De acuerdo a organizaciones asociadas a la Campaña Nacional por un aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina se realizan 500 mil abortos ilegales cada año. Esto demuestra que la criminalización no evita que las mujeres aborten. También significa, que el 40% de los embarazos terminan por interrupción voluntaria, en la mayoría de los casos en terribles condiciones sanitarias. Cerca de 80 mil mujeres son hospitalizadas cada año debido a complicaciones derivadas de un aborto: es la principal causa de muerte materna, con un 30% del total. En muchos casos, ni estas complicaciones de salud, ni las muertes derivadas de un aborto son reportadas a las autoridades. Por cada mujer que busca ayuda médica ante una complicación, otras 7 en la misma situación callan y no acuden a los servicios de salud.
El proyecto actual para legalizar el aborto fue presentado al Parlamento en mayo de 2008. En el mes de marzo de 2010, las organizaciones asociadas a la Campaña reactivaron el documento con más de 33 firmas de diputados, el cual fue admitido a discusión: El debate comenzó en el Congreso el 1º de noviembre de 2011.
La iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo señala- en términos generales: Que cada mujer tiene el derecho de decidir sobre su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. También, establece que las mujeres deben tener acceso a la realización de un aborto de manera legal, segura y gratuita en los servicios de salud, bajo las condiciones y requisitos que requiere la ley. Asimismo, propone asistencia sicológica humanitaria antes, durante y después del procedimiento. El proyecto de ley también demanda la implementación y puesta en práctica inmediata de leyes complementarias destinadas a mejorar la cobertura de salud integral, la educación sexual y la paternidad y sexualidad responsables.
Recuerdo la marcha del 1º de noviembre: “Tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”; “Saquemos al patriarcado de nuestro útero”; son algunas de las pancartas que las mujeres preparaban. En mi opinión, el asunto va más allá del derecho a decidir sobre el cuerpo: Es un problema serio de salud que necesita de manera urgente una política pública definida.
Escuché hablar a una mujer rubia, de piel tostada: “Tengo tres hijos; me quedé embarazada del cuarto y mi pareja me botó de la casa. Asi no más: “no te quiero más, chau.” Yo no trabajaba, él no se hizo más cargo ni de mi embarazo, ni de los niños. Ninguna mujer imagina su vida con un aborto en el medio. Es absurdo pensar que es algo que se desea. Pedí plata, saqué lo que tenía en el banco. Me duele el juicio de la gente porque no tienen idea de mi ni de lo que tuve que pasar, y tampoco se sacarían la plata del bolsillo para apoyarme.”
Ella mencionó dos puntos importantes: Primero, el jugoso negocio detrás de la ilegalidad: Se estima que en Argentina, un aborto ilegal cuesta alrededor de $1.000 dólares. Saquemos la calculadora: $1.000 X 500.000 = $ 500.000.000 de dólares en dinero ilegal, tal ilegal como vender drogas o traficar personas. ¿Quiénes ganan manteniendo el aborto en la oscuridad y arriesgando la vida de las mujeres? ¿Cómo se podría mejorar la cobertura de salud sexual y reproductiva y el apoyo a la maternidad con ese dinero? Es evidente que negarles a las mujeres un cuidado de salud amplio y decente es un negocio lucrativo.
El segundo punto que menciona es el castigo social. Un aborto trae un sufrimiento físico y emocional: Está lejos de ser una experiencia liberadora. En efecto, es un proceso de duelo profundo: duelo por la pérdida, incrementada por los sentimientos de culpa: La tristeza, la culpa, el aislamiento y el castigo, son fantasmas que torturan la vida de las mujeres en estos casos, con un serio impacto en sus expectativas futuras.
Grace Estefanía, sicóloga clínica dice: “Si el duelo no es manejado adecuadamente se vuelve patológico, con implicaciones bio-sico-sociales como depresión o tendencias suicidas. Si tomamos en cuenta que la mayoría de las mujeres que abortan son jóvenes o están solas, el riesgo de salud mental crece a niveles alarmantes. El estigma de lo clandestino, aumenta el aislamiento y los sentimientos de culpa ante el aborto, porque está legal y socialmente criminalizado. No es posible dirigir una terapia apropiada y controlar la situación, ya que no tenemos una ley que nos permita hacerlo.”
“Es un crimen, es un pecado” dice la gente que está contra la ley. Pero, ¿Cuál es el verdadero crimen aquí? Desde 1983, 3.000 mujeres han muerto como resultado de abortos ilegales. Yo pienso que el verdadero crimen es la desigualdad social en la que vivimos; Yo digo que el verdadero pecado es la indiferencia con la que tratamos con una crisis mortal de salud como esta, sólo porque las más afectadas son mujeres de los sectores de menores ingresos. La misma gente que rechaza la legalización del aborto, no dudaría ni un segundo en pagar uno; en la actuales condiciones, tienen derecho a la equidad y a la calidad en la atención sanitaria quienes puede pagar por ella.
Desde mi punto de vista, el aborto ilegal es una de las peores expresiones de injusticia social; lleva a diferentes escenarios de acuerdo al estatus financiero de la mujer que lo requiere. No es lo mismo abortar en una clínica costosa, discreta y segura, que en un cuarto sucio en manos que no siempre son profesionales. El sueldo base en Argentina está entre $250- $300 dólares: ¿Quién tiene $1.000 disponibles? En nuestra Latinoamérica, sumida en la pobreza y la inequidad, ponemos la carga y la culpa sobre las espaldas de las mujeres de menos ingresos, que arriesgan sus vidas en un aborto ilegal y, al mismo tiempo, las excluimos de otros beneficios sociales y culturales.
Crimen y pecado: Dos palabras que se usan sólo para las mujeres de bajos ingresos, que cuando mueren o van a la cárcel, ocupan las portadas de los diarios; las hacemos sentir vergüenza y las castigamos por abortar, cuando somos nosotros, la sociedad, quienes deberíamos avergonzarnos de las desigualdades sociales que contribuimos a mantener con nuestro silencio; deberíamos tener un mínimo pudor ante las diferencias de acceso a los servicios básicos y la falta de garantías de las que una parte de la población carece para ejercer sus derechos fundamentales.
Cuando el aborto se practica en las clínicas de los barrios elegantes, con un doctor que sabe lo que hace, no es un crimen y no conlleva culpa: Se llama “remoción de tejido”, “quiste”, “extracción”. No hay crimen cuando se tiene dinero; el dinero paga abortos seguros y también el silencio. El aborto todavía es ilegal en los niveles de altos ingresos, pero el dinero cambia todo: Excluye del riesgo sanitario, el juicio legal y el castigo social.
Como sociedad: ¿Estamos completamente seguros que no tenemos ninguna responsabilidad que compartir respecto al aborto? Luego de lo descrito: ¿Somos aún capaces de abordar el tema con la intención de castigar a las mujeres, con una piedra en cada mano? ¿Quién puede arrojar la primera, cuando la evidencia revela que tenemos nuestra parte de culpa en la mantención de las inequidades sociales, entre las cuales el aborto es una de las más crueles expresiones?
Se requiere un acuerdo social para implementar, con sentido práctico y sin hipocresía, políticas públicas claras y equitativas con respecto a la familia, la sexualidad, la maternidad que, por un lado, satisfagan los derechos en torno a la salud y por otro, terminen con la especulación y el enriquecimiento ilícito a costa de la vida de las mujeres: «Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir.”