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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) July 25, 2016
Que el día de ayer ante la energía 13 Mulu’, 22 de julio de 2016, el tribunal de mayor riesgo grupo “A”, dictaminó su sentencia declarando inocentes a las autoridades ancestrales y líderes comunitarios del territorio Q’anjob’al, Huehuetenango, mismos que fueron encarcelados injustamente por delitos que nunca cometieron, tal como se confirmó el día de ayer en la sentencia absolutoria.
- Nuestro profundo agradecimiento a organizaciones nacionales e internacionales por el acompañamiento y apoyo incondicional hacia nuestras autoridades ancestrales y líderes comunitarios que fueron criminalizados por defender el territorio, los derechos humanos y la vida.
Lea el comunicado completo aquí:
Treceavo y último día del debate oral y público, tribunal ordenó la inmediata libertad de las autoridades comunitarias
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Por: Nelton Rivera.
Este viernes 22 de julio 2016 finalizó el Debate Oral y Público en contra de los presos políticos del norte de Huehuetenango, al medio día el tribunal de sentencia de mayor riesgo A suspendió el debate luego de que todos los sujetos procesales presentaran sus conclusiones, hoy es un día imporatante desde la cosmovisión de los pueblos originarios, es el 13 Toj; Toj es el pago y equilibrio de la justicia.
El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A ordenó la inmediata libertad de todos las autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, Yassmin Barrios refirió que para ella como presidenta del tribunal el MP no pudo acreditar la participación de los sindicados en ningún delito, pero los otros dos juzgadores si razonaron su resolución condenando a Rigoberto Juárez Mateo por coacción (6 meses conmutables) y a Ermitaño López Reyes por obstrucción a la acción penal (3 año conmutables).
En la mañana el MP hizo replica de las conclusiones emitidas por los abogados directores de la defensa de las siete autoridades comunitarias y por haber hecho su réplica de manera general, los equipo de abogados de la defensa también respondieron a los argumentos emitidos por los tres fiscales del MP.
Cada una de las autoridades comunitarias pudo hacer uso de la palabra y pronunciarse ante el tribunal, exigieron su libertad inmediata, también exigieron que la injusticia que se cometió en contra de ellos no quede en la impunidad.
A las 6 de la tarde nuevamente el tribunal convocó para leer la sentencia, pero fue hasta dos horas después a las 8 PM que finalmente el tribunal ingresó a la sala para trasladar la sentencia, luego de denunciar durante año y medio las ilegalidades por parte del MP y del Organismo Judicial.
Finalmente a las 3:30 de la mañana del día 23 de julio aparecieron en la puerta de salida del Preventivo para Hombre de la zona 18, en varias bolsas de mercado, cajas y mochilas llevaban consigo las pocas cosas que pudieron tener dentro de la prisión».
El Tribunal de Mayor Riesgo A resolvió
El Tribunal en la ciudad de Guatemala está presidido por la jueza Yassmin Barrios, la jueza Patricia Bustamante y el juez Gerbi Sical; ellos tres están conociendo el debate oral y público contra las siete autoridades comunitarias, considerados presos políticos del Estado. A las 20 horas ingresaron los tres juzgadores, Yassmin Barrios comenzó a leer la sentencia, el Tribunal de Sentencia absolvió a todas las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango fueron absueltos de todos los delitos que el MP y la empresa Hidro Santa Cruz los acusaron.
Solamente en el caso de Ermitaño López y Rigoberto Juárez Mateo existió el razonamiento de dos jueces, Patricia Bustamante y Gerbi Sical consideraron que don Ermitaño si tuvo participación en el delito de obstrucción a la justicia fijando una condena de 3 años conmutables y finalmente por el tiempo que ha estado en prisión los dos jueces decidieron suspender la condena.
En el caso de Rigoberto Juárez Mateo la jueza Patricia Bustamante y Gerbi Sincal razonaron su voto, consideraron que Rigoberto tuvo participación en el delito de Coacción fijando una condena de seis meses conmutables y los dos juzgadores consideraron el tiempo que ya paso en la prisión resolviendo finalmente ordenar su inmediata libertad.
La jueza Yassmin Barrios afirmó que ella discrepó con la resolución de los otros dos juzgadores, para la jueza presidenta del Tribunal de Sentencia no existió ni una sola prueba en contra de todas las siete autoridades comunitarias, para ella ningúno cometió delito alguno, el Ministerio Público no fue objetivo en su investigación y que para el tribunal quedó claro que desde el MP se está criminalizando a las movilizaciones comunitarias y a las autoridades comunitarias y ancestrales.
La Prisión política
Mynor Manuel López tuvo que esperar casi tres años en la cárcel de Huehuetenango para que el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios resolviera su situación jurídica luego de permanecer en prisión preventiva por acusaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, desde septiembre del 2013.
Sotero Adalberto Villatoro, Juan Francisco Pedro y Arturo Pablo, autoridades comunitarias de Barillas cumplieron 515 días detenidos en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 en el sector 12 también acusados por la empresa española Hidro Santa Cruz por la supuesta “detención” de 11 trabajadores de esta empresa el 22 de abril 2013 en Poza Verde Barillas.
Ermitaño López Reyes, autoridad comunitaria de Barillas cumplió 417 días detenido en Huehuetenango, a él lo acusaron 23 trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia Huehuetenango de supuestamente haberlos “detenido” por varias horas adentro del CAJ el 23 de enero del 2014 mientras se realizaba una audiencia por el caso de las autoridades de Barillas.
Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, autoridades ancestrales del pueblo Q’anjob’al de Santa Eulalia Huehuetenango tuvieron que esperar 486 días detenidos injustamente en el Preventivo de la zona 18 luego de haber sido detenidos de forma arbitraria en el Centro Histórico de la capital en marzo del 2015, ambos fueron responsabilizados por el Ministerio Público MP de haber participado “liderando” a las personas durante una manifestación en el CAJ el 19 de enero 2015, al igual que a Ermitaño López son los trabajadores del Organismo Judicial, MP, Bufete Popular del CAJ quienes los acusan por delitos como: “coacción, instigación a delinquir y detenciones ilegales.”
Todos los casos las autoridades fueron señalados, estigmatizados y criminalizados por el Estado, los medios de comunicación y las empresas por el rol que juegan como autoridades comunitarias y ancestrales en el norte de Huehuetenango, por su lucha en defensa del agua y los bienes naturales y por la organización que promueven desde el Gobierno Plurinacional de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del norte de Huehuetenango.
El MP pidió la mayor cantidad de años por condenas contra autoridades comunitarias
A pesar que no pudieron comprobar la participación de ninguna de las autoridades comunitarias, los fiscales del MP pidieron las penas más altas por los delitos de coacción, instigación a delinquir y detenciones ilegales, en una clara muestra de la falta de objetividad que los abogados defensores y los presos políticos denunciaron desde el inicio de las audiencias.
Los fiscales del MP solicitaron al tribunal de sentencia condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.
Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).
Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
Peticiones finales de Defensores de la Vida, el Agua y el Territorio en Guatemala ante la Jueza del Tribunal de Mayor Riesgo A en Ciudad de Guatemala:
¿Qué es lo que pide a este Tribunal?
Por: Leonarda De La Ossa.
Mynor Manuel López: ¿Qué pide usted al Tribunal?; mi libertad, porque todo lo que se vino a hablar aquí no es cierto.
Arturo Pablo Juan: ¿Qué pide usted al Tribunal?; directamente mi libertad pronta porque me he dado cuenta que todo lo que se ha hablado durante todos estos días no es cierto, como parte de la comunidad a la que pertenezco tengo mucho trabajo que hacer, con base en la constitución política de Guatemala, hemos ejercido nuestro derecho como autoridades, tengo mucho trabajo que hacer en cuanto a la defensa del territorio, de los recursos naturales, mi petición es que haya una libertad inmediata para mí.
Sotero Adalberto Villatoro Hernández: honorable tribunal como se ha demostrado que no hay pruebas de lo que se nos acusa, pedimos nuestra libertad, ya es casi año y medio de estar detenidos sin haber una causa que diga aquí está el delito, porque realmente de nosotros se ha comprobado a través de los peritajes, que somos defensores de la tierra y nuestros recursos, por eso nosotros siempre seguimos en la lucha y queremos que se respeten nuestras decisiones para defender estos recursos a los cuales nos hemos dedicado a defender.
Francisco Juan Pedro: ¿Qué pide usted al Tribunal?; Honorable Tribunal respetables licenciados, Sres. Del Ministerio Público, presentes, muchas gracias por estar en este debate. ¿Cuánto tiempo tengo disculpe? solo un minuto.
Yo no acepto la sentencia emitida por el MP por la razón de que el 22 de abril de 2013 ni un solo momento estuve, lo digo con la frente en alto y la consciencia limpia ante mi Dios, estoy seguro que voy a recuperar mi libertad, razón por la cual quiero dejar en constancia de que si me pasara algo a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, responsabilizo a Hidralia energía hidrosantacruz. Ha sido claro estos días, que el origen de este conflicto social y esta criminalización se ha originado por la llegada de hidrosantacruz a Santa Cruz Barillas. Solicito y pido la cancelación de todas las licencias extractivas, mineras, hidroeléctricas y otros megaproyectos, ¿por qué?: miren el resultado, resultado de la invasión de extranjeros a nuestro país, también solicito y pido el retiro de las ordenes de captura sobre otras personas más, es lo mismo, no es otra cosa, ha sido un gusto estar ante la presencia de ustedes, tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, los vi por la televisión y nunca me imaginé si un día iba a comparecer ante ustedes. Dios el supremo creador les ilumine sus mentes para una resolución, así como iluminó la mente del gran Salomón, con las dos mujeres que peleaban por un hijo, Dios les bendiga, muchas gracias
Taño López: ¿Qué pide usted al Tribunal?; buenos días honorables juzgadoras, en realidad tengo dos: lo primero lo que sí quiero como se los pedí desde un principio es que apliquen una justicia autentica, una justicia real, para que sean ejemplo de nuestros pueblos, comunidades y del país entero, en segundo lugar pido mi libertad inmediata porque estoy muy seguro de que soy inocente, no he hecho nada grave, nada malo, al contrario como lo dije desde un principio; defiendo a mi comunidad, quiero que estos acusadores del Ministerio Público sean sancionados por ustedes, especialmente René Maldonado y Gildardo Chúa, porque nos han Criminalizado de una manera muy mala, pido esta sanción para que nuestros pueblos y comunidades vuelvan a tener confianza o empiecen a tener confianza en el Ministerio Público porque lamentablemente en el norte de H, no hay justicia ni confianza para el Ministerio Público, que sean sancionados, no puede seguir el Ministerio Público criminalizando a nuestros pueblos, no puede seguir el Ministerio Público encarcelando a gente inocente.
Rigoberto Juárez Mateo: ¿Qué pide usted al Tribunal?; buenos días honorable Tribunal, distinguidos abogados, Sres. del Ministerio Público, Autoridades ancestrales tras de mí, representantes de distintos pueblos, en primer lugar, las energías del Nahual este día nos acompañan, para pagar por la vida, ofrendar. Yo soy inocente, totalmente inocente de las acusaciones falsas del Ministerio Público. Quiero decirle al Ministerio Público que me sorprende otra vez más la forma irresponsable y falta de ética con que ayer dieron sus conclusiones, parece que no hubieran estado durante los 15 días en que se llevó a cabo el debate, parece que no estuvieron, si hubieran estado, hubiera sido más objetiva su resolución, fueron muchas las falacias, al descalificarnos, trajeron personas para ratificar acusaciones falsas en contra de nosotros, en las leyes del país habrán mecanismos y formas para diligenciar la responsabilidad de haber cometido falsas acusaciones, ratificar falsas acusaciones y traer falsos testigos, eso deber tener castigo.
La razón por la cual existe al conflictividad no solo en territorio Q’anjob’al sino en territorio Maya es porque existe y han existido proyectos extractivos que matan la vida, esos proyectos deben desaparecer de nuestro territorio para que vuelva a renacer la vida, nosotros defendemos vida, y si para defenderla hay que darla, la vamos a seguir dando. Admiro y me siento sumamente feliz y contento al ver la presencia de nuestras autoridades ancestrales de los distintos pueblos Mayas, ayer y durante todos estos 15 días de debate, eso significa para mí una responsabilidad enorme, creí que al ser detenido ilegalmente, secuestrado, pensé: ¿a ver qué vamos a hacer? y al contrario; se ratifica la calidad de autoridad ancestral por la que he sido encarcelado, mi pueblo preguntará ¿qué vas a hacer?: voy a respetar la absoluta y sagrada decisión de mi pueblo si ellos deciden de no seguir siendo su autoridad, ahora en esta sala, me considero Autoridad Ancestral. En esta sala el Ministerio Público se descubre, durante casi 16 meses, durante esos 16 meses, el Ministerio Público ha remachado y remachado una tras otras, las declaraciones en contra de nosotros, ha denigrado nuestra dignidad y ha lastimado nuestro sagrado entorno, de esa cuenta honorable tribunal, lo solicitado por los distintos abogados que supieron llevar a delante una defensa de alta calidad profesional, ha demostrado de nuevo que el Ministerio Público debe de mejorar.
Lo primero que solicito es mi inmediata libertad sin mayores condicionamientos, porque no hubieron evidencias de que cometimos delitos, como lo hicimos y está grabado en esas pruebas que se presentaron, pedimos a las autoridades correspondientes del organismo judicial que se haga una investigación profunda, exhaustiva, responsable para identificar en qué los trabajadores del Centro de Administración de Justicia – CAJ de Santa Eulalia incurrieron en acciones delictivas contra las naciones Mayas Ancestrales porque no hemos recibido desde la creación del CAJ una sola respuesta de justicia. Mi tercera petición es solicitar la inmediata cancelación de todas las licencias, investigar si las licencias en territorio Q’anjob’al son legales o no y si no, pedir su inmediata cancelación, también con respecto a las 19 licencias de extracción minera, que se investigue si están en la legalidad o no, y si no, que se cancelen, porque nosotros contamos con el principio de que la consulta comunitaria de buena fe es responsabilidad del estado y el estado la ha evadido, la hemos hecho nosotros, como un mecanismo ancestral de toma de decisiones de nuestros pueblos, porque cualquier cosa se consulta, no tomando decisiones antojadizas ni personales, y para finalizar lo vuelvo a ratificar: es necesario y urgente que se instalen las mesas de diálogo al más alto nivel, con los distintos organismos del estado que tienen una responsabilidad, con el ejecutivo, quien ejecuta, el legislativo hace leyes y el judicial quien persigue los delitos, porque ¿cuántos delitos se han cometido?…… en ese sentido, solicito que se concreten mis peticiones en esos puntos que he dicho, reiterando nuestra inmediata libertad sin mayores contratiempos, así como el resarcimiento individual, familiar, comunitario y colectivo porque es una responsabilidad del Estado al habernos secuestrado.
Domingo Baltazar:
Honorable jueza y juez, lo que quiero decir es de que yo creo de que en mi caso durante los debates de 15 días en que estamos, me quedó pegado en la mente con la conclusión del Ministerio Público, dice en sus conclusiones que Domingo Baltazar y Rigoberto, nueve años de prisión condenatoria, durante los 10 días está clarísimo que no tuve participación. Lo que pido es que a todos los testigos que vinieron a mentir ante este tribunal sean juzgados, que sean juzgados con la ley y que se cumpla, la inmediata investigación en el Centro de Administración de Justicia – CAJ de Santa Eulalia que está dominado por el ex alcalde, le pido una investigación porque hay criminalización, esto es fruto de la corrupción a nivel nacional. Por último como ya ustedes ya vieron no tuve la participación en ninguno de esos delitos, pido en nombre del tribunal y el nombre de Dios mi inmediata libertad, ya son 17 meses en la cárcel injustamente, Dios sabe, hoy pido mi libertad, gracias honorable Tribunal.
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Por: Nelton Rivera.
Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.
Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.
Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.
En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.
Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.
Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.
La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.
Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.
A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.
El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.
Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.
La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.
El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias
Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.
Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).
Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).
¿Porque enfrentan este juicio?
En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.
Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.
La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.
El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.
Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.
La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.
En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.
En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.
Peritajes en esta jornada
El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.
El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”
Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó, cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-
Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.
Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.
Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.
Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:
- El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
- No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
- La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
- La criminalización de autoridades comunitarias.
- La detención arbitraria.
- El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.
Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.
Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.
El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.
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Por: Andrea Ixchíu Hernández.
Nueve premios Nobel de la Paz – entre ellos el arzobispo Desmond Tutu, Jody Williams, Rigoberta Menchú Tum, y el ex presidente José Ramos Horta – han dado a conocer el día de hoy una carta pidiendo al presidente de Guatemala y autoridades del sistema de Justicia, cesar con las falsas acusaciones contra siete defensores del medio ambiente presos, e instan a liberarlos.
Indican los nombres de los siete presos políticos del norte de Huehuetenango: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Quienes son acusados de graves delitos contra operadores de justicia, que supuestamente tuvieron lugar durante protestas en contra de la imposición de las presas hidroeléctricas en la región y durante las protestas contra las detenciones arbitrarias de otros líderes de la comunidad.
En la carta, las y los galardonados con el Nobel de la Paz, señalan que existen órdenes de detención pendientes contra más de sesenta líderes y autoridades comunitarias, por lo que piden que retiren esa persecusión también.
«Debido a los buenos precedentes de las cortes y tribunales de Guatemala en los últimos años, consideramos que es especialmente preocupante que los líderes comunitarios y activistas de derechos humanos de las comunidades mayas y mestizas en Huehuetenango, que están luchando para proteger los derechos de sus comunidades, y la soberanía del territorio, estén en la mira y sean acusados de crímenes que no cometieron y enviados a la cárcel» dice la carta. Los laureados llaman al gobierno de Guatemala para detener la criminalización y represión contra las comunidades mayas.
Hace dos semanas dio inicio el debate oral y público dentro del juicio contra los defensores, promovido por fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. La carta de los Nobeles de la paz se produce en vísperas de la conclusión del juicio.
Información desde el sitio de la Nobel Women Initiative, organización de las mujeres Nobeles de la paz.