El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que Galicia contará con un comité de expertos en el ámbito económico para asesorar a la Xunta sobre el impacto de la crisis del Covid-19 y evaluar medidas. “Tenemos que diseñar medidas para la recuperación paulatina de nuestra economía, gestionar la emergencia sanitaria e ir pensando en las semanas posteriores al levantamiento del estado de alarma”, abundó.
Durante la rueda de prensa del Consello, Feijóo subrayó que este comité contará con expertos del ámbito académico, del ámbito de la sociedad civil, de la sociedad empresarial y con personas vinculadas al Círculo de Empresarios de Galicia, al Foro Económico de Galicia y la Asociación de la Empresa Familiar de Galicia, entre otras instituciones. Y, por parte de la Xunta, estará todo el equipo económico del Gobierno gallego –Facenda, Economía, Medio Rural y Mar–.
Sus funciones principales serán la de determinar el impacto de la emergencia sanitaria en la economía, la previsión de la caída del Producto Interior Bruto, la previsión de la merma de los ingresos vía tributaria de Galicia y del conjunto de España y el impacto que supondrá en el déficit público. “Y, con esta información trabajaremos en el ámbito del diálogo social, de las organizaciones sindicales y patronales”, aseveró.
Refuerzo de las aportaciones para favorecer la liquidez del sector marítimo-pesquero
El presidente del Gobierno gallego destacó también, en la rueda de prensa, el refuerzo de las aportaciones para favorecer la liquidez de la industria del mar.
Con esta iniciativa, las empresas marítimo-pesqueras podrán garantizar la financiación del tráfico comercial en la cadena de abastecimiento, mediante préstamos avalados por el Instituto Galego de Promoción Económica para: adelanto de facturas, gestión del pago de las compras; o pólizas de comercio exterior. Y también se favorecerá la posibilidad de financiar inversiones en materia de producción.
Asimismo, la Administración autonómica avalará la aportación de créditos a medio y largo plazo –con un tipo de interés cero–, por parte de las entidades financieras para favorecer la viabilidad de las empresas del sector.
Feijóo recordó que esta nueva medida se incluye dentro de las líneas de ayuda que ya están activas y que fueron aprobadas en el Consejo de la semana pasada: un total de 30 millones de euros para que pymes y autónomos puedan movilizar 250 millones en préstamos, contribuyendo así a paliar los efectos del coronavirus en el tejido empresarial gallego.
Una línea para autónomos y pymes que cubrirá operaciones de entre 3.000 y 200.000 euros; y los beneficiarios tendrán hasta 4 años para amortizar estos préstamos (incluyendo un año de carencia), haciéndose cargo la Xunta de los intereses.
Suspensión del cobro de los alquileres de abril de las viviendas propiedad de Xestur
Por otra parte, Feijóo anunció también la decisión de suspender el cobro de los alquileres de abril de las 64 viviendas propiedad de Xestur y las cuotas correspondientes a este mismo mes por las parcelas industriales que tienen adjudicadas Xestur y el IGVS en régimen de alquiler o en derecho de superficie.
El presidente de la Xunta aseveró que, con esta última decisión, son ya unas 4.300 las familias gallegas que se pueden beneficiar de las medidas extraordinarias en materia de vivienda.
Impacto de la decisión del Gobierno de confiscar 100 millones de las políticas de empleo
Por otra parte, el Consello de la Xunta evaluó también la decisión “inesperada” del Gobierno de España de confiscar a la Comunidad 100 millones de euros previstos para políticas activas de empleo. “Estamos hablando de una decisión sin precedentes, que invade claramente las competencias autonómicas y totalmente inesperada, ya que nada se dijo en las tres videoconferencias de presidentes”, resaltó Feijóo, quien trasladará al presidente del Estado la discrepancia de Galicia.
El responsable del Gobierno gallego aseveró que estos 100 millones, que están en los presupuestos de la Comunidad, estaban destinados fundamentalmente a formar a personas desempleadas, por lo que la Administración autonómica no podrá poner en marcha ocho programas de formación pactados con los sectores: un plan específico para el naval, otro para la automoción, otro para el forestal, así como las unidades formativas en empresas.
“En total, 34.000 gallegos se quedarán sin poder participar en los programas de formación impulsados por la Xunta a consecuencia de la retirada unilateral de los fondos de la Comunidad autónoma por un importe de 100 millones de euros”, concluyó.