¿Estamos ante la elaboración de un nuevo Mapa de Planta Local?
El aval del Tribunal Constitucional a las fusiones de Ayuntamientos debería traer consigo la elaboración de un nuevo Mapa de Planta Local, según explica este especialista en su artículo.
El Tribunal Constitucional acaba de dictar la primera Sentencia sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local declarando inconstitucionales algunos de sus preceptos fundamentales, pero sin embargo avala la regulación de las fusiones de Ayuntamientos, de la que ya he dicho en varias ocasiones que es bastante mejorable, pero al menos está ahí y empieza a haber movimientos al respecto.
Para saber de lo que estamos hablando debemos recurrir a las cifras oficiales resultantes de las liquidaciones de los presupuestos municipales, y de su análisis detallado se comprueba, fundamentalmente, la existencia de dos líneas: una la referida a los gastos generales, que asciende a medida que baja el número de habitantes, y otra la referida al gasto por la prestación de servicios, que desciende a medida que también baja la población, y viceversa.
De esos datos se desprende que los pequeños Ayuntamientos repercuten mayor cantidad de dinero per cápita a las actuaciones de carácter general cuando no son las que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos ya que estamos hablando, sobre todo, de gastos de funcionamiento y por lo tanto improductivos, mientras que van disminuyendo lo destinado a la prestación de servicios, siendo por tanto estos de peor calidad según vamos descendiendo en tramos de población, viéndose afectadas por este comportamiento áreas tan sensibles como los servicios sociales, a los que éstos Ayuntamientos dedican entre el 14 y menos del 11 % del total, según bajan sus habitantes, cuando la mayoría de ellos en este tipo de municipios es de edad avanzada y con necesidades que deberían ser satisfechas prioritariamente a través de estos servicios sociales.
El tamaño mínimo de los Ayuntamientos debería estar, a mi juicio, en torno a los 5.000 – 6.000 habitantes, con las excepciones que la orografía, distancias y otros hándicaps nos exijan, cuando actualmente por encima de esta cifra tan sólo son el 28 % en Galicia, teniendo el primer incentivo, junto con otras importantes medidas, en obtener un incremento del 27 % en la participación en los ingresos del Estado, tal y como prevé la ley avalada constitucionalmente. Además, de los datos manejados se desprende que los Ayuntamientos que se encuentran entre los 4.000 y los 6.000 habitantes mejoran todas las comparativas con los de menor población. Así con una aportación per cápita inferior a los de estos menores reciben una mayor y mejor prestación de los servicios públicos locales, consiguiendo a su vez un importante ahorro en gasto improductivo.
Y es de esto y no de otra cosa de lo que se trata con la fusión de Ayuntamientos, es decir, de poner al servicio de los ciudadanos unas instituciones que sirvan con eficacia y eficiencia las necesidades y exigencias que tienen en pleno Siglo XXI sin perder su naturaleza e idiosincrasia pero adaptándolos de forma que la mayor parte de los recursos públicos que manejan vayan a su redistribución en forma de prestación de servicios y a la reducción del volumen de gasto que acaba en las actuaciones de carácter general, consiguiendo con esto mejorar y aumentar el nivel de vida de sus vecinos, con mayor equidad y equiparación con el resto de Ayuntamientos, sin la brecha que existe actualmente. Es decir, estamos hablando de hacer justicia social sin sacrificar la esencia de los Ayuntamientos sino adaptándolos a la nueva realidad y de paso homologarlos a los de la mayoría de países europeos de nuestro entorno, que ya hicieron este proceso a mediados del siglo pasado.
Como consecuencia del aumento y/o mejora de los servicios públicos a recibir no sé si habría un mayor asentamiento de la población en el rural, yo creo que sí, pero seguramente se frenaría el abandono que se está dando hoy en día, con lo que, además, contrariamente a algunas críticas, se pondría en valor a los pueblos, ya que por supuesto que no desaparecerían sino que tan sólo se trasladaría su sede de toma de decisiones, es decir, la ubicación concreta de su gobierno municipal, pero a una distancia que les será familiar, y por lo tanto cercana.
Y esta debería ser una de las prioridades del nuevo Gobierno, bien si se llega a un acuerdo o bien si hay repetición de elecciones, porque quienes parece que tienen mayores posibilidades de formarlo así lo contemplan. El PP porque incluyó esta cuestión en una Ley, precisamente la que en esta parte acaba de ser avalada por el Tribunal Constitucional, y el PSOE y C`s porque así la han incluido expresamente en su pacto. Todo ello sin olvidar el importantísimo papel que en esta materia deben jugar las Comunidades Autónomas. Y no debería quedar en agua de borrajas cuando estamos hablando de aspectos básicos para la conformación del estado del bienestar del Siglo XXI.