En días recientes, seis denominaciones cristianas (Convención Bautista de Cuba Occidental, Convención Bautista de Cuba Oriental, Iglesia de la Biblia Abierta en Cuba, Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba Asambleas de Dios, Iglesia Metodista en Cuba y Liga Evangélica de Cuba), la mayoría de ellas pertenecientes a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas (AIEC), han publicado en sus perfiles de redes sociales declaraciones oficiales.
Estos documentos han tenido cuatro objetivos fundamentales:
• Reaccionar contra la pastora Elaine Saralegui luego de la entrevista ofrecida al medio Russia Today.
• Reclamar acceso a los medios estatales de comunicación (apelando a los artículos 15 y 42 de la Constitución).
• Definir los principios fundamentalistas que rigen sus comunidades.
• Oponerse a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ cubana.
Las expresiones de odio manifestadas en diversas plataformas sociales por miembros de grupos cristianos fundamentalistas, contra la pastora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) Elaine Saralegui y el activista Adiel González, evidencian la urgencia de una ley de culto que regule estas manifestaciones de violencia en el espacio público; en concordancia, además, con las garantías que la Constitución promete a toda la ciudadanía, incluyendo a las personas LGBTIQ+.
No es la primera vez que estos grupos cristianos arremeten contra las luchas de activistas por los derechos sexuales; del mismo modo en que disienten de la voluntad política del Estado por la ampliación y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, mientras descartan los principios de igualdad y no discriminación de la Constitución cubana.
Es preocupante el auge del fundamentalismo religioso que intenta imponer su agenda conservadora con financiamientos de organizaciones estadounidenses, relacionadas a la actual administración del presidente Donald Trump. La NED y la USAID han donado miles de dólares para subvencionar las actividades de estos grupos en los últimos años, lo que consta en sus declaraciones contables públicas.
El Estado cubano no se ha pronunciado al respecto con la misma energía con que lo ha hecho frente a otras organizaciones de la sociedad civil. El Estado cubano no ha respondido a los ataques y desacreditaciones de estas denominaciones cristianas contra quienes impulsan políticas públicas a favor de las personas LGBTIQ+ desde puestos gubernamentales. Sin embargo, ha respondido cuando los cuestionamientos a personas en cargos públicos e instituciones estatales provienen de activistas o personas no religiosas, acusándoles de mercenarismo, de ser personas manipuladas y confundidas al servicio de una potencia extranjera.
La Constitución, recién aprobada en el 2019, en su artículo 15, reconoce que la República de Cuba es un Estado laico. Las instituciones religiosas quedan separadas del aparato estatal y, por consiguiente, la carta magna no otorga privilegios que favorezcan a alguna creencia religiosa sobre otras. Además, garantiza el ejercicio de la libertad religiosa, al igual que protege el disfrute de este derecho.
Es pertinente aclarar que no se ha privilegiado a una institución religiosa específica por encima de otra con la entrevista en cuestión, ya que la entrevista la realizó una cadena extranjera acreditada en Cuba, la cual se reserva el derecho de entrevistar a quien desee.
Es necesaria una ley de culto que regule y penalice los intentos de invisibilizar, interferir, obstaculizar o negar los derechos de las personas, y que constituya un marco jurídico e institucional para el ejercicio de la libertad religiosa en la sociedad. El derecho a la libertad de religión no debe contradecir el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con identidades y sexualidades no cisheteronormativas.
Plataforma 11M denuncia cualquier acto de violencia e insta a las instituciones pertinentes a tomar parte en la protección de los derechos de todas las personas. A su vez, insta al gobierno a la discusión de las agendas políticas antiderechos promovidas por parte de comunidades religiosas cubanas que se sustentan en dogmas y fundamentalismos.
El cumplimiento del principio de laicidad reconocido en la Constitución debe brindar protección a creyentes, no creyentes y al propio Estado. Su garantía radica en que las políticas que el Estado implemente, o diseñe, no se vean influenciadas u obstaculizadas por la fe religiosa de ningún grupo, y debe garantizar a las iglesias que el Estado no interfiera en sus creencias, siempre que sus creencias no amenacen los derechos del resto de la ciudadanía.
Por todas estas razones, Plataforma 11M insiste en la inclusión, dentro del cronograma legislativo, de una ley de culto que regule las crecientes manifestaciones públicas de conservadurismo político que se gestan dentro de estos grupos religiosos, sin que se coarte el derecho de cada persona a profesar su fe y creencias religiosas.
5 de Octubre de 2020.
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