Tirándose las carreteras de Tenerife a la cabeza
Los conflictos entre Coalición Canaria (CC), Partido Socialista (PSOE) y Partido Popular (PP) por el caos de movilidad en la isla de Tenerife son permanentes. Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, quien respondió al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, después de que este invitase a Mariano Rajoy, en la inauguración del puerto de Granadilla, a sufrir “las colas” que soportan los ciudadanos cada día en la isla. El comentario de Alonso provocó que el Partido Popular lo señalada a él como responsable del caos.
Desde el grupo de gobierno en el Cabildo, formado por CC y PSOE, no se esconden para reconocer que en la isla de Tenerife existe un problema grave con las carreteras. No obstante, mientras CC huye hacia adelante y resalta la apuesta de Carlos Alonso por solucionar problemas como las colas de la TF-5, la finalización del anillo insular o la ampliación de la TF-1, en el PSOE reconocen que no solo existe un problema, sino que ellos -los dos partidos en el gobierno insular- son los responsables; así lo expresaba recientemente el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu (PSOE), en una entrevista en Radio Club Tenerife: “Hemos engañado a la población de Tenerife con las carreteras”. Abreu reconocía la falta de implicación de su partido tanto en el Cabildo como durante el tiempo que estuvieron en el Ejecutivo.
Las soluciones que se han puesto sobre la mesa son muy variopintas. Coalición Canaria ha propuesto el uso de la autopista TF-5 se compagine con un cambio de horarios de los puntos de destino, empezando por la Universidad de La Laguna (ULL). Así lo expresaba hace poco Francisco Linares en una entrevista de Álvaro Morales en El Día: “Deberíamos estudiar una redistribución horaria de mañana. De 7.00 a 9.00, se da entrada a las clases universitarias, la mayoría de trabajos y citas en los hospitales. Por eso, sugiero una mesa de trabajo con las partes para estudiar otro reparto. Tenerife soporta 800.000 vehículos, por lo que la apuesta por lo público es imprescindible”. Linares se sumaba de esta forma a una propuesta que ha planteado varias veces el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso.
Una de las críticas que hacen los nacionalistas ha sido la falta de compromiso por parte del Estado para solucionar el caos. Este mismo año, el Tribunal Supremo ponía negro sobre blanco, advirtiendo en una sentencia que el Estado tiene una deuda con Canarias en materia de carreteras de 138 millones. Durante el año 2012 la cantidad proporcionada por el Estado fue de 68,54 millones cuando debería haber rondado los casi 200 millones. Dichas cantidades vienen fijadas en el convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias con una vigencia de 12 años, desde 2006 hasta 2017. La última sentencia del Tribunal Supremo emitida en marzo de este año recoge que el Estado debe proporcionar al Gobierno de Canarias las cuantías necesarias para la realización de obras en el área de carreteras.
El convenio
El convenio sobre carreteras que firmará el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el Gobierno de Mariano Rajoy tiene como objetivo conseguir financiación y establecer una hoja de ruta para solucionar el estado de las carreteras. Desde el Gobierno de Canarias se ha explicado que solucionar los colapsos de la TF-5 y la TF-1 es prioritario. Es también la apuesta que se hace desde el Cabildo, donde señalan como claves el cierre del anillo insular, la ampliación de la TF-1 y la implantación del carril BUS-VAO en la TF-5. Sin embargo, todavía no se ha aplicado ninguna de estas medidas.
La Federación de Empresarios de la Construcción (FEPECO) de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado en varias ocasiones su descontento hacia la falta de acción respecto al mal estado de las carreteras. El presidente de la patronal, Óscar Izquierdo, explica que se trata de un problema que perdura desde hace décadas: “Ha habido una dejadez en la ejecución de obras y ahora estamos sufriendo las consecuencias por no haberse hecho con anterioridad”, ha dicho a este periódico. “Tenerife es una isla dividida con una situación desvertebrada. Esto incide directamente en la población y crea tensión a los trabajadores. Esto repercute en su productividad y no es culpa de los trabajadores. La solución es mucho más sencilla de lo que proponen los políticos, se habla de informes sobre la movilidad compartida, pero el problema es que hay que empezar a ejecutar las obras”, recalca Izquierdo.
Para el patrono de los constructores, el convenio de carreteras es importante porque aporta financiación, “pero no es suficiente, ya que falta voluntad política: el problema es que si firmamos el convenio hoy y no hay proyectos, todo es humo”. Para explicarlo Óscar Izquierdo pone como ejemplo el cierre del anillo insular: “Se habla de que la actualización del cierre del anillo insular está previsto para finales de junio, eso significa que hasta el próximo año no va a estar listo.”
El alcalde de Arona, José Julián Mena (PSOE), también manifiesta su descontento por la gestión en las carreteras y señala que no solo atañe a la TF-1: “Es un problema muy grave, la clamorosa falta de modelo de movilidad o el estrepitoso fracaso del que se proyectó por parte de quienes llevan veinte años al frente del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Es un fracaso de modelo político en el que ha fallado tanto la gestión como la financiación”. Mena recalca que “no se trata solo de firmar acuerdos, sino de tener proyectos para ejecutar las obras. Apoyo totalmente todo lo que sea lograr una mejor financiación para invertir en la isla, pero esos fondos no sirven de nada si no hay voluntad política”.
El líder del PP en Tenerife y alcalde de los Realejos, Manuel Domínguez, advierte de que el mal estado de las carreteras en Tenerife “no se debe a falta de financiación” sino a la gestión política: “Las carreteras en Tenerife se han convertido casi en un problema de salud porque a alguien le ha dado la gana de que esto sea así. No es un problema jurídico ni técnico, tampoco es falta de financiación, sino que es un problema político. No se ha querido solucionar el problema de las carreteras porque se ha preferido hacer otras cosas, no sé cuáles, pero no se ha querido solucionar el problema. Si se hubiese querido, a día de hoy, ya habría proyectos y tendrían finalización. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se ha encargado de señalar al Gobierno de Canarias, ha señalado con el dedo a los ayuntamientos, ha señalado con el dedo al Gobierno central. Se ha dicho de todo, menos la verdad. Si mañana tuviéramos el dinero, que ya hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, no se podrían licitar los proyectos porque no existen”.
La hemeroteca del Cabildo
Los intentos de Coalición Canaria en el Cabildo por resolver los problemas de movilidad en la isla de Tenerife no son nuevos. El conocido plan para instaurar un tren en el sur y en el norte, junto a la creación de un túnel de 17,5 kilométros que uniría el valle de La Orotava con el municipio de Güímar fue desarrollado hace más de 20 años, durante el mandato de Ricardo Melchior al frente de la Corporación. El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife planteó en 2008 el desarrollo de un proyecto para que los municipios del sur y del norte de la isla estuvieran conectados.
Melchior hablaba al comienzo de la crisis económica de un macroproyecto que requería de un presupuesto de 500 millones euros; la financiación en principio habría sido aportada por el Estado a través del Ministerio de Fomento, pero el propio Cabildo se ofreció a adelantarla si fuera necesario, aunque por aquel entonces la deuda viva de la Corporación rondaba precisamente los 500 millones de euros. “Si hace falta, el Cabildo adelantará el dinero” señalaba el que era presidente del Cabildo. En ese entonces Ricardo Melchior explicaba cómo se haría el trazado de los dos trenes y los presentaba como solución para solventar los problemas de movilidad de la isla. Melchior aseguraba que este macroproyecto estaría “acabado en 2017”.
Aunque Carlos Alonso (CC) pretendía dar continuidad al proyecto de su antecesor y desarrollar los trazados del tren del sur y del norte, todo cayó en saco roto en el año 2010 por la falta de apoyo financiero del Estado y la incapacidad económica del Cabildo insular para llevarlo a cabo.
Sin embargo, en diciembre del pasado 2017 parecía que desde la Corporación insular se podría desempolvar la idea de construir el conocido tren del sur. Metrotenerife, empresa perteneciente al Cabildo, anunciaba a través de una nota de prensa que la redacción de los seis proyectos destinados a la construcción del tren del sur habían costado casi 3 millones de euros.
Ahora se habla de que la actualización del cierre del anillo insular está prevista para finales de junio, eso significa que hasta el próximo año no va a estar listo, en el mejor de los casos.
Aunque en su momento fue un plan calificado como “irrealizable”, también ha habido voces a favor, como es el caso del exalcalde de La Orotava, Isaac Valencia, condenado por el caso El Trompo, o la actual alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro.
Sobre el conocido tren del sur, Manuel Domínguez, líder insular del PP, señala que aunque ha sido un proyecto que ha defendido cuando en Madrid no gobernaba su partido, no es lo importante en estos momentos: “Yo he sido un defensor del tren del sur, pero ahora mismo no es lo prioritario. Si tenemos claro que en la TF-1 la solución es el tercer carril, pues la prioridad es el tercer carril o el cierre del anillo insular”. Domínguez considera adecuada la elaboración de estos informes de cara al futuro pero espera que “no se queden obsoletos”.
El alcalde de Arona, por su parte, explica que existe descontento entre sus colegas del sur y del norte y que nunca se ha opuesto a que exista un proyecto para el tren del sur: “No decimos no al tren, lo que decimos es que queremos un modelo claro de movilidad y saber dónde y cómo encaja el tren. Y ese modelo no existe o no lo hemos visto. Lo que está claro es que el de los últimos veinte años es un fracaso que sufren día a día quienes viven o trabajan en el Sur”.
El agravio de Traysesa
Hace unas semanas el periodista Esaú Hernández explicaba en MírameTV que una de las principales empresas encargadas del mantenimiento de las carreteras de Tenerife ha sido la empresa Traysesa (grupo Soac), propiedad del presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción. El periodista explicaba que cerca del 90% de las obras realizadas en carreteras las ha desarrollado Traysesa y que la relación entre esta empresa y el Cabildo Insular de Tenerife se estrecha durante la etapa en la que el expresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, estaba en el poder.
Esta vinculación ya fue denunciada el año 2000. El periódico La Opinión de Tenerife se hacía eco de una queja de la Federación de Empresarios de la Construcción. Óscar Izquierdo, que en ese momento era portavoz de la patronal, se quejaba de la falta de equidad a la hora de adjudicar las obras: “Lo que pedimos es que se adjudiquen los trabajos a un mayor número de empresas canarias, y de acuerdo a una mayor equidad”. Denunciaban que se encontraban “molestos”, por lo que definían como: “Un monopolio en la adjudicación de las obras”. Izquierdo señalaba en el año 2000 lo siguiente: “Habría que adjudicarlas a empresas canarias, pero a aquellas empresas que tengan todas las garantías técnicas y económicas para poder ejecutarlas con total garantía”. Izquierdo señalaba a Traysesa como la empresa que tenía dicho “monopolio” y advertía de que su queja nada tenía que ver con diferentes vinculaciones sindicales: “Una cosa es hablar de favoritismos y patronales oficiales y otra diferente son los números que cantan: la realidad de los datos revelan que Traysesa se ha llevado más de 19 obras del Cabildo, en condiciones inexplicables muchas de ellas”.
Sobre este aspecto, el actual presidente de FEPECO explica que: “Cada vez la normativa canaria es más estricta, esto es bueno para todos. Nosotros siempre hemos defendido que las administraciones deben asegurar igualdad de oportunidades en las adjudicaciones y con procesos de transparencia”.
Traysesa es la empresa que cobró dos veces por la vigilancia y mantenimiento de la TF-1 en el año 2010, y que forma parte del conocido caso Carreteras, la investigación de una supuesta malversación de caudales públicos de más de dos millones de euros en el Cabildo de Tenerife.