Militarización de la política y política de guerra en el Ejército argentino (1870). Faccionalismo, lealtades políticas y mecanismos de promoción de los jefes y oficiales durante el proceso de construcción del Estado
Este trabajo analiza algunas cuestiones relacionadas con las características de las Fuerzas Armadas en el contexto de construcción del Estado nacional. La crisis desatada en el Ejército durante la campaña militar en Entre Ríos (1870) permite examinar el estado de la organización militar, las conexiones de los jefes y oficiales con la política, la de los militares con su profesión y el papel de las relaciones jerárquicas en las operaciones de guerra, a la vez que los mecanismos vinculados con la promoción y el ascenso de los cuadros militares dentro del Ejército en un contexto de militarización de la vida política
argentina.
This work tries to check some questions related to the characteristics of the Armed Forces in the context of the State-formation process. The crisis untied in the National Army during the military campaign in Entre Rios of 1870 offers a point of observation from where looking at the condition of the military organization, the relations of the chiefs and officials with the politics, of the military men with his profession, the paper
of the hierarchic relations in the operations of war and some aspects related to the promotion and ascent of the military men inside the Army.
Ce travail analyse quelques questions liées aux caractéristiques des forces armées dans le contexte de la construction de l’État national. La crise suscitée dans l’Armée pendant la campagne militaire en Entre Ríos (1870) permet d’examiner l’état de l’organisation militaire, les contacts des chefs et officiers avec la politique, la relation des militaires avec leur profession et le rôle des relations hiérarchiques dans les opérations de guerre.
Il permet aussi d’analyser les mécanismes liés á la promotion des structures ou des dirigeants militaires dans l’armée dans un contexte de militarisation de la vie politique argentine.
Referencias
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Militarización de la política y política de guerra en el Ejército argentino (1870). Faccionalismo, lealtades políticas y mecanismos de promoción de los jefes y oficiales durante el proceso de construcción del Estado
Lucas Codesido Marzoratti
* Profesor en Historia en la Universidad Nacional de General Sarmiento y docente investigador en la Universidad Nacional de la Matanza. Correo electrónico: firstname.lastname@example.org. El autor es Magíster en Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España). Entre sus publicaciones recientes tenemos: Consagrar la Nación: El concepto de Nación en los debates políticos hispanoamericanos, 1808-1814. Una revisión historiográfica, Cambios y Permanencias No. 3 (2012) y Cristianismo y Revolución (1966-1971). Las armas de la Redención, de la teología a la lucha armada, Revista Solidaridad Global, Año 9 (2012). Entre sus líneas de investigación se encuentra el disciplinamiento social, militarización y caudillismo en la Argentina 1840-1880.
Recibido: 30 de noviembre de 2012
Aprobado: 25 de enero de 2013
Modificado: 24 de marzo de 2013
Artículo de investigación e innovación
Militarización de la política y política de guerra en el Ejército argentino (1870). Faccionalismo, lealtades políticas y mecanismos de promoción de los jefes y oficiales durante el proceso de construcción del Estado
Resumen
Este trabajo analiza algunas cuestiones relacionadas con las características de las Fuerzas Armadas en el contexto de construcción del Estado nacional. La crisis desatada en el Ejército durante la campaña militar en Entre Ríos (1870) permite examinar el estado de la organización militar, las conexiones de los jefes y oficiales con la política, la de los militares con su profesión y el papel de las relaciones jerárquicas en las operaciones de guerra, a la vez que los mecanismos vinculados con la promoción y el ascenso de los cuadros militares dentro del Ejército en un contexto de militarización de la vida política argentina.
Palabras clave: Fuerzas Armadas, siglo XIX, Ejército argentino, construcción del Estado.
Militarized policy and war policy in the Argentine Army (1870). Factionalism, political loyalties and mechanisms of promotion of the chiefs and officials of the Argentine Army during the State-formation process
Abstract
This work tries to check some questions related to the characteristics of the Armed Forces in the context of the State-formation process. The crisis untied in the National Army during the military campaign in Entre Rios of 1870 offers a point of observation from where looking at the condition of the military organization, the relations of the chiefs and officials with the politics, of the military men with his profession, the paper of the hierarchic relations in the operations of war and some aspects related to the promotion and ascent of the military men inside the Army.
Key words: Forced Armed, 19º Century, Argentine Army, State-Formation.
Militarização da política e política de guerra no Exército argentino (1870). Facciosismo, lealdades políticas e mecanismos de promoção dos chefes e oficiais durante o processo de construção do Estado
Resumo
Este artigo analisa algumas questões relacionadas com as características das Forças Armadas no contexto da construção do Estado nacional. A crise desencadeada no Exército durante a campanha militar de Entre Ríos (1870) permite examinar o estado da organização militar, as conexões dos chefes e oficiais com a política, aquela dos militares com sua profissão e o papel das relações hierárquicas nas operações de guerra, enquanto os mecanismos relacionados com a promoção e avanço de quadros militares do Exército em um contexto de militarização da vida política argentina.
Palavras-chave: Forças Armadas, século XIX, Exército argentino, construção do Estado.
Militarisation de la politique et politique de guerre dans l’armée argentine (1870). Le factionnalisme, les allégeances politiques et les mécanismes de promotion des chefs et officiers pendant le processus de construction de l’Etat
Résumé
Ce travail analyse quelques questions liées aux caractéristiques des forces armées dans le contexte de la construction de l’État national. La crise suscitée dans l’Armée pendant la campagne militaire en Entre Ríos (1870) permet d’examiner l’état de l’organisation militaire, les contacts des chefs et officiers avec la politique, la relation des militaires avec leur profession et le rôle des relations hiérarchiques dans les opérations de guerre. Il permet aussi d’analyser les mécanismes liés á la promotion des structures ou des dirigeants militaires dans l’armée dans un contexte de militarisation de la vie politique argentine.
Mots-clés: Forces armées, XIX siècle, Armée argentine, construction de l’État.
Introducción
“… Ignoramos que la misión de un general en jefe sea engañar al Gobierno, y que por honor del Ejército argentino, sufrimos en silencio la humillación vergonzosa de proceder tan inconsiderado, como sufrimos en silencio el escándalo de haber nombrado en el campo de batalla jefe de un cuerpo de línea, puesto conquistado con su brillante lanza, al coronel Campos, siendo fatalmente este jefe, el único cuya tropa había perdido un estandarte en el mismo teatro; lo cual constituye una ofensa directa al honor militar y una mofa de las armas”.1
En diciembre de 1870, durante la guerra contra el jordanismo, un grupo de oficiales del Ejército elevan una solicitud al presidente Sarmiento en la que piden que el general Ignacio Rivas, hasta ese momento jefe del Ejército del Uruguay, sea inmediatamente separado del mando de esa fuerza debido a los graves cargos de que lo acusan. En primer lugar lo denuncian por elevar un parte falso de los resultados en la batalla de Santa Rosa –ocurrida el 12 de octubre– luego de la cual Rivas había reportado un amplio triunfo de las armas nacionales y anunciado el fin de la guerra en Entre Ríos debido a la destrucción que decía haber ocasionado a las fuerzas de López Jordán. Luego, los oficiales enumeran las consecuencias que tuvo dicho parte en la conducción de la guerra, y revelan otros aspectos más profundos acerca del mal funcionamiento del aparato militar. Entre ellos, critican una conducción cuyos signos distintivos son la mala administración y la corrupción en el sistema de abastecimiento de las tropas movilizadas. Esto último constituía el cargo más grave de todos, debido a las sospechas que levantaba sobre la dirección política de la guerra.
Habían transcurrido varios meses de campaña militar sin obtener resultados definitivos para los nacionales, la guerra ya se había transformado en una desgastante “guerra de proveedurías” donde las redes de abastecimiento resultaban fundamentales para la victoria militar. Poner en duda la política militar en ese contexto significaba un cuestionamiento hacia el Ministerio de Guerra y el rol del presidente Sarmiento. Por tal motivo, la presentación de esos jefes cayó pesadamente en el gobierno nacional afectando el curso de la campaña militar y colocando sombras sobre una política militar improvisada a partir de la fragilidad de una alianza circunstancial de Sarmiento con el mitrismo.2
En este trabajo nos interesa analizar todo lo relacionado con las características de las Fuerzas Armadas en este período. La guerra y la construcción del Estado se vinculan a través de los cambios operados en una organización militar que se concibe como brazo armado de ese Estado en formación. La militarización de la vida política argentina en aquel período brinda el marco más general donde se suceden aquellos hechos denunciados. La crisis desatada en el Ejército nacional durante la campaña militar de Entre Ríos en 1870 nos ofrece un punto de observación del estado de la organización militar en algunas de sus dimensiones. Nos interesa examinar el papel de la guerra y su incidencia dentro de las Fuerzas Armadas: ¿Qué relación existía entre la guerra y la profesión militar? Por ello examinaremos algunas ideas y representaciones que los militares tenían acerca de sí mismos y su relación con la política militar. Y además, ¿qué mecanismos de promoción permitían a jefes y oficiales el ascenso dentro de la estructura de jerarquías del Ejército? ¿Qué papel jugaban las disputas políticas facciosas en la traducción práctica de esos mecanismos? ¿Si es que lo hacían? Son algunos de los interrogantes sobre los que nos interesa enfocar el análisis que proponemos para comprender mejor el rol desempeñado por las estructuras militares dentro de un proceso de mayor magnitud cual es el de la consolidación de las estructuras estatales. Para intentar dar respuesta a esos interrogantes primero esbozaremos un panorama acerca del estado de la organización militar durante la gestión presidencial de Sarmiento, marco sobre el que acontece la crisis mencionada que abordaremos más adelante.
1. Sarmiento y el ejército
La aparición de Sarmiento en la presidencia tuvo una característica peculiar que marcó, por lo menos durante su comienzo, la pauta y el tono de su gestión. Su triunfo era el de un candidato sin partido propio, situación que representaba la llegada al gobierno de alguien ajeno a la desgastante lucha diaria de las facciones y que había sido colocado para elevarse sobre las aspiraciones e intereses de estos grupos.3 En términos facciosos, al momento de su llegada al poder hay un Federalismo representado por la figura de Urquiza, un Mitrismo o un Alsinismo, conducidos por Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina, pero no un Sarmientismo. El sanjuanino se presentaba a sí mismo como alguien que se proponía no distinguir entre amigos y enemigos a la hora de aplicar la ley, y cuya conducción y liderazgo no estarían sujetos a favores personales. Por estos motivos, al acceder a la presidencia, Sarmiento se propone establecer un principio de autoridad que pretendía ejercer, según sus propias definiciones la función ejecutiva en la mayor medida que la Constitución tolerase, y en ese sentido, estaba convencido de que el monopolio del uso de todas las fuerzas militares era una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, inherente a su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Este atributo fue defendido decididamente por el nuevo presidente en las distintas situaciones donde la intervención del Ejecutivo se justificaba desde la necesidad de fomentar la institucionalidad en todos los niveles del Estado.4 Por esto, a la hora de defender las instituciones y la Constitución no dudará en sostener que:
“…La ley militar está al frente de la Constitución de los Estados Unidos y de la nuestra también. Ante ella enmudecen las garantías individuales proclamadas por el pueblo libre. El ciudadano norteamericano mismo desaparece, desde que en la Constitución se le muestra el tambor pronto a sonar (…) No hay, pues, justicia federal para el que lleva en las manos el arma que le ha confiado el Estado, la que toma contra él. Los nacidos en la República Argentina son miembros de la Guardia Nacional, estén enrolados o no, entiéndanlo bien; y desde que un argentino lleva un arma y un paquete de cartuchos, está sujeto a las terribles leyes militares que precaven a la sociedad de que esos cartuchos vayan a la boca del fusil sin orden del jefe de Estado”.5
Con estas consignas Sarmiento se ocupó de definir el rol del Ejército y de la Guardia Nacional. Sostuvo fuertes disputas con los gobiernos provinciales en relación con la convocatoria y sostenimiento de las fuerzas militares de origen local. En materia judicial rivalizó con los tribunales federales de justicia dependientes de la recientemente creada Corte Suprema, enfrentando diversos conflictos relacionados con las potestades de la justicia civil para legislar sobre asuntos que el gobierno consideraba castrenses y, por tanto, sujetos a tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo en su papel de comando en jefe del Ejército. También a la inversa cuando la justicia ordinaria reclamaba su potestad si se disponían tribunales militares sobre ciudadanos comunes.6 Las medidas políticas tendientes a la centralización de la autoridad nacional sobre la sociedad civil marcó la pauta de la gestión de Sarmiento, y las disposiciones en materia militar probaron ser un buen vehículo para lograr ese objetivo.
2. Avances institucionales en la organización militar (1868-1874)
Sarmiento fue el candidato propuesto por los oficiales del Ejército, subordinados a Mitre en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando el candidato natural a la sucesión mitrista parecía ser Elizalde. El triunfo de Sarmiento expresaba, en gran medida, el descontento de esos oficiales que fueron testigos de la deslucida conducción militar que Mitre desempeñó durante la Guerra de la Triple Alianza, cuestión que además evidenciaba una organización militar deficiente.7 Muchas de las demandas asociadas con la necesidad de lograr una mayor modernización en el Ejército serán atendidas durante la gestión presidencial de Sarmiento entre 1868 y 1874.
Sobre las huellas todavía frescas de ese enorme fenómeno social que fue la Guerra de la Triple Alianza se vuelven a poner en cuestión algunos aspectos relacionados con la organización militar. Los cinco años de campaña militar significaron la verdadera prueba de fuego para el entonces naciente Ejército Nacional. Significaría un gran aprendizaje para sus protagonistas, soldados y oficiales vueltos del frente. La primera lección que traen los oficiales del frente paraguayo es la necesidad de profesionalizar la organización militar en todos sus niveles, desde la conducción y preparación para el combate hasta las redes de logística y abastecimiento de tropas, pasando por las relaciones de la estructura militar con el poder civil y la sociedad. Las conclusiones provisorias y contundentes que dejaba como saldo el conflicto de la Triple Alianza es que todas las carencias de una organización militar deficiente se traducían en miles de vidas humanas perdidas,8 interminables períodos de campaña que atentaban contra cualquier disciplina militar, además de enormes costos materiales.9 Estos problemas son asociados desde la visión de muchos oficiales con la política militar que los origina.10
Sarmiento era un gran admirador de las doctrinas militares europeas, sobre todo las de Francia, y estaba convencido de que preparando soldados de carrera de acuerdo con un programa científico se daría el primer paso para acabar con la improvisación en el Ejército. Con estas ideas retoma el antiguo proyecto de Mitre de organizar una escuela militar, iniciado poco antes y truncado por la guerra en el Paraguay. Con la ayuda de su ministro de Guerra, Martín de Gainza, pone en marcha el Colegio Militar en 1869.11
En septiembre de 1872 el Congreso de la Nación sanciona una nueva ley para el reclutamiento del Ejército. En ella se disponen las condiciones para el alistamiento de voluntarios, enganchados, destinados y la proporción del número de reclutas en forma de contingente con que cada provincia debía contribuir a la remonta del Ejército de Línea. Es la primera disposición que adecúa el número de los contingentes requeridos con la población existente según el censo nacional de 1869.12 Así, 1872 se convierte en el año donde quedarán estructuradas las bases para la futura profesionalización del Ejército. Aunque su reforma completa se demorará todavía casi tres décadas más.13 La ley de reclutamiento se daba en un contexto de fuertes cuestionamientos al Poder Ejecutivo nacional por las intervenciones federales y por el rol del Ejército como brazo armado de la centralización, en contra de las autonomías regionales.14
3. La guerra contra López Jordán y las atribuciones militares del Gobierno nacional: batallas militares y discursivas
La revolución contra Urquiza y la rápida designación de su sucesor15 venían a ser el corolario de una serie de transformaciones políticas e institucionales en el poder provincial durante toda la década de 1860 que le otorgó peso a una creciente ola de oposición al poder personalista de Urquiza y derivó en la consecuente crisis de un federalismo que no conseguía despegarse de su figura para hacer pie en la emergente política nacional.16 En un primer momento, y a partir de la sorpresa inicial por lo ocurrido, Sarmiento designa a Emilio Mitre al frente de un Ejército de Observación encargado de vigilar la costa del río Uruguay en prevención de nuevos actos de hostilidad. En un decreto del 14 de abril, sostiene que una “banda armada en que figuraban asilados orientales” fue la que dio muerte al gobernador entrerriano.17 Unos días después envía otro Ejército de Observación al mando del general Conesa, esta vez sobre las márgenes del río Paraná. Finalmente, el 25 de abril el Gobierno nacional declara que “Ricardo López Jordán acaba de lanzarse abiertamente en la rebelión llamando a la guerra contra la Autoridad Nacional a los habitantes de Entre Ríos, para oponerse con las armas al ejercicio de los Poderes Públicos de la Nación y destruir la Constitución”, y por ello es que “D. Ricardo López Jordán y todas las personas que con él se han alzado públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno nacional son reos de rebelión contra la Nación, y deben ser perseguidos”.18 Se nombra a Emilio Mitre general en jefe de todas las fuerzas puestas en campaña y se dispone movilizar a la Guardia Nacional de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
No se intervino desde un primer momento la provincia de Entre Ríos porque hubo una fuerte corriente de oposición a esa medida dentro del propio núcleo de poder político de Buenos Aires. Hasta ese momento había imperado el argumento de que el Gobierno nacional solo podía conducir una intervención federal, si esta era requerida por alguna autoridad legítima dentro del ámbito provincial.19 Sarmiento había citado al grupo de dirigentes más notables de la política nacional para una reunión donde se discutió el asunto. Entre ellos se encontraban el vicepresidente Alsina y los cinco ministros: Bartolomé Mitre Vélez Sarsfield, Gainza, Varela, Avellaneda, Gorostiaga; el gobernador de Buenos Aires, Emilio Castro; los senadores Quintana, Tejedor, Pico, Oroño y Ocampo, y los diputados Mármol, Keen, J.R. Pérez, Bazán y Mariano Acosta. A la hora de hablar de intervención federal, Mitre, Pérez y los ministros sostuvieron que el Gobierno debía intervenir Entre Ríos por derecho propio, sin necesidad de la requisición de autoridades provinciales, y Alsina, Oroño, Quintana, Tejedor, y otros se opusieron sujetándose a la letra dura del artículo antes mencionado.20
Luego de la reunión se decidió la intervención militar en la provincia de Entre Ríos que impulsaba el mitrismo, aunque se debía colocar una figura legal que justifique la invasión armada. Como no hubo consenso para comisionar la intervención federal y el artículo sobre intervenciones era bastante claro acerca de las condiciones en que se debía realizar, se emitió la declaración del 25 de abril. López Jordán es acusado de atentar contra los poderes públicos de la Nación y pretender destruir la Constitución, por lo cual se decreta su inmediata persecución con el Ejército. Se dispone el llamado a las armas a la Guardia Nacional de Entre Ríos y la movilización de las mismas en Santa Fe y Corrientes, y se designa al general Juan Andrés Gelly y Obes, comandante en jefe de las fuerzas de línea y guardias nacionales movilizados en la provincia de Corrientes.21
Los antes llamados ejércitos de observación se convierten ahora en ejércitos de campaña y se hacen visibles las operaciones militares –aunque estas ya habían comenzado antes de esta fecha–.22 El 28 de abril Sarmiento ordenó el “cierre de todos los puertos argentinos del Uruguay que no se hallen sometidos a la jurisdicción del general en Jefe del Ejército Nacional” y luego designó al brigadier general Miguel Galarza, comandante en jefe de las Fuerzas de Caballería movilizadas de la provincia de Entre Ríos,23 para operar bajo las órdenes directas de Emilio Mitre. Con fecha 2 de mayo, por decreto, se declara en estado de sitio a la provincia y el 5 se dispone dar la “baja de la Lista Militar” para los jefes y oficiales del Ejército que residiendo en las provincias de Entre Ríos y Corrientes no se hubieran presentado al llamado de las autoridades. Entre Ríos quedaría rodeada por tropas del Gobierno nacional avanzando desde las tres provincias limítrofes, dando comienzo a una larga guerra civil con variadas alternativas e interrupciones que duró hasta 1876.
4. De la polémica al consenso: el fantasma de Pavón
“… ¿Va el Gobierno nacional a intervenir con fuerza armada a Entre Ríos, sin esperar el requerimiento de las autoridades? Así lo parece, pero el hecho es demasiado grave para no esperar verlo confirmado antes de hacer comentarios sobre el (..) Su conducta puede granjearle más simpatías de toda la provincia de Entre Ríos, así como también puede enajenarles la voluntad de todos”.24
La prensa de Buenos Aires debatió fuertemente el asunto de la guerra civil en la provincia de Entre Ríos, muchas voces se elevaron denunciando la ilegalidad en la forma de proceder por parte del Ejecutivo. Entre ellos Martin Ruiz Moreno y el doctor Clodomiro Cordero. El primero publicó una serie de artículos en el periódico La Discusión, que luego fueron reunidos en un folletín cuyo título expresaba claramente sus conclusiones: “La intervención armada, única causa de la guerra en Entre Ríos”, texto en el que también incluía los discursos y proclamas de López Jordán que, generalmente, eran poco conocidos en Buenos Aires,25 por su parte, Cordero compiló sus artículos en defensa de la posición de López Jordán en otro folleto publicado en 1871.26 A estos se sumarían el senador Nicasio Oroño, Onésimo Leguizamón, Héctor F. Varela, Carlos Paz, entre otros, quienes luego formarían el “Comité de la Paz”. A partir de su postura crítica contra la falta de legalidad en la intervención armada en aquella provincia, el grupo intentó infructuosamente mediar una salida pacífica y negociada actuando como nexo entre el gobernador fugitivo y el Gobierno Nacional.
Desde las páginas de La República, Nicasio Oroño sostiene duras polémicas con La Nación, el diario mitrista que desde el comienzo incitaba al Poder Ejecutivo a intervenir la provincia. El senador santafecino cuestiona la utilización del Ejército para fines meramente políticos:
“…La existencia de los ejércitos permanentes será siempre una contradicción con el espíritu y tendencias de la Constitución. Pretender establecer la democracia representativa, proclamarla como la mejor forma de gobierno, estableciendo al mismo tiempo como base de su existencia, y como condición indispensable de su estabilidad, un Ejército permanente en el interior, es un contrasentido en que solo pueden incurrir los que no entienden el gobierno republicano, o los que se propongan engañar al pueblo con el nombre y con las formas de la república para dominarlo como déspotas”.27
El mismo 25 cuando se conoce la declaración de guerra y persecución contra López Jordán, Carlos Paz expresaba en carta a Luis V. Varela: “La Constitución no autoriza la intervención enviada a Entre Ríos, y si esta provincia resiste, por desgracia sostiene la causa del derecho federal no delegado. Si vence la intervención será un sojuzgamiento, si es vencida será un descrédito para el Gobierno; y de una manera o de la otra, tendremos una guerra civil que nos dejará semilla para continuados disturbios”.28 Es interesante la postura del diario La Prensa, del propio José Carlos Paz, publicación que repetidamente sostenía no ser “ni oficialista ni opositor” al gobierno de Sarmiento. Desde un primer momento se encargó de denunciar la ilegalidad de cualquier tipo de intervención armada sobre la provincia de Entre Ríos por parte del Gobierno nacional, y a polemizar con otros periódicos como La Tribuna o El Nacional que estaban en línea con las decisiones del presidente, y, sobre todo, con La Nación, diario de Mitre, que instigaba abiertamente al Gobierno nacional para llevar la ocupación militar sobre Entre Ríos.29 Pero una vez que ha sido declarada la persecución militar y ante la inminencia de la guerra contra las fuerzas que antes respondían a Urquiza, el clima bélico vuelve propicia la actualización de los antiguos rencores, que movilizan a quienes escriben en La Prensa. A partir de la declaración de guerra, este diario postulará que, como en el fondo son “liberales de corazón”, creen que “ahora la cuestión cambia de aspecto, llevada al terreno de los hechos, la lucha va a ser entre los últimos elementos de la barbarie y el Gobierno constitucional, la elección no puede ser dudosa”.30
La guerra vuelve a unificar criterios en Buenos Aires, los mitristas ahora apoyan al Gobierno, pero la fragilidad de esta efímera alianza ocasional se pondrá de manifiesto en una crisis impensada, esta vez dentro del seno del Ejército de Operaciones en Entre Ríos. Crisis que mostrará lo débil de esa alianza circunstancial del Gobierno nacional con el mitrismo.
5. Las operaciones militares: la costosa guerra sin fin
La guerra de Entre Ríos obligó al Estado a gastar enormes sumas de dinero para movilizar y armar a los ejércitos de campaña. Un primer crédito suplementario de dos millones de pesos fuertes, votado el 3 de septiembre de 1870, quedó agotado al mes siguiente. El 2 de enero de 1871 se abrió otro crédito extraordinario por otros dos millones de pesos, que fue reforzado en octubre de ese año con quinientos mil más. Otros quinientos mil serán votados con el mismo fin el 16 de julio de 1872 para pagar los haberes adeudados “a las milicias que fueron movilizadas en las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, con el objeto de reprimir la rebelión en esta última”.31 Doscientos mil pesos fuertes más el 14 de octubre. Nueva orden por quinientos mil pesos fuertes el 5 de mayo de 1873 para atender la segunda guerra jordanista. Un millón de pesos el 14 de julio de 1873, otro millón el 12 de septiembre, y un tercero por la misma cantidad ordenado el 14 de noviembre del mismo año. En 1874 se aprueba otro millón el 21 de enero, que se amplía con cien mil pesos fuertes acordados el 12 de junio. Durante la presidencia de Avellaneda, en 1875 se otorgan quinientos mil pesos el 8 de agosto y, finalmente, el 25 de ese mes, otros 27.539 pesos fuertes con 70 centavos tendrán como destino la “cancelación de varios créditos provenientes de la rebelión de Entre Ríos”.32
Desde el punto de vista de las operaciones militares, en el transcurso de los meses las fuerzas nacionales no conseguirían dar con una victoria definitiva debido a la rapidez de movimientos y el conocimiento del terreno de las fuerzas de caballería entrerriana. La amplia superioridad en armas y preparación del Ejército argentino, que había sido acrecentada por la guerra en el Paraguay todavía seguía dependiendo de las distintas redes de apoyo local, en cuestiones como la logística, el abastecimiento de recursos materiales, y, sobre todo, humanos, que permitieran primero vencer a la geografía y sus dificultades, y permitir el combate frente a frente contra un enemigo siempre escurridizo. López Jordán había logrado reunir en poco tiempo unos 12 mil hombres que formarían la caballería entrerriana, aunque deficientemente armados con “lanzas, chuzas, sables, trabucos, fusiles, tercerolas, entre otros”,33 mientras que las fuerzas nacionales incluían entre su arsenal las famosas piezas de artillería prusianas, los cañones Krupp, y en la segunda guerra contra el jordanismo en 1873 serán utilizados por primera vez los fusiles Remington en el Ejército. En aquellas circunstancias, la superioridad numérica de las fuerzas entrerrianas fue contrarrestada por el armamento, la organización y la disciplina de las tropas mandadas por Conesa. Recién el 20 de mayo de 1870 los jordanistas presentarían una línea de batalla en el arroyo del Sauce. Allí se pudo probar que las fuerzas de caballería ya no serían lo suficientemente fuertes para enfrentar a la artillería e infantería nacional mejor equipadas. Pero la rapidez y movilidad de los primeros impedía su persecución y el logro de una victoria completa para los nacionales. De modo que la iniciativa de los entrerrianos se limitó a proponer una guerra de guerrillas que lograba entorpecer el movimiento y las comunicaciones de los nacionales, aunque evitando el enfrentamiento directo.34
6. El Ejército dividido por el faccionalismo: batallas internas entre jefes y oficiales
Las dificultades en las operaciones de guerra durante 1870 traerían aparejados varios cambios en la conducción de las fuerzas nacionales. La victoria definitiva, siempre descontada de antemano, nunca llegaría y obligaba a mantener movilizadas durante largos meses a unas fuerzas deficientemente atendidas. La situación no tardaría en traducirse en intensos malestares entre los jefes en campaña y el presidente, luego de los jefes entre sí, y más adelante entre estos y algunos de sus oficiales subordinados. Episodios que detonarían en graves denuncias públicas y discusiones interminables en los diarios.
Como veremos a partir de las consecuencias generadas por el parte de guerra aparentemente falseado del triunfo en la Batalla de Santa Rosa enviado por el general Rivas,35 el conflicto de Entre Ríos sacará a la luz una situación de graves deficiencias en la organización que va más allá de esa campaña y se remonta desde tiempo atrás.36 Lo que sí adquiere novedad en ese contexto es la iniciativa de un grupo de oficiales para colocar ese asunto en la agenda política. Aunque el Gobierno nacional estaba presionado por la necesidad de concluir con una guerra desgastante y difícilmente pudo meditar seriamente acerca de grandes reformas, ello fue el principal obstáculo que encontrarán quienes reclamaron los urgentes cambios.
La crisis que sucederá a continuación se remonta al desenlace de la batalla en las puntas del Sauce el 20 de mayo, concluida cuando los jordanistas huyen del escenario de la guerra. Hecho que genera en Buenos Aires un clima de intensa euforia por el resultado aparentemente victorioso para los nacionales. En ese caso, López Jordán se había retirado con su Ejército casi completo, y unas semanas después ocuparía la capital de la provincia, Concepción del Uruguay, y luego importantes poblaciones del este como Federación, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Diamante y Nogoyá.
Este revés produjo un alto impacto en la opinión pública y trajo como resultado la exoneración de Emilio Mitre del mando del Ejército de Operaciones.37 En su reemplazo el Ejército del Uruguay quedó al mando de Ignacio Rivas que luego se incorporó al Ejército de Gelly y Obes, quien pasó a ocupar la comandancia general del Ejército en Campaña. También las desavenencias entre Sarmiento y Conesa traerán la renuncia de este al mando del Ejército de Paraná. Para Sarmiento la inacción de Conesa y Mitre era la causante no solo del avance de los jordanistas sino también, entre otras, de la deserción en masa de las milicias entrerrianas a los cuerpos del Ejército nacional, que iban a sumarse al enemigo. El presidente se negaba a admitir o considerar otros motivos, como la identificación del jordanismo con la causa provincial o la identificación de esos paisanos con el federalismo, al referirse a la fuga de los entrerrianos.38
En reemplazo de Conesa, Sarmiento nombra al coronel Juan Ayala para conducir ese cuerpo, medida que a algunos generales como Gelly y Obes o el propio Rivas, que se autopostuló para esa jefatura en carta al ministro de Guerra, les resultaba inaceptable, puesto que era impropio que un coronel ocupara el cargo y no un general en quien existan las cualidades que faltan al coronel Ayala,39 intentando hacer valer la jerarquía militar. Es importante esta cuestión acerca del grado militar de Juan Ayala para considerar lo que sucederá a continuación de su designación. Ayala recibió la orden de unirse a Gelly y Obes en el Tala con la premisa de no ofrecer batalla hasta que las fuerzas del primero se aproximaran, aunque sin esquivarla si se daba la oportunidad. Esa ocasión se presentó el 22 de septiembre cuando luego de reunirse ambos ejércitos, Ayala solicita apoyo para atacar al Ejército jordanista que, sorprendentemente, se hallaba acampando a tres leguas con su parque a la vista y dando una ocasión única para el ataque. La negativa a su pedido por parte de Gelly y Obes fue sostenida en la razón de que “…habiendo dos generales, él y Rivas, no debía un coronel como Ayala desempeñar la parte más importante de las operaciones”.40
Además argumentaba su negativa en que debía dar prioridad a la llamada reorganización del Ejército, la que consistió en despojar a Ayala de los principales regimientos de que disponía, a partir de una Orden General del 24 de septiembre. Según Ayala esta disposición constituía una “destitución disimulada, que no carecía de ejemplo en nuestros ejércitos”, por lo que solicitó su inmediata exclusión del mando, que finalmente fue entregado a Rivas que tanto lo ansiaba. Álvaro Barros, en aquel momento jefe de Estado Mayor de esa fuerza, también pidió ser separado del Ejército de Operaciones junto con Ayala y luego denunciará en carta a Sarmiento que la unión de ambos ejércitos y la posterior separación entre Gelly y Obes y Rivas ya había sido resuelta con anterioridad por ambos, puesto que:
“Suspender la operación de guerra para dar una nueva organización a ejércitos que vienen ya organizados, es inexplicable y más aún tratándose de un enemigo que huye con facilidad y presteza y que es muy difícil volver a tomar reunido y a distancia de combatir con todo nuestro Ejército. Sin embargo, el gral. Gelly lo creyó así conveniente y da por razón, que habiendo dos generales, él y Rivas no debía un Coronel como Ayala desempeñar la parte más importante de las operaciones”.41
Luego de estos hechos en el seno del Ejército de Operaciones, el conflicto estallará en la opinión pública cuando Juan Ayala a través de Álvaro Barros expuso la versión de su salida del mando en un artículo del diario La República de José C. Paz. El periódico La Nación de Mitre tomará la posta en defensa de Gelly y Obes y Rivas, donde publican sus descargos, y a partir de allí comenzará una batalla verbal con acusaciones cruzadas de ambas partes, con cargos por incompetencia militar, irresponsabilidad en la conducción, y hasta corrupción en el manejo de los recursos. La negativa de Sarmiento a formar un Consejo de Guerra que aclare los hechos, reclamado por unos y otros, hace que la tensión se magnifique y crezca en intensidad a través del periodismo.42 Pero esta crisis preparará el terreno para una de mayor tenor que sobrevendrá luego de la batalla de Santa Rosa con el parte de guerra firmado por el general Rivas.
El 12 de octubre desde el “Campo de la Victoria en Santa Rosa”, Rivas felicita a Sarmiento porque el Ejército que comanda “acaba de coronar la victoria más completa que pudiéramos desear”,43 en otra carta al ministro Gainza afirma que “... los rebeldes acaban de recibir un golpe de muerte. Con menos de cuatro mil hombres hemos batido a diez mil... (...)... no tenga usted duda de que nuestra victoria ha sido completa”.44 Por su parte, Gelly y Obes en su rol de Jefe de los Ejércitos Nacionales que operan en Entre Ríos, en el parte oficial al Ministro de Guerra dice: “… Felicito al Gobierno y al país por esta victoria que me autoriza a dar por terminada la presente guerra”.45 La asunción de la victoria como definitiva hace que incluso Rivas se asuma autorizado para ofrecer un “completo indulto a todos los obcecados por la pasión, o aconsejados por los malvados, habéis seguido en las filas de los rebeldes”46 invitándolos a retornar a sus hogares estando seguros de que serán protegidos por el Gobierno nacional que él representa. La prensa en los días siguientes a la batalla comienza a hacer eco de algunas versiones contradictorias en los resultados de aquella. El diario de Mitre exaltará la versión de la victoria completa, colocando en alto los nombres de Gelly y Obes y a Rivas a quienes atribuye todos los méritos y dedica la victoria de las armas nacionales a aquellos que dudaron de la acción y pericia de los dos generales, en directa alusión a las polémicas anteriores luego de las denuncias de Barros y Ayala.47 Por su parte, el diario La República publicará dos partes de guerra provenientes del jordanismo en donde estos se atribuyen la victoria por sobre las fuerzas de Rivas. Ante la diversidad de versiones que fueron apareciendo el redactor de ese diario se pregunta cuál de las dos dice la verdad. Aunque luego concluye afirmando que “... escarmentados como estamos ante tanta victoria figurada y con tantos anuncios de conclusión de los rebeldes, tememos encontrarnos más tarde con rectificaciones y con que la batalla quedó sin solución. Mucho tememos que López Jordán aparezca mañana con otro Ejército, y que la guerra siga el curso de los tiempos”.48 Es lo que habrá de suceder.
En aquel contexto de versiones contradictorias que van sucediéndose a través de la prensa es que estalla la nueva crisis en el seno del Ejército de Operaciones. El 26 de noviembre, 18 jefes pertenecientes a los cuerpos de Ejército de Línea elevan una presentación formal al general Gelly y Obes en la que piden que separe a Rivas por “incompetente para el mando y perjudicial a los intereses de la Nación y el Ejército”49 y le solicitan encarecidamente a este que vuelva a reunir los dos ejércitos bajo su mando para poder marchar con mayor seguridad contra el enemigo. Gelly y Obes se limita a elevar a Gainza una copia de la presentación y el ministro interviene enviando una carta de tono melodramático a Luis María Campos, uno de esos jefes, en la que les ruega a los oficiales que “retiren la nota y que todos se agrupen alrededor de la bandera azul y blanca”.50
La falta de una respuesta más convincente impulsa a los jefes a elevar otra nota al presidente Sarmiento en la que se detallarán los acontecimientos de la campaña de Santa Rosa y los motivos que impulsaron el pedido de separación de Rivas. Allí exponen además los graves problemas de logística y organización que vienen sufriendo esas fuerzas y hacen imposible la conclusión de la guerra. Es importante considerar el contenido de este escrito, hecho por los propios protagonistas, y que más tarde será rescatado por Álvaro Barros en 1872 en su Fronteras y territorios federales de la pampas del sur, quien lo utiliza para extraer de allí sus conclusiones acerca del estado de la organización militar del Ejército nacional.
En primer lugar, los 18 jefes firmantes denuncian como falso el parte de guerra pasado por Rivas y relatan las graves consecuencias que trajo como resultado a quienes desde el Gobierno nacional pudieron haber creído sinceramente en él, puesto que:
“ ...El general Rivas pasa un parte de una batalla decisiva, y asegura que el enemigo ha tenido cuatro veces mayores pérdidas que las sufridas por el Ejército Nacional. Esto es un engaño al Gobierno y al país. Nuestro ejército quedó dueño del campo, es verdad, pero en cambio perdió 145 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, un estandarte, algunas caballadas y monturas de la infantería, muchas de la caballería y el equipo de algunos jefes y oficiales arrebatado por el enemigo; todo lo cual se omite en el parte referido, mientras que el enemigo perdió solo 45 muertos y 80 heridos. Ahora bien: ¿Ignoraba el general Rivas estos detalles? Podemos asegurar que todo el ejército los conocía. ¿Tuvo razón para ocultarlos? Respondemos que ignoramos que la misión de un general en jefe sea engañar al Gobierno, y que por honor del ejército argentino, sufrimos en silencio la humillación vergonzosa de proceder tan inconsiderado”.51
En segundo lugar, en la extensa nota redactada a modo de manifiesto, los oficiales argumentan que como consecuencia de este parte:
“…sino se hubiera faltado a la verdad, el general Gelly y el Gobierno se hubieran convencido de que no era posible obtener resultados favorables con los dos cuerpos del Ejército operando separadamente y los hubieran reunido, bien hubieran mandado a uno de ellos toda la caballería y todos los elementos de movilidad. A causa de este engaño, el Gobierno y el jefe superior no han podido, pues, proceder como las circunstancias aconsejan, siendo evidente y directo para el general Rivas el gran cargo de la prolongación de la guerra”.52
Otro elemento importante en el descargo de los jefes es el crudo cuadro en el que describen el sistema de proveedurías y la mala administración de los recursos hecha por los intermediarios contratados por el Gobierno, en connivencia con los jefes. Según la nota, esta deficiente administración de los recursos es producida por acciones sobre las que:
“…el decoro prohíbe entrar en detalles: basta saber que menoscaba la moral administrativa nacional. Administración que deja sin vicios a la tropa por mes y medio, y cuando lo provee lo hace por una quincena, so pretexto que el soldado no tiene necesidades de lo atrasado, lo que constituye una falta de equidad con el pobre servidor de la nación, y un cargo inmoral más que una economía, para aquella administración que desde hace meses no obliga a la proveeduría a que dé víveres a la tropa...(…)… Administración que no toma las medidas conducentes a cortar los robos y saqueos de las propiedades que se encuentran en el tránsito, emitidos por la tropa hasta en el mismo cuartel general; a impedir que carneen reses con cuero discrecionalmente lo que a vista de la tropa, denuncia un hecho que no se castiga y cuyo ejemplo imita, con desdoro de la opinión, de la moral y el orden a que debe sujetarse el defensor armado de la Nación. Causas son estas tan conocidas que han aumentado el descontento general contra la dirección, entre los jefes y oficiales del ejército”.53
Tal era la gravedad de los cargos que los oficiales hacían acerca de la conducción de los cuerpos del Ejército y de la organización militar que en aquel momento todos los esfuerzos del Gobierno nacional fueron puestos en instar a los jefes denunciantes a que retiren la nota a cambio de hacer lugar a modo de concesión al pedido de retiro de Rivas del mando del cuerpo. Se buscó una salida diplomática que pusiera fin al conflicto. Pero la denuncia había hecho además que Gelly y Obes anunciara al Ministro de Guerra que tampoco seguiría al mando del Ejército de Operaciones, advirtiéndole que “... no comprendo cómo has imaginado que yo pueda ir al Ejército del Uruguay permaneciendo en él los jefes que nos han puesto en el caso presente. Con ellos ni al cielo quiero ir y para comprometer una batalla con ellos y yo, es llevar media derrota hecha. Esta es la situación y no sé cómo es que Vs. la dejan prolongar”.54
El problema para Sarmiento es que la conducción de las operaciones militares en manos de Gelly y Obes y Rivas era algo más que castrense, pues constituía una concesión que simbolizaba la alianza circunstancial que había conseguido entablar con el mitrismo, fuerza que presionó al Gobierno para precipitar las operaciones de guerra. En ese marco, dar lugar al pedido de los jefes implicaba el riesgo de que aquella fuerza volviera a su posición anterior al asesinato de Urquiza, es decir, a la enconada oposición contra la gestión presidencial. Finalmente, Rivas y Gelly y Obes salieron del Ejército de Operaciones55 y la ruptura con el mitrismo fue su consecuencia, aunque Sarmiento reiterara a Rivas su “particular estimación” y le pidiera hacerse cargo de la frontera sur.56
7. Los oficiales firmantes: perfiles
La primera cuestión a revisar es la de cuál era el significado de la carrera militar en este período. Una aproximación a esta cuestión nos parece necesaria para comprender las disputas entre jefes y oficiales y dentro de un contexto de lealtades facciosas. Encontramos que el servicio de las armas representaba para muchos actores una opción que era complementada con la actuación política, la función pública y la pertenencia a un partido o facción en la contienda política. La carrera militar no era incompatible con otras actividades puesto que todavía carecía de una formación profesional sistemática y un escalafón jerárquico bien definido. Así, la profesión de las armas aparece inevitablemente relacionada con un orden social en el que la militarización de la política era un fenómeno naturalizado desde las guerras de la independencia y que se había manifestado en cada uno los sucesivos intentos de organización nacional. El llamado espíritu de cuerpo no estaba bien asentado; mientras para algunos el sentido de pertenencia a la institución militar lo era todo, para otros podía aparecer formando parte en una superposición de varias identidades.57
Teniendo en cuenta esas consideraciones acerca de la carrera militar en el período queremos precisar algunas cuestiones respecto del perfil de los militares que pusieron su nombre en el manifiesto de los 18 oficiales. Revisando la trayectoria de esos hombres que adhirieron al pedido de separación de Rivas encontramos algunos lazos que nos dan la perspectiva de que casi todos ellos provenían de un marco común de experiencias vividas dentro del Ejército y de una misma generación etárea. Todos los oficiales que firmaron el manifiesto habían luchado en la campaña del Paraguay y en las rebeliones federales de finales de la década del 60. El promedio de edad era de 34 años y solo uno superaba los 40, Donato Álvarez (45). La mayoría era de Buenos Aires (12), diez de ellos iniciaron su actividad militar en el Ejército de Buenos Aires poco antes de Pavón y luego de la nacionalización de las estructuras militares porteñas pasaron al Ejército Nacional. Dos ingresaron al Ejército luego de 1865 durante el conflicto con el Paraguay (Mayer, Ferreyra). Los anteriores datos, además de mostrarnos que esos oficiales compartieron la experiencia de la guerra exterior, dan cuenta de que su promoción y ascenso dentro de los cuadros del escalafón militar estuvo ligada a los años transcurridos en la guerra del Paraguay.58
Esa diferencia generacional y experiencial se vio de modo más evidente cuatro años después al estallar la revolución mitrista. Los cuadros de la oficialidad rebelde aparecen mayormente compuestos por oficiales veteranos –mayores de 40 años o nacidos antes de 1840– y figuras cuya aparición pública está ligada al Partido Liberal. Eran parte de la antigua camada del Ejército que luchó contra Rosas, la confederación urquicista, en Pavón y luego en las campañas al interior del país en 1862-63. Por el otro lado, la oficialidad que se mantuvo leal al gobierno de Sarmiento en 1874 estaba mayormente compuesta por militares más jóvenes –no pasaban de los 40 años– cuyo bautismo de fuego y ascenso se produjo en los años de campaña contra el Paraguay.59El resultado de la guerra en 1874 para la organización de las fuerzas armadas será la separación y depuración de los últimos cuadros superiores, especie de rezagos militares, identificados con el mitrismo, es decir, con una etapa anterior a la guerra en el Paraguay.60
Consideraciones finales
La guerra de Entre Ríos se da en un contexto de urgencia del Gobierno nacional marcado por la necesidad de obtener resultados. En ella se jugaba el destino de la débil alianza entre el mitrismo y el gobierno de Sarmiento, y en ese marco cobra importancia la participación de jefes como Rivas y Arredondo. Ambos deseosos de un reconocimiento que les es esquivo por estar identificados con un pasado mitrista, un estigma que desde la perspectiva de la nueva oficialidad surgida en la guerra del Paraguay es el más faccioso y, por tanto, el menos profesional al interior de las Fuerzas Armadas. Dentro de esa trama se comprende el parte de guerra adulterado por Rivas, la reacción de sus subalternos y los incidentes que provoca en el Ejército de Operaciones y luego en el seno del gabinete nacional.
En el contexto de militarización de la política argentina que caracteriza a esta etapa, la guerra y sus resultados ofrecían un mecanismo de promoción efectiva para los cuadros del Ejército.61 La oportunidad de obtener variados beneficios para los jefes que resultaban vencedores en los campos de batalla. El caso más conocido y paradigmático de esa situación fue encarnado por Julio Roca, quien fue ascendido a coronel sobre el campo de batalla de Ñaembé en 1871, fue general del mismo modo en 1874 luego de Santa Rosa con 31 años de edad y comandante en Jefe (presidente de la Nación) –aunque resulta de una excesiva simplificación– después de su exitosa “Campaña al Desierto” de 1879.
Hay que señalar que para la opinión pública de entonces todo el crédito obtenido por el triunfo de las armas nacionales en un combate era atribuido, en primer lugar, a las cualidades del oficial que conducía la fuerza. La capacidad de mando exaltada como valor principal era la que prevalecía para luego dar lugar a otros aspectos relacionados con el accionar de los miembros subalternos de las Fuerzas Armadas. Esta supervaloración de las aptitudes del jefe, que generalmente era ascendido al grado superior sobre el campo de batalla aseguraba algunos beneficios adicionales para este. Entre ellos la posibilidad de asegurar la obediencia de sus subordinados al momento de elevar al Ministerio de Guerra sus informes sobre el desempeño de los oficiales bajo su mando, destacando los méritos de aquellos en las operaciones de guerra y recomendando los respectivos ascensos.
Aquella “lenta agonía de la lucha facciosa tradicional”62 que describía Halperín Dongui al hablar de la década de 1870 argentina parece vislumbrarse en aquella crisis del Ejército de Operaciones. La identificación de Rivas con el mitrismo coloca su figura en una etapa anterior del Ejército, previa a la Guerra de la Triple Alianza, asociada a una imagen politizada y poco profesional de las relaciones castrenses. Esos cuestionamientos muestran un tipo de representaciones sobre la condición militar más ligadas con el sentido de pertenencia a una institución que se asimila a las estructuras del Estado. Cuestión que supone una revalorización de la carrera de las armas como profesión que debe contar con sus propios protocolos de preparación y exigencia técnica específica. De allí la idea de contar con militares de carrera cuyo ascenso a posiciones de poder no esté relacionado a los repentinos vaivenes de la política facciosa.63 Que Rivas sea “incompetente para el mando” es lo que según los denunciantes lo convierte en “perjudicial a los intereses de la Nación”, y en su falta de competencia y aptitudes profesionales están incluidos esos hechos sobre los que “el decoro prohíbe entrar en detalles” que son los manejos irregulares y corruptos en la administración de la proveeduría de las tropas.
Finalmente, debemos destacar que las guerras civiles del período significaban hacia el interior de la organización militar la eventualidad de trasladar a la lucha armada las disputas jerárquicas, viejas rencillas y enemistades personales. Las polémicas que enfrentaban entre sí a oficiales del Ejército mostrarían que no fue casualidad que la mayoría de los jefes que acusaron a Rivas de incompetencia y pidieron su separación hayan estado unos años después, en 1874, junto con Barros y Ayala, del lado de la defensa del orden vigente64 enfrentando a la revolución mitrista de la que serán partícipes el propio Rivas, Gelly y Obes, Arredondo,65-66 y otros personajes como el coronel Benito Machado, seriamente cuestionado por distintas denuncias públicas de corrupción.
Tal como lo ha planteado Charles Tilly67 la guerra es el motor de los Estados, puesto que “los Estados hicieron la guerra, pero la guerra también hizo Estados”, la actividad militar estuvo directamente relacionada con la formación de los Estados y los períodos de intensa actividad militar han coincidido casi siempre con importantes innovaciones políticas. Situados en la Argentina de entonces, la guerra –además de sus consecuencias sociales– significaba una revolución hacia el interior de una organización castrense todavía débilmente institucionalizada y que aún se debería consolidar junto con el Estado. La guerra se vincula con la construcción del Ejército nacional y, sin duda, con los sucesivos avances del Estado. La disputa de las facciones políticas, resuelta en los campos de batalla, luego se traducía en la renovación y depuración de los cuadros militares. A su vez, el Estado modificará los modos de hacer la guerra cuando a partir de la renovación de sus Fuerzas Armadas, el Ejército vaya mutando paulatinamente su papel en los conflictos, consolidándose como brazo armado del Estado nacional.
Notas de píe de página
1 Manifiesto de los 21 oficiales, en Álvaro Barros, Fronteras y territorios federales de las pampas del sur (Buenos Aires, Hachette (1872) 1975), 88.
2 Entre las consecuencias que trajo consigo aquel episodio en el seno del Ejército se encuentra el fin de la conciliación del gobierno con el mitrismo, que volverá a su exaltada postura de oposición, anterior al asesinato de Urquiza en abril de 1870. Este hecho dio lugar a la invasión de Entre Ríos por parte de los nacionales.
4 Al asumir la presidencia, Sarmiento retornaba de su misión diplomática en los Estados Unidos.
5 Aunque este fuerte acento, puesto en el respeto por la constitucionalidad, no le impedirá recurrir a otros marcos legales para completar los vacíos que el texto constitucional deja abiertos y sobre los que todavía no hay un marco regulatorio acorde con los tiempos republicanos. En este sentido, respecto de las Fuerzas Armadas, la inexistencia de un Código Militar que recién será sancionado en 1895 hace que Sarmiento no dude en postular la vigencia de las Ordenanzas Militares de Carlos III de 1867, aplicándolas sobre distintas cuestiones. Así, aparece la antigua legislación monárquica en situaciones como la aprobación de la pena capital a los desertores del Ejército o para juzgar a los acusados de delitos de rebelión que el gobierno considera también sujetos a jurisdicción militar. Como podremos ver en el caso de la guerra contra las fuerzas de López Jordán esta política es llevada a cabo siempre desde una posición que sostiene la defensa y el funcionamiento de la autoridad legal ante lo que el Estado y sus agentes considerarán situaciones que ponen en peligro la vigencia de las instituciones constitucionales.
6 Artículo publicado en el diario El Nacional, el 13 de abril de 1869, escrito en respuesta al artículo “Jurisprudencia de sangre” aparecido en La Nación sin firma de autor, pero aparentemente escrito por Mitre a raíz de la condena a muerte del ciudadano Zacarías Segura por parte de un consejo de guerra levantado por Arredondo y defendido luego por Sarmiento. En Domingo Faustino Sarmiento, Obras Completas, La Matanza: UNLM, Tomo XXXI, 2001, 117.
7 El caso “Segura” fue emblemático en este sentido, produjo gran polémica y debates acerca de los alcances del fuero militar en la Cámara de Senadores y la prensa en junio de 1869 luego de la ejecución de un ciudadano condenado por un tribunal militar. Ver Lucas Codesido, “Zacarías Segura, ‘Salteador y Montonero’”. El caso “Segura: Justicia militar versus justicia civil en la segunda mitad del siglo XIX”, Cuadernos de Marte, Buenos Aires, Año 2, Nº 3, julio, 2012, 223-248.
En http://webiigg.sociales.uba.ar/revistacuadernosdemarte/nro3/3_codesido.pdf
8 Muchos oficiales atribuyeron directamente a Mitre y su ineptitud, las consecuencias del desastre de la Batalla de Curupaytí en septiembre de 1866.
9 Así, quienes reclamaron falta de planificación táctica y estratégica, estudio y conocimiento científico de las condiciones militares del enemigo y del campo de batalla tenían sus fundamentos en el saldo de la batalla de Curupaytí, la pérdida de miles de vidas humanas en cuestión de pocas horas.
10 La falta de disciplina y del llamado “espíritu de cuerpo” para ese entonces se expresaba en forma de deserciones y motines que en numerosas ocasiones obligaban a sancionar ejemplarmente a sus instigadores a fin de evitar la “desmoralización” de los batallones. Numerosos testimonios sobre la aplicación de la pena de muerte en el Ejército aparecen en las memorias del general de división Ignacio Fotheringham, un inglés de larga trayectoria en el Ejército argentino. Ignacio Fotheringham, La vida de un soldado, Reminiscencias de las fronteras (Buenos Aires, Ciudad argentina (1908), 1999), 155 y siguientes. También aparecen en Manuel Prado, La guerra al malón (Buenos Aires, Biblioteca Clásica Americana, 1942), 103-110.
11 La ineficiente y desastrosa situación de las proveedurías para el Ejército será duramente cuestionada no solo por quienes padecieron sus efectos sino también por los opositores políticos del gobierno de Mitre que la asociaban con negociados y prácticas corruptas entre el Gobierno nacional y algunos de sus allegados comerciantes de Buenos Aires, que firmaron importantes contratos de provisión para el Ejército de Campaña.
12 El 9 de agosto de 1869 el Poder Ejecutivo elevó al Congreso el proyecto de Ley por el que se creaba la institución. Aprobado en menos de dos semanas por ambas Cámaras, la ley fue sancionada el 11 de septiembre.
13 Fernando García Molina, La prehistoria del poder militar en la Argentina, La profesionalización, el modelo alemán y la decadencia del régimen oligárquico (Buenos Aires, Eudeba, 2010), 15-50.
14 Ese mismo año se había dado a publicidad la obra del coronel Álvaro Barros Fronteras y territorios federales de las pampas del sur (Imprenta Litografía y Fundición de tipos a vapor, Buenos Aires, 1872) de amplia difusión dentro de la élite política en la que se cuestionaba severamente el estado de la organización militar en todos sus niveles y, entre otras reformas, reclamaba una ley de reclutamiento acorde con los tiempos republicanos que superara a las antiguas ordenanzas españolas aún vigentes en el Ejército. Como veremos a continuación, la crisis en el Ejército de operaciones durante la campaña en Entre Ríos será el ejemplo que propone Barros para trazar el crudo diagnóstico acerca del deficiente estado de la organización militar. El autor dedica su obra al vicepresidente Adolfo Alsina. Curiosamente, además, 1872 es el año de aparición de Martín Fierro, personaje cuya existencia transcurre signada por el rigor y la arbitrariedad de las disposiciones militares.
15 Luego del asesinato del gobernador Urquiza, ocurrido el 11 de abril, dos días después asume interinamente el mando provincial el presidente de la Cámara Legislativa, Fidel Sagastume, y el 14 tuvo lugar la sesión en la que se designó a López Jordán al frente del Poder Ejecutivo provincial, de modo provisorio, y hasta completar el mandato del gobernador fallecido. Esta designación se hacía de acuerdo con el Artículo 37 de la Constitución Provincial y el 105 de la Constitución Nacional que establecía que las provincias eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de la provincia, sin intervención del Gobierno Federal.
16 Sobre la evolución del poder político en la provincia de Entre Ríos, ver Schmit, Roberto, “El poder político entrerriano en la encrucijada del cambio, 1861-1870”. En Guerra y orden social en los orígenes de la nación argentina, 1810-1880, editado por José Eduardo Míguez, Tandil, Anuario IEHS N° 18, 2003, 121-145.
17 Ercilio Domínguez, Colección de leyes y decretos militares (Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1898), 356.
18 Ercilio Domínguez, Colección de leyes y decretos militares, 358.
19 “El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana, a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas si hubieran sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia”, Artículo 6º sobre Intervenciones de la Constitución Nacional reformado en 1860. Citado de Nicanor González del Solar, Defensa del General D. Ricardo López Jordán presentada ante la Justicia Nacional, Rosario, Imprenta de la Capital, 31 de marzo de 1879. Antes de la reforma, este mismo artículo dejaba abierta la posibilidad de intervención federal sin haber sido requerida por alguna autoridad legal provincial.
20 Rinaldo Poggi, Crisis en el Ejército de Operaciones en Entre Ríos (1870), (Buenos Aires, Editorial Dunken, 2004), 49.
21 Ercilio Domínguez, Colección de leyes y decretos militares, 359.
22 El 17 de abril, José Hernández denuncia en su diario el Río de La Plata la detención de ciudadanos impuesta por el Gobierno nacional. Hay reclamos de la esposa de José M. Mosqueira, quien permaneció incomunicado unos 20 días luego de ser acusado de participar en la muerte de Urquiza. Y otros casos de abusos documentados. En Rinaldo Poggi, Crisis en el Ejército de Operaciones en Entre Ríos, 24.
23 Ercilio Domínguez, Colección de leyes y decretos militares, 362-363.
24 La República, domingo 17 de abril de 1870. Biblioteca Nacional, Hemeroteca.
25 Martin Ruiz Moreno, La intervención armada, única causa de la guerra en Entre Ríos (Buenos Aires, La Discusión), 1870.
26 Clodomiro Cordero, Revolución en Entre Ríos, la guerra y la paz (Buenos Aires, La Tribuna), 1871.
27 En Nicasio Oroño, Obras Completas, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Tomo ll, 2004, 717.
28 Diario La Prensa del 25 de abril de 1870.
29 Además, el periódico La Prensa también publicó algunos manifiestos de López Jordán, cartas del presidente de la legislatura entrerriana, y reprodujo artículos y noticias de los diarios entrerrianos donde se mostraba el punto de vista de quienes defendían la legalidad de lo actuado durante la elección de gobernador, y se demostraba la inconstitucionalidad de cualquier tipo de intervención por parte del Gobierno nacional en aquella provincia. En La Prensa, ediciones del sábado 15 hasta el jueves 21 de abril, Biblioteca Nacional, Colección Hemeroteca.
30 “... El Gobierno nacional ha cometido un error que deploramos; pero él es siempre el elegido del pueblo, el mandatario constitucional al que debemos obediencia y respeto. Los acontecimientos que se producen y cuyas consecuencias es imposible prever, van a ponerlo tal vez en conflictos que lo hagan necesitar de toda la fuerza del pueblo, de todo el apoyo del Partido Liberal…”. La Prensa, sábado 23 de abril de 1870, en Biblioteca Nacional, Colección Hemeroteca.
31 Ercilio Domínguez, Colección de leyes y decretos militares, 409.
32 Ercilio Domínguez, Colección de leyes y decretos militares, 518-519.
33 Comando en Jefe del Ejército Argentino, Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, 189.
34 Cuenta Fotheringham en sus memorias, sobre este aspecto de la campaña de Entre Ríos que “Había recibido una carta del coronel Roca, de Río Cuarto, en la que me decía: ‘…Si López Jordán no se quiebra el pescuezo de alguna rodada, no veo muy bien cuándo ni cómo se concluirá esa campaña’”… Ignacio Fotheringham, La vida de un soldado, 269.
35 Este hecho es rescatado luego en 1872 por el coronel Álvaro Barros en Fronteras y territorios federales de las pampas del sur para mostrar los graves problemas en organización en el Ejército y la necesidad de reformas.
36 No siendo nueva en el Ejército, esta crisis será luego retomada por Álvaro Barros como ejemplo del mal endémico que se perpetúa sin la intervención de quienes deben poner a la organización militar en un lugar acorde con el de las otras estructuras del Estado.
37 Se adujeron razones de salud de Mitre, debido a un cuadro de reumatismo articular para desplazarlo del mando. La renovada alianza de Sarmiento con el Mitrismo requería un manejo cuidadosamente diplomático de la cuestión. Enseguida, Emilio Mitre fue designado inspector y comandante general de armas, cargo que ocupaba anteriormente y que según el presidente no requería de la ardua y fatigosa tarea de conducir un Ejército en campaña. Resolución de Sarmiento del 27 de julio de 1870. En Estado Mayor General del Ejército (EMGE), Organización Nacional (ON), caja 42, documento 12909.
38 “… Conviene a los propósitos de la guerra que el mayor número de entrerrianos milite en nuestras filas y debe por todos los medios conservarle, inspirándole aliento y espíritu de disciplina con el contacto, de nuestros brillantes cuerpos de línea. Son además argentinos, y con ellos debemos contar, cualesquiera sean sus deficiencias”. Sarmiento a Conesa, Buenos Aires, 19 de julio de 1870, en Archivo Museo Sarmiento: 40-4311.
39 Rivas a Gainza, Barra del Chabón, 22 de agosto de 1870, en AGN: Fondo del Museo Histórico Nacional, 37-4967.
40 “... V. comprenderá. Que habiendo en este Ejército dos Grales., Rivas y yo, y que debiendo dar una nueva organización al total de las fuerzas dividiéndolas en un Ejército de Vanguardia y otro de reserva, de los que me estaba ocupando hoy mismo, no es posible que vayan dos Grales. a la cabeza de uno solo de ellos, poniendo al frente del otro, del que tal vez será el más fuerte y que forzosamente será el más importante a un Coronel que, si bien ha sabido ganarse justamente la reputación de bravo e inteligente, lo que por mi parte me complazco en reconocer, no es, repito, de los más antiguos”. Gelly y Obes a Ayala, Cuartel General, 22 de septiembre de 1870, en EMGE, Organización Nacional, caja 43, documento 13245.
41 Concluye su carta sosteniendo que la política dentro del Ejército se había vuelto más importante que las operaciones de guerra, pues “dominado así el Ejército, bajo una sola voluntad, los trabajos políticos se facilitan y dominada luego la provincia cautelosamente se levanta en oportunidad un candidato seguro y esto es lo que se está buscando, no a López Jordán”. Barros a Sarmiento, Paraná, 27 de septiembre de 1870, AGN, Fondo del Museo Histórico Nacional, 38-5029.
42 Un mayor detalle del tono de estas acusaciones cruzadas en los diarios en Rinaldo Poggi, Crisis en el Ejército de Operaciones en Entre Ríos (1870), capítulos 5 y 6.
43 Rivas a Sarmiento, 12 de octubre de 1870, en Museo Sarmiento. Caja 20, documento 2438.
44 Rivas a Gainza, Campo de la Victoria en Santa Rosa, 12 de octubre de 1870, AGN, FHN, 38-5067.
45 Gelly y Obes a Gainza, Puntas del Obispo, 13 de octubre de 1870, Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, mayo de 1871, anexo B, 116-117.
46 Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, 1871, 127.
47 Diario La Nación, 16 de octubre de 1870.
48 Diario La República, 16 de octubre de 1870.
49 Servicio Histórico, EMGE, ON, 44-14114. Firmaron esta nota: Luis María Campos, Donato Álvarez, Joaquín Viejobueno, Eduardo Racedo, Nicolás Levalle, Plácido Laconcha, Salvador Maldonado, Julio Ruiz Moreno, Octavio Olascoaga, Estanislao Heredia, Tristán Ortega, José J. Arias, Nicanor Pico, Mauricio Mayer, José Ferreira, Zacarías Supiche, Napoleón Uriburu, Teodoro García.
50 Gainza a Luis M. Campos, 30 de noviembre, AGN, FHN, 38-5189.
51 Reproducido en Álvaro Barros, Fronteras y territorios federales de las pampas del sur, 88.
52 Álvaro Barros, Fronteras y territorios federales de las pampas del sur, 89.
53 Álvaro Barros, Fronteras y territorios federales de las pampas del sur, 91. Unos meses antes en septiembre de 1870, Joaquín Viejobueno –uno de los oficiales firmantes– se quejaba amargamente en un reporte a Emilio Mitre diciendo que la tropa a su cargo “hace dos días no tiene que comer porque no se les paga y no llegan provisiones”. Viejobueno a Mitre, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1870, en EMGE, Organización Nacional, caja 43, documento 13260.
54 Gelly y Obes a Gainza, Concepción del Uruguay, 16 de diciembre de 1870, AGN, Fondo del Museo Histórico Nacional, Carpeta 38, Documento 5218.
55 Gelly y Obes fue terminante el 10 de diciembre de 1870: “Por consideraciones de ningún género permanezco un día más al frente del Ejército saliendo Rivas y quedando como estamos y te digo más que si hallo con qué matar el hambre de mis hijos fuera del país, trataré de dejarlo para no volver más a él. Lo que han hecho los Jefes de Línea, ultrapuros, demócratas, liberales y progresistas, es un
inaudito escándalo primero y único en nuestra historia militar”. Fondo del Museo Histórico Nacional, Legajo 38, Documento 5001.
56 Barros diría en 1872 sobre los resultados de aquel conflicto que la “solicitud fue retirada a instancias del Gobierno y las acusaciones que contenía se perdieron en el silencio y el olvido. Todos los que han prosperado bajo el sistema de corrupción, echando un velo sobre los superiores acusados, pidieron el castigo de los acusadores para conservar la disciplina y la moral. Ellos no fueron castigados porque no era posible, pero quedaron sometidos al antiguo régimen y no muy bien mirados por los superiores en el Ejército: de estos sucesos se desprende sin esfuerzos la causa de la desorganización militar, y de ella muy naturalmente la situación de las fronteras cuya seguridad se encomienda a una parte de ese Ejército bajo la dirección de jefes así acusados y absueltos”, Álvaro Barros, Fronteras y territorios federales de las pampas del sur, 93.
57 Una característica compartida por muchos de aquellos militares que sí eran identificados de modo determinante con la carrera de las armas era su condición de extranjeros. Esto significaba una limitación en las posibilidades de acción y participación en el terreno de la política ejerciendo otros roles distintos. Por ello es que los nombres de Arredondo, Rivas, Ivanowski, Fotheringham, entre muchos otros militares de origen extranjero, no pueden ser pensados sino como cuadros militares.
58 Abelardo Figueroa, Escalafón de Oficiales de las Armas del Ejército de Línea, 1862-1902, Estado Mayor General del Ejército, Buenos Aires, Edivern, 2002.
59 Allí estaban nuevamente Manuel Olascoaga (39), Napoleón Uriburu (38), Leopoldo Nelson (38), Rufino Ortega (37), Luis María Campos (36), Hilario Lagos (34), Eduardo Racedo (31), Ignacio Fotheringham (31), Octavio Ruiz Moreno (31), Julio Argentino Roca (34). Solo los coroneles Amaro Catalán (42), Juan Ayala (42) y Julio Campos (40) superaban los 40 años
60 Un estudio sobre la rebelión mitrista de 1874 en Míguez, José Eduardo, Mitre montonero. La revolución de 1874 y las formas de la política en la organización nacional, Buenos Aires, Sudamericana, 2010.
61 Dados a partir de los desempeños en el campo de batalla. Aunque también se podían presentar pliegos en el Senado para acordar los ascensos militares. En 1882 se sanciona la Ley de Ascensos Militares por la que comenzará a regir el sistema de antigüedad para la promoción en el escalafón, aunque el ascenso de los grados superiores continuará siendo por elección del presidente de la Nación con base en propuestas de los jefes superiores, jefes de cuerpo, y jefes de regimiento. Comando en Jefe del Ejército Argentino (1972). Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, 145-150.
62 Tulio Halperin Donghi, Proyecto y construcción de una nación, Buenos Aires, Ariel Historia, 1995, 7-107.
63 Simultáneamente a los hechos de Entre Ríos comienza a funcionar el Colegio Militar de la Nación a mediados de 1870, creado para formar oficiales de carrera para el Ejército.
64 Solo Plácido Laconcha participó en las fuerzas rebeldes de 1874.
65 Arredondo fue otro de los denunciados públicamente por Álvaro Barros entre 1870 y 1872, en su momento recopiló y publicó varios testimonios en contra de este que hacían referencia al mal desempeño de sus funciones y evidencias de corrupción en su ejercicio como jefe de la Frontera de Córdoba. Entre otras cosas se lo acusaba de traficar con los sueldos de los soldados, recibir provisiones y dinero según listas de revista infladas con soldados inexistentes. Álvaro Barros le dedica a Benito Machado un capítulo entero (capítulo VI) de sus Fronteras y territorios federales donde reconstruye a partir de cartas y documentos los modos por los cuales este jefe se enriquecía, según Barros, aprovechándose de la deficiente y mal regulada política de fronteras.
66 Esas enemistades también afloraban a la hora de juzgar a los vencidos. Luego de ser designado como integrante del consejo de guerra que juzgará a Arredondo después de la batalla de Santa Rosa, Julio Campos le escribe al Ministro de Guerra diciendo que “un deber de conciencia, Sr. Ministro, me pone en la condición imprescindible de declinar el nombramiento hecho en mi persona, por cuanto es notoria la enemistad personalísima en que me encuentro con el general Arredondo”. Julio Campos a Alsina, 21 de diciembre de 1874. EMGE, Servicio Histórico, Organización Nacional, caja 52, carpeta 257: Política interna y causas, folio 86, documento 16147.
67 Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados europeos, Madrid, Alianza, 1992.
Bibliografía
Fuentes primarias
Archivos
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Para citar este artículo: Codesido Marzoratti, Lucas. “Militarización de la política y política de guerra en el Ejército argentino (1870). Faccionalismo, lealtades políticas y mecanismos de promoción de los jefes y oficiales durante el proceso de construcción del Estado”, Historia Caribe Vol. IX No. 24 (Enero-Junio 2014): 131-161.
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