En la Mina de Oro Dolores. El proyecto de extracción a cielo abierto ha sido ilegalmente desarrollado en las tierras de los campesinos del Ejido Huizopa. Uno de los argumentos principales esgrimidos por los ejidatarios consiste en que la empresa canadiense Minefinders tan solo obtuvo permiso por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para cambiar el uso de suelo en 500 ha, cuando ocupan de manera ilegal 3.458 ha para sus labores de exploración y explotación minera.
La Asamblea Permanente de Huizopa mantiene su posición comprometida en términos de dialogar siempre y cuando Minefinders esté dispuesta a garantizar el cuidado al medio ambiente a través de estudios técnicos de suelo, agua y aire efectuados por expertos independientes, además de que se comprometa al establecimiento de un plan de desarrollo comunitario y económico que evite que la empresa minera continúe enriqueciéndose a costa de la pobreza de los ejidatarios y devastando los recursos naturales.
En julio de 2010 los ejidatarios realizaron una denuncia pública de derrames de cianuro de sodio en las lagunas de lixiviación del proyecto, sobre la cual la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) pese a comprobar y aceptar la presencia de cianuro en el suelo, afirmo que no habría daño ambiental.
El vocero de los afectados, profesor Dante Valdez Jiménez, afirmo que desde 2007 los ejidatarios han sido víctimas de despojos de sus tierras ejidales legalmente posesionadas, víctimas de secuestros por parte de las autoridades al servicio de la empresa, hemos sido golpeados y vejados en múltiples ocasiones. Agrega que en mayo de 2008 secuestraron a dos compañeros ejidatarios por orden de la empresa y los dejaron libres horas después por no haber cargos en su contra. En el mes de agosto de 2008 golpearon al que suscribe este documento. Afirma que la empresa Minera Dolores se encuentra en complicidad con el Lic. José Liévano Sáenz Ortiz, quien fungiera como Secretario Particular del presidente Ernesto Zedillo para robar vilmente a los dueños originales del denuncio de las minas que se encuentran en explotación por parte de la mencionada empresa.
En 2013, denunciaron un derrame de cianuro, aseguran que el gobierno en todos sus niveles los ha mandado a callar a golpes, con amenazas de muerte o matando a los líderes que se oponen a la violencia que las empresas mineras canadienses provocan en contra de indígenas, ejidatarios, ganaderos y campesinos de todo el estado de Chihuahua, así como del país en general'.
"Modernizar la planta productiva, impulsar el crecimiento y distribuir los beneficios del progreso son tareas que requieren de una industria minera fuerte y competitiva", así dicta el primer apartado que habla sobre la industria minera como un sector dinámico, publicado el 9 de mayo 2014 en el Diario Oficial de la Federación. En él se ofrecen motivos para justificar las fortalezas del sector, colocando a México en un lugar privilegiado en cuanto a condiciones para producción metalúrgica, tan solo por debajo de Australia, Canadá, Chile y Brasil.
Mientras las autoridades pregonan las bondades de la minería, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina señala a México como uno de los países con grandes problemáticas entre las empresas mineras y los pobladores, al sumar 36 casos de este tipo, seguido por Chile y Perú que dan seguimiento a 35.
En Chihuahua uno de los más efervescentes fue en el ejido Huizopa, en donde se localiza la minera Dolores filial de Minfinders and Co., acusada de contaminar el agua de la que se abastece la región de Madera. Fue para finales del 2011 y principios de 2012, cuando los habitantes denunciaron ante las autoridades y solicitaron al gobernador César Duarte Jáquez, la organización de mesas de trabajo para plantearle los abusos laborales que sufrían los lugareños, además del despojo del que eran víctimas por parte de la empresa.
En la carta abierta publicada y replicada por el rotativo, La Jornada, se describía como en complicidad con la filial de Minefinders and Co., José Liévano Sáenz, había utilizado sus relaciones de poder para arrebatar el patrimonio al menos a 3 familias. En la misma denuncia, aclaran que la PROFEPA se prestó a los malos manejos encubriendo a la minera en el maltrato al medio ambiente, acto que quedó sin sancionarse.
En el 2010 la PGR realizó un par de estudios para verificar la pureza en el agua y el suelo, sin que los resultados fueron los esperados. Gracias a la denuncia pública se detectaron cantidades importantes de cianuro en las lagunas de lixiviación. A pesar de esto, tanto la PROFEPA como la PGR y -por supuesto- la minera, negaron que los residuos fueran nocivos para la salud y que la tierra sufriera deterioro.
Sin embargo, el problema tiene antecedentes desde 2007 en donde el Congreso de la Unión hizo un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos para vigilar que no se violenten las garantías de los habitantes del ejido Huizopa; asimismo, al Congreso de Chihuahua quedó de investigar y dar seguimiento al caso.
Pese a las condiciones, los acuerdos y la disposición, los habitantes de Huizopa señalaron que éstos se han incumplido por la minera, lo que provocó nuevas raspaduras en el conflicto. Por esta razón, organismos internacionales como Envirolmental Atlas, así como el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., han mantenido su postura de defensa hacia los habitantes, exhibiendo que la minera utiliza un proceso de extracción a cielo abierto, ilegal y abusivo, afectando desmesuradamente a los pobladores.
En el año 2012, la mina fue adquirida por la empresa canadiense Pan American Silver, y en el 2017 completó la ampliación de la mina Dolores que incluyó una planta de aglomeración para procesar mineral de alta ley proveniente de una nueva mina subterránea, junto con la parte de mineral de alta ley de la mina a cielo abierto (Página oficial de Pan American Silver).
No obstante, en el 2018, la mina tuvo que cerrar momentáneamente debido a la presencia constante de grupos del crimen organizado y a las condiciones de inseguridad que imperan en la zona. Se reportó que hubo al menos 20 días de enfrentamientos entre los cárteles de Juárez y el de Sinaloa Gente Nueva que busca controlar el territorio. Se han encontrado cuerpos decapitados en el camino a la mina, así como otros hechos de inseguridad, que preocupan a los trabajadores, pues en ocasiones los grupos armados han interrumpido las labores o los someten a revisión (La Jornada, J. Estrada Y R. Villalpando 26 de mayo de 2018).
A pesar de que la mina renovó las operaciones, la incertidumbre ha crecido debido a los altos índices de inseguridad que imperan en la región.