La sala Teatro del Barrio, en Lavapiés, se quedó ayer pequeña para albergar la primera asamblea regional de personas afectadas por la venta de viviendas públicas y sociales de la Comunidad de Madrid. Convocados por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), más de 150 damnificados se dieron cita para acordar nuevas movilizaciones y aumentar los canales de comunicación entre promociones afectadas.
A pesar de que también estaban convocados los afectados por la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, la totalidad de asistentes procedía de promociones del IVIMA de municipios tan diversos como Majadahonda, Parla, Leganés, Getafe, Torrejón de Ardoz, Alcobendas y Madrid (de bloques del PAU de Vallecas y de La Ventilla). De estas, la mayoría forman parte del paquete de 3.000 viviendas que el Gobierno regional ya ha vendido a las empresas Azora y Goldman Sachs. Solo una minoría de afectados pertenecían a inmuebles que aún no han sido enajenados.
Con objeto de aumentar su presión y conseguir sus principales reivindicaciones, que pasan por el mantenimiento de las subvenciones al alquiler, la permanencia de los contratos y la paralización de los planes de venta existentes, los afectados aprobaron crear una coordinadora que agrupe a delegados de todas las promociones e incrementar su presencia en la calle con protestas. En este marco, acordaron celebrar una manifestación el próximo 15 de febrero que partirá a las 12:00 de Cuatro Caminos y finalizará ante la sede del IVIMA, en la calle Basílica.
El pasado mes de agosto, la PAH y la PAVPS anunciaron que si la Comunidad continuaba su plan de venta de parte de su parque de vivienda pública emprenderían acciones legales. En noviembre, a instancias de estos colectivos y de la FRAVM decenas de ciudadanos afectados, presentaron un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar un proceso de privatización de la vivienda pública que atenta contra derechos fundamentales de los y las inquilinas. El recurso incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados.
Ese mismo mes, miles de personas se manifestaron por el centro de la capital contra los planes de enajenación del Gobierno regional y en diciembre una marcha recorrió en barrio de La Ventilla-Almenara por el mismo motivo. Pero, a pesar de las protestas, la Comunidad de Madrid sigue adelante con su proyecto de venta, ignorando las reclamaciones de las personas afectadas.