Tras el fracaso del procés, los separatistas afirman ahora que su objetivo es la celebración de un referéndum pactado y exigen, a cambio de aprobar los Presupuestos, que el Gobierno español habilite una mesa de negociación.
También desde otros espacios ideológicos, como Unidos Podemos y sus confluencias, se repite la falsedad de que la viabilidad de un referéndum es una cuestión solo de voluntad política.
No voy a insistir en la naturaleza reaccionaria de la secesión en democracia, por egoísta y frívola, ni tampoco en el carácter tóxico de los referéndums para dirimir pasiones identitarias. La actualidad del brexit nos ilumina sobradamente sobre los desastres que comportan.
Para el canadiense Stéphane Dion el ideal democrático nos invita a vivir juntos, integrando nuestras pequeñas diferencias en una comunidad política más grande, mientras que la secesión obliga a los ciudadanos romper sus lazos comunes sobre la base de pertenencias etnolingüísticas y diferencias irreconciliables. Por eso la secesión no es un derecho en democracia y nuestra Constitución, que no es una excepción, así lo confirma.
Contra lo que proclaman los independentistas y sus acólitos, como Ada Colau, aunque hubiera voluntad política por parte del Gobierno español, el referéndum pactado del que hablan no es posible porque el Tribunal Constitucional ha sentenciado de manera inequívoca que se requiere la aprobación de una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la ratificación por parte de ambas cámaras y, finalmente, la celebración de un referéndum en toda España.
Como tampoco resulta posible un referéndum consultivo solo en Catalunya, porque el Tribunal Constitucional ha dejado igualmente claro que «no puede someterse a consulta popular autonómica – refrendaria o no – cuestiones fundamentales que ya fueron resueltas en el proceso constituyente».
Imagen: Almacén de Derecho|Catalunyapress