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De una parte, las crecientes tensiones territoriales en el Estado (visibles en Cataluña, crecientes en Euskadi y latentes en muchas comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PP) y, de otra parte, el desánimo y la indignación que las instituciones provocan de tiempo a esta parte entre la ciudadanía, son elementos que constituyen una poderosa invitación a rejuvenecer la Constitución.
La Carta Magna está pidiendo a gritos una reforma. Para que todas las piezas del modelo de Estado vuelvan a encajar hay que dar ese paso porque, a la vista está, Cataluña, Euskadi y Canarias necesitan poner al día su relación con el Reino de España.
En ese proceso, Canarias no debe ir detrás, sino al lado. Si fruto de las conversaciones que Rajoy mantiene a escondidas con catalanes y vascos se avanza hacia un Estado asimétrico, la hora de Cataluña y Euskadi debe ser también la hora del reconocimiento al hecho diferencial canario.
En este orden de cosas, hace un par de semanas el PSOE presentó una propuesta de reforma de la Constitución para dar mayor reconocimiento a los hechos diferenciales y para la sustitución del Senado por una cámara de representación territorial elegida por los gobiernos o parlamentos autónomos.
No es la primera vez que demando la necesidad de emprender ese proceso. Tampoco será la última. Defiendo, entre otras, la necesidad de que España aborde una Segunda Transición que perfeccione nuestro modelo de convivencia, y de que ese proceso no solo establezca nuevos mecanismos de control y transparencia de los poderes públicos, sino que además refuerce los instrumentos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de todos los territorios, adaptando el modelo de Estado a la realidad política y territorial del siglo XXI.
Nos hallamos en un momento crucial. Nuestras decisiones de hoy condicionarán el futuro de ésta y las próximas generaciones. Después de la crisis –que no sólo es económica, sino también de confianza y de valores democráticos- ya nada volverá a ser igual. Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos poner todo nuestro empeño en acometer las reformas que sean precisas para cortar la creciente desafección de los ciudadanos por la política y sus instituciones.
Es ese el camino que estamos obligados a recorrer para que la política siga siendo una herramienta fundamental para el progreso de los pueblos, no un lastre para su desarrollo.
En esa dirección, la reforma más importante que tenemos planteada es la de la propia Constitución -una norma que cumplió un magnífico papel como catalizadora de los anhelos de la ciudadanía y los territorios que conforman el Estado, es indudable-. Ahora nuevas demandas han tomado el relevo de aquellas que propiciaron la transición democrática, por lo que tenemos un mandato de la ciudadanía que debemos asumir.
Por lo que respecta a las propuestas que han ido surgiendo, en concreto el planteamiento de los socialistas sobre los hechos diferenciales, cabe decir que no hay otra comunidad autónoma que sea tan distinta como Canarias. No hay otro hecho diferencial tan evidente como el nuestro, enraizado desde que finalizó la Conquista de las Islas, y dotado desde entonces de importantes especificidades -hoy recogidas básicamente en nuestro Régimen Económico y Fiscal-.
El nacionalismo canario está comprometido con los valores constitucionales, y precisamente desde el respeto a los mecanismos que están previstos en la propia Carta Magna creemos necesario una actualización que, además, la acerque a las generaciones que no vivieron la Transición.
En esa dirección, entendemos que debe promoverse una reforma constitucional del Senado que lo convierta en una Cámara útil, de representación territorial, con funciones propias y exclusivas sobre las cuestiones autonómicas -Estatutos de Autonomía, leyes básicas, financiación o solidaridad interterritorial, entre otros-. Una Cámara que refleje –pero, de verdad- los hechos diferenciales; en nuestro caso, el carácter archipelágico y la lejanía.
Asimismo, es imprescindible una profundización del autogobierno de las comunidades autónomas, de manera que se evolucione hacia un modelo asimétrico, defensor de la solidaridad entre comunidades pero también diferente en razón de las peculiaridades de cada territorio.
Como ya he apuntado en otras ocasiones, en relación específicamente a Canarias, esa Constitución reformada ha de contener la delimitación de las aguas archipelágicas, lo que resolvería cualquier duda en relación con el Derecho Internacional, y deberá establecer el efecto obstativo del informe preceptivo del Parlamento de Canarias en las modificaciones estatales del REF.
Además del hecho insular, la propia Constitución tiene que reconocer la lejanía como hecho diferencial canario (lo que daría como resultado la ultraperificidad), como ya lo hacen los Tratados de la Unión Europea, y que nos reconozca nuestra vocación atlántica y tricontinental, permitiendo nuestras relaciones con países de nuestro entorno africano y sudamericano.
Son algunas de las propuestas que desde Canarias creemos que se pueden abordar para mejorar la solidaridad territorial del Estado y la cohesión social, además de producir un impulso para recuperar la confianza de una ciudadanía atenazada por la crisis y por la falta de respuestas de la envergadura que la situación merece.
Hay que tomar decisiones. Hay que introducir cambios. Hay que cambiar el modelo de Estado. Hay que cambiar España.