México recibió recomendaciones en más de 20 temas por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, derivado de la evaluación de la que fue sujeto hace unas semanas. Organizaciones de la Sociedad Civil presentamos información ante el Comité para exponer la grave situación de los derechos humanos que vivimos. Asimismo, estuvimos presentes en Ginebra (Suiza) durante los días de la evaluación, momento en el que pudimos confirmar los grandes retos que se tienen en la materia en temas como la militarización del país, los altos niveles de violencia de género, la impunidad, la situación de las víctimas, la libertad de expresión, la migración, la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la discriminación racial y las grandes fallas del sistema judicial.
La delegación mexicana que asistió a la sustentación mencionó los avances principalmente en el marco jurídico, así como las nuevas acciones y medidas que se están adoptando; no obstante, el Comité mostró preocupación por la falta de respuestas precisas, principalmente con respaldo en datos y estadísticas. En algunos casos la información mencionada no correspondía exactamente a la pregunta hecha; o había mención a una acción del gobierno y procesos en desarrollo, pero no se logró demostrar los resultados concretos de estas medidas.
Las autoridades mexicanas admitieron la existencia de problemas graves como la violencia de género, la falta de información sobre poblaciones específicas como la LGBTI+ y los altos índices de desaparición forzada. Sin embargo, la delegación se negó a reconocer varios puntos importantes colocados en la discusión, por ejemplo el hacinamiento en las cárceles federales y las intervenciones médicas forzadas en personas menores de edad intersexuales.
Tras el examen, el Comité emitió sus observaciones finales2, algunos de los asuntos de mayor interés y preocupación son los siguientes:
Sistema de Atención a Víctimas
El Comité mencionó que la implementación de la Ley General de Víctimas ha sido insuficiente, lo cual ha violentado directamente a las víctimas en su proceso de atención y reparación. Se reconoció que varias entidades federativas aún no cuentan con un organismo encargado de aplicar la ley y los existentes tienen grandes carencias financieras. Sobre el personal que ahí labora se señaló que no está adecuadamente calificado para brindar la atención especializada que se necesita en el trato con víctimas del delito, lo que hace del reconocimiento de la calidad de víctima un aparato burocrático que a menudo resulta revictimizante.
El Comité recomendó a México generar las condiciones necesarias para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral que atienda aspectos culturales y de género. Además de proveer de los recursos necesarios y del personal capacitado en tan importante tarea.
Violencia de Género
El Comité mostró su preocupación por el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres que el Estado mexicano no ha podido atender y por la falta de armonización del delito de feminicidio en los códigos penales estatales. Además, reconoció la necesidad de que el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género debe ser fortalecido financieramente y hacer de su implementación un proceso de máxima transparencia. Recordó que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas deben ser investigados con perspectiva de género y diligentemente, facilitando el acceso a la justicia y la reparación integral.
Modelo de seguridad militarizado
El Comité mencionó que el Estado mexicano debe alejarse del enfoque militarizado que ha adoptado en los últimos años y que se mantiene con la Guardia Nacional; señaló la importancia de garantizar que sea constituida como una fuerza de carácter civil y a su vez, que se establezca un plan gradual y ordenado que haga real la retirada de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. De igual forma realizó recomendaciones en materia del uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como, su debida investigación y sanción.
Política migratoria
El Comité informó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes: casos de tortura, extorsión y trata de personas, entre otras. Reconoció que le preocupa bastante la nueva política migratoria adoptada por el gobierno que pareciera estar caracterizada por el uso generalizado de la detención y la fuerza pública. Entre las recomendaciones que emitió se encuentran la importancia de evitar la detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes, abstenerse de privar de la libertad a niños y niñas migrantes o solicitantes de asilo y la separación de sus familias.
Libertad de expresión y asociación
El Comité reconoció el alto de nivel de violencia e intimidación al que se enfrenta las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la falta de una política integral por parte el Estado mexicano en materia de su protección, además de que las medidas existentes son insuficientes. Se instó a fortalecer el Mecanismo de Protección desde la integración de una perspectiva de protección integral, la asignación adecuada y suficiente de recursos y el personal capacitado para la atención.
Finalmente, tras esta evaluación, el Estado mexicano tiene dos años para informar sobre la aplicación de todas las recomendaciones hechas por el Comité, para lo cual debe responder de manera integral y efectiva, cumpliendo con sus responsabilidades internacionales en la materia y su deber de avanzar en la protección de los derechos de todas y todos en el país.
*Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Isis Alves y Laurence Blattmer (@Doms_at_UN) son colaboradoras de la organización Dominicans For Justice and Peace O.P.
Imagen destacada: Angélica Díaz Molina