La semana pasada se publicó el libro Comunes. Economías de la colaboración. La publicación es el resultado de muchos de los aportes generados en el Encuentro Comunes, que ya lleva dos ediciones (en mayo de 2016 y en junio de 2017) y que en 2018 tendrá una nueva edición. El Encuentro Comunes, así como el libro, se centran en las economías colaborativas y la cultura libre como formas contrahegemónicas de pensar y de incidir en el futuro del trabajo, de las personas que trabajan, y de la manera en que se distribuyen los frutos del trabajo.
Con capítulos sobre laboratorios ciudadanos, ciencia abierta, bienes comunes tanto físicos como digitales, cooperativismo y tecnología, entre otros temas, el libro hace un repaso sobre buena parte de lo que se está pensando y haciendo en América Latina y en otras partes del mundo alrededor de las economías del procomún.
La publicación está coordinada por Adriana Benzaquen y Marcela Basch, con la colaboración de Marianny Alves y Mariano Fressoli, y cuenta con aportes de más de una decena de autores y autoras. Está disponible para descargar libremente en el sitio web del Encuentro Comunes. Desde Ártica tuvimos el placer de participar en el libro Comunes con un capítulo dedicado a los bienes comunes digitales, que publicamos a continuación.
El gobierno de los bienes comunes digitales
Por Mariana Fossatti y Jorge Gemetto
Cuando pensamos en bienes comunes digitales nos imaginamos casi siempre un tipo de bienes de acceso libre y abierto, de muy baja sustractibilidad (el uso por parte de una persona no sustrae el bien para el uso simultáneo de otra) y difícil exclusión (no se puede privatizar excluyendo a los demás de su uso). La generalización de la conexión a internet, así como la copia y transmisión de información a bajo costo que permiten las tecnologías digitales, pueden llevar a pensar que casi cualquier recurso de tipo digital puede ser un bien común. Sin embargo, en ciertos casos los recursos digitales distan bastante de ser como la luz de la luna o los atardeceres, y allí donde había una pradera infinita, empezamos a ver cercos que impiden el paso.
Tendemos a no tomar en cuenta los problemas que aquejan a los bienes comunes digitales y a pensar que siempre van a estar ahí: que se puede tener conexión casi permanente, que los links no se van a romper, o que si no encontramos cierta información en un sitio web la encontraremos en otro. Por el contrario, los bienes comunes digitales son vulnerables en muchos aspectos, pueden ser privatizados mediante regulaciones que los vuelven artificialmente escasos, y pueden ser controlados por quienes tienen más poder económico. En su análisis de los bienes comunes del conocimiento, Ostrom y Hess explican que:
«El mundo en rápida expansión de la información digital distribuida tiene infinitas posibilidades así como incalculables amenazas y trampas. Las tendencias paralelas, pero contradictorias, en las que, por un lado, existe un acceso sin precedentes a través de Internet, pero, por otro, nos topamos con restricciones cada vez mayores al acceso por mor de la legislación de propiedad intelectual, el exceso de patentes, la concesión de licencias (licensing), el sobreprecio, la retirada de contenidos y la falta de preservación, indican las hondas y desconcertantes características de este recurso».1
Aunque los bienes comunes digitales tienen una enorme potencialidad a causa del desarrollo de las tecnologías de la información y del crecimiento exponencial de la cooperación social, los procesos de producción colectiva y la gestión eficiente de los bienes producidos no se desarrollan por sí solos. Requieren de comunidades, infraestructuras, regulaciones, militancia social y políticas públicas que los sustenten. Tampoco contienen en sí mismos la garantía de que los resultados de la producción colectiva se mantendrán disponibles permanentemente para cualquier persona que necesite usarlos y que los beneficios que de ellos se desprendan se distribuirán equitativamente.
Los bienes comunes digitales tienen una importante dimensión global y por lo tanto, el desafío es un gobierno global de estos comunes. Tienen impacto en áreas muy diversas de la actividad humana: educación, cultura, salud, alimentación, seguridad, etc. Al igual que otros bienes comunes, tal como lo explican Ostrom y Hess, su definición como comunes tiene un rasgo político: «los bienes comunes son un recurso compartido que es vulnerable a los dilemas sociales.» Pensar los bienes comunes digitales requiere entonces pensar en dilemas sociales, en conflictos y negociaciones, en su gestión y su gobierno.
En este capítulo hablaremos de la importancia clave de algunas regulaciones y políticas públicas indispensables para el desarrollo y soporte de los bienes comunes digitales, en el entendido de que la gestión y el gobierno de los bienes comunes no debe pasar por la privatización o el establecimiento de relaciones de propiedad. Por el contrario, pasa por la sostenibilidad de unos bienes comunes digitales libres y abiertos, gestionados de manera democrática.
Enumeraremos los aspectos a los que debemos prestar especial atención si queremos que estos bienes permanezcan en la esfera de lo común, que no se destruyan ni degraden, y que dejen de privatizarse y concentrarse en manos de pocos actores. En algunos casos, ya han sido consumados o están en marcha procesos de privatización y de acumulación por desposesión, pero es necesario mapear y comprender la situación en su conjunto para formular una agenda política popular en torno a los comunes digitales.
Los ejes de la gestión de los bienes comunes digitales que entendemos fundamentales se pueden agrupar en los siguientes puntos:
– Protección contra el cercamiento
– Protección contra el monopolio y la concentración
– Garantía de acceso
– Sostenibilidad
– Modelos de gobernanza
1) Protección contra el cercamiento
El académico escocés James Boyle ha elaborado la hipótesis de que estamos viviendo un “segundo movimiento de cercamiento” sobre “los comunes de la mente”.2 Es decir, sobre los bienes comunes del conocimiento. Este movimiento es análogo al “primer movimiento de cercamiento” efectuado sobre las tierras comunales europeas entre los siglos XV y XIX, que produjo la expulsión de las comunidades que las explotaban en común y el desplazamiento y proletarización de los campesinos. El actual movimiento de cercamiento corresponde al desarrollo de las regulaciones de la propiedad intelectual en las últimas décadas dirigido hacia una extensión inusitada del copyright y una ampliación de las patentes a cada vez más campos. Todo esto redujo el dominio público, el área que constituye el banco común de obras intelectuales y conocimientos de la humanidad, en favor de corporaciones que los explotan de manera privada y exclusiva.
La digitalización del conocimiento y la expansión de las redes de comunicación que permiten compartirlo, generan condiciones materiales para superar este cercamiento. Las prácticas sociales relacionadas con compartir conocimiento desafían su privatización. Pero son al mismo tiempo la causa de que, como reacción, la clase dominante haya logrado endurecer hasta niveles insólitos las restricciones de propiedad intelectual, llegando a incluir no solo obras artísticas o procedimientos industriales, sino también la investigación científica, los medicamentos, los organismos vivos modificados genéticamente o las emisiones del espectro electromagnético, entre muchas otras cosas.
Frente a esta situación, la lucha política contra el cercamiento de los bienes comunes implica, en primer lugar, la lucha contra los regímenes de propiedad intelectual. Estos regímenes legitiman el saqueo de los bienes comunes digitales de la misma manera que las leyes de cercamiento fueron una herramienta para saquear las tierras de los campesinos.
Entre los muchos frentes que hoy en día se abren en este terreno, se encuentra la lucha contra la ampliación del copyright y en favor de excepciones y limitaciones que legalicen los usos justos de las obras culturales, científicas y educativas. También se destaca la lucha contra la ampliación de las patentes y contra el uso de estas y de otros mecanismos de propiedad intelectual (marcas, indicaciones geográficas, etc) para la extracción de renta por parte de monopolios privados. La defensa del derecho de acceso a la cultura, la promoción del software libre, la adopción de protocolos de comunicaciones abiertos, la lucha contra las patentes de medicamentos, la resistencia al patentamiento de las semillas y del código genético, son algunos de los aspectos a abordar cuando hablamos de protección contra el cercamiento.
2) Protección contra el monopolio y la concentración
La protección de los bienes comunes digitales requiere que no sea posible su control por pocos actores que concentren un poder opaco y discrecional. El desarrollo y control democrático de internet es un aspecto crítico en este sentido. Como red global abierta de comunicación, es sin dudas una invención fundamental para el florecimiento de los bienes comunes digitales. Interconecta recursos que antes permanecían aislados o solamente disponibles para comunidades de información y conocimiento acotadas, y que pasan a estar disponibles de manera más amplia en la red global. Para cumplir este rol fundamental, internet debe tender a ser una red lo más libre, abierta y distribuida posible, cuyo desarrollo esté orientado por el interés público. Entendemos, junto con Enrique Chaparro, que:
«Las estructuras de gobierno de la Internet deben estar sujetas a supervisión y revisión; deben estar abiertas a todos los que se sientan afectados por las cuestiones objeto de gobierno. Deben construirse sobre la comunidad universal de usuarios de la Internet. Y, por supuesto, deben ser responsables ante esa comunidad sin que haya más de un nivel de representación entre los miembros de la comunidad y las personas a quienes se han confiado los poderes de gobierno.»3
¿Es necesario un “gobierno” de internet? Se podría pensar que no hace falta tal gobierno para el control de la red, porque lo único que habría que gestionar serían cuestiones meramente “técnicas”. Pero a menudo olvidamos la importante dimensión política subyacente en cuestiones tales como la definición de estándares y protocolos de comunicación, la asignación de direcciones IP, la relación entre los actores involucrados en el tráfico local e internacional de datos, la gestión de los servidores raíz, y otros asuntos en apariencia técnicos, que sin embargo tienen un impacto decisivo sobre las oportunidades de desarrollo y sobre los derechos humanos. Estos temas son de enorme importancia en un nivel global que sobrepasa la soberanía de cualquier Estado. Chaparro advierte que las cuestiones del gobierno de internet “están fluyendo hacia manos privadas” y son conducidas por pocos gobiernos y organismos en buena medida capturados por intereses corporativos concentrados. En lugar de ello, una agenda popular debería apuntar a un sistema de gobierno internacional, de carácter multilateral y democrático.
Es necesario proteger a internet como un bien público que permita un flujo libre e igualitario de los bienes comunes digitales. La neutralidad de la red, un principio que garantiza que no haya una discriminación injustificada entre diferentes paquetes de datos, es otro principio fundamental. Cuando no existe una regulación que establezca este principio, los proveedores de servicios pueden otorgar privilegios a determinados proveedores de contenidos online, diferenciando el tráfico según sus intereses comerciales. Tener la capacidad legal y técnica de ejercer este poder, equivale a la posibilidad de ejercer un manejo privado arbitrario sobre un bien de interés público.
Además del gobierno democrático de internet y de la neutralidad de la red, es necesario proteger contra la concentración a los bienes comunes digitales en otros niveles: los servidores y el software de los cuales dependen. La concentración y el monopolio tanto en lo que se refiere a los centros de datos (hoy abrumadoramente localizados en Estados Unidos y gestionados por empresas privadas), como en cuanto a las plataformas y servicios online, provoca enormes asimetrías económicas, impacta sobre el derecho a la información y facilita la vigilancia, entre otros problemas.
La llamada “nube”, ese espacio virtual donde un conjunto de corporaciones como Google, Facebook, Apple, Microsoft o Amazon nos invitan a subir toda nuestra información y compartirla, no es más que un conjunto de centros de servidores con enorme capacidad de almacenamiento y poder de cómputo. Estas corporaciones adquirieron en los últimos años un control extraordinario sobre los datos personales de millones de personas, lo que les permite poner en el mercado dichos datos y explotarlos de manera extractivista en lo que autores como Shoshana Zuboff denominan un “capitalismo de vigilancia”.4 Mientras las comunidades de usuarios tejemos redes de intercambio para construir y compartir bienes comunes digitales, estamos entregando grandes cantidades de datos personales que son apropiados por las corporaciones. Sin embargo, como señala Evgeny Morozov, es necesario comenzar a discutir la socialización de los centros de datos, para evitar así la apropiación y explotación exclusiva, fortaleciendo un modelo de gestión de los datos como bienes comunes: “la gran cuestión es si el actor [que gestiona los datos] tiene que ser una empresa capitalista privada o algún conjunto de servicios públicos, federados, que pudieran alcanzar un acuerdo para compartir datos, libre de la monitorización de las agencias de inteligencia.”5
Complementariamente, en los países periféricos se necesitan políticas públicas de soberanía tecnológica para que a nivel local y nacional los usuarios de internet tengan a disposición centros de datos seguros, eficientes y accesibles en los que puedan crear comunidades y bienes comunes libres de la explotación capitalista y de la vigilancia masiva. El apoyo al software libre, a la existencia de centros de datos asequibles en territorio nacional, y a las tecnologías P2P que permiten una gestión descentralizada compartiendo recursos informáticos en comunidad, también protegen los bienes comunes digitales de la concentración y el monopolio.
3) Garantizar el acceso
Los bienes comunes digitales no beneficiarán a las grandes mayorías si no se garantiza el acceso universal a internet. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, las tasas de penetración de internet varían enormemente por países y regiones. Mientras que alcanza al 81% de la población en los países desarrollados, es de 40% en los países en desarrollo y de tan sólo 15% en los “países menos adelantados”, según el último informe global de este organismo (2016).6 3.900 millones de personas todavía están excluidas de las posibilidad que brinda internet, y por tanto, tienen un acceso restringido a los bienes comunes digitales, así como a su producción e intercambio. La cobertura de la banda ancha móvil más básica (2G) es prácticamente ubicua, pero eso no garantiza una conexión asequible, estable y de calidad.
Al igual que con otros servicios públicos, la conexión a internet no puede depender de los intereses de mercado de las empresas proveedoras, que no tienen incentivos para llegar a las zonas más pobres o aisladas geográficamente. Por lo tanto, los Estados deben regular fuertemente el mercado de las telecomunicaciones y desarrollar políticas públicas de conectividad que garanticen el derecho de las poblaciones a acceder a una conexión asequible y de calidad. Con esto, nos referimos a la internet en su totalidad, con libertad para conectarse con cualquier propósito, y no a sucedáneos limitados, controlados y censurados de internet. Este tipo de sucedáneos son promovidos por corporaciones como Facebook y Google en su vertiente filantrópica, ofreciendo conectividad “gratuita” a un conjunto limitado de sitios web, servicios y aplicaciones previamente definidos. Estas prácticas corporativas denominadas de “zero-rating” (tarifa cero) son perniciosas dado que atentan contra la neutralidad de la red, brindan un poder de censura enorme al proveedor del servicio y no son una solución genuina al problema de la conectividad de las poblaciones excluidas.
Además de las políticas de conexión universal a internet, garantizar el acceso a los bienes comunes digitales implica también políticas públicas de acceso abierto a la información y a la cultura. Entre otras políticas, cabe mencionar la creación de repositorios académicos para poner a libre disposición de la ciudadanía toda la investigación científica producida en las instituciones públicas; el desarrollo de portales públicos de recursos educativos abiertos; planes exhaustivos para rescatar, digitalizar y poner en circulación los acervos de museos, archivos y bibliotecas; la apertura de los datos (excepto los datos personales) generados por las instituciones públicas; la puesta a disposición libre de los materiales generados por el Estado y de aquellos financiados con fondos públicos. Las políticas de acceso abierto deben basarse en el uso de software libre y formatos abiertos, los cuales son indispensables para la preservación de los materiales y para la autonomía de las instituciones y usuarios.
4) Sostenibilidad
Hacer unas pocas copias de un archivo de texto y distribuirlas en cualquier parte del mundo es prácticamente gratis. Pero los costos comienzan a aumentar si el material es por ejemplo un audiovisual en alta definición, o si es preciso mantenerlo en línea las 24 horas en un servidor web, o si en lugar de unas pocas copias se van a realizar decenas de miles de copias del material, o si en lugar de un solo archivo estamos hablando de brindar infraestructura para la gestión de millones de archivos. En estos casos diversos pueden estar involucrados costos elevados de energía, ancho de banda, almacenamiento de información, administración y seguridad de sistemas informáticos, etc. Y no menos importante es la cuestión de la retribución a quienes contribuyen en la producción de los bienes comunes digitales: algunos proyectos pueden sostenerse mediante la producción voluntaria, otros proyectos en cambio requieren contribuidores profesionales, y otros funcionan mejor con modelos mixtos.
Los costos asociados a la producción y gestión de los bienes comunes digitales deben tenerse en cuenta a la hora de pensar la sostenibilidad de estos bienes. En caso de que no se tengan en cuenta al implementar las políticas, los regulará el mercado, que será también el que marque los límites hasta donde pueden escalar las iniciativas de producción y gestión de bienes comunes. Una gestión democrática y planificada de los costos de producción y gestión puede resultar en bienes comunes más sostenibles y durables. A modo de ejemplo, la Fundación Wikimedia gastó en el período de julio de 2015 a junio de 2016 un total de 2.069.572 dólares en el alojamiento web de sus proyectos, mientras que los gastos totales de funcionamiento fueron de más de 65 millones de dólares, incluyendo los sueldos del personal, la organización de encuentros internacionales, programas de premios y de becas, entre otros rubros necesarios para preservar en línea los bienes comunes digitales y para mantener activa a una comunidad global de miles de personas.7 Estos gastos no se financian a través de la venta de publicidad ni de ninguna otra actividad comercial, sino recaudando fondos a través de donaciones. Como muestra este ejemplo, los bienes comunes digitales, incluso si son de gran envergadura, pueden sostenerse en el marco de modelos no empresariales, con participación de la comunidad.
Los fondos y subsidios públicos para la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para el desarrollo de bienes comunes digitales. Es necesaria una inversión pública fuerte y decidida en las áreas mencionadas, y es necesario, como ya dijimos en el apartado anterior, que los materiales financiados con fondos públicos queden a disposición libre de toda la sociedad.
La provisión de infraestructura para apoyar la producción de bienes comunes es otra política necesaria. Allí donde haya personas que desean contribuir a los bienes comunes, no deben faltar las tecnologías que les permitan hacerlo. Artistas, científicos, docentes y gestores culturales, por ejemplo, deberían tener a su alcance infraestructura pública cuando se involucran en iniciativas que requieren tecnologías costosas. También deben existir espacios públicos (como medialabs, hacklabs, etc) donde los ciudadanos tengan a mano las herramientas y el asesoramiento para desarrollar proyectos orientados a dar soluciones a problemas de la comunidad. Como contraparte de todas estas políticas, los materiales producidos con el apoyo de infraestructuras públicas deben retornar a la comunidad con licencias libres.
Proveer infraestructura también implica apoyar plataformas comunitarias de financiamiento, así como promover y facilitar la distribución de los materiales culturales producidos a través de ellas. El fomento de la colaboración abierta y del financiamiento colectivo de proyectos en plataformas no capitalistas es un área a trabajar con mayor fuerza. Contribuir a la visibilidad de las producciones culturales menos mediáticas, apoyar los proyectos que satisfacen necesidades culturales y que obtienen el aval de la comunidad, facilitar la distribución de contenidos libres en medios estatales, comunitarios y privados, son todas políticas públicas que sirven a los bienes comunes.
Probablemente lo más importante para la sostenibilidad de los bienes comunes digitales es desarrollar una organización productiva propia de las trabajadoras y trabajadores que producen estos bienes o que se basan en ellos para producir otros bienes. Las plataformas online de la llamada sharing economy capitalista no son otra cosa que corporaciones intermediarias entre una fuerza de trabajo precaria y los consumidores de bienes y servicios. Su posición como intermediarios les permite capturar el espacio de lo colaborativo y apropiarse del trabajo impago de los usuarios-productores, sin hacerse cargo de los costos laborales y la protección social. Estas plataformas corporativas han comodificado la producción colaborativa; el desafío es comunificar la producción, lo que quiere decir, sustraerla del control capitalista y de la producción de mercancías, para que pase a una órbita de control comunitario con la finalidad de satisfacer necesidades.
Unir el potencial de las redes digitales con la rica historia del cooperativismo y la economía social puede ser una respuesta a cómo organizar la producción de bienes comunes digitales. Ann Marie Utratel8 habla de la articulación de dos posibilidades: construir plataformas digitales de propiedad y gobernanza compartida por usuarios y trabajadores (cooperativismo de plataforma), y generar una convergencia entre la producción colaborativa y el movimiento cooperativo tradicional (cooperativismo abierto). Estas propuestas apuntan no solamente a mantener un nicho de economía basada en bienes comunes dentro de un marco capitalista, sino a la construcción de una economía más justa bajo otras reglas. Por tanto, pensar la sostenibilidad y el gobierno de los bienes comunes (digitales y de todo tipo) no se reduce a diseñar posibilidades de negocio basadas en lo “open”, sino a encarar una agenda política de transformación económica y social radical.
5) Modelos de gobernanza
Distintos tipos de bienes comunes digitales requieren grados más altos o más bajos de regulación. Algunas comunidades muy grandes, como la de Wikipedia o las de los principales proyectos de software libre, desarrollaron una gran cantidad y diversidad de mecanismos de gobierno, roles, jerarquías y acuerdos de colaboración. Esto es importante sobre todo en las iniciativas en las que muchas personas contribuyen a un gran recurso compartido, como una enciclopedia o un sistema operativo. En estos casos no se trata simplemente de que cada persona aporte su producción individual, sino de ponerse de acuerdo en cómo va a ser el recurso común. Los aportes individuales son granos de arena en una gran construcción colectiva cuya gestión y gobierno deben incorporar procesos democráticos.
Los modelos de gobierno de los bienes comunes digitales tienen que apuntar a procesos amplios de democratización. Como hemos visto a lo largo del capítulo, no se trata solamente de ampliar el acceso a estos bienes, sino también de democratizar los procesos y herramientas para construirlos y mantenerlos. La correcta síntesis entre horizontalidad y jerarquías democráticas, la transparencia, la apertura y la documentación de los procesos son fundamentales para reeditar permanentemente la producción y gestión de bienes comunes digitales. De ahí que el código del software libre o las especificaciones de los protocolos de internet, por ejemplo, se mantengan necesariamente abiertos y disponibles.
En varias partes de este capítulo hemos hablado del rol del Estado y de la interacción de los bienes comunes digitales con ciertos bienes públicos, como las redes de telecomunicaciones, las instituciones educativas, los espacios y las infraestructuras culturales, etc. La gestión de los bienes comunes digitales tiene un importante aspecto comunitario autogestivo basado en instituciones de autogobierno, pero también requiere de políticas públicas y de regulaciones cuyo protagonista es la ciudadanía en su conjunto, y no solamente comunidades específicas, por más democráticas y horizontales que sean en su organización interna.
Las comunidades (de usuarios de internet, de una biblioteca popular o de una huerta común) no tienen un alcance suficiente para coordinar a nivel general los bienes públicos y comunes globales (por ejemplo, los desafíos ambientales de la generación de energía que se requiere para hacer funcionar internet). Estas comunidades por sí mismas tampoco pueden garantizar en un nivel más amplio los derechos fundamentales y la satisfacción universal de las distintas necesidades humanas esenciales. Por ejemplo: una universidad puede generar su propia revista o librería de acceso abierto acordando normas de publicación y licenciamiento; sin embargo, esto no es suficiente para garantizar el acceso a materiales de estudio e investigación a toda la ciudadanía, para lo cual es imprescindible una reforma de las leyes que regulan la propiedad intelectual.
El Estado tiene como finalidad histórica establecer el sentido de lo universal,9 que sigue siendo un principio fundamental que actúa complementariamente con las fuerzas autogestivas de la sociedad. Es por eso que el poder estatal es necesario para el desarrollo y protección de los bienes comunes digitales y otros de distinto tipo, a través de legislación y políticas públicas que, sin sustituir ni socavar la gobernanza comunitaria de los bienes comunes, garanticen su apertura y alcance universal.
1 Ostrom, E. y Hess, C. (2016) Los bienes comunes del conocimiento. Traficantes de Sueños. Madrid. p. 39. Disponible en: https://www.traficantes.net/libros/los-bienes-comunes-del-conocimiento Consultado el 31/5/2017.
2 Boyle, James (2003). El segundo movimiento de cercamiento y la construcción del dominio público. Traducción al castellano de Vercelli, Ariel (2005). Disponible en: http://www.arielvercelli.org/documentos/E2MDCYLCDDP-BOYLE.pdf Consultado el 31/05/2017.
3 Chaparro, Enrique (2004). El ‘gobierno’ de la Internet. Fundación Vía Libre. Disponible en: https://www.vialibre.org.ar/2004/08/27/el-gobierno-de-la-internet/ Consultado el 30/05/2017.
4 Zuboff, Shoshana (2015). Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. En Journal of Information Technology, 30(1), 75-89.
5 Morozov, Evgeny (2015). ¡Socialize the data centres! En New left review n° 91. Disponible en: https://newleftreview.org/II/91/evgeny-morozov-socialize-the-data-centres Consultado el 30/05/2017.
6 ITU. ICT Facts & Figures 2016. Disponible en: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx Consultado el 31/05/2017.
7 Wikimedia Foundation. Financial statements, years ending June 30, 2016 and 2015. Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/4/43/Wikimedia_Foundation_Audit_Report_-_FY15-16.pdf Consultado el 30/05/2017.
8 Utratel, Ann Marie (2017). From Platform to Open Cooperativism. En Commons Transitions. Disponible en: http://commonstransition.org/from-platform-to-open-cooperativism/ Consultado el 31/05/2017.
9 García Linera, Álvaro (2015). Nueve tesis sobre el capitalismo y la comunidad universal. En Socialismo comunitario: un horizonte de época. p. 14. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz.