En cuanto al tema de la aprobación, en primer debate, de la reforma a la justicia, prometida desde su campaña por el presidente Juan Manuel Santos, no se sabe qué fue más desconcertante: si el engaño o la manera en que fuimos subestimados los colombianos.
Porque haber tardado un año, con la disculpa de que se estaba discutiendo y elaborando una verdadera reforma de fondo, una "reforma estructural a la justicia", para salir luego con una modificación que no es más que un paquete de medidas que, no solamente no resuelve el preocupante panorama en que se encuentra sumida nuestra justicia, sino que, por el contrario, lo que hace es aumentar y proteger las prerrogativas de las altas cortes y de los congresistas, es un grosero engaño.
Para muestra una sarta de botones: no se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura (eliminación que se convirtió en razón para la dichosa reforma) y, más bien, se lo favoreció.
Se ha extendido cuatro años el período de los omnipotentes magistrados de las altas cortes (de 8 a 12 años) y se les aumentó la edad de retiro forzoso en cinco años (de 65 a 70 años).
No se modificó la facultad que tienen los togados para intervenir en la elección de Fiscal, Contralor y Procurador, lo que significa que sigue campante su politización.
No se crearon herramientas para atacar la impunidad, pero en cambio, se da más dinero del presupuesto judicial, a los sufridos y orondos magistrados, etc.
Ahora bien, lo que es francamente descarado es que el presidente Juan Manuel Santos, intentando defender ese esperpento de los centenares de críticas que le han caído encima, se hubiera puesto a exaltar las bondades del consenso y lo calificara como "ejemplo maravilloso de coherencia y armonía entre las distintas instituciones del Estado", en las que "no hubo vencedores".
Los colombianos no somos tan bobos como para no darnos cuenta de cómo fue que se repartieron la torta de privilegios de la reforma judicial, en la que cada quien sacó su mejor tajada y por eso no hubo vencedores pero sí, un vencido, el eterno perdedor: el pueblo colombiano, ese que diariamente padece, de una u otra manera, la inoperancia del aparato judicial.
Como nos damos cuenta también de que una reforma estructural y profunda de la rama judicial no será posible mediante el armonioso consenso (con el que el actual gobierno pretende resolver todos los problemas), mientras los mismos integrantes de la rama que debe ser intervenida sean quienes tracen las directrices y, por supuesto, inclinen la balanza hacia lo que les convenga.
Nos tocará, por lo pronto, seguir padeciendo esta infame dictadura del cartel de las togas.
Si la reconciliación del presidente Juan Manuel Santos con su "nuevo mejor amigo", el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el haberle cambiado la terna para que la Corte Suprema de Justicia le nombrara un Fiscal General de la Nación en propiedad, me habían hecho pasar del desconcierto al desengaño, ahora es su notoria falta de carácter (pantalones) para resolver problemas la que me ha hecho pasar del desengaño a la rabia.
Porque haber tardado un año, con la disculpa de que se estaba discutiendo y elaborando una verdadera reforma de fondo, una "reforma estructural a la justicia", para salir luego con una modificación que no es más que un paquete de medidas que, no solamente no resuelve el preocupante panorama en que se encuentra sumida nuestra justicia, sino que, por el contrario, lo que hace es aumentar y proteger las prerrogativas de las altas cortes y de los congresistas, es un grosero engaño.
Para muestra una sarta de botones: no se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura (eliminación que se convirtió en razón para la dichosa reforma) y, más bien, se lo favoreció.
Se ha extendido cuatro años el período de los omnipotentes magistrados de las altas cortes (de 8 a 12 años) y se les aumentó la edad de retiro forzoso en cinco años (de 65 a 70 años).
No se modificó la facultad que tienen los togados para intervenir en la elección de Fiscal, Contralor y Procurador, lo que significa que sigue campante su politización.
No se crearon herramientas para atacar la impunidad, pero en cambio, se da más dinero del presupuesto judicial, a los sufridos y orondos magistrados, etc.
Ahora bien, lo que es francamente descarado es que el presidente Juan Manuel Santos, intentando defender ese esperpento de los centenares de críticas que le han caído encima, se hubiera puesto a exaltar las bondades del consenso y lo calificara como "ejemplo maravilloso de coherencia y armonía entre las distintas instituciones del Estado", en las que "no hubo vencedores".
Los colombianos no somos tan bobos como para no darnos cuenta de cómo fue que se repartieron la torta de privilegios de la reforma judicial, en la que cada quien sacó su mejor tajada y por eso no hubo vencedores pero sí, un vencido, el eterno perdedor: el pueblo colombiano, ese que diariamente padece, de una u otra manera, la inoperancia del aparato judicial.
Como nos damos cuenta también de que una reforma estructural y profunda de la rama judicial no será posible mediante el armonioso consenso (con el que el actual gobierno pretende resolver todos los problemas), mientras los mismos integrantes de la rama que debe ser intervenida sean quienes tracen las directrices y, por supuesto, inclinen la balanza hacia lo que les convenga.
Nos tocará, por lo pronto, seguir padeciendo esta infame dictadura del cartel de las togas.
Si la reconciliación del presidente Juan Manuel Santos con su "nuevo mejor amigo", el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el haberle cambiado la terna para que la Corte Suprema de Justicia le nombrara un Fiscal General de la Nación en propiedad, me habían hecho pasar del desconcierto al desengaño, ahora es su notoria falta de carácter (pantalones) para resolver problemas la que me ha hecho pasar del desengaño a la rabia.
El Colombiano, 13 de octubre 2011
No son para festejar las noticias que vienen de varios lugares del país y que revelan falta de autoridad en el manejo de protestas sociales y laborales. Son por supuesto condenables los excesos que se cometan para mantener el orden. Pero por parejo lo son los abusos de quienes a nombre de reivindicaciones de derechos sindicales, o de aspiraciones de la comunidad amenazan la paz pública. Nos da la impresión de que el Gobierno se ha dejado medir y de que ciertos grupos están imponiendo su ley de la selva.
Los acontecimientos de Puerto Gaitán, en contra de la petrolera Pacific Rubiales, no pueden ser más lamentables. Un puñado de encapuchados ha cerrado la producción de una cuarta parte de los hidrocarburos del país. Y lo han logrado en medio de la pasividad total de la Policía, sin que obre razón de derecho de ninguna especie que justifique esos actos de violencia.
Los revoltosos saben muy bien que le están pegando en el corazón a la economía colombiana y al principio de la confianza inversionista, elemento esencial de la política que dejó establecida el presidente Uribe, y que Santos prometió continuar. Cuando estábamos condenados a importar gasolina y otros derivados del petróleo, una sana forma de contratación ha conseguido la vinculación de importantes volúmenes de capital extranjero y de tecnologías de punta para revertir esa gravísima carencia. Pero no es solamente la distribución adecuada de las ganancias la que ha conseguido que estemos en la vecindad del millón de barriles de producción, con una exportación superior a los seiscientos mil barriles por día. Es sobre todo la seguridad lo que ha permitido esas maravillosas conquistas.
Hay mucho en juego, por supuesto. Y el Gobierno no puede ignorarlo. Y la USO, cuyas crueles ejecutorias no hemos olvidado, mucho menos. Y sin embargo, se le ha permitido que imponga su ley de terror y se le han concedido treinta días a Pacific para que se acomode a la voluntad de los autores de la asonada. La trapisonda se esconde con una supuesta negociación entre las partes, cuyo desenlace se conoce de antemano. Si la compañía petrolera no accede a lo que la USO le exige, vendrá otra manifestación de fuerza, más afinada en sus técnicas y más audaz en sus propósitos.
Lo del petróleo no viaja solo. Se encuentra en el mismo vagón del mismo tren con la fuerza desatada en Puerto Wilches contra las productoras de palma de aceite. En una de ellas, llamada Bucarelia, la plaga de la pudrición del cogollo ha puesto en entredicho la viabilidad de la operación. Pero los trabajadores, o los sindicatos que los azuzan, han resuelto cerrar otras tres plantaciones vecinas, que nada tienen que ver con el conflicto. Y otra vez presenciamos la indiferencia de la Fuerza Pública, mientras que oímos al Gobernador de Santander, el inefable doctor Serpa, ofreciéndose como mediador en nuevas conversaciones. Serpa es especialista en esos diálogos. Y sobre todo en entregarle a la Fuerza lo que le pertenece al Derecho. Quienes heredamos sus larguezas con lo ajeno en los conflictos indígenas del Cauca, sabemos por cuáles caminos quiere conducir estas discusiones. Vaca ladrona no olvida el portillo.
Estamos de vuelta a épocas que creíamos superadas. En la madrugada de este domingo, la guerrilla atacó los pueblos de Caldono, Siberia y Jambaló, y la represa de Salvajina. Ya le había tocado el turno a Corinto y nos preguntamos lo que pasará mañana. Y cuando todas estas desgracias caen sobre la Nación, triste presagio de muchas cosas peores, el Presidente anda de viaje y el Ministro del Interior, de vacaciones. Tal vez daría lo mismo si estuvieran. Porque a lo mejor no es el Presidente ni el Ministro lo que hace falta. Es la voluntad de mantener el orden por medio de la legítima acción de la autoridad, lo que estamos añorando.
Si el Presidente se toma la libertad de recomendarle a Israel y a Palestina lo que les conviene, no parece excesivo que nosotros le recomendemos que de una buena vez se amarre los pantalones.
La Patria, 27 de septiembre 2011
Dijo la prensa hace algunos días que este ciudadano, atrapado en un avión que se hallaba estancado en la pista de aterrizaje, fue acometido por una urgencia miccional manifiesta. Algo que le puede pasar a cualquiera, al menos en el reino animal. De hecho, Camila, mi bull dog francesa, pese a que con todo cariño y dedicación le hemos instruido sobre la necesidad de contenerse hasta llegar al sitio prefijado, prefiere dar rienda suelta al impulso en cualquier parte. Una vez llega el alivio, mira con altivez reafirmando con solemnidad el título de esta columna. También los animales tienen sus derechos.
Lo cierto es que una atravesada azafata quiso impedirle a Depardieu la satisfacción de sus premuras. Con toda avilantez, la dama respondió que el avión no había decolado. Nada que hacer, le dijo. El argumento de que mientras el avión esté en tierra, el desahogo está vedado, carece de asidero técnico y constitucional. En lo técnico, ese argumento es cosa del pasado. Y en cuanto al tema de fondo, ninguna ley humana, y creo que tampoco divina, puede derogar una meada. Cuando me refiero tímidamente a la ley divina, no quiero con esto molestar a nadie. No es un efluvio ateísta. Digamos simplemente que si el Creador nos dotó de una vejiga limitada, por todopoderoso que Él sea, tiene que atenerse a las consecuencias.
Depardieu reaccionó, como todo un revolucionario francés, y utilizó el alfombrado pasillo para reafirmar su libertad. Es un acto que lo honra. El mismo que proclama Camila cuando utiliza la alfombra de la sala principal para proceder al desagüe. Solo que mientras Depardieu gritó liberté en ese momento sublime, Camila recordó su naturaleza infrahumana y se libertó a ladrar egalité. Ella es respetuosa pero aspiracional.
Pero una cosa es la micción y otra muy distinta la otra necesidad que corre parejamente con ésta. Lo que los papis pudorosos llaman la número dos. Porque en esto tenemos ejemplos recientes muy poco edificantes. Es el caso del doctor Corzo, presidente del Congreso, quien inauguró su mandato con una primera deposición: proclamó la necesidad de revivir la inmunidad de los congresistas. Digo deposición en el sentido de “declaración”, algo que permite el castellano. ¡No seáis malpensados!
Luego apareció la idea de castigar a las mujeres que han sido violadas o cuyos hijos van a vivir una vida de perros. Esto no lo acepta ni Camila, quien se apresta ya a votar negativamente el referendo conservador.
La tercera deposición se refiere a las pobres viejecitas del Congreso que con tan magro sueldo de 21 millones no tienen ni para gasolina. El panorama es enternecedor. Tiene razón el presidente Corzo. Si Ecopetrol produce gasolina y Ecopetrol es empresa estatal, ¿cómo no mantener tanqueados a los padres de la patria? El Presidente Corzo ha dicho que es mejor tanquear que robar. Es algo elemental, señores. Por eso, hay que oponerse al proyecto de Velasco. Sin subsidio, no habrá Fiscalía que valga para contener el robo. No es una amenaza de Corzo. Es una premonición.
Y como toda gasolina es poca, pues a comprar carros nuevos. De a dos por Congresista. ¡Y que siga la fiesta!
El axioma es pues como sigue: mear es derecho humano. Pero defecarla a diario no se le debería permitir ni al presidente del Congreso.
El Espectador, 2 de septiembre 2011
Una confesión pormenorizada de diez años de crímenes y conspiraciones. Buscar los datos es cosa simplísima.
El gobierno de Colombia encomendó a The International Institute for Strategic Studies la nada sabrosa tarea de clasificar los millares de archivos de 'Raúl Reyes'.
Hoy, por 50 mil pesitos, cualquier ciudadano podrá recibir Los archivos de las Farc, con un CD en que se clasifica, rigurosamente, una confesión pormenorizada de diez años de crímenes y conspiraciones. Para las Farc, esos miles de mensajes dormían ya el sueño eterno, pero despertaron a la voz de un bombardeo. Y eso es hoy una dicha para investigadores, periodistas y público en general.
Buscar los datos es cosa simplísima. Para comprobarlo escribí mi nombre y, ¡oh sorpresa!, lo primero que veo es a 'Alfonso Cano' y 'Raúl Reyes' despotricando de mí y 'trazando línea' sobre cierto asunto. Los pongo en antecedentes. 4 de febrero del 2008: 10 millones de colombianos marchamos bajo la consigna "¡No más Farc!". Iván Cepeda, de inmediato, cita una contramarcha para marzo, cuyas consignas parecían guión hecho por las Farc. Para acabar de ajustar, Anncol -su página oficial- también invitaba.
Cerrando el trágico siglo XIX, exactamente para el Gobierno que se posesionó el 7 de agosto de 1898, fueron elegidos Manuel Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín, para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la que ya era la República de Colombia. En buena medida la Guerra de los Mil Días, y con seguridad la pérdida de Panamá, resultaron de los enfrentamientos entre estos dos personajes. Se comprende por qué esa dignidad fue suprimida por casi un siglo de nuestra Constitución.
Pero vino la Constitución de 1991, la vigente, cuya inspiración y redacción se le confió, en alta medida, a los guerrilleros del M19 y a otros de parecidas ejecutorias. Y entre los entuertos de esa triste experiencia, habremos de observar éste que ahora nos aflige.
Lo invito a que haga el experimento que le propongo, querido lector. Pregúntele a un número cualquiera de ciudadanos, qué oficio tiene nuestro personaje, y sin vacilación le dirán que es el segundo en el Gobierno, después del Presidente. Y menuda sorpresa se llevarán cuando usted los corrija, para decirles que el Vicepresidente no es nada en el Gobierno, y que no tiene ninguna función pública. ¿Por qué entonces la casa que le han dado al pie de la de Nariño, muy Salmona y muy llena de aparato? Pues porque aquí somos así.
Puro folclor. El Vicepresidente no tiene funciones, no tiene mando, no es parte del Gobierno. Su oficio, si por tal pudiera llamársele, es esperar juicioso a que el Presidente tenga un accidente, que se muera o quede por largo tiempo inhabilitado, o que le ocurra ese otro accidente que sería la renuncia. Entonces se posesionaría como Presidente, por el tiempo que le falte al elegido como tal.
Mientras tanto, carece de funciones, de representatividad, de todo.
La Constitución dispone que el Presidente podría darle determinadas funciones al elegido como Vicepresidente. Como mandarlo de embajador a Bangladesh, o a otro más lejano lugar, que sería lo aconsejable. O como confiarle alguna otra función específica. ¡Pobre Constitución! A Angelino no le han dado ninguna facultad y se las toma todas. Y no pasa nada. A la Oficina Jurídica de Palacio acudimos en derecho de petición para que nos aclarara el tema, y la respuesta fue tan melancólica, tan pobre, que mejor ni mencionarla.
No hay nada tan peligroso como un desocupado con iniciativa. Y si se le agrega que el desocupado con iniciativa tiene ínfulas y ambiciones y título pomposo, la cosa es insufrible. Que es lo que empieza a sentir Santos respecto de Garzón, y lo que le ha pasado a varios de sus ministros. Cuando menos lo piensan, sale Angelino a contradecirlos, a regañarlos, a proponerles camorra. Y los ministros no saben qué hacer, como que sienten que le deben respeto a quien no está respetando su fuero.
Se debe a lo dicho que el Presidente haya salido a enfrentar a su Vicepresidente, diciendo en discurso público que los problemas del Gobierno se deben resolver en su interior. Pero ocurre que Angelino no es parte del Gobierno, que no es subalterno de Santos y que puede decir y hacer lo que le venga en gana, creando problemas de mando insolubles y problemas de imagen gravísimos. Por ahora, Garzón se limita a intervenir en cuestiones de petróleos, de orden público, de paz con las Farc y en asuntos económicos y laborales.
Ya recordó que fue elegido con nueve millones de votos y advirtió que no se va a callar. Pero la culpa no es suya. Es de los insensatos que redactaron ese disparate que es la Constitución de 1991. ¡Pobre Santos!
Lo que está ocurriendo en los medios de comunicación con el tema de Transmilenio, me recuerda la estrategia que utilizaron cuando estaba en furor la adjudicación del tercer canal de televisión.
A diario, RCN y Caracol difundían todas las actuaciones de sus abogados, daban a conocer la vida, obra y milagros de los comisionados de televisión, maximizaban cualquier situación y la convertían en un escándalo que adobaban con los comentarios improvisados de la gente en la calle.
En esa campaña contra el tercer canal, RCN y Caracol no ahorraron esfuerzos, cuidándose de mencionar el interés directo que tenían en desprestigiar la iniciativa. Sin embargo, lograron su propósito y el asunto del tercer canal quedó en la mente de la ciudadanía, como un embeleco inconveniente y lleno de corrupción.
A esto se suma la negativa del gobierno Uribe de pautar en los medios de comunicación, situación que era usual antes de 2002 y es normal ahora, en pleno 2011. El gobierno de turno pautaba, no por la utilidad de informar, sino por el mecanismo de presión que puede utilizar en cualquier momento contra el medio no alineado.
Total: los interesados en conservar el monopolio de la televisión en Colombia, mantuvieron por varios meses la campaña de desprestigio y finalmente lograron su propósito de evitar la competencia, gracias al apoyo de la ciudadanía desinformada y manipulada para favorecer la conveniencia de los dos grupos económicos que son dueños de los dos canales privados.
La misma estrategia se viene utilizando con el tema de Transmilenio: no hay día ni emisión en que RCN y Caracol no emitan informes “noticiosos” sobre la inconveniencia del Sistema: que los botiquines de las estaciones tienen los medicamentos vencidos, que los extintores están guardados porque se los roban, que a los conductores los hacen trabajar 18 horas y que todo es culpa del pésimo diseño del contrato entre la ciudad y los operadores de Transmilenio.
La última información difundida por RCN y Caracol se refiere a un concepto del IDU en el que manifiesta que la solución a los problemas de las lozas de la troncal Caracas es reponerlas en su totalidad. Eso suena muy bonito en una campaña electoral, pero la realidad es que volver a construir la troncal, además de los costos, implicaría el colapso de la movilidad capitalina.
Mientras tanto, los mismos medios empeñados en amplificar las fallas de Transmilenio, no tocan al transporte público tradicional, ni le exigen, ni exponen a diario sus miserias. Eso sería inconveniente en plena campaña, pues las mafias de los transportadores tienen una gran influencia en el tema electoral, a tal punto que financian concejales que después, ya elegidos, complicarán la gestión de aquel que intente tocarlos.
Ahora bien: mientras RCN y Caracol difunden su campaña de desprestigio, no se oye una sola palabra sobre las alternativas disponibles para los usuarios del Sistema, pues realmente no existen y a lo sumo, el Sistema Integrado de Transporte Público estará en plena operación en dos años, si todo sale bien.
Lo cierto es que la campaña contra Transmilenio tiene destinatario propio: Enrique Peñalosa, el alcalde que copió el modelo de Curitiba, Brasil, y trató de adaptarlo a las necesidades de Bogotá. No se puede negar que el Sistema tiene fallas, que debe mejorar diversos aspectos, que el problema del relleno fluido en la troncal Caracas es grave, pero más allá de las utopías del metro —estilo Samuel— ningún alcalde ha desarrollado soluciones reales al problema del transporte en la ciudad.
Curiosamente, las fuentes que utilizan RCN y Caracol son oficiales: La Personería de Bogotá y el IDU. En cuanto a la Personería, es bueno recordar que está a cargo de Francisco Rojas Birry, miembro del PDA quien se atornilló al puesto, pese a las investigaciones sobre sus nexos con el extraditado David Murcia Guzmán. Sobre el IDU, bastión clientelar del Polo, tampoco resulta extraño que mediante informes y recomendaciones trate de influir en las elecciones del 30 de octubre.
Aunque ya sabemos a quién tratan de perjudicar los informes oficiales que amplifican RCN y Caracol, no resulta tan sencillo entender a quién benefician. No es al candidato del Polo, el desconocido Aurelio —que empapela la ciudad con su nombre—, pues en las encuestas apenas registra y sabe que su aspiración no tiene futuro alguno. El beneficiado con la campaña de desprestigio es Gustavo Petro, el verdadero candidato del chavismo, quien está disputando, cabeza a cabeza, la Alcaldía de Bogotá con Enrique Peñalosa.
El candidato de la izquierda, ahora todo dulzura y suavidad, ha trabajado activamente para desdibujar sus vínculos: no habla de Chávez, ni expresa sus simpatías por el dictador venezolano. Reniega del Polo, cuando muchos de sus directivos y simpatizantes se deslizaron a su campaña, más que por identidad con la aparente disidencia, por afinidad ideológica con el proceso que ha determinado dejar al Polo como una marca política perdedora y responsable de la debacle capitalina, mientras que la nueva marca, Progresistas, no tiene cargas y se vende como cristalina, transparente y muy honrada. Esta estrategia de desinformartsijaPDA y Progresistas son las marcas de venta para un solo producto: el socialismo del siglo XXI.
atrabilioso.blogspot.com 12 de sptiembre 2011
Que el Congreso Nacional abra una licitación valorada en $40.000.000.000 para tomar en alquiler 476 vehículos, que adjudicará en enero, de los cuales entregarán dos para el servicio a cada congresista. El costo mensual por cada automotor será de $7'000.000, mientras miles de damnificados de la pasada tragedia invernal continúan en la cochina calle, viviendo de la caridad pública.
La indecencia mínima. Que el salario mínimo de un trabajador raso sea hoy de $532.500/mes y el de un Congresista de $33'996.000, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a $38'500.000/mes. Con oficinas, asesores, teléfonos fijos y celulares, carros, tiquetes aéreos gratuitos, además de los mejores servicios de salud.
Otras indecencias. Indecente es quien afirma que es riqueza ganar en Colombia $187.000. Indecente resulta que un profesor, un maestro, un catedrático universitario o un cirujano de salud pública, ganen menos que el concejal de un municipio de tercera categoría. O que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto y, al inicio de la legislatura).
Tenemos más. Es indecoroso que un ciudadano se vea obligado a cotizar hasta 35 años y tener 62 años para percibir una pensión y otros -para cobrar la pensión máxima- sólo necesiten jurar el cargo y estar un tiempito devengando de lo lindo. Es indecente que los congresistas sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo. Y que en la administración de justicia haya sueldos astronómicos que ya desearían los técnicos más calificados.
Más indecencias. Que el ingente dinero destinado a sostener a los partidos sea aprobado por los mismos políticos que viven del erario. Es indecoroso que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo. (Ni cultural, ni intelectual.) ¡Sólo basta estar en la bancada mayoritaria y patrocinado por dineros sucios!
Contratación indecente. Indecente es el político que es elegido, se llena los bolsillos de dinero en lugar de gobernar y solo quiere contratar. Indecente es el costo que representa para la administración de justicia los viáticos, viajes (siempre en primera clase), comidas, comunicaciones, guardaespaldas, escoltas, carros último modelo blindados, tarjetas de crédito y varios etcéteras y se le niegue a los soldados de la patria un aumento digno en sus salarios y los presupuestos no alcancen ni para sus prótesis en los hospitales.
Otro torrente. Mortificante que los congresistas tengan seis meses de vacaciones remuneradas al año. Irrita que el dinero de las regalías, destinado al desarrollo de las regiones y clases menos favorecidas, se quede en manos de gobernadores y alcaldes corruptos y sus secuaces. Indigna que a los abnegados soldados de la patria que dedicaron su vida para hacer de Colombia un mejor país, queden en la más completa ruina, sin un defensor pagado por el mismo Estado. ¡No hay derecho!
El Nuevo Siglo, 5 de septiembre 2011
El sentido más indicado para reconocer a un mamerto es el oído. Su discurso acartonado, compuesto por distintas configuraciones de las mismas palabras, es inconfundible; el vocabulario es reducido: sistema, contra, represión, revolución, opresión, pobreza, lucha, imperio, burguesía, explotación, pueblo; las configuraciones, infinitas: “Lucha contra el imperio”; “Explotación imperialista del pueblo”; “Pueblo oprimido por el sistema”; “Sistema imperialista burgués”; “Pobreza y opresión, igual revolución”. Sólo son ejemplos; combínense aleatoriamente, en letras apeñuscadas cuando es por escrito, y se tiene con estas palabras un panfleto listo para las imprentas de tinta roja del centro de Bogotá.
A la vista, su forma anticuada de vestir es más opaca y homogénea. Su moda está dominada por los colores cafés desteñidos, sacos viejos con parches en los codos, cuellos de tortuga, botas militares y jeans con camiseta oscura en los más jóvenes. Faldas no hay; no sólo por la carencia sistemática de una población de mamertas saludable para la supervivencia de este nicho social, sino porque las pocas que existen (¡gracias al cielo!) suelen vestirse igual a los hombres. Lo digo como una observación estadística más que un juicio de valor, pero dentro de la mamertería las mujeres son feas.
Sin embargo, detenernos en los detalles exteriores, como esa manera insalubre de tomar café recalentado en vasos de plástico verde, ese gusto por las agendas de lomo de cuero y páginas de bordes dorados llenas de papelitos, esa fijación por las organizaciones con siglas, distrae del pensamiento esencial que hace al mamerto. Mamerto no es sólo izquierdista. Aunque el origen de la palabra está en la coincidencia de “ertos” en el Partido Comunista Colombiano, cuando Gilberto Vieira y Filiberto Barrera eran sus directivos, hoy el término se esparció por almas que moran fuera del partido.
En el fondo de esos corazones apasionados y recalcitrantes está la lucha constante de una existencia contradictoria. Los mamertos poseen una certeza absoluta de conocer la verdad sobre lo que debe ser para todo el mundo. Su misión es cambiar la tierra porque saben que, como está, está mal. Cambiarlo a usted, cambiarme a mí, cambiar el destino del pueblo. La revolución no es personal, compañero, la revolución es de masas. Por eso los pobres se ajustan tan bien a los objetivos de nuestros salvadores; los pobres, que no tienen voz para decir que no quieren que los salven.
Gente sabia podrá explicar cómo esto es una consecuencia de la filosofía marxista, pero el asunto no viene al caso, pues la mayoría de los mamertos no entienden a Marx, de todos modos. No por eso su seguridad inamovible de poseer la verdad va a derrumbarse, ni su deseo de salvar a la humanidad, así la humanidad se niegue, va a calmarse. Es una vocación espiritual: la mística intolerante, esencial del mamerto. Frente a esta ética de hierro, son infructuosos los argumentos, las discusiones, las evidencias más claras. Unos por sofismas burgueses, otros por manipulaciones y engaños mediáticos, y otros más por conspiraciones extranjeras. Frente a su seguridad dogmática, es inaceptable la diferencia o el disenso; son debilidades de mentes aplacadas por ese enemigo externo siempre al acecho.
En contra de este arrojo vital del mamerto se estrella la vida diaria de Juan, de María y de Pedro. Los mamertos son personas del común disfrazadas de revolucionarios. Los guerrilleros son revolucionarios disfrazados de personas del común. La diferencia es fundamental, y está en el corazón de la existencia contradictoria (¿por eso amarga e iracunda?) del mamerto.
Cuando se cierra el comité, se reparten las comisiones y se levantan las actas, el mamerto vuelve afónico al sistema contra el que vociferó durante horas. Se enjuaga su garganta con coca-cola antes de subirse al Transmilenio. Madruga al día siguiente al trabajo, por lo regular en una entidad del sector público, o a la universidad, generalmente una institución del Estado. Paga impuestos, tiene cuenta bancaria, hace mercado en el Éxito, ve telenovelas, y les compra cerveza a Bavaria y cigarrillos a Mustang en las tiendas salseras de La Candelaria.
A pesar de su escaso potencial reproductivo los mamertos son marginales duraderos. Serán los fósiles vivientes que atestigüen que en Colombia algunas cosas han cambiado para bien. A la gente ya no la matan tanto por lo que piensa o dice, sino por lo que hace, y eso para los mamertos es garantía de perpetuidad.
CartelUrbano.com