El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2021, que aumenta un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
El Gobierno ha empeorado además su previsión de déficit público, al augurar un desajuste del 11,3% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, ejercicio en el que el Estado asumirá 31.882 millones del déficit de la Seguridad Social y las comunidades autónomas.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el nuevo cuadro 'macro', con unas peores previsiones que auguran una caída del 11,2% del PIB este año y un avance del 7,2% en 2021.
El Ejecutivo prevé un déficit del 11,3% este año
Montero ha cifrado el aumento del límite de gasto no financiero total en un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo 27.436 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia y el fondo 'React Eu', y las transferencias a la Seguridad Social (18.396 millones) y a las comunidades autónomas (13.486 millones). No obstante, ha apuntado que el límite de gasto no financiero homogéneo y "comparable" con el anterior supone un aumento del 7,2%, hasta los 136.779 millones, sin contar las transferencias y los fondos europeos. Incluyendo estas transferencias pero no los fondos europeos, ascendería un 32,2%, hasta los 158.661 millones.
La ministra ha destacado que el límite de gasto es un paso "muy importante" para la elaboración presupuestaria de 2021, ya que hay una necesidad "ineludible" de contar con unas nuevas cuentas públicas para impulsar el crecimiento, combatir la desigualdad y hacer realidad el lema de que "nadie quede atrás" y para canalizar los recursos de los fondos europeos.
El pasado mes de febrero el Gobierno había aprobado un aumento del techo de gasto del 3,8%, hasta los 127.609 millones, e incluyó en la senda de estabilidad también el de 2021, con un alza del 3%, hasta los 131.437 millones, por lo que el nuevo límite supone un récord y una cifra "sin precedentes".
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DÉFICIT DE REFERENCIA DEL 7,7% EN 2021. En cuanto al déficit público, ha anunciado que la previsión es un déficit de referencia del 11,3% este año, superior al 10,34% del PIB previsto en mayo, mientras que la tasa de referencia para 2021 contempla un déficit del 7,7%, lo que supone una reducción de 3,6 puntos porcentuales en un año. Por administraciones, la tasa de referencia del déficit conjunto del 7,7% para 2021 se distribuye entre la Administración central, con un déficit del 2,4% del PIB, del 2,2% para las comunidades, del 0,1% para las corporaciones locales y del 3% para la Seguridad Social.
No obstante, la Administración central asumirá 1,7 puntos de déficit de la Seguridad Social (18.396 millones) y 1,1 puntos de las autonomías (13.486 millones), con lo que el déficit de referencia quedaría en el 5,2% para el Estado, el 1,1% para las regiones, una décima para los entes locales y un 1,3% para la Seguridad Social.
La semana pasada Montero anunció la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y, por consiguiente, el Gobierno no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, ahorrándose su trámite en el Parlamento. Montero ha recordado que se han seguido las recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo para activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 2021, lo que implica que la UE permite a los Estados miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.
A pesar de que "de forma extraordinaria" el 'techo de gasto' no vaya acompañado de una senda de estabilidad, Montero ha matizado que no significa que el Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria, por lo que ha aclarado que se suspenden las reglas fiscales pero no la responsabilidad fiscal del Gobierno ni del conjunto de administraciones públicas, como tampoco el principio de prudencia a la hora de realizar los presupuestos y estimar la evolución de ingresos y gastos.
Igualmente, Montero ha asegurado que la previsión es que los ingresos tributarios se incrementen en 2021, lo que se reflejará en el proyecto de Presupuestos, ha dicho.
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EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS. La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado, por su parte, que las medidas de apoyo presupuestario ante la crisis han supuesto el 5,3% del PIB y las medidas de apoyo a liquidez un 15,3% del PIB, como las líneas del ICO (12,5% del PIB) y la ampliación de plazos tributarios, a lo que se suma el impacto de los estabilizadoras automáticos, entre el 4,5% y el 5%, derivado de la caída automática ingresos y el aumento automático del gasto público. Aunque han permitido amortiguar el impacto, Calviño ha reconocido que las medidas han tenido un "alto coste" para el déficit y la deuda pública.
DEUDA DEL 118% DEL PIB Y POSIBLE REDUCCIÓN DE EMISIONES. Respecto a la deuda pública, el Gobierno empeora también su previsión desde el 115,5% del PIB al 118%, lo que supone un salto de más de 20 puntos porcentuales en un año, ha indicado Calviño, quien ha explicado que es un cambio "puramente estadístico" y que no supone "en ningún caso" la emisión de deuda adicional sobre lo previsto. Al contrario, ha dicho que se estudia la posibilidad de reducir la emisiones de deuda del programa, que fue revisado al alza en 100.000 millones en mayo como consecuencia de la crisis, a la luz de la ejecución del gasto, las necesidades de financiación de las comunidades y los resultados de las emisiones, así como la activación del instrumento del SURE. También ha estimado un ahorro en intereses de la deuda de entre 2.000 y 2.800 millones.
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PGE EN OCTUBRE. Con estos pasos previos del techo de gasto y el cuadro 'macro', necesarios para las cuentas públicas, Montero ha mantenido que el Gobierno presentará a lo largo del mes de octubre el proyecto de PGE 2021, con el objetivo de que esté aprobado a finales de diciembre o principios de enero. Sobre la negociación entre PSOE y Unidas Podemos, ha confirmado que se está abordando una revisión de beneficios fiscales y el ministro de Seguridad Social estudia cómo incentivar los planes de pensiones colectivos sobre los individuales.
Según Montero, en la propuesta fiscal del Gobierno de coalición no habrá "para nada" ningún elemento que eche para atrás al resto de formaciones para apoyar las nuevas cuentas, y ha reiterado que la hoja de ruta fiscal que planteaba el Gobierno se irá acompasando a las circunstancias y la recuperación.