El proyecto de construir una usina en la boca de mina para quemar el carbón e inyectar electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional nació de los propios trabajadores, que lo discutían en sus asambleas desde fines de los 80.
A principios de los 90, el gobernador Néstor Kirchner y el presidente Menem acordaron concesionar el yacimiento al empresario Sergio Taselli, con subsidio para sueldos y un mercado cautivo para el carbón a precio también subsidiado (la usina privatizada de San Nicolás debía comprar el carbón como parte de pago de la privatización, durante varios años). En aquellos años, Cristina Fernández pronosticaba un futuro para estos pueblos basado en el cultivo de ajo y el turismo, descartando la viabilidad de la mina, lo que le valió el rechazo de los mineros y sus familias.
Por su parte, Taselli, con la complicidad de los gobiernos, inició un vaciamiento que prácticamente desmanteló la empresa. Para el año 2002, quedaban apenas 700 empleados. Finalmente, por el clamor de los mineros y de los pueblos de la cuenca, y en el marco de graves denuncias contra Taselli, la empresa fue intervenida por el Estado nacional.
En 2004, 14 mineros murieron asfixiados en un incendio, por falta de seguridad y de equipos de rescate adecuados. La conmoción producida por este verdadero crimen social para el que nunca hubo justicia, derivó en la decisión del gobierno kirchnerista de avanzar con inversiones y licitar más tarde la usina a carbón. El vaciador Taselli, socio de los K, sigue impune.
La licitación de la usina la tomó Isolux-Corsán, empresa española que ya tenía negros antecedentes por abandonar obras en países de Centroamérica. Las compras de materiales y equipos de la mina tuvieron todas las características de la década kirchnerista, con denuncias de sobreprecios por doquier y también compras mal realizadas, que ralentizaron el desarrollo minero. Hasta se llegó a licitar un tren turístico que nunca se construyó.
En estos años, al mismo tiempo, ingresó a trabajar una nueva generación de mineros y se logró poner en plena vigencia los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, tanto la construcción de la usina como el desarrollo minero fueron muy lentos, y CFK terminó su mandato sin que el complejo se pusiera realmente en marcha. Pero el mello de la cuestión pasa por el hecho de que el anterior gobierno no formalizó el carácter estatal de la empresa ni normalizó su directorio, dejando abierta la posibilidad de una privatización de la parte rentable del negocio, que sería la usina. Durante los últimos años de gestión K, los mineros realizaron un nuevo ´congreso del carbón´ –como el que habían realizado en el año 2000– y reclamaron la figura legal y la unidad económica del emprendimiento en un carboeléctrica estatal, con participación paritaria de los trabajadores en el Directorio. CFK hizo oídos sordos. La bancada del Frente de Izquierda, a través del entonces diputado nacional Néstor Pitrola, presentó en esos tiempos un proyecto de carboeléctrica estatal con mayoría de trabajadores y vecinos electos y revocables en la conducción.
A fines de 2015, tras haber perdido las elecciones, CFK envió un proyecto de figura legal que se aprobó en Diputados pero terminó cajoneado por la mayoría K en el Senado.
Los mineros y los trabajadores de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre son cargan en sus espaldas una larga trayectoria de lucha.
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