La Cámara Federal de San Martín ha decidido perseguir penalmente a las "balas de tinta" que la Presidenta, recientemente, comparó con las bombas que en 1955 derrocaron a Juan Perón. En ese sentido, ha decidido el procesamiento de Carlos Pagni (La Nación), Edgar Mainhard (Urgente24) y Roberto García (Perfil) por publicar información obtenida mediante la supuesta comisión de un delito. Esos periodistas, de notoria filiación derechista, son acusados de "encubrimiento" porque sus informes procedían de pinchaduras telefónicas cometidas por otros, a las que ellos tuvieron acceso. La Cámara añade que los imputados bien pudieron desconocer que se había cometido un delito para obtener la información, pero que debieron suponerlo. La demanda fue promovida por el titular de la Secretaría de Inteligencia (SI), Héctor Icazuriaga, y su segundo, Francisco Larcher.
Se debe consignar que la Cámara ha sido amable. El año pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado los había procesado por "revelación de secretos", imputación que ahora el tribunal de alzada reduce a "encubrimiento".
En su sentencia, los jueces Hugo Fossati, Marcelo Fernández y Lidia Soto sostienen que "no se requiere que el agente (el periodista) conozca acabadamente la procedencia ilícita del objeto -en la causa, los correos electrónicos que les fueron enviados a los periodistas- sino que, por el contrario, lo que debe mediar en el caso concreto es la posibilidad del agente de sospechar, de acuerdo con las circunstancias que rodearon su recepción, que aquel provenía de un delito".
El fallo, de quedar firme, significaría lisa y llanamente la declaración de ilegalidad del oficio periodístico y del derecho a informar, o, por lo menos, de publicar inconveniencias para el poder político. De ser así, alcanzará con que cualquier gobierno le ponga el marbete de "secreto" a su propia corrupción para que informar sobre ella constituya delito.
Tendencia mundial
Los jueces de la Cámara Federal de San Martín no han hecho más que traer a la Argentina una tendencia internacional a reprimir la circulación de información.
El soldado norteamericano Bradley Manning está condenado a 35 años de prisión por revelar crímenes de guerra de las tropas de su país, y Julian Assange se encuentra refugiado desde hace más de un año en la Embajada de Ecuador en Londres, perseguido por hacer lo propio en su sitio WikiLeaks. Ahora, el ataque apunta directamente a los periodistas que difundan esos informes.
Así, el corresponsal brasileño David Miranda, pareja del periodista Glen Greenwald -quien difundió en The Guardian información suministrada por Edward Snowden- fue detenido durante nueve horas en el aeropuerto londinense de Heathrow, donde lo interrogaron y le secuestraron su laptop, su teléfono celular, un DVD y la memoria USB que llevaba, todo por razones "de seguridad nacional".
De inmediato, los abogados de Miranda exigieron a la Justicia que ese material privado no fuera revisado por la policía. Sin embargo, una corte de Londres acaba de dictaminar que los servicios de inteligencia pueden investigar esos archivos tanto como quieran. El vicedirector de Seguridad Nacional británico, Oliver Robbins, le dijo a la corte que entre esas pertenencias de Miranda puede haber documentos "altamente clasificados".
Paralelamente, The Guardian denunció que se ve sometido a constantes presiones por parte del gobierno inglés para que entregue o destruya los discos duros que Snowden le hizo llegar a Greenwald. Una ofensiva en regla.
El capitalismo en crisis, según se ve, necesita la militarización de la sociedad, el estado de excepción permanente y la supresión de los derechos civiles. Un mundo bajo el talón de hierro de las leyes "antiterroristas".