Se cumplieron los peores presagios. El Ministerio del Interior ha presentado el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación (RGC) y entre otras modificaciones el documento incluye la obligatoriedad de la utilización del casco para usuarios de la bicicleta no sólo en vías interubanas, como hasta ahora, sino también en ciudad.
Las primeras reacciones a esta noticia ya han llegado a golpe de blog o de recogida de firmas. Pero seguro que llegarán más. El asunto es muy grave. Se ha escrito mucho sobre ello y de hecho aquí ya se le dedicó un post al tema. Argumentos en contra de su obligatoriedad para la bicicleta hay muchos: penaliza a la víctima, no ha probado su eficacia, disuade del uso de la bicicleta, aumenta la inseguridad por la ausencia de masa crítica… Por algo será que casi ningún país del mundo obliga a usar el casco.
En lo que a la bicicleta pública se refiere, esta medida le perjudicará. El concepto de bicicleta pública está íntimamente ligado al viaje unidireccional y al viaje improvisado. La obligatoriedad del casco choca frontalmente con estas dos motivaciones y puede disuadir mucho del uso del sistema. En Australia, el único país del mundo (hasta ahora) con bicicleta pública y obligatoriedad del casco en ciudad, empieza a mostrar los efectos negativos de esta coexistencia. Por ejemplo, un estudio realizado en Melbourne, una de las dos ciudades australianas que disponen bicicleta pública, señala que la mayor razón para no usar el servicio es la falta de casco, el 24% de los no-usuarios aluden a este problema (Melbourne Bike Share). En otro estudio de la misma ciudad se indica que el 25% de los antiguos usuarios, dejaron de usar el sistema porque no querían llevar casco. Para el 35% la razón fue que le era difícil encontrar uno, lo cual indica una predisposición a llevarlo, pero al mismo tiempo, señala a su disponibilidad como un posible obstáculo. En total un 61% de las respuestas aluden al casco como barrera para el uso de la bicicleta pública (Helmetfreedom).
Entre los potenciales usuarios, es decir, aquellos que no son usuarios de la bicicleta pública pero que estarían dispuestos a serlo, un 64% declaró que preferiría usar su propio casco a compartirlo, mayormente por razones de higiene y seguridad (Melbourne Bike Share). Volviendo a nuestro país, el Ayuntamiento de Valencia se ha apresurado a decir que proporcionarán cascos a los usuarios de Valenbisi, si la nueva normativa sigue adelante (Levante). Las opciones supongo que pasarán por casos entregados al inscribirse (lo cual sigue anulando la unidireccionalidad y la improvisación del viaje) o fundas personales para el interior de un casco compartido. De los cascos desechables, por desgracia iniciativa real (Levante), mejor no hablemos, ya que tendrían un impacto medioambiental inaceptable.
En cualquier caso, lo que está claro es que el nuevo reglamento de circulación, traerá consigo más costes (para el usuario o para el operador) y un menor uso de los sistemas de bicicleta pública. En un momento en que muchos sistemas luchan por sobrevivir, este reglamento puede suponer su certificado de defunción.
En conclusión, dejando claro que no tenemos nada en contra del uso del casco, sino de su obligatoriedad, creemos que este nuevo reglamento tendrá un impacto muy negativo en la bicicleta en general y en la pública en particular. Si España ya estaba atrasada en lo que a movilidad sostenible se refiere, con este paso hacia atrás, se relega voluntariamente al vagón de cola de Europa. Explicarlo fuera de nuestras fronteras causará sonrojo. Nos preocupa que el Ministerio del Interior haya tomado una decisión así después de incontables reuniones con asociaciones y en contra de la opinión de la mayoría de expertos en movilidad sostenible. Una decisión así es señal de una gran ignorancia sobre la materia. Y lo peor es que esa esa ignorancia viene, precisamente, de quien nos gobierna.
Alberto Castro y Esther Anaya