El Colegio de Enfermería ante los recortes en Sanidad
Los enfermeros a favor de la universalización de la sanidad
10/08/12
El código deontológico enfermero obliga a atender a las personas que lo necesiten y la organización colegial debe velar por que se cumpla
El artículo 15 de nuestro código lo deja muy claro “La enfermera/o garantizará y llevará a cabo un tratamiento correcto y adecuado a todas las personas que lo necesiten, independientemente de cuál pueda ser su padecimiento, edad o circunstancia de dichas personas”. Por esa misma razón, siempre defenderemos la sanidad y el cuidado de las personas como derecho universal que es. Y nada más; sin coletillas de si son inmigrantes, si hay papeles, del color de piel o de su altura o condición física.
Esa fue nuestra elección cuando decidimos estudiar Enfermería y en ella nos ratificamos cuando hicimos el juramento hipocrático en el momento de colegiarnos.
Actualmente la sociedad esta convulsa, las personas en desempleo, sin esperanza, y los enfermeros, como otros trabajadores públicos, empezamos a preguntarnos cual es el error que hemos cometido para que tengamos que soportar la presión laboral y, por que no decirlo, económica a la que estamos siendo sometidos. Entendemos que la situación exige valorar cada uno de los servicios que presta el Estado y ajustarlos a la realidad actual, pero cada día nos enfrentamos a jornadas más largas, intensas, sin sustituciones por bajas o vacaciones, cubriendo las ausencias justificadas a base de doblajes de jornadas, con recursos muy ajustados y pérdida de sueldo, días libres y condiciones laborales perdidas y que se habían ido consiguiendo después de 20 años de lucha y reconocimiento.
Ahora nos encontramos que un nuevo decreto ley plantea dejar sin atención a los inmigrantes ilegales, lo que provocará un nuevo conflicto entre nuestro juramento hipocrático y la reglamentación que como trabajadores de un organismo público debemos asumir. Algunos colectivos han anunciado medidas de objeción de conciencia, pero es lógico que desde el Ministerio de Sanidad se nos recuerde que las normas son de obligado cumplimiento, pues lo contrario llevaría al caos.
La organización colegial de Enfermería de Cantabria queremos mostrar nuestra contrariedad por esta medida, ya que nos parece insolidario e indigno aprobar una ley que deja sin cobertura sanitaria a personas que se sabe de antemano que no tienen recursos para acceder a ninguna atención sanitaria. Además, queremos también señalar que tenemos la responsabilidad de garantizar que se cumpla el código deontológico y el compromiso de no dejar en desamparo a las personas que necesiten atención sanitaria en cuidados. Por eso, consideramos que es nuestro deber ético buscar soluciones para facilitar y poner en marcha mecanismos que garanticen esta atención.
Ante esta situación
¿Qué podemos hacer como miembros de la sociedad? ¿Y como enfermeros y enfermeras?
Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios a nivel mundial, por el momento, y el más rentable en coste y eficacia, pero que acumula una importante deuda, consecuencia de una mala gestión y muchos abusos y fraudes... Desde la enfermería nos preguntamos cual es nuestra parte de culpa, para tener que aguantar todo lo que se nos ha venido encima que está provocando que nuestro estado anímico se vea seriamente atacado. Analizamos nuestra trayectoria profesional y nuestras competencias y llegamos a la conclusión de que en nuestro trabajo solo hemos podido derrochar en cuidados y en atención hacia nuestros pacientes, gastando de nuestro propio esfuerzo físico y de nuestra capacidad profesional.
Llevamos muchos años, afortunadamente, con un sistema público de salud de prestigio y calidad que cubre a todas las personas independientemente de la situación en la que estén. Sin embargo, las principales medidas de ahorro anunciadas por el Gobierno para asumir las deudas de los bancos y de las entidades públicas, pasan por recortar y destruir bienes sociales que nos han costado muchos años construir, como la sanidad y la educación, con injustas decisiones que perjudican a los más débiles.
Son muchos los recortes –funcionarios, subvenciones, Ley de Dependencia, ayudas sociales, servicios sanitarios a todos los ciudadanos, etc. – y parece que va haber más, ya que este círculo vicioso en el que hemos entrado parece imparable.
Entendemos que el Gobierno quiera erradicar el fraude y el mal uso, a todos los niveles, fiscal, social y también sanitario (turismo sanitario, uso de tarjetas de pensionistas de manera fraudulenta, despilfarro de recursos, etc.), pero para eso no necesita modificar ninguna ley, ya que todos los extranjeros no comunitarios (y los comunitarios cuyos países que no tienen tratado de reciprocidad en la atención sanitaria con España) siempre han tenido que pagar por la atención sanitaria al ser atendidos por el sistema público.
El problema es que desde la propia administración sanitaria no se ponen los medios para facturar y cobrar esos servicios, cuya responsabilidad no puede caer en los profesionales sanitarios. Por eso, es necesario regular la situación y controlar a las personas que teniendo ingresos estén defraudando, no a los que no los tienen y que, dada la situación, no los van a tener (como los inmigrantes ilegales y las personas en exclusión social), ya que eso nos llevará a retroceder de golpe 50 años, y propiciar que existan dos clases de ciudadanos: de primera y de segunda.
Antes de llegar a todo esto, creemos y entendemos se puede optar por otras medidas sin excluir a estas personas de la atención sanitaria, sobre todo a sabiendas de que están sin recursos, y eso les va a suponer quedar desatendidos ante los problemas de salud. Queda claro que tendrán acceso en los casos de urgencia y que los menores y las mujeres embarazadas serán atendidos, pero el resto… ¿Cuál será el camino o vía de acceso al profesional especialista, prueba o tratamiento para el que necesite atención? ¿Qué vamos hacer con los pacientes con patologías crónicas, seguimiento de cuidados, heridas crónicas, complicaciones de procesos, calendarios vacunales del adulto sano, intervenciones quirúrgicas, quimioterapias, SIDA, etc.?
Es claro que esta situación provocará sobrecargas incluso colapsos en los servicios de urgencias hospitalarios, con las consecuencias que ello puede traer para la calidad de la atención.
Con todo ello, expresar nuestro rechazo a esta propuesta y pedirle al Gobierno de Cantabria que reconsidere la situación como ya lo han hecho otras comunidades autónomas, pues entendemos que tal como se presenta vulnera tanto nuestra Constitución (art. 10.1), como la Ley de Salud Pública y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25) que indica que “las persona tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Rocío Cardeñoso Herreros, presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria