Al abogado, empresario y supuesto traficante de terrenos, Rodolfo Orellana Rengifo, parece haberle llegado la hora.
El pleno del Congreso aprobó, después de dos años, abrir una investigación contra Orellana, sus testaferros y su red de funcionarios estatales, a través de la Comisión de Fiscalización.
Una moción presentada por el congresista Víctor Andrés García Belaunde en mayo de 2012 pedía investigar al abogado.
En los próximos días se elegirá qué parlamentarios encabezarán la investigación por tráfico de terrenos, lavado de activos y nexos con el narcotráfico. El grupo tendrá 180 días para presentar su informe. ¿Estará integrado por sus amigos apristas y “solidarios”?
EL ARTÍFICE
Fue García Belaunde quien ha movido estas investigaciones. Y no la ha tenido fácil: desde hace casi un año ha recibido amenazas de muerte por investigar a Orellana.
En el Congreso, tuvo varios inconvenientes para que su atiendan su denuncia. Señala uno de ellos:
“Cuando asumió la presidencia de la comisión (de Fiscalización) el señor Gustavo Rondón (Solidaridad Nacional) hablé con él en varias ocasiones para que insista; sin embargo no demostró ningún interés, no hizo absolutamente nada”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, ha dicho que la investigación será “bastante compleja y amplia”, y debería ser presidida por Víctor García Belaunde.
Gracias a la acusación de Lourdes Flores, abogada de la Fundación por los Niños del Perú, contra Orellana, y a que el abogado también estaría metido en la red de corrupción en Áncash, por fin se han hecho escuchar las denuncias que tiene “el que antes no podía ser nombrado”.
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