Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
7 de diciembre de 2021
Boletín No. 14
Ominoso silencio del Gobierno mexicano ante agresiones a Bases de Apoyo Zapatistas
- Nuevas agresiones a la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio
La violencia hacia las comunidades autónomas zapatistas ha sido constante y ha escalado cuando una parte de la delegación “La Extemporánea” concluye su gira por la vida en Europa.
La Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” del Caracol No. 10 Floreciendo la Semilla Rebelde de la Zona Patria Nueva, ha denunciado nuevas agresiones, hostigamientos y actos de vigilancia que desde finales de noviembre al 6 de diciembre del presente año ha ejercido el grupo de los 40 en contra de la comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, perteneciente al municipio autónomo de Lucio Cabañas, municipio oficial de Huixtán Chiapas.
El día de ayer el grupo de los 40 incursionó a la comunidad para trabajar las tierras en donde las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) siembran y cultivan sus alimentos, además de pastorear el ganado. Han señalado que:
“Estos invasores se ponen a crear una zanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compañeros y compañeras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales… atentan con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compañeras y compañeros durante años con resistencia y rebeldía. El pozo de agua también alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2×3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer. Cabe mencionar que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en nuestra lucha por la vida no para hacer algún daño, pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios”.
El despojo, hostigamiento, amenazas y vigilancia hacia la comunidad Nuevo San Gregorio comenzaron desde finales de 2019, hoy día los habitantes se han quedado sin la posibilidad de cosechar el maíz que habían sembrado. EL grupo de los 40 han efectuado cortes de árboles maderables y frutales en los terrenos recuperados en 1994. De las 155 hectáreas sólo 10 están en manos de la comunidad minando el desarrollo de su autonomía política, alimentaria y el derecho a la propiedad territorial colectiva.
Esta serie de actos de violencia incluido la detención de ilegal y arbitraria de autoridades autónomas han sido denunciado por las Juntas de Buen Gobierno. Por lo que urgimos al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes para terminar con las violencias que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y el territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13
- Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.
Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.
Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.
Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.
Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.
Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.
El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.
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