La visita del ministro Martín Guzmán a la Cámara de Diputados fue ante todo una gran puesta en escena, que pusieron en pie el gobierno y la oposición patronal, orquestados por su director el Fondo Monetario Internacional.
La defensa del Presupuesto 2022 no podría ser calificada de otra manera, ya que parte de un diagnostico irreal (el gobierno se jacta de haber “tranquilizado a la economía” y una recuperación que no es tal) y sobretodo porque traza proyecciones macroeconómicas inverosímiles, como son la inflación del 33% para todo el año entrante y un dólar oficial a fin de año de $131. Tal como denunció Romina Del Plá, este dibujo es desestimado por todo, como reflejan las expectativas del mercado que releva el BCRA que contempla un promedio de 52,1% de inflación para 2022 –con algunas consultoras que la estiman arriba de 60%- y un dólar a $161.
El Congreso se prepara para votar en tiempo récord una “ley de leyes” que plantea una reducción de la inflación de casi 20 puntos respecto de este año, cuando la tendencia es exactamente la contraria. Es que en las negociaciones el Fondo colocó la reducción del déficit como condición para empezar cualquier dialogo y tiene el ojo puesto en los subsidios energéticos, cuyo recorte traerá aparejado un enorme aumento de las tarifas y, por ende, de la inflación.
Por su parte, el gobierno mostró que en los últimos dos años sobrecumplió la meta fiscal, es decir que la diferencia entre sus ingresos y gastos fue más favorable que la que había planteado inicialmente. El mecanismo para este resultado fue un brutal ajuste sobre el gasto público, empezando por las jubilaciones pero combinado con otros ataques a la clase trabajadora, como son los aumentos de salarios y de los planes por debajo de la inflación.
Por otro lado, el Ejecutivo proyecta una devaluación del oficial del 24% cuando la semana pasada el presidente del BCRA se comprometió con los empresarios a que “el dólar acompañe a los precios”, es decir a que la devaluación sea (al menos) tan alta como la inflación. Es otro de los mandatos que llegan desde Washington, que bajo el eufemismo de la acumulación de reservas promueve el aumento del precio dólar. Esta política opera en el mismo sentido que la anterior, echando nafta al fuego inflacionario y colocando a los trabajadores frente al desafío de defender y recomponer nuestros ingresos en un marco de descontrol de precios.
Esta última cuestión es central, porque permite dilucidar cuál es el método con el que se procesarán los planes del Fondo que el Frente de Todos aplica como alumno modelo: el ajuste inflacionario. Se trata de un mecanismo por el cual las partidas presupuestarias aumentan nominalmente, en algunos casos incluso por encima del magro aumento de precios que se coloca como proyección pero muy por debajo del aumento real, lo cual implica lisa y llanamente una reducción real. El gobierno se vale de esto como una política de transferencias de ingresos de los bolsillos populares a las ganancias capitalistas y a las propias arcas del Estado.
Un presupuesto de clase
A pesar de su carácter artístico, el proyecto sirve para poner de relieve cuáles son las prioridades del gobierno de cara al ejercicio 2022. Por un lado hay, como hemos marcado, una reducción nominal en materia educativa, tanto en becas como en el Fonid o el universitario. En esa misma línea de ajuste aparece el “gasto social”, entre el que se destaca la ridícula suma asignada a la vivienda con apenas el 0,35% del PBI en medio de una catástrofe habitacional que afecta a cuatro millones de personas.
Las ya mencionadas jubilaciones de indigencia se complementan con una maniobra perversa que ya es moneda corriente en los gobiernos kirchneristas: el saqueo sistemático a la caja de Anses. En esta oportunidad el gobierno anuncia que colocará 1,2 billones de pesos (9.600 millones de dólares) de deuda en una caja que nos corresponde a los trabajadores activos e inactivos. El vaciamiento y la utilización del patrimonio de los jubilados para subsidiar al capital y pagar la deuda.
La contracara de esta política se da en las “contribuciones a la seguridad social”, donde es el propio Estado el que publica que mientras continúa con el porcentaje de los aportes patronales fijados por Cavallo, nos aclara el monto del que se exime a los capitalistas en detrimento de las cajas jubilatorias.
Los subsidios a la burguesía recorren todo el proyecto, pero tienen un lugar destacado en los gastos tributarios que ascienden a 1.500.000 millones de pesos. Allí se incluyen regímenes especiales de promoción de la explotación petrolera y minera, en clara oposición a cualquier planteo ambiental.
El régimen del FMI
Una peculiaridad que pinta de cuerpo entero el proyecto es la inexistencia de pagos al Fondo, no sobre la base de un rechazo y desconocimiento de la deuda sino, al contrario, dando por sentado un acuerdo, aún cuando se desconoce concretamente qué demanda el organismo. Un verdadero cheque en blanco que reforzará el carácter colonial de esa relación.
A pesar de esto, los servicios e intereses de deuda externa significan el 8,3% de los gastos totales del Estado, donde sí se incluyen los primeros desembolsos de la “reestructuración exitosa” del año pasado con los bonistas y parte de los vencimientos de la enorme deuda en pesos, de la que el gobierno se enorgullece aunque el organismo emisor de los pesos, el BCRA, se encuentre literalmente quebrado.
En síntesis, la pantomima de un tratamiento parlamentario de este Presupuesto 2022 solo puede ser entendida al calor de la presión del Fondo. La sumisión frente al imperialismo es una característica compartida por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Tal es así que los macristas aclararon que no pondrían palos en la rueda para que el gobierno pueda contar con una herramienta fundamental para llevar adelante su política económica, de ataque a las condiciones de vida de las masas. Los trabajadores, en cambio, protagonizamos el último sábado una masiva marcha en contra de estos planes, por el no pago de la deuda y para que la crisis la paguen los capitalistas.