Un grupo de activistas se reunió frente al TSJ para exigir respuesta sobre el recurso de nulidad inconstitucional de este proyecto. A su vez, reafirmaron que la soberanía recae en los venezolanos y que, por tanto, es un derecho realizar una consulta sobre la explotación de la minería.
Caracas. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente. Es por ello que, por tercer año consecutivo, un grupo de ciudadanos organizados de la Plataforma contra el Arco Minero, Observatorio de Ecología Política y la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para denunciar que no se ha cumplido con la solicitud de amparo en contra del acto administrativo mediante el cual se crea el Arco Minero.
Ese decreto, al que los ambientalistas llaman inconstitucional, publicado bajo el número 2248 en la Gaceta Oficial N.° 40.855, del 24 de febrero de 2016, creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco para la extracción y comercialización de minerales como oro, bauxita, cobre, diamante y coltán. Sin embargo, aseguran que esta práctica se lleva a cabo sin un estudio adecuado en el Arco Minero del Orinoco (AMO), lo que se ha traducido por años en daños profundos.
Cabe recordar que el 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro presentó este proyecto como su apuesta más viable para la diversificación de la economía petrolera.
Oly Millán Campos, representante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, indicó que no solo es una denuncia ambientalista, sino un asunto que les compete a todos los venezolanos. Enfatizó que han sido 3 años duros de muertes, etnocidio e incluso asesinatos del pueblo indígena debido a la destrucción de las reservas naturales y deforestación de los bosques.
El proyecto abarca 111.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional —alrededor de 12 % de la geografía nacional y superior a más de 100 países en la tierra—, parte de las desembocaduras de los ríos Apure y Orinoco hasta Parguaza, pasando por las fronteras de Delta Amacuro, la cuenca del Caura y el río Paragua.
Aunque este lunes el ministro del Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, reiteró la prohibición de actividades mineras en los parques nacionales, Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política, afirmó que AMO es un proceso que se ha extendido a sectores del municipio Cedeño, Parque nacional Canaima y el río Caroní.
En reiteradas ocasiones la Asamblea Nacional informó que el Arco Minero contiene una amplia zona de gran biodiversidad que está protegida por decretos de reserva forestal: Imataca de 3,8 millones de hectáreas; La Paragua y El Caura con 5,1 millones hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991. También la cuenca del Caroní de 96.000 kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60 % de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa de Guri y el complejo hidroeléctrico.
No obstante, los activistas ambientales indican que los asesinados a lo largo de estos tres años se suman a las razones que hacen urgente la necesidad de reclamar por los derechos ecológicos. Y además, insisten en señalar que la contaminación, degradación de los suelos y ríos dejarán al país sin agua para consumo humano en un futuro cercano.
Los derechos obviados de los pueblos indígenas
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las actividades de extracción representan la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. En este sentido, la legislación venezolana, en concordancia con el derecho internacional, exige previa información, consulta y consentimiento de las comunidades ante trabajos mineros que puedan alterar su desarrollo integral, bien sea en recursos, alimentación o ambiente.
Andrea Pacheco, integrante de la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco, dijo que tanto la soberanía como el ordenamiento territorial, ambiental y todo lo relacionado con la vida de los pueblos indígenas está en juego. Por esta razón emprenderán caminos en instancias internacionales para solicitar nuevas medidas cautelares ante este hecho de violación por parte del Estado.
“Hay un desistimiento por parte del TSJ porque no notificó a los pueblos indígenas sobre la explotación de la minería. La gente se muere por las enfermedades y falta de servicios públicos. El deber de este organismo es llevar cualquier decisión que tenga a una consulta previa. Por ahora solo ha habido un silencio sin respuestas a nuestras denuncias y cada vez son más vulnerados los derechos de esta comunidad. Vamos a conversar con los diputados de la AN sobre las estrategias que se van a implementar más adelante e incluso lo llevaremos a instancias internacionales”, sostuvo Pacheco.
El Arco Minero del Orinoco, según Amnistía Internacional, no solo desconoce derechos de los pueblos indígenas, sino de los trabajadores que participan en las actividades de minería, así como de la comunidad en general y de defensores de DD. HH. A su vez, contradice múltiples leyes nacionales e internacionales. Específicamente, el decreto del Arco Minero en su artículo 25 prohíbe y penaliza el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, al establecer que ningún interés particular, gremial, sindical, de asociación o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.
Esto transgrede lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a libertad sindical, y los artículos 53, 68 y 97 de la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela.
También incumple con los artículos 119 y 120 de la Constitución, así como los Derechos Ambientales contemplados en los artículos 127, 128 y 129.
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La masacre de Tumeremo, en 2016, destapó la guerra por el oro. El diputado por Bolívar a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, realizó investigaciones sobre las desapariciones y la minería ilegal que se practica desde hace 30 años.
También la Universidad Católica Andrés Bello-Guayana centró el documento Manifiesto de Guayana sobre el AMO en la explicación sobre porqué el proyecto viola los artículos 119 y 120 de la Constitución. Lo primero que denuncia es el irrespeto a los hábitats indígenas.
De igual forma, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha reclamado varias veces que las comunidades Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako. Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi han sido desplazadas: más de 50.000 indígenas.
En mayo, el informe Mujeres al Límite 2019, puso en evidencia que niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual, explotación y prostitución por parte de grupos armados y funcionarios. Defensores de Derechos Humanos exigieron al Gobierno que investigue esta situación y detenga a los responsables.
Una historia más larga de denuncias reposa ante las instituciones encargadas de velar por los Derechos Humanos. Sin embargo, los denunciantes no reciben respuestas.
Por ello, Andrea Pacheco dijo que este miércoles, Día Mundial del Ambiente, impulsarán una campaña no solo en defensa de los parques nacionales y áreas protegidas del sur del país. Añadió que emprenderán además una lucha por el Ávila, zona que también se ha visto afectada por la deforestación, especialmente hacia la zona de Galipán.