Estudios como la Encuesta de Hogares y Familias del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco nos presentan la foto (necesariamente movida) de una sociedad en transformación en la que, junto a importantes segmentos poblacionales instalados en coordenadas de estabilidad laboral, seguridad económica, soporte relacional y protección social, se observa un incremento de los sectores de personas que padecen precariedad laboral y económica y, frecuentemente, una simultánea fragilidad en lo relativo a los lazos familiares y vínculos comunitarios.
Una sociedad que ya no es la sociedad industrial protegida por el Estado de bienestar tradicional. Una sociedad en la que el cambio tecnológico y la globalización generan una esfera económica y un mercado de trabajo con nuevas oportunidades, pero con un ascensor social cada vez más averiado por evidentes amenazas, muchas veces ya cumplidas: más para jóvenes que para mayores, más para mujeres que para hombres y más para inmigrantes que para autóctonas. Una sociedad en la que, venturosamente, nos desembarazarnos de determinados controles familiares y comunitarios y se diversifican nuestras trayectorias relacionales y convivenciales, pero en la que hay un 25% de hogares en los que sólo vive una persona y no más de un 25% en los que hay menores de edad. Una sociedad en la en la que la segunda mayor preocupación es la que tiene que ver con el cuidado de personas con limitaciones funcionales en el contexto de la fabulosa revolución de la longevidad.
En esta transición las políticas sociales tradicionales, cuya protección social es, cada vez más, víctima del efecto Mateo (a quien tiene se le dará), se revelan como crecientemente disfuncionales, injustas e insostenibles, ya que, por ejemplo, están contribuyendo a que el riesgo de pobreza infantil sea cuatro veces mayor que el de las personas mayores, según datos del SIIS sobre el País Vasco, donde, por poner otro ejemplo, las deducciones fiscales por razones familiares son cuatro veces superiores a las prestaciones familiares directas cuando de aquéllas sólo se benefician quienes, por tener más ingresos, hacen la declaración de la renta.
Es cada vez más urgente, por tanto, la introducción de un enfoque familiar y comunitario en las políticas públicas, de modo que éstas contribuyan a facilitar y fortalecer los nexos, cuidados, apoyos y redes relacionales que son imprescindibles para la cohesión social y para la sostenibilidad de la vida. Un elemento clave de esas políticas familiares y comunitarias será el fortalecimiento y renovación de los servicios sociales, entendidos como servicios universales para el cuidado y el apoyo de la autonomía de las personas en sus relaciones primarias. Unos servicios sociales y unas políticas familiares que deben contribuir intensamente a facilitar que podamos traer al mundo y cuidar adecuadamente tantas criaturas como deseemos; conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral y construir relaciones intergeneracionales e interculturales de cuidado y apoyo satisfactorias y positivas.
(Sobre algunas de estas cuestiones hablaremos en la sesión organizada en Barcelona el martes, 13 de diciembre. Se puede leer un resumen, comentado, en prensa, del estudio citado en este artículo de Arantxa Aldaz.)