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Imagen tomada de: eitmedia.mx
Colectivo Grieta, 8 de septiembre de 2020
Gobiernos van y vienen en México, se pintan la cara de distintos colores: Los capitales permanecen.
Dentro de las transnacionales asignadas a la construcción del tren neoliberal de AMLO, para el primer tramo se encuentra el consorcio liderado por Mota-Engil México, en convenio con China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh.
A este consorcio se le asignó la construcción de la plataforma y vía del mal llamado Tren Maya, así como el suministro de materiales y elaboración del proyecto ejecutivo; también se rehabilitarán las vías existentes del ferrocarril Chiapas-Mayab.
El tramo ganado por Mota-Engil México es de aproximadamente 228 kilómetros y para lo cual se le asignaron 15 mil 538 millones 133 mil 56.79 pesos que fue la oferta más económica de la licitación.
Mota-Engil de origen portugés ha utilizado a diferentes administraciones de México para incrementar su capital y la 4T no hizo excepción en ello. La forma de operar de Mota-Engil se pueden apreciar en dos megaproyectos que actualmente tiene en marcha: uno en el Estado de México y otro en Nayarit; por mencionar sólo dos ejemplos, además del tren neoliberal de AMLO.
Mota-Engil y la Autopista “Siervo de la Nación” en el EdoMex
En el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, Mota-Engil tiene a su cargo la construcción de la carretera “Siervo de la Nación” que debió de haber estado en operación en el 2015, justo en el 200 aniversario luctuoso del General José María Morelos y Pavón, por lo que la obra lleva un incumplimiento en su fecha de entrega de 5 años y contando. Los estudios de factibilidad técnica que fueron avalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por la cual el gobierno del EdoMex pagó 15 millones de pesos, no contemplaron que en el trazo original de la autopista se encontraron ductos de Pemex y de gas, colectores de agua potable, vías de tren ya concesionadas y asentamientos humanos. Estas costosas omisiones modificaron el trazo original de la obra que terminó por ser una autopista completamente elevada; por lo que la propuesta económica inicial presentada por Mota-Engil de 4 mil 200 millones de pesos aumentó significativamente duplicando su costo quedando en 8 mil 600 millones de pesos.
La administración de Eruviel Ávila en el EdoMex para compensar este incremento del costo, aumentó la concesión a Mota-Engil de explotar económicamente esta vía de 27 a 46 años; para esto le facilitó incrementar la cuota de peaje de 40 a 50 pesos, además de permitirle una modalidad de tarifa dinámica: Mota-Engil puede cobrar cuotas más elevadas en función de las horas pico de tráfico. 5 años de retraso y el doble del costo.
Actualmente Mota-Engil acosa a los vecinos del predio El Dique, en Ecatepec, intenta despojarlos de su predio para que la constructora pueda seguir con la construcción de la autopista.
Desde 2018 vecinos de este mismo predio ya habían denunciado la intención de la constructora por demoler por lo menos 15 casas y pagarlas a precios muy bajos, también denunciaron la intención de Mota-Engil de derribar por lo menos 250 árboles, así como la destrucción del patrimonio histórico que data de 1880.
Denuncian vecinos de El Dique que la empresa Mota Engil reanudó las intimidaciones para que desalojen el predio. Foto tomada de: comunicadores.mx
La autopista formaba parte del proyecto de vías de comunicación con el Aeropuerto de Texcoco; la finalización de esta autopista es primordial, será una vía de conexión importante y uno de los accesos principales a otro de los megaproyectos que impulsa la administración de AMLO: el aeropuerto internacional de Santa Lucía.
Mota-Engil y Costa Canuva en Nayarit
Costa Canuva es una megadesarrollo turístico que proyecta Mota-Engil en Nayarit con una inversión total de 1,800 millones de dólares; con una extensión de 267 hectáreas, cuenta con una playa de siete kilómetros, cuatro de las cuales son vírgenes, y tres más con vistas y acantilados, campo de golf; una marina con capacidad para 500 posiciones de atraque y yates. El desarrollo prevé una casa de club de playa, 20 kilómetros de rutas y pistas especiales para bicicleta y patineta, y un club acuático para actividades como kayak, paddle, surf, y pesca, entre otras.
Los precios en los hoteles que se encontrarán en el destino tendrán un rango promedio de 450 dólares a 1,200 por noche; también contempla un complejo residencial con lotes que van desde 500 a 2,500 metros cuadrados, con un costo de entre 250,000 y 2.5 millones de dólares; además de 30 lotes condominales, que tendrán un precio de entre 800,000 y 20 millones de dólares.
En 2014, Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se transfirieron los derechos de propiedad de el ejido El Capomo, una superficie de 267 hectáreas con siete kilómetros de frente de playa en la Riviera Nayarit, a un grupo empresarial en cuyo centro está el consorcio Grupo Prodi / Mota – Engil México. Grupo Prodi (de capital mexicano), tiene el 49% de control accionario de Mota – Engil México.
En 2015, para el manejo financiero del proyecto Costa Canuva se crea Mota-Engil Turismo, con dos socios: Mota-Engil América Latina SAPI y Mota-Engil Turismo Holding (constituida por Mota Engil Tourism BV y Mota-Engil México). Y es con Mota-Engil Turismo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) firma un contrato de fideicomiso para “crear un desarrollo turístico de primer orden que tenga una combinación, entre otros, de servicios de alojamiento turísticos, condominales, residenciales, actividades comerciales, actividades deportivas y marina”.
Parte de las vías de comunicación al megadesarrollo turístico también la realiza Mota-Engil. En 2016, la SCT por licitación le asignó a Mota-Engil México y a Mota-Engil Ingeniría, uno de los tramos para la construcción de la nueva carretera Compostela – Las Varas, por 709 millones de pesos. La vialidad llega casi hasta Costa Canuva.
El gobierno por medio del despojo pone los ejidos y los consorcios se quedan con el negocio del mega desarrollo turístico; FONATUR es el encargado de entregar la tierra y el territorio al capital; Rafael Lang, director gemeral de Mota-Engil Turismo, lo describe así:“Los dos proyectos al igual que éste (Costa Canuva) son proyectos que se detonaron en el seno de Fonatur, que provienen de este tipo de asociaciones donde el Fondo aporta los predios y grupos particulares asumen las obligaciones de hacer, y los dos son hoy referente de éxito de desarrollos turísticos detonados por Fonatur”.
Los fideicomisos juegan un papel importante en el despojo de tierras y territorios, el Fideicomiso Bahía de Banderas se constituyó por decreto presidencial en 1970, en donde el gobierno federal como fideicomitente designa como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicio Público s.A. (BANOBRAS) y como fideicomisarios a los ejidatarios cuyas parcelas fueron expropiadas para el fideicomiso.
El fideicomiso consistía en enajenar los inmuebles expropiados, realizar las obras que señale BANOBRAS y enviar al fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal las utilidades que se generen y los productos de las ventas a los integrantes de todos los ejidos que se expropiaron.
Pero este fideicomiso no se cumplió, y, por lo menos hasta el año pasado, El Comisario Ejidal de El Capomo y Anexos, de Lima de Abajo, municipio de Compostela, Nayarit, denunciaron el despojo de 800 hectáreas de la Riviera Nayarita, por parte del Fideicomiso Bahía de Banderas.
Los desarrolladores del proyecto Costa Canuva están destruyendo manglares, selvas, playas y especies endémicas de fauna y flora protegida, denuncian grupos de ecologistas. Foto tomada de: realidadessperiodico.com
Los medios de despojo
En 1989 el gobierno federal, el Fideicomiso y la empresa Nueva Vallarta, suscribieron el acuerdo de coordinación para formalizar la cesión de derechos y obligaciones. En 2002, la empresa constructora Nuevo Vallarta (Nuvasa), celebró el contrato de compra-venta con BANOBRAS de los predios expropiados al ejido El Capomo, con el Fideicomiso Bahía de Banderas como vendedora y Nuvasa como compradora.
En 2003, Nuvasa a fin de cubrir adeudos fiscales por 210 millones 809 mil 206 pesos, dio en pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 329 hectáreas expropiadas al ejido El Capomo, valuadas en 296 millones 977 mil 449 pesos.
En 2004, la Secretaría de Función Pública difunde el acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su aportación a título gratuito al patrimonio del Fideicomiso FONATUR, tres inmuebles con una superficie de más de tres millones de metros cuadrados, del Ejido El Capomo de Lima de Abajo, para el desarrollo turístico denominado Centro Integralmente Planeado Nayarit.
En 2017 se expidió el decreto del gobierno del Estado de donación de terrenos del Ejido El Capomo para el desarrollo del complejo turístico Costa Canuva a cargo de Mota-Engil.
Los excedentes de aquellas 329 hectáreas expropiadas en 1970, totalizan unas 800 hectáreas, de las que fueron despojados 306 ejidatarios de El Capomo y Anexos, Lima de Abajo, Nayarit.
En febrero del 2019, el director general del Fideicomiso Bahía de Banderas, Roberto Vergara, les dijo a los ejidatarios: “a la fecha, la relación con el Ejido Capomo, ha quedado finiquitada conforme a los convenios suscritos por la asamblea de ejidatarios con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución fiduciaria en el Fideicomiso Bahía de Banderas”.
Ya en la administración de AMLO, el 23 de abril del 2020 FONATUR le asigna la construcción del Tramo 1 del mal llamado Tren Maya a Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A.; y es FONATUR quien propone a los ejidatarios y pequeños propietarios hacerse socios aportando sus tierras a un nuevo fideicomiso: Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces FIBRAS.
Con una deficiente información de FONATUR sobre la forma en como las FIBRAS por medio de instrumentos financieros de alto riesgo hará socios a los ejidatarios que se vean impactados por el reordenamiento territorial mal llamado “Tren Maya”, hay bases en común en los casos de Nayarit y el proyecto de AMLO: ya sea por medio de compra de tierras –no pagadas- como en el caso de Costa Canuva o de hacer socios a los ejidatarios por medio de instrumentos financieros como en el caso del reordenamiento territorial “Tren Maya”; ambos forman parte de esta acumulación por despojo, esta forma de valorización de capital que a través del robo de tierras y territorios por medios legales a sus habitantes, hace más ricas a pocas transnacionales y más pobres a los despojados de estas tierras.
Otra característica del sistema capitalista en su momento neoliberal y que se cumple cabal en la administración de AMLO es la garantía de que el capital transnacional tenga certidumbre en su incremento de ganancias; Mota Engil siempre gana, sin importar si el aeropuerto de Peña Nieto es en Texcoco o el aeropuerto de AMLO es en la base aérea de Santa Lucía, las autopistas de Mota Engil no paran, sin importar si llevan años de retraso o el doble del costo de construcción: el dinero siempre sale del financiamiento público y después, de la concesión otorgada.
La otra cara de las ganancias de Mota Engil es la incertidumbre para los despojados, sin promesa de trabajo, sin la certeza de poder comprar una vivienda donde habitar dignamente, sin la garantía de poder acceder a las playas de Nayarit o habitar uno de sus hoteles de lujo; o transitar por una autopista (si se tiene auto) que gradualmente irá incrementando su costo para finalmente llegar a un aeropuerto en donde no sabrán si podrán pagar un vuelo. Pusieron todo y los dejaron fuera.
La próxima semana AMLO le inaugurará a su socia corrupta Mota Engil la línea 3 del tren ligero de Guadalajara que atraviesa la zona metropolitana. El tren se dividió en 3 tramos, 2 estuvieron a cargo de Mota Engil – Prodi, los mismos constructores-inversionistas del complejo Costa Canuva. El tren de Guadalajara tuvo casi 3 años de retraso, con un costo original de 17 mil 692 millones de pesos, acabó costando 35 mil 054 millones de pesos, casi el doble del costo original; misma situación que la autopista en el EdoMex. No hay sanciones y sí ganancias.
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El megaproyecto mal llamado Tren Maya contempla 1,500 km de tren divididos en 7 tramos. Cada uno de estos tramos ha sido concesionado, o está a punto de serlo, a alguna empresa del gran capital. Mientras el discurso oficial afirma que el mal llamado Tren Maya es un proyecto comprometido con el desarrollo social del pueblo, el mapa de las concesiones muestra que quienes se ven beneficiados a partir de este desarrollo, son los grandes emporios. En la página oficial del mal llamado Tren Maya se afirma:
“Como tal, el Tren Maya se apega a los 12 Principios Rectores de la Cuarta Transformación y a los 3 ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, entre ellos:
– No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera
– Democracia significa el poder del pueblo
– Hacia una democracia participativa
– Consulta popular
– Mandar obedeciendo
Por primera vez, el gobierno se acerca a las comunidades con el ánimo de construir, entre todos y a través del diálogo, un proyecto de desarrollo regional que pone a la gente como el centro de las decisiones.
El tren es un ejemplo de cómo pueden y deben ser los proyectos de infraestructura centrados en las personas.”
Este discurso de la actual administración que insiste en presentar esto como un proyecto democrático, que empodera al pueblo, y que va a desarrollar la zona, contrasta o se enfrenta con la realidad de la resistencia organizada de los pueblos, con la historia de turismo destructivo de la zona, y con los múltiples señalamientos por parte de especialistas de que el proyecto es profundamente nocivo para la región. Esta nota pretende reunir brevemente el mapa de las concesiones del mal llamado Tren Maya para mostrar otro de los rostros que el gobierno pretende ocultar y que revelan otra cara de la historia de saqueo alrededor de este proyecto.
Fuente: https://www.trenmaya.gob.mx/trazo/
Tramo I Selva: Palenque – Escárcega (228 km aprox.).
Este tramo fue concesionado por FONATUR a Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A. Esta concesión es notable debido a que una de las empresas implicadas, Mota-Engil, tiene otros megaproyectos en marcha en el país que han sido conflictivos y que han quedado endeudados (la carretera Siervo de la Nación en Edo. Mex. y Costa Canuva en Nayarit). Mientras otra de ellas, China Communications, tiene denuncias a nivel internacional por proyectos corruptos llevados a cabo. Esta empresa estuvo vetada durante ocho años por el Banco Mundial por ‘desarrollos fraudulentos’ en Filipinas; mientras que una subsidiaria suya ‘fue incluida por Bangladesh en su ‘lista negra’ por un intento de soborno a funcionarios’.
Tramo II Golfo: Escárcega – Calkiní (235 km aprox.)
Este tramo fue concesionado al consorcio formado por Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dicha concesión se adjudicó el jueves 30 de abril y es el mayor contrato, hasta la fecha, adjudicado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Esto no tiene nada de transformador. Grupo Carso tiene un largo historial de contratos ventajosos con las diversas administraciones del Estado mexicano. Sería bueno recordar la venta de Telmex a Slim en 1990, defendida por Carlos Salinas de Gortari en este artículo de El financiero. Éste último fue escrito en 2014, en el contexto de la reforma a las telecomunicaciones, que también resultó en beneficio profundo para el mismo empresario quien la aplaudía desde el inicio.
Tramo III Golfo: Calkiní – Izamal (172 km aprox.)
Este tramo fue concesionado al consorcio formado por Construcciones Urales, GAMI Ingeniería e Instalaciones y AZVI. La concesión es notable, debido a que una de esas empresas participó en la construcción de una sección del segundo piso del periférico de la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador. Esa misma empresa, GAMI Ingeniería e Instalaciones estuvo a cargo de la obra de la nueva sede del Senado de la República. Ésta última, estaba planeada inicialmente con un presupuesto de 1 mil 699 millones de pesos. “Sin embargo, en mayo de 2013, se dio a conocer que, de acuerdo con el Estado de la Situación Financiera de la Cámara alta, el monto total del gasto ejercido en la construcción a cargo de GAMI fue de 4 mil 032 millones de pesos; hasta 2 mil 333 millones más, un 137% de sobrecosto.” (Animal Político).
Mientras que Construcciones Urales también será encargada de construir el Tren Transístmico, otro de los megaproyectos promovidos por el capataz en turno: “Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA) y Construcciones Urales, conforman el consorcio encargado del desarrollo y la modernización de 42 kilómetros del tramo ferroviario que va de Medias Aguas a Ubero en Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y forma parte del proyecto del Tren Transístmico, con una inversión de 19 millones de pesos por kilómetro.”
Tramo IV Golfo: Izamal – Cancún (257 km aprox.)
Este tramó se adjudicó de manera directa, sin licitación, a ICA. Jiménez Pons de FONATUR justificó el hecho diciendo que esa empresa es concesionaria de la vía carretera existente por 30 años más. A pesar de que la carretera que va de Izamal hacia Cancún es federal, ICA tiene la concesión. Según Jiménez Pons se trata de dos cuerpos carreteros: por uno se construirá la vía férrea, el otro se va a ampliar para restituir los 4 carriles. Se adjudicó a ICA para “que haya un arreglo con ellos en corto” [Jimenez Pons dixit] y no tener que entrar en litigios para quitarles la concesión.
Tramo V Caribe: Cancún – Tulum (121 km aprox.)
¿Black rock?
Black Rock se asume a sí misma como la empresa administradora de activos más grande del mundo. Esto quiere decir que es el capital del sector financiero más grande del mundo. En pocas palabras, una empresa que maneja deuda y especulación a niveles superlativos. Y es también el principal inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores. Black Rock tiene ya tiempo siendo un capital fuerte en territorio nacional. Durante el sexenio de Peña Nieto, Larry Fink declaró su euforia con las condiciones de inversión del país. En 2016, en Acapulco declaró:
““México es uno de los lugares más seguros para invertir… vivimos en una buena región, en la mejor del mundo”, les dijo.” No es la primera vez que el cofundador, presidente y CEO de la administradora de activos más grande del mundo habla maravillas sobre México. En octubre del 2013, Fink elogió las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto: “México está comenzando una revolución real”, dijo ante estudiantes de la Universidad de California. “Van a tener una oportunidad tremenda de crecer”.”
La euforia de Black Rock se profundizó con la entrada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México. Según una nota del economista de noviembre de 2019, fue tan grande su entusiasmo por el rumbo que tomó el país, que en 2019, compró Impulsora de Fondos Banamex:
“Seguimos viendo a México como un gran país en el cual queremos seguir invirtiendo, pero como inversionistas queremos que haya más certidumbre y transparencia en todas las inversiones que hacemos”, destacó la directiva. Recordó que una muestra de la confianza en el país es la compra de Impulsora de Fondos Banamex que hicieron el año pasado, la cual fue la inversión “más grande que jamás habían hecho en un país en desarrollo”. La adquisición por 34,000 millones de dólares se realizó en septiembre del 2019, después de las elecciones presidenciales en México y en un momento de volatilidad e incertidumbre en el mercado nacional.
Otras notas que circulan en la red señalan cierta relación de Black Rock con capitales que se mueven en el país desde tiempos de Salinas de Gortari. Lo que es claro, es que Black Rock se lame los bigotes por subirse al mal llamado Tren Maya.
Black Rock presentó una Propuesta no solicitada para el tramo 5 antes de la publicación del concurso. Mientras la convocatoria ‘para participar en el concurso público denominado ‘Proyecto Carretero Tulum-Cancún (…) en su tramo Tulum-Playa del Carmen-Entronque Aeropuerto de Cancún’, trayecto carretero paralelo al trazo del tramo 5 de la obra ferroviaria bandera de esta administración’ se publicó el martes 23 de junio de 2020, ya desde el 8 de junio de mismo año Fonatur había informado a los representantes legales de Black Rock en México, que su propuesta no solicitada era procedente.
El consorcio está formado por: Greenfield SPV VIII S.A.P.I. de C.V. en participación conjunta con BlackRock México Infraestructura II S. de R.L. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; PRODEMEX Construcciones SA de CV y Constructora de Infraestructura Nacional S.A. de C.V.
Tramo VI Caribe: Tulum – Bacalar (254 km aprox.) y Tramo VII Selva: Bacalar – Escárcega (287 km aprox.)
Se anunció en mayo de este año, que los dos últimos tramos de este megaproyecto serán construidos por la SEDENA. Sobre estos dos tramos no hay información que circule en redes ni en medios de información. No sorprende. Los militares no rinden cuentas públicas nunca. Lo que es de notar es cómo, esta administración ha decidido entregarle todo a los militares: además del mayor presupuesto de los últimos 12 años, también entregó el desarrollo del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, el manejo de dinero de programas sociales, entre otros asuntos.
Es notable que estos dos tramos constituyen, prácticamente, una tercera parte del total del proyecto: 541 km de los 1554 km totales. La asignación a la SEDENA de estos dos tramos se suma al hecho de que de los 230,000 efectivos desplegados en territorio nacional, la vasta mayoría están concentrados en torno al desarrollo de los megaproyectos.
Este mapa muestra algo: No importa quién sea el capataz que cuide la puerta en México, el patrón sigue siendo el gran capital. Las mismas empresas de siempre, los consorcios más grandes del mundo, se dan cita para destruir una forma de vida en la península Maya y reconstruir un paraíso para la ganancia basada en la explotación y el despojo. La suma de los datos es clara. Lo que queda de Estado mexicano es esto: un capataz que administra y cuida la finca al patrón, además de organizar también a los guardias blancas que le van a cuidar el territorio.
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Condiciones de trabajo en las maquiladoras del sur del Estado de Yucatán. El gobierno de López Obrador pretende que la “cortina de desarrollo” del mal llamado “tren maya” consista entre otras cosas en la ampliación de la industria maquiladora. Foto: Tomada de Haz ruido.
Colectivo Grieta, 10 de agosto de 2020
El 10 de enero de este año, López Obrador tuvo un encuentro con el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (INDEX) donde se lanzaron elogios al mal llamado Tren Maya y al Corredor Transístmico que, según los presentes en la reunión, serán proyectos esenciales para traer inversión extranjera al país y crear lo que el presidente ha denominado “cortinas de desarrollo” que funcionarán para generar empleo. Luis Aguirre Lang, presidente de INDEX, agradeció y felicitó al presidente, diciéndole que “coincidimos con usted en saldar la deuda histórica con el sur de México”, como si estos megaproyectos de despojo y las grandes transnacionales que ansiosamente vienen detrás de ellos para operar en forma de maquilas, tuvieran algo que ofrecerle a los pueblos de la región, más allá de precarias condiciones de trabajo, salarios miserables e inseguridad laboral.
Por su parte Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), al hablar del mal llamado Tren Maya señala que éste no solo presenta proyectos agropecuarios, sino que también funge como una especie de promotor industrial. Efectivamente, en enero de 2020 el funcionario federal se extendía hablando no solamente del papel del proyecto de tren del gobierno de la 4T en la agroindustria, sino que señalaba que los “polos de desarrollo” esperan crear “ciudades pequeñas y subcentros urbanos con hoteles, viviendas, centros comerciales, naves industriales y de manufacturas”, mientras prometía que esta vez los beneficios, ahora sí, llegarían a las comunidades indígenas, comunidades que han escuchado exactamente la misma promesa de los patrones en turno durante los últimos 500 años.
La industria maquiladora de exportación ha operado con protagonismo en el sureste mexicano desde la década de los 80, especialmente en el estado de Yucatán, donde no ha dejado ningún beneficio para la población trabajadora, más que empleos precarios, migración, bajísimos salarios y una masiva incorporación de mujeres jóvenes al mercado laboral. Para finales de 2019, había 40 mil personas en este estado, trabajando en plantas maquiladoras de grandes firmas trasnacionales vinculadas a la industria de ropa, como las Fruit of the Loom o VF Corporation, que tiene una importante presencia en la región, o plantas de industria automotriz con grandes empresas como Leoni. Estas corporaciones han establecido sus operaciones en esta región del país porque ahí se localiza la fuerza de trabajo más barata de México donde también predomina un modelo sindical corporativo coercitivo.
Como lo demuestra el cuadro siguiente, de todos los estados con fuerte presencia de la industria maquiladora, Yucatán es el que registra el promedio de salarios y sueldos más bajos del país, con sólo la mitad del salario que se gana en los estados maquiladores de la frontera norte y del Bajío.
Sueldos y salarios mensuales de personal de la industria maquiladora por estado , pesos (2019)*
*Las cifras oficiales que aquí se presentan son más altas que el salario de un obrero u obrera porque los promedios incluyen sueldos de administrativos. Si se contabilizaran sólo salarios de las y los trabajadores manuales, los montos serían menores.
Hablar de una “cortina de desarrollo” edificada por los empleos que generarán el mal llamado Tren Maya y las inversiones extranjeras que con él vendrán, sólo puede considerarse un mensaje de atracción a las grandes corporaciones transnacionales, porque las inversiones extranjeras en industria de exportación (y especialmente en turismo) ya han existido desde hace muchos años y sólo han generado destrucción y precariedad laboral en la región. El mal llamado Tren Maya no sólo busca generar las condiciones necesarias para el despojo e inmensa apropiación privada de recursos naturales, como ya fue descrito anteriormente, sino también para que el capital pueda incorporar una fuerza de trabajo barata, la más barata del país, y explotarla al máximo. Así lo ha demostrado la importante presencia de la maquila en Yucatán, que no ha generado ningún desarrollo para la población de la región, sino que ha profundizado los problemas de empleo, de bajos salarios y la migración, por lo cual resulta una mentira hablar de la “cortina del desarrollo”, cuando lo único que predominará, por la experiencia que ha dejado la inversión extranjera en la región, es la ambición del capital que quiere instalarse ahí, extraer toda la riqueza y engrosar la ganancia.
El infierno de la explotación en el paraíso del turismo
Además de servir como medio de transporte de carga y traslado de mercancías vinculadas a la agroindustria, el mal llamado Tren Maya se ha presentado oficialmente como un proyecto que dinamizará la tan vanagloriada industria del turismo en la región, ocultando la dramática destrucción ambiental que este sector económico ha generado en el territorio y escondiendo la pauperización extendida de la población trabajadora que ha migrado desde el campo para ser empleada en condiciones de profunda inseguridad laboral.
Al gobierno le resulta conveniente anunciar una y otra vez los miles de empleos que van a surgir con esta “cortina de desarrollo” vinculada al turismo, pero nunca habla de las condiciones de dichos empleos, porque de hacerlo tendría que reconocer la barbarie laboral que se extiende con esta industria. Caso ejemplar de ello han sido las décadas de crecimiento de la región turística de la Riviera Maya, marcados por polos de inversión (en su mayoría extranjera) para la conversión del paisaje en una mercancía de clase mundial, al mismo tiempo que polos de miseria marcados por el crecimiento urbano generado a partir de la migración del campo de miles de personas para trabajar en la industria de construcción hotelera o en la industria de servicios para el turismo, habitando pequeños cuartos que se conocen como “cuarterías” y viviendo en condiciones urbanas de alta marginación, sin servicios básicos de educación, escuelas ni alimentación. Es decir, un mundo de explotación y despojo de la vida que se esconde en las sombras de grandes y lujosos hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, casinos, etc.
El turismo es quizá la industria donde más claramente se manifiestan las condiciones de inseguridad, precarización y flexibilización del trabajo. Es por esto que Rubí-González y Palafox-Muñoz, en un estudio realizado sobre el caso Cozumel, caracterizan al turismo como “catalizador de pobreza” y no como una actividad que sirva para brindar empleos dignos. El mercado de trabajo para choferes, recamareras, guardias, jardineros, meseros, personal de limpieza, trabajadoras domésticas, dependientes de tiendas y boutiques, entre otros, se caracteriza por el empleo temporal e inestable, sin prestaciones, jornadas extendidas, simulación de contratación por prestaciones de servicios y bajos salarios.
El caso ejemplar es el de Cancún que la investigadora Cristina Oehmichen ha definido como “un verdadero infierno en el paraíso”. En su estudio sobre las dinámicas de reproducción urbana en esta ciudad, nos advierte que la promoción de Cancún para el turismo “de clase mundial” sólo esconde un escenario de miseria laboral y urbana para la población trabajadora, de manera que el crecimiento urbano
“ha redundado en la emergencia de la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el narcomenudeo, el pandillerismo y la desintegración familiar, así como en un elevado número de suicidios, sobre todo de jóvenes de las colonias populares. El estado de Quintana Roo, junto con el de Tabasco, se encuentra en el primer lugar de suicidios en el país, con una tasa de 9.8 muertes por cada 100 000 habitantes”
Esta ciudad, donde reina el poder del dinero, el capital y la propiedad privada y donde sólo destacan condiciones degradadas en las que se envuelve la vida de los trabajadores y trabajadoras, es precisamente el espejo de la “cortina de desarrollo” de la que habla el presidente, la clase política y los consejos empresariales que diariamente exponen su triunfalismo en torno al mal llamado Tren Maya. Grandes capitales acumulando inmensidad de ganancias a costa del despojo, la degradación ambiental y la explotación del trabajo.
Cartel exigiendo cumplimiento del pago de salario en una maquiladora de Conkal, Yuc., durante 2019. El incumplimiento en el pago de los ya miserables salarios y prestaciones de la industria maquiladora es una constante en la región. Foto: MayaPolitikon
Recientemente la Coparmex de Yucatán, en voz de su presidente, celebraba la “oportunidad” del mal llamado Tren Maya. Para los empresarios, la “oportunidad” (les viene como anillo al dedo dirían desde la Presidencia de la República) radica en los llamados “polos de desarrollo”, donde esperan poder incrementar su negocio: la explotación de esta mano de obra barata que llega, como es la macabra tendencia histórica del capitalismo desde hace unos siglos, en la forma de campesinos que han perdido sus tierras. La transformación de los campesinos en trabajadores urbanos, sea en la industria o en el turismo, suele traer la ruptura del tejido social, pone en riesgo la reproducción cultural de los pueblos y los vuelve dependientes del salario para poder resolver sus necesidades materiales. Así, las celebraciones de los grandes empresarios suelen significar las peores desgracias para los de abajo.
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Campo de soya transgénica en las cercanías del tramo carretero ente Dzibalchén y Hopelchén. El modelo “labranza cero” que impulsan las grandes granjas implica una dependencia total de insumos externos y es posible solo porque la soya es resistente a herbicidas, los cuales se aplican masivamente. Foto: Colectivo Grieta
Colectivo Grieta, 04 de agosto de 2020
Ciudad de México.- La publicidad y el discurso oficial tienden a presentar al mal llamado tren maya solo como un proyecto de desarrollo turístico. A partir de eso el mismo discurso oficial ha tendido a circunscribir los posibles impactos ecológicos y sociales al mero trazo de la vía férrea y, si acaso, a mencionar los terrenos necesarios para la construcción de las estaciones. Sin embargo, el proyecto del mal llamado tren maya se inserta en la lógica de destrucción/despoblamiento- reconstrucción/reordenamiento que impulsa el gran capital, es decir, la destrucción de la vida social, de la cultura de la gente y de su relación con la naturaleza, el despojo de los medios de vida -incluyendo la tierra- y la reconstrucción de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios, reorganizando la vida de las personas para que solo produzcan y consuman aquello que da ganancias al capitalismo; quienes no asuman ese modo de vida impuesto no caben en el mundo capitalista. A lo largo de los últimos meses se ha acumulado información sobre cómo el mal llamado “tren maya” busca transformar la producción agrícola de la región suroriental y oriental de México como parte de este proceso continuado de despojo y destrucción. Esta transformación busca destruir la vida campesina para convertir a sus mujeres y hombres en población asalariada, sea en la agroindustria o en las maquiladoras que ya explotan a los trabajadores. Por ejemplo, el Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha explicado que existe un fuerte riesgo de desplazamiento de poblaciones locales justamente debido al acaparamiento de tierra y a la destrucción de las agricultura comunitaria de la zona.
El autodenominado “programa agroalimentario” del mal llamado “tren maya” contempla usar la vía férrea para transportar hasta 5,500 millones de toneladas de “carga agroalimentaria”. Si bien este impacto en la región ha sido ocultado en los documentos legales clave como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), al presentar el programa frente al Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, el titular de turismo del gobierno de la 4T se sinceró: “Andrés Manuel (López Obrador) siempre habló de un tren que si bien en su primera etapa es muy elocuente y es la parte, digamos, muy llamativa, atractiva, inicial del proyecto como un tren turístico, en el fondo es un proyecto integral de desarrollo que incide en todos los sectores y fundamentalmente en la región en el área agroalimentaria”. En esa misma reunión, el funcionario federal detalló que existe incluso un calendario estimado de cómo se intensificaría el tráfico de mercancías entre el 2021 y el 2023.
Pero ¿cuál es el tipo de producción agrícola que se impulsa como parte del proyecto? ¿qué implica para la vida de las comunidades campesinas que allí se encuentran? Por otra parte, resulta revelador que sea hasta ahora (después de la farsa que llamaron consulta, realizada por el gobierno en la que se “aprobó” el megaproyecto) que el gobierno de la 4T reconozca, a cuenta gotas, la intención real de este “tren”: mover más rápido las mercancías. Así lo han reportado los medios cercanos al gran capital donde se han recogido y celebrado los planes del gobierno para construir infraestructura agroindustrial alrededor de las estaciones del tren. Estas instalaciones incluirían plantas frigoríficas y de secado de vegetales y carne, más aún, como detalla el propio gobierno cuando habla frente a diputados o representantes del gran capital se piensa en que el mal llamado tren maya traslade entre otros productos: caña de azúcar, palma aceitera y carne de cerdo.
Protesta contra la granja porcícola de Homún. La manifestación fue realizada el pasado 23 de septiembre de 2019. Foto: Diario de Yucatán.
El que se piense precisamente en el traslado de palma aceitera y carne de cerdo revela que el impacto ecológico y social del proyecto de tren de la 4T es mucho mayor al reconocido en la Manifestación de Impacto Ambiental, pues tanto las plantaciones de palma aceitera como las granjas porcícolas son conocidas por los efectos devastadores en los agroecosistemas de la región. Las granjas porcícolas han sido ampliamente denunciadas por la contaminación que generan, la palma aceitera desgasta brutalmente los suelos, reduce la agrobiodiversidad y ambos sistemas de producción se caracterizan por una explotación salvaje de los trabajadores asalariados; la caña de azúcar altamente demandante de nitrógeno degradaría los suelos de la región en aras del mercado. Un cuarto elemento que entra en juego es el crecimiento de las granjas menonitas que, acaparando tierras al amparo de la reforma salinista al artículo 27 constitucional, han extendido el monocultivo de soya transgénica y ahora también de arroz, incluso desmontando bosque tropical, el monte de los ejidos y comunidades en la península de Yucatán y que es un elemento muy importante en su subsistencia al proveerles entre otras cosas agua, leña, frutos y ocasionalmente animales para la caza en épocas de dificultad. En la cadena de producción de la soya transgénica producida para fines industriales participa de manera importante la empresa Enerall, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia, en patente conflicto de interés. Así la apuesta del gobierno y los empresarios es destruir los sistemas de milpa y de huertos de la región donde se cultivan variedades de calabaza, maíz, frijol, chile, jitomate y frutales -algunas de las cuales son endémicas de la zona maya- que dan alimento a sus comunidades y reemplazarlos por monocultivos comerciales. Tal es el desarrollo prometido por la 4T: acumulación de riqueza para unos cuantos, dilapidación de la tierra y de la vida de los seres humanos para los de abajo.
Maquinaria pesada empleada en la agricultura industrial en Campeche. Los vehículos son de tales dimensiones que ocupan dos carriles en las estrechas carreteras de la región. Los campesinos son transformados en jornaleros o, si acaso, en rentistas que reciben una cantidad minúscula comparada con las ganancias que deja al agronegocio el agotamiento de sus suelos. Foto: Colectivo Grieta.
Por ello, las comunidades indígenas de la región, por ejemplo a través de la Asamblea Muuch’ Xíinbal’, del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, de Guardianes de los Cenotes Kanan Ts’ono’ot y del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil han luchado contra las granjas porcícolas, contra la soya transgénica y el avance de la palma aceitera, incluso desde antes de que el gobierno de López Obrador relanzara el proyecto calderonista del tren. Esta lucha se ha articulado y fortalecido aún más en los últimos meses. Así, en las tierras donde la 4T impulsa el mal llamado tren maya existe un historial de lucha de los apicultores contra el cultivo de soya transgénica y una lucha de los pueblos y comunidades contra las granjas porcícolas altamente contaminantes como en el caso de Homún. Todo ello ha llevado al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades en lucha que se han expresado una y otra vez de forma clara en defensa de su territorio y contra el megaproyecto como lo hicieron en junio de 2019 y más recientemente el pasado 21 de mayo, sumando el apoyo de intelectuales y académicos.
No en balde el proyecto del mal llamado tren maya ha sido caracterizado por GRAIN como un proyecto de “mega zona económica especial” que busca acaparar territorios. Por eso la lucha de los pueblos y comunidades mayas contra el mal llamado tren maya es una lucha por la vida. Los términos del pensamiento mercantil en cuyo horizonte se mueve el actual gobierno y aquéllos a quienes sirve, no pueden conciliarse con la vida de los pueblos. La lucha contra el tren maya fue uno de los ejes de las Jornadas en Defensa de la Tierra y el Territorio “Samir somos Todas y todos”, realizadas del 20 al 22 de Febrero de 2020 y convocadas por la Asamblea en Resistencia de Amilcingo, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, y sigue siendo uno de los ejes de los pueblos en defensa de la vida, como lo plantea la Asamblea Muuch’ Xíinbal’ en su texto del 21 de mayo de 2020:
“NO permitiremos que sigan pisando nuestra dignidad como pueblos originarios: ¡ESTA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y POR NUESTRAS VIDAS!”
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Los canales patagónicos, esa extensa red de islas y archipiélagos que se extiende desde Chiloé hasta la región de Magallanes, ha sido siempre una fuente de historias enigmáticas, inspiración para escritores y artistas, a su vez que ha sido el escenario donde piratas y corsarios deambularon en la búsqueda de tesoros que nunca se encontraron. Tal vez las riquezas y pomposos tesoros no estaban en la superficie, sino que bajo el mar. Esto quizás lo tenían claro desde un principio las distintas comunidades que habitaron sin mayor ostentación, que su embarcación y pieles de lobo marino, hace 5000 años estas costas e islas y que una vez llegado el europeo invasor, desaparecieron hasta casi la extinción.
Por Deisy Avendaño y Fernando Castañeda / Red Regional No + Mineras en la Patagonia / Radio Latue
Los canales patagónicos, esa extensa red de islas y archipiélagos que se extiende desde Chiloé hasta la región de Magallanes, ha sido siempre una fuente de historias enigmáticas, inspiración para escritores y artistas, a su vez que ha sido el escenario donde piratas y corsarios deambularon en la búsqueda de tesoros que nunca se encontraron. Tal vez las riquezas y pomposos tesoros no estaban en la superficie, sino que bajo el mar. Esto quizás lo tenían claro desde un principio las distintas comunidades que habitaron sin mayor ostentación, que su embarcación y pieles de lobo marino, hace 5000 años estas costas e islas y que una vez llegado el europeo invasor, desaparecieron hasta casi la extinción.
Esta lejanía y enigma que envuelve a los canales patagónicos, ha sido por años la mejor herramienta para la mega industria salmonera para hacer y deshacer a su antojo, total en parajes tan recónditos son amos y señores. Esto le sirve a cualquiera que quiera accionar en dichas latitudes, como por ejemplo las infinitas historias sobre personas lanzadas al mar en poblados del litoral en donde no existía autoridad alguna más que el discernimiento de pobladores y pobladoras. Es por esto que es muy fácil poder plantear proyectos de cualquier índole y el resto de la región de Aysén no se da ni por enterada.
Hace unas semanas, nos enteramos de que existe un proyecto “turístico” que está en proceso de calificación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Isla Renaico, es el nombre del complejo náutico que abordaremos en este articulo, conversaremos con la comunidad Mapuche Huichille Nahuelquin Delgado sobre sus apreciaciones y conoceremos brevemente el registro arqueológico de la zona, para poder dimensionar el impacto de este proyecto que a primeras luces se muestra interesante y hasta inofensivo.
El proyecto ingresado actualmente al SEA, y que acumula la cifra de $4.200 millones de dólares de inversión, que se pretende construir al norte de la Isla Traiguén, la tercera isla más grande de todas las que componen el archipiélago de los Chonos, en la comuna de Aysén, donde se intervendrán bosques nativos de Ciprés de las Guaitecas, Tepú, Coihue y Arrayán. Además esta isla está ubicada en la confluencia de cinco canales importantes de nuestra región: Canal Moraleda, Canal Aysén, Canal Costa, Canal Errázuriz y Canal Darwin, siendo estas las principales vías de navegación y las cuales permiten que ingresen, por ejemplo, embarcaciones al santuario Laguna San Rafael así y como lo describe el proyecto en él SEA “Asimismo, está pensado en servir como centro de operaciones o coordinación de circuitos turístico de navegación para recorrer archipiélagos, islas, fiordos y canales, como también, acceder a la Laguna San Rafael, entre otros programas”(SEA, 2020). Estos canales y fiordos son la reserva de millones de formas de vida que enriquecen aun más la gran biodiversidad de la región de Aysen. Además las costas de la isla cuentan con registros arqueológicos que datan de hace unos 5000 años, hallazgos realizados por diversos investigadores y que han servido para poder conocer las formas de vida de los seres humanos que antiguamente vivieron y se desplazaron por estos territorios (Ocampo, Aspillaga, Porter, Curry, Reyes, Stern desde el año 1984 hasta la actualidad).
Comunidad Nahuelquín–Delgado
Hace más de medio siglo que la Isla Traiguén es habitada por la Comunidad Mapuche Huilliche Nahuelquín Delgado. Doña Isabel Delgado y Don Benjamín Nahuelquín, han realizado gran parte de su vida en la isla, pese a todos los inconvenientes que han tenido que ir sorteando a lo largo del tiempo. Uno de ellos fue en el 2008 cuando el ejército de Chile, vendió la isla Traiguén al Empresario Eduardo Ergas por una suma de $1.500 (mil quinientos millones de pesos), pese a que en el 2004 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la Región de Los Lagos, le otorgó a la Comunidad Nahuelquín Delgado los derechos legales sobre la isla.
Para saber sobre la situación actual que enfrenta la Comunidad Nahuelquín- Delgado, cómo afrontan la invasión salmonera y qué les parece la instalación de este proyecto náutico, nos contactamos con Marcia Nahuelquín Delgado, hija de doña Isabel y don Benjamín y que también es parte de esta comunidad Mapuche Huilliche:
“La verdad es que para la comunidad Indígena Nahuelquín Delgado vivir y ser parte de este territorio es parte de la vida de cada uno de nosotros. Como comunidad pertenecientes a este territorio, no lo vemos como un espacio donde se pueden hacer faenas extractivistas ni nada de eso, hay una relación, hay un equilibrio y de verdad que nosotros necesitamos ese espacio para poder vivir, somos parte de ese espacio desde que mi padre llega a esa isla hace más de 50 años, es que nosotros nos hemos crecido, criado y desarrollado en ese territorio, es parte de la vida de cada uno de los miembro de la comunidad y por eso es que tenemos ese apego tan grande con este territorio. La verdad es que la actividad de la pesca artesanal, cuando uno la ve desde el territorio, siendo parte de él, tiene un sentido distinto, tiene un sentido de vida, de desarrollo, de productividad pero también de responsabilidad, en el sentido que nosotros siendo parte de este territorio tenemos que ser los primeros defensores del mismo, defensores de distintos poderes, hoy el poder económico está arrasando con el mar.
Hoy día la industria salmonera ha sido uno de los poderes que ha contaminado y empobrecido a las comunidades costeras y es lo que la ciudadanía no ve. Nosotros como parte de la comunidad hemos sufrido el avasallamiento de esta industria, una industria que ha sido poco responsable, que no ha pensado en el desarrollo de las comunidades, que no ha mantenido comunicación con ellas y que lamentablemente ha causado un desastre ambiental que muchas veces no se ve desde la ciudad, pero que sin embargo siendo parte de este lugar, haber crecido en este lugar, nos permite ver cómo va cambiando el territorio, nos damos cuenta de lo dañino que pueden ser aquellas industrias…
Recientemente hemos conocido de un proyecto náutico que se pretende instalar en isla Renaico, una isla pequeña que queda a 10 o 20 minutos de navegación de isla Traiguén, también está dentro de la solicitud de espacio costero marino que pide la comunidad Nahuelquín Delgado, que por cierto lleva su solicitud a partir del año 2008, se vuelve a ingresar el 2010 y posteriormente el 2012 y a la fecha no hemos tenido respuesta por parte de la institucionalidad respecto de la solicitud de este espacio costero marino, eso quiere decir por cierto, que la institucionalidad no está cumpliendo con los plazos, retrasando otros proyectos y deja de ver que a la institucionalidad no le importan estas materias o simplemente no es una necesidad de ellos poder resolver. No solo la comunidad Indígena Nahuelquín-Delgado utiliza este territorio para sus distintas actividades, sino que hay actores como son los pescadores artesanales, los recolectores y también la gente que trabaja la jaiba. Por un tema de formación geográfica, esta isla tiene mucha importancia para la navegación de las embarcaciones menores, ya que se forma un paso que los pescadores artesanales utilizan para resguardarse de los temporales y el mal tiempo, y tener una navegación segura. Además en esta isla tenemos muchas especies de aves, piedras loberas, muchos recursos que tenemos en el borde costero y que lamentablemente una vez que se emplace este proyecto, de alguna manera va afectar a todos los actores que desarrollan sus faenas de pesca.”
Para escuchar la entrevista completa a Marcia Nahuelquin Delgado, ir al final de la nota.
Vestigios humanos del pasado en las cercanías de Isla Renaico
Isla Renaico, se encuentra emplazada como un punto de encuentro natural de cinco importantes canales de navegación en la zona, ubicación que le confiere un emplazamiento estratégico dentro de los canales y por lo tanto dentro del maritorio que antiguamente y en la actualidad habitan diversas comunidades. Esto queda de manifiesto en la exigua presencia del mundo científico en el sector, que aun así, ha reportado una gran cantidad de material arqueológico y lugares utilizados para diversas actividades de antaño como también en momentos más recientes.
En cuanto a los restos materiales que se han podido identificar como pertenecientes a grupos indígenas del pasado, los investigares Ocampo y colaboradores iniciaron trabajos arqueológicos en el Archipiélago prácticamente sin reportes ni información clara (Ocampo y Aspillaga 1984). Excavan en la isla Gran Guaiteca, Sitio Ch11 Rep 02, montículo conchal e inhumaciones presentes con 2430 +/- 80 años AP e isla Benjamín, Sitio Ch11 BEN 01, conchal en cueva con 410 +/- 70 años AP (Ocampo y Aspillaga 1984).
Porter (1993), registra un sitio en la isla Gran Guaiteca, GUA-010, en la misma área reconocida arqueológicamente en las Guaitecas a 5 mt sobre el nivel actual del mar, y con 5000 años de antigüedad. Se trata del primer registro arqueológico propiamente tal, en el que se describe: material sobre piedra tallada, que se caracteriza por la utilización de cabezales líticos lanceoladas bifaciales similares a los recuperados en Chiloé, hachas de piedra y pesas de red; moluscos.
Unos años más tarde, Patricia Curry (1997) realizó la primera prospección costera sistemática en el área central del Archipiélago de los Chonos, identificando alrededor de 40 sitios y hallazgos aislados, principalmente conchales, y levantando media centena de material lítico del borde costero e intermareal, compuesto principalmente por herramientas de piedra para desarrollar actividades de caza y recolección del mundo marino, como son cabezales de forma lanceolados de sección espesa, hachas y pesas de red.
Los investigadores Reyes y colaboradores exploraron la costa noroccidental de isla Traiguén, específicamente la localidad conocida como Las Mentas. El área se emplaza hacia la salida sur del fiordo Aisén, entre los canales Errázuriz por el oeste y Costa por el este (Reyes et al. 2011).
De dicho trabo se conoció el sitio arqueológico Nahuelquín 1, el que se encuentra en la costa noroccidental de isla Traiguén (45°27’S–73°41’W). Está formado por un gran depósito de conchal situado en una pequeña bahía reparada de los vientos del oeste. Presenta una costa rocosa hacia su extremo noroeste y una pequeña playa hacia el sector sur. Su extensión norte-sur es de 30 m y un ancho entre 8 m (sector norte) y 15 m (sector sur) cubriendo un área aproximada de 345 m2. En el borde oeste de este gran conchal, se registró un perfil expuesto en donde aforaban restos óseos humanos, específicamente la bóveda craneana de un individuo que presentaba evidentes huellas de intemperización (cubierto de musgo y blanqueamiento de superficie).
La inhumación se encuentra en una posición de entierro orientada norte (pies-pelvis) – Sur (cabeza) a partir de la disposición de elementos óseos observables. Los restos humanos corresponden a la bóveda craneana por lo que presentan un color blanco y verde (por acción de los musgos). Se registraron además otros elementos anatómicos como un fragmento de escápula y fragmentos de una vértebra cervical y una dorsal. En perfil se observaron más vértebras y la diáfisis de un húmero que quedaron in situ. A juzgar por los elementos anatómicos presentes se trataría de un entierro primario e individual de un adulto de edad y sexo indeterminados.
El registro realizado en la playa y el intermareal situados inmediatamente al sur del extenso conchal, permitió la recuperación de una punta lanceolada fragmentada elaborada sobre obsidiana riolítica de color gris, materia prima proveniente del volcán Chaitén, situado 400 km más al norte y documentada desde las costas de Chan Chan hasta el sur de isla Traiguén.
El sitio arqueologico Nahuelquín 2 se trata de un antiguo corral de pesca a 500 m al norte del sitio Nahuelquín 1 (45°27’S– 73°42’W). Se emplaza en una pequeña bahía de exposición norte, que posee una extensa franja de intermareal. Corresponde a una continuidad de grandes y medianos bloques de piedra sobrepuestos, obtenidos del entorno. Corren en dirección suroeste–noreste en forma elíptica por cerca de 25 m. Parte de esta acumulación antrópica de piedras se encuentra a más de 2 msnm actual. Según lo que relata don Benjamín Nahuelquín, al menos hace 50 años, ya se encontraban los corrales en esa misma condición.
También corresponde a un antiguo corral ubicado 700 m al sur del sitio Nahuelquín 1 (45°28’S– 73°41’W) el que se denomino Nahuelquin 3. Se emplaza en un sector donde la costa conforma una bahía muy estrecha, a manera de poza, con exposición noroeste. Al igual que la descripción del corral anterior, se trata de una continuidad de grandes bloques pétreos que corren, en forma elíptica, en un eje suroeste–noreste a lo largo de 70 m, sobre 1 m.s.n.m.
Sitio Nahuelquín 4 se trata de un pequeño conchal ubicado a unos 8 km al sur del sector Las Mentas (45°31’ S-73°44’W), sobre una pequeña bahía con exposición sur. Principalmente compuesto por valvas de choros (Mytilus edulis chilensis). La dispersión del conchal sigue la misma dirección que la orientación de la playa sobre la cual se ha depositado, es decir, 30 m en dirección este–oeste, 10 m en dirección norte–sur y a 5 msnm.
Otro antecedente que debemos considerar en esta discusión es el sitio EB-01 o Ensenada Baja 01, el cual se encuentra emplazado en el extremo oriental del Fiordo Aysén (45°27’S72°48’S) en una entrada de agua con boca estrecha y rodeada de montañas denominada Ensenada Baja. Se trata de un refugio abrigado y protegido de las tempestades y marejadas, utilizado actualmente como puerto natural y área propicia para el desarrollo de proyectos relacionados a la actividad salmonicultora y pesquera (Pérez y Azocar, 2018).
En el año 2013, la remoción en masa de tierras con retroexcavadora para la construcción para un varadero, dio lugar al reconocimiento accidentalmente del sitio EB01. Este se emplaza a unos 50m por encima de una playa estrecha de arenas oscuras y bolones. Desafortunadamente la mayor parte del sitio fue destruido con la consecuente descontextualización de sus elementos culturales.
Los materiales recuperados fueron resultado de una maniobra de rescate arqueológico efectuado ante la inminente destrucción del sitio. Se identificó lítica tallada, pulida, clastos termofracturados y restos óseos animales. Éstos fueron trasladados al Centro de Ecosistemas de la Patagonia (Coyhaique), donde se practicaron los primeros estudios básicos. Se obtuvieron tres fechados radiocarbonicos 1411-1625, 1672- presente, 1697- presente.
Con esto queda de manifiesto que el patrimonio cultural material e inmaterial de la zona isla Traiguen-Renaico es de alta relevancia, es un reservorio de información que no se ha conocido en su totalidad y un proyecto de esta magnitud, como el que se plantea amenaza fuertemente que en un futuro se pueda acceder a dicho conocimiento.
Tal vez sería esperable que si hablamos de comunidades que solamente en la antigüedad habitaron dichos parajes, se busque intervenir sin mayores resquemores, pero en este caso también hay comunidades mapuches huichilles que actualmente ocupan su maritorio e incluso han recibido el reconocimiento de algunos organismos estatales.
Con todo lo planteado por la comunidad Nahuelquin Delgado más la información científica sobre los distintos yacimientos arqueológicos que se encuentran en el área en cuestión es que no podemos seguir invisibilizando esta situación.
CURRY, P. 1997. Archaeological exploration of the Central Chonos Archipelago. Informe Arqueológico Consejo Monumentos Nacionales, Santiago. MS.
Ocampo, C; Aspillaga, E.
Breves notas sobre una prospección arqueológica en los archipiélagos de las Guaitecas y los Chonos. Revista Chilena de Antropología N°4.
Pérez Barría, L., S. Escobar Pinto y M. A. Azócar Un ‘curanto’ arqueológico en Fiordo Aysén: ¿receta chilota o prehispánica?. Revista de Aysenologia N°5.
PORTER, C. 1993. GUA-010, un sitio costero erosionado en una zona sísmica activa. En: Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp. 81-88. Boletín del Museo Regional de la Araucanía 4.
Reyes, O. 2017 El poblamiento del archipiélago de Los Chonos (43° – 47°S). Patagonia Occidental. Chile. Tesis doctoral. UBA, Buenos Aires, Argentina.
Reyes, O. M. San Román y M. Moraga. 2011 Archipiélago Archipiélago de los Chonos: nuevos registros arqueológicos y bioantropológicos en los canales septentrionales. Isla Traiguén, XI Región de Aisén. Magallania 39.
Let’s suppose it is possible to choose where to direct your own gaze. Suppose that you could free yourself, if only for a moment, from the tyranny of social networks that impose not only what you see and talk about, but also how you see and how you talk. Then, suppose that you lift your gaze higher: from the immediate to the local to the regional to the national to the global. Can you see that far? Yes, it’s chaos, confusion and disorder out there. Then let’s suppose you are a human being, not a digital application that quickly scans, classifies, orders, judges and sanctions, and as such, you choose where to look… and how to look. It could be (this is just a hypothetical) that looking and judging aren’t the same thing, such that you don’t just choose where to direct your gaze, you also decide what your inquiry is, shifting the question from “Is this good or bad?” to “What is this?” Of course, the former implies a juicy debate (are there still debates?), which in turn leads to “This is good—or bad—because I say so.” Or perhaps to a discussion about what good and evil are, and from there to arguments and citations with footnotes. Yes, you’re right, that’s better than resorting to “likes” and “thumbs up”, but what I’m proposing is to change the starting point: choose where to direct your gaze.
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Al CCRI-CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.
Al pueblo de México y al Mundo.
Herman@s.
12 DE OCTUBRE. 528 AÑOS DE RESISTENCIA
*JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y CONTRA LA GUERRA AL EZLN, LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Este 12 de octubre, se cumplen 528 años del mal llamado Encuentro de Dos Mundos; este aniversario que para unos pocos es motivo de festejo, para nosotros los pueblos originarios y los pobres de México, es una fecha que nos recuerda el inicio del sufrimiento, de la destrucción de nuestras culturas y el despojo de nuestras tierras y de los bienes que en ellas existen. Pero también es un día en el que celebramos la Resistencia Digna de nuestros pueblos, rememoramos qué en estos 528 años, nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres han luchado para defender lo nuestro, es una fecha que tiene un gran valor simbólico, por ello y frente a la grave situación que vivimos y ante la urgente necesidad de levantar la voz y exigir sean respetados los derechos de nuestros pueblos, los estamos convocando a sumarse una gran jornada de movilización nacional.
Vivimos una larga noche que dura ya 528 años, tiempo donde los invasores y sus descendientes han sometido con violencia y engaños a muchos de nuestros pueblos, no son pocos los que han sucumbido ante la avaricia y la sed de ganancia de los poderosos, mientras muchos otros, la gran mayoría sobreviven en medio de la pobreza, la violencia y la discriminación.
Nuestros pueblos dieron su esfuerzo y su sangre para expulsar al conquistador español, sin embargo, una vez independientes, nuestras gentes no encontraron la libertad; ofrendaron a sus hijos para expulsar a los invasores norteamericanos y franceses, pero siguieron sufriendo despojos y violencia; se levantaron en contra del Dictador Díaz, al que derrotaron, pero los gobiernos que asesinaron a Flores Magón, a Villa y a Zapata han estado al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. A pesar de tanta lucha, nuestras gentes siguen enfrentando día a día la violencia, la miseria y los atropellos de los poderosos.
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Por Ángel Huerta
Eran las cinco de la mañana del día 18 de Julio del 2020 cuando treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras.
Dicho grupo está involucrado en un supuesto operativo en el cual se allanaron siete viviendas y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos.
En entrevista con Miriam Miranda, coordinadora garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) comenta: “la primera persona detenida fue el Sr Gerardo Mizael Róchez Cálix, luego de un allanamiento a su vivienda. Posteriormente, el operativo se dirigió́ a la casa del presidente del patronato, el Sr. Alberth Sneider Centeno, quien también fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. En tercer lugar se dirigieron a la vivienda del Sr. Suami Aparicio Mejía García, en este lugar, agredieron a su madre y a su hermana. Luego, el padre del Sr. Martínez Álvarez condujo a los perpetradores al lugar donde se encontraba su hijo. En este lugar, el Sr. Milton Joel Martínez Álvarez fue privado de la libertad además de una quinta persona, de nombre Junior Rafael Juárez Mejía”.
Para entender este asedio de Juan Orlando Hernández (JOH), presidente de Honduras, en contra de las comunidades Garífunas, también es necesario entender los antecedentes que le dieron las bases a este narcogobierno para atacar, destruir y exterminar a los Garífunas.
Desde inicios del siglo XX existe un plan de despojo, desprecio y desplazamiento sistemático contra las comunidades Garífunas. Esto inició cuando las compañías bananeras se apropiaron de los territorios Garífunas a través de la concesión de los 100 años. Décadas después, en los años 70s y 80s, con la Reforma Agraria, los militares se apoderaron de otra porción del territorio Garífuna y junto con el Instituto Nacional Agrario (INA) se lo entregaron a los portentosos empresarios de la palma aceitera.
El 29 de octubre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH”) el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros contra la República de Honduras (CIDH, 2015). La misma fue admitida el 14 de marzo.
Miriam relata que: “A partir del golpe de Estado del año 2009, el Congreso Nacional golpista y sus actuales herederos (JOH), no han cejado en forjar leyes al servicio del capital foráneo en detrimento de los intereses del pueblo hondureño y en especial al más del 80% del territorio Garífuna. Desde julio del 2009, Honduras se convirtió en un epicentro del narcotráfico en el istmo además de pasar a ser el país más violento del planeta. Es entonces cuando iniciaron los ataques, amenazas, criminalización y asesinatos en contra de líderes defensores de los territorios Garífunas, durante el juicio ante la Corte IDH en el 2015.
En los dos casos de la Sentencia mencionados, el Estado de Honduras negó la condición indígena y tribal de la comunidad Garífuna, argumentando: “la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerada como un pueblo indígena”, y que, “por el hecho de no ser un pueblo originario no puede invocar el derecho a tierras ancestrales”. Con eso el Estado también reflejó no solo su desprecio al pueblo Garífuna sino su negativa para el cumplimiento de las sentencias, que no es más que devolverles el territorio robado a las comunidades beneficiarias”, señala Miranda, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros.
Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.“Después de la sentencia de la Corte, los presidentes de patronatos se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”,recuerda Miriam Miranda.
La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, se ubica en el departamento de Atlántida, municipio de Tela, a orillas del mar Caribe. Es de carácter rural y cuenta con una población aproximada de 10.000 habitantes. El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En 1797, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. Según la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
Las comunidades Garífunas han sido blanco de despojo desde hace mucho tiempo, por lo cual Miriam Miranda realiza un recuento sobre el asedio.“El primer hecho de invasión fue cuando el 6 de julio de 1969 la empresa MACERICA adquirió un terreno de unas 50 hectáreas situado en el lugar denominado “Río Plátano; seguido, entre agosto de 1993 y julio de 1995 la Municipalidad de Tela vendió́ aproximadamente 44 hectáreas de tierras de la comunidad a favor de la empresa IDETRISA. El 15 de enero de 1997, la Corporación Municipal de Tela acordó traspasar al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad de Tela 22.81 manzanas ubicadas en el territorio de la Comunidad.”
“En el 2000, el Congreso Nacional de manera inconsulta crea el área protegida y parque nacional Punta Izopo (Decreto No 261-2000), cediendo la administración a la organización no gubernamental PROLANSATE. Más adelante, la venta de 39,611.02 m2 de tierra a favor de la empresa Punta Hisopo Resort R.L de C.V. Desde el 2013 la construcción del proyecto turístico de Playa Escondida y el de “Laguna Negra” ,señala Miriam.
Desaparecidos
El 19 de julio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y distintas organizaciones de la sociedad civil condenaron la desaparición forzada del defensor de los derechos del pueblo Garífuna Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz y miembro activo de la OFRANEH y de las demás personas que fueron secuestradas junto con él.
“El objetivo principal de esta desaparición era el compañero Alberth Sneider Centeno. Snaider (como lo llamamos)”, nos comenta Miriam, “él estaba haciendo una lucha frontal por el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH y por la recuperación del territorio invadido por autoridades de la municipalidad de Tela, proyectos habitacionales, la Fundación PROLANSATE y los palmeros de la región. Dos más de los compas, eran familiares y compañeros del Presidente del Patronato y que lo habían acompañado en más de alguna vez en esas acciones de lucha. Los dos restantes eran allegados a la comunidad y muy poca información tenemos sobre su vinculación con las acciones de la comunidad.”
La razón de nuestra afirmación, continúa Miranda: “es que Snaider había denunciado constantes amenazas en su contra y el Estado no hizo nada para protegerlo. Y, además, los patronatos son los garantes de salvaguardar los títulos comunitarios. En el título definitivo que otorgó el INA a la comunidad de Triunfo de la Cruz el 26 de septiembre del 2001, se establece que constituye un patrimonio inalienable de la comunidad, excepto en los casos en que la transferencia de dominio se haga a favor de miembros de la comunidad, con aprobación de la Junta Directiva del Patronato. Por esta razón, en 2005 la Municipalidad de Tela promovió un patronato paralelo al electo por la comunidad, situación que se mantuvo hasta el año 2010.”
El 6 de agosto de 2020, la CIDH notificó al Estado de Honduras la Resolución adoptada por la Presidencia de la Corte que requiere la adopción de medidas urgentes en el caso de las Comunidades Garífunas de Honduras del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras. En su resolución, la Presidenta Jueza Elizabeth Odio Benito resolvió: “Requerir al Estado de Honduras que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de las cinco personas secuestradas, que adopte todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los integrantes de las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra.”
Además que “el Estado de Honduras desarrolle colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo Garífuna, así mismo el Estado deberá coordinar inmediatamente con los beneficiarios de estas medidas, o sus representantes, la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución”.
Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al Estado de Honduras en dos ocasiones, en estos más de 60 días de la desaparición de los cinco integrantes de la comunidad Garífuna . La CIDH ha llamado al Estado a que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de Junior, Milton, Suami, Gerardo y Albert y que presente información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a más tardar el 28 de septiembre de 2020.
El Estado omiso
Sin embargo Miriam acusa que “El Estado se ha mantenido hermético y no ha querido brindar ninguna información, argumentando que no quieren entorpecer la investigación. Lo único que ha dicho el Estado es que tienen avances significativos, sin embargo, estos avances no se han comunicado ni a los familiares de las víctimas, ni a la OFRANEH. El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada de Delitos Contra La Vida de San Pedro Sula, que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, así ́ como con la asesoría de un experto de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural. Además, está involucrada la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras.”
Por su parte, el Estado de Honduras en la información vertida hacia la CIDH asegura que “El Estado no controvirtió dicha información, únicamente mencionó que ponía en duda la verdadera identidad de los secuestradores que podrían haber utilizado indumentaria utilizada por la Dirección Policial de Investigaciones, y que aún se encuentra investigando esos hechos. Asimismo, el Estado aportó información sobre un análisis de riesgo que se efectuó el 20 de marzo de 2020 a Alberth Sneider Centeno que dio como resultado un riesgo grave”.
Por su parte, la Corte expresa que“además, el Estado reconoció que no se habían implementado medidas de protección a favor de los integrantes de esa comunidad e indicó que, en vista del contexto, se ha determinado tener acercamientos con líderes garífunas y se tiene previsto iniciar acciones preventivas mediante un trabajo integral con los defensores de las comunidades garífunas y el equipo de Prevención y Análisis de Contexto de la Dirección General del Sistema de Protección, con la finalidad de tratar los riesgos estructurales a los que se puedan ver expuestos.”
Por otro lado, Miranda asegura que “hace más de tres semanas ha manifestado el Estado que tiene un testigo protegido y que además tiene la pista de los perpetradores y que en los próximos días estaría ejecutando detenciones relacionadasal caso. Hasta la fecha se desconoce el paradero o los avances en la investigación de la búsqueda”.
“Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de la las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ha requerido al Estado hondureño para que adopte medidas orientadas a la búsqueda de los muchachos desaparecidos, que brinde protección a los familiares e involucrar a los representantes de la comunidad y las víctimas en la investigación. Además pide enviar información al Comité sobres las medidas adoptadas por el Estado con relación a estas preocupaciones y recomendaciones antes del día 3 de septiembre de 2020, lo cual no tenemos información si el Estado envió esta información”, señala Miranda.
“La situación actual es aún más alarmante”, apunta la coordinadora de la OFRANEH pues “ya no se trata de criminalización o persecución, lo que están haciendo es desaparecer y asesinar a nuestros líderes y lideresas. Tal como lo hemos señalado, en el 2019 para acá más de 25 miembros de la comunidad Garífuna han sido asesinados y la mayoría estaban ligados a alguna lucha de defensa del territorio. Lo más reciente, el asesinato de un líder de la comunidad de Punta Piedra, el señor Antonio Bernárdez, justo en el territorio en litigio por la invasión de terceros y rodeado de palma africana.”
De acuerdo a la organización Global Witness en su informe publicado el 29 de Julio de 2020 llamado “Defender el Mañana,La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente”, destaca que “en Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, considerando los asesinatos per cápita. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.”
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Megastar Development Corp, Inomin Mines, G79 Gold79 Mines Ltd, Minaurum Gold se unen a la lista de más de 400 concesiones vigentes en Oaxaca
Por Daniel Arellano Chávez
En este espacio revelamos que la empresa transnacional Minaurum Gold tiene la intención de avanzar sobre las tierras de la selva de los Chimalapas, con una “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. Sin embargo, no es la única empresa interesada en territorios del estado de Oaxaca, y esto lo demuestra la intensa actividad de trasferencia, adquisición y compra de concesiones mineras realizada durante el mes de agosto de 2020, por las mineras G79 Golden 79 Mines Ltd, Inomin Mines y Megastar Development.
Medios especializados en el sector minero transnacional, publicaron el 5 de agosto: “Aura Resources Inc. se complace en anunciar que de conformidad con una resolución aprobada por su junta directiva el 28 de julio de 2020, la Compañía cambió su nombre a “Gold79 Mines Ltd.”, de esta manera concesiones mineras establecidas en Oaxaca cambian el nombre del titular, sin que esto sea regulado por el gobierno federal y las instituciones encargadas del sector.
Para tener idea de lo que ocurre con una sola concesión minera, el territorio de Taviche concesionado, con otras delimitaciones, nombres de lote u asociaciones derivadas para muestreos y exploraciones; ha estado en manos o interés de las siguientes empresas: Aura Silver Resources Inc, Intrepid Mines Ltd, Pan American Silver Corp, Minaurum Gold, Newstrike Capital Inc, Maverix Minerals, Fortuna Silver Mines.
Gary R. Thompson, ahora presidente de G79 Gold79 Mines Ltd declaró: “Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente y convertirme en un accionista importante de Gold79. Nuestro objetivo es crear valor para los accionistas aumentando nuestro sólido equipo técnico y haciendo un seguimiento de los éxitos de exploración anteriores. Tres de nuestros proyectos prioritarios “.
El “Higo Blanco”
Entre los territorios que la nueva empresa minera presume como proyectos, se encuentran 986 Hectáreas de los municipios de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche. El proyecto minero llamado Higo Blanco, ubicado en Taviche Oaxaca, es “propiedad” en 80% de otra empresa minera, llamada Minaurum Gold y 20% “propiedad” de G79 GOLD79 MINES LTD, las exploraciones realizadas con anterioridad en los años 2009 y 2011, señalan que existe una mineralización “robusta” de plata, significa que por cada tonelada de territorio, la empresa obtendrá de medio gramo a 1 gramo de plata, lo que en términos de explotación minera es redituable, además en el territorio existe oro aún en menor proporción por tonelada.
La Gitana y Peña Blanca
Inomin Mines por su parte compró los proyectos denominados La Gitana y Peña Blanca ubicados en Oaxaca, a la empresa Gunpoint Exploration en agosto de 2020, pagando con un millón de acciones, 25 mil dólares en efectivo y una regalía de 1.5% del valor de la explotación a la anterior empresa posesionaria de la concesión, lo que significa un beneficio directo para sus propietarios e inversionistas, dado que las acciones de la empresa dieron un salto de 700% en su valor financiero, sin embargo esta transacción no deja un solo centavo en el territorio concesionado ni para la administración del gobierno federal.
En La Gitana, 38 barrenos perforaron las tierras de Yautepec encontrando oro y plata. Peña Blanca por su parte a unos escasos kilómetros presenta mineralización de oro y plata dentro de un sistema que alcanza una extensión de 9km.
Inomin Mines aún tiene que detallar sus planes para los proyectos, pero dijo que “sistemas mineralizados que no han sido sometidos a pruebas en Peña Blanca requerirán seguimiento.”, es decir se torna inminente una ola de exploraciones mineras en este territorio.
Rama de Oro, Magdalena y Yautepec
Megastar Developmen Corp por su parte anunció también en agosto de 2020, “que ha modificado los acuerdos de opción mediante los cuales la Compañía puede adquirir una participación íntegra del 100% en los proyectos Rama de Oro, Magdalena y Yautepec (los “Proyectos”), ubicados en el estado de Oaxaca, México, mediante la extensión de las fechas de vencimiento para los gastos de exploración en cada Proyecto.”
Los gastos por el proyecto Rama de Oro fueron de US $ 350,000, los compromisos de gastos de Magdalena y Yautepec, ascendieron a US $ 310,000 y un agregado de US $ 12,500 al vendedor, quien es un director de otra Compañía minera, es decir un total de 672 MIL 500 Dólares, un equivalente a 14 millones 721 mil 25 pesos mexicanos, de los cuales una vez más ni la administración federal, ni las comunidades afectadas reciben un solo centavo.
“Nos complace tener la flexibilidad del tiempo adicional para cumplir con los compromisos de exploración en nuestros proyectos, dados los desafíos del mercado de 2019 y las restricciones de COVID-19 de 2020”, declaró Dušan Berka, CEO de Megastar. Esperamos reanudar el trabajo de campo para seguir avanzando en nuestros éxitos de exploración en las primeras etapas de estos proyectos de primer nivel “.
La forma de actuar de las empresas transnacionales es bien sabida, una combinación de corrupción, tratos clandestinos con autoridades que venden a sus pueblos, presiones de otros órdenes de gobierno sobre las comunidades, tanto desde el ámbito estatal y federal, hasta llegar al hostigamiento, la amenaza, la represión auxiliándose de fuerzas estatales y no estatales, hasta llegar al asesinato.
La empresa señala que en los territorios de Oaxaca, “los representantes de Megastar están volviendo a interactuar con los líderes comunitarios en cada una de las tres áreas del proyecto. Mientras tanto, se están finalizando los planes para las próximas etapas del trabajo de campo que darán seguimiento al exitoso trabajo de exploración realizado en 2019. La Compañía asesorará a los accionistas una vez que se haya establecido un plazo firme para este trabajo.”
En plena pandemia en un ambiente de creciente violencia y crisis económica en Oaxaca, las mineras transnacionales siguen generando ganancias con base a las concesiones mineras bajo su control. El oro batió un récord al transarse en US$2.061,50/oz en la sesión matutina del 7 de agosto en Londres, mientras que la plata alcanzó un máximo de siete años al cerrar en US$28,33/oz esa misma jornada.
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En Canadá se complacen con el anuncio de una nueva empresa minera, en Oaxaca los pueblos se mantienen a la expectativa sobre qué sucederá en sus territorios. “Nos están sentenciando a una muerte segura” afirmaron en su denuncia las autoridades de Magdalena Ocotlán, al señalar la contaminación ambiental por un derrame químico el pasado 10 de julio de 2020 y el anterior ocurrido en octubre de 2018, que legalmente para la empresa Fortuna Silver Mines solo tuvo por sanción, una multa por 800 mil pesos de parte del actual gobierno federal, la expansión de las mineras mantiene en alerta a las poblaciones de los Valles Centrales.
El Panorama Minero del Estado de Oaxaca, documento publicado en los últimos días de 2018 por la actual administración del gobierno federal, reconoce 427 concesiones mineras vigentes; mientras estas no sean canceladas, la especulación financiera, que genera ganancias económicas para las corporaciones continuará, a la vez los pueblos que son afectados y muchas veces concesionados sin siquiera saberlo, seguirán en la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su territorio y por ende con la vida de sus habitantes, Oaxaca es un claro ejemplo de esta situación.
In times of environmental and climatic emergency, the defense of the world’s rainforests becomes a global responsibility. The ecological role of these ecosystems is fundamental for the planetary balance and key to diminish the impacts of global changes, including climate change. Among many other functions, rainforests are large reservoirs of fresh water, as well as they can fix higher quantities of CO2 in comparison to other territories. It is clear that preventing the disappearance of these megabiodiverse regions of the planet is essential for a sustainable future. Moreover, the right to a different form of existence and the self-determination of the indigenous people who have inhabited and cared for these rainforests for thousands of years, cannot be negotiated. We cannot allow that the limitless desire for enrichment of a privileged minority and the excessive demands of materials on the industrial society to serve as excuses to destroy such a valuable heritage. The depletion of resources is not solved by extracting more until the whole planet is exhausted, but by consuming less and recycling the materials that have already been used.
On this occasion, it is the Chimalapas rainforest located in southern Mexico (Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca) that is threatened by, among other things, open-pit mining mega-projects. These extractive activities would generate enormous environmental impacts in one of the places with the greatest biodiversity on the planet, altering thousands of hectares of rainforest and contaminating the important bodies of fresh water that exist in this territory that reaches 594,000 hectares of communal property.
In response to this reality, we demand to Andrés Manuel López Obrador, President of Mexico:
That the Secretary of the Environment and Natural Resources of the Mexican Government definitively deny the exploration permit for the mining megaproject called “Santa Marta”, promoted by the Canadian company Minaurum Gold Coper.
That the Secretary of Economy of the Government of Mexico does not grant the four applications for mining concessions that are in process, that will cover approximately 107,383.63 hectares (although it would affect a bigger area) from where they intend to extract gold (Au), silver (Ag), copper (Cu) and lead (Pb).
That the Mexican government and international organizations respect and recognize the inalienable rights of communal ownership of the territory (including the subsoil) by the Zoque indigenous people (Angpøn) who have inhabited and cared for the Chimalapas rainforest for thousands of years.
That the Government of Mexico and international organizations articulate the necessary measures for the recognition of the ecological and biocultural values of this territory, and for its effective protection, thus assuring the life of the Zoque indigenous people of Chimalapas.
In this way we express our support and international solidarity with the defense of the territory of the Zoque people, because to save the Chimalapas forest is to take another step in the defense of the planet, life and humanity.
To sign-up this petition (before the 7th of september) fill in the following form https://forms.gle/rB8DTBQMqH5onHx56 or send an email to firstname.lastname@example.org according to the following: academics and researchers (name, country, institution, research groups), professionals (name, country, profession, institution/company), environmentalist and defenders of the territory (name, country and organization or indigenous people). Artists (name, country, and artistic expression they perform). Organizations and groups (name, acronym and country).