78 cámaras dotadas de software de reconocimiento facial están operando en 49 “puntos conflictivos” de Quito. Las cámaras cuentan con altavoces para “advertir y prevenir al ciudadano que actúa de manera incorrecta” y son monitoreadas por dos unidades móviles, que disponen también de drones para operar en eventos masivos.
El objetivo es facilitar la identificación, rastreo y monitoreo de personas en el espacio público para cotejar los datos recopilados con bases de datos que permitan identificar personas sospechosas.
El sistema de reconocimiento facial se suman a las más de mil cámaras de videovigilancia que conforman el plan ECU911 y se espera que ambos sistemas se enlacen. Y no solo eso: “El proyecto a largo plazo es tratar de anclar la información del Registro Civil a la base de datos y contar con el registro de 15 millones de ecuatorianos junto con los extranjeros que ingresan al país”.
Como hemos apuntado sobre casos similares en otros países de la región, es
preocupante que no queden claros los mecanismos de manejo y sanción en torno a la protección de datos personales de las personas que transitan el espacio público vigilado por estas tecnologías, así como la vaguedad en torno a los criterios que definen quién es una persona sospechosa.
Hay que mencionar que Ecuador carece de una legislación específica que proteja los datos personales de las personas.