El manejo forestal comunitario en el estado de Hidalgo tiene una gran importancia para las familias que habitan en las regiones forestales de la entidad, ya que les permite emplearse y generar ingresos. Además, sus labores de manejo son fundamentales para la conservación de estos ecosistemas frente al avance de la urbanización, la agroindustria y la tala ilegal.
Hidalgo tiene poco más de un millón de hectáreas forestales con una gran diversidad de ecosistemas: zonas de selva mediana en la Huasteca; bosque templado en la cuenca del Pánuco; regiones de semi-desierto en la zona del mezquital y otros ecosistemas forestales en distintas zonas de la entidad.
“En la región de Pachuca-Tulancingo tenemos escurrimientos de agua muy importantes hacia el Golfo de México y esto vuelve a los bosques muy productivos,” resalta Arturo García Aguirre, especialista en silvicultura comunitaria y procesos de certificación forestal, además de socio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Explica que la silvicultura comunitaria es fundamental para los núcleos agrarios porque estos pequeños ejidos han estado muy vinculados al manejo del bosque a través del aprovechamiento de especies maderables y no maderables como el pino, la lechuguilla, los hongos, los magueyes y otros agaves que les permiten generar ingresos y solventar su alimentación. En los límites de Hidalgo y Veracruz hay ejidos que llevan cerca de 100 años haciendo manejo forestal.
Aunque los ejidos de Hidalgo son de no más de dos mil hectáreas -pequeños en comparación con los de otros estados con vocación forestal como Chihuahua, Durango, Michoacán o Jalisco-, han logrado consolidar sus iniciativas de aprovechamiento forestal y ecoturismo. No obstante, García explica que les ha faltado lograr una sólida integración entre ellos para poder avanzar en el proceso de transformación de la madera para generar valor agregado.
Arturo García lamenta que en el estado “no ha habido una organización fuerte que les permita agruparse para desarrollar proyectos más grandes de aserrío. Aunque la Unión de Silvicultores Pachuca-Tulancingo sí está logrando avances a través del acompañamiento técnico, la producción de plantas para la reforestación y en mejorar los precios para la venta de la madera de los ejidos y pequeños propietarios que la integran, aún hace falta trabajo e inversión en el proceso de transformación.”
Por otra parte, plantea que los recortes presupuestales que ha sufrido la Conafor desde 2017 han complicado aún más los proyectos ejidales de transformación de la producción forestal, ya que las empresas comunitarias no cuentan con el capital suficiente para invertir en un aserradero ni tienen acceso a financiamientos asequibles.
El especialista detalla que, a pesar de estos recortes presupuestales a los programas de apoyos para el manejo y aprovechamiento forestal, muchos ejidos han continuado con sus iniciativas de manejo forestal, han puesto dinero de sus bolsillos para mantener sus certificaciones y seguir con sus operaciones, tienen una convicción fuerte de que el aprovechamiento forestal es la mejor forma de conservar sus bosques y territorios. Sin embargo, tal como ocurre en prácticamente todo el país, debido a la falta de una política forestal decidida y bien planificada para el fortalecimiento del sector forestal, la producción está estancada y no se ha logrado incorporar más superficie boscosa a un esquema de manejo.
Bosques bajo presión por tala ilegal
Arturo García Aguirre ha colaborado por más de 25 años como prestador de servicios técnicos y asesor de múltiples ejidos y comunidades en los estados de Hidalgo y Guerrero y desde su óptica las regiones forestales enfrentan amenazas que les impiden avanzar en la consolidación de sus proyectos de aprovechamiento forestal, entre ellas el avance de la tala ilegal y la expansión de monocultivos como el aguacate, la soya y la palma africana, que sumados a la falta de acompañamiento técnico y de financiamiento y una regulación excesiva y costosa tienen deprimido al sector forestal del país.
Aunque hay una gran demanda de productos forestales en México, el país es deficitario pues tiene una demanda de consumo aparente de más de 20 millones de metros cúbicos y la producción es de apenas 8 millones de metros cúbicos; no hay un esfuerzo decidido desde el gobierno federal ni de los estados por dinamizar a este sector.
En el caso del estado de Hidalgo, la tala ilegal es un problema severo ya que “en las regiones aledañas a la frontera con Puebla hay muchos predios de propiedad federal, estatal o municipal que se encuentran abandonados y están siendo saqueados sin menor reparo.” Además, subraya Arturo García que “el robo de recursos forestales abre mercados de madera ilegal que abarata el precio y esto pone en desventaja a los productores legales, ya que no pueden competir con esos precios”.
Sin embargo, cada vez hay más compradores que están optando por productos forestales certificados o que aseguren la legal procedencia, pero “mientras no erradiquemos la madera ilegal, el mercado se mantendrá deprimido, sin poder pagar lo suficiente al manejo forestal bien hecho y legal.”
Explica que con el periodo de vedas forestales impuestas por el gobierno federal a mediados del siglo pasado se lastimaron muchos de los ecosistemas forestales, porque lejos de frenar la sobreexplotación de la madera, se generó un tráfico de madera ilegal; este problema se dio de forma acentuada en Veracruz y contagió una parte del estado de Hidalgo, sobre todo por la cercanía con la Ciudad de México que es un gran mercado de compra de madera.
A partir de que las vedas se levantaron, hace unos 35 años, los ejidatarios retomaron el control de sus bosques y los procesos productivos. En el estado de Hidalgo, apunta, “la venta de la madera de los ejidos se da en pie o en rollo, tenemos pocos ejemplos de ejidos que cuenten con un aserradero. Hay poco desarrollo de la industria, básicamente porque son ejidos pequeños y la economía de escala no les va a rendir.”
Asegura que ha faltado una política pública de verdadero impulso al sector forestal, porque “el gobierno ve a este sector como un aparador, sin impulso para su manejo y aprovechamiento sustentable. Hay una visión conservacionista detrás que impide un verdadero manejo y aprovechamiento de estos recursos que podría activar las economías rurales campesinas y al mismo tiempo garantizar su conservación activa.”
Si el gobierno realmente tuviera una política decidida a fortalecer el esquema de la legalidad y un acompañamiento para fortalecer las iniciativas productivas el panorama sería distinto. Plantea que, deberían seguirse los casos exitosos, como el del Estado de México, en donde sí están fomentando la incorporación de nuevas áreas al manejo forestal, generando mercados y vínculos entre los productores y las industrias. Han simplificado y agilizado los trámites para la obtención de autorizaciones de aprovechamiento y para expedir la papelería para el comercio y transporte de la producción.
Acusa que se privilegia a lo agropecuario en vez de lo forestal y estamos viendo el avance de monocultivos que propician el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola. “Se requiere de una mejor coordinación intersecretarial e intersectorial, porque esta visión de sectorizar al campo no ha dado ni dará buenos resultados, cada vez hay más programitas desarticulados, y esto no genera impactos importantes en beneficio de los bosques y las personas que los habitan,” concluye.