Venezuela: ¿el nuevo CNE ligado al chavismo fulminará a la oposición y prolongará la crisis?
El país más económicamente hostil y políticamente volátil de América Latina, Venezuela, se ha convertido en una suerte de sistema social adaptado y amoldado al estado de involución, regresión y desgaste de la vida nacional en todos sus órdenes. Una buena parte de los acontecimientos que han tenido lugar el país sudamericano se deben al autoritarismo y a la arquitectura política que el régimen bajo control y poder militar-territorial y financiero de del Gobierno y del Estado ha configurado como su nuevo ecosistema de dominio y subsistencia: la cúpula de Nicolás Maduro y del chavismo. Los peones en el ajedrez del sistema neocomunista de su Gobierno que han vuelto a cobrar fuerza son el TSJ y el CNE. La oposición mira de reojo y observa un panorama oscuro. Entretanto, los venezolanos podrían ver un limbo más extenso de la crisis vigente desde 2013.
Básicamente, todos los problemas económicos y sociales que existen en Venezuela tienen un fuerte y casi absoluto componente político. Esto se debe a que es el chavismo y el gobierno (de facto) de Maduro los que han movido las piezas de tablero con una precisión milimétrica que dejan con poco o nulo margen de maniobra a la antítesis del sistema que tiene sumido al país en la peor crisis de su historia; el ahora cuestionado “gobierno interino” de Juan Guaidó, líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) legítima.
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Los hechos que agravaron la crisis nacional y atornillaron al chavismo con más rigidez en el poder tienen su génesis en 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (el Poder Judicial y máximo tribunal venezolano), anuló y se abrogó los poderes del Congreso (Parlamento), lo que después de varias sentencias en las que vetaba todas las leyes que aprobaba la mayoría opositora dominante en el Poder Legislativo tras su triunfo en las elecciones de 2015, generó una masiva ola de protestas y un profundo estado de ingobernabilidad que se saldó con más de 150 venezolanos muertos, más de 2.000 heridos y más de 3.000 detenidos durante cuatro meses de tensión y violencia en las calles del país.
La línea de tiempo del control chavista
Fue en 2018 cuando luego de una sospechosa maniobra administrativa y política, el Gobierno, bajo la sombra del Consejo Nacional Electoral (CNE), inhabilitó al máximo líder opositor de ese momento y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, para postularse a las presidenciales de 2018, lo que abrió paso a Nicolás Maduro para prácticamente reelegirse sin competencia real y contra dos endebles candidatos opositores con presuntas conexiones con el chavismo, acusaciones de fraude y tras haber vetado a los mayores partidos de la oposición para participar en esos comicios.
Así, el chavismo y la cúpula de poder de Maduro se embolsillaron un segundo mandato de seis años y hasta hoy acumulan 21 años bajo el control, sistematización, dominio y subordinación de Venezuela en el régimen político del chavismo y su premisa del ‘nuevo socialismo del siglo XXI’. El resultado es que, en la actualidad, Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo (50.000%), la economía más devastada a nivel mundial (contracción de -60% del PIB), con pobreza de ingresos del 80% y pobreza extrema del 61%.
Y en junio de 2020, en plena y exacta mitad del año, la nueva estrategia del chavismo para perpetuarse en el poder es la renovación del control e influencia que ya tenía sobre el sistema y el organismo que rige las elecciones municipales, regionales y presidenciales del país. Esta es la última carta que el régimen ya ha consumado.
El pasado viernes, 12 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció la designación de los cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) justo en medio de una crisis económica, social y energética agravada por la pandemia de coronavirus, así como en medio de un contexto de máxima presión geopolítica por la vía de las sanciones financieras que el régimen de Maduro enfrenta de parte de Estados Unidos con el lobby y anuencia del llamado gobierno interino de Guaidó (reconocido como presidente encargado de Venezuela por 55 países).
El gobierno de Maduro busca cerrar su ciclo de dominio político tras haberse hecho con 310 de las 335 alcaldías y 19 de las 23 gobernaciones del país hace poco más de tres años, sumado a la Presidencia de la República con el control del Palacio de Miraflores y de la Fuerza Armada (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional), un nivel de fuerza que el “gobierno encargado” de Guaidó aún no logra alcanzar pese a tener el respaldo político, diplomático, financiero, geopolítico y casi militar de la mayor potencia del planeta; EE UU.
El golpe al Estado venezolano empezando 2020
Pero, ¿cómo inició el chavismo esta estrategia? El 5 de enero de 2020, una facción disidente de diputados de la oposición, acusados de corrupción y negocios ilícitos con el gobierno de Maduro mediante la importación irregular de alimentos subsidiados con sobrefacturaciones y desvíos de fondos, entró a la sede del Parlamento con el apoyo de la Guardia Nacional y uno de sus diputados opositores, Luis Parra, señalado como el líder de ese esquema de corrupción, fue juramentado por la minoría parlamentaria del chavismo como presidente de la Asamblea Nacional en paralelo a Juan Guaidó, quien es el líder del Congreso de mayoría opositora electo en 2015, y es con ese fuero que en enero de 2019 de proclamó “presidente encargado” de Venezuela evocando el artículo 233 de la Constitución nacional.
Ese hecho generó un cisma dentro del Parlamento, que lo bloqueó a lo interno y lo polarizó hasta un nivel en que, sorprendentemente, originó una crisis administrativa y jurídica en el Poder Legislativo. Tal situación dividió a la oposición y la mantuvo ocupada en la conformación de un Comité de Postulaciones Electorales que pretendía, de forma legal, negociar la escogencia de un nuevo CNE para efectuar unas nuevas elecciones presidenciales que cambien la administración, el sistema y el rumbo del país para solucionar la crisis económica, pero el Tribunal Supremo, bajo presunta directriz del Gobierno de Maduro (el TSJ es señalado como el brazo político y el bufete jurídico del chavismo para controlar todo el Estado venezolano), declaró la llamada ‘omisión legislativa’ bajo el argumento de que la falta de acuerdo, administración, coordinación y negociación dentro de la Asamblea Nacional para la designación de un nuevo CNE (a los antiguos rectores se les vencieron sus períodos hace dos años), hacía imposible la armonía política y civil en pro de la realización de unas elecciones que, en contraposición a la exigencia de la oposición, el chavismo y el Gobierno de Maduro asegura deben ser para elegir a los nuevos diputados del Parlamento. El periodo de cinco años de la oposición en el Congreso se vence el próximo 5 de enero de 2021, es decir, en siete meses.
¿Quiénes son en realidad los nuevos rectores del CNE?
El detalle radica en que los cinco nuevos rectores del CNE tiene presuntos nexos o filiaciones con el chavismo. El artículo 296 de la Constitución venezolana señala que "los integrantes del organismo electoral no podrán tener vínculos con organizaciones políticas".
Sus nuevos integrantes son Indira Alfonzo, Tania D'amelio, Rafael Simón Jiménez, José Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez. Los analistas coinciden en que en el nuevo Consejo predominan los cercanos al Gobierno. Tres de los cinco rectores son mujeres que tuvieron puestos dentro del gobierno de Maduro directa o indirectamente.
- Indira Alfonzo, nueva presidenta del CNE (en reemplazo de Tibisay Lucena), fue en 2014 Magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y en 2017 se convirtió en Primera vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (acusado de responder a los intereses del Gobierno. Un año después fue sancionada por el gobierno de Canadá.
- Tania D’Amelio, ya fue rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Entre 2000 y 2010 fue diputada por el estado Vargas en representación del chavismo y entre 2009 y 2013 formó parte de la Junta Nacional Electoral y la Comisión de Registro Civil y Electoral. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó en 2017 y Panamá lo hizo en 2018.
- Gladys Gutiérrez fue embajadora (del gobierno de Maduro) en España en 2002 y en 2005 fue electa diputada suplente de Ibrahín Velázquez, quien fuese en ese momento alcalde en el estado Nueva Esparta (en ese entonces ligado al chavismo). Llegó en 2006 a ser Procuradora General de la República y en 2010 se convirtió en Integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Un año después se convirtió en representante del Poder Judicial ante la “Misión Justicia Socialista”, creada por decreto de Nicolás Maduro.
¿Qué logró el Gobierno de Maduro?
Por lo tanto, el Tribunal Supremo y el Gobierno de Maduro, prácticamente, lo que hicieron fue extender su control jurídico y para-judicial (por ser una designación realizada al margen de la Constitución) dentro del Estado venezolano al designar a dos de sus magistradas (Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez) como rectoras del CNE. Ambas fueron artífices de decenas de sentencias que bloquearon las leyes aprobadas por la oposición en el Parlamento de 2015 y de sentencias que amparaban y favorecían las decisiones políticas del Gobierno de Maduro.
Los hechos también indican que el régimen chavista indujo un cisma (división y ruptura) en la Asamblea Nacional para bloquearla a lo interno y así dar paso a la intervención del TSJ haciendo uso ilegítimo e írrito del artículo 336 de la Constitución (“es atribución de la Sala Constitucional del TSJ declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”). Sin embargo, en este caso, ese artículo no aplica ni es jurídicamente válido debido a que el chavismo juramentó con minoría a un presidente ilícito del Parlamento, lo que originó su crisis interna y justificó la interrupción del TSJ sobre el orden constitucional al designar el CNE cuando, en realidad, el artículo 296 también especifica que “los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”.
¿Es legalmente válido el nuevo CNE?
Entonces, esta decisión del TSJ y del Gobierno al escoger de forma unilateral el nuevo CNE, es nula según lo estipulado en el artículo 138 de la Constitución del país, que reza lo siguiente: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Aunque en la práctica, la Carta Magna venezolana es letra muerta e interpretada de forma parcializada y politizada por parte del Gobierno, lo que podría prolongar la crisis política al generar un dilema en la oposición sobre si participar en unas elecciones de la Asamblea Nacional postergadas por la pandemia de coronavirus, pero que el chavismo busca realizar este mismo año para así controlar todo el Parlamento y aprobar leyes que profundicen su control económico, social, político y militar con una probable extensión de mandato o más prerrogativas (beneficios) de gobierno para Nicolás Maduro.
¿Qué pasará con la oposición y con los venezolanos?
Si la oposición decide abstenerse y pierde el Parlamento, quedaría en tela de juicio y en otro dilema la investidura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pues si deja de ser el presidente de la Asamblea Nacional, técnicamente perdería su fuero como diputado y como mandatario provisional según las condiciones que exige el artículo 233 de la Constitución bajo el cual se autoproclamó en una plaza en Caracas el 23 de enero de 2019. Queda por ver si, en caso de ese escenario, el líder opositor pierde su respaldo diplomático, geopolítico y financiero por parte de Estados Unidos, en casi su totalidad, así como de la Unión Europea y otros 30 países occidentales.
La prueba de fuego la tiene ahora la oposición, pues si le cede al chavismo el único espacio de poder dentro del país que le queda a medias tintas, entonces, perdería relevancia, protagonismo y sería eclipsada por el control militar que el Gobierno de Maduro podría profundizar en el Estado venezolano mediante nuevas leyes y suprapoderes que extiendan su gobierno o sus mecanismos de control económico, que fueron los que, precisamente, originaron la crisis que ha expulsado de su país a más de 3 millones de venezolanos y ha sumido en la pobreza socioeconómica al 80% de su población interna (20 millones de venezolanos). @mundiario