La implementación, a fines de los años setenta, de políticas urbanas neoliberales significó no sólo la conformación de nuevos mecanismos de financiamiento de la vivienda social, sino también una redefinición de la relación que los pobres urbanos, en su demanda por el derecho a la vivienda, establecen con el Estado. Con la entrega a gran escala de subsidios habitacionales en los gobiernos posteriores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990), las prácticas que dieron vida al movimiento de pobladores en los sesenta —esto es, la ocupación masiva de predios y la producción popular del espacio vía autoconstrucción— desaparecieron casi totalmente del repertorio de acción de los sin casa. En contraste con las más de trescientas tomas de terrenos acaecidas durante la Unidad Popular (1970–1973; Cofré 2011), durante los noventa, sólo dos campamentos originados en los faldeos cordilleranos de Peñalolén parecían traer a la memoria el Santiago del gobierno de Salvador Allende.1 Para la gran mayoría de los pobladores de la capital, la “casa propia” resultaría de la suma del ahorro privado y la obtención de subsidios estatales.
Aunque exitosa en su dimensión cuantitativa, la política subsidiaria de vivienda ha sido fuertemente cuestionada por planificadores urbanos y cientistas sociales pues ha incentivado la construcción a gran escala de conjuntos residenciales en áreas altamente segregadas (Ducci 1997; Rodríguez y Sugranyes 2005; Hidalgo 2007). En la misma línea, el economista urbano Pablo Trivelli (2011, 181) argumenta que, en un contexto de fuerte desregulación del mercado de suelos, la “dificultad fundamental para el desarrollo de viviendas sociales en el Gran Santiago no es la falta de terrenos, sino el nivel que han alcanzado los precios de los terrenos”. Como respuesta a una política de vivienda que continúa “expulsando a los pobres de la ciudad” (Castillo y Forray 2014, 48), las movilizaciones contemporáneas de familias sin casa se han estructurado en torno a la reivindicación del derecho a permanecer en las comunas donde se han socializado.
La reemergencia de nuevos movimientos urbanos ha estado, sin embargo, fuera del debate académico, en especial en lo que concierne a las condiciones de su emergencia, el carácter de su demanda y su despliegue práctico. Haciendo uso de material etnográfico recabado en distintos periodos entre 2010 y 2014 en asambleas de vivienda de Santiago vinculadas a la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO), el presente texto busca abordar dicha carencia analítica mediante el análisis de dos puntos específicos.2
Primero, exploramos la dimensión histórica del movimiento de pobladores y, junto a ello, la irrupción de un tipo específico de agencia política comprendida en la categoría poblador. ¿Cómo entender las movilizaciones actuales considerando que su ámbito de desenvolvimiento tradicional —las tomas masivas de terreno— parece disminuida frente la postulación a subsidios vía participación en asambleas de vivienda reguladas por el Estado (comité de allegados)?3 Dicho punto cobra aún mayor importancia analítica toda vez que las organizaciones contemporáneas de pobladores asumen una continuidad histórica entre el “viejo” movimiento de pobladores de los años sesenta y el “nuevo” movimiento de la postdictadura (Movimiento de Pobladores en Lucha 2011). Por ello, el presente artículo aborda la rearticulación del poblador como un tipo específico de subjetividad política. Desde 1990, las mutaciones en las condiciones materiales de los pobres urbanos han generado un escenario sociopolítico profundamente distinto al que diera vida a la demandas habitacionales de antaño. A la heterogeneidad de situaciones residenciales de quienes actualmente reclaman el derecho a la vivienda (p. ej., allegados, arrendatarios precarizados, deudores), agregamos la diversidad de contextos materiales desde donde emerge tal reivindicación, a saber, desde una pobreza extrema hasta una “equipada” por la suma de prestaciones sociales que dispone el Estado (Fundación Superación de la Pobreza 2010).4 Sin embargo, ni el nuevo periodo sociopolítico ni las emergentes reclamaciones habitacionales han estado acompañadas de una renovación de los marcos analíticos sobre los procesos de formación de subjetividades políticas entre los pobres de la ciudad. Así, el cometido de las ciencias sociales sobre los pobladores del presente se encuentra sumamente disminuido en comparación a la prolífica producción intelectual sobre las movilizaciones pasadas (ver, por ejemplo, Castells 1973, 1983; Pastrana y Threlfall 1974; Handelman 1975; Espinoza 1988; Garcés 2002; Cortés 2014). Aunque trabajos recientes han abordado, por ejemplo, las secuelas cotidianas de los procesos de neoliberalización en las capas populares de Chile (Han 2012) y cómo la demanda por vivienda social ha reconfigurado la ciudadanía chilena en las últimas cinco décadas (Murphy 2015), poco se dice sobre quiénes llevan a cabo las reivindicaciones urbanas actuales. Al referirse a los pobladores, dichos autores vuelven al pasado para examinar una agencia política constituida únicamente en el movimiento de pobladores de mediados del siglo veinte. Con ello, los pobladores actuales y sus procesos de subjetivación política permanecen aún fuera del cotejo académico. Dicho vacío es el que intentaremos subsanar al analizar cómo, en la actualidad, se reformula el tipo de agencia política comprendida en la categoría poblador.
Como segundo punto de escrutinio, el artículo pesquisa la relación existente entre el movimiento de pobladores y la política. En particular, ofrecemos una reflexión en torno a la irrupción de un nuevo lenguaje reivindicativo anclado en el derecho a la ciudad mediante la cual agrupaciones de pobladores reformulan el tradicional reclamo por el derecho a la vivienda (ver también Pérez 2016). Para ello, examinaremos la “demanda territorial” sostenida por la Federación Nacional de Pobladores —a saber, la demanda por tener soluciones habitacionales en las comunas de origen— así como la utilización del significante dignidad para describir los nuevos horizontes políticos del movimiento (Movimiento de Pobladores en Lucha 2011). El presente artículo asume una distinción teórica tempranamente propuesta por Castells (1973) y seguida por Pastrana y Threlfall (1974) que diferencia el “mundo poblacional” del “movimiento de pobladores”. Mientras el primero alude a las dimensiones socioculturales, políticas, ecológicas que caracterizan la pobreza urbana en un contexto histórico determinado, el segundo, señalan dichos autores, denota la movilización política que emerge de la demanda por derechos urbanos. Nuestro trabajo se enfoca, específicamente, en este segundo aspecto poniendo un énfasis en cómo las políticas de asignación masiva de subsidios habitacionales sentaron las bases no sólo para la reconfiguración del carácter de las reivindicaciones por vivienda social, sino también de los mecanismos de subjetivación de quienes llevan a cabo dicha protesta.
A mediados del siglo XX, en un contexto de urbanización acelerada, la irrupción de los sectores populares latinoamericanos en la esfera pública hizo de los pobres urbanos un objeto de escrutinio de las ciencias sociales. En Chile, dichas elaboraciones conceptuales buscaron particularizar el contenido específico de la categoría poblador —término cuyo uso coloquial ha tradicionalmente servido para designar a los pobres urbanos (Salazar y Pinto 2012)— para indagar así en la naturaleza de un movimiento social fundado en la comprensión de la vivienda como un derecho social. Como han estipulado diversos autores (Castells 1973, 1983; Pastrana y Threlfall 1974; Espinoza 1988; Garcés 2002; Cortés 2014), las movilizaciones urbanas de los sesenta estuvieron intímame ligadas a la aparición de un nuevo actor social en cuyo proceso de constitución como subjetividad política concurrían fundamentalmente dos tipos de prácticas sociales: la ocupación de terrenos —las “tomas”— y la producción popular del espacio vía procesos de autoconstrucción.
Es aquí donde queremos poner en relieve falta de renovación de los marcos analíticos mediante los cuales los cientistas sociales han examinado a los pobladores del presente. En un periodo donde la reivindicación urbana se desarrolla fundamentalmente mediante la participación en asambleas de vivienda reguladas por el Estado, las modalidades de subjetivación política de los pobladores han estado prácticamente ausentes del debate académico. Así, en este trabajo, buscamos dar indicios de cómo se estructura la agencia en el contexto de las movilizaciones urbanas contemporáneas.
Nuestra hipótesis de trabajo es que el concepto “poblador”, al interior del movimiento por la vivienda, es fundamentalmente una categoría política por la que los sectores populares significan su existencia como sujetos de derecho. Nuestra reflexión invita a pensar el término poblador en tanto contenedor de un tipo de agencia política que, si bien emergió en las protestas urbanas de los años sesenta, puede ser reconfigurada en distintos contextos históricos. En tal dirección, buscamos analizar los términos en que ocurre la reformulación de la categoría poblador cuando las prácticas socio-espaciales que permitieron su emergencia no son medulares en repertorio de acción de quienes demandan el derecho a la vivienda. Un breve repaso de los ciclos de protesta de las luchas urbanas nos permitirá precisar no sólo los aspectos centrales de las reivindicaciones de los pobladores, sino también las modalidades de subjetivación en distintos periodos históricos.
Para analizar las distintas etapas que marcan el devenir histórico del movimiento de pobladores utilizaremos el concepto de ciclo de protesta (Tarrow 2002). Con él, identificaremos ciertos marcos temporales que nos dejarán especificar tanto los repertorios de acción de los pobladores y sus tipos de protesta como los modos en que se han ido constituyendo como sujetos. Distinguiremos tres ciclos: (1) desde los años cincuenta hasta el golpe de Estado en 1973, (2) desde principios de los años ochenta hasta la recuperación de la democracia en 1990, y (3) desde la toma de Peñalolén (1999) hasta la actualidad.
El movimiento de pobladores surgió en la segunda mitad del siglo XX ante una crisis de vivienda resultante del explosivo crecimiento urbano de una ciudad capital incipientemente industrializada (Garcés 2002).5 En tales circunstancias, la toma de terrenos y la construcción de “campamentos” en las periferias de la ciudad se erigen como los principales elementos del repertorio de acción que va a caracterizar al movimiento.
La comprensión de este proceso de movilización popular no puede efectuarse sin considerar la notable capacidad de organización y de presión sobre el Estado que generó el movimiento desde mediados de los años cincuenta. Sobre todo a partir de la toma de la Victoria en 1957 (Garcés 2002; Cortés 2014), los pobladores comienzan a construir diversos tipos de alianza, ya sea con la Iglesia, partidos políticos o con los sectores más progresistas de las clases medias. Los roles jugados por el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), la Democracia Cristiana (DC), y, posteriormente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), resultan cruciales para comprender la relación que entablará el movimiento con los distintos proyectos políticos en disputa en esa época.
Durante la Unidad Popular (1970–1973), los pobladores mostraron claros signos de radicalización con la ocupación ilegal de más de trescientos predios en Santiago (Cofré 2011). Para entonces, Manuel Castells (1973) señalaba que la particularidad del movimiento de pobladores no residía únicamente en la reivindicación urbana (crisis de la vivienda), sino en su articulación con la lucha de clases y las distintas estrategias políticas que la expresaban, desde el proyecto populista promovido por la DC hasta la construcción de poder popular sustentada por el MIR. No obstante, el golpe de Estado de 1973 frenaría drásticamente el avance del movimiento de pobladores, tanto por la persecución de sus principales dirigentes como por la intervención militar de las “poblaciones” (barrios populares).
En este primer ciclo de protesta, el poblador emerge tanto por la ejecución de prácticas política y sociológicamente significativas —la toma de terrenos y los procesos de autoconstrucción— como por la producción de saberes de las ciencias sociales.6 La mera existencia de ocupaciones ilegales —de larga data en Santiago— parece no constituir, por sí misma, al tipo de subjetividad política en cuestión. Sin embargo, es sólo a través de la masificación de las tomas y, consecuentemente, de la producción popular del espacio cuando los pobres de la ciudad adquirieron un carácter político reconocido socialmente, hecho que los convirtió en objeto de escrutinio sociológico.
Una de las aproximaciones más difundidas sobre los pobladores provino de la teoría de la marginalidad, la que los entendió como un segmento estructuralmente incapacitado de participar en las orientaciones generales de la sociedad (Vekemans y Silva 1969). Los marginales, en tanto población excluida política, cultural y económicamente, seguirían con dificultad los procesos históricos de modernización al desarrollar un sistema de valores y actitudes distintos, e incluso contrarios, a los del sistema social. Bajo el riesgo de que los marginales fueran caldo de cultivo de tendencias radicales, Vekemans y los intelectuales del Centro para el Desarrollo de América Latina (DESAL) abogaron por la intervención del Estado en la asistencia y organización de los pobres urbanos, lo que dio origen al programa de Promoción Popular del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964–1970).
No obstante, la creciente movilización urbana del periodo, la radicalización del discurso de los pobres organizados y las experiencias socialmente transformadoras de algunos campamentos (Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano 1972), cuestionaron las premisas de la teoría de Vekemans. Las principales críticas provinieron de intelectuales que dieron cuerpo a elaboraciones conceptuales donde el poblador es examinado como un sujeto político por derecho propio (Pastrana y Threlfall 1974) aunque muchas veces dependiente de los partidos de izquierda (Castells 1983). El poblador, como “productor del espacio urbano” (Espinoza 1988, 9), revelaba entonces la capacidad de agencia de los pobres urbanos en un periodo donde lo construido no eran sólo casas y barrios, sino un proyecto alternativo de sociedad. Así, las formulaciones académicas en torno a esta etapa del movimiento de pobladores han resaltado el carácter creador del poblador ya sea indicando que dicha categoría no denota un mero habitar informal sino un sujeto capaz de constituirse como un actor social (Garcés 2002; Cortés 2014).
La dictadura de Pinochet (1973–1990), junto con reprimir drásticamente a los distintos sectores que hasta los setenta promovieron la transformación radical de la sociedad, asumió un importante papel refundacional del orden social de los años venideros expresado en la generación de las condiciones para el desarrollo del neoliberalismo en la sociedad chilena (Garretón 1983). Respecto a los pobladores, el régimen militar no sólo erradicó masivamente campamentos,7 sino también modificó las orientaciones ideológicas de las políticas estatales. Dos de ellas resultan clave para comprender la redefinición de la acción poblacional a partir de esos años: (1) la mercantilización del derecho a la vivienda, concretada a través del Programa de Subvención a la Vivienda de 1978 y la desregulación del mercado de suelo derivada de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 —en la práctica, tales cambios implicaron que el Estado, hasta entonces encargado de la producción de viviendas, quedara restringido a la asignación de subsidios habitacionales—; y (2) la reorientación de las políticas públicas contra la pobreza, lo que implicó la construcción progresiva del pobre como sujeto beneficiario individual.
La acción poblacional, acallada durante los primeros años de dictadura tanto con una severa represión como con intentos paternalistas de administrar la crisis de vivienda,8 reemergió a principios de los años ochenta. Durante las jornadas de protesta nacional contra la dictadura entre 1983 y 1986, los pobladores irrumpieron nuevamente como un actor social relevante (Iglesias 2011) lo que llevó a algunos autores a plantear un desplazamiento de la acción del movimiento de pobladores desde la lucha por la vivienda a la lucha por la democracia (Oxhorn 2003).9 Del mismo modo, frente a la profunda crisis económica, los pobladores generaron un sinnúmero de organizaciones comunitarias que buscaron la supervivencia familiar y la recomposición de los lazos sociales dañados por la violencia estatal. En efecto, hacia 1986 existían alrededor de setecientas organizaciones económicas populares en las cuales participaban alrededor de 120.000 personas (Iglesias 2011). Por ello, una parte importante de la sociología de este periodo va a destacar la primacía de la acción comunitaria por sobre la proyección política.
La irrupción de nuevos actores sociales y políticos en el mundo poblacional fue también una característica importante del periodo. La Iglesia Católica, por ejemplo, cumplió un rol significativo tanto en la protección de los pobladores frente a la persecución militar como en la reconstrucción de los lazos comunitarios (Baño 1985). Paralelamente, nacieron organizaciones armadas de izquierda, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que trasladaron la acción política al seno mismo de las poblaciones. No obstante, la rearticulación de los partidos de centro-izquierda y la progresiva desconfianza que fueron generando hacia las acciones contestatarias de los sectores populares (Peñafiel 2009), implicaron un repliegue cada vez mayor de las organizaciones poblacionales. Aquello significó, a la larga, la creciente marginalización de los pobladores del debate político.
La represión sistemática contra el movimiento popular durante la dictadura, así como la política masiva de erradicaciones y el advenimiento de un nuevo régimen de asignación de vivienda basada en el subsidio habitacional, marcarán un punto de quiebre en los modos de subjetivación de los pobladores. Incapacitados de resolver la crisis de vivienda mediante las ocupaciones masivas, la problemática habitacional adquirió una nueva dimensión asociada a la expansión de la condición de allegamiento (hacinamiento). Para entonces, Necochea (1987) describía a los “allegados” como familias preferentemente jóvenes viviendo en una de estas cuatro situaciones: (1) en tanto hogares económicamente dependientes compartiendo una vivienda con otra familia; (2) como una familia económicamente independiente residiendo en la casa de otra familia; (3) como un hogar que, habiendo recibido una porción de suelo en una propiedad residencial, construye una vivienda dentro de ella; y (4) como arrendatarios de una pieza o vivienda dentro de una propiedad residencial. El autor, además, precisa que hacia 1983 existían más de 150.000 núcleos de allegados quienes, en su mayoría, habitaban en superficies menores a veinte metros cuadrados.
La menor reivindicación urbana en la esfera pública, según fuera materializada en las décadas anteriores en las ocupaciones de terreno, modificó substancialmente las formas en que la categoría poblador fuera analizada por las ciencias sociales. El concepto en cuestión pasó a denotar menos a una serie de prácticas de producción del espacio que a constatar un modo de habitación marginalizado. Aquello se hace explícito en el trabajo de Jorge Chateau y Hernán Pozo (1987, 23), donde se propone una definición operacional de poblador en el que la ausencia de movilización es patente. La subjetividad del poblador, en este caso, quedaría reducida al mero acto de habitar un barrio precarizado sin necesidad de mediación política entre el individuo popular y la vida urbana.
El fin de la dictadura en 1990 resultó paradójico para los pobladores. Aun siendo activos partícipes en la lucha por la democracia, los pobres urbanos serían excluidos del debate público (Paley 2001; Oxhorn 2004). La consolidación de los consensos sociales básicos para la transición a la democracia mostraba ya algo que será característico del periodo actual, a saber, el distanciamiento progresivo entre las organizaciones de pobladores y los partidos políticos tradicionales. A partir de entonces, la desmovilización de la sociedad chilena, que afectó particularmente a los sectores populares, se transformaría en un tópico central del debate académico (p. ej. Paley 2001). En un ambiente menos agitado políticamente, el nuevo desafío correspondía a la articulación entre el crecimiento económico y la integración social, todo ello en un contexto social y político marcado por la hegemonía del mercado como principio central de racionalidad.
El movimiento de pobladores mostró, sin embargo, indicios de rearticulación cuando ochocientas familias ocuparon ilegalmente un terreno en la comuna de Peñalolén en 1992, dando origen al Campamento Esperanza Andina. Dicha toma de terrenos sería vista como un llamado de alerta a la nueva democracia, enfrentada a un significativo déficit de vivienda heredado del periodo anterior.10 No obstante, la reivindicación urbana permanecerá relativamente aislada respecto a otros conflictos sociales, así como también de los partidos de centro-izquierda que tradicionalmente la apoyaban o conducían.
En ese marco, el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia desarrollaría una política de construcción masiva de viviendas sociales. Entre 1990 y 2002, el Estado construyó aproximadamente 1.270.000 viviendas sociales (Hidalgo 2007), esto es, un promedio de 100.000 unidades por año. Tales políticas gatillaron un cambio significativo en la condición habitacional de los pobladores, lo que ha autorizado a ciertos autores a hablar de pobres propietarios o pobladores “con techo” (Tironi 2003; Sabatini y Wormald 2004; Rodríguez y Sugranyes 2005) como los principales agentes de los procesos de movilización actuales. Más allá del éxito relativo en la reducción déficit de viviendas,11 la política subsidiaria llevó a una expulsión creciente de los pobres hacia la periferia de la ciudad (Castillo y Forray 2014), transformándose así en un dispositivo de reproducción de la pobreza urbana.
Como un aviso temprano de los límites de dicha política, 1.700 familias ocuparon veinticuatro hectáreas de terreno en la misma comuna de Peñalolén en julio de 1999, dando origen a la célebre Toma de Peñalolén (Salcedo 2010). Además de establecer una continuidad con el repertorio de acción tradicional del movimiento de pobladores, tanto Esperanza Andina como la Toma de Peñalolén presentaron otra característica que va a determinar la reivindicación urbana tradicional del movimiento: la disputa de terrenos en áreas altamente rentables desde el punto de vista inmobiliario. A partir de entonces, las organizaciones de familias sin casa van a demandar, junto a la vivienda, la permanencia en sus comunas de origen, cuestión que ha posibilitado la emergencia de un discurso por el derecho a la ciudad al interior del movimiento de pobladores (Movimiento de Pobladores en Lucha 2011).
Aunque las ocupaciones de Peñalolén captaron notoriamente la atención de la opinión pública, en la década siguiente, las tomas de terrenos en Santiago —según fueran observadas en las décadas precedentes— desaparecieron casi por completo del repertorio de acción de los pobladores.12 Los pocos intentos llevados a cabo por ellos fueron rápidamente contenidos por la acción estatal. Aquello no ha significado, no obstante, la vaporización de los pobladores como sujetos políticos. Es justamente aquí donde vale preguntarse por las rearticulación de subjetividades políticas del mundo popular chileno. ¿Cómo entender la ubicuidad del término poblador en tanto categoría agencial usada y reivindicada por los pobres urbanos cuando las prácticas que le dieron origen ya no son parte fundamental de su repertorio de acción?
Desde los años noventa, las ciencias sociales han usado al poblador para mostrar el devenir de una subjetividad política formada a través de las luchas urbanas que, ante la arremetida de la democracia neoliberal, cayó insoslayablemente en procesos de desmovilización (Paley 2001). En esta dirección, autores como Özler (2012) indican que la proliferación de comités de allegados a través de los cuales las familias vulnerables canalizan su demanda por vivienda social no son sino una instancia predilecta de pacificación de las demandas popular.13 Concurrimos, por ende, a un periodo donde escasean marcos referenciales que nos permitan analizar a los pobladores como una clase de subjetividad capaz de intervenir políticamente en la sociedad postdictatorial.
En la década pasada, la ciudad de Santiago presenció el nacimiento de numerosos comités de allegados que, en 2010, dieron vida a la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO), una instancia federativa que, según su vocero Rafael Soto, actualmente reúne a cerca de treinta asambleas de vivienda a nivel nacional en las que participan más de cuatro mil familias. En Santiago, la FENAPO alberga a organizaciones provenientes de comunas como La Pintana, La Florida, Lo Barnechea, Peñalolén, Santiago Centro, San Joaquín, y San Bernardo, entre otras, al tiempo que mantiene relaciones con otras federaciones de vivienda de América Latina afiliadas a la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular.
La lucha de la FENAPO contra las políticas exclusionaria de vivienda (ver también Castillo y Forray 2014), se observa un nuevo lenguaje político por el derecho a la ciudad, a la vivienda y la vida digna que depende de la conformación de un “un nuevo poblador” capaz de reconstituirse como sujeto político según se reencuentre con la “memoria histórica” del movimiento que le dio origen (Guzmán et al. 2009, 17). En un boletín de difusión de mayo de 2011, la FENAPO hacía públicos los lineamientos estratégicos y orgánicos de la nueva estructura federativa señalando que la lucha por la vivienda digna descansa en el surgimiento de “un nuevo sujeto [que] a través del diálogo y la solidaridad forme una comunidad capaz de luchar por el derecho a la ciudad y la construcción de un nuevo barrio”.
Tal aseveración nos invita a preguntarnos por los mecanismos de subjetivación de los pobladores cuando sus prácticas políticas parecen restringidas a las acciones desplegadas en organizaciones sociales normadas por el Estado. El material etnográfico que da origen a este artículo da importantes luces al respecto, sobre todo cuando atendemos al discurso de las bases sociales y a cómo ellos significan su situación de pobreza y allegamiento desde su participación en comités de vivienda. Veamos lo que dice Paula, miembro del Comité de Allegados Don Bosco de La Florida, quien vive de allegada hace más de veinte años en la Población Nuevo Amanecer: “Los pobladores para mí son los que luchan por lo que quieren… Porque hay pobres-pobres que se dejan ser pobres… [En cambio] uno lucha por tener lo de uno. Yo soy pobre, pero estoy luchando por tener algo mejor y salir de ahí de ese lado, de esa pobreza” (28 de enero del 2014).
Nuestros hallazgos nos permiten afirmar que la categoría poblador, al interior del movimiento por la vivienda, refiere a un sujeto de derechos que nace de una doble condición: la de necesidad material y la de una movilización personal y colectiva por mejorar su situación de carencia. De tal manera, el poblador sería aquél que, buscando trascender las determinantes materiales que impone la pobreza, reivindica derechos para la obtención de mejores niveles de vida para su familia. Las palabras de Paula muestran una distinción generalizada en el discurso de los pobladores, la que establece una diferencia significativa entre un sujeto “poblador” que lucha por alcanzar sus aspiraciones y un sujeto “pobre” que, si bien comparte la condición de clase como el primero, difiere en los modos de enfrentar la pobreza: mientras el poblador buscaría salir de la pobreza, el pobre estaría voluntariamente sometido a ella.
Dicha dualidad debe entenderse menos como una distinción empírica que como un modo de significar la experiencia de los pobres en su diario vivir. La categoría poblador, al congregar ciertos elementos valorados positivamente por sociedad, permitiría articular entonces el despliegue de una subjetividad que dignifica a los pobres. Tal proceso de construcción estaría particularmente consolidado en instancias como los comités de allegados donde los pobladores hacen de su deseo por “salir adelante” una demanda política.14 Para los pobladores, el involucramiento en asambleas de vivienda y el ahorro familiar para postular a subsidios estatales —participación que puede extenderse por más de ocho años hasta la construcción de la vivienda— es visto como un proceso prolongado, fatigoso y muchas veces colmado de frustraciones que involucra un esfuerzo cotidiano en la familia. Consecuentemente, los valores asociados a la idea de sacrificio asumen una jerarquía discursiva entre los pobres de la ciudad al momento de comprenderse como pobladores.
En una vida cotidiana organizada en torno a las nociones de sacrificio y esfuerzo, no está sólo el deseo de subvertir las condiciones de existencia, sino también la formación misma del poblador como sujeto capaz de intervenir en la esfera pública y demandar derechos al Estado. Para los pobladores, la legitimación de sus derechos pasa por el reconocimiento de su condición agencial vinculada al ejercicio permanente de esos derechos. Dicho de otro modo, si los pobladores son capaces de reivindicar derechos es porque conciben que su demanda está directamente asociada al esfuerzo invertido en ella. El hecho de asistir asambleas o el gasto familiar para depositar mes a mes en la libreta de ahorros son vistos, por tanto, como elementos legitimadores de sus demandas. Rosa, otra participante del Comité de Allegados Don Bosco, plantea dicha problemática de esta manera: “Hay que luchar [por la vivienda] porque tampoco puede ser todo regalado… Aunque sea un derecho [tener una casa] también me tengo que sacrificarme para tenerla… Yo pienso que todo puede ser un derecho, todo, todo. Pero todo también hay que ganárselo” (4 de febrero del 2014).
Tal comprensión de los derechos está crudamente materializada en diversos comités de allegados de Santiago que disponen de mecanismos de evaluación de sus participantes donde aquellos que no se involucran decididamente en los asuntos comunes —por ejemplo, pago de cuotas, asistencia a marchas y asambleas— son moral y políticamente cuestionados. Las penas que pudimos constatar van desde simples acusaciones de “aprovechador” o “flojo” hasta la expulsión del comité.
El concepto de poblador —anclada en el reconocimiento del pobre como sujeto capaz de reivindicar derechos— albergaría aquellos valores socialmente aceptados mediante los cuales los pobres urbanos se conciben a sí mismos como actores políticos. Si la sociedad neoliberal segrega, margina y desmoviliza a amplios sectores de la población, la rearticulación de una subjetividad popular pobladora se vuelve una estrategia viable para, como en las décadas pasadas, interpelar al Estado. A continuación, discutiremos las formas en que ocurre dicha interpelación.
Tres componentes fundamentales enmarcan la relación que actualmente sostiene el movimiento por la vivienda con la política: (1) la construcción masiva de viviendas sociales en los años noventa, que redujo a la mitad el déficit observado a inicios de la década (Ducci 1997); (2) la reducción significativa de la pobreza desde el 40 por ciento al 14,4 por ciento en la actualidad (Ministerio de Desarrollo Social 2013);15 y (3) la reconfiguración de los partidos políticos en partidos de representación nacional y no sectorial (Baño y Faletto 1999). Todo aquello, sumado a la casi total vaporización de ocupaciones de suelo a gran escala, ha tenido como efecto una invisibilización de la acción de los pobladores en los últimos quince años. Este proceso ha sido acompañado de una reflexión sociológica prácticamente indiferente respecto a las formas de organización popular y su vinculación con la política.
Ahora bien, ¿cómo impactan las transformaciones señaladas anteriormente sobre la configuración de la politicidad popular (Merklen 2009)? Por una parte, la tesis de la despolitización se ha impuesto fuertemente entre algunos intelectuales (Baño 1985; Martínez y Palacios 1991; López 2005; Besoain 2012). Como destaca Oxhorn (2004), algo característico de la democracia chilena en la transición sería el operar prescindiendo de la existencia de un actor social popular. Como hipótesis auxiliar a esta tesis, encontramos la del clientelismo político (Barozet 2004; Moulián 2004; Arriagada 2013). Frente a la fragmentación de los mapas políticos tradicionales y al mejoramiento sustantivo de las condiciones materiales de la pobreza, los sectores populares habrían abandonado sus preocupaciones políticas comenzando a establecer relaciones de tipo clientelares con políticos de derecha y de centro izquierda. La idea matriz, desde esta perspectiva, es que los pobres intercambian su voto por un bien material o simbólico otorgado por un político profesional.
Más que cuestionar directamente estas propuestas, quisiéramos proponer una forma de relación más amplia entre los pobladores y la política. Nuestra hipótesis es que, sobre todo a partir de 1999, la lucha por la vivienda es el espacio a través del cual los pobladores movilizan una serie de acciones y críticas dirigidas contra el modelo de desarrollo, lo que redefine el conflicto que entablan con el Estado. En este marco, la lucha por el derecho a la ciudad, a la vivienda y la vida digna constituirán los horizontes materiales y normativos dentro de los cuales se inscribirá la acción del movimiento.
Trabajos etnográficos recientes (Han 2012; Murphy 2015) han destacado la importancia del término dignidad para los pobladores al momento de describir la trayectoria de sus barrios, especialmente en aquellos que resultaron de los procesos reivindicativos de los años sesenta y setenta. Para Edward Murphy (2015), dicho concepto es utilizado para aludir a las conquistas alcanzadas a través de la movilización en décadas pasadas y para criticar las condiciones de vida actuales, entendidas como indignas, fuertemente condicionadas por la segregación social. Sin embargo, tal como el propio autor señala, actualmente la búsqueda de una vida “dignificada” (Murphy 2015, 244) es un asunto fundamentalmente privado, que no se traduce en una demanda dirigida hacia el espacio público. A partir de nuestro trabajo, quisiéramos mostrar cómo el significante dignidad, si bien es empleado para representar la forma en que la exclusión social afecta la construcción de la identidad personal, constituye, al mismo tiempo, una pasarela semántica (Honneth 2010) para criticar el modelo de desarrollo chileno. En este sentido, el uso del vocablo dignidad no se restringe al ámbito privado (Angelcos 2012), pues permite la articulación entre los sentimientos de indignación (Boltanski y Chiapello 2010) que caracterizan el registro moral de los pobres urbanos y las demandas sociales y políticas del movimiento.
En un Congreso realizado por la FENAPO el 15 y 16 de enero del año 2011,16 delegados de las distintas organizaciones de pobladores discutieron las principales críticas a la política nacional de vivienda. La federación denunciaba la mala calidad de vida asociada a las soluciones habitacionales promovidas por el Estado. Aquí, los pobladores cuestionaron principalmente el hacinamiento sufrido debido al tamaño de las viviendas entregadas y la precariedad de las construcciones, un elemento que da cuenta del posicionamiento de esta organización en torno a calidad de los proyectos habitacionales del Estado.
Si bien las críticas tienen una dimensión material importante referida al tipo de vivienda ofrecida y la imposibilidad de acceder a terrenos bien localizados —hechos igualmente descritos por Castillo y Forray (2014)—, ellas hablan también de componentes morales asociados a la construcción identitaria de los pobladores (Honneth 2010).17 Es por ello que la tradicional demanda por vivienda pasa a ser concebida como una lucha por la “vivienda digna”. Aunque aquella exigencia se expresa en reivindicaciones tan concretas como el tamaño de la vivienda y su localización, éstas deben entenderse como el contenido de una lucha de mayor alcance contra, siguiendo a Honneth (2010), el desprecio del Estado a la capacidad de agencia de los pobladores. Es en dicho proceso donde el poblador se reconstruye como subjetividad política. Esto puede observarse en un comunicado del Movimiento de Pobladores en Lucha realizado el 2006, a propósito de la Nueva Política Habitacional propuesta por el primer gobierno de Michelle Bachelet: “La creación de esta nueva política, que aumenta considerablemente el monto del subsidio habitacional que entrega el Estado, ES PRODUCTO DE LA LUCHA DE LOS POBLADORES, que durante años nos organizamos y movilizamos por la vivienda digna en nuestras comunas, poniendo las demandas sobre la mesa de los gobernantes, exigiendo y ejerciendo nuestro derecho, incluso, a través de la toma de terrenos” (Movimiento de Pobladores en Lucha 2006, énfasis en el original).
El texto recién citado revela que, mediante la reivindicación por vivienda, el Movimiento de Pobladores en Lucha critica las precarias condiciones de vida de los pobres y el sufrimiento que trae consigo. De hecho, estas circunstancias son vistas como una condena que la política de vivienda se esfuerza en reproducir, aun cuando el gasto orientado a la subvención de la demanda haya aumentado “considerablemente”. La lucha, al contrario, aparece como el medio a través del cual los pobres devienen dignos: si la nueva política habitacional puede representar un avance relativo de las demandas de los pobladores, dicho avance solamente descansa en la movilización política.
Ahora bien, el acceso a la vivienda reclamado por los pobladores no se basa en una aspiración individual, tal cual como promueven las políticas de subsidio a la demanda impulsadas por el Estado, sino en la exigencia de un derecho que debe ser asegurado por éste. A diferencia del tratamiento de la vivienda como una mercancía que se subvenciona o como un bien directamente cedido, la concepción de ella como un derecho social supone una relación conflictiva con la política. A este respecto, un poblador nos entrega su opinión: “Esto primero parte por la vivienda… que es la necesidad básica de cada poblador… y de todas las personas, tengan plata o no tengan plata, sean ricos o pobres, todos tienen la necesidad básica de tener un lugar donde vivir. El que tú no tengas los recursos económicos para tener de forma inmediata tu lugar donde vivir no es justo” (Marcelino, Movimiento de Pobladores en Lucha de Peñalolén, 15 de noviembre del 2010).
Marcelino muestra cómo la condición de carencia material, tal cual como lo hemos planteado anteriormente, se relaciona directamente con la vivienda (“es la necesidad básica de cada poblador”); sin embargo, esta última aparece como un derecho universal que debe ser garantizado a todas las personas (“sean ricos o pobres”). Es sobre esta igualdad constitutiva de la vivienda como derecho que los pobladores pueden reclamar la injusticia que significa el ser excluido. La dignidad, de tal manera, es un significante que emerge en un contexto donde la igualdad puede ser reivindicada. Es precisamente a través de la demanda por un derecho a la vivienda digna que los pobladores pueden reclamar el igual respeto con el resto de la sociedad y, a partir de ahí, reclamar el derecho a una “vida digna”.
“Nosotros, efectivamente, queremos vivir acá en este lugar, donde nosotros nos hemos criado, tenemos nuestros lazos, y está nuestra gente… [Por eso] demandamos el derecho a la ciudad, [el derecho] de tener las casas en ese territorio… en la población San Ricardo específicamente”. (Arturo, Agrupación Techo Ahora de La Pintana, 24 de febrero del 2014).
Al revisar distintas declaraciones de la Federación Nacional de Pobladores o cualquier otro documento programático de los comités de allegados mayormente movilizados, resulta relevante apuntar que el “derecho a la ciudad” ha emergido con fuerza como una reivindicación que acompaña al reclamo por la vida digna y la demanda territorial de la FENAPO. La utilización discursiva del derecho a la ciudad nace, señalan los pobladores, del hecho que las políticas subsidiarias de vivienda les impedirían obtener soluciones habitacionales dignas en sus barrios de origen fomentando, por ende, el desarraigo de los allegados con sus comunidades.
Inicialmente propuesto por Henri Lefebvre (1996), el derecho a la ciudad es un concepto que se ha impuesto progresivamente en el análisis crítico de los conflictos urbanos. Hacia finales de los sesenta, Lefebvre afirmaba la necesidad de comprender desde una perspectiva marxista la aparición de lo que él llamó la sociedad urbana, a saber, una formación histórica donde la urbanización reemplazaría a la industrialización como el contenido y el significado de las relaciones sociales. En esa tarea, el filósofo francés usó el concepto de derecho a la ciudad para examinar la emergencia de una nueva política donde las reivindicaciones laborales propias de la ciudad industrial cederían en importancia ante demandas propias de un habitar urbano organizado por niveles crecientes de segregación.18
Aunque, argumenta Lefebvre (1996, 132), las ciudades son como obras de arte dispuestas a ser apropiada por sus productores, el avance de la industrialización —y la generalización de las mercancías que trajo consigo— transformó la relación existente de los habitantes con los espacios urbanos al intentar suprimir la ciudad como creación: “la racionalidad económica y productivista busca empujar más allá de sus límites la producción de productos (objetos intercambiables con valor de cambio) mediante la supresión de la obra [de arte]”. De esta manera, el derecho a la ciudad de Lefebvre busca restablecer la ciudad en tanto producto digno de ser producido y apropiado por los habitantes; de ahí que, sostiene él, éste comprenda el derecho a usar, habitar y representar el espacio así como el derecho a producirlo.
En las últimas décadas, un sinnúmero de trabajos académicos han hecho del derecho a la ciudad un marco de análisis para el escrutinio de movilizaciones sociales en distintas latitudes.19 Ante la constatación de que el derecho a la ciudad es reivindicado en una diversidad de contextos como medio para conseguir una multiplicidad de fines, se hace necesario problematizar los alcances políticos de dicho concepto. Para David Harvey (2012, 15), el concepto en cuestión es, en efecto, un “significante vacío” pues su cualidad referencial depende del contenido político específico que le suministren los movimientos sociales, no existiendo una definición normativa a priori del proyecto político asociado a las demandas por el derecho a la ciudad.
¿En qué consiste el derecho a la ciudad reivindicado actualmente por los pobladores que viven en condiciones de allegamiento? Primero, se trata de un reclamo efectuado por quienes, asumiéndose como depositarios de ciertos derechos territoriales, denuncian la negación de tales derechos por parte del Estado y sus políticas urbanas. Segundo, este derecho parece no tener un fin revolucionario de derribar el Estado —aunque sea éste el objeto de sus críticas—, sino de apropiarse de espacios sentidos como propios para darles un uso alternativo al otorgado por una urbanización neoliberal que los tranza en el mercado de suelos.
Ahora bien, ¿qué territorio es el que disputan los pobladores a través de la lucha por la vivienda digna? Como ya lo hemos esbozado, se refiere a la comuna donde los allegados han constituido sus trayectorias familiares y donde, por tanto, disponen de una suma de redes sociales que le facilitan su diario vivir. De hecho, la exigencia de derechos territoriales es frecuentemente argumentada con opiniones en torno a la inseguridad que provoca ver amenazada la estabilidad de las redes de apoyo familiares y vecinales. Dos citas ayudan a ilustrar la relación que, en el discurso de los pobladores, existe entre la demanda por derechos territoriales y la importancia de preservar las redes comunitarias ya construidas:
Toda la gente quiere quedarse en la comuna, no quiere salir de la comuna… Por ejemplo la gente que es de aquí de Peñalolén, los que han sido nacido, criados, todo eso, tienen como un derecho [a quedarse]… Acá todo el mundo te conoce y tú le conoces las “mañas” a todos en la población. (Claudio, Movimiento Pueblo sin Techo de Peñalolén, 24 de junio del 2014)
[El hecho de] haber nacido y haber tenido tu familia acá, tener tus redes sociales… Entonces, irme de esta comuna implica dejar de ver a mi familia, porque mi hermana vive aquí mismo… [implica] dejar el colegio de mi hijo, que yo encuentro que el colegio de mi hijo es gratis y es muy bueno, entonces igual yo quisiera seguir viviendo acá por eso. Además quiero estar cerca de mi hermana… uno nació aquí entonces qué injusto sería que [digan] “ya, todos ellos se van pa’ otro lado”, donde tú no conoces nada, donde no hay nadie conocido. (María José, Agrupación Techo Ahora de La Pintana, 23 de julio del 2014)
La reivindicación por el derecho a la ciudad, verbalizada en el deseo de quedarse en las comunas de origen, demuestra que la lucha de los comités de allegados es principalmente una lucha contra la segregación, el desarraigo y la imposibilidad de continuar trayectorias familiares estructurados territorialmente, fenómenos inducidos hace largo tiempo por la política habitacional chilena (sobre este último punto, ver más en Ducci 1997; Rodríguez y Sugranyes 2005; Castillo y Forray 2014). ¿Esto significaría, como lo han planteado algunos autores (Sabatini y Wormald 2004; Roberts y Portes 2006), el desplazamiento definitivo de los conflictos urbanos desde el problema de la vivienda hacia una lucha por la ciudad? La evidencia recabada no nos permite afirmar tal hipótesis. No se trata, sostenemos, de distinguir la dimensión espacial de los conflictos urbanos (posición relativa en la ciudad de quienes disputan el suelo urbano) de su dimensión de clase (acceso a equipamiento básico como la vivienda), sino de comprender cuál es la articulación entre ambas; esto es, cómo el movimiento por la vivienda se constituye también como una lucha por la ciudad al inscribir territorialmente sus exigencias al Estado. En ese sentido, nuestros hallazgos demuestran que la demanda territorial de la FENAPO es difícilmente administrable en un contexto donde, según afirma Pablo Trivelli (2011), el problema habitacional se deriva menos de la falta de suelo urbano que del encarecimiento sostenido de los terrenos.
La pregunta es, entonces, si efectivamente la lucha por el derecho a la ciudad representa un punto de quiebre para el movimiento o si ya estaba presente en los ciclos de protesta anteriores. En principio, hay ciertos elementos que nos permiten plantear una cierta continuidad respecto a periodos precedentes. De hecho, señalamos previamente que las ocupaciones de suelo desarrolladas desde los años cincuenta tuvieron la capacidad de cambiar la fisonomía de la ciudad transformando, de acuerdo a los intereses de los sin casa, las jerarquías urbanas. ¿Entonces dónde radicaría lo nuevo? El cambio fundamental que se vislumbra en la actualidad estaría, como se explicita más arriba, en que las tomas de terreno y la producción popular del espacio ya no serían el mecanismo de subjetivación principal utilizado por los pobladores, aun cuando siga siendo parte de su repertorio de acción. Así, es significativo destacar que, desde 1999 —año de la última gran ocupación de suelos en Santiago (Salcedo 2010)—, los pobladores demandan al Estado, a través de comités de allegados y otros mecanismos formales de participación ciudadana, su sitio en la ciudad.
La vida digna es la que nosotros queramos, la que uno dibuja, uno mismo… Si queremos casas cuadradas, redondas, chicas; si las construimos todas juntas, todas separadas; si tenemos el parque al medio o en la esquina… la vida digna la construimos nosotros, nosotros con los derechos que el Estado debiese garantizarnos. (Pilar, Agrupación Techo Ahora de La Pintana, 4 de julio del 2014)
Tal como señalamos al comienzo de esta sección, el significante dignidad permite establecer una pasarela semántica entre los distintos sentimientos de indignación que estructuran el repertorio moral de los pobladores y las diferentes críticas que realiza el movimiento al modelo de desarrollo en Chile. Consecuentemente, la reivindicación por la vida digna aparece como el horizonte normativo que da sentido a la lucha por la vivienda y la ciudad, más allá de su dimensión estrictamente material.
En un documento programático del Movimiento de Pobladores en Lucha, se define a la vida digna como el horizonte político del movimiento: “La vida digna no es vivir mejor que otros o vivir mejor que antes, sino es una opción que se expresa en el reconocimiento del comportamiento, de la diversidad y la experiencia de vida de nuestros pueblos. Esta no representa un ideal externo, sino un horizonte construido desde la propia gente, de sus sueños, deseos y anhelos de vivir bien”. Así concebida, la vida digna opera como un referente normativo para designar la “vida buena” (Honneth 2010) que está detrás de los distintos significados de dignidad que moviliza el movimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las características del “reconocimiento del comportamiento, de la diversidad y la experiencia de vida de nuestros pueblos”? Un componente fundamental, tal cual fue caracterizado por distintos sociólogos en los años ochenta (Baño 1985; Campero 1987; Dubet et al. 1989), sería la colectividad, es decir, la comunidad tanto como soporte de la experiencia de la pobreza como horizonte donde los pobladores pueden reconocerse:
Nosotros estamos en un primer plano peleando, luchando por la vivienda digna pero más allá de la vivienda digna hay algo que es más importante que la vivienda digna, que es la vida digna… la vida digna es esto que estamos haciendo nosotros: juntarnos, organizarnos y luchar porque seamos una mejor sociedad, eso es digno… el deseo de formar una comunidad diferente. (Héctor, Movimiento de Pobladores en Lucha de Santiago Centro, 12 de noviembre del 2010)
Luchar en conjunto y organizarse representaría una posibilidad de recuperar los componentes comunitarios presentes en la historia del pueblo chileno y que estarían siendo actualmente amenazados por los principios individualistas que estructuran su modelo de desarrollo. Si se recupera esta dimensión comunitaria de la experiencia social, dicen los pobladores, se puede aspirar a una vida digna. Detrás de la lucha, se encontraría el deseo de formar una comunidad diferente. Quisiéramos, por tanto, cuestionar la interpretación que la sociología le dio tradicionalmente a la lógica de acción comunitaria que orienta al movimiento. Las diferentes investigaciones realizadas en los años ochenta parecerían sugerir que la lógica comunitaria es sobre todo una lógica defensiva, provocada por la situación de exclusión social y política sufrida bajo la dictadura, lo que impediría el desarrollo de una acción política de carácter instrumental. Si bien consideramos que efectivamente la comunidad es un soporte fundamental desde el punto de vista material e identitario, ésta nutre el proyecto afirmativo promovido por las distintas organizaciones de pobladores. A diferencia de las orientaciones tradicionales de los partidos de izquierda, las nuevas organizaciones critican la estructuración de lo social y lo político desde una perspectiva distinta cuyo horizonte ético es la comunidad.
La vida digna, en tanto elemento afirmativo de la lucha de los pobladores, es así un horizonte que da sentido a los niveles anteriores y que permite abandonar, al menos parcialmente, el carácter particular de la demanda por vivienda. Es en ese ejercicio que los pobladores buscan articularse con otros actores sociales en la promoción y defensa de valores comunitarios negados por la racionalidad de mercado que estructura el modelo de desarrollo chileno. Sin embargo, es justamente aquí donde el movimiento de pobladores no muestra la misma capacidad de transformar el sistema político que en períodos anteriores; de ahí la relativa invisibilización de su existencia.
Este artículo ha intentado dar luces sobre el estado actual del movimiento de pobladores en cuanto al contexto de su reemergencia, la naturaleza de su demanda, así como las formas en que éste se despliega políticamente. Para ello, optamos por asumir la continuidad histórica de las reivindicaciones urbanas de las últimas seis décadas, poniendo el acento en la serie de transformaciones observables a nivel de repertorios de acción y de la subjetividad política que ha resultado de dichas movilizaciones. En tal dirección, buscamos relevar el carácter político de la categoría poblador el que, empleado en las luchas actuales por vivienda digna, permite la constitución de un sujeto de derechos capaz de interpelar al Estado. En ese contexto, el uso de los significantes esfuerzo y lucha en el lenguaje político de los pobladores no debe entenderse como la internalización pasiva de categorías moralizantes que inspiran los programas sociales contra la pobreza (Han 2012). Más bien, su empleo es expresión de una reapropiación discursiva que, lejos de reproducir las orientaciones individualistas de las políticas de corte neoliberal, opera sobre la base de una movilización colectiva por derechos urbanos.
Hemos señalado que las reivindicaciones actuales de los pobladores, ejecutadas mediante mecanismos formales de participación regulados por el Estado, se organizan fundamentalmente en torno a la demanda por subsidios habitacionales así como por derechos territoriales. Tal fenómeno, aunque marca una diferencia substancial con las protestas de los sesenta y setenta, no ha implicado necesariamente una moderación del contenido de la demanda. El reclamo por el derecho a la ciudad, la vida y la vivienda digna realizada desde dichas instancias, revela no sólo una reformulación del tradicional derecho a la vivienda, sino también las limitaciones intrínsecas de un modelo subsidiario que construye soluciones habitacionales masivamente a expensas de segregar a los pobres. En ese sentido, la demanda territorial exigida por la FENAPO resulta difícil de gestionar cuando el modo de hacer ciudad está sustentado en la especulación del suelo urbano.
En la misma línea, es importante destacar cómo en los últimos años el problema de la segregación asociada a la desregulación del mercado del suelo ha sido relevado como un tema de interés en la agenda política nacional. Prueba de ello es el informe “Propuestas para una Política de Suelo para la Integración Social Urbana” redactado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno de Chile. Aunque dicho texto no plantea un cambio estructural en la relación entre mercado y Estado, sí enfatiza la necesidad de potenciar el rol del segundo tanto en términos de inversión como de regulación con el fin de evitar la expulsión de “los pobres fuera de los límites de las ciudades” (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 2015, 13).
Sobre la base de lo aquí expuesto, discrepamos con trabajos como los de Özler (2012), para quien la expansión de comités de allegados no representa sino un mecanismo efectivo de incorporación de los pobres a la burocracia estatal. Al contrario, hemos demostrado que el uso estratégico del aparato estatal es, en efecto, una de las principales modalidades de acción contenidas en el repertorio de los pobladores. Está por verse, eso sí, la trascendencia de los pobladores para incidir en el sistema político en instancias supra-sectoriales. Aunque las acciones de ciertas organizaciones de la FENAPO demuestran un interés por plantear una lucha que supere las reivindicaciones urbanas, su cometido —aún acotado en el tiempo— impide un análisis mayor sobre los alcances de dichas iniciativas.
1Nos referimos a los campamentos Esperanza Andina (1992) y la Toma de Peñalolén (1999; ver más en Salcedo 2010).
2Entre 2010 y 2014, los autores realizaron más de ochenta entrevistas en profundidad así como observaciones participantes en distintas organizaciones territoriales afiliadas a la FENAPO como el Movimiento Pueblo Sin Techo (Peñalolén), el Movimiento de Pobladores por la Dignidad (Lo Barnechea), el Movimiento de Pobladores en Lucha (Peñalolén, Santiago Centro y San Joaquín), el Comité de Allegados Don Bosco (La Florida) y la Agrupación Techo Ahora (La Pintana).
3Asambleas de vivienda normadas por la Ley N° 19.418 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. Los comités de allegados existen, por tanto, como organizaciones funcionales mediante las cuales las familias vulnerables postulan a subsidios estatales.
4Esta heterogeneidad puede resultar de dos factores interrelacionados: el primero, se refiere a la excesiva focalización del gasto social lo que ha implicado la progresiva marginación de familias vulnerables de subsidios habitacionales. El segundo factor se relaciona a la expansión del crédito entre las capas populares (ver más en Han 2012) y cómo esto habría permitido el acceso a la vivienda a familias cercanas a la situación de pobreza aun cuando no puedan pagar la deuda asociada.
5Hacia 1960 el déficit habitacional alcanzaba las 488.574 unidades a nivel nacional (Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano 1972).
6En efecto, para el historiador Mario Garcés (2002) el concepto mismo de poblador no surge sino por el rol de la sociología funcionalista y su interés por explicar la irrupción de conflictos propios de la ciudad latinoamericana.
7Las erradicaciones, orientadas fundamentalmente a abrir terrenos con alto potencial económico al mercado inmobiliario, significaron el desplazamiento forzado de 187.000 personas entre 1979 y 1984 (Dubet et al. 1989).
8De acuerdo a Allison Bruey (2012), la política inicial de la dictadura para con los pobladores no incluyó sólo acciones coactivas sino algunos intentos por exponer, vía propagandísticas visitas a campamentos, una preocupación genuina por los pobres. En su opinión, en los primeros meses el régimen militar buscó manejar la crisis de vivienda a nivel “material y político-cultural” (Bruey 2012, 531), lo que, sin embargo, resultó cada vez más complejo debido a la inexistencia de un plan coherente de vivienda.
9La demanda por la vivienda no estuvo totalmente ausente, hecho demostrado en la aparición de los campamentos Raúl Silva Henríquez y Francisco Fresno en 1983 en la actual comuna de La Pintana. Sin embargo, la emergencia de campamentos fue más bien la excepción que la regla durante este ciclo de movilización.
10Segun Maria Elena Ducci (1997), a comienzos de los años noventa, el déficit de vivienda llegaba a las 800.000 unidades.
11De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica de 2013, el déficit habitacional de viviendas sociales asciende a 459.347 unidades (Ministerio de Desarrollo Social 2013).
12Para precisar esta afirmación, nos referimos a tomas que, primero, son fruto de una acción colectiva deliberada y, segundo, que dan vida a campamentos que sirven como residencia permanente para sus habitantes.
13Usamos el adjetivo vulnerable para seguir el lenguaje utilizado por la Ficha de Protección Social, a saber, un instrumento de caracterización usado por el Estado de Chile para focalizar la asignación de prestaciones sociales. La “Ficha”, como popularmente se le conoce, es una encuesta que permite medir los distintos niveles de carencia de las familias que la solicitan en base a ciertos puntajes de corte. Una vez obtenidos los puntajes, las familias pueden hacer uso de las distintas prestaciones estatales —como los subsidios habitacionales— de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.
14Los pobladores, siguiendo el trabajo de Caroline Moser (2011), desarrollarían entonces estrategias de acumulación de activos (assets) no sólo mediante la búsqueda de satisfacción de necesidades básicas como la vivienda, sino gracias a la elaboración de una demanda ciudadana que busca asegurar la permanencia de los derechos conquistados.
15Es preciso destacar que esta medición se realiza a nivel de ingreso. Desde el año 2013, la medición incorpora una concepción multidimensional de la pobreza (que incluye educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda) donde esta alcanza el 20,4 por ciento (Ministerio de Desarrollo Social 2013).
16Este Congreso se realizó en la Comuna de Dichato en la Octava Región, en el cual participaron distintas organizaciones, tanto de allegados (Movimiento de Pobladores en Lucha, Movimiento del Pueblo Sin Techo, Comité de Allegados Don Bosco, entre otros), como de deudores habitacionales (ANDHA Chile a luchar democrático) y damnificados por el terremoto del 27 de febrero del 2010 (Movimiento por una Reconstrucción Justa). Se realizó en dicha comuna dado que fue la más afectada por el terremoto el año anterior lo que implicó, además de los costos de vida y materiales asociados, la reaparición del conflicto por la vivienda.
17Por componentes morales, Honneth (2010) alude a que la identidad personal, para realizarse, debe ser reconocida por el resto de la sociedad en tres niveles distintos, a saber el amor, la estima social y el derecho. En este sentido, la injusticia que implica la falta de reconocimiento es experimentada por el individuo como un agravio moral, es decir, como una amenaza hacia la realización de su identidad.
18La segregación urbana, dice Lefebvre, demuestra la incapacidad de los grupos subordinados de ejercer hegemónicamente el poder en la producción de los espacios urbanos. Para él la vida cotidiana revelaría su carácter de clase mediante la separación clasista de momentos, rutinas y actividades en el diario vivir. De ahí que lo que denomina “estrategia urbana” —esto es, una crítica radical de lo urbano, de sus ideologías y prácticas— es fundamentalmente una crítica a la vida cotidiana (ver más en Lefebvre 2003, 135–150).
19Algunos de ellos son José Castillo (2001) en México; Don Mitchell (2003), Peter Marcuse (2009) y David Harvey (2012) en Estados Unidos; James Holston (2008) en Brazil; y Mona Fawaz (2009) en Líbano. Para un análisis comparado, ver la compilación de Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (2010).
Agradecemos el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), CONICYT/FONDAP/15130009, así como a los revisores anónimos de LARR. Nicolás Angelcos agradece también el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), Postdoctorado nº 3160542. El orden de aparición de los autores es puramente alfabético. Ambos contribuyeron en las mismas proporciones en la elaboración de este artículo.
Nicolás Angelcos holds a PhD in sociology from the École des Hautes Études en Sciences Sociales. He is a professor in the Department of Sociology at the Universidad Andrés Bello (Chile) and an adjunct researcher at the Center for Social Conflict and Social Studies (COES), based in Santiago, Chile. He is currently carrying out postdoctoral research funded by the National Fund for Scientific and Technological Development, FONDECYT (Chile). His research focuses on poverty, urban conflicts, collective action, and political subjectivation. He is the author of “L’«expérience participative» des pobladores au Chili: Entre résistance aux modes de gestion de la pauvreté et nouvelles formes de politisation” (2014, cowritten with Marie-Christine Doran) and “Lucha por la vivienda y politización de las trayectorias individuales” (2012).
Miguel Pérez holds a PhD in anthropology from the University of California, Berkeley. He is a professor in the Department of Anthropology at the Universidad Alberto Hurtado (Chile) and an adjunct researcher at the Center for Social Conflict and Social Studies (COES) based in Santiago, Chile. His research focuses on subject and agency, urban citizenship, discourse and performativity, and right-to-the-city protests in Santiago, Chile. His dissertation analyzes ethnographically and historically the relationship between performative practices of city making and the constitution of political subjectivities among Chilean pobladores. He is the author of “A New Poblador Is Being Born: Housing Struggles in a Gentrified Area of Santiago” (Latin American Perspectives, 2016) and “Ciudadanía urbana y derecho a la ciudad: Hacia una política del habitar.”
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