El honor, la ética y la decencia, exigibles a cualquier ciudadano, son valores especialmente prioritarios para los responsables políticos sujetos al voto de la ciudadanía, y más aun para los que lo han enarbolado como ejes de su trayectoria política frente a la falta de principios que atribuyen, muy acertadamente en mi opinión, a una gran parte de la derecha española desde la llegada de Aznar al poder.
Y también hay que recordar que fue esta la razón principal que les aupó a ellos al Gobierno del Estado tras la insólita pero necesaria moción de censura auspiciada por una oleada de escándalos de corrupción en torno al PP.
El trabajo de Sánchez ha superado con éxito el filtro de programas especializados en detectar plagios académicos, según destacó ayer tanto La Moncloa como varios medios de comunicación, con visibles muestras de alivio tras una semana negra para el inquilino de La Moncloa.
A pesar de todo, parece que no se va a garantizar el final de la polémica por mucho que el Ejecutivo intente darla por zanjada. El PP y Ciudadanos cumplen su papel de oposición y no cesarán de escrutar a fondo la tesis del presidente, o cualquier elemento que consiga desgastar su figura aunque sea aplicando el famoso principio de "no dejes que una verdad te estropee un gran titular".
Pero no pueden ignorar que su nivel de exigencia en este caso les será aplicable a ellos en circunstancias similares. Sin ir más lejos, a Pablo Casado para no poner más excusas a la presentación de los trabajos de su polémico máster y a Albert Rivera para exigirle que no vuelva a faltar a la verdad: su currículo –ahora corregido aceleradamente– le presentaba como ‘doctorando’ en Derecho Constitucional cuando hace años que no lo es.