Año 2013. En plena crisis económica, al tiempo que muchos cargos políticos del Partido Popular se entregaban a la innoble tarea de robar a manos llenas las arcas públicas, el Gobierno de M punto Rajoy escribió uno de los capítulos más canallescos de la historia social contemporánea de España: el ardid legislativo mediante el cual se desposeyó a miles de personas en paro mayores de 55 años del derecho a recibir una prestación mínima por desempleo. Con el consiguiente empobrecimiento para el resto de su vida como pensionistas.
Gürtel, Púnica, Lezo... robaban a manos llenas mientras Rajoy, desde el Gobierno, agredía a los colectivos más vulnerables. |
En 2013, el Gobierno de M punto Rajoy aprobó, por vía de urgencia, un Real Decreto de medidas "para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". Bajo ese nombre se escondía, entre otras cosas, un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio por desempleo a los mayores de 55 años. Edad que, previamente, ese nefasto Gobierno, había modificado; hasta entonces el derecho se obtenía a los 52 años.
Hace tiempo que los expertos del ministerio antes llamado de Trabajo y ahora de Empleo, saben que la tasa de empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años, una vez despedidos de sus empleos, es prácticamente nula.
De hecho, por Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, se creó una figura especial: el subsidio para mayores de 52 años. Una ayuda que perciben las personas en paro de más edad que se han quedado sin otras prestaciones, y dura hasta que llega el momento de la jubilación. Su cuantía no es muy elevada: 426 eur x 12 pagas mensuales.
Hasta 2003, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. Una modificación que contó con la desdichada colaboración de los principales sindicatos: Comisiones Obreras, por acción, y Unión General de Trabajadores, por inacción. En un artículo anterior, ya expliqué esta alquimia miserabilista.
El subsidio por desempleo para mayores de 52 años estaba concebido como una prestación de último recurso para las personas que se han quedado sin posibilidades de reengancharse al mercado laboral al final de su carrera. La última red de protección social para desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial ya que los requisitos para obtenerla son muy estrictos y exigen haber cotizado al sistema de Seguridad Social.
El pasado verano, el Gobierno de Rajoy ya endureció el acceso a este subsidio, aumentando la edad mínima para percibirlo, de 52 a 55 años. Con el nuevo decreto, ya no bastará, como sucedía hasta ahora, que el parado no supere unos ingresos por otras vías superiores a 483,98 euros al mes. A partir de la nueva medida, en el cómputo se incluye también el núcleo familiar del parado: cónyuge e hijos menores de 26 años. Si la suma de todos sus ingresos, dividida por el número de miembros de ese núcleo, arroja un cociente superior a esos 483,98 euros, la persona en paro no podrá acceder al subsidio.
Esto significa que una persona que tenga la desgracia de quedarse en paro a los 55 años, y su cónyuge tenga un empleo mileurista se verá privada del acceso al subsidio. El Gobierno del Partido Popular establece así la pobreza por Decreto-Ley, ya que el ingreso per cápita en ese hogar quedará por debajo del umbral de pobreza definido por el Instituto Nacional de Estadística.
Con la frivolidad que caracteriza a los miembros del gabinete Rajoy, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el 80% de los nuevos beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años no tendrán problemas para cobrarlo porque cumplirán los nuevos requisitos de renta fijados por el Gobierno. O sea, que pertenecerán a hogares cuya renta total, en caso de una pareja, no supere los 967,96 euros mensuales.
Esta frivolidad de la ministra raya en la obscenidad política cuando todos sabemos los elevados salarios que se autoadjudican los cargos políticos del Partido Popular. Sin ir más lejos —y al margen de los manejos de Luis Bárcenas que investiga el juzgado— compárese el salario de 200.000 euros anuales que pagaba el PP a su tesorero con esta última medida miserabilista de recorte del subsidio. Una modestísima ayuda que para muchísimas personas constituía, hasta hace poco, la última esperanza de subsistencia.
En su día, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista interpusieron Recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto-ley 5/2013. Recurso que el Tribunal Constitucional ha apreciado parcialmente en su Sentencia 61/2018, de 7 de julio de 2018 declarando nulo e inconstitucional el cómputo de rentas familiares entre los requitos para acceder al subsidio por desempleo.
La tercera agresión a los mayores en paro consistió en establecer la edad forzosa de jubilación a los 61 años para los perceptores del subsidio, cuando hasta entonces se podía percibir la prestación hasta los 65. Este cambio tuvo efectos devastadores para miles de personas ya que, hasta entonces, el cobro de la prestación estaba asociado a una cotización mínima a la Seguridad Social. La obligación de jubilarse cuatro años antes de la edad normal, implicó el correspondiente recorte en la cuantía de la pensión (8% por año anticipado). De manera que, en muchos casos, los condenó a la pobreza por decreto por el resto de su vida.
Esta forma canallesca de actuación política del Partido Popular explica, en parte, la desoladora noticia de que en España se ha superado la barrera del millón de mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la pobreza, es decir, que sus ingresos se sitúan por debajo de los niveles mínimos de subsistencia.
El dato, según el diario Público, figura en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer "el número de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza" desde 2014. La contestación refleja cómo entre 2014 y 2016 esa cifra pasó de 928.530 a 1.090.774, un aumento de 162.244 que revela una escalofriante cadencia de 1.560 casos semanales.
Con una ostensible demora de cinco años, que contrasta con otras decisiones en las que esta alta magistratura actúa en cuestión casi de horas, el Tribunal Constitucional ha tumbado la legalidad del cómputo de rentas familiares en la concesión del subsidio a un colectivo tan sensible como es el de los mayores en paro. Es una buena noticia para los desempleados actuales, pero la sentencia no tiene efectos retroactivos, por lo que la única manera de resarcir a todos esos pensionistas cuya vida y derechos fueron vulnerados por las políticas del Partido Popular sólo podría llegar por la vía de una subida de la pensión mínima. Es decir, lo que desde este blog venimos defendiendo desde hace tiempo: un pacto de Estado que equipare las pensiones mínimas contributivas y de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional.