El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta, Mustafa Mohamed, pide a la Ciudad Autónoma que extienda “al menos un mes más” el programa estival de apertura de comedores escolares, cuya finalización está prevista para el próximo 30 de septiembre.
El servicio ha venido comenzando a cargo del Ministerio en cursos anteriores a partir del 1 de octubre, cuando se reincorporaba a sus puestos el personal fijo-discontinuo que lo atiende, pero el cambio de gestión de las becas, que ahora asume directamente la Administración en lugar de dejarlo en manos de los centros educativos, hace prever que su adjudicación no estará resuelta, en el mejor de los casos, hasta noviembre.
El plazo de solicitud de las 615 ayudas que para Ceuta ha reservado el Estado termina el próximo 24 de septiembre. Recibidas las solicitudes, una Comisión local de Promoción Estudiantil elaborará un informe con el resultado de la evaluación de las mismas “antes del 27 de octubre”. En Madrid, Educación y Hacienda tendrán hasta 6 meses para resolver el trámite íntegro.
“Con esos plazos”, ha señalado el presidente de la FAMPA, “es previsible que el reparto de ayudas no se conocerá en uno o varios meses, con lo que ahora mismo nos enfrentamos a semanas sin servicio para los aproximadamente 500 niños que se han beneficiado del mismo durante el verano, que aún así es inferior en 300 al volumen total de beneficiarios del curso pasado”.
Desde el punto de vista de la FAMPA “las Administraciones, que no dejan de presumir de coordinación, están obligadas a poner todos los medios a su alcance para evitar ese perjuicio, máxime cuando la Ciudad Autónoma ha percibido 1,3 millones del Fondo del Estado para combatir la pobreza infantil”. La Dirección Provincial del Ministerio ha acordado esta semana con los directores de los centros que disponen de comedor escolar pedir a los Servicios Centrales que detallen cómo gestionar unas becas que según sus bases puede solicitar cualquier alumno, esté escolarizado en el colegio que esté, y que no establece límites en función de la capacidad de sus instalaciones.
Los colegios tampoco han cobrado desde enero, ni saben cuándo lo harán, las transferencias del Ministerio para financiar este servicio.