Y la evidencia acaba de poner de relieve que cuando la ciudadanía se moviliza sí se puede. No sólo es posible salir a la calle, sino también lograr que esta presencia tenga influencia política. De entrada, las mujeres le torcieron el pulso al presidente del Gobierno y a su corrupto partido, que habían tachado la huelga del 8M de "elitista, insolidaria e irresponsable". Previamente, los jubilados soprendieron a los medios de opinión publicada llegando hasta las puertas del Congreso.
Esta es la primera lección que debieran aprender otras capas de la población desempleada o precaria que llevan mucho tiempo, demasiado, soportando con pasividad rayana en la sumisión los desmanes sociales cometidos por el Gobierno presidido por M punto Rajoy. Y que deberían estudiar también los componentes del amplio elenco de representantes políticos, de variopinto color, que han estado más atentos a implicarse en asuntos de índole marciana y esperpéntica como el show indepe que en ocuparse de esos asuntos realmente serios que la acción política debe resolver. Comenzando, por las cosas de comer.
Pero, mientras se produce este aprendizaje por parte de quienes tienen la asignatura pendiente, corresponde al gran colectivo de pensionistas de este país seguir alimentando la hoguera de la rebeldía contra la desigualdad. Un fuego que, tras los tímidos intentos sindicales previos, prendió con fuerza a partir de la chispa —en forma de convocatoria a tomar las calles del país— lanzada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
En esa hoguera deberían arder, políticamente hablando, todos los responsables de la gran crisis financiera, económica y social —por este orden— a las que el Gobierno del PP, el partido más corrupto que ha conocido nuestra democracia, dio respuesta con millonarias ayudas a la banca con cargo al dinero de todos. Ayudas que han ido parejas a una agresión sin precedentes a los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Entre ellas, la precarización del empleo —vía reforma laboral— y la devaluación de los salarios de las personas empleadas, con el consiguiente déficit de cotizaciones al sistema público de pensiones. Amén de una reforma del mismo que, a corto plazo, se ha traducido en una congelación de facto de la cuantía de las mismas. A las que, por quinto año consecutivo, se ha aplicado una revalorización del 0.25%
Para una pensión media, el montante de esta revalorización apenas supone un par de euros mensuales, —1,50€ para una pensión mínima de 600€— es decir, casi lo mismo que ha gastado el ministerio de turno en la carta que envía a cada pensionista comunicándole tan fastuosa actualización. Habida cuenta de que la mitad de las pensiones se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros. Y el 50% restante está por encima de los 700. La pension más habitual se sitúa en el umbral de pobreza: 645 euros mensuales.
Por si la misiva, redactada con tintes triunfales y paternalistas, no fuera ya motivo de gran indignación, llegaron luego las declaraciones de distintos miembros del gobierno y del PP pretendiendo convencer al colectivo de pensionistas de que era el único que no había sufrido pérdida de poder adquisitivo durante la crisis. Con lo que la yesca para que prendiera la chispa de la indignación estaba servida: cualquiera puede observar lo que sucede con productos básicos como la luz, el gas, los alquileres, el agua, etcétera.
Así surgió la gran protesta del 22-F en las principales ciudades del país, y que en Madrid llegó hasta las puertas del Congreso, sorprendiendo a las mismísimas fuerzas de Seguridad que no habían previsto la magnitud de la protesta.
Ruego miren la imagen de portada del libro que tienen en el margen izquierdo de estas líneas. Nada que ver con esa idea que presenta a la tercera edad como un sector de la población inmovilista y conservador. Prueba de ello es que los medios de comunicación, a la hora de ilustrar gráficamente las noticias sobre pensiones, suelen utilizar fotografías de grupos de jubilados con gorrilla sentados en un banco esperando resignados el fin de sus días.
Esa imagen se vuelve progresivamente obsoleta. Gracias a la mejora general de la salud de la población, las nuevas cohortes de jubilados que se incorporan al colectivo pensionista están revitalizando el vigor del mismo. Aunque quien más quien menos ha de pasar con cierta frecuencia por revisiones e intervenciones médicas, hoy no es raro ver personas mayores practicando todo tipo de deportes. Y si hay algunos que siguen subiendo cumbres pirenaicas de tres mil metros, cómo no van a aguantar pasear algunas horas por las calles enarbolando una pancarta. Además, muchos de los participantes de las actuales las convocatorias de protesta, ya corríamos delante de los grises en los años 70, antes y durante la Transición, afrontando situaciones de mayor riesgo. O sea que en esto, también la veteranía es un grado.
La fortaleza de los nuevos pensionistas no sólo se refiere a la forma física, sino también a la fortaleza política. Albert Camus señaló que la rebelión es propia de la persona informada que conoce sus derechos. Y los pensionistas de hoy no sólo conocemos nuestro derecho constitucional a tener una pensión digna y suficiente garantizada por los poderes públicos. También estamos perfectamente informados de las cuantiosas sumas de dinero público inyectados por el Gobierno para sanear bancos, autopistas en quiebra, constructoras..., etc. Con lo cual no podemos otorgar el menor crédito al presidente del Gobierno cuando, con su habitual cinismo, nos dice que no hay dinero para subir las pensiones.
Bajo la presión de la calle, Mariano Rajoy no ha tenido más remedio que comparecer en el pleno sobre pensiones convocado en el Congreso. Pero lo ha hecho para negarse en redondo a actualizar las pensiones con el IPC y mantener el "factor de sostenibilidad" que entrará en vigor en enero de 2019. Lo cual supondrá, de aquí a 2050, una rebaja de las pensiones en un 20%.
Sólo, en lo que supone un auténtico chantaje al resto de partidos, Rajoy ofreció subir las pensiones más bajas con arreglo a la inflación a cambio de conseguir luz verde a los Presupuestos; así como elevar también las de viudedad, cuando resulta que está obligado a hacerlo por una ley de 2011 que este presunto servidor de la ley lleva siete años incumpliendo. Y cuando resulta que para las pensiones más bajas incluso con el incremento del IPC el aumento seguiría siendo irrisorio. Todo lo que no sea una equiparación con el Salario Mínimo Interprofesional será una estafa moral y política.
En definitiva, una deprimente intervención parlamentaria a raíz de la cual Rajoy se ha convertido en el principal animador de la inminente jornada general de protesta convocada para el próximo sábado 17 de marzo en toda España.
No hay que olvidar otro detalle: el colectivo pensionista dispone de bastante holgura de tiempo para materializar la protesta. No tiene que atenerse a horarios y disciplina laborales. Por evidentes razones biológicas, a medio plazo esa reserva de tiempo se agotará. Pero el tiempo presente que nos queda lo vamos a emplear en defender nuestra dignidad insultada por el Gobierno. Y en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice no sólo las prestaciones actuales, sino también las futuras. Porque la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que, a la larga, despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.
Protestando en las calles, sí. Pero ante un Gobierno sordo a las demandas sociales hay que llevar también la protesta a la hora de votar. El corrupto Partido Popular debe probar su propia medicina en las urnas. Y en justa correspondencia a los deplorables servicios prestados por su cínico presidente, M punto Rajoy, insultando a los pensionistas con el 0,25% de revisión, sólo debería votarle, como mucho, el 0,25% del censo electoral.