La agudización de la crisis ha contribuido a sacar a la luz uno de los rostros más escandalosos del régimen heredado de la transición: el de la corrupción sistémica. En poco tiempo, se ha extendido la convicción de que esta lacra está incrustada en los grandes partidos, en parte de las instituciones públicas y en un sector no desdeñable del bloque financiero-inmobiliario-constructor que ha dominado la economía en las últimas décadas.
Esta convicción está lejos de ser una simple percepción subjetiva. Casos como Urdangarin, Gürtel, Bárcenas, Pretoria, Palau, Pallerols (o Filesa, antes) no constituyen episodios aislados e inconexos. Revelan la existencia de una densa trama de favores y pactos de Estado vinculados a la financiación ilegal de los grandes partidos y a la utilización espuria de las instituciones para el enriquecimiento personal.
El 25 de julio pasado, fue el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, quien reconoció públicamente que su familia, concretamente su esposa y sus siete hijos, son titulares de un dinero ubicado en el extranjero desde el año 1980 y no declarado a la Hacienda Pública. Desde algunos ámbitos políticos y mediáticos, se ha intentado presentar esta confesión de fraude fiscal como un asunto simplemente personal y familiar. No obstante, esta explicación resulta difícilmente aceptable tratándose de una figura que acaparó considerables cotas de poder en Cataluña y que fue una pieza clave para la estabilidad de los gobiernos del PSOE, primero, y del PP, después.
Al igual que los casos antes mencionados, numerosos indicios obligan a inscribir el caso del clan Pujol en una trama más compleja. Que no solo involucraría al ex presidente y a su familia sino a buena parte de CiU y de sus aliados políticos y económicos fuera y dentro de Cataluña. Desde esta perspectiva, indagar los orígenes del patrimonio oculto del clan Pujol no solo ayudaría a determinar la responsabilidad de una familia concreta. También permitiría sacar a la luz una connivencia entre poderes público-privados que ha neutralizado los controles institucionales y que ha degradado sensiblemente la democracia a lo largo de estos años.
Las dificultades para investigar actuaciones presuntamente delictivas cometidas desde el aparato institucional son bien conocidas. Así lo acredita el repaso somero de los grandes casos de corrupción en el Estado español, caracterizados por sorprendentes sobreseimientos, prescripciones forzadas, jurisprudencias de caso único, investigaciones abortadas, fiscales apartados, jueces juzgados, indultos vergonzosos y periodistas acallados. Sin este fenómeno no es posible entender el carácter patológico de un régimen en el que la ciudadanía aparece reducida a sujeto pasivo de un juego económico-político que tiene en la corrupción organizada uno de sus protagonistas centrales.
En un contexto en el que derechos sociales básicos son eliminados en nombre de la austeridad y de las limitaciones fiscales, resultaría escandaloso tratar el fraude cometido desde las instituciones como un asunto menor. Razones elementales de justicia, pues, obligan a investigar ya si el patrimonio oculto de la familia Pujol procede de su portentoso entramado financiero, con más de 50 empresas, y de beneficios en actividades económicas ilícitas vinculadas a las adjudicaciones de obras y otros contratos públicos para sus propias empresas. De hecho, la mera existencia de patrimonio oculto en Andorra y en otros territorios calificados legalmente como paraísos fiscales, sin que se pueda justificar su procedencia lícita, obligaría a la fiscalía y a la autoridad judicial a iniciar una profunda investigación de los hechos.
Con todo, no se puede caer en la ingenuidad. En tiempos de corrupción ascendente, es difícil que los propios poderes implicados –incluido el judicial- vayan a propiciar la investigación de este tipo de casos de manera espontánea. Ya en el pasado, la presión de distintos poderes del Estado fue determinante para el cierre de la instrucción de casos oscuros que involucraban al ex presidente de la Generalitat, como el de Banca Catalana. Y no es descabellado pensar que si las nuevas irregularidades que rodean al clan Pujol se han hecho públicas, en buena medida ha sido porque el proceso soberanista en Cataluña ha propiciado una ruptura de ciertos acuerdos de impunidad y protección mutua que en el pasado funcionaron sin problemas.
Para evitar que la reedición de los viejos pactos de élites ampare nuevas variantes de impunidad, es imprescindible que la sociedad civil y las formaciones políticas comprometidas con un cambio democrático profundo tomen la palabra. El anuncio de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y del Observatori DESC de actuar penalmente contra la familia Pujol y su círculo más inmediato de amigos ha marcado un camino. Y lo mismo ocurrirá con la querella que hoy presentan Podemos y Guanyem Barcelona y a la que suman ICV-EUiA, Procés Constituent y el Partido X.
A diferencia de lo que plantean organizaciones de extrema derecha como Manos Limpias o Plataforma per Catalunya, esta acción popular pretende ser una impugnación no solo del pujolismo sino de todo un régimen, y parte de actores comprometidos de forma explícita con el derecho a decidir en Cataluña. Estas iniciativas, en realidad, se llevan a cabo desde la convicción de que la lucha contra todos aquellos que utilizan las instituciones en su propio beneficio económico es hoy uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la regeneración democrática. Y de que solo la presión de las víctimas, de los millones de ciudadanos que ven recortados sus derechos sociales como consecuencia de estas prácticas, está en condiciones de impedir que la crisis se salde con la impunidad de sus principales responsables.
Obviamente, erradicar o minimizar el fenómeno de la corrupción exige transformaciones profundas del actual modelo de organización política y económica que exceden lo que puede hacerse desde las instancias judiciales. Sin embargo, la investigación en este ámbito y la vigilancia atenta de la ciudadanía son imprescindibles para que la verdad salga a la luz y para que este tipo de prácticas no vuelva a repetirse en el futuro. Esta determinación podrá existir o no. Pero sin este impulso democratizador, el férreo vínculo entre política y dinero pesará como una losa sobre cualquier alternativa de regeneración y cambio social.