Esta tarde las autoridades del Parlamento Europeo han intentado evitar nuevamente escuchar aquí lo que está ocurriendo en Cataluña. Durante la semana tendremos ocasión de volver a traer la cuestión a colación pues hay dos debates sobre la situación del estado de derecho en Malta y en Polonia, pero llama la atención esa negativa y resistencia a afrontar que lo que está ocurriendo en España es un problema que afecta a la calidad del estado de derecho. Por eso pensamos que es un problema europeo.
Por eso mismo he aprovechado el turno de intervenciones de un minuto que suele cerrar el primer día de pleno para unirme a otros seis colegas y hablar sobre Cataluña. En mi caso me he afanado en reclamar al Presidente de la Comisión Europea que “se ponga las pilas”. Que intervenga para ayudar a resolver el conflicto político que se vive en Cataluña aprovechando la tradición federalista vasco catalana que siempre creyó que la libre adhesión, es más útil, constructiva y moderna para Europa que la unidad indisoluble de cualquier patria. La solución a la cuestión catalana es política y vendrá a través de una mediación como la que intentó el lehendakari Iñigo Urkullu, que he aprovechado para reivindicar.
Como le está ocurriendo al Gobierno Español, tartar de negar lo que existe conduce a la melancolia. Ayer este turno, bien es verdad que a última hora de la noche, sirvió para que treinta diputados trajesen a Estrasburgo diversos temas de actualidad. Pues bien de las 30 intervenciones siete, casi una cuarta parte de las que se produjeron, fueron sobre Cataluña. Aquí os las voy dejando todas. Fijaos por ejemplo como se indigna el eurodiputado de la NVA (Nacionalistas Flamencos) ante la inacción de la UE en este caso:
El interés suscitado por la cuestión catalana es evidente porque los derechos que se está llevando por delante esta crisis son fundamentales. Hoy me ha asombrado por ejemplo el argumento utilizado por el portavoz del PP González Pons para evitar el debate. Ha dicho que los parlamentos no pueden opinar sobre lo que deciden los jueces ni decidir por ellos. Se le ha olvidado, peligrosa amnesia, que los jueces tampoco pueden prohibir debates en ningún Parlamento y mucho menos procesar diputados por plantearlos y votar en ellos. Lo contrario es violar un principio constitucional imprescindible para garantizar la división de poderes: la inviolabilidad parlamentaria. Está en todas las constituciones democráticas y en este caso se ha violado sin ningún rubor, de manera escandalosa, gracias a una reforma legal que se hizo con los mismos criticados procedimientos con que se aprobó la llamada ley catalana de desconexión. El objetivo, otorgar al Constitucional poderes que no tienen ningún órgano homologable en el mundo. Una medida además absurda si se tiene en cuenta que, sin vulnerar la ley, jueces y tribunales si pueden anular reformas legales que consideren inconstitucionales.
Ya ensayaron ese ataque contra la inviolabilidad en el caso Atutxa. Cayeron en la vergüenza de tener que anular dos sentencias absolutorias del tribunal Superior del País Vasco y resolver finalmente, desde el propio tribunal que había dado las ilegales órdenes de disolver un grupo parlamentario. Logicamente, se dieron la razón a si mismos. Un dechado de independencia e imparcialidad. Finalmente el tribunal de Estrasburgo les puso en su sitio y no me cabe duda de que volverá a hacerlo si finalmente estos asuntos llegan hasta allí. Porque el nivel de “brochagordismo” utilizado en esta ocasión es paralelo a la miopía que genera esta burda actuación: la que impide al estado profundo entender de qué va este problema. Efectivamente, como dice Josu juaristi en esta intervención la ofensiva es de las que traen cola:
Aclarada esta primera cuestión creo además que no pretender suplantar el trabajo que deben realizar los jueces no impide que podamos expresar nuestra más honda preocupación porque Amnistía internacional critique, por arbitrarias decisiones judiciales que han enviado a prisión a miembros de un gobierno legítimo, como mis queridos amigos y ex eurodiputados Raúl Romeva y Oriol Junqueras. Si sumas la defensa de la inviolabilidad parlamentaria desaparecida a esta denuncia de una organización nada sospechosa de frivolidad el asunto es muy preocupante. El dipoutado de Esquerra José María Terricabras retrata la reacción que estas actuaciones contrarias a principios elementales de la Democracia están produciendo en Cataluña
Vpy a coincidir con juncker cuando el otro día dijo que el problema catalán es un problema de nacionalismo. Pero tengo que recordar al simpático ex presidente de Luxemburgo, un estado con 600.000 habitantes que debería entender perfectamente las aspiraciones de una nacionalidad que agrupa a diez millones de personas, que quién aquí está “liando la manta” es el nacionalismo español que debe, de una vez por todas, asumir su diversidad. Cuando millones de catalanes llevan años reclamando sin éxito ser escuchadas, reconocidas y respetadas, organizar un referéndum no autorizado para superar el bloqueo es de lo más pacífico que puede hacerse. Reprimirlo a garrotazos y por la vía penal es tan inaceptable como inútil. Ser lales al mandato democrático emanado de unas elecciones puede costar 30 años de carcel, dice el diputado del PDeCAT Ramón Tremosa:
Por encima de las simpatías que pueda generar en mí la defensa del Derecho a decidir, creo que aquí hay que subrayar algo básico. En esta crisis se están produciendo hechos que degradan la calidad de la democracia. Por eso, y aunque el vicepresidente Timmermans trate de evadir su responsabilidad, este es un asunto europeo. Y es un mal negocio, un muy mal negocio, hacer el tancredo en este tipo de situaciones. Cataluña no es Bosnia y España no es Serbia, pero si alguna lección se aprendió en aquella cruel guerra de los Balcanes es que ese cerrar filas con el Statu Quo porque está de acuerdo con la legalidad y cerrar por esa vía la reivindicación democrática de legítimas aspiraciones ciudadanas provoca catástrofes.
En aquel caso el patrocinado por el pasotismo europeo, el beneficiado por la defensa acrítica de un Status Quo indefendible, fue nada menos que Slobodan Milosevich, que acabó juzgado en La Haya por crímenes contra la humanidad. En la posición europea tuvo mucho que ver el pánico que sacudió al entonces presidente Felipe González, aterrado ante la posibilidad de que otra posición abriese peligrosos precedentes para una España nada amiga de asumir su propia diversidad. No hay constancia de que haya reconocido jamás la inmensidad de aquel error, ni síntomas de que sus conmilitones hayan tomado nota de lo peligrosa que resulta esa santificación de la legalidad sin pararse un minuto a pensar en las leyes progresan gracias a las reivindicaciones ciudadanas. Jordi Solé, de Esquerra republican de Cataluña denuncia aquí la doble vara de medir que aplica la Unión ante vulneraciones de estados de derecho según cual sea el País que incurre en ellas:
Así, por ejemplo se abolió la esclavitud o el aborto se convirtió en una opción legal ante determinados supuestos. Así se legalizó el divorcio o se acabó con la mili obligatoria. Ahora, con alguno de los autos más recientes en la mano podría argumentarse que cuando se apoyaron estas reformas con manifestaciones muy numerosas cuando se estuvieron negando cauces legales para promoverlas, los protagonistas de la defensa de estos progresos serían hoy reos de rebelión. En alguno de los autos que nos sacuden estos días la conciencia y los fundamentos de del derecho en los que aprendimos a creer se llega a afirmar que una manifestación numerosa o muy numerosa, en estas condiciones puede convertirse en un movimiento violento en consecuencia intimida y basta para considerarla el ejercicio de violencia que exige el delito de rebelión. Por supuesto de nada sirve que el poder legislativo, el concreto diputado que redacto este delito haya aclarado que jamás podría aplicarse al caso catalán.
Parece absurdo, pero esa cosa tan chocante parece exclusivamente escrita para poder sacar la cara a la juez que mantiene encarcelados a los miembros del gobierno catalán gracias a un auto memorable por su endeblez técnica, por la cantidad de garantías procesales que vulnera para forzar la prisión provisional y por la inconsistencia con que se aplica al construir los tipos penales que trata de atribuir a los encausados. No lo entiende nadie, como destaca la diputada sueca de Ale Bodil Valero:
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