Transcurrido un mes, el paquete de medidas económicas del gobierno, que fuera anunciado en los albores de la cuarentena, está haciendo agua. Apenas un sector reducido de empresas -que se calcula en un 20%- ha logrado acceder a un préstamo por parte de los bancos. Hay una coincidencia en señalar que las instituciones financieras tienen trabadas la aprobación de las solicitudes de crédito. En lugar de ello, la enorme emisión monetaria ha ido a parar al dólar, que es lo que explica su aumento exponencial en pocas semanas. El gobierno ha terminado financiando la fuga de capitales, favoreciendo esta gran bicicleta financiera -un fracaso rotundo de un gobierno, una de cuyas promesas principales era que iba a encender los motores de la producción y poner fin a la especulación. Habría que agregar, para ser justos, que una parte similar o mayor de la emisión fue utilizada para pagar la deuda, en particular la deuda en pesos.
Solamente en marzo, el Estado gatilló 140 mil millones de pesos por ese concepto y, de conjunto, desde que asumió el mandato, pagó la friolera de 14.000 millones de dólares.
Lo cierto es que la emisión ha disparado una corrida cambiaria y, como consecuencia de ella, ha provocado un salto en las presiones devaluatorias y en la carestía. Se trata de una verdadera bola de nieve, que bien podría terminar en un estallido hiperinflacionario.
Nuevas medidas
Frente a este panorama, la Casa Rosada estaría preparando un nuevo plan. El gobierno ofrecerá bonos a los bancos para financiar parte del gasto sin aumentar la emisión. La idea sería cerrar el grifo y desactivar la bomba de tiempo que representa la rienda suelta a la maquinita de impresión de billetes y al mismo tiempo sortear el escollo que interponen los bancos para volcar créditos al sector productivo.
La resistencia de la banca a prestar tiene su explicación. El BCRA armó un esquema para que desarmen una parte de sus inversiones en Letras de Liquidez (Leliq) para fondear esos préstamos. Naturalmente, para las instituciones financieras es más seguro y redituable prestarle al BCRA que a los privados, cuya cobrabilidad es dudosa e incierta, aunque el Estado haya planteado que va a salir a oficiar de garante de los créditos. El gobierno pretende sortear este chantaje ofreciendo títulos del Tesoro atractivos, que rendirían unos puntos por encima de la inflación. Basta tener presente que los cálculos más prudentes ya hablan de una inflación del 50% y hay consultoras que la ubican en 60%. Paradójicamente, mientras se habla de que la deuda es impagable y de proceder a quitas a la misma, el gobierno aquí revalúa la deuda y crea otra nueva. Por otra parte, la vara que se aplica es absolutamente desigual: en tanto el poder adquisitivo de los salarios y las remuneraciones de las capas medias van a sufrir en el próximo período una erosión brutal y hasta un recorte de los ingresos nominales, la patria financiera, que viene sacando el dinero con palas, amasando utilidades extraordinarias, va a gozar del beneficio de una indexación acorde con la inflación y encima unos puntos adicionales. Si alguien tenía una duda, el relato nac & pop sobre la “justicia distributiva” queda por el suelo. La recompensa es aún más generosa si tenemos presente que este beneficio va a ser extensivo a los encajes (o sea, los fondos de reserva que los bancos están obligados a mantener inmovilizados en el Banco Central para hacer frente a las demandas de los ahorristas). Dichos encajes pasarían a estar remunerados con un 50% o más cuando en la actualidad no devengan ningún interés. Por otra parte, ese excedente de pesos que va a quedar liberado con las nueva normativa, va a terminar echando más combustible al actual espiral inflacionario en desarrollo
Para hacer más creíble la oferta, el equipo económico, con el visto bueno de Alberto Fernández, habría decidido no reestructurar y pagar los bonos en pesos para dar una señal amistosa al mercado local. A fin de abril hay vencimientos de Boncer y Lecap por 47.040 millones, y el 21 de junio se deberá pagar 148.417 millones del bono Botapo -o “Bono del Tesoro a Tasa de Política Monetaria”-, emitido en tiempos de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda. Otra contradicción flagrante que muestra el laberinto en que está sumergido el gobierno, pues mientras señala que no está en condiciones de seguir pagando la deuda y plantea la necesidad de una reestructuración global, pega un volantazo y pasa a pagar los vencimientos en pesos cuando semanas atrás venía reperfilando los pagos que había que afrontar. Los 200.000 millones de pesos permitirían pagar 30.000 pesos a los 11 millones de anotados en el subsidio de emergencia establecido, quienes van a recibir apenas 10.000 pesos y una parte numerosa ni siquiera lo ha cobrado.
Crisis bancaria en potencia
Estamos ante una nueva concesión de Alberto Fernández, que concluyó adaptándose al chantaje de los bancos. Esto es tremendamente instructivo, pues revela las fuertes tendencias de esta nueva tentativa nac & pop a un compromiso con las patronales y al capital internacional que se verifica, ahora, en medio de la pandemia, en la tendencia a ceder a las presiones de las empresas por retomar la producción en actividades no esenciales, las rebajas salariales, los despidos y suspensiones, que vienen pasando por encima y desconociendo la prohibición establecida en la materia por el gobierno. Y también está presente en la reestructuración en marcha de la deuda en legislación extranjera. Página/12 -que, como es sabido, comulga con el oficialismo- destaca: “Fuentes del mercado aseguran que algunos inversores empiezan a considerar que un acuerdo entre el equipo económico y los bonistas es más probable. A los valores actuales, los bonos siguen arrojando una importante ganancia en caso de concretarse la oferta presentada hace dos semanas por el Ministerio de Economía” (26/4). Aunque Martín Guzmán lo niega, los bonistas esperan que a último momento haya un “endulzante” en la oferta. De acuerdo con los trascendidos, los bancos que asesoran al gobierno, Bank of America y HSBC, colaboran en el diálogo de Economía con los acreedores privados para llegar a un acuerdo el próximo mes. Esto es lo que explica que en las recientes jornadas, haya habido un repunte de las cotizaciones de los títulos públicos argentinos, tanto en dólares como en pesos.
La zanahoria que tiró el gobierno, sin embargo, muy probablemente no sea suficiente para tentar a los bancos. Si obligaran a las instituciones financieras a cambiar la liquidez que cuentan en la actualidad por títulos del Estado, se generaría una situación muy vulnerable. Los depósitos de los ahorristas tendrían como contrapartida bonos al borde del default y cuya capacidad de repago, por lo tanto, está cuestionada. Se rompería así la norma que, desde 2001, se puso en práctica en colocar un límite a la tenencia de papeles públicos a los bancos y preservar sus márgenes de liquidez para hacer frente a los retiros de depósitos que pudiera generarse. Se recrearían las condiciones que a principios del milenio desembocaron en el corralito. El remedio que se propone, podría terminar siendo peor que la enfermedad. La corrida cambiaria, con un dólar que ya alcanza los umbrales de 120 pesos, podría transformarse en una corrida bancaria, reproduciendo el escenario que atravesamos en 2001. Esto está en la base de la caída de las acciones de los bancos en los últimos días.
El atolladero de la política oficial pone de relieve las limitaciones insalvables de esta nueva experiencia nacionalista. La expectativa de lograr un entendimiento amigable y una conciliación de intereses con la patria financiera es infundada e inviable. En lugar de ceder a la extorsión de los banqueros, hay que proceder a la nacionalización del sistema financiero. La creación de una banca única bajo la dirección del Estado permitiría poner fin a la fuga de capitales y colocar el ahorro nacional al servicio de una repuesta general, capaz de enfrentar la actual catástrofe sanitaria, económica y social. Esto excede el horizonte del gobierno de Alberto Fernández. Una planificación y uso racional de los recursos más urgente que nunca forma parte de un programa de reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, tarea que está reservada a los trabajadores.