El Confidencial
Sus textos sólo tienen difusión local pero sus repercusiones van mucho más allá. El periodista Carlos Otto, que fue despedido de El Día de Ciudad Real por escribir en su blog sobre las relaciones entra la dirección de su periódico y la construcción del aeropuerto de la ciudad, ha recibido tres denuncias en menos de una semana. Una de ellas, de Mari Carmen García, la gerente del diario que le despidió, otra de Juan Antonio León Triviño, promotor del aeropuerto, y una última de Domingo Díaz de Mera, el propietario de su periódico. Todo ello, días antes de que otro periodista local de Tenerife sea amenazado de muerte por desentramar una corrupción urbanística.
Las demandas impuestas a Otto, de 6.000 euros cada una, son solicitadas por los denunciantes en calidad de indemnización por supuestas injurias y calumnias habidas en el blog personal del periodista. Algunas de estas calificaciones se atribuyen al demandado, otras, en cambio, a los comentarios vertidos por los lectores de sus artículos, haciéndole responsable en última instancia de todas ellas al periodista.Carlos Otto demandó al periódico por despido improcedente. Hasta hace una semana, se encontraba a la espera del juicio, que tendrá lugar en febrero. Ahora, tras las tres denuncias, el periodista puede tener que enfrentarse a cuatro juicios distintos. Con todo y con eso, su abogado, David Bravo, se muestra optimista, ya que, según él, “el proceder y el contenido de las acusaciones no se sustentan en una base legal”.
“Ni siquiera enviaron el habitual burofax para solicitar la supresión de los comentarios. Emitieron tres denuncias idénticas por separado solicitando idénticas indemnizaciones, todas ellas igual de aleatorias económicamente”, explica Bravo.
Según el abogado, Otto no sería responsable más que de los textos que firma, y nunca de los comentarios emitidos por sus lectores, que son los únicos responsables. Sobre las calificaciones injuriosas que se le atribuyen a Otto, las de capo y mafioso, arrojadas sobre Triviño y Díaz de Mera, según Bravo estarían escudadas con el derecho de la libertad de expresión, dentro del contexto en el que están escritas. “Si alguien escribe que comprar en el corte inglés en un robo no significa que se le atribuya el delito de robar, pues en este caso igual”.
Amenazas de muerte
El caso de Carlos Otto, publicado anteriormente en El Confidencial, no es el único ejemplo en el que se cuestiona la libertad de expresión con la que trabaja un periodista local. La historia de Otto, que evidencia la cercanía entre la promotora del Aeropuerto de Ciudad Real y los dueños de El Día de Ciudad Real, ocurre de manera casi simultánea al caso de otro periodista que ha sido amenazado de muerte por dedicar sus líneas a los quehaceres urbanísticos de su ciudad.
Juan Antonio Medina, del periódico El Día (un medio local de Tenerife sin ninguna relación con el diario de Otto), escribió en su periódico sobre una presunta trama de corrupción urbanística conocida como el caso “Arona”. En su caso, las presiones han llegado únicamente de forma externa a su periódico, pero con una dureza mucho mayor. “Cuando salía de la redacción un coche se me acercó y un hombre me aseguró que me rajarían si seguía escribiendo sobre el caso”.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, y desde entonces el periodista se ha visto obligado a cambiar su rutina, aunque asegura recibir todo el apoyo de su periódico, un diario según él independiente y sin relación alguna con constructoras. “Ahora entro y salgo del periódico de forma aleatoria, pero no ha cambiado nada más, seguiremos contando lo que tengamos que contar”.
El origen de las amenazas está en la publicación de una información el pasado 28 de noviembre donde el periódico tinerfeño informaba sobre que el redactor de Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), Jorge Coderch, reconocía que el documento se había redactado de forma ·irregular· ante las peticiones de los miembros del grupo de gobierno en el consistorio de Arona.
Según el abogado del redactor, Felipe Campos, la denuncia por amenazas de muerte se ha añadido al expediente del 'caso Arona' al igual que la información publicada al entender que ·el plan general es un delito en sí de prevaricación·. ·No es demagogia decir que la amenaza va contra todos los periodistas y contra libertad de expresión y es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho·.