En julio, Iparraguirre, que fue entregada hace un año para ser juzgada por una docena de causas, fue condenada por primera vez en España a 122 años de cárcel por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, en 1995 en León.
En este segundo juicio, la Fiscalía le acusa de haber hecho entrega en 1997 a los miembros del comando Katu -Kepa Arronategui y Eneko Gogeascoechea, ya condenados por estos hechos- de material explosivo, detonadores, granadas y armas "con indicación expresa de que las granadas fueran usadas de forma inmediata en la campaña de atentados de verano de 1997".
"En ejecución de las órdenes impartidas por Anboto y provistos del material que había sido aportado por ésta a tal fin", los dos miembros del comando procedieron a atentar contra la citada Comisaría de Policía el 21 de julio de 1997, relata el fiscal en sus conclusiones provisionales.
"Con la voluntad de causar la muerte a cuantos funcionarios policiales se encontrasen", colocaron, junto al tronco de un árbol "dos artefactos explosivos constituidos por unos tubos lanzadores de granadas mecar" orientados hacia las dependencias policiales.
Como a las ocho de la mañana, se dispararon tres granadas, una explotó en la calzada, otra en el patio interior de la comisaría y la tercera no estalló y fue encontrada en el tejado de un inmueble por los Tedax.
Entre unos arbustos, fue hallada una "bomba-trampa" que tenía puesta la alarma a las nueve de la mañana, "con el fin de causar la muerte" a los tedax que acudiesen a desactivarla, señala el escrito.
Como consecuencia de las explosiones que se produjeron, una mujer que paseaba por la zona resultó herida y también se registraron desperfectos en varios inmuebles, daños por los que la Fiscalía pide que la etarra indemnice a los perjudicados y al Ayuntamiento de Oviedo.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de estragos, otro de lesiones terroristas y tres delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.