El martes 13 febrero de 2008 deberá ser recordado como el día de la ignominia legislativa. Con 140 votos a favor, de 143 diputados presentes, el pleno de legisladores aprobó el Decreto 6-2008, que restituye el recurso de indulto o gracia presidencial para reos condenados a muerte. De esta manera, se hace posible de nuevo aplicar la pena capital en Guatemala.
Esta medida irresponsable resulta una prueba patente de la cultura de la muerte que impera en Guatemala. Internacionalmente se desprestigia al país, cuando la mayoría de naciones han abolido la pena de muerte o están en vías de hacerlo. Resulta una maniobra cosmética de distracción, al valerse de los sentimientos de frustración de la ciudadanía, ante la escalada incontrolable de violencia criminal. Y es irresponsable, al no reconocer las condiciones de injusticia e impunidad que dominan. Tampoco orienta hacia una politica integral y estratégica, la solución de las causas generadoras de la violencia y la delincuencia.
Miles de asesinos, algunos de estos genocidas, caminan libremente por las calles e incluso ocupan posiciones en el Congreso. La mayor responsabilidad de las masacres suele dárseles a los ejecutores, pero tienen la misma responsabilidad aquellos que planearon y financiaron desde sus lujosas oficinas la represión y el genocidio y deben ser juzgados por igual. De ahí que legitimar ahora este procedimiento inhumano, solamente sirve para distraer a la opinión pública del estado de impunidad que reina en el país.
El recurso de las ejecuciones, es una expresión trágica del fracaso del Estado en las políticas de seguridad. Y confirma la esencia represora de la visión del Estado por parte de los partidos políticos que apoyan tan salvaje medida.
La oposición a la pena de muerte se fundamenta en el principio de inviolabilidad del derecho a la vida, en el que no siendo la sociedad creadora de la vida, no puede disponer de ella, aunque lo hiciera a través del Estado
La pena de muerte viola gravemente los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales Guatemala es un país signatario. Y está en contra de una moratoria universal, adoptada en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2007.
La pena de muerte no es ni será la solución. No disuade, sólo distrae a la opinión pública. Profundiza el desprecio por la vida y consolida la cultura de la muerte. Además de resultar muy cara por los grandes recursos que se gastarán en los procesos legales, que mejor podrían ser usados para fortalecer el sistema judicial y acabar con la impunidad..
Los abajo firmantes, personas y organizaciones, rechazamos tan bárbara medida. A la vez que demandamos del Presidente de la República , una toma abierta y clara de posición mediante un accionar que patentice el compromiso del gobierno con el respeto a la vida y la construcción de una verdadera paz social, en base de la justicia social y el fin de la impunidad.
No a la muerte, sí a la justicia social.
No a la impunidad, el genocidio y la criminalidad..
Por una Guatemala pacífica, próspera y civilizada que sea respetada nacional e internacionalmente.
Fuente: Jornadas por la Vida y la Paz
Guatemala - Albedrio.org
www.albedrio.org