Desde el 14 de marzo de 2020 los españoles estamos confinados en casa por el Estado de Alarma declarado, a causa de la epidemia COVID 19, por el gobierno de coalición socialista-comunista (populista), nacido con el apoyo parlamentario de los separatistas vascos y de los partidos separatistas catalanes algunos de cuyos miembros fueron condenados a penas de prisión por el TS por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
Los españoles estamos confinados pero no confiados porque, el Gobierno y algunos de sus miembros ofrecen señales inquietantes, por sus palabras y hechos, de que quieren aprovechar el Estado de Alarma para implantar sus ideas políticas colectivistas e intervencionistas en la sociedad española, quebrantando el modelo constitucional de sociedad democrática y económica de libre mercado e iniciativa empresarial.
Por ello observamos tras la declaración de Estado de Alarma, los siguientes riesgos que representan, además el Coronavirus, otros virus que infectan la política y la economía nacional.
1.- Es inquietante la actuación tardía e improvisada del gobierno contra la epidemia. Desde finales de enero hay informes de la OMS, de autoridades europeas y expertos españoles que dieron reiteradamente la “voz” de alarma sobre la peligrosa epidemia que había impactado gravemente a Italia. Pero el gobierno de España fue pasivo y no reaccionó. No actuó en previsión de la posible llegada de la epidemia a España y, cuando, a finales de febrero, la epidemia dejaba muertos e infectados, se atrevió a calificarla de leve y permitió la celebración de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Desde el 9 de marzo el gobierno, lamentablemente ha gestionado de forma caótica la adquisición de material imprescindible para la protección sanitaria individual.
2.- Inquietan las actuaciones de los miembros del Gobierno para aprovechar el Estado de Alarma por la epidemia para socavar las instituciones básicas del Estado. El primer ataque lo ha recibido el Rey con la provocación populista de una cacerolada contra la Monarquía Parlamentaria. Otro ataque lo está sufriendo el Parlamento, es decir, el propio sistema democrático que exige el respeto a la separación de poderes. Tanto el Presidente como otros miembros del Gobierno, no se someten al control parlamentario de forma inmediata al requerimiento de la oposición ni contestan congruentemente; esta resistencia transmite la idea de que tienen cosas que ocultar y que no quieren rendir cuentas ni someterse al juicio político. Pero en un Estado Democrático es obligado que la oposición ejerza el control democrático al gobierno y que éste no se oculte y conteste a lo preguntado. La oposición no puede callar “por lealtad” cuando el gobierno toma decisiones erróneas que dañan al interés o no alivian a la salud nacional, o que exceden del alcance de la crisis sanitaria. La lealtad se debe al Estado y a la Nación soberana y la oposición debe darla al Gobierno si éste actúa diligentemente en defensa del interés general . La oposición ha apoyado al Gobierno en la votación parlamentaria la prórroga del Estado de Alarma (lo que no han hecho los socios del gobierno), pero, seguidamente, el gobierno ha aprobado el 31 de marzo el RDL 11/20 sin previa información a la oposición ampliando la intervención pública sobre la libertad de las personas y la actividad empresarial. La salud es lo primero para las personas, pero no faculta al Gobierno para , entre otras, restringir derechos a los empresarios como la prohibición del despido procedente de trabajadores. Debe corregirse inmediatamente porque esta prohibición acredita que creen que todo es posible al amparo del Estado de Alarma.
3.- Otro ataque, aprovechando el Estado de Alarma ha sido contra la libertad de expresión e información. El Gobierno está censurando la libertad de expresión de los periodistas de concretos medios de comunicación impidiéndoles formular preguntas en las ruedas de prensa del Gobierno. La libertad de información de los medios de comunicación es imprescindible en un Estado Democrático de Derecho lo cual exige poder informar de los actos del gobierno para la consideración y crítica de la población. El abuso de la política informativa gubernamental se acredita también en campañas de desprestigio personal; como ejemplo, basta citar el linchamiento del fabricante de mascarillas de Jaén al que acusaron de acaparar este material, de modo ilegal, siendo así que es un fabricante que vende a sus clientes.
4.- Existe una campaña gubernamental injusta y desleal contra la eficaz gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid y de su sacrificado personal sanitario, que está mereciendo, cada día, el aplauso de los ciudadanos e incluso la felicitación de la OMS por la urgente instalación hospitalaria en IFEMA. Más aún, son muy injustas tales criticas cuando la epidemia fue en gran parte extendida consecuencia de la manifestación feminista del 8 de marzo alentada por el Gobierno de la Nación en la que resultaron contagiadas varias ministras y multitud de manifestantes.
5.- El afán intervencionista se está concentrando en reducir la libertad empresarial. Es suficiente leer la serie de Reales Decretos Leyes, números 6 al 11, que impactan directamente sobre la libertad de actividad económica de los empresarios y autónomos. Los distintos sectores económicos de España están perplejos, cuando no indignados, por la “masa” normativa controladora dictada sin conocimiento ni diálogo previo con sus representantes. También causa estupor la referencia, a modo de amenaza, del Vicepresidente Iglesias convocando el art. 128 CE cuando dice que “la riqueza nacional… está subordinada…al servicio general”, siendo así que debe leer íntegramente el texto constitucional en dónde verá que el art. 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y que, cualquier expropiación debe ser legal e indemnizada.
Evidentemente, la paralización impuesta a determinados sectores productivos es excesiva e innecesaria pues habría sido suficiente indicar que, cada empresa adoptara las medidas de prudencia sanitaria del personal para mantener la empresa activa con unos servicios mínimos. Mantener una actividad básica favorecería la recuperación de la normalidad, una vez superada la epidemia. El impacto sobre la industria por este cierre va a ser muy grave y se va a reflejar en el nivel de empleo y en el PIB de España cuya caída se prevé en un 8% cada mes de confinamiento. Es acertado, y de agradecer, el proyecto SURE de la UE para ayudar a las empresas y desempleados de los países europeos que incrementen el paro por esta causa.
Así pues, hay señales que anuncian peligros para el Estado de Derecho en España que están envueltas en las medidas del Estado de Alarma, aprovechándose de la situación.
Bastante es el sacrificio de los ciudadanos, de las familias, de los ancianos y menores de España que no podemos salir de casa para sufrir el acoso social-comunista con actos y sugerencias que ponen en peligro la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político al que se refiere el art. 1º.2 de la Constitución. Los ciudadanos españoles, aunque confinados, debemos estar despiertos para evitar que, después de la epidemia del coronavirus y la inevitable crisis económica quede infectada nuestra estructura social y económica del virus populista-comunista enemigo de la libertad.