Los gravísimos, atroces problemas presupuestarios en Valencia y otras comunidades gobernadas por el PP (ahora gobiernan en casi todas, así que no les ha caído el marrón a ellos) son un recordatorio más que evidente que el sistema de financiación autonómica en España está horriblemente roto y necesita reformas.
Empezaremos por lo obvio: hay regiones que están mal financiadas. No me voy a meter en discusiones sobre expolios fiscales y demás, pero que Valencia, Cataluña y Baleares se hayan metido en este agujero es significativo. Hay comunidades que transfieren muchos más recursos de los que reciben, pero deben seguir pagando con recursos propios la mayor parte de la estructura del estado del bienestar en su región. Ha habido despilfarro y grandes proyectos inútiles, qué duda cabe, y en ocasiones los políticos han aprobado nuevos servicios sociales con la esperanza que en Madrid les dieran un pacto fiscal favorable por ser tan guapos, pero es obvio que el sistema no les favorece en absoluto.
Mirando los datos de Kiko con detalle, sin embargo, no es sólo cuestión de financiación insuficiente. La Comunidad de Madrid tiene una base fiscal con ciertas ventajas indudables, pero también pasa más dinero a la caja central que nadie, y sin embargo sus cuentas están en razonable buena salud. En otros casos comunidades que son receptoras netas como Castilla La Mancha están metidas en berenjenales de impresión. El reparto de dinero es bastante torpe, pero creo que hay algo más detrás de estas cifras.
Cristobal Montoro lo mencionaba hoy de pasada, al hablar de su idea (un poco absurda) de meter en la cárcel a los políticos que gasten demasiado: si un ejecutivo quiere gastar más “que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos”. Dicho en otras palabras, en los últimos años los políticos autonómicos han gastado tanto como han querido sin demasiado control previo, y han podido cargar todas las facturas en la tarjeta de crédito, o echar la culpa a Madrid y decir que el pacto fiscal lo arreglará todo. Mientras tanto en las autonomías receptoras de transferencias los gobiernos han vivido en el mejor de los mundos posibles, podiendo ofrecer servicios sin tener que pedir dinero a sus votantes.
La reacción natural a estos dos problemas no es liarse a meter políticos en la cárcel, sino intentar racionalizar el sistema.Y esto pasa por crear un sistema de financiación autonómica que por un lado obligue a los políticos que quieren gastar dinero a recaudarlo, y por otro que permita a la autonomías a recaudar los impuestos que quieran, sin repartos arbitrarios marcados por el estado.
Esto seguramente exigirá dos niveles de reformas. Por un lado, es necesario arreglar quién y cómo pagamos el estado de bienestar en España. Dejando de lado pensiones y prestaciones de desempleo, la inmensa mayoría del gasto social está en manos de las autonomías, pero cómo pagamos estos servicios es un misterio. El dinero en teoría sale de los presupuestos de cada comunidad, que recibe transferencias del gobierno central siguiendo una formula incomprensible. El nivel de financiación del servicio en cada región es variopinto, pero no está en manos de ningún político en concreto. El tramo autonómico es decidido localmente, pero no deja de estar a merced de lo que caiga del gobierno central.
Un sistema más racional (y redistributivo igualmente) sería que el gobierno central estableciera un nivel mínimo de servicio para cada programa público, y financiara sólo hasta ese nivel. Siendo un baremo uniforme, las comunidades pobres estarían recibiendo más de lo que pagan por esta transferencia automáticamente, y las ricas un poco menos, pero el gasto sería transparente. Si una comunidad quiere gasto público adicional en algún capítulo (más profesores, o dar clases de tai chi. Lo que sea) son ellos los que tienen que pasar por caja, pidiendo dinero a sus contribuyentes. Si es una región rica, el coste lo pagan ellos integramente; si es pobre, el gobierno central puede financiar un porcentaje del gasto (digamos un 30%, si el nivel de renta es un 70% de la media, por ejemplo) para garantizar la igualdad.
En la mayoría de los casos, el nivel «básico» de servicio sería de hecho bastante parecido al actual. Sanidad universal gratuita (o casi gratuita – no soy alérgico al copago), educación universal primaria y secundaria gratuita (no superior), una ley de dependencia (cuando haya recursos) bien financiada. Dado que las comunidades van a tener un límite duro (y necesario – ya hemos visto qué hacen cuando no miramos) a su nivel de endeudamiento, es natural que como compensación la mayor parte de la factura sea a cargo de la administración central. La gestión sería totalmente autonómica, así que cada gobierno tendría mucha libertad en decidir cómo implementan el servicio. Y por supuesto, sin hay algo que quieren hacer y no les llega con el dinero que viene de Madrid, los impuestos los recaudan ellos.
La segunda parte de las reformas, en este caso, sería dar completa autoridad recaudatoria a las autonomías, y separar claramente los impuestos de ambos niveles de gobierno. Hay un impuesto «federal» sobre renta, otro de sociedades y demás, y hay otro impuesto sobre el mismo tema autonómico. Para simplificar papeleo toda la recaudación se haría en una sola agencia, pero las autonomías podrían diseñar el sistema tributario que quisieran al lado del sistema del gobierno central. El resultado probable sería que veríamos comunidades con impuestos y nivel de servicios altos, y comunidades con sólo los servicios básicos e impuestos bajos. Y la verdad, sería perfectamente aceptable y normal. No todo el mundo quiere vivir en Suecia, al fin y al cabo.
Hasta que no arreglemos este desaguisado aclarando quién paga qué y cómo, sin embargo, esta clase de problemas permanecerán. Las comunidades ricas, en vista que nunca reciben dinero suficiente, tendrán que vivir en una frugalidad forzosa, mientras que las pobres disfrutarán de un estado de bienestar pagado siempre por otros, ya que reciben muchos recursos sin tener que recaudarlos. Arreglar el sistema de forma práctica pasa necesariamente por aclarar el papel de los gobiernos regionales y darles más poder de decisión, no menos.