El empleo vía monotributo fue el único trabajo asalariado que aumentó, mientras se destruía el trabajo registrado. Sin vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni aportes, se extendió entre los precarizados del sector privado y el Estado
Monotributistas de todo el país continúan organizándose para rechazar el aumento del 51% que comenzó a aplicarse en enero. Luego de la marcha de protesta frente a la AFIP convocada en enero por la agrupación «Monotributistas Organizadxs», se llevó adelante una nutrida asamblea en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) para avanzar con la definición de un plan de lucha, que incluyó la realización de una nueva movilización, un festival contra el aumento y una campaña de repudio en redes sociales.
Con la presencia de casi 100 trabajadores de distintos sectores (prestadores de salud y de educación, músicos, dibujantes, estatales y municipales, de aplicaciones de reparto, de salud e higiene, freelancers, entre muchos otros), se desarrolló una gran asamblea en la que debatieron las problemáticas que afectan a todos los monotributistas.
También comenzaron a hacer circular un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández, a los legisladores nacionales y a las autoridades de la AFIP, en el que se pronuncian por la “suspensión inmediata” del “brutal aumento del 51% del monotributo” y explican que la solicitud busca “aliviar la carga tributaria de los trabajadores que se encuentran en las categorías más bajas (A, B, C, D), quienes además están por debajo de la línea de pobreza”.
Según se explica, los tarifazos y la inflación “han pauperizado aún más la vida de un amplio sector de esta población trabajadora” y cualquier mora en los pagos de las cuotas del monotributo además hace que se pierda la precaria cobertura de salud a la que se puede acceder con el tributo (que además muchas obras sociales niegan de manera ilegal). Por todo esto, se plantea que “convalidar este nuevo aumento implica asestar un nuevo golpe a este sector y agravar brutalmente sus condiciones de vida”.
Según cifras del Indec, actualmente hay 3,2 millones de monotributistas en el país, una cifra que se ha ido incrementando fuertemente durante la administración de Cambiemos, como indicador de una creciente precarización del trabajo, ya que el modo de facturación como monotributista en muchos casos se usa para encubrir relaciones de dependencia laboral, por lo que el tributo implica una forma de “trabajo en negro, encubierto, tercerizado, donde se precarizan las condiciones laborales de lxs trabajadorxs en la medida que no se cuenta con un convenio que rija nuestros salarios; licencias, vacaciones, ni feriados pagos; antigüedad, paritarias, aguinaldo o representación gremial”.
El petitorio y las próximas actividades se difunden desde la página de Facebook “Monotributistas organizadxs”, que convocó a una movilización el miércoles 5 de febrero, que inició con una concentración frente al Ministerio de Trabajo para luego volver a movilizar a la sede central de la AFIP, frente a la Plaza de Mayo.
¿La reforma laboral ya ocurrió?
Según el Indec la desocupación pasó de 7,2% al 9,1% entre los últimos trimestres de 2017 y 2018. Y en el primer trimestre de 2019 llegó a los dos dígitos: 10,1%, una cifra que no se registraba desde el 2006.
En un informe colectivo denominado “Agenda urgente para una sociedad de trabajo”, de distintos centros de investigación y especialistas en relaciones laborales y mercado de trabajo, se señala que: “El trabajo en relación de dependencia que se encuentra al margen de las normas laborales (empleo no registrado) afecta a 3.300.000 trabajadores y trabajadoras en empresas, a 350.000 empleados y empleadas en el sector público y a casi un millón de trabajadores particulares (el 98% son mujeres). En conjunto 9.000.000 de trabajadorxs atraviesan serios problemas de empleo -entre desempleo e informalidad-y perciben ingresos inferiores al promedio. Este grupo representa el 46% de la población económicamente activa”.
Según este análisis, algunas de las más graves consecuencias que deja “la herencia del gobierno de Cambiemos en materia laboral son el empleo no registrado otra vez en crecimiento y un avanzado proceso de flexibilización laboral de hecho”.
Según datos de otro informe titulado “El rol del monotributo en la precarización laboral” elaborado por el Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo de la UMET: “uno de los fenómenos que ha cobrado gran importancia en los últimos tres años ha sido la inscripción de trabajadores al monotributo mientras se destruyen empleos formales. Esto es consecuencia de la falta de políticas de protección laboral en un contexto de inestabilidad económica, con su correlato en el importante deterioro de las condiciones de trabajo”.
A partir del análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) desde noviembre de 2015 a octubre de 2018 mientras la cantidad de asalariados formales en el sector privado cayó un 4% y en el sector público un 0,9%, los monotributistas aumentaron en un 6,2%.
De allí que, entre 2016 y 2018, el “empleo encubierto vía monotributo” se constituye como el único tipo de trabajo asalariado que se incrementó en los principales aglomerados urbanos del país.
Esta situación que atraviesan muchos trabajadores del sector público se replica en el privado, en empresas conocidas por tener en situaciones de precarización absoluta a sus trabajadores, como los casos de Rappi y Glovo, que exigen a sus repartidores hacerse monotributistas.
Según analizaron en el informe de “Agenda urgente”: “[Se trata de] uno de los mecanismos utilizados por las empresas formales para evadir las normas laborales. Consiste en contratar a los trabajadores encuadrándolos como independientes, exigiéndoles la inscripción en alguno de los dos regímenes existentes (monotributo y autónomo) y la emisión de facturas por sus actividades. Así la empresa cuenta con documentación legal que respalda un supuesto intercambio comercial y reduce la posibilidad de que el organismo fiscalizador identifique el vínculo laboral […] En definitiva pretenden encubrir el vínculo laboral y en consecuencia los trabajadores se ven despojados de todos los derechos propios del empleo asalariado”.
Rappi despide 300 empleados en América Latina incluida Argentina
La decisión involucra a las operaciones de la firma especializada en delivery de la Argentina (donde está presente desde hace un año y medio) Colombia, México, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica. En todos esos países tiene unos 5.000 empleados, y el 6% de ellos serán desvinculados.
En un comunicado, la compañía señaló que en 2020 «hemos decidido hacer ajustes en nuestro equipo de tecnología, para concentrarnos en la experiencia de nuestros usuarios. Esta decisión no es un reflejo de ajustes en nuestros planes de crecimiento, pues de hecho, estamos contratando de manera activa un gran número de personas en las áreas priorizadas para 2020», aseguró.
Rappi puntualizó que Colombia, país originario de la empresa, «sigue siendo uno de nuestros mercados más importantes en América Latina y nuestros planes en los siguientes meses transformarán la industria de las aplicaciones en la región. Tenemos planes muy ambiciosos y una perspectiva muy optimista en términos de negocio en este año».
Según trascendió, desde su creación, Rappi no ha generado ganancias y su funcionamiento ha dependido de inversionistas que creen en las oportunidades de mercado que tiene esta plataforma de servicios a domicilio.
Fuente: AnRed
Foto destacada: Pixabay
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