#Paro20S: La plaza vuelve a llenarse, esta vez en dos tiempos
#Paro20S: La plaza vuelve a llenarse, esta vez en dos tiempos
Decenas de miles de personas se sumaron en toda Guatemala al paro nacional contra la corrupción del miércoles 20 de septiembre. La protesta evidenció dos modelos de movilización y unas propuestas que coinciden en mínimos, pero que no llegan a cohesionarse en un contexto de efervescencia. Mientras, el Congreso se prepara para un nuevo e incierto debate sobre el antejuicio a Jimmy Morales que puede quedar en nada. Es la tercera jornada de reivindicación masiva en una semana.
“Estamos de luto. No tenemos Gobierno ni diputados”. Un joven con el rostro precariamente cubierto, que solo se identifica como estudiante de la Universidad San Carlos, explica por qué han decidido izar una bandera de Guatemala en la que el azul ha sido sustituido por el negro. Estamos en la plaza de la Constitución, son las 15:50 horas del miércoles 20 de septiembre, y miles de personas graban con sus celulares la escena. Las vuvuzelas no dejan de sonar. Estamos ante uno de los pocos sucesos, entendido como “cosa que ocurre” de una jornada de paro nacional que dio todo lo que se podía esperar de ella: fue masiva, fue pacífica y demostró hasta qué punto los diputados calcularon mal en el momento en el que aprobaron las reformas del Código Penal que permitían la impunidad de la corrupción. Buceando a través del gentío que se concentró durante todo el día frente al Palacio Nacional de la Cultura, aparecen otros dos elementos. Por un lado, que la protesta, a pesar de que a simple vista fue una sola, en realidad tuvo lugar en dos tiempos, en dos bloques claramente definidos y claramente diferenciados: el liderado por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), netamente indígena, rural y pobre; y el encabezado por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la San Carlos, de un carácter más capitalino, más de clase media. Por otro, que al margen de las consignas de indignación, la experiencia de 2015 llevó a muchos de los descontentos a revisar lo aprendido y plantear medidas concretas para que no ocurra lo mismo que hace dos años, que tras lograr que la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina renunciasen a sus cargos, una multitud tenga que volver a tomar las calles para protestar contra la corrupción y exigir que su sucesor, Jimmy Morales, lleve su mismo camino.
La marcha principal se desarrolló en la capital, aunque también en otros lugares del interior se registraron protestas masivas: San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Alta Verapaz, Huehuetenango, Ixcán, Jutiapa, Antigua... Según cálculos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), unas 205 mil personas habrían tomado parte en alguna de las movilizaciones en todo el país —125 mil en la capital, y 80 mil en el resto del país—.
“Estamos para acuerpar las demandas de la población y hacer sentir nuestra voz. Esta clase política no nos representa, nunca lo ha hecho. Necesitamos cambios profundos. Como población estudiantil abanderamos iniciativas para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, exigimos que avance el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y que los diputados que votaron a favor de las reformas renuncien, en especial los cuatro que promovieron esa iniciativa de ley”. Lenina García, recientemente elegida secretaria general de la AEU, explica las tres demandas que resumen la convocatoria. No son ni las 9:00 de la mañana y ya miles de personas están reunidas en el campus de la Universidad San Carlos para comenzar la caminata. No llegarán a la plaza hasta pasadas las 14:00 horas.
“Exigimos la renuncia del presidente, del vicepresidente y de los diputados. Además, hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional, porque si no, se está remendando lo que ahora mismo está”. Miguel De León, alcalde indígena de Nebaj, pone sobre la mesa una de las líneas estratégicas de Codeca que se extiende entre los sectores indígenas y campesinos. Son las 14:30 horas y, al mismo tiempo en el que los estudiantes siguen llegando a la plaza, De León comienza el camino de regreso. Son más de siete horas de tránsito hasta su aldea, y junto a los comunitarios con los que se ha desplazado a la capital tocan retirada.
Ambas escenas sirven para explicar dos fenómenos. Por un lado, el de la separación física. Las cuatro columnas de Codeca y la marcha de los estudiantes, que recoge también a otros sectores de la capital, transcurrieron juntas, aunque no revueltas. De hecho, casi dio la sensación de que se diesen el relevo. Por la mañana, los indígenas tomaron la plaza. Para las 13:00 horas ya habían cerrado sus discursos en la tarima instalada frente al Congreso. Por la tarde, acompañando a los estudiantes (de la USAC, pero también de la Rafael Landívar o la Universidad del Valle, así como empleados de pequeñas empresas), los alrededores del Palacio Nacional tenían un carácter marcadamente urbano. Dos puntos en común: la imaginación en los carteles, más localizados en los diputados departamentales en el caso de la población indígena y con un carácter más general en el de los capitalinos, y el inagotable sonido de las vuvuzelas, eterna banda sonora de la protesta. En su comparecencia del jueves pasado, los estudiantes solicitaron un uso “moderado” de estos artilugios. Una vez en la protesta, resulta incontrolable. Más aún cuando es uno de los productos estrella de los vendedores informales.
Regresando a esos dos tiempos de la marcha, una reflexión. Quizás, a estas alturas, esa separación, que no es un abismo ya que existen vasos comunicantes, es inevitable. Quizás, también, en esos lugares en los que ambos bloques confluyen, se encuentre la alternativa, la respuesta a la pregunta que muchos manifestantes, de todos los signos, se hacen: ¿Y ahora qué?
Primer tiempo dividido en dos: caminando desde la USAC y bailando con “La batucada del pueblo”
“El Congreso aprobó leyes por la impunidad, demostraron que no están con el pueblo de Guatemala. O son corruptos o son incompetentes. No les vamos a aceptar. Para los que vengan, sentamos un precedente”, dice Jesús González, estudiante de Ingeniería de la USAC. Acaba de comenzar la marcha y todavía hay fuerzas para recorrer los ocho kilómetros que quedan por delante. La victoria de la plancha Frente, liderada por Lenina García, es un hito. Se marcha contra la corrupción, pero hay una parte de orgullo, como si los estudiantes regresasen a ese lugar histórico de vanguardia ante la protesta. “Esto no había ocurrido en los últimos 17 años en los que la AEU estaba cooptada por la mafia”, dice una joven, sacando fotografías de la cabecera y con gesto de reafirmación. Un detalle que muestra que los procesos son complejos: la víspera, en la sede de la asociación universitaria, todavía se encontraban sus antiguos inquilinos. “Por ahora utilizamos sedes de asociaciones afines”, explicaba Samantha Sygier, responsable de la comisión de asuntos internacionales de la AEU. La última vez que se vio a la AEU convocar a los estudiantes de forma masiva a una manifestación en la Plaza de la Constitución, fue el 29 de diciembre de 1996, el día en que se firmaron los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla.
La arrogancia de los diputados ha sido la principal gasolina que ha incendiado las ganas de protestar. Así podía comprobarse en las mantas y carteles que portaban los manifestantes. Una de las frases de cargos políticos que más terreno ha abonado para la sátira es la de Javier Hernández, jefe de bancada del partido oficial FCN-Nación, quien la víspera había afirmado que “no por 20 tuiteros con 200 cuentas” sacrificarían al presidente Morales y la institucionalidad del país, en relación con su rechazo a la petición de que los 107 diputados dejen su cargo. Estudiantes de Comunicación caminaban con una manta en la que le saludaban: “Javier, aquí están los 20 tuiteros”, y detrás de ellos miles de miles de universitarios.
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La sucesión de los hechos ya se ha narrado. También la lista de agravios. Así que parece más sensato centrarse en lo novedoso. Como la figura de Lenina García, como representante de una nueva generación de estudiantes. Más allá de lo simbólico, su traducción es práctica. Una de sus principales reivindicaciones es la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos. Aquí debería jugar un papel clave la Universidad de San Carlos, que tiene potestad para presentar iniciativas de ley ante el Congreso. En este ámbito se están desarrollando diversas iniciativas. Por un lado, la propia AEU, apoyada por abogados afines, prepara una comisión de diálogo para presentar un proyecto. Maynor Berganza, profesor de Derecho, explica que se realizará un llamamiento desde el Foro de Derecho dirigido a la asamblea de estudiantes y a representantes de movimientos sociales para consensuar un texto. En tiempos de efervescencia, las iniciativas se multiplican y encontrar la coherencia suele ser una empresa titánica.
En su larga caminata hacia el centro, la marcha de estudiantes también dejó patente su rechazo al tratamiento que los canales de televisión abierta del país, propiedad del magnate mexicano Ángel González, han mantenido sobre las protestas. Por la mañana, un equipo del Canal 3 se acercó a la cabecera de la marcha. Fue recibido por gritos de “Canal 3, Canal 7, engañan a la gente”. A lo largo del día, estos medios, al igual que Radio Sonora y TN23, también propiedad de González, se esforzaron por reducir la cantidad de manifestantes, insinuar “posibles” brotes de violencia y destacar el “fracaso” del paro.
Aunque en la plaza se pudieron establecer dos tiempos diferenciados según las personas que protagonizaban la protesta, la caminata es algo que iguala. Así que, mientras los estudiantes de Derecho marchaban tras una furgoneta roja desde la que se escuchaba a Quilapayún, a escasos metros aparecía una pancarta de vecinos de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, señalando a los diputados departamentales y recordándoles que no son bienvenidos en la comunidad. Este, el de cómo los asambleístas son recibidos en su lugar de origen, es un asunto del que nos ocuparemos más adelante.
Ahora realizaremos un salto en el tiempo. Son las 16:30 horas y en la plaza, además de las vuvuzelas, suena “La batucada del pueblo”, que ha convertido el espacio ubicado frente al doble cordón policial en una fiesta-reivindicación. En las gradas, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, era un hombre solicitado. Le pedían fotografías, le saludaban desde el otro lado de la barrera de la PNC. Sonriente, el Ombudsman se felicitaba de que no se hubiesen registrado incidentes y remarcaba que los descontentos no son violentos, drogadictos o bolos, como se les había señalado. Eludió hacer consideraciones políticas, señalando únicamente que si se habían producido las últimas protestas (con las del 14 y 15 de septiembre llevamos tres jornadas), era por la acción del presidente, Jimmy Morales, y de los diputados. “Si saben leer la situación, todo regresará a la normalidad”, consideró.
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Frente a Rodas, aunque al otro lado del cordón, se encontraba Adrián Chávez, ex viceministro de Salud, quien dimitió junto a la titular de la cartera, Lucrecia Hernández Mack el 27 de agosto. Se sumaba a las reclamaciones de la protesta y reconocía que, aunque la decisión de abandonar el ministerio fue “difícil”, consideraba que “con instituciones débiles” resultaba imposible desarrollar los planes sanitarios que le llevaron al gabinete. Aunque tarde en su opinión, consideraba que la dimisión de los ministros de Finanzas, Trabajo y Gobernación, dejaban a Jimmy Morales al frente de una administración sin “coherencia”.
La gran pregunta es ¿qué ocurrirá tras la demostración de fuerza de la marcha? La respuesta, en parte, la tienen los diputados. La votación sobre el antejuicio a Jimmy Morales puede ejercer como bálsamo ante las protestas o, por el contrario, incrementar la escalada.
Marcha matutina y Asamblea Nacional Constituyente
“Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”. Este lema se escuchaba durante las caminatas que las cuatro columnas de Codeca dirigieron hasta el centro de la capital. Ellos fueron los primeros que convocaron la protesta, que el efecto dominó convirtió en paro nacional, pero mantienen su propia agenda. Que llegasen antes y se marchasen más temprano tiene un elemento práctico indiscutible. Muchos de los asistentes a la marcha proceden de regiones alejadas de la capital, habían realizado un largo trayecto y todavía tenían por delante horas de autobús. Dos diferencias centrales: la demanda explícita de una Asamblea Nacional Constituyente y el señalamiento directo de los diputados departamentalees.
La primera tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la sensación de que las protestas de 2015 han llevado al país a un bucle, en el que las caras cambiaron pero los problemas se repiten. Por otro, las condiciones objetivas, que son completamente diferentes (y más duras) en el campo y que les lleva a exigir una presencia en la vida pública de la que siempre han sido excluidos.
La segunda es obvia: la cercanía a los diputados permite otro nivel de presión. En la marcha se pudieron ver muchísimos carteles en los que se señalaba con nombres y apellidos a los legisladores distritales. Aunque también hay dudas. Hay quien, conociendo la realidad de su territorio, se pregunta si es efectivo sustituir a A por un B con peor historial que su antecesor.
“La Asamblea Nacional Constituyente y Plurinacional es el modo de lograr cambios profundos en el país”, afirma Rigoberto Juárez, antiguo líder comunitario en Huehuetenango. Considera que “ninguno de los poderes” representa a la población indígena. Analiza la situación actual en clave de disputa entre “oligarquía, cúpula militar y crimen organizado”. Y considera que la idea de una asamblea que refunde por completo el Estado empieza a calar en sectores capitalinos, que antes no se sentían tan emplazados por esta reivindicación.
En este asunto, tanto Juárez como previamente Miguel De León apuntan a la dificultad de que los mismos diputados a los que se quiere apartar sean los que tengan que aprobar tanto la una reforma de la Constitución (más compleja) como la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que permitiría que aire fresco entrase al Congreso. En la misma línea, aunque desde la posición de ciudadanas que han acudido a la marcha y que también estuvieron en 2015, Lisbeth de Mejía y María Cecilia Aguilar lamentan que la actual normativa ejerce como barrera para personas preparadas que sí podrían aportar al país. Aquí tenemos un punto de encuentro.
La participación de Codeca en la manifestación enardeció a decenas de capitalinos de clase media que en las redes sociales exhortaban a la unidad y la participación cívica de “todos” los guatemaltecos, pero que rechazaban la presencia de los campesinos. “Son vándalos ladrones de electricidad que participan en estos movimientos para legalizar su criminalidad”, escribió en un tuit la periodista Paola Hurtado.
La tercera dimensión, la pugna en las instituciones
En la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la Alianza por las Reformas (conformada por organizaciones de la sociedad civil como JusticiaYa, Somos, entre otras) presentó una petición para retirarle la inmunidad a los diputados que aprobaron cambios al Código Penal la semana pasada.
Álvaro Montenegro, de JusticiaYA explicó que la solicitud se hace luego de que los congresistas aprobaran los decretos 14 y 15 2017, que contenían las reformas al delito de financiamiento electoral y sobre la conmutación de penas.
“Los diputados habrían cometido los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia. Ellos pusieron en riesgo el orden democrático y jurídico para salvarse a ellos mismos. Por eso creemos que hay elementos suficientes para juzgarlos por esos dos delitos”, explicó Montenegro.
Mientras miles de guatemaltecos en la capital y en el interior exigían la renuncia del presidente Morales, de los 107 diputados, y el voto para que los legisladores le quiten la inmunidad al mandatario para que responda a los señalamientos de financiamiento electoral ilícito que le hace la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, estos no perdían el tiempo haciendo llamadas entre sí, aunque con diferentes intenciones. Algunos funcionarios y diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) pidieron a sus colegas el apoyo para Morales y evitar que pueda ser investigado, otros como los de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) llamaron uno a uno a sus diputados para asegurarse que la mayoría de la bancada participen en la reunión ordinaria programada para el jueves 21, y con el apoyo de las otras bancadas, tengan los 105 votos que son necesarios para retirarle la inmunidad al presidente.
Aunque el martes la solicitud la hicieron los jefes de bloque de Acción Ciudadana, Fuerza, Convergencia, Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), UNE, Encuentro por Guatemala (EG), TODOS y CREO, varios diputados entrevistados por Plaza Pública afirman que no cuentan aún con el apoyo de todos los legisladores de esos bloques. Desconfían que los diputados del FCN-Nación, quienes cuentan con el apoyo del Movimiento Reformador, Partido de Avanzada Nacional, algunos independientes y Unionistas, puedan convencer a otros para no asistir al Congreso o de no votar a favor del antejuicio.
La semana pasada 104 diputados votaron en contra de quitarle la inmunidad al presidente, y solo 25 votaron para que el gobernante perdiera su inmunidad. La votación para rechazar el antejuicio obtuvo 99 votos. Como ninguna de las dos opciones logró los 105 votos necesarios, el expediente de antejuicio se quedó en Dirección Legislativa del Congreso a la espera de que cualquier diputado pueda volver a solicitar su votación.
Algunos diputados, los más optimistas, creen que la presión social de las protestas a nivel nacional, tendrá un efecto en los legisladores departamentales que han sido cuestionados en sus comunidades y otros, los más desconfiados, afirman que muchos diputados no se van a presentar al Palacio Legislativo para que no se obtenga el quórum necesario.
Las bancadas que están divididas son TODOS, Acción Ciudadana, Movimiento Reformador (Antes Partido Patriota), VIVA, CREO y Unión del Cambio Nacional (UCN).
Los votos que podrían estar seguros por bloque son 42, a menos que FCN-Nación los pudiera convencer de lo contrario, estos son: 30 legisladores de UNE (hay dos fuera del país, uno en México y otro en El Salvador), tres de Convergencia, uno de Fuerza, seis de Encuentro por Guatemala, uno de URNG y uno de Winaq.
“La UNE está trabajando para que todos los diputados asistan y votemos en bloque como lo estableció el Comité Ejecutivo del partido, por eso firmamos la carta y estamos dando la cara ante los errores que cometimos”, explicó Carlos Barreda, legislador de la UNE, quien desconoce si contarán con el apoyo del resto de bancadas.
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Para Barreda, las demandas que hicieron los protestantes no deben de ser ignoradas y se debe de buscar “retomar el camino de la legalidad” y la lucha contra la corrupción.
Javier Hernández, de FCN-Nación en un escueto mensaje se limitó a indicar que “no le van a quitar la inmunidad al presidente”.
La legisladora Sandra Moran de Convergencia señaló que las protestas fueron “una expresión ciudadana muy importante y representativa” con mensajes claros para los legisladores.
“No estoy segura que mañana tengamos el quórum para votar porque se necesitan 105 votos. Nosotros vamos hacer el ejercicio como corresponde y dependerá del resto de bancadas si quieren que el desgaste del Congreso continúe en picada”, añadió Moran.
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De no realizarse la votación por falta de quórum o votos, los diputados que quieran volver a intentarlo una tercera vez, tendrán que solicitarlo en la reunión de jefes de bloque para que se vuelva agendar en alguna reunión plenaria de la próxima semana.
A falta de conocer los movimientos coyunturales, el paro nacional y sus actores muestran un magma, un descontento creciente, con planteamientos que se tocan pero que siguen sin articular una alternativa coherente y cohesionada. La acción de Jimmy Morales o de los diputados sirve como alimento a la protesta, pero en paralelo se desarrollan iniciativas que piensan más en el “a favor” que en el “en contra”. El comunicado posterior a la protesta del presidente dedicaba la mayor parte de su contenido a asuntos seguridad nacional: (¿de verdad alguien pensaba que los manifestantes provocarían violencia?) y hablaba de “diálogo” en las tres últimas líneas. Todo está abierto, lo cual implica que también puede cerrarse, y nadie tiene en sus manos la capacidad exclusiva para que las vuvuzelas callen.
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