– Habrá que ver cómo democratizar la tierra. Sin una reforma agraria, pero sí por medio de cooperativas y empresas agrícolas.
– Todos tenemos que pagar más impuestos.
– Hay que democratizar el conocimiento. La unión de los que tienen poco es desarrollo.
– El sector económico no puede apropiarse de la verdad sobre el plan económico nacional.
– Quien más necesita del Estado, además de los grupos más vulnerables, es el sector privado. Sin un Estado fuerte no se puede competir globalmente.
– Aunque a algunos no nos guste el rol de algunas oenegés (y medios) que nos critican, en realidad nos ayudan, pues nos incitan a cambiar.
– Los empresarios no estamos cambiando por una epifanía, sino porque nos están forzando.
– No sólo hay que democratizar la tierra. Necesitamos democratizar los bienes del Estado y la propiedad de las empresas. Por ejemplo, que las comunidades sean accionistas de las hidroeléctricas.
Esta conversación podría haber estado en una sala de académicos progresistas de la USAC, de la URL o de la UVG. Cuestionar que no se democratice la tierra porque esto es mejor para el mercado, que hay que hacer llegar el mercado a los más pobres. Que la élite no puede mandar de manera autoritaria ni tiene la última palabra. Que la crítica es saludable. Que hay que revolucionar las empresas y la relación con las comunidades haciendo que sean accionistas de las grandes inversiones en todas las regiones del país.
Pero no eran académicos universitarios los que proponían estas ideas. Se trataba de empresarios. Grandes empresarios. Las primeras dos frases, sobre democratizar la tierra y pagar más impuestos, las hizo Julio Herrera. Julio Herrera es accionista y gerente estandarte de Pantaleón Holdings, la corporación azucarera más importante del país, con inversiones en Brasil, Nicaragua o República Dominicana. Una corporación extendida a infraestructura por medio de Spectrum. Uno de los integrantes del G-8, las ocho corporaciones familiares más influyentes del país. Uno de los 6 actores políticos más poderosos del país, según el ránkin de poder de Nómada de 2015.
Que la cabeza histórica de una de las corporaciones más terratenientes del país hable de democratizar la tierra es un parteaguas discursivo. Ya Pantaleón estaba a la cabeza de modernización de su industria, pero ahora parece que quisiera alcanzar en innovación social a otro ingenio, más pequeño, San Diego. Esta corporación, cuyos accionistas principales son la familia Vila, hizo una pequeña revolución el año pasado al sacar a la venta acciones al público y hubo dos organizaciones de trabajadores que se iniciaron como accionistas. Se trata de dos organizaciones solidaristas y una cooperativa. Igual no es un ingenio que sea una MIPYME; lo que logró colocar en el mercado fueron acciones vendidas a personas individuales y estas tres organizaciones por un valor de US$3.8 millones.
Y Julio Herrera no fue una voz disonante. Antes, Carlos Enrique Mata Castillo –la cabeza de CBC, la Central American Botling Corporation, la que hace Pepsi hace 75 años en Guatemala y desde hace varios ya en 9 otros países latinoamericanos– había pedido que el sector económico no se intente apropiar de la verdad sobre el plan económico nacional.
¿Aló CACIF? ¿UFM? ¿Fundesa? ¿Columnistas de derecha? La patronal, la universidad libertaria, el think tank Fundesa o algunos histriónicos columnistas de medios impresos reclaman para una parte de la élite empresarial el sacrosanto derecho a decidir cualquier cosa que tenga que ver con impuestos, políticas públicas o decisiones económicas. Y me parece que tiene razón el señor Mata, quien fue el se desligó de su otra empresa familiar, la Cervecería Centroamericana, para convertirse en socio de AmBev (Brahva & Co.). Tiene razón porque no quiere decir que los grandes empresarios no participen en la formulación de políticas económicas, pero sólo es que no invaliden la participación de otros actores.
Carmen Rosa de León Escribano, a quien hemos conocido como activista en contra de las armas desde el IEPADES, es la sorprendente nueva presidenta de Banrural, el segundo banco más grande del país. La Junta Directiva de la corporación, en aprietos de imagen ante la captura de su CEO en el caso de Cooptación del Estado, optó por una outsider representante de la reserva ética del país. Y Carmen Rosa recordó cómo modelo del banco es hacer que los más débiles sean parte del mercado y cómo eso nos beneficia a todos.
Además, no protestó, ni ella ni ninguno de los demás –que probablemente tienen acciones en la banca–, cuando la moderadora, la periodista Claudia Méndez Arriaza, introdujo el tema como un país con una banca “acomodada al déficit estatal”. Y traduciría este que escribe: unos bancos que prefieren evitar que se hagan reformas fiscales para que el Estado siempre esté endeudado y tenga que recurrir a sus préstamos. Esto es un negociazo para los principales cuatro bancos del sistema: la deuda pública guatemalteca siempre se paga y la venden Banco Industrial, Banrural, G&T y el BAM.
Y tres seguidos no fueron demasiados. En realidad fueron cinco.
Fernando Bolaños, de Agroamérica –una empresa de palma africana y banano– recordó la importancia de un Estado fuerte para ser competitivos a nivel global y agradeció a la crítica y el contrapeso de las oenegés (y de los medios), como me dijo horas después. Esto es un paso enorme respecto de otros líderes empresariales que consideran que los fiscalizadores somos los causantes del retraso del país. Esto es un paso enorme para que avancemos como sociedad, una sociedad en la que todos nos exigimos ser mejores.
La guinda la puso Estuardo Porras Zadik, empresario cafetalero y uno de los 25 socios de Nómada. Más que democratizar la tierra, deberíamos democratizar la propiedad de las acciones de las empresas. Para zanjar la conflictividad en el campo por las grandes inversiones que no cambian (o sólo empeoran) la vida de las comunidades, propuso como ejemplo que las hidroeléctricas tengan a las comunidades como accionistas.
Y podríamos extenderlo hacia todas las empresas que reciben concesiones estatales. O hacia todas las empresas. Que un porcentaje de las acciones sean para cooperativas de trabajadores.
No sé a ustedes, pero a mí me da mucha ilusión este cambio discursivo. Todavía falta que se materialice en promover reformas fiscales progresivas o en dejar de considerar en discusiones concretas que la élite empresarial es la que tiene la última palabra sobre todo en Guatemala, desde reconocer si hubo genocidio hasta los derechos de las mujeres o qué se decide sobre las aguas y los ríos. Y más importante: todavía falta que sea un discurso mayoritario entre el sector empresarial organizado.
De la impresión que tengo de hablar con muchos empresarios y muchas empresarias que están en sus treintas o en sus cuarentas, ese discurso modernizante es más popular de lo que nos dicen los micrófonos refunfuñantes de la Cámara de Comercio.
Esto hace eco, hace diálogo, con otro foro en el que participé hace dos semanas, un foro preparatorio para el Foro Centroamericano de Periodismo de El Faro. En él, coincidíamos con los periodistas Juan Luis Font, el español José Luis Sanz y el argentino Diego Fonseca, en que los grandes empresarios no son ‘el cuco’, el causante de todos los problemas del país. El problema no es el mercado ni son los poderosos, “el problema son los abusos”, resumió Fonseca. Los abusos no son exclusivos de los empresarios; hay abusos entre los políticos, los sindicatos, los periodistas. Y hay que fiscalizarlos y denunciarlos. Fiscalizarnos y denunciarnos.
Así como hay empresarios (u otros ciudadanos) que abusan, hay empresarios (y otros ciudadanos) que arriesgan, que innovan, que se fajan trabajando, promueven una competencia sana y promueven una productividad que le sirve a la sociedad.
Y ahora sabemos también que hay por lo menos cinco grandes empresarios que cuestionan su rol en la democracia. Que reconocen que necesitamos mejorar la democracia en Guatemala. Eso sólo puede ir para bien.