La pandemia que estamos viviendo hizo que los imponderables sean una parte nodal en la gestión. Los expertos del Centro de Vinculación Tecnológica CEDyAT aplican la relación existente entre cambio tecnológico y empleo en el actual contexto de acelerada –y frecuentemente incierta– transformación y penetración de nuevas tecnologías, considerando asimismo las potenciales tendencias de mediano plazo en la materia que serán el gran desafío del siglo. Un Estado de calidad es una deuda histórica. En ese marco, se requiere aprovechar herramientas que ya están probadas y que funcionan.
Es difícil asociar la pandemia de COVID-19 a algún tipo de suceso positivo. No obstante, es innegable su influencia directa en el proceso de aceleración digital que ha cambiado el paradigma de las relaciones sociales, en general, y de los negocios, en particular, en prácticamente todas las empresas y sectores productivos del planeta. Así, abundan las cifras que confirman este acelerado proceso, aunque las más contundentes están relacionadas al aumento progresivo de las conexiones y los usuarios activos de internet. Por ejemplo, un informe de CISCO pronosticó que para 2023 se alcanzarán más de 5.300 millones de usuarios de internet, equivalente a 66% de la población. Junto con ello, habrá 29.300 millones de dispositivos conectados y más de 14.700 millones de conexiones.
En Argentina las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT)[1] acompañan este proceso de transformación digital, ofreciendo herramientas concretas de colaboración para lograr una Administración Pública que sea posible en el país en la postpandemia.
La transformación digital es fundamental para que los gobiernos puedan ofrecer servicios más eficientes y accesibles a ciudadanas, ciudadanos y empresas. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual que cada organismo público debe establecer con planificación, capacidad de innovación y persistencia. La acumulación de capacidades tecnológicas y la especialización en materia digital facilitan un inmenso potencial de desarrollo que permite capitalizar las múltiples experiencias transitadas durante la pandemia para luego aplicarlas en la reactivación general. La necesidad de aprender de los casos exitosos es ineludible, a los efectos de promocionar fuertemente la economía del conocimiento desde Argentina hacia el mundo.
Así, la primera impresión que surge de las evidencias recolectadas por CEDyAT refleja que existen obstáculos lógicos que se han presentado por un cambio que no fue planificado, que surgió de una necesidad inesperada, y que, sin embargo, se afrontó de manera razonablemente exitosa.
Ante la crisis global por la pandemia se generó una rápida migración de las tareas de las trabajadoras y los trabajadores públicos que se desempeñaban físicamente en oficinas hacia una modalidad virtual o a distancia mediante el uso de tecnología digital. Esta nueva forma de trabajo remoto ha resuelto muchos inconvenientes provocados por la crisis y abrió infinidad de posibilidades para la ciudadanía que se encontraba cumpliendo la cuarentena en sus hogares.
Una correcta inversión en digitalización genera retorno en términos de valor público. No hay tiempo para la improvisación. Resulta importante destacar que es posible que, entre los sucesos negativos sufridos por la pandemia, exista una oportunidad a ser tomada por países como el nuestro, relacionada con aprovechar el impulso de cambio tecnológico abordando ejes fundamentales:
Identidad y firma digital. El ID digital es el “pasaporte al mundo digital”. Para que un ciudadano o una ciudadana se puedan identificar en línea y firmar documentos –como se requiere en casi todo formulario– es imprescindible contar con un sistema de identidad digital que cumpla los mismos requisitos que el tradicional DNI de plástico. Es decir, que sea intransferible, universalmente aceptable y con absoluta validez jurídica. De la misma manera, es necesario desarrollar una firma digital confiable y segura que tenga el mismo valor jurídico que una firma manuscrita.
Interoperabilidad. La clave para que cualquier gobierno opere a distancia es que el ciudadano o la ciudadana no tengan que presentar ningún papel físico. Aquí es donde entra en juego el principio sacrosanto de cualquier gobierno digital, conocido en inglés como “once only”: que el ciudadano o la ciudadana no tengan que proporcionar al gobierno dos veces el mismo dato. Esto ocurre, por ejemplo, cada vez que los ciudadanos tienen que presentar el certificado de nacimiento –que es un documento expedido por el Estado– para matricular a un niño o una niña en un colegio –u otra institución pública. Un sistema de interoperabilidad entre las distintas agencias y organismos del Estado permite que, si una institución necesita un dato que otra institución tiene, automáticamente pueda obtenerlo sin que el ciudadano o la ciudadana hagan de intermediarios.
Datos. Los datos son el combustible de la transformación digital. Sin embargo, sin un dato estandarizado, la información no fluye. Sin una adecuada gobernanza de los datos se pueden vulnerar derechos. Y sin talento suficiente para analizar los datos, su valor no se aprovecha. Una buena política de datos asegura que los datos sean explotables y regulados cuidadosamente.
Servicios digitales. Al final, todos y todas accedemos a servicios a través de una web o una aplicación, pero eso no basta. Para que la experiencia del ciudadano o ciudadana en línea sea adecuada, es muy útil contar con herramientas tales como un portal único y una carpeta donde el ciudadano o la ciudadana puedan acceder a sus registros, ver sus trámites en curso e incluso empezar nuevos trámites, todo en un único lugar.
Ciberseguridad. Es un hecho irrefutable que cuanto más nos digitalizamos, más expuestos estamos a los riesgos del ciberespacio. Es imprescindible, más que nunca, contar con robustos sistemas de seguridad para la información y los sistemas informáticos. Una buena política de ciberseguridad debe proteger al Estado, a los ciudadanos y las ciudadanas y a las empresas –muy especialmente a aquellas que gestionan infraestructura crítica, de cuyo funcionamiento depende la seguridad del país, la vida de las personas o la actividad económica.
El actual desafío para la Administración Pública requerirá personal capacitado en el uso de dichas herramientas y un trabajo que permita realizarse de manera remota. Un gobierno tecnológico es más que simplemente hacer que el servicio gubernamental sea digital. Es, también, mejorar la gestión interna de las organizaciones para otorgar un mejor servicio, facilitar el acceso a la información y asegurar la transparencia dentro de la gestión para aumentar la confianza pública y fortalecer la participación ciudadana.
A su vez, el mejor legado que podemos dejar para el futuro es vencer la burocracia en su concepción vinculada a trabas y limitaciones en la gestión pública. En ese contexto, la transformación digital es una de las propuestas centrales que integran el nuevo plan de las tecnologías de gestión que muchas organizaciones privadas y públicas se propusieron trabajar en la colaboración conjunta con ministerios, secretarías y organismos descentralizados para mejorar el funcionamiento del sector público en nuestro país. Gracias a eso, muchas de las instituciones pueden seguir funcionando en estos tiempos de pandemia.
Desarrollar más y mejores UVTs, en el marco de la Ley 23.877, hace plausible evitar el empobrecimiento del campo local y la ‘fuga de cerebros’ hacia economías con mejores prestaciones para la investigación aplicada. La historia demuestra que esa situación impacta fuertemente en la desarticulación de equipos de trabajo, así como en una menor circulación de la producción tecnológica dentro y fuera del país.
Los destinatarios inmediatos del trabajo que realiza nuestra institución son las organizaciones públicas o privadas que reciben la asistencia técnica de nuestros equipos. Pero el destinatario final de nuestra actividad es siempre la ciudadanía que recibe mejor atención y respuestas más rápidas a sus necesidades. De esta manera, el acelerado proceso de digitalizar las dependencias de la Administración Pública brinda una reducción de costos de operación notable debido a la gestión automatizada, como lo vemos en la pandemia, donde el flujo de información continuo y constante entre la administración y la población genera mayor confianza y transparencia.
La pandemia ha demostrado la importancia de que el funcionariado actúe en consecuencia con las exigencias de los nuevos escenarios. En ese sentido, fue y es trascendental promover la digitalización de trámites y servicios gubernamentales para fomentar la innovación mediante la vinculación tecnológica con instituciones habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, y en línea con la creciente aceptación de la idea de que el mundo del futuro tendrá que ver cada vez más con la tecnología y la innovación, resultará oportuno impulsar la inclusión de este aspecto en las agendas estratégicas de concertación política y social a plantearse tras la pandemia. Lo importante es no demorar más.
Guendy Palazzini es coordinadora de UVT-CEDyAT (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica).
[1] La UVT-CEDyAT fue una de las convocantes para fundar VINTECAR 4.0. Actualmente es líder en la transformación digital en Argentina. Se visibilizaron sus capacidades tecnológicas desde que diseñó el nuevo Documento Nacional de Identidad en 2008 que fue instrumentado por el Ministerio del Interior en el ReNaPer. También fue la institución responsable de la lograr licencia socioambiental de la Extensión por 30 años de la Planta Nuclear de Embalse Río Tercero en la provincia de Córdoba que beneficia a más de tres millones de argentinos y argentinas. Llegó en la actualidad a ser la UVT-Ley 23.877 que efectúa la digitalización documental de muchos archivos de expedientes públicos fundamentales para el gobierno democrático en tiempos de pandemia. Una de las principales acciones que tiene la UVT, que se desprenden de la Ley 23.877, es profundizar la Vinculación Tecnológica entre el sector científico-tecnológico universitario y los sectores empresariales, atendiendo también a las necesidades de orden municipal, provincial y nacional. Se trata de vincular a la ciencia y la tecnología con la economía del conocimiento, para poder aumentar el valor agregado, lo que a su vez generará más empleo y tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida para las y los habitantes.