El delegado responsable de la Oficina Social de la Vivienda de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha dado a conocer los resultados del análisis y diagnóstico que se ha realizado, desde el Área de Bienestar Social, para determinar cómo está funcionando la misma y qué actuaciones ha llevado a cabo hasta la fecha.
Sánchez ha recordado que “la Oficina ha asumido competencias en materia de gestión, mediación y asesoramiento para demandantes de vivienda pública de ámbito autonómico, provincial y local mediante los convenios que suscribimos con los ayuntamientos”.
En este sentido, ha señalado que “tenemos firmados 33 convenios con municipios aunque pretendemos llegar a todos porque una de las cuestiones que hemos observado es que los fines de la oficina eran para algunos desconocidos”.
Por otro lado, el también presidente del IPBS ha explicado que “desde la Oficina Social de la Vivienda seguimos trabajando con las entidades bancarias; ahora mismo lo hacemos con Cajasur, para cesión de pisos para alquiler social y en temas como la mediación ante procesos de impago, pero queremos contactar con más entidades sociales”.
Otra de las cuestiones anotadas tras el análisis realizado, ha continuado Sánchez, es que “tenemos que reforzar nuestra colaboración con el tercer sector”. Así, ha subrayado que “aunque tenemos convenio con Anfane, necesitamos ampliar a otras entidades para alcanzar los objetivos que nos proponemos en materia de vivienda”.
En temas de mediación y asesoramiento, el responsable de la Oficina ha recordado que “hay acuerdos en la actualidad con los Colegios de Abogados de Córdoba y Lucena porque esta materia es cambiante y compleja y se hace necesaria una formación sobre cuestiones como moratorias de hipotecas, reestructuración de deudas, cláusulas abusivas, etc”.
El diputado provincial se ha referido, además, a la necesidad de incrementar las ayudas al alquiler para inquilinos de vivienda protegida, “puesto que son pequeñas, de unos 26.000 euros, y además se desconocen”. “Nuestro objetivo es potenciarlas y difundirlas para que los vecinos y vecinas puedan beneficiarse de ellas”.
Por último, el también presidente del IPBS ha manifestado que “una vez hecho el diagnóstico, estamos trabajando en los mecanismos para poder construir nueva vivienda pública y otra cuestión importante, ver la posibilidad de avanzar en la rehabilitación de viviendas, uno de los problemas que nos trasladan los alcaldes al encontrarse con muchos inmuebles vacíos en sus municipios”.
“Estamos viendo la posibilidad de trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos y otras instituciones para rehabilitar viviendas o poner en marcha viviendas cooperativas en otros inmuebles”, ha señalado. Finalmente, ha explicado que “se ha solicitado una reunión con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para trasladarles este diagnóstico y para buscar soluciones conjuntas a los problemas de la vivienda social”.
Sánchez ha recordado que la Oficina Social de la Vivienda depende del Área de Bienestar Social y trabaja en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), en cuyas instalaciones de la calle Buen Pastor se ubica.
Sánchez ha recordado que “la Oficina ha asumido competencias en materia de gestión, mediación y asesoramiento para demandantes de vivienda pública de ámbito autonómico, provincial y local mediante los convenios que suscribimos con los ayuntamientos”.
En este sentido, ha señalado que “tenemos firmados 33 convenios con municipios aunque pretendemos llegar a todos porque una de las cuestiones que hemos observado es que los fines de la oficina eran para algunos desconocidos”.
Por otro lado, el también presidente del IPBS ha explicado que “desde la Oficina Social de la Vivienda seguimos trabajando con las entidades bancarias; ahora mismo lo hacemos con Cajasur, para cesión de pisos para alquiler social y en temas como la mediación ante procesos de impago, pero queremos contactar con más entidades sociales”.
Otra de las cuestiones anotadas tras el análisis realizado, ha continuado Sánchez, es que “tenemos que reforzar nuestra colaboración con el tercer sector”. Así, ha subrayado que “aunque tenemos convenio con Anfane, necesitamos ampliar a otras entidades para alcanzar los objetivos que nos proponemos en materia de vivienda”.
En temas de mediación y asesoramiento, el responsable de la Oficina ha recordado que “hay acuerdos en la actualidad con los Colegios de Abogados de Córdoba y Lucena porque esta materia es cambiante y compleja y se hace necesaria una formación sobre cuestiones como moratorias de hipotecas, reestructuración de deudas, cláusulas abusivas, etc”.
El diputado provincial se ha referido, además, a la necesidad de incrementar las ayudas al alquiler para inquilinos de vivienda protegida, “puesto que son pequeñas, de unos 26.000 euros, y además se desconocen”. “Nuestro objetivo es potenciarlas y difundirlas para que los vecinos y vecinas puedan beneficiarse de ellas”.
Por último, el también presidente del IPBS ha manifestado que “una vez hecho el diagnóstico, estamos trabajando en los mecanismos para poder construir nueva vivienda pública y otra cuestión importante, ver la posibilidad de avanzar en la rehabilitación de viviendas, uno de los problemas que nos trasladan los alcaldes al encontrarse con muchos inmuebles vacíos en sus municipios”.
“Estamos viendo la posibilidad de trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos y otras instituciones para rehabilitar viviendas o poner en marcha viviendas cooperativas en otros inmuebles”, ha señalado. Finalmente, ha explicado que “se ha solicitado una reunión con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para trasladarles este diagnóstico y para buscar soluciones conjuntas a los problemas de la vivienda social”.
Sánchez ha recordado que la Oficina Social de la Vivienda depende del Área de Bienestar Social y trabaja en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), en cuyas instalaciones de la calle Buen Pastor se ubica.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL