Desde fines del siglo pasado los problemas ambientales (cambio climático, pérdida de la biodiversidad) se han globalizado; sin embargo, en algunas sociedades rurales del Sur Global persisten problemas con una escala regional y local. En este ámbito, el proyecto The Global Environmental Justice Atlas (EJAtlas)1 ha reportado más de 3,500 inconvenientes socioambientales regionales-locales. El logro de tal proeza se ha realizado desde las categorías de conflicto ecológico-distributivo (CED) y de justicia ambiental (Temper et al., 2018), las cuales derivan de campos como la economía ecológica (EE) y la ecología política.
En la propuesta metodológica del EJAtlas, los CED son generadores de diversos movimientos sociales locales, específicamente como Movimientos de Justicia Ambiental (MJA) que se expresan como una respuesta ante una modificación (real o potencial) de la economía sobre el entorno ambiental de las comunidades. En esta perspectiva analítica, la noción de MJA tiene como punto de referencia las visiones de las comunidades anfitrionas ante determinada distribución (biofísica) de las cargas de la contaminación y en el acceso a los recursos ambientales, el derecho a participar en la toma de decisiones y el reconocimiento de visiones alternativas al desarrollo. Desde estos criterios teórico-metodológicos, la potencial emergencia de un CED puede ocurrir cuando el espacio físico de algunas comunidades es utilizado como receptoras de aguas residuales (contaminadas). El grupo receptor podría exigir a las autoridades públicas el desvío de la ruta de dichas aguas o la instalación de un sistema de tratamiento de aguas. Todo para evitar problemas sanitarios a la población anfitriona.
Desde este esquema de CED, los emisores de las aguas residuales (externalidades negativas) evaden la responsabilidad del tratamiento del líquido; ello para maximizar la rentabilidad financiera (beneficios económicos) y transferir los costos hacia el ambiente (costo ecológico o pasivos ambientales) y a la sociedad receptora del agua contaminada (costo social). Este tipo de conflictos se encuentran entre los más añejos del desarrollo del capitalismo en su fase industrial y de urbanización. Los habitantes de zonas marginadas han sido los principales actores (víctimas) a los cuales les impactaban los desechos de procesos domésticos e industriales. Este proceso fue identificado por Joan Martínez-Alier (2004) a partir de la categoría de (in)justicia ambiental.
El estudio se enfoca a analizar un CED, pero con matices paradójicos a lo contemplado en el citado EJAtlas: un grupo social de campesinos de subsistencia luchan por mantener la recepción aguas residuales; asimismo, rechazan la instalación de una planta de tratamiento de aguas. El referente empírico lo proporciona el análisis de la transferencia de agua residual no tratada de la Zona Metropolitana de Valle del México (ZMVM) hacia la región del Valle del Mezquital (VM) en el estado de Hidalgo. Este es un caso con dimensiones políticas, históricas y territoriales complejas, las cuales se ven agravadas por la coyuntural emergencia sanitaria derivada de la COVID-19. Y como explicaremos más adelante, este es un fenómeno con amplias dimensiones sociometabólicas (relación sociedades-naturaleza) en términos territoriales, flujo de agua (cantidad y calidad) y poblacionales. El VM recibe aproximadamente “50 m3/s de agua residual no tratada proveniente de la Ciudad de México, a través del Gran Canal del Desagüe, el Interceptor Poniente y el Emisor Central” (Lesser et al., 2011, p. 33). Físicamente, una parte importante del flujo de las aguas residuales está integrado por cinco presas y es el “mayor sistema de riego en el mundo, con capacidad para almacenar casi 350 millones de metros cúbicos de agua aunado a una extensa red de canales de conducción y distribución, túneles, drenajes, sifones y plantas de bombeo” (Islas, 2011, p. 40). Económicamente, dicho flujo de agua se ha usado para incentivar el desarrollo de la actividad agrícola en una zona con fuertes limitantes ambientales (zona semidesértica y baja disponibilidad de agua).
Desde este marco contextual, el objetivo general de la de investigación se acota a caracterizar las acciones de los campesinos de subsistencia del VM (en sus procesos de apropiación de las aguas residuales provenientes de la ZMVM) como un CED y MJA diferenciado del marco teórico-metodológico del EJAtlas. El abordaje de tal pregunta-objetivo se estructuró desde cuatro ángulos de análisis. El primero explora el potencial de la propuesta original del ecologismo de los pobres (EPo) en dos dimensiones: una, para subordinar el tema ecológico (el CED) a una noción específica de justicia ambiental basada en el papel de la naturaleza para mantener la subsistencia de los grupos sociales, y la otra, en la incorporación de la categoría metodológica del metabolismo social (MS). El segundo eje reconoce la aportación de la dimensión histórica (y no solo coyuntural) de los agravios sociales (exclusión) dados en el VM como un fenómeno complejo que contribuye a una mejor comprensión de la relación MJA-CED. El tercer eje tiene un fuerte componente empírico; se basa en la recopilación de indicadores de trabajo de campo y bibliográfico de la situación actual de los CED e injusticia ambiental desde la posición de los campesinos de subsistencia. El último eje, expresado en las conclusiones, articula los tres ejes de análisis.
Métodos y diseño de la investigación
Métodos cualitativos
El trabajo de gabinete contribuyó a ampliar la perspectiva teórico-metodológica del EJAtlas. Se realizó un análisis de los aportes originales del EPo y se investigaron los principales antecedentes históricos del VM y del sistema de descarga de aguas residuales. Desde estos métodos cualitativos se buscó proporcionar una mayor comprensión de la complejidad de los fenómenos socioambientales del referente empírico, y con ello evitar un determinismo económico como explicación de los CED y MJA.
El MS es una categoría metodológica que contribuyó a delimitar las unidades sociales (grupos, clases, zonas rurales o urbanas), así como los niveles de disputa (conflictos económicos y ecológicos) en la orientación e intensidad de la apropiación (entradas, consumo y salidas) de los flujos biogeoquímicos en una unidad espacial a través del tiempo. En el caso de estudio se limita a la disputa actual entre grupos sociales (campesinos, empresarios, gobierno) del VM (rural-receptora) sobre la apropiación del flujo del agua residual proveniente de la ZMVM (urbana-generadora).
También se obtuvo información cuantitativa del Sistema de Información Nacional del Agua y del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), que contribuyen al enriquecimiento del análisis cuantitativo sobre el flujo de agua residual e información del sector agrícola, tanto en términos de producción como de ingresos económicos.
Trabajo de campo
La investigación empírica se desarrolló durante septiembre 2016 a junio 2021 e incluyó la realización de diversas actividades in situ; entre ellas trabajo de observación directa en algunas comunidades de la región, principalmente dentro de los municipios de Tezontepec de Aldama, Tepeji del Río, Atotonilco de Tula, Tepetitlan y Mixquiahuala. Así como la aplicación de diversas entrevistas no estructuradas con el propósito de proporcionar mayor confianza en la exposición de temas que permitieran comprender (desde la percepción de los tres principales actores: sociedad, gobierno y sector privado) la complejidad de los conflictos socioambientales. En estas entrevistas destacan las siguientes: con campesinos en el municipio de Tezontepec de Aldama (2 septiembre 2016), con empleados de la Conagua (30 junio 2021) y con el representante del Fideicomiso de Infraestructura Ambiental de los Valles de Hidalgo (FIAVHI) (12 febrero 2016 y 17 febrero 2017).
Delimitación de unidades de estudio del Valle del Mezquital
La región está conformada por 28 municipios, con una superficie total de 642,653 hectáreas, situada en lo alto de la meseta mexicana, a 60 kilómetros de la Ciudad de México, con una altitud entre 1,700 metros y 2,100 metros sobre el nivel del mar. Comprende una superficie de extrema aridez en la que su vegetación la constituyen huizaches, magueyes, cactáceas y matorrales (Romero, 1997). El VM se caracteriza por ser una zona semiárida, con temperaturas muy calientes por el día y bajas temperaturas por la noche y con escasa precipitación pluvial, por lo que la actividad agrícola bajo estas condiciones no es apta. Sin embargo, el riego con aguas residuales permite el desarrollo de la agricultura, la cual se complementa con la ganadera.
Beatriz Moreno et al. (2006) dividen la región en subregiones: Centro-Sur, Centro y Alto Mezquital. Siendo la subregión Centro-Sur en la que mayormente se desarrolla el estudio que se presenta. Esta subregión tiene un clima semiseco y un suelo que presenta importantes modificaciones debido a la introducción de canales de riego, los cuales han incentivado la actividad agrícola (diversificación y producción).
La información de gabinete y el trabajo de campo citados permitió identificar las unidades y objeto de estudio desde la categoría de MS a partir de los siguientes ejes de análisis:
La trayectoria física del flujo de aguas residuales quedó acotada al Gran Canal del Desagüe, el Interceptor Poniente y el Emisor Central (véase Figura 2).
Los puntos nodales de la disputa por el flujo de dichas aguas se concentraron en las siguientes zonas: (1) periferia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Atotonilco de Tula; (2) convergencia del agua residual con actividades económicas relevantes (agricultura y turismo de balnearios) en Tezontepec de Aldama; (3) Riviera de la presa Endhó en Tepetlitán; y (4) en los municipios Tepeji del Río y Mixquiahuala (véase Imagen 1).
La percepción de los campesinos, a través de entrevistas no estructuradas y de revisión de literatura histórica sobre el tema, como eje de análisis de la disputa frente a otros actores como la agroindustria e instancias gubernamentales y no gubernamentales. Para los campesinos, el agua residual es un insumo para su subsistencia; mientras que para los otros es un insumo para la acumulación y de poder político, respectivamente.
Aportaciones teóricas desde el Ecologismo de los Pobres
En complemento a la acotación teórico-metodológica del EJAtlas, los planteamientos originales del citado EPo (Folchi, 2019; Martínez-Alier, 2004) permiten visibilizar otro tipo de movimientos que ligan la justicia social y ambiental. Los actores claves en esta disputa (conflictos) se definen en función a los criterios convencionales de una economía mixta2: pública, privada y social. Desde el EPo, se aborda el papel del campesino (sector social), frente a los otros actores (gubernamental y privado). Específicamente, desde el EPo se puede identificar un caso de injusticia ambiental cuando un proyecto externo (Gobierno, sector privado) altera (o disputa) algunos elementos de los bienes ambientales desde los cuales las comunidades (sector social) realizan sus estrategias de subsistencia. Más allá del impacto al entorno ecológico; se resalta el impacto en las estrategias de vida material, cultural y simbólica de las comunidades. Por tanto, los potenciales MJA no solo defienden el medio físico (conflicto ecológico); sino los impactos en su forma de vida (conflicto socioeconómico).
La noción de MJA empieza a utilizarse para explicar un fenómeno socioeconómico que genera una degradación del ambiente en el que habita un grupo social excluido. Uno de los casos más emblemáticos sucedió en los EEUU en la década de 1960; específicamente, el hábitat de poblaciones con ascendencia afroamericana, hispana y nativos americanos fueron receptoras de desechos tóxicos emitidos por zonas urbanas e industriales. En este contexto, se asoció la idea de MJA con la lucha hacia el racismo bajo la noción de movimientos de “racismo ambiental” (Martínez-Alier, 2001). En otras palabras, los potenciales MJA no solo se expresaron por una defensa ecológica (conflicto ecológico como consecuencia de una alteración del medio físico) sino por su impacto en su forma de vida de la población.
El EPo también plantea que los actores en conflictos presentan desigualdades estructurales de ingresos y poder. Esta desigualdad puede responder tanto a una situación de tipo coyuntural (actual) como a una histórica. El caso de estudio tiene este componente histórico como una arista por explorar. Es decir, la actual situación del VM es el resultado de una especie de coevolución de las comunidades campesinas para lidiar los problemas de salud y de exclusión a través del uso, apropiación y gestión cultural del agua residual. La emergencia sanitaria del COVID-19 podría, en estas condiciones, presentar un cambio para incorporar el tema sanitario al productivo.
Otra aportación del EPo es la incorporación de la citada categoría del MS como objeto de estudio de la EE. Tal categoría contribuye a incorporar el tema de la territorialidad y temporalidad de la disputa, pero también la interconexión entre los flujos físicos (agua) y los productivos (agricultura, monetarios). En palabras de María Jesús Beltrán y Esther Velázquez (2011), el enfoque proporciona un “marco de análisis que cuantifica los flujos hídricos de la economía y refleja la dimensión social, ambiental, tecnológica, geográfica e institucional que corresponde a la parte intangible del metabolismo, inseparable de la parte tangible si consideramos el agua como activo ecosocial” (p. 27).
Desde este planteamiento metodológico la categoría del metabolismo del agua permite redimensionar (de manera alterna al EJAtlas) las categorías de CED y de justicia ambiental. No solo se trata de un análisis del impacto ecológico de la degradación de la calidad y la cantidad del agua (de entradas, consumo y las salidas del sistema) como factor para generar un CED y su respuesta en movimiento social; sino se trata del impacto del tal flujo en la afectación de la capacidad de reproducción socioeconómica del grupo receptor. Bajo esta perspectiva, la distribución de los beneficios y costos entre grupos sociales no sólo obedece a un aspecto ecológico, sino sociocultural y político (Fuente et al., 2019).
En el caso de estudio, el impacto de la calidad de las aguas residuales está vinculado al contexto social, específicamente en la afectación en los niveles de reproducción material de los grupos receptores de agua residual y su papel en los niveles de la gobernabilidad regional. En otros términos, la amplitud, intensidad, magnitud de las tasas de dichos flujos están determinados por el tipo de relaciones sociales (reglas y normas derivadas de imposiciones, negociaciones) y lenguajes de valoración de los diferentes actores de la sociedad. En suma, se puede comprender que el flujo de agua residual hacia las comunidades campesinas tiene un impacto dual paradójico en las estrategias de subsistencia: (a) el negativo: la contaminación atenta contra la salud; y (b) el positivo: sirve como insumo físico para el desarrollo de la agricultura. En este escenario, se plantea como hipótesis de trabajo que, desde la perspectiva de los campesinos, la emergencia de un CED y su movimiento de justicia ambiental se deriva de un lenguaje de valoración de la naturaleza (aguas residuales) que privilegia el mantenimiento del segundo impacto sobre el primero.
Situados en este eje problemático, el artículo coloca atención especial en una de las disputas altamente relevantes que ha escapado a la red teórica y metodológica del abordaje de los CED planteados desde el EJAtlas (Temper et al., 2018). Específicamente, desde estos campos algunos de los MJA surgen como una respuesta por evitar que su espacio (territorio) sea utilizado como sumidero, como reservorio de contaminantes. Sin embargo, en el caso del VM en Hidalgo sucede lo contrario; es decir, se disputa el hecho de seguir siendo el reservorio del agua contaminada para su uso en el sector agrícola.
La histórica descarga de agua residual de la ZMVM al VM
Los problemas de inundación en la Ciudad de México desde la época de la colonia dan inicio a las primeras obras hidráulicas en el año 1607, las cuales comienzan las primeras obras de desagüe mediante la construcción de tajo abierto en Hüehüetoca hacia Nochistongo y hasta el río Tula (Aguilar et al., 2007). El tajo de Nochistongo se inauguró en 1789 y es la primera salida artificial de las aguas de la ciudad, desembocando en el río el Salto. A principios del siglo XX, durante el Porfiriato, se concluyó la obra hidráulica el Gran Canal del Desagüe, con el que se buscaba frenar las inundaciones que sufría la ciudad. Se construyó con dirección al estado de Hidalgo, por la pendiente que existía en aquel entonces. Dichas aguas, que tenían como propósito desembocar en el mar, en su trayectoria se vertían en el río Tula —corriente de agua que atraviesa el VM—, a partir de lo cual el sector agrícola de la región comenzó a utilizar un sistema de presas y canales que distribuían el agua a los cultivos. De esta manera se produjeron dos impactos positivos en aquel tiempo: por un lado, se evitaron las inundaciones en la ciudad y, por otro, se dotó de agua a una zona que presentaba escasez por sus condiciones climáticas.
Lo anterior permitía que las aguas que desembocaban en el mar llegaran con una carga menor de contaminantes y se incentivaba la actividad agrícola en la región que ayudaba a la economía de los pobladores locales. Posteriormente, con el crecimiento poblacional en la ciudad se incrementó el volumen de aguas residuales producidas. Por lo cual en 1912 se construye la presa Taxhimay, en 1922 la presa Requena, en 1952 las presas Endhó y Vicente Aguirre —la presa Endhó en un principio contenía las aguas dulces del río Tula, luego de la construcción del Emisor Central en 1975, comenzó a recibir las aguas negras de la ciudad y del corredor industrial Cuautitlán-Tepeji-San Juan del Río—, que a su vez fueron distribuidas a los distritos de riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, ubicados en el corazón de VM; finalmente, para 1976 se construye la presa Javier Rojo Gómez (Aguilar et al., 2007; Ontiveros et al., 2013).
La llegada de esta agua a la región se convirtió en una forma de sobrevivencia para muchos campesinos. Históricamente los conflictos por el agua entre campesinos y autoridades gubernamentales eran por las cuotas de agua. A partir de la década de los noventa se incluye la variable sanitaria derivada de numerosas infecciones por cólera en la Ciudad de México (Peña et al., 2013), por lo que, de acuerdo con diferentes estudios, las implicaciones en la salud aumentaron (Contreras et al., 2017). Pero esto no significó que los campesinos renunciaran al uso de aguas potencialmente contaminadas.
El Valle del Mezquital: Una aproximación desde el metabolismo social
El caso de la gestión del flujo metabólico del agua es emblemático en la expresión de diversas contradicciones y complejidad. Por una parte, en el ZMVM existe una cantidad y calidad de insumo de agua (input: precipitación pluvial, ríos, suministrado del sistema Cutzamala) suficiente para abastecer y satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes; sin embargo, la distribución del recurso es altamente desigual. Por otra parte, la característica de la ZMVM como cuenca lacustre cerrada y sus antecedentes precolombinos como un gran conjunto de lagos (Texcoco, Xochimilco) le hacen altamente sensible a procesos de inundaciones constantes; sobre todo ante el avance de eventos hidrometeorológicos asociados con el cambio climático.
Este último componente metabólico (output: la excreción) ha colocado la necesidad de que se desarrollen sistemas complejos de desagüe del agua (derivadas de la precipitación pluvial y de las aguas residuales) de la Cuenca cerrada hacia otras cuencas vecinas (véase Figura 1). En este aspecto, la situación de la ZMVM es semejante a la presentada en el resto del país, pero con magnitudes y matices especiales de mayor escala: persiste un bajo tratamiento del agua residual de tipo doméstico e industrial; a la vez existe la necesidad de desaguar miles de metros cúbicos del líquido hacia cuencas vecinas.
La región del VM se caracteriza por recibir desde hace más de cien años aguas residuales sin tratamiento provenientes de la ZMVM. Actualmente, el flujo transferido de un Valle a otro es de 1,576.8 hm3 anuales, es su mayoría utilizada para fines de irrigación en aproximadamente 85,000 hectáreas de cultivo, principalmente de alfalfa y maíz (Conagua, s.f.), y de manera indirecta, para uso doméstico cuando se obtiene vía acarreo de pozos, ríos, lagos o arroyos contaminados.
Aunado a lo anterior, el volumen de aguas residuales vertidas a cuerpos de agua (con permiso federal) es de 118,000 m3; en Hidalgo se identifican 440 puntos de descargas de aguas residuales municipales, 49% localizados en el VM. Los municipios con la mayoría de puntos de descargas son Tula de Allende, Tezontepec de Aldama, Ixmiquilpan, Tepeji del Río, Atitalaquia y Santiago de Anaya, localizados en ríos y arroyos.
Lo anterior compromete la calidad de los cuerpos de agua del VM, los cuales se encuentran contaminados con base a los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y concentración de sólidos suspendidos, además de los coliformes fecales. Por ejemplo, en el municipio de Francisco I. Madero el canal principal la Tumba y el Alto Requena; en Tlahuelipan el canal principal la Tumba; en Atitalaquia la presa derivadora Tlamaco-Juando; en Tula de Allende la presa Requena; en Tepeji del Río de Ocampo el canal Caltengo y el río Tepeji; en Tepetitlan el canal Endhó; en Tecozautla el río San Juan; y en Alfajayucan el río Alfajayucan y el canal del Centro. Cabe destacar que los habitantes de esta región tienen como fuentes de abastecimiento estos cuerpos de agua, por lo que la citada contaminación incide negativamente en su consumo y uso.
La descarga de aguas residuales como insumo: paliativo a la agricultura
Los distritos de riego 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba son los principales puntos de colecta del agua residual, a través de los cuales se distribuye entre los agricultores. Éstas son de tipo de doméstico e industrial, los primeros contienen gérmenes patógenos (virus, bacterias, protozoos y helmintos), sólidos insolubles y detergentes, mientras que los provenientes de zonas industriales contienen compuestos tóxicos (cloruro y sulfatos), mismos que han profundizado su grado de contaminación ante la descarga de otras industrias tales como las cementeras, refinerías y termoeléctricas, ubicadas en el municipio de Tula de Allende (Islas, 2011).
En un principio, la transferencia de agua residual del ámbito urbano al rural significó dotar de agua a una zona con poca disponibilidad, debido a sus condiciones climáticas. A partir de ello, México se convirtió en el segundo país a nivel mundial en el uso de aguas residuales después de China (Mazari & Noyola, 2018; Ontiveros et al., 2013). Es importante destacar que el desarrollo de la actividad agrícola en la región se debe principalmente al uso del agua residual, la cual juega un papel importante en el crecimiento de la producción agrícola del último siglo. Esto lo reafirman campesinos de la región quienes mencionan que su producción se sustenta por el uso de agua residual (comunicación personal, 2 septiembre 2016).
La actividad agrícola en el VM en gran parte es por riego, siendo el grano de maíz, frijol, tomate verde, avena forrajera, maguey pulquero, alfalfa verde, chile verde, calabacita, cilantro, cebada forrajera, cebolla, tomate rojo y trigo en grano, los principales productos. En Figura 3 se muestran que los cultivos de grano de maíz, alfalfa verde, frijol y avena forrajera, concentran 72% de la superficie sembrada y del valor de la producción. Siendo los municipios de Ixmiquilpan, Alfajayucan, Tecozautla y Mixquiahuala de Juárez los principales productores del sector en la región, ubicados en su mayoría en la subregión centro. Además, en la gráfica se muestra el comportamiento de estos cultivos antes y después de la pandemia COVID-19, en donde la superficie sembrada de cilantro pasó de 101.5 hectáreas en 2017 a cero en 2020.
Los cultivos de la región se sitúan dentro de la categoría de cultivos condicionados para su riego con aguas residuales, aplica para el grano de maíz y alfalfa verde. Son estos últimos los que en mayor medida se riegan con el agua residual sin tratamiento, las cuales ocupan un área aproximada de 85,000 hectáreas. No obstante, el tomate rojo y el chile verde que son altamente redituables están dentro de los cultivos con riego restringido.
La Planta de Tratamiento de Agua Residual: Solución o problema
La solución del Gobierno Federal para mitigar los problemas relacionados con el uso de aguas residuales durante el gobierno de Felipe Calderón (2006–2012), fue promover la construcción de la PTAR Atotonilco en la localidad de Conejos en el municipio de Atotonilco de Tula en Hidalgo. La Planta formó parte del Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, y es considera una de las mayores en el mundo, con una capacidad de tratamiento de 35 mil litros por segundo. Su localización es estratégica debido a que ahí desemboca el caudal del túnel central y el caudal que llegará del túnel emisor oriente, e inician los canales de las zonas de riego agrícola (Conagua, s.f.). La PTAR se ha justificado como una estrategia del sector empresarial para aprovechar los problemas ambientales como una oportunidad para el crecimiento económico. Tal estrategia empresarial ha sido promovida por organismos internaciones para impulsar el desarrollo sostenible desde las premisas de la economía verde y economía ambiental (Domínguez et al., 2020).
El objetivo de PTAR Atotonilco es sanear las aguas residuales (pasar de una cobertura de tratamiento del 6% al 60%) aunado a beneficios en materia social, ambiental y económica (Semarnat & Conagua, 2012). En material social, se prevé un beneficio para más de 700,000 habitantes del estado de Hidalgo que se encuentran en las cercanías de la presa Endhó, el cual es uno de los sitios donde se deposita el agua residual proveniente de la ZMVM; la disminución de las incidencias de enfermedades causadas por el contacto con aguas residuales; y mejorar las condiciones de vida y de ingreso de las familias de la región. En materia ambiental, se prevé dar cumplimiento a la normatividad ambiental respecto a las Condiciones Particulares de Descarga; sanear los cauces y prever la formación de bancos de materiales sépticos en los canales de riego; mitigar la sobreexplotación de los acuíferos; y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En materia económica, el agua tratada no tendrá costo para los agricultores de la región; se podrá acceder a cultivos más rentables al intercambiar el uso de agua residual por aguas de primer uso, pasar de cultivos de riego restringido a cultivos de riego no restringido; se facilitará la tecnificación de riego y la producción de mayor valor agregado; y se reducirán los costos de las enfermedades causadas por el contacto con las aguas residuales.
La PTAR Atotonilco comenzó su construcción en el año 2010 con fecha estipulada de término en el 2013 e inició operaciones en 2015. Con una inversión de 9,389.22 millones de pesos (aportación pública de 48.98% y privada de 51.02%), por su parte el Gobierno Federal en 2009 a través de la Conagua adjudicó el contrato para el diseño, construcción, operación y mantenimiento, durante 22 años, al consorcio Aguas Tratadas del Valle de México (Conagua, s.f.). Sin embargo, su puesta en marcha ha tenido varios altibajos, desde demandas por permiso de parte del municipio hasta la oposición de los campesinos de la región, lo que ha frenado su funcionamiento al cien por ciento. Cabe destacar que una de las alternativas fue propuesta por el representante de la FIAVHI, el cual trabaja en el diseño de pequeñas PTAR que permiten la reutilización del líquido en el sector agrícola. Dicha propuesta justifica que el tratamiento proporciona una calidad del agua de acuerdo con los parámetros establecidos por la FAO para su uso en sector agrícola y con un bajo costo de inversión (comunicación personal, 2 febrero 2016 y 17 febrero 2017).
La planta ha generado grandes controversias entre los agricultores. Actualmente el grupo Usuarios en Defensa de las Aguas para uso agrícola de los Distritos de Riego 003-Tula y 100-Alfajayucan, A. C. es uno de los opositores a la PTAR Atotonilco, en años recientes han realizado diversas manifestaciones señalando que el tratamiento del agua residual les implicará el aumento de las tarifas por el agua que utilizan —referente a la cuota que pagan los usuarios al módulo de riego que les trasfiere el agua para su funcionamiento—, así como una reducción del volumen de agua que reciben. El grupo también señala que el tratamiento de aguas residuales generaría una disminución de los nutrientes en los cultivos, por lo que tendrían que invertir en más fertilizantes o enfrentar el riesgo de pérdida de cosechas (Montoya, 2018).
Para comprender ambas visiones, analizamos datos sobre el comportamiento de la superficie cosechada y el valor de la producción por riego antes y después del inicio en operación en 2016 de la PTAR, donde observamos que en 2015 el valor de la producción de la alfalfa tuvo un crecimiento de 134.47% respecto al 2014, mientras que el grano de maíz del 28.67%; pero para el año 2017 la alfalfa solo creció 0.99% respecto al 2016 y el maíz tuvo una disminución del 6.35 (véase Tabla 1). También, previo a la planta no había producción de cilantro, pero en el año 2017 este creció en 322.12% respecto al año anterior, mientras que para el año 2020 no hubo producción en la región.
Tasas de crecimiento de la superficie cosechada y valor de la producción del VM
Fuente: elaboración propia con datos del SIAP
Los datos muestran bajas en la superficie cosechada y en el valor de la producción para los principales cultivos de la región después del inicio de operación de la PTAR respecto a los años anteriores. Para algunos agricultores estos escenarios a la baja derivan del tratamiento de agua y disminución del agua que les llega. Si bien pueden existir otros factores que afecten esta relación de la baja de la producción posterior al tratamiento de agua, como la sequía que desde 2019 se presenta en la región. Este factor no es considerado como causal central.
La disputa por el agua residual como un CED
El agua residual ha reconfigurado el espacio productivo y social en la región del VM. Ha permitido que grupos sociales desarrollen actividades agrícolas en espacios que —por su condición climática y geográfica— eran infértiles. Con ello, se ha diferenciado el estándar de vida de la población entre los que tienen acceso y los que carecen del agua residual (Cepis & OPS, 2002). Históricamente y debido a una geografía que dificulta la producción agrícola (ligado al desplazamiento de grupos Otomíes a zonas poco cultivables para su protección), la población de la región ha vivido en condiciones de marginación (Granados et al., 2004). Cabe destacar que 50.6% de la población en Hidalgo está en situación de pobreza (42.6% en pobreza moderada y 8.0% en pobreza extrema), mientras que parte de la población en el VM tiene niveles bajos de marginación por esta actividad, principalmente los municipios cercanos a los distritos de riego, así como por la industria manufactura y la de construcción ubicadas en la región.
En la contextualización de la disputa por el agua residual se destacan varios momentos en la historia de la región en torno al agua. Uno es el derivado del reparto agrario en los años cuarenta del siglo pasado, en donde la burguesía local y los caciques lograron posicionarse en puestos políticos con los que tuvieron el control y acceso privilegiado a la tierra de riego aunado al de las Juntas de Agua, quienes decidían el acceso y destino de los canales del riego, facilitando la apropiación de los distritos de riego por parte de la burguesía agraria del VM (Contreras, 2016), de esta manera se privilegió solo a una parte del sector agrícola, principalmente los grandes.
Otros hechos importantes surgen en las décadas de 1960 y 1970. En 1962, el Movimiento del Pueblo del VM solicita a las autoridades la dotación de las aguas del río Tula, la cual es atendida en la siguiente década mediante la expansión del riego en la región por medio de aguas residuales (Perló & González, 2005). En 1979, pese a que se expandió el sector minero e industrial fue el riego el principal factor que transformó la región aunado a la diferenciación social; es decir, la ampliación de la infraestructura de riego y las desigualdades para su acceso aceleraron su transformación social y económica (Contreras, 2016). En esta década se comenzó a cultivar mayormente maíz, alfalfa, jitomates y chile y se empleó a los pequeños poseedores de tierras como jornaleros locales de los grandes poseedores debido a que no podían producir lo necesario para vivir. De acuerdo con Raúl Contreras (2016), este periodo se caracterizó por diversas organizaciones campesinas que demandaban la ampliación del riego y la recuperación de sus tierras. Algunos movimientos fueron la Unión de Campesinos del Valle, que agrupó a comunidades de los municipios de Mixquihuala, Chilcuautla y Tezontepec; y la Unión de Campesinos despojados del ejido de Mixquihuala.
se apoderaron de la planta de bombeo de la presa Endhó; cerraron las compuertas y abrieron un canal para dirigir las aguas hasta sus tierras, pero esta acción fue disuelta mediante la intervención del ejército y la Policía judicial. A partir de entonces comenzaron a tomar las aguas del canal con cubetas y botes, acción que no violentaba ninguna ley y, en cambio, con el tiempo podía generar derechos sobre el agua; es decir, era una estrategia hormiga. (Perló & González, 2005, p. 95).
la baja en la diversificación, la nula existencia de encadenamientos productivos, de organizaciones fuertes de productores y, sobre todo, el predominio del minifundio mermaron los horizontes económicos para los campesinos y pequeños productores del valle. Pese a que algunas hortalizas continuaron siendo cultivadas en el Mezquital, el patrón de cultivo en la zona mostró desde los años noventa dos tendencias dominantes: la primera, la producción maicera (y en menor medida de frijol y calabaza), mayoritariamente para el autoconsumo, y la segunda, cada vez mayor, para la siembra de alfalfa. (Contreras, 2016, p. 36)
Hasta la fecha esta actividad continúa en las zonas aledañas al Gran Canal del Desagüe, siendo esto un paisaje que ve alrededor de esta zona, en el que también las condiciones de vida son cuestionadas derivado de los malos olores y problemas de salud que presenta la población (Lara & García, 2019).
El empleo de aguas residuales en la región deriva de problemas de disponibilidad, así como de factores económicos y culturales. Sobre los primeros destacan: la escasez de aguas alternativas para el riego y el aumento de la demanda urbana de agua potable; seguido por la reducción de los costos al sustituir la compra de fertilizantes artificiales, lo cual hace posible la generación de altos rendimientos por unidad cultivada (Cifuentes et al., 1994; Hernández, 2011). No obstante, el uso de agua residual por un periodo tan prolongado ha degradado los suelos, los cuales tienen presencia de diversos metales pesados, provenientes de la industria, estos pueden incorporarse al suelo y, posteriormente en los cultivos, principalmente alfalfa y maíz (Cornejo et al., 2012; Justin et al., 2001; Siebe, 1994;), para posteriormente ser consumidos en las principales ciudades del país, sobre todo en la Ciudad de México a la cual retorna el agua residual de manera virtual en hortalizas, siendo el cilantro uno de los más controversiales (Imagen 1).
Observación de campo en el Valle del Mezquital
Nota: Las imágenes corresponden a la presa Endhó; municipio de Tezontepec de Aldama; PTAR Atotonilco; canal de riego; y cosecha de cilantro en el municipio de Tezontepec de Aldama (de izquierda a derecha).
Citation: Regions and Cohesion 11, 3; 10.3167/reco.2021.110305
Fuente: fotografías propiasObservación de campo en el Valle del Mezquital
Nota: Las imágenes corresponden a la presa Endhó; municipio de Tezontepec de Aldama; PTAR Atotonilco; canal de riego; y cosecha de cilantro en el municipio de Tezontepec de Aldama (de izquierda a derecha).
Citation: Regions and Cohesion 11, 3; 10.3167/reco.2021.110305
Fuente: fotografías propiasObservación de campo en el Valle del Mezquital
Nota: Las imágenes corresponden a la presa Endhó; municipio de Tezontepec de Aldama; PTAR Atotonilco; canal de riego; y cosecha de cilantro en el municipio de Tezontepec de Aldama (de izquierda a derecha).
Citation: Regions and Cohesion 11, 3; 10.3167/reco.2021.110305
Fuente: fotografías propiasLas afectaciones a la salud de la población derivada de la utilización del agua residual recaen en los campesinos de la región, lo cuales tienen una “doble condición de usuarios: como regantes de aguas negras y como consumidores domésticos de agua subterránea contaminada” (Hernández, 2016, p. 118), así como los trabajadores en el campo que están en contacto directo con estas aguas. También los habitantes de la región pueden sufrir afectaciones por la contaminación de las fuentes de abastecimiento, aunado a la carencia de servicios de agua potable y saneamiento en sus hogares; e indirectamente pueden ser afectados los consumidores de cultivos regados con este tipo de agua.
La contaminación por la infiltración de aguas residuales ha comprometido la calidad de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la población en el Valle, las cuales son para consumo y uso directo en los hogares. Su impacto sanitario se expresa en enfermedades infecciosas en el estómago (parasitarias y gastrointestinales), problemas de la piel (ante la exposición directa) e incluso, cuando estas contienen metales pesados en cierto tipo de cánceres (Cifuentes, 1998; Cisneros et al., 2001; Ruíz et al., 1998).
Tal como se indicó anteriormente con el tema del CED, aun cuando a lo largo de los años la salud de la población se ha visto mermada por estas aguas, para los agricultores estas representan el “oro negro” que les ha permitido sobrevivir. De esta forma, una de las principales vertientes de injusticias socioambientales en la región es que “las comunidades indígenas beneficiadas prefieren afrontar la merma en la salud con tal de no perder las aguas que han permitido a la región salir de la miseria” (Moreno et al., 2006, p. 6). No obstante, la probabilidad de presentar eventos de enfermedad relacionados con su utilización, aumentan de manera importante al punto de revertir los beneficios económicos; sobre todo en los escenarios que presentara la era pos-COVID-19. Además, “la reutilización agrícola es propiciada por varios factores: escasez de agua limpia, confiabilidad en el abasto de aguas negras, falta de recursos hídricos alternativos, supervivencia y dependencia económica, proximidad a los mercados urbanos y valor nutritivo (para la agricultura) de estas aguas: esto pese a las afectaciones y riesgos a las afectaciones a la salud pública que ello implica” (Hernández, 2011, p. 2).
El uso de esta agua se convirtió en un CED complejo: el modo de supervivencia de algunos agricultores, aunado a su atractiva accesibilidad y el bajo costo que les representa en el uso de fertilizantes. Desde la perspectiva de una parte de la población, el flujo de estas aguas les ayudó a salir de las condiciones de marginación en la que vivían, aunque generan múltiples impactos negativos en la salud, la contaminación de los suelos y la desigualdad económica entre los agricultores por el acaparamiento del agua residual. Por lo que, es posible categorizar la disputa por el uso del agua residual como un CED paradójico, generado por una transferencia urbana-rural hacia comunidades y grupos que prefieren ser receptores de este tipo de contaminación antes que dejar de usar dichas aguas.
A más de un año del inicio de la pandemia COVID-19, una de las preocupaciones globales es identificar si este virus se transmite a través del agua residual. A la fecha, aún no hay estudios concluyentes que avalen casos de COVID-19 asociados al uso de aguas residuales ni a la presencia del virus en el agua (Cruz-Cruz et al., 2020). Pero la latente preocupación se suma a los riegos en la salud de agricultores y en la población indirectamente relacionada con el uso de esta agua. En palabras de personal de la Conagua, “la pandemia disminuyó los conflictos por el agua en la región, no obstante, para el sector agrícola la principal preocupación recayó en la agravación de la sequía que sufre la región desde hace tres años que deriva en la disminución del agua que se les dota a través de los módulos de riego y por ende en la disminución de la producción” (comunicación personal, 30 junio 2021) y no en las posibles implicaciones en su salud.
Actualmente, los conflictos entre los agricultores y la PTAR Atotonilco continúan por causa de la disminución en la dotación del agua y del retiro de la materia orgánica, por lo que los campesinos consideran que han sido despojados de estos nutrientes para sus tierras. Finalmente, hasta el momento no hay un posicionamiento de la PTAR ante la presencia del virus SARS-CoV-2 en el agua residual que arriba a la región, pero la nula producción de cilantro en el año 2020 podría ser una de varias repercusiones de la pandemia COVID-19 en el sector agrícola aunado a las repercusiones futuras en la salud.
Conclusiones
La investigación ratificó la importancia teórica y metodológica de ligar las nociones de CED y justicia ambiental del EPo. La sociedad genera respuestas ante un deterioro del MS (entorno natural) que repercute en la reproducción de la vida comunitaria (material, cultural y simbólica). Desde esta perspectiva e incorporando los antecedentes históricos del grupo de campesinos del VM, se identifica (de manera exploratoria) la importancia teórica-metodológica para visibilizar otro tipo de MJA. Particularmente cuando se trata de un movimiento no necesariamente derivado del ortodoxo concepto de CED (respuesta ante un problema de contaminación). Por el contrario, el mayor conflicto socioambiental proviene de la disputa para usufructuar el flujo de agua contaminada; no de su rechazo ante los problemas de salud que de ella se derivan. Por consiguiente, el conflicto está enfocado a una disputa en la definición de las reglas desde las cuales se distribuyen los costos y los beneficios (ecológicos y económicos) para apropiarse de los flujos de las aguas residuales provenientes de la ZMVM.
Si bien el uso del agua residual para irrigación ha sido utilizado para impulsar el desarrollo económico y social de ciertas regiones del país y los usuarios agrícolas aprecian los nutrientes porque reducen sus costos de producción (Cirelli, 2004). En algunos casos esto se convierte en una injusticia ambiental. El contexto histórico mostrado permite dar una explicación de este dilema de los campesinos (salud versus economía), acrecentado por el aumento en la desigualdad social entre los campesinos como un factor adicional a incorporar en un análisis más profundo; es decir, se evidencia el conflicto del papel del Estado para descentralizar la gestión del agua residual como un componente de interés público. Esta situación de disputa por la descentralización de los flujos del agua residual que se ha intensificado en las últimas décadas en relación a dos asuntos: (a) el impulso de la PTAR en Atotonilco; y (b) altos grados de deterioro socioeconómico (marginación) (Granados et al., 2004), y ambiental (suelo de baja fertilidad, escasas lluvias) en el que viven un importante número de habitantes campesinos del VM (Hernández, 2016). Además, este conflicto tiene un nudo en el que se interrelacionan la política, la economía, la salud y la cultura aunado a lo ambiental que requieren de soluciones integrales (Peña, 2011). En dicho contexto se identifica que la apropiación de las aguas residuales sin tratar de la ZMVM se ha constituido en un acto de sobrevivencia a costa de mermar la salud.
El proyecto de la PTAR, considerada como una solución ortodoxa, amplificó el conflicto. Para los campesinos, dicho proyecto significa quitar nutrientes al agua y elevar el precio del agua. Además, se identificó otro componente: el tratamiento de aguas residuales ha adquirido un valor mercantil alto como parte del paradigma de la economía verde, por lo que el capital industrial y financiero ha empezado a disputar el control de los procesos de tratamiento bajo la bandera de ser una actividad social y ambientalmente responsable, la concesión del tratamiento de agua por 22 años (a una entidad privada) da un indicio de este paradigma. En el mismo sentido se expresa el capital agrícola: las aguas residuales sin tratar son una externalidad positiva, ya que permite contar con un “buen” insumo orgánico para los procesos de producción agrícola. Por su parte, los campesinos de subsistencia o de mercado regional disputan también la apropiación de tal recurso hídrico. La expresión de este interés empresarial tiene coincidencia con las alternativas ambientales ofrecidas desde el discurso de la economía verde; de ahí la importancia de retomar las bases originales de la noción de justicia ambiental desde el EPo para contribuir a comprender la complejidad del problema.
Cabe destacar que el objetivo planteado para esta investigación se cumplió a través de la contextualización del CED desde la noción de (in)justicia ambiental del EPo en el VM, el cual resultó fundamental para desdeñar la problemática y su dimensión. Acentuando el hecho de que los problemas ambientales añejos en los países Latinoamericanos, como por ejemplo la falta de servicios de agua potable y saneamiento, manejo de residuos sólidos y tratamiento de aguas, siguen siendo una constante que se ha acrecentado en el contexto actual por el aumento de la desigualdad social y marginando el desarrollo de los campesinos. Además, con esto se contribuye a que se consideren otro tipo de conflictos con estos matices dentro del EJAtlas, por ejemplo, el caso de los recuperadores urbanos de basura quienes han encontrado un modo de supervivencia del valor que para ellos representa la basura generada en las ciudades aun cuando esta actividad merme su salud.
Finalmente, en el contexto de la emergencia sanitaria de COVID-19, la potencial confirmación de la presencia del virus en el agua residual agravaría la problemática en la salud, la economía y el ambiente, no solo para los campesinos de la región sino para la población con relación directa e indirecta en el uso de esta agua, con lo cual se agudizaría la injusticia ambiental que se vive en la región. Por consiguiente, las soluciones tendrían que ir más allá del tratamiento del agua para el uso del sector agrícola; es decir, en la consideración de las necesidades y afectaciones de todos los actores involucrados en las diferentes aristas de la política, la economía, la salud, la cultura y el ambiente.
Notes
Se indican en el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese periodo se emitió la norma sanitaria: NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, dentro de la cual se diferencia el riego no restringido (3.23) y restringido (3.24).
Referencias
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