El análisis detallado de los PGE2015 no deja lugar a dudas en cuanto a las prioridades del gobierno se refiere. Mientras la I+D militar aumenta de 507 a 727 millones de euros con respecto al año pasado, las políticas que garantizan los derechos humanos continúan siendo debilitadas. Basta con comparar las partidas destinadas a cooperación internacional con las destinadas a I+D militar.
Solo para desarrollar un submarino, dos buques, helicópteros y un avión de transporte militar, el Ministerio de Defensa – a través del Ministerio de Industria– contará con 563 millones de euros. En contraposición, la partida para ayuda humanitaria recibirá 16,8 millones para todas las emergencias que surjan a lo largo del año. Esto incluye la respuesta al virus del ébola que es ya un problema de salud pública mundial que exige respuestas globales y responsables, tal como el pleno del Congreso exigió al gobierno el pasado 25 de septiembre.
Estas partidas también chocan directamente con los 230 millones destinados a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID); que es la agencia especializada a través de la cual se expresa de una manera más directa la voluntad del gobierno español de contribuir a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El escaso presupuesto para 2015 deja a la AECID francamente debilitada y sitúa el recorte sufrido por la Agencia desde 2011 en un 74%.
Recién estrenado el asiento de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, llama mucho la atención el escaso compromiso del gobierno con la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. Al obtener este puesto, el propio Ministro Margallo reconoció que ocuparlo “comporta obligaciones muy exigentes”. Esperemos que sean capaces de revertir la situación y asumir esas obligaciones con la responsabilidad que corresponde.