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Las normas sobre contratación pública, basadas en licitaciones justas y abiertas, constituyen uno de los pilares del mercado único. La Comisión estudiará la posibilidad de tener en cuenta la dimensión ultraperiférica en la fase de puesta en práctica de sus propuestas de reforma de las normas sobre contratación pública de la UE una vez adoptadas. A fin de determinar si los contratos públicos que no están sujetos a las normas de contratación pública de la UE o lo están solo parcialmente han de cumplir las normas y principios del Tratado de la UE, la dimensión ultraperiférica ya es en cierta medida pertinente. No obstante, convendría aclarar en mayor medida la situación actual. Los órganos de contratación de las regiones ultraperiféricas pueden exigir a las empresas a las que se concede un contrato público que contraten mano de obra local, siempre y cuando no exista discriminación directa ni indirecta en relación con la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y se eviten los conflictos de intereses”.
Este párrafo, con el que he querido empezar mi comentario, pertenece a la Comunicación de la Comisión Europea “Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, de fecha 20 de junio de 2012, un documento (PDF) que recoge el modo en que la Comisión quiere trabajar con las RUP para alcanzar un crecimiento efectivamente inteligente, sostenible e integrador.
Su objetivo es, básicamente, “ayudar a las regiones ultraperiféricas a ser más autosuficientes, más sólidas económicamente y más capaces de crear empleo sostenible, aprovechando las ventajas únicas que poseen y el valor añadido que aportan a la UE. Como se reconoce en el artículo 349 TFUE, persistirán siempre limitaciones importantes, como su gran lejanía de la Europa continental. Sin embargo, un esfuerzo concertado para reformar, modernizar y diversificar sus economías -que se han visto seriamente afectadas por la crisis económica y financiera- será la mejor manera de garantizar un futuro más próspero para estas regiones”.
He considerado interesante, y necesario, reproducir estos aspectos de la Comunicación dado que mi última entrada en este blog -relativa a la contratación preferente de trabajadores locales- ha provocado reacciones que dan la espalda y silencian -conscientemente, o por desconocimiento- algunos pronunciamientos de las más altas instancias de la Unión Europea que están en línea con lo que defendí hace ahora siete días –posición que, por lo demás, vengo defendiendo hace años-.
Sería conveniente que aquellos que se han apresurado a descalificar esta iniciativa consulten los documentos oficiales que avalan la contratación de mano de obra local. No estaría de más que se lean la Comunicación a la que he aludido con anterioridad –citándola literalmente-, como tampoco les vendría mal echar un vistazo al dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 20 de marzo de 2013 que analiza la citada Comunicación de la Comisión y que en su punto 3.4 señala textualmente: “El Comité Económico y Social Europeo anima a la Comisión a estudiar la posibilidad de incluir la dimensión ultraperiférica en las normas de adjudicación de los contratos públicos. Las condiciones particulares de las RUP justifican una atención al empleo local, pero también a evitar el dumping social practicado por países vecinos con costes salariales mucho menores…”
El debate, entendido como intercambio de ideas y argumentos, es imprescindible en democracia y en política. Los gobiernos están sometidos al juicio crítico de los ciudadanos y de sus representantes a través de las organizaciones políticas, sindicales o empresariales. En esa dirección, las redes sociales han venido a reforzar la interacción entre las administraciones y sus administrados, facilitando una comunicación de ida y vuelta muy saludable. Si además, el motivo del debate es el principal problema que afecta hoy por hoy a la sociedad –el paro- tendremos una razón más para congratularnos de ese dinamismo.
Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto hay razones tan sólidas como documentales para lamentar algunas de las críticas vertidas durante esta última semana, especialmente aquellas que tildan de xenófoba la contratación preferente de trabajadores locales, recriminando al Gobierno de Canarias que promueva medidas para favorecer la contratación de personas que residan en el Archipiélago.
¿Qué es lo que se espera del Gobierno de una Comunidad Autónoma? Que dé respuestas a los problemas de su propio territorio y defienda los derechos de quienes residen en él. Esto no sólo es la expresión de un deseo, sino que constituye una obligación ineludible, un compromiso al que no vamos a renunciar pese a quien pese.
A quienes se han manifestado en contra de la medida –en los términos en que lo han hecho- cabría preguntarles si están o no de acuerdo en que los trabajos que se crean en Canarias sean ocupados por personas que viven en Canarias.
Personalmente, no tengo ninguna duda de la pertinencia de esta posición y de las acciones que derivan de dicha posición. Mi trabajo, y el del Gobierno que presido, no es otro que buscar soluciones a los problemas de la gente, de la gente que vive en Canarias, propiciando oportunidades de trabajo para la gente de aquí.
Pero es que, además de mi convicción personal, contamos con comunicaciones e informes que avalan la contratación preferente de trabajadores locales y que, incluso, aconsejan a la Comisión Europea incluir en su propia legislación la posibilidad de primar en las regiones ultraperiféricas la contratación de trabajadores locales como criterio de adjudicación en los contratos públicos.
A ese empeño contribuyen también estudios como el del Consejo Económico y Social de Canarias, quien ha detectado en su último informe relativo al año 2012 cómo los empleos generados en Canarias fueron ocupados mayoritariamente por trabajadores foráneos.
Esa línea de trabajo es prioritaria para el Gobierno de Canarias; esa y otras que estamos desarrollando como, por ejemplo, el fomento de actividades formativas a través del Servicio Canario de Empleo con compromiso de contratación -ese también fue el espíritu del acuerdo alcanzado entre las patronales turísticas y la Consejería de Empleo para adaptar la oferta formativa a las necesidades del sector-.
Trabajamos en muchas y diversas iniciativas para hacer frente a un problema global desde lo local. Y si bien es cierto que la labor de la Administración Pública no es crear empleo, sí lo es establecer las condiciones adecuadas para ello.
En este sentido, una de las acciones básicas de la Comunidad Autónoma tiene que ver con las políticas activas de empleo, y en este punto cabe preguntar al PP –que está en contra de favorecer en Canarias la contratación de residentes- qué pasa con los 76 millones de euros que nos adeuda el Gobierno de España en materia de empleo.
¿Por qué al PP le molesta que defendamos que el trabajo sea primero para la gente de aquí, para los canarios? ¿Por qué les molesta que movamos cielo y tierra para que los puestos de trabajo que se generan aquí sean preferentemente para los residentes en las Islas?
No querrán responder directamente a estas dos preguntas. Nunca lo harán. Si lo hicieran, si respondieran abierta y sinceramente, confesarían que efectivamente el PP no quiere que el trabajo sea para la gente de aquí. Evitan pronunciarse sobre el fondo del asunto y lo hacen de dos maneras. De una parte, silenciando los pronunciamientos de la UE en línea con lo que he defendido y defiendo: el trabajo, primero para la gente de aquí. Y, de otra, aludiendo a problemas de formación que como es bien conocido estamos abordando a pesar de las decenas de millones de euros que el PP está negando a los canarios.