Las acusaciones contra el cineasta Ciro Guerra han puesto en tela de juicio las intenciones de las denunciantes y la idea de justicia que las motiva.
Ángela Cruz*
Denuncia contra la impunidad
La denuncia pública es una herramienta para exponer hechos que requieren de la aplicación de la justicia.
La necesidad de apelar a esta herramienta es mayor cuando el aparato legal y los mecanismos estatales les han fallado históricamente a sectores específicos de la población.
En ciertas ocasiones, estos sectores vulnerados pueden afrontar la impunidad que cobija a quienes cometieron actos violentos o abusivos en su contra solo a través del acto político y colectivo de exposición pública.
Las distintas formas de denuncia pública de cualquier tipo de violencia o injusticia son contextuales. Los actores implicados responden desde sus costumbres y prejuicios a la hora de comprender los hechos y tramitar el dolor que ellos producen.
En el caso de Ciro Guerra, tenemos las denuncias fruto de una investigación periodística que recolectó varios testimonios de víctimas y testigos, y cotejó estos relatos con los datos sobre tiempo, lugar y circunstancia en los que ocurrieron.
Dentro de este ejercicio se contempla la protección de las fuentes, para garantizar su derecho a la privacidad y protegerlas de posibles retaliaciones, que pueden ser legales o profesionales, y que incluso pueden llegar a nuevas agresiones que vulneren la dignidad y la vida de las denunciantes.
Escrache: historia y feminismo
Otra forma de denuncia pública es el escrache, denominación inicial de las acciones del colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio –H.I.J.O.S., en la Argentina de la postdictadura–. Este colectivo buscaba crear conciencia pública sobre la impunidad en los crímenes cometidos por el Estado y la Junta Militar.
Tal como su predecesor, el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. puso en circulación todo aquello que sus opresores o victimarios habían querido mantener oculto. Esto también funcionó como una estrategia para recuperar la voz y validar el relato propio acerca de aquellos hechos.
A finales de 1996, H.I.J.O.S comenzó una serie de intervenciones en los vecindarios donde habitaban aquellos torturadores e involucrados en las desapariciones. En estas intervenciones, señalaban las casas, gritaban o escribían los nombres de los culpables en las calles y les increpaban de manera directa. Con esto denunciaban la lentitud y poca eficacia de un sistema legal que los mantenía libres, sin asumir las consecuencias de sus actos.
Podemos rescatar dos maneras como el escrache realizado por H.I.J.O.S. resultó efectivo:
• Primero, permitió recuperar el relato de los crímenes por parte de quienes los padecieron y superar el papel de víctimas pasivas.
• Segundo, rompió la membrana del anonimato, posible por los altos cargos de poder de los culpables, que permitió una impunidad y con esta una nueva agresión hacia los denunciantes.
Las preguntas
Este antecedente histórico resulta pertinente para abordar el escrache feminista como una estrategia de denuncia en los casos de violencia sexual y basada en el género, tema sobre el cual aumenta el debate día a día, sobre todo en el mundo de las redes sociales.
Muchas personas se preguntan por qué algunas mujeres deciden exponer públicamente, a través de las redes, a sus agresores y hasta qué punto estas denuncias buscan más una venganza o un castigo, que una petición de justicia y restauración.
El escrache en redes es una estrategia cada vez más recurrida y esto tiene una razón de ser. Las redes facilitan la creación de lazos y colectivos, de modo que el testimonio de una persona puede motivar a otras tantas para que cuenten su propia historia.
Frente a la revictimización constante, común en este tipo de violencias, el escrache se convierte en una forma de tramitar el dolor y salir del lugar de la herida. Entonces hace posible un proceso de sanar el evento y empezar a reconstruir la propia historia.
A pesar de esto, vale la pena preguntarnos si el escrache perpetúa el binomio víctima/victimario y si la denuncia de las mujeres, desde una pasividad admitida, sirve de algún modo a los denunciados.
Para empezar, la categoría de víctima no es voluntaria y «victimizarse» —en el sentido ligero que algunos pretenden dar al término— es distinto de reconocerse como alguien que fue receptor de una violencia injusta. El silencio, la indiferencia y las trabas en el acceso a la justicia precisamente niegan este reconocimiento.
Por supuesto que quisiéramos superar la dicotomía víctima/victimario, pero no será posible hasta que no reconozcamos y reformulemos la asimetría en la que se encuentran los testimonios de las denunciantes frente a los de sus denunciados. En esta medida, sacar de la esfera privada los actos de violencia que han sufrido resulta una acción emancipadora para muchas mujeres y sobre todo poder hacerlo en sus propios términos.
Consecuencias del escrache y la denuncia pública
Lo anterior no exime a las denunciantes, a los feminismos y a la opinión, de plantearse seriamente una reflexión acerca de los efectos del escrache y la denuncia pública.
En primer lugar, como señala el colectivo Género y Seguridad, es importante considerar cuáles son las implicaciones jurídicas del escrache en Colombia y otros países de América Latina.
En nuestro caso, debemos tener en mente que la misma Corte Constitucional ha reconocido en varias sentencias la necesidad de una justicia con enfoque de género. Este enfoque es necesario porque las víctimas de este tipo de violencia no están en condiciones de igualdad en cuanto al acceso a la justicia: los costos económicos no son los únicos que deben asumirse a la hora de denunciar un delito sexual.
Sumadas a las presiones de muchos agresores que pueden obstaculizar la carrera y la vida familiar de muchas agredidas, se encuentran los procedimientos mismos que utilizan las autoridades para validar las denuncias —desde exámenes médicos hasta una repetición constante de las denuncias salpicada de cuestionamientos— que pueden resultar traumáticas y además contrarias al principio de buena fe.
Aquí viene un punto importante en esta discusión: ¿qué pasa con la presunción de inocencia en estos casos? ¿Qué pasa con el riesgo de «arruinarle la vida» a un escrachado?
Partamos de que los testimonios de quien acusa a otra persona deben ser recibidos bajo el principio de la buena fe. No es un capricho creerle a la víctima en primera instancia, incluso cuando al final del proceso se llegue a otras conclusiones; es un principio fundamental de justicia.
Lo contrario nos llevaría a suponer que quienes denuncian mienten o que obran con fines oscuros. Cuando un 95% de los casos denunciados de violencia sexual quedan en la impunidad, este razonamiento es bastante cruel.
La presunción de inocencia protege a los ciudadanos de los excesos y arbitrariedades en la administración de justicia; permite que nadie sea juzgado y condenado sin que tenga la oportunidad de presentar pruebas de su inocencia.
Como vemos, los dos principios no se contradicen e inclusive resultan complementarios, garantizan un equilibrio entre los actores de la situación y buscan una igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la justicia de ambas partes.
La discusión sobre «arruinar la vida» a un denunciado no es, en ningún caso, banal; sin embargo, las condiciones de desigualdad que ya mencioné minimizan, en dado caso, tal riesgo.
En este punto, los feminismos no deben perder de vista que estos supuestos no funcionan del mismo modo cuando el acusado es alguien que está en alguna condición de vulnerabilidad, bien sea por razones económicas, psicológicas, étnicas o de otro tipo, análisis que no emprenderé ahora, pero que resulta imprescindible.
Quiero dejar algunas preguntas abiertas para los lectores y lectoras de este artículo, preguntas que me resultan más significativas:
• ¿Qué entendemos como justicia en el ejercicio del escrache?
• ¿De qué manera la posibilidad de denunciar y apropiarse del relato de la violencia puede ser un mecanismo de reparación?
• ¿Es la justicia un problema exclusivo del Derecho y el sistema legal?
La pregunta por lo que entendemos por justicia, verdad y reparación es el primer paso para avanzar hacia un mundo verdaderamente igualitario y libre de violencias.