Bajo la pandemia mundial del Covid-19, tanto los proyectos de Pascua Lama como de Minera Dominga tendrán su resolución durante este mes en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Además, Rodrigo Quintana, uno de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), trabajó para Barrick Gold y fue oficiado por la contraloría por sobrepasarse en su defensa, mientras que Dominga hizo lo suyo en Coquimbo. Todo esto mientras el gobierno se olvidó del tratado de Escazú.
El 13 de febrero de este año Barrick Gold supuestamente había tirado la toalla con Pascua Lama y así lo reconocieron en La Tercera. Era inviable por el alto costo económico que implicaba, sin embargo al día siguiente el nuevo CEO de la empresa canadiense, Mark Bristow dijo que no se iban a rendir.
«Hemos trabajado con ellos (Barrick Gold) para decirles que deberíamos re ver este proyecto, comprender su potencial y ver cuándo sería viable», comentó en ese momento e incluso deslizó la posibilidad de partir con la ejecución de Lama, que es la parte argentina del proyecto, dejando a Pascua para un futuro próximo.
Además, en una entrevista al Financial Times y republicada por el Diario Financiero, Bristow confirmó su decisión de manera bastante firme. “Mi mensaje para Argentina y Chile es que Barrick está de regreso”, dijo. En otra publicación de mayo de este año, aseguró que también estaba buscando inversiones en cobre pues lo considera “un metal estratégico”. En el proyecto inicial Pascua Lama sería una mina de oro, cobre y otros metales.
Dada la crisis por la pandemia y COVID-19, el tema dejó de estar en pauta junto a la desastrosa organización de Chile en la COP-25. Esto generó que incluso la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, desapareciera de los focos de la prensa y que Chile no firmará el acuerdo de Escazú, tratado que promovió desde el 2012 para solucionar los conflictos medioambientales.
La alerta para diversas organizaciones se prendió el 18 de julio cuando el presidente del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Mauricio Oviedo, aseguró a El Mercurio de esta ciudad que “Los fallos emblemáticos Dominga y Pascua Lama deberían conocerse en agosto”.
Una nota del Diario Financiero también recogió esta información señalando que el acuerdo para aprobar el proyecto de ley Minera Dominga ya estaba listo y la sentencia se daría a conocer dentro de este mes. Pascua Lama también habría llegado a un acuerdo con el estado para reparar el daño ambiental.
Según informó Oceana (ONG medioambiental) se llegó al acuerdo el pasado 23 de julio y el tribunal tiene 30 días de plazo para redactar, aunque no es un plazo obligatorio, solo referencial.
Todo esto en un contexto de crisis económica donde la minería se ve como una de las grandes opciones para reactivar el país, “desde el mundo ambiental tenemos la impresión de que hay una especie de festival de euforia por el posicionamiento de la minería como una alternativa a la reactivación económica dentro del país”, comentó Matías Asun de Greenpeace.
El 31 de julio la cesantía llegó al 12,2% a nivel país, casi un millón de personas. Según una entrevista a la directora del INE, Sandra Quijada a El Mercurio, los cesantes junto a los inactivos disponibles a trabajar llegaron a un 29,8%. El segundo grupo corresponde a personas que, por algún motivo, dejaron de buscar trabajo.
El lobby de Barrick Gold para revivir Pascua Lama
Aunque la mayoría cree que Pascua Lama está paralizado, la verdad es que Barrick Gold sigue operando en la zona.
Aunque el proyecto está completamente paralizado desde el 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente, Barrick Gold todavía puede hacer labores de monitoreo y otros trabajos. “Ellos pueden continuar la operación del sistema de manejo de aguas, sobre todo el tratamiento de aguas contaminadas, aunque no se si se esté trabajando porque inició el rajo de la mina depositando material estéril en la naciente del Río Estrecho”, comentó a este medio Constanza San Juan, de la Asamblea Por el Agua del Huasco Alto.
La comunidad insiste en que la minera ya está contaminando, a pesar que el proyecto no está en ejecución. Esta contaminación se debe principalmente al drenaje ácido (cóctel de metales pesados más agua) producto de los estériles (rocas sin valor económico pero con metales pesados) que se depositan en la naciente del Río Estrecho, cauce que luego da origen al Río Huasco que alimenta todo el valle del mismo nombre, de cordillera a mar.
Situación confirmada por la Superintendencia del Medio Ambiente, ya que, ellos establecieron que el proyecto es incapaz de manejar y tratar toda el agua contaminada que produce. «Por lo tanto, de reiniciarse el proyecto, la zona queda susceptible a nuevos aludes que destruyan ecosistemas andinos de valor incalculable y fauna y flora, además de seguir contaminando las aguas que bebemos y usamos para la agricultura«, agrega San Juan.
San Juan explica que esta situación ha provocado daños incluso a los glaciares de la zona, “informes internos de la empresa que se filtraron y que dan cuenta de la construcción de caminos que cruzan el Glaciar Toro 1, que seguía activo en pleno 2013, además de la presencia de basurales en los propios glaciares» . Todo esto ha sido constatado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
“Además vemos presencia de basurales en los propios glaciares, aunque a la fecha hay glaciares muy afectados, otros aún permanecen y es urgente mantenerlos a salvo”, comenta.
A pesar del lobby y los recursos que posee la compañía, los vecinos del Valle del Huasco no se rinden y están dispuestos a dar la pelea. Ya lanzaron una campaña para pedir el cierre definitivo de la minera.
Conflicto de intereses en la mira
El año 2017 las mismas comunidades del Valle del Huasco interpusieron un recurso de protección en contra de Barrick Gold, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación de Atacama por contaminaciones ocurridas de las aguas tras la ruptura de la planta de tratamiento de aguas contaminadas que se produjo en junio de 2016, así como por otras situaciones similares que tuvieron que ver con derrames de sustancias peligrosas (aceites e hidrocarburos) y riesgo de afectación de densímetros nucleares.
En ese momento, la Resolución N°094 de la Comisión de Atacama permitió elevar los límites autorizados de metales pesados en el agua. Situación que es declarada ilegal por el convenio 169 de la OIT, debido a que no dialogaron con las comunidades Diaguitas de la Zona. Es el mismo convenio que reclaman hoy los presos políticos mapuche.
En este contexto, apareció en escena el abogado Rodrigo Quintana Meléndez como defensor de la Canadiense Barrick Gold. Quintana también es abogado del Consejo de Defensa del Estado, quienes negociaron con Barrick Gold la mitigación del impacto ambiental de Pascua Lama, acuerdo que lograron en marzo de este año, devolviendo el tema al Tribunal Ambiental que debe tomar la resolución final del caso.
Rodrigo Quintana defendió a la transnacional frente al recurso de protección interpuesto por las comunidades. Luego fue denunciado a la Contraloría de la República ‘por pasarse de su rol de abogado’ y no inhabilitarse al participar del proceso, a pesar de existir conflicto de intereses En dicha oportunidad, el contralor Jorge Bermúdez, estableció que su actuación “no se ajustó a derecho”.
“Por lo tanto, en virtud de lo expuesto en el presente pronunciamiento, el abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado, don Rodrigo Quintana Meléndez, deberá en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por las normas a que se ha hecho mención, lo que se pone en conocimiento de ese Consejo para los fines que estime pertinentes”, dice el fallo.
El 21 de enero del 2020, en una sesión del Consejo de Defensa del Estado en donde participó Quintana, se aprobó la propuesta “de avenimiento en causa Rol N° D-3-19, del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, por daños al medio ambiente a consecuencia de la ejecución del Proyecto Pascua Lama”. O sea, un acuerdo entre el CDE y Barrick Gold, anulando el conflicto que existía entre ambos por el impacto ambiental, preparando el terreno para el fallo de agosto.
Todo esto pasó después que se publicara el dictamen de Contraloría que criticó la actuación de Quintana al defender a Barrick Gold, y se enviara un oficio mandado por el CDE donde se comprometieron a que el abogado no iba a participar de los acuerdos entre Barrick Gold y el CDE.
Constanza San Juan comentó que ya apelaron esta decisión que busca dejar sin efecto el acuerdo.
“En primera instancia la acción fue declarada inadmisible, pero luego presentamos un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta el cual sí fue acogido y se encuentra actualmente en proceso (…) Cuestionamos decididamente el rol que ha jugado el Consejo de Defensa del Estado. Este ha tomado como praxis demandar a las empresas que perpetran graves daños ambientales adelantándose a las comunidades, para luego adoptar una política conciliatoria. Cuestionamos su pasividad y creemos que falta a su rol de cautela de los intereses del fisco y del bien común”, explica.
Rodrigo Quintana también es militante del Partido Socialista y cercano a Ricardo Lagos, quien lo nombró primero como Defensor Público Nacional en 2002, cargo que utilizó hasta el 2006, cuando el mismo Ricardo Lagos lo nombró como abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su calidad de presidente. Su hermana es Paula Quintana, ex militante del partido socialista que fue Ministra de Planificación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
En ese entonces, Ricardo Lagos favoreció a Pascua Lama, promulgando el 18 de agosto de 2004 un decreto supremo en que le concedía terrenos a Barrick Gold para desarrollar el proyecto minero y dejando fuera a Jorge Lopehandía, otro empresario minero que interpuso una demanda el 2016, ya que, según el, este decreto estaría viciado. Esta demanda fue rechazada el 2019 por la Corte Suprema.
Además, según una información de El Mostrador, en 2017 Quintana formaba parte del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado, inhabilitándolo de varias causas como abogado del CDE. Además en ese entonces, Quintana era director de comunicación estratégica de Imaginacción, empresa de lobby de Enrique Correa.
El fallo de agosto
En relación con el fallo que debería ser este mes, el presidente del Primer Tribunal Medioambiental, Mauricio Oviedo, aclaró que se está discutiendo la viabilidad del proyecto y que lo que dará cuenta es la revisión de un proceso sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente.
“Se han aplicado sanciones bien severas, como es la máxima que contempla en ese caso, el ordenamiento jurídico ambiental que es la clausura definitiva del proyecto», comentó en El Mercurio de Antofagasta. En efecto, lo que se decidirá este mes es que si Pascua Lama se clausura definitivamente o sigue operando con la esperanza que se autorice a realizar el proyecto completo en un futuro.
Sin embargo, el Tribunal Ambiental funciona de forma similar a la Corte de Apelaciones, por lo que cualquier resolución es apelable en la Corte Suprema. “Cualquiera sea el fallo, en contra o a favor que se haga al proyecto, alguien va a ir a reclamar a la Corte Suprema”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
Frente al escenario de que Pascua Lama resucite, los vecinos del valle del Huasco están organizados y esperan que se respete la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, quienes en primera instancia determinaron la muerte del proyecto.
Incluso el párroco Nelson Barrientos, está realizando una protesta llamada “100 km por la oración y la vida”. Recorre a pie los lugares que se verán afectados por la minera, visibilizando en Instagram cada uno de los paisajes que serían destruidos si Pascua Lama sigue su curso.
La irrupción de Minera Dominga
Otro de los proyectos emblemáticos que se encuentran cuestionados es Minera Dominga, de la empresa de capitales chilenos Andes Iron SpA, ubicada a 30 km de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. El punto más controversial es el puerto de Dominga, ya que podría afectar a la fauna marina del lugar.
“Dominga se encuentra rechazado, pero ellos reclamaron el rechazo y eso lo está viendo, por segunda vez, el Tribunal Ambiental de Antofagasta”, explica Ezio Costa, abogado de Oceana en la causa de minera Dominga.
En marzo, la Alianza Humboldt que integra Oceana junto a un grupo de asociaciones que buscan frenar el proyecto, sacaron un video recordando el conflicto de intereses que existe en el proyecto: Participan Sebastián Piñera y su familia, además del formalizado presidente de Penta Carlos “Choclo” Délano.
A pesar de estos antecedentes, el 17 de julio el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió una solicitud de la empresa Andes Iron y pidió al Gobierno, en particular a las Subsecretarías del Medio Ambiente y de Pesca, nuevos informes sobre la evaluación ambiental del medio marino y las rutas de navegación del puerto que esta empresa pretende construir en el Archipiélago Humboldt.
En esa oportunidad, Alejandra Donoso representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, señaló a CNN Chile que, “llama la atención que el Tribunal Ambiental haya accedido a esa solicitud que fue presentada de forma extemporánea (…) Claramente ahí hay una presión política de parte de Dominga, que lo ideal sería que no lograra permear la opinión de los tribunales, que debería ser objetiva”, comentó.
“Lo que el Tribunal y la Corte analizarán es si el acto administrativo de rechazo está bien fundado, y eso es evidente cuando uno mira el expediente y los estudios”, dice Ezio Costa.
El abogado de Oceana explica que Dominga sigue insistiendo con el puerto, aunque anunciaron que podrían no usarlo. Fue solamente una declaración de voluntad con una intención efectista.
“En la práctica, el proyecto que están peleando para que se apruebe es el mismo que presentaron originalmente (…) Los principales impactos tienen que ver con la pérdida de la calidad ambiental de un sector que es muy productivo, de manera sustentable, para quienes allí habitan. La pérdida de biodiversidad marina y terrestre que provocaría el proyecto es muy grave, así lo han hecho saber numerosos científicos chilenos y extranjeros”, concluye Costa con preocupación.
Daño inconmensurable
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) el proyecto minero Dominga podría dañar a muchas especies de animales y contribuir con la extinción definitiva del Yunco, un ave que es capaz de bucear y se alimenta de Krill. Vive en la zona de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, a solo 30 kilómetros de Dominga.
El proyecto también pone en peligro a los Chungungos, transformado recientemente en la mascota virtual de Sernapesca para concientizar sobre su existencia y evitar su desaparición. Además en la zona existen ballenas migratorias, delfines nariz de botella y Cachalotes.
“(Andes Iron) sigue utilizando a las personas, utilizando su propia desesperación frente a la situación social y abandono del Estado que se vive en ese lugar, para posicionarse como mercenarios, como la única alternativa de desarrollo viable”, comentó el director de Greenpeace Chile, Matías Asun sobre Dominga.
A su juicio, Minera Dominga también liquidará una de las fuentes históricas de empleo en el norte del país como es la pesca. “La zona en que se implementa el proyecto no solo es rica en biodiversidad, es fundamental para la región de la masa de vida de los océanos”, agrega.
Otro de los temas desaparecidos de la agenda y que preocupa a las organizaciones medioambientales es la no aprobación del gobierno del Acuerdo de Escazú, que Chile promovió el 2012.
“No quieren firmar el acuerdo de Escazú, eso es evidente, y probablemente no lo va a firmar este gobierno y vamos a tener que esperar que venga otro para que lo firme”, señala la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona.
Según Liberona, son tres los puntos en conflicto que impiden que este gobierno acceda a aprobarlo: Asegurar a todos los ciudadanos acceso a la justicia ambiental; que pueden participar en la toma de decisiones ambientales y que se den los mecanismos para garantizar la protección de los defensores ambientales.
“Prácticamente todos los días hay episodios de contaminación crítica y evidentemente el acceso a la justicia y las condiciones de transparencia de una gestión ambiental hoy serían distintas si contásemos con herramientas legales como el tratado de Escazú (…) la no firma del tratado creo que se debe a una desinteligencia y a una falta de competencia estratégica de este gobierno sobre esta materia”, concluye Matías Asun.