El proyecto de ley de “modernización” de las tecnologías de información y comunicación (TIC), “propone aspectos que ponen en riesgo la autonomía de los medios y la libertad de expresión”, señala la carta firmada por más de 20 organizaciones que incluyen a actores, documentalistas, animadores, escritores audiovisuales, productores y trabajadores, así como también a organizaciones de la sociedad civil como FES Comunicación y la Fundación Karisma, entre otras.
Las organizaciones denuncian que el proyecto de ley presentado por el Ministerio TIC ante el Congreso quita autonomía al regulador, otorga incentivos a la concentración de la propiedad, contribuye al desfinanciamiento de los contenidos, no reconoce el concepto de convergencia y carece de participación ciudadana.
De acuerdo con la carta, al proponer la creación de una autoridad convergente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), cuyos cinco comisionados serán elegidos por el presidente, “se quita independencia al organismo regulador de las telecomunicaciones y favorece la concentración de poder [y funciones] en el Ejecutivo”, así como también en el MinTIC. “A la CRC no se le designan funciones de control y vigilancia de manera autónoma, por el contrario, estas funciones entran al MinTic, que además adquiere funciones de designación de licencias para televisión, mantiene las de radio y asume gran cantidad de funciones que en la actualidad tiene la ANTV [que será disuelta]”, explica la carta.
La pérdida de autonomía por la integración del directorio también tendrá un correlato en el manejo de recursos. “Esta misma pérdida de autonomía se observa en el manejo del funcionamiento del Fondo de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones –FONTIC- en MinTic, pues se vuelven a concentrar funciones en el Ejecutivo, y se pierde autonomía en la disposición de recursos”, sostienen las organizaciones.
Además se plantean que el proyecto brinda “estímulo a los monopolios y concentración de propiedad de los medios” en la medida que se extiende el plazo de las licencias para utilizar el espectro radioeléctrico de 10 a 30 años, con la posibilidad de renovación automática. Asimismo, las organizaciones consideran que la noción de “título habilitante”, que permite que los operadores de TV ingresen en el negocio de telecomunicaciones y viceversa “hace aún más peligrosa la extensión de licencias para radio y TV de 30 años, haciendo que unos pocos se perpetúen en el uso del espectro”.
Otro de los aspectos cuestionados es que el “proyecto no reconoce el concepto de convergencia”. De acuerdo con el documento, “se habilita a los operadores de telecomunicaciones sin incluir a las Over de Top (OTT), es decir las grandes transnacionales del negocio global como Google, Netflix, Amazon, ATT, Comcast (Sky), Disney o Facebook. No se les incluye con contraprestaciones para reinvertir en el sector audiovisual, en la industria nacional y de contenidos y en la cultura nacional como compensación por lo que ganan en Colombia”.
A su vez se denuncia el desfinanciamiento que el proyecto ocasionaría para los contenidos audiovisuales públicos y, de modo más amplio, la falta de políticas para la promoción de contenidos.
Por último, se expresa que el proyecto restringe la participación diversa en el regulador convergente, dado que el “proyecto restringe la participación en la CRC a abogados, ingenieros y economistas y deja de lado la cantidad de profesiones y oficios que involucran el sector de telecomunicaciones y contenidos”.
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