–¡Gallego campeón, aprueba la dación! –gritaron en la puerta del diputado. Fue el marzo pasado, durante la campaña de escraches de la PAH en la que se pedía a los parlamentarios del PP que rompieran la disciplina de partido y votaran a favor de la ILP. Pero Lina que también estaba allí gritó: «sinvergüenza y cucaracha», porque nadie le había explicado la diferencia entre decir «los del PP son cucarachas» y llamarle así a uno en concreto. La diferencia de matiz aquí es la causa de que Antonio Gallego –diputado del PP– pueda tratar de imputarle a Lina un delito de injurias y calumnias. Los otros de los que le acusa, una larga lista: amenazas, manifestación ilícita, desórdenes públicos y delito contra las instituciones del Estado, rozan el absurdo en relación con lo sucedido. Basta ver el vídeo de los hechos para comprobarlo. Normalmente, los políticos no denuncian para no exponerse y porque se supone que en una democracia los cargos públicos deben dar cierto margen a la ciudadanía para expresar su desacuerdo.
Entonces, ¿por qué un diputado del PP quiere que Lina –una mujer en paro con dos hijos– vaya a la cárcel por gritarle cucaracha? Recordemos el contexto de los escraches. La PAH entrega a principios de años casi un millón y medio de firmas apoyando la ILP –un 90% de la ciudadanía se muestra favorable a las demandas–. Ada Colau interviene en el Congreso y llama «criminal» al representante de la banca con un gran impacto mediático. Por esos días, algunas personas que iban a ser desahuciadas se quitan la vida. A partir de ahí la PAH inicia una campaña de escraches para «explicar» de primera mano a los parlamentarios la situación de las familias afectadas y las consecuencias para sus vidas de la no aprobación de la ley. Pero la clase política no está acostumbrada a escuchar lo que pasa en la calle. La misma Celia Villalobos, Vicepresidenta del Congreso, preguntará a su vecino de escaño en el parlamento: «sí se puede, ¿qué?», al oír allí el grito de guerra de la PAH.
La legitimidad de esta campaña contra el gobierno de la corrupción y los recortes puso en evidencia la debilidad de nuestra democracia. Ante este pulso de la sociedad civil, el PP sólo supo responder con la criminalización de la protesta. No era una estrategia nueva, pero fueron a por todas. Trataron de vincular a la PAH con ETA, pero el mismo presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, dijo que los escraches eran «un ejemplo de la libertad de manifestación». El PP decidió denunciar en todos los casos posibles, pero casi todos los juicios son archivados, la mayoría son desestimados por los jueces que contemplan los escraches como parte de nuestras libertades civiles.
Fiscalía al servicio del PP
En el caso de Lina, por ejemplo, el juez primero imputó un delito de faltas pero la Fiscalía recurrió esta decisión intentando ir por la vía penal –mucho más grave–. Otro ejemplo de la subordinación de la Fiscalía a los intereses del gobierno. Como dice Ada Colau, el PP la está usando, junto a la policía, «como un servicio de seguridad privada para intentar blindarse» ante las reclamaciones de la ciudadanía. La Fiscalía no es independiente como la judicatura, se rige bajo un principio jerárquico. En este caso, el Fiscal Jefe, Eduardo Torres-Dulce –de quien reciben órdenes los fiscales– es un cargo político nombrado directamente por el gobierno. Las consecuencias las conocemos: imputados por corrupción cuyas demandas no prosperan, como la del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, o la que involucra a la Infanta Cristina, que ni siquiera son investigados. Mientras, las protestas de los ciudadanos desprotegidos llegan a juicio con todo el peso de la acusación pública como en el caso de Lina.
Más leyes, más represión
Como las demandas contra los participantes en escraches no prosperan, ni siquiera la interpuesta por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hay que hacer nuevas leyes a medida del gobierno y a la altura de la contestación social. El PP está proponiendo reformas para perseguir escraches y manifestaciones pacíficas tanto con el nuevo Código Penal como a través de la Ley de «Seguridad» Ciudadana. En ellas, las formas de protesta más importantes que se vienen sucediendo desde el 15M, tienen su correspondiente sanción. Algunas de estas normas están pensadas específicamente contra las acciones de la PAH para impedir, por ejemplo, la toma pacífica de entidades bancarias que se utiliza para forzar negociaciones. Parar un desahucio también estará penalizado con multas de hasta 30.000 €. Estas son herramientas que la PAH para ejercer una «autotulela» de derechos ante la negativa del gobierno a responder a su obligación de hacer efectivo el derecho a la vivienda y parar el drama de los desahucios.
Además de las nuevas penas contempladas en el Código Penal de Gallardón, y para evitar la intervención de los jueces que pueden dar la razón a los que protestan, el gobierno está impulsando la llamada Ley de «Seguridad» Ciudadana. En ella se contemplan más penas administrativas –multas– que penalizan la contestación social. Es la llamada “buro-represión” que pretende generar miedo y desgastar la protesta social mediante el mecanismo de crear deudas a los activistas. Si la PAH pide la dación en pago para salvar a las familias de la exclusión social, las multas previstas pretenden generar otra deuda que pese sobre los ciudadanos que protestan. Una manera de que los movimientos sociales tengan que dedicar sus esfuerzos a recaudar fondos para hacer frente a estos importes en vez de a luchar. Si se quiere recurrir la multa por considerarla injusta, se tendrán que pagar las correspondientes tasas judiciales, también una aportación de este gobierno. De esta manera, los escraches que los jueces mayoritariamente aprueban como parte del derecho de expresión, serán de una forma directa o indirecta, penalizados.
La PAH y la finaciarización
En realidad estas medidas represivas son la constatación de que el PP está acorralado. Mientras incumple sistemáticamente su programa, recorta derechos y pierde la escasa legitimidad restante debido a la corrupción, lo único que le queda es asustar y atacar derechos constitucionales. Intentos desesperados de control en un país con uno de los niveles de contestación social más altos de Europa. Esto debido a las medidas económicas que están haciendo recaer el peso de la crisis en las clases medias y los más desfavorecidos, pero también a la escasa calidad de nuestra democracia. Algo que la campaña de escraches puso en evidencia radicalmente: un pulso de la PAH –de la sociedad civil– a un poder político totalmente plegado a los intereses de las élites financieras.
Esto es lo que la PAH nos recuerda constantemente con sus acciones, por eso supone una amenaza tan grande para este régimen en franca decadencia. Pero también, porque su principal demanda –el derecho a la vivienda– pone en cuestión nuestro modelo económico basado en la especulación inmobiliaria. Si efectivamente se garantizase este derecho, peligraría la especialización económica española dentro de la división productiva europea. Señalando a la SAREB, por ejemplo, la PAH está desafiando el plan para la recomposición del capitalismo español dictado por Europa: seguir siendo una entrada de capitales financieros que van a parar a los circuitos inmobiliarios y financieros. Es decir, dar nuevo aire a una nueva burbuja especulativa como la que nos condujo a la crisis.
Mientras, en el Prat de Llobregat, Lina sigue llamando a Antonio Gallego «cucaracha» públicamente. Será que a pesar de todo no han conseguido meterle miedo. Será que tiene detrás a la PAH.