Tres gobiernos latinoamericanos, el venezolano, el mexicano, y el salvadoreño, han reaccionado ya ante el caso del terrorista Luis Posada Carriles, detenido actualmente en Estados Unidos bajo la amable acusación de ser un indocumentado, pero las reacciones han diferido a partir del grado de lazos de cada uno de esos países con Washington.
Venezuela, de posición totalmente independiente de Estados Unidos, ha dejado clara su reclamación a las autoridades estadounidenses de que extradite a Caracas a Carriles, un individuo con cruentas causas pendientes en el país sudamericano, entre estas la de la destrucción de un avión civil cubano en pleno vuelo en 1976 frente a las costas de Barbados con un saldo de 73 muertes.
El terrorista, además, tiene una larga cadena de fugas de cárceles venezolanas, la última de ellas en 1985, cuando escapó a Centroamérica para colaborar allí con el entonces gobierno en Washington de Ronald Reagan en su guerra sucia contra Nicaragua.
El lunes en la capital venezolana una muchedumbre que exigió el envío de Carriles a Venezuela entregó a la embajada norteamericana un documento al respecto.
Uno de los organizadores de la manifestación fue el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Darío Vivas, quien entregó al funcionario estadounidense Stephen McFarland la solicitud de extradición presentada por el Gobierno del Presidente Hugo Chávez.
Los participantes gritaron ante McFarland consignas como "Posada es agente de la CIA" y "Cuba sí, yanquis no".
Vivas dijo que el objetivo de la protesta fue demostrar el respaldo popular a la demanda de que Estados Unidos cumpla con un acuerdo de extradición bilateral firmado con Venezuela en 1922.
"Es necesario juzgar aquí al terrorista para poner fin a la impunidad", subrayó el legislador y pronosticó que si la Casa Blanca no entrega al terrorista "quedará demostrada la doble cara de ese gobierno en relación con el terrorismo".
Como respuesta, el lunes en Washington Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado, dijo en declaraciones evasivas en cuanto al caso pero cargadas políticamente y con matices de arrogancia que "lo que decidamos hacer se basará en aspectos legales, no en amenazas, no en peleas diplomáticas, no en declaraciones ni en arrebatos o como quieran llamarlo".
Por su parte, asumiendo alguna equidistancia en torno al caso del terrorista Posada Carriles, el gobierno mexicano del presidente Vicente Fox - muy cercano a la administración de George W. Bush - dijo que atenderá una petición que atribuyó a Cuba sobre el caso.
"El gobierno de la República de Cuba solicitó oficialmente con esta fecha (lunes), a través de su Embajada en México, información sobre el supuesto tránsito por territorio mexicano de Luis Posada Carriles", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado.
A su vez el ministerio mexicano "informó a la Representación Diplomática de ese país (Cuba) que turnará esta petición a las autoridades correspondientes con el fin de que se atienda dicha solicitud", expuso la fuente.
Esta fue la primera reacción oficial del gobierno de Fox ante diáfanas denuncias desde La Habana de que Carriles entró a Estados Unidos hace dos meses tras pasar por territorio mexicano y abordar, en ese viaje, en las Islas Mujeres, posición mexicana, una embarcación llamada Santrina, propiedad de un cómplice del terrorista residente en Miami, Florida.
Anteriormente al anuncio del lunes la Secretaría de Gobernación (Interior) de México había negado varias veces conocer si Posada Carriles estuvo en territorio mexicano.
También esta semana, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, quien encabeza un gobierno que se acusa de total subordinación a Estados Unidos, dio la posibilidad de que se reciba en ese país a Posada Carriles a petición de Washington.
Saca dijo también el lunes que "será el sistema judicial salvadoreño el que decidirá si solicita la extradición del anticastrista Luis Posada Carriles y que, de llegar a concretarse esa petición, su gobierno va a "colaborar" en ello".
Denuncias hechas por el presidente cubano, Fidel Castro, en las últimas semanas señalaron a El Salvador como destino conveniente de Bush para Posada Carriles, cuya presencia en Estados Unidos es actualmente de gran embarazo para la administración republicana.
La prensa norteamericana ha elevado el rango de la información sobre el caso Posada Carriles en las últimas semanas e incrementado el nivel de denuncias sobre las numerosas, y sangrientas, acciones terroristas que ha ejecutado o en las que ha estado involucrado el terrorista por décadas, después que fue entrenado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones anticubanas desde inicios de la década de los años 60.
Congresistas norteamericanos han solicitado a Bush que extradite a Carriles porque de no hacerlo arriesgaría el desprestigio total de la intensa campaña aniterrorista norteamericana lanzada desde la Casa Blanca y que sirvió para justificar los ataques bélicos contra Afganistán e Iraq.
La declaración de Saca parece reflejar la existencia de una maniobra que estaría dirigida a extraditar al terrorista pero a un país donde existe un gobierno pronorteamericano que intentará desactivar el caso.
Medios informativos salvadoreños comentaron que el terrorista tiene "cuentas sin saldar en El Salvador" pero solo por haber utilizado documentos salvadoreños de identidad falsos.
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