sus responsabilidad, su obligación de preservar la escuela y han agarrado y han dicho “toda familia miembro de la comunidad para poder recibir el derecho a agua en la comunidad, tierras de pastoreo comunitario o bosques comunitarios, tiene la obligación de poner a todos sus hijos en la escuela”. Es decir, un mecanismo de preservar el derecho universal a la educación, además del Estado promoviendo ese tema, se ha logrado a través de una forma de sanción comunitaria o sanción sindical.
La escuela, como el agua, es un bien común, entonces ponen a la educación en primer plano y a partir de ello puede haber una sanción al integrante de la comunidad, que no tenga, o que no hubiera previsto el de tener a los niños en la escuela. Por ello es que en comunidades muy pobres, el mecanismo de la cobertura del cien por ciento se ha logrado, por efecto fundamentalmente de la comunidad que busca preservar su escuela, eso obliga que todos los niños generen una pertenencia a la escuela, a partir de esta concepción de que la escuela es patrimonio de la comunidad.
Y hay un último ejemplo que es muy interesante, se ha generado una situación de empoderamiento de parte de las comunidades en torno a sus escuelas y, a partir de ello, han comenzado a construirse en los principales promotores del mejoramiento de la calidad educativa; demandando a las alcaldías, demandando a los niveles departamentales o a otros niveles las respuestas a sus mejores condiciones de estudio, laboratorios, talleres y otros aspectos. Ha sido a través de las organizaciones de padres y madres, y a través de la comunidad como se ha logrado responder, es decir, hay una combinación ahora muy positiva y armoniosa entre lo que es el Estado, como obligación, respondiendo necesidades, y la comunidad orientando la respuesta, y al mismo tiempo, respondiendo a sus responsabilidades.
Y más:
Seminario Internacional Educación Pública y Privatización 1 y 2 de septiembre, Casa Central Universidad de Chile
Página web seminario y programa del evento: http://seminario.se.cl/
Inscripción: http://www.seminario.se.cl/registro/
[1] La actual Ley General de Educación de Bolivia fue promulgada el año 2010. Esta ley representa un giro en el modelo educativo neoliberal, que venía constituyéndose en Bolivia hasta entonces. Lleva los nombres de Avelino Siñani, dirigente indígena y Elizardo Perez, funcionario estatal, responsables de la construcción del proyecto de Warisata, “la escuela Ayllu”, basada en la participación de la comunidad y la resistencia al latifundio. Ver ley en : http://www.oei.es/quipu/bolivia/Leydla%20.pdf|
[2] El año 2006 el gobierno de Bolivia nacionaliza los hidrocarburos aumentando los impuestos a las empresas transnacionales, realizando nuevos contratos. En dicha ocasión el vicepresidente, Álvaro García Linera, hizo su aparición en el balcón del Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo de La Paz. Unas 50.000 personas le ovacionaron. Linera proclamó: “le hemos dado la vuelta a la tortilla. Si antes las petroleras se llevaban un 82% de los beneficios de nuestros recursos naturales, ahora sólo se llevarán un 18%, y el 82% será para el Estado”.
[3] La UNESCO y la Comunidad Internacional han destacado el avance de las políticas educativas de Bolivia en los últimos 10 años. Alaban su lucha contra el analfabetismo, la reducción de la brecha de desigualdad y la revalorización de las lenguas nativas en Bolivia. Además de ser un país libre de analfabetismo, en Bolivia se construyeron currículums regionalizados con participación de las comunidades. Cada uno rescata su cultura, su lengua, sus saberes y conocimientos, que deberán ser aplicados en el sistema educativo.
[4] La Ley de Educación de Bolivia señala en su Artículo 2°, Inciso 1) “Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria, de madres y padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado.”