La ciudad del miedo
Estos días sale el número 77 de la revista Barcelona Metropolis en el que Gianluca hizo un reportaje fotográfico que acompaña diversos artículos sobre políticas de seguridad, prevención y represión. Añadimos uno de estos textos de Jordi Borja, Director del programa Gestió de la Ciutat de la Universitat Oberta de Catalunya.
“¿Derecho a la seguridad?” es el título que me proponen. Es un derecho que por ser tan obvio hasta tiempos recientes no se ha tenido lo bastante en consideración. Incluso el pensamiento progresista o de izquierdas ha dado prioridad al análisis de las causas sociales que generan violencia sobre las personas y sus bienes por encima de la prevención o sanción de los comportamientos concretos violentos. Sin embargo en la actualidad vivimos una situación muy diferente: en las sociedades urbanas acomodadas se ha generalizado un miedo permanente y exagerado y las autoridades y medios de comunicación han legitimado un discurso securitario y una práctica de represión preventiva que ha conducido a multiplicar las exclusiones sociales y a aumentar la psicopatología colectiva. No hay que contribuir a unas campañas perversas. En todo caso, haría falta preguntarnos: ¿seguridad de quién, de qué clase, sobre qué aspectos de la vida (la persona, la vivienda, la salud, el trabajo, etc.)? y ¿a qué precio? Para responder, permítanme dar la vuelta al discurso de la seguridad y, con una cierta ironía, hablar del derecho a la inseguridad. Es más actual y se tiene menos en cuenta.
En un programa de TVE (Un sol món, excelente) me preguntaron: “¿Cree usted que los inmigrantes generan una sensación de inseguridad en los espacios públicos?” Claro está que sí, generan su inseguridad que tiene causas reales y no prejuicios propios de los ciudadanos que consideran que pobreza y peligrosidad van juntas. Los inmigrantes han conquistado el derecho a la inseguridad: si no tienen todos los papeles en regla, si son sospechosos de cualquier incidente o falta, si son parados por la policía sólo por su aspecto, si intentan sobrevivir con actividades no delictivas pero sí perseguidas (como los “top manta”, que en general actúan cuando tienen cerradas las puertas a trabajos más formales), si quieren practicar su religión en locales públicos (oratorios), o si simplemente perciben la desconfianza e incluso la agresividad de su entorno. Un derecho que las normativas del Estado y del Ayuntamiento refuerzan. Las leyes de extranjería establecen una discriminación legal que contradice los principios democráticos más elementales. Como decía Kelsen (recogiendo la mejor tradición liberal del siglo XIX), “los que viven en el mismo territorio y están sometidos a las mismas leyes deben disponer de los mismos derechos”.
En ningún momento la legislación española niega los derechos políticos de los inmigrantes y, en cambio, recorta los derechos sociales y civiles. La perla reciente ha sido la directiva de la Comisión Europea (aprobada y aplicada por el gobierno español) que permite el internamiento en campos de concentración (es la palabra adecuada) hasta durante 180 días, aunque por el momento “sólo” se consideren suficientes 60. La discriminación legal es la legitimación del racismo y de la xenofobia, considerados delitos por las leyes españolas y europeas. Podemos entonces considerar a las autoridades como cómplices o inductoras de estos delitos.
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó al final del 2006 una ordenanza sobre civismo. Nos referiremos a ella más adelante, pero ahora sólo citaremos la referencia que hace a los inmigrantes. Después de unos artículos genéricos de condena del racismo y de la xenofobia, sigue un solo artículo que concreta comportamientos: el inmigrante que denuncie a otros inmigrantes, no legales o sospechosos de delitos, recibirá el apoyo municipal para facilitar su legalización. Una norma digna de la antigua RDA (Alemania del Este) o del gobierno de Uribe en Colombia, que pretende convertir a un millón de colombianos en confidentes de la policía o de los militares. Pero el derecho a la inseguridad es también una conquista de los autóctonos. La lectura de las diferentes ordenanzas cívicas que siguiendo el “modelo Barcelona”, se han multiplicado en el Estado español, nos proporciona una lista de colectivos sociales que han merecido este (discutible) privilegio.
Los jóvenes son objeto de especial atención cuando se hacen demasiado visibles en el espacio público, en nombre de la protección del mobiliario ciudadano (muy legítimo) o de la “buena imagen” de la ciudad o del derecho excluyente de vecinos que quieren disfrutar de las ventajas de la centralidad pero no de las molestias inherentes al lugar. Se desarrolla en toda Europa una especie de “racismo contra los jóvenes” que, incluso, ha sido denunciado por intelectuales y expertos (Touraine, bastante conocido en nuestro país, encabezó un manifiesto de denuncia). En general, a medida que el capitalismo especulativo global y las políticas urbanas locales favorecen (por acción u omisión) las precariedades presentes, las incertidumbres futuras y las distancias sociales y físicas (incluso en Barcelona y área metropolitana en los últimos 15 años han aumentado las desigualdades) se generan exclusiones, pobreza y miedos sociales.
El derecho a la inseguridad que viven los excluidos del bienestar, autóctonos o inmigrantes, tiene como corolario el miedo de quienes se sienten amenazados y temen ver a quienes no poseen aquello que pueden perder ellos. Una justificación curiosa es la que daba la exposición de motivos de la primera versión de las ordenanzas de civismo mencionadas que se difundió: se establecía como “bien jurídico” a proteger el “derecho a no ver” aquello que desagradara a los ciudadanos normales. La hipocresía social y el absurdo jurídico. La crisis ha democratizado el derecho a la inseguridad, lo ha puesto al alcance de todos los ciudadanos comme il faut, porque quién más quién menos tenía ahorros, acciones, inversiones, bienes inmobiliarios, etcétera. No sólo no podemos estar seguros en la calle, ni de conservar el puesto de trabajo, ni que cuando llegue la hora nos puedan pagar la jubilación, ni que se mantenga el acceso universal a los mínimos sanitarios, ni que se pueda sobrevivir en un medio cada día más contaminado y sobrecalentado, ni que los hijos puedan vivir igual o mejor que nosotros…, ya no podemos confiar en nadie para guardar nuestros ahorros, ni vale la vieja convicción de que la “piedra” es siempre una inversión segura.
Ahora, para acabar, hablemos un momento del derecho a la seguridad. Como se puede deducir de cuanto hemos expuesto hasta ahora, no es suficiente darle la vuelta al discurso. La seguridad no se puede confundir o reducir a la pequeña delincuencia urbana. Las ciudades europeas, como Barcelona, son los lugares donde se disfruta de la máxima seguridad en este aspecto, tanto si lo comparamos con nuestro pasado como con el presente del resto del mundo. Me pareció sorprendente una afirmación que leí en algún artículo del anterior alcalde de Barcelona, refiriéndose a las mencionadas ordenanzas. Según decía, nuestra ciudad ya no es hoy un conjunto de personas que comparten valores y pautas de comportamiento similares. Es decir, una visión idílica de una ciudad pasada y sin conflictos. Ahora, según se publicó, la diversidad de gente venida de otros lugares, que no comparten los mismos valores y pautas, es una fuente de tensiones, e incluso, delitos que hacen difícil la convivencia. Es extraño hacer estas afirmaciones de una ciudad que desde hace un siglo y medio ha crecido principalmente por la llegada de inmigración, que se denominó “la rosa roja”, que dio lugar a novelas con títulos como Quan mataven pels carrers y que fue considerada por historiadores como Hobsbawm como la “ciudad con más conflictos de la historia europea contemporánea”. Y pensar que es ahora cuando los miedos urbanos se convierten en políticas urbanas represivas que siguen la doctrina Bush de la represión preventiva alimentada por los prejuicios sociales excluyentes…