En apenas tres años, el gobierno del PP-A y Cs, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla y apoyado por la derecha extrema, se ha empeñado en hacer leña del ya mustio árbol del sistema público de salud para lucro de unos pocos empresarios.
La contratación de pólizas privadas disparada. Medio millón más durante los seis primeros meses del año. Y las derivaciones de pacientes del sistema público al privado por conciertos. El dinero de los impuestos transferidos a entidades con fines lucrativos.
El periodista Alejandro Díaz escribe en su colaboración semanal para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la privatización de la Sanidad en Andalucía: “La Atención Primaria en Andalucía está colapsada, sin alivio ni visos de mejoría. Lejos de reforzar, la consejería de Salud de Aguirre debilita aún más el sistema: no renovó a 8.000 sanitarios el pasado mes de octubre. De ellos, 3.000 eran enfermeros. Ahora, la Junta de Andalucía no es capaz de encontrar personal para cubrir vacantes. 600 de estos profesionales emigraron a Cataluña en busca de menor temporalidad y, por tanto, mayor estabilidad laboral”.
Miércoles, 15 de diciembre de 2021. Amate es un barrio obrero de Sevilla. Hace dos semanas, su centro de salud se quedó sin pediatras. Faltaban también médicos de Urgencias. El pasado lunes prendió la mecha y los vecinos se echaron a la calle e iniciaron las protestas ante el propio centro, siempre abarrotado y con largas colas. Intervino la Policía Nacional. 50 efectivos arremetieron contra ellos, con formas bastante cuestionables según el relato de los testigos, tal y como informa el diario lavozdelsur.es.
Apenas unas horas antes, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, hacía pública su visita a un hospital privado de la capital hispalense a través de una red social. “Recorro las unidades del nuevo Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilla. Un hospital con tecnología puntera y dedicado en exclusiva a la atención de la mujer y del niño, con urgencias 24h de ginecología, obstetricia y pediatría”, reza el tuit, que también difundió la cuenta oficial de la Junta de Andalucía, y que va acompañado de imágenes del propio Aguirre junto a la comitiva de bienvenida y las ‘exclusivas’ condiciones de las distintas estancias.
El mensaje está claro. En apenas tres años, el gobierno del PP-A y Cs, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla y apoyado por la derecha extrema, se ha empeñado en hacer leña del ya mustio árbol del sistema público de salud para lucro de unos pocos empresarios. La mayoría de vecinos de Amate no se puede pagar un seguro privado y, aunque pudiera, aún vive en un estado cuya constitución garantiza a través de su artículo 43 del título primero de los derechos y deberes fundamentales la protección a la salud. El mismo artículo especifica que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Y esto (lo padecemos todos de forma directa o indirecta) es algo que en mi opinión no se está cumpliendo en Andalucía.
Pareciera que dicho apartado de nuestra Constitución, nada menos que el referido a los deberes y derechos fundamentales, hace varias generaciones que dejó de interesarle a la derecha española. Partido Popular, Ciudadanos y la derecha extrema han dejado huérfano al electorado liberal y al conservador de una opción política que, sin renunciar a la tradición de la familia política democristiana europea, acate y practique los acuerdos más elementales sobre los que se ha sustentado hasta hoy nuestra democracia. Seré más claro: es perfectamente compatible ser de centro o de derechas, gobernar y no esquilmar el sistema público de salud. Que pregunten, para más señas, a su homóloga en Alemania, que ha gobernado los últimos 16 años el país germano: la CDU de la ya ex canciller Angela Merkel.
La Atención Primaria en Andalucía está colapsada, sin alivio ni visos de mejoría. Lejos de reforzar, la consejería de Salud de Aguirre debilita aún más el sistema: no renovó a 8.000 sanitarios el pasado mes de octubre. De ellos, 3.000 eran enfermeros. Ahora, la Junta de Andalucía no es capaz de encontrar personal para cubrir vacantes. 600 de estos profesionales emigraron a Cataluña en busca de menor temporalidad y, por tanto, mayor estabilidad laboral. El problema se ha extendido a los hospitales, como el Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) o el de Torrecárdenas, en Almería. El sistema de Salud Responde casi nunca responde, al menos a las personas de mi alrededor. El sistema de Clicsalud no da cita con el médico de familia desde hace meses. ¿Les pasa lo mismo o será mi entorno un caso aislado? Es ironía.
Por más que se empeñen Moreno Bonilla y Aguirre en maquillarla, la gestión del sistema público de salud de Andalucía está siendo calamitosa. Todos mis mayores de sesenta años han conseguido su tercera dosis de la vacuna contra la covid gracias a la insistencia en el centro de salud, cuyos conserjes y administrativos que trabajan de cara al público viven con una sobrecarga de trabajo y unos niveles de estrés difícilmente asumibles para una persona. Ni Salud Responde ni ClicSalud les concedían cita a pesar de cumplir con todos los requisitos. Como siempre, es la parte más débil del eslabón la que acaba salvando vidas a cambio de dejarse la suya, soportando insultos e incluso agresiones. Y esto no puede funcionar ni un día más así.
El acceso a los especialistas es una utopía muy lejana en el tiempo. La programación de cirugías se retrasa como se retrasan, fruto de todos los déficits expuestos, los diagnósticos; algunos, de carácter grave, encuentran tratamiento cuando ya es demasiado tarde. Esta gestión privatizadora y excluyente, que recuerda a la de Isabel Díaz Ayuso en la Región de Madrid (quien baja el impuesto a los ricos para pedir después al consistorio que le ‘perdone’ el IBI de los hospitales) o a la de Eduardo Zaplana en sus años al frente de la Generalitat Valenciana (cuyo gobierno socialista ha retomado la gestión pública de los hospitales que concesionó el anterior gobierno popular), sólo busca dos objetivos: acorralar a la población para que contrate un seguro privado y justificar el traspaso de dinero público a centros privados con la excusa de agilizar las listas de espera. Conclusión: la sanidad privada siempre va a salir ganando a costa del bolsillo y la salud del contribuyente.
Un informe del sindicato UGT asegura que faltan más de 8.000 enfermeros sólo en Málaga, que se sitúa a la cola de España en ratio de estos profesionales por número de habitantes (3,26 por cada 1.000 residentes), tal y como recoge el diario Málaga Hoy. Y todo está sucediendo a las puertas de la Navidad: Málaga ya cuadriplica la incidencia de covid si tomamos como referencia los datos del mes anterior. El pasado fin de semana fueron notificadas más de cien muertes por covid. La presión en las UCI por el virus a día 13 de diciembre sobrepasa el 12 por ciento en el conjunto del Estado y el número de ingresos hospitalarios por la misma infección supera los 6.300 pacientes. A ello hay que añadir el problema de la nueva variante, ómicron, que resta eficacia a la protección de las vacunas. La farmacéutica Pfizer asegura que con las tres pautas sí la neutraliza, pero con el actual ritmo de vacunación, es harto improbable que llegue la mayoría de la población con las tres dosis puestas a las reuniones de Navidad.
La jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud para la covid, Maria van Kerkhove, aseguró en una extensa entrevista publicada el pasado martes en el diario El País y realizada por el periodista Manuel Ansede lo siguiente: “Creo que nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de delta [la variante dominante en los últimos meses] como de ómicron. Se lo repito a los gobiernos: no esperéis para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados”. También subrayó que para ir con seguridad a una cena navideña “la vacunación por sí sola no es suficiente”.
Ante tales afirmaciones, y siendo la situación del sistema público de salud en Andalucía la que es, resulta de una irresponsabilidad mayúscula que Moreno Bonilla no contemple la posibilidad de tomar medidas de contención. Tampoco el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, quien sermonea diariamente a los malagueños y apela a la responsabilidad individual por la mañana para fomentar, después, las aglomeraciones con sus espectáculos de luz y sonido en el Centro por la noche, mientras Policía Local hace la vista gorda con el ocio nocturno y permite situaciones esperpénticas como la vivida hace dos semanas en la plaza de Uncibay, con más de 200 personas haciendo cola para entrar en una discoteca. Moreno Bonilla y De la Torre no sólo desoyen a la ciencia y a la experiencia reciente, sino al presidente de su propio partido.
Pablo Casado dio por fin su brazo a torcer y pareció distanciarse del discurso negacionista de la derecha extrema el pasado 10 de diciembre, cuando recomendó suspender todas las cenas de Navidad del partido. Ojalá hubiese sido éste el primer paso del Partido Popular para dejar de hacer oposición voraz con un tema como la pandemia y se uniese al Gobierno en la lucha contra la covid. Han pasado dos años, pero nunca es tarde.
Ingenuo el que así lo creyese: sólo era una engañifa, parte de su estrategia de confrontación con Díaz Ayuso, quien no tardó en replicarle que ella era partidaria de hacer “vida normal”. Vuelvo a preguntarme por qué los españoles de derechas no pueden votar a una formación de derechas que no amenace la salud pública, los principios básicos de la Constitución y que sea capaz de afrontar una pandemia sin alentar el infantilismo y la irresponsabilidad individual. Nos volverá a salir caro si siguen en ascenso las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y el colapso de la Atención Primaria.
No porque la sexta ola vaya a llevarnos al escenario traumático y catastrófico de la primera. Esperemos. Sí porque con falta de recursos y de personal, la tercera dosis se estancará, los pacientes crónicos padecerán la desatención, se reprogramarán cirugías y muchos diagnósticos tempranos que hubiesen salvado vidas no llegarán a tiempo. Seguirá empeorando sustancialmente la calidad de la atención sanitaria pública.
Como consecuencia al miedo real a quedar sin cobertura sanitaria, la cifra de contratación de pólizas privadas está disparada. Casi medio millón más durante los seis primeros meses de este año. A eso hay que añadir las derivaciones de pacientes del sistema público al privado a través de conciertos: es decir, del dinero de nuestros impuestos transferidos a entidades con fines lucrativos. Que baje quienes redactaron y votaron el artículo 43 de la Constitución y nos los expliquen.
Andalucía, que tiene en el gobierno de la Junta las competencias sanitarias, no puede permitirse lo que el presidente Moreno Bonilla le está haciendo, junto a sus aliados de la derecha extrema. Estos tejemanejes y confusiones entre lo público y lo privado han sido experiencias nefastas y ruinosas para la población en regiones como la valenciana o la madrileña. La visita del consejero Aguirre al hospital privado en este contexto fue elocuente. En política, esas cuestiones nunca son azarosas ni inocentes.
Desde el hispalense barrio de Amate a la malagueña barriada de Huelin, y cruzando toda Andalucía, es una obligación democrática defender nuestra sanidad pública y cuidar de quienes nos cuidan en los peores trances. El Partido Popular es reincidente a la hora de recortar en Sanidad, nadie olvida lo que hizo M. Rajoy durante el austericidio. Otro que no comprendió que garantizarla, mejorarla y defenderla es cosa de todos, también de la derecha.
No hace falta votar a la izquierda si no se comparte su ideario. Abstenerse, ahora que vienen elecciones, es una forma muy digna de decirles a quienes están mermando el sistema público de salud, propiciando negocios con un principio fundamental de nuestra Constitución y degradando la calidad laboral de los sanitarios que así no van a ir ninguna parte. Al menos, con el pueblo andaluz, que no será la primera vez que flete a un gobierno por maltratar nuestra sanidad pública.
Alejandro Díaz es periodista.