Contratación
Investigamos los contratos públicos a fondo: irregularidades, corrupción y detalles sobre su funcionamiento.
En situaciones como esta pandemia las administraciones públicas pueden contratar a dedo, sin abrir expediente e incluso solo con hablarlo. Pero, eso sí, tienen que cumplir las reglas de transparencia a posteriori y publicar los detalles en 15 días. En 2020, tardaron una media de 43. Y eso sin contar los que aún no se han publicado.
De 25 céntimos a 8 euros por una mascarilla, la guerra de precios que se saldó con millones de euros para los intermediarios
El Ministerio de Sanidad llegó a pagar más de seis euros por cada bastoncillo con tubo para hacer pruebas PCR. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tampoco se libraron de la escalada de precios: se llegaron a desembolsar, por ejemplo, más de cien euros por una garrafa de cinco litros de gel hidroalcohólico.
Se usó este procedimiento -a dedo y con mínimos controles y transparencia- en 16.589 contratos que sumaron 6.445 millones. La gran mayoría se destinó a la compra de suministros como mascarillas, pero también se colaron concesiones de tele pública, piscinas, compra de pistolas táser y hasta camellos para la cabalgata de Reyes.
Quién cobra la obra
Justicia contrata a Ilunion para enviar a la Audiencia Nacional miles de expedientes de residencia recurridos por no resolver en plazo
El Ministerio recibe más de mil recursos interpuestos ante la Audiencia Nacional al mes, la gran mayoría por no haber resuelto los expedientes en un año, como marca la ley.
El Gobierno nombra presidenta del organismo de control de la contratación a una exconsejera del ejecutivo socialista de Castilla La Mancha
María Luisa Araújo Chamorro fue consejera de Economía y Hacienda durante los gobiernos socialistas de Bono y Barreda. Con este último llegó a ser además vicepresidenta.
María José Santiago fue nombrada en julio de 2018, poco después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Contratos que obligó a crear ese órgano de control, por un periodo de seis años.
Además, permite, siempre que sea vía electrónica, poner en marcha nuevas licitaciones.
Se podrá transferir el dinero directamente a cuentas en el exterior y los proveedores extranjeros no tendrán que usar la factura electrónica obligatoria en la contratación pública.
Solo en los primeros siete meses de 2019, más de 6.500 adjudicaciones se saltan el texto literal de la norma, que no permite que una administración pública sume varios contratos menores a una misma empresa que superen los 15.000 o 40.000 euros.
El Gobierno aprovecha una transposición de directivas europeas para eliminar una medida anticorrupción en los contratos menores
Utiliza un Decreto-Ley aprobado de urgencia para evitar multas europeas para eliminar el veto a firmar con un mismo empresario varios contratos menores que superen los umbrales máximos, una medida destinada a evitar fraccionamientos y que entró en vigor hace menos de dos años.
Quién cobra la obra
Los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros contarán con médico de 8 a 20 horas de lunes a viernes y tres horas los fines de semana; y enfermeros de 8 a 22 todos los días. El contrato incluye un teléfono 24 horas de atención sanitaria.
La gestión para devolver a los ciudadanos el gasto de enviar su voto desde el extranjero costará hasta cinco euros por persona y comicio
A esta cantidad por llevar a cabo las devoluciones hay que sumarle el dinero que el votante pagó de su bolsillo en gastos de envío para poder ejercer su derecho al voto.
Todas las entidades del sector público estatal deberán pedir tres ofertas para los contratos menores
En su primera instrucción, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación también acota y aclara cómo se debe aplicar el veto a la concatenación de contratos menores con un mismo empresario para evitar fraccionamientos.
Desde 2015, al 69% de los concursos públicos de medios aéreos para la extinción de incendios forestales solo se presentó una empresa, sin rivales. El Ministerio de Agricultura ha notificado a la CNMC estas y otras prácticas que pueden ser señal de reparto de mercado.
Más de 7 de cada 10 euros destinados a helicópteros y aviones de extinción de incendios se lo reparten cuatro empresas
Desde 2015, las empresas de los grupos Babcock, Faasa, Habock e Hispánica de Aviación se han llevado 312,8 de los 427 millones de euros que las administraciones públicas han adjudicado en contratos de medios aéreos para las campañas de incendios.
Pueden ocultar alguna información por razones de interés público, pero otras (justificación del uso del negociado, precio por hora, valoración de la oferta...) no parecen encajar en las excepciones que marca la ley.
El Congreso ha aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público y podemos constatar nuestro impacto: la mayoría de las recomendaciones de Civio contra la opacidad han sido incluidas -de forma directa o indirecta- en la norma. Detallamos nuestra impronta en ella.
10 constructoras están presentes en siete de cada diez euros adjudicados en el BOE desde 2009 en contratos de obra pública. Si solo tenemos en cuenta los contratos en solitario, y no las UTE en las que participan, se llevaron uno de cada cuatro euros. ACS lidera, con margen, la clasificación.
Quién cobra la obra