Como no compartir el anhelo de restituir las tierras a personas que fueron víctimas del crimen del despojo de sus bienes, se trata de miles de familias campesinas, afrocolombianas e indígenas, que se convirtieron en seis millones de desplazados, que aún hoy, conservan la triste condición de permanecer en el Estado de Cosas Inconstitucionales, porque el estado colombiano ha sido incapaz de garantizar sus derechos fundamentales como víctimas de este crimen.
Pero ahora, se
habla por doquier de restitución de tierras, el propio Presidente ha
liderado las denuncias de múltiples formas de despojo que
promovieron políticos, empresarios, paramilitares, delincuencia
organizada, con la complicidad en muchas ocasiones de las propias
instituciones del estado. Hoy se ha puesto en marcha la ley de
reparación a las víctimas y restitución de tierras, que en
términos generales es una buena intención para transitar hacia el
restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Sin embargo, la
restitución no puede limitarse o entenderse como la sucesión de
anuncios mediáticos de gran impacto, tampoco puede creerse que hay
restitución porque el gobierno organizó una marcha campesina en
Necoclí, Antioquia, encabezada por el propio Presidente, hechos que
sin duda son importantes en el camino hacia el restablecimiento de
los derechos vulnerados, pero que ellos solos, no constituyen la
restitución en si misma de las tierras usurpadas violentamente.
Junto a estas
acciones, es bueno que el gobierno le expliqué al país, de qué
manera van enfrentar los grupos paramilitares que durante tantos años
promovieron el despojo ilegal y violento de tierras, hasta expropiar
entre 8 y 10 millones de hectáreas para ponerlas al servicio del
narcotráfico, o para el desarrollo del proyecto minero energético,
la ampliación del cultivo de la Palma Aceitera, o para negociarlas
cuando de impulsar megaproyectos de infraestructura ha hablado el
gobierno. Los grupos paramilitares como hoy se sabe, continúan
ejerciendo control militar y político en buena parte del país, como
recientemente lo demostraron los Urabeños y los Rastrojos
promoviendo paros armados en importantes zonas del país.
Igualmente, es
importante saber cuáles son las tierras que se restituirán?, Y como
la restitución de tierras es compatible con los objetivos del
proyecto minero energético impulsado por el presente gobierno, que
adjudicara millones de hectáreas a transnacionales y grupos
económicos, para una salva explotación de la riqueza del subsuelo
colombiano?, Hace falta aclarar si las tierras que se restituirán
son las mismas que perdieron los campesinos, hoy en propiedad
terratenientes, transnacionales, políticos, militares y Mafias, o se
trata de “nuevas tierras” baldías ubicadas en la frontera
agrícola del país, llevando a las personas restituidas a una nueva
fase de colonización de tierras?.
Por estas razones,
compartiendo el entusiasmo generalizado por la restitución, no creo
que una marcha promovida por el gobierno, para respaldar la ley de
restitución, pueda catalogarse como “un día histórico”, esto
sería tanto como olvidar que estas tierras se perdieron,
precisamente porque el gobierno no fue capaz de protegerlas.
Lo verdaderamente
histórico, en la restitución plena, no sólo de los títulos, sino
de los bienes patrimoniales, que permitan a estos campesinos retomar
su proyecto de vida campesina, histórico es el anuncio para el
desmonte definitivo de los grupos paramilitares y la judicialización
de los agentes estatales que promovieron, permitieron y se
beneficiaron de esta criminal práctica, histórico sería que el
gobierno expropie sin fórmula indemnizatoria a todos aquellos que se
beneficiaron con los desplazamientos y despojos de millones de
colombianos, histórico es que se entregue sin trabas tierra fértil,
y en condiciones favorables para el desarrollo del proyecto de
economía campesina a quienes deseen trabajarla, histórico es que el
país conozca la verdad que hoy se oculta sobre el despojo y los
nexos de éste con el modelo de desarrollo neoliberal, histórico que
haya justicia para que los responsables de las violaciones a los
derechos humanos, los perpetradores de crímenes, y quienes los
ordenaron sean judicializados.
Por esta razón,
siendo bueno que haya una movilización de campesinos, es mejor
permitir que de manera autónoma los campesinos, desplazados,
víctimas de los despojos y el país entero, promuevan
manifestaciones independientes para exigir garantías para el
cumplimiento de sus derechos.
Por esta razón,
hay que respaldar la movilización impulsa desde el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el movimiento popular,
para el próximo seis de marzo por una real restitución de tierras y
patrimonios, con garantías para la vida de quienes reclaman este
derecho.
6 DE MARZO: POR
UNA VERDADERA RESTITUCIÓN, Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS