Han pasado más de dos meses del asesinato de la adolescente de 16 años. Sus padres denuncian que, pese al tiempo transcurrido, los culpables no han sido reseñados.
Ciudad Guayana. Casi dos meses han transcurrido desde el día en el que Ángela Aguirre fue violada y asesinada durante la celebración de un cumpleaños, el de José Alberto Cedeño, de 18 años, en la isla La Terecaya, en el río Caroní.
En la noche del sábado 23 de marzo, la adolescente de 16 años, habitante de la urbanización Los Alacranes y estudiante de quinto año de bachillerato, desapareció. Tres días después, su cadáver flotó en el río. Fue violada y golpeada, según determinó la primera de dos autopsias.
Desde entonces, las vidas de sus familiares y de sus amigos se han convertido en una seguidilla de protestas para que la justicia venezolana haga pagar por el asesinato a los siete involucrados, incluyendo a Cedeño (señalado por la misma Aguirre, en un audio que envió a una amiga antes de morir, de haberla violado).
Una de ellas fue en la tarde de este jueves en frente del Palacio de Justicia. Junto con los abogados, la familia denunció que los siete involucrados tienen ciertos privilegios que han conseguido con coimas (vacunas).
Estamos al tanto de las irregularidades en el caso de mi niña y sabemos que la balanza se inclina hacia donde el dinero lo disponga. Hoy llamamos la atención de Tarek William Saab [fiscal general de la República] y de Maikel Moreno [presidente del Tribunal Supremo de Justicia] para que le metan la lupa al Palacio de Justicia en Ciudad Guayana”, exigió Ángel Aguirre, padre de la adolescente.
Una de las irregularidades que denunciaron es que las dos mujeres involucradas no están presas en el centro de reclusión asignado (una comisaría policial de San Félix), sino en “una habitación del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)”.
Muchos vaivenes
Enfatizaron que la fiscal Emily Hernández, recusada por los abogados de la familia, aún tiene acceso a los expedientes.
“También tenemos conocimiento de que los imputados no han sido reseñados y están como si no hubiesen cometido ningún tipo de delitos, de crímenes. ¿Por qué el Cicpc obvia el centro de reclusión? Sabemos que alguien de muy arriba les tiene beneficio a estas personas”, apuntó Aguirre.
¿Cómo es posible que el fiscal del estado no nos haya dado la cara a nosotros, como querellantes, ni a las víctimas? Hasta ahora no tenemos tampoco una reunión con el fiscal general del estado Bolívar, mientras siguen recibiendo dinero de los asesinos”, dijo la abogada Yamileth Carvajal, defensora de la familia.
La denuncia sobre el favorecimiento a los involucrados en el asesinato ha sido replicada por la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, quien también exigió celeridad en este caso, que cumplirá dos meses en menos de una semana.