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La pandemia de coronavirus no hace distinciones y también ha afectado a los cárteles del narcotráfico mexicanos y a las pandillas que operan principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica. No obstante, lejos de haberse visto debilitados, han sabido aprovechar la nueva situación para incluso reforzar su imagen y adoptar su negocio, con la perspectiva de una mayor violencia en el futuro.
Los grupos criminales en México así como en El Salvador, Guatemala y Honduras "han sido rápidos para absorber el impacto de la pandemia de Covid-19 y aprovechar las nuevas oportunidades que presentan las medidas de aislamiento, los gobiernos distraídos y los ciudadanos empobrecidos", subraya el think-tank Crisis Group en un reciente informe.
Aunque en un primer momento estos grupos, en especial los cárteles mexicanos, se vieron obligados a suspender sus actividades ilícitas en medio de los confinamientos y otras restricciones, "la pausa fue corta" y su actividad parece haber vuelto a la normalidad, con un aumento también de la extorsión a negocios lícitos.
Esta ya se había convertido en el principal generador de ingresos de las bandas criminales en Centroamérica, al igual que servir de fuente de ingresos adicional en el caso de los cárteles mexicanos, pero además, según Crisis Group , en los últimos tiempos las maras como MS-13 y el Barrio 18 también han comenzado a dirigir pequeñas empresas, principalmente restaurantes, lavaderos de autos, talleres de carrocería y servicios de transporte local, en parte para lavar dinero.
Sin embargo, el tráfico de drogas se vio duramente castigado, por el cierre de fronteras que impedía su transporte terrestre pero también aéreo a través de las llamadas mulas, además de provocar problemas de suministro, como en el caso de los precursores empleados para las metanfetaminas y fabricados en China o el de la cocaína procedente de Colombia. Y las vías de obtener réditos de la extorsión se redujeron, ya que la actividad económica se vio en gran medida paralizada y no era factible cobrar a quien no tenía dinero.
Pero los grupos criminales, según el informe, se adaptaron rápido al contratiempo. "Su primer paso fue reducir sus gastos y depender más de sus ahorros", por lo que los cárteles mexicanos por ejemplo congelaron los sueldos de algunos de sus miembros mientras que las pandillas en el norte de Centroamérica también recurrieron a los recortes de nómina.
En el caso de las maras, también han intensificado el menudeo de drogas y otros delitos menores para compensar el déficit de ingresos por extorsión. Fuentes de seguridad consultadas por Crisis Group han señalado que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se han diversificado en las ventas al por menor de marihuana, que se cultiva principalmente en Guatemala y Honduras, y drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, ahora procesadas en esta región.
Además de adaptar su fuente de ingresos, estos grupos delictivos han sabido aprovechar las circunstancias para reforzar su control sobre el territorio, en un momento en que "las autoridades estatales están distraídas con el desafío de salud pública", subraya el informe.
En algunos casos, han distribuido ayudas a la población, gesto que han publicitado profusamente en redes sociales. Con estas entregas, se busca "generar una mayor dependencia de comunidades particulares y comprar su lealtad frente a fuerzas estatales y grupos no estatales hostiles", explica Crisis Group. En Guatemala, por ejemplo, Barrio 18 donó miles de mascarillas a las autoridades.
También han intentado presentarse como agentes del orden público -la MS-13 impuso toques de queda en algunos lugares de El Salvador, castigando a los infractores- o hacerse con el control de nuevos territorios, aunque sin mucho éxito.
Así las cosas, según Crisis Group , la violencia disminuyó brevemente en Honduras y Guatemala, pero ahora ha regresado a los niveles de antes de la pandemia o incluso más altos, mientras que la extorsión en ambos países parece destinada a intensificarse.
En lo que se refiere a El Salvador, "es un caso atípico ya que las tasas de homicidio se han mantenido cercanas a los mínimos históricos por razones que siguen siendo controvertidas". El Gobierno de Nayib Bukele esgrime que es resultado de su buen hacer pero el think-tank sugieren que "los líderes de las pandillas y del Gobierno pueden haber llegado a un acuerdo informal para reducir la violencia".
Por otra parte, llama la atención sobre el hecho del impacto que la pandemia tendrá en la situación económica de los cuatro países, subrayando que "es difícil imaginar que alguno pueda llegar a evitar un impacto negativo en los medios de subsistencia, los servicios públicos y el estado de ánimo de la población".
Los países analizados se enfrentan a contracciones económicas y previsiones de caída del PIB -que el paso de los huracanes Eta y Iota por la región podrían agravar- lo cual, según el think-tank , lo cual vendrá acompañado "de un marcado incremento en el desempleo de toda la región".
Esto a su vez, "revertirá los avances en la reducción de la desigualdad y la pobreza, debilitará los servicios públicos en las zonas pobres, intensificará las rivalidades criminales y hará más propensos a los funcionarios públicos a involucrarse en negocios ilícitos", vaticina.
Hasta ahora, lamenta Crisis Group , las respuesta que los gobiernos de la región han dado a la inseguridad crónica no han logrado detener la violencia o reducir significativamente la impunidad por delitos graves. Dado que debido a la pandemia se espera que los presupuestos se reduzcan, "la política de seguridad estatal enfrentará ahora aún mayores obstáculos", advierte.
En este sentido, apuesta por "evitar los errores del pasado" después de que haya quedado claro que "lejos de reducir la violencia, las operaciones militares han fragmentado a los grupos criminales, exponiendo a las comunidades a una mayor intimidación y desplazamiento forzado".
Así, sostiene que en lugar de lanzar misiones para "matar o capturar" a los líderes criminales, durante la pandemia las fuerzas de seguridad "deberían intentar proteger a los más vulnerables y prevenir la extorsión que los azota". Además, los gobiernos deberían destinar los fondos de emergencia para satisfacer las necesidades de las personas más expuestas a la pandemia y sus consecuencias, incluidos los picos de violencia.
Igualmente, plantea que los fondos de ayuda se deberían destinar a las regiones más afectadas y se deberían desarrollar enfoques regionales específicos que identifiquen las características locales del conflicto con el fin de diseñar programas que prometan reducir la impunidad, prevenir el reclutamiento por parte de grupos ilícitos, desmovilizar a los grupos violentos y crear alternativas a las economías ilícitas.
No obstante, reconoce Crisis Group , "las perspectivas de seguridad en México y el norte de Centroamérica son poco prometedoras mientras persista la pandemia". "Los gobiernos de México y el norte de Centroamérica deberían responder con intervenciones focalizadas y estratégicas que rompan con los métodos probados y fallidos del pasado", sostiene, advirtiendo de que "si no abordan algunas de las causas del dominio criminal sobre las comunidades pobres, es probable que aquellos que están cometiendo delitos violentos se fortalezcan".