Sanidad de Castilla y León está ejerciendo como agente comercial de los fabricantes de la vacuna del papiloma humano. Estos días envía a las familias con hijas en edad de vacunación cartas en las que anima a la inmunización asegurando su eficacia y seguridad. Hace campaña así en un momento en que baja esta polémica vacunación.
El fenómeno no es nuevo. Desde que comenzó a introducirse la vacuna del papiloma en el mercado español, comunidades autónomas como la Valenciana hicieron planes de difusión que incluyeron cartas a las familias. Tras producirse las graves reacciones adversas en chicas de Valencia en 2009 volvieron a enviarse esas misivas que tenían como objeto contrarrestar la mala imagen suscitada por la vacuna.
Otro gobiernos autonómicos han impulsado así el negocio de los fabricantes, GlaxoSmithKline (GSK) y Sanofi Pasteur Merck, Sharp & Dohme (MSD). «Esta vacunación, voluntaria y gratuita, está dirigida a las adolescentes que van a cumplir 14 años en 2015», expresa la carta. Y continúa con falacias:
La vacunación es segura y bien tolerada. No hay evidencias científicas de que la vacuna VPH produzca efectos adversos graves. Las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, así como las Sociedades Médicas Científicas, avalan la seguridad de su administración a esta edad estando esta vacuna incluida en los programas de vacunación de numerosos países de nuestro entorno».
La seguridad de esta vacuna está más que en entredicho y la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) ha denunciado al menos tres sospechas de muertes relacionadas con la vacuna sólo en España.
Es con mucho la vacuna con más notificaciones de reacciones adversas graves y muertes en todo el mundo, como así lo atestiguan los daños del sistema de notificaciones en USA, el VAERS y la Agencia Europea del Medicamento mediante documentos a los que tengo acceso.
Miente pues el Gobierno de Castilla y León para lavar la mala imagen de una vacuna en entredicho. Unas ocho sociedades autoproclamadas «científicas» avalan la vacuna y es cierto, sólo que TODOS los expertos que firman los documentos de consenso mediante los que avalan la vacuna, trabajan o han trabajado en los laboratorios productores de la misma…
Si «nuestro entorno» son la potencias económicas del mundo hay que explicar que el Gobierno de Japón ha dejado de recomendar, como hace el de Castilla, esta vacuna y obliga a sus médicos a explicar porqué a quienes deseen acudir a dicha inmunización.
Sanidad hace bien en pedir la autorización de los padres en su misiva. Antes de cada vacunación es obligado firmar un consentimiento informado (aunque casi nunca se hace), el problema es que esa carta no puede considerarse información de calidad -con sus pros y sus contras- pues contiene importantes sesgos y falacias que pueden llevar a los padres y madres a pensar que la vacuna ha de ponerse a las chicas, cuando no tiene porqué ser así y ni siquiera se conoce su efectividad pues no ha habido tiempo de comprobarla.
La prensa castellana irresponsable ha ido un poco más lejos y en sus titulares da a entender que esta inmunización es obligatoria. Leed el del Norte de Castilla: Hasta 730 niñas deben vacunarse contra el virus del papiloma humano. Cambiad el «deben» por pueden y estaréis en lo cierto.
En fin, todo esto no es más que la acostumbrada estrategia de lobby de los laboratorios para mantener su cuestionado producto en el mercado y que las ventas no bajen. Para ello usan a políticos, sociedades médicas profesionales o medios de comunicación. La promo del gobierno castellano, por cierto, la pagan los castellanoleoneses, las vacunas también y si se producen daños lo pagarán con su salud y con dinero para rehabilitación, en el mejor de los casos.
Yo por mi parte, una vez más declaro mis posibles conflictos de intereses y como sabéis las personas asiduas al blog, la AAVP está representada legalmente por nuestro Bufete Almodóvar & Jara y hemos comenzado a demandar a los fabricantes de esta vacuna por los daños que ocasiona.