Es bien sabido que México es uno de los países más peligrosos para ser periodista; agresiones y violaciones a su libertad de expresión se documentan y denuncian a diario por diversas organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de ello, las autoridades de distintos niveles de gobierno parecen no entender que el papel de las y los periodistas es fundamental para avanzar hacia sociedades más democráticas y justas.
Baja California no es la excepción y la violencia contra la prensa ha seguido en aumento.
De acuerdo con cifras de ARTICLE 19, del año 2009 a 2019 se han documentado 152 agresiones contra la prensa en dicha entidad, siendo 2018 y 2019 los años más violentos con 20 y 32 agresiones respectivamente.
En estos años también se ha documentado que el discurso estigmatizante que realizan las autoridades contra la prensa es cada vez más recurrente, teniendo como consecuencia directa el aumento en su nivel de riesgo.
Asimismo estas acciones colocan a las autoridades perpetradoras como juez y parte, pues mientras siguen agrediendo a la prensa, la califican de “chayotera” y “mentirosa”, entre otras acusaciones, con la clara intención de seguir descalificado su trabajo.
Frente a este panorama tan adverso, resulta necesario responder con organización social, tal como hoy lo hace Newsweek Baja California.
Prensa Bajo Fuego tiene como gran aporte que son periodistas locales quienes buscan apoyar a otras y otros periodistas locales y con ello ir fortaleciendo las redes de apoyo.
Por otro lado esta iniciativa resulta un ejercicio de denuncia pero también de exigibilidad hacia las y los gobernantes para recordarles sus obligaciones para prevenir, respetar, proteger y garantizar derechos humanos.
En el caso concreto, es importante hacerles saber que su obligación es ser más tolerantes con la crítica y con la prensa, asimismo tienen la obligación de evitar estigmatizar a periodistas y por el contrario, reconocer su labor social.
Prensa Bajo Fuego también podrá aportar a generar procesos para exigir una mayor transparencia y rendición de cuenta por parte del gobierno estatal.
Como ARTICLE19 esperamos que esta iniciativa sea tomada por el gobierno encabezado por Jaime Bonilla con la seriedad que implica el visibilizar la violencia contra la prensa y con ello llevar a acciones concretas encaminadas a prevenir agresiones, así como a dotar de mayores garantías para ejercer el derecho humanos a la libertad de expresión y el derecho a la información de la prensa y la sociedad, independientemente de su postura a favor o crítica del gobierno.
Es importante nunca olvidar que el derecho a disentir también es un derecho humano y el debate siempre enriquecerá la vida democrática de un país.