[texto escrito para su publicación en el último número impreso del Periódico Diagonal]
Recientemente hemos sabido que el “grupo de expertos” nombrado por el gobierno para diseñar la reforma de las pensiones ha recomendado que uno de los factores principales que decida si éstas suben o bajan sea la esperanza de vida.
Con independencia de que se pueda pensar -por el momento y las formas elegidas- que es una reforma encaminada a la bajada de la cuantía de las pensiones y al fomento de los planes privados, hay dos preguntas que, desde el punto de vista de la salud, debemos hacernos: 1) ¿qué implicaciones tiene la utilización de la esperanza de vida para el cálculo de las pensiones? y 2) el retraso de la edad de jubilación, unido a la disminución de la cantidad de dinero percibida en concepto de pensión, ¿repercutirá sobre la salud de nuestra población mayor?
La esperanza de vida como factor de decisión.
Desde el punto de vista técnico, la esperanza de vida es una variable con trampa, porque se ve muy afectada por la mortalidad infantil; puestos a utilizar una variable relacionada con la esperanza de vida a lo mejor sería más robusto utilizar la “esperanza de vida a los 65 años” (corresponde a los años de vida que le quedan a una persona al llegar a esa edad); pero estas variables demosgráficas no se vinculan con el poder adquisitivo de la población, cuyo mantenimiento se buscaba al ligar las pensiones al IPC.
Los trabajadores manuales tienen menor esperanza de vida que los no manuales. Las personas con estudios primarios tienen más infarto de miocardio y cáncer de pulmón que las que tienen estudios universitarios. Los que viven en barrios empobrecidos disfrutarán de menos años y de peor calidad de vida que los que pasan sus días en barrios ricos. Sin embargo, a la hora de aplicar variables demográficas como la esperanza de vida al cálculo de las pensiones se olvidan estas desigualdades -que suponen pérdida de años y de salud para los más pobres-.
El retraso de la edad de jubilación y la salud de nuestros mayores.
Podemos decir que España “era país para viejos” (en analogía con la película protagonizada por Javier Bardem); como muestra el “Informe de condiciones de vida 2012”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística; las personas mayores presentaban un menor riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social que sectores más jóvenes de población; esto es, en parte, por una estructura social y cultural que seguía prestando apoyo formal e informal a las personas mayores, pero también, principalmente, gracias a los mecanismos de protección social (sanidad pública que evita la necesidad de endeudarse como consecuencia de una enfermedad y sistema de pensiones que trata de evitar la pobreza en un sector de población sin capacidad para generar riqueza económica).
El riesgo de exclusión y pobreza se relaciona de forma estrecha con la salud de la población y sus individuos, por lo que un aumento de estas variables repercutiría en un empeoramiento en la salud percibida y de la salud objetiva. Las reformas que está tomando el gobierno (y las que parece que seguirá tomando) atentan contra la salud de la población -y de las personas mayores- de dos maneras: 1) Empeorando las condiciones de vida mediante la disminución y empeoramiento de los servicios públicos y 2) Disminuyendo su renta disponible -menor cuantía de las pensiones, aumento de copagos en medicamentos, eliminación de los fondos para dependencia- de forma que se dificulte el seguimiento de hábitos de vida saludable que pudieran tratar de contrarrestar el empeoramiento de las condiciones de vida.
Las crisis económicas tienden a aumentar la mortalidad de la población así como las desigualdades sociales dentro de la misma; los efectos de estas desigualdades se hacen más patentes en aquellas sociedades que no tienen fuertes sistemas de protección social. Es por ello que podemos afirmar que desmontar los sistemas de protección social mata. Mata desigualmente, dejando sentir su efecto de forma más notable en las clases sociales más desprotegidas. Mata mientras, aquellos a los que menos afectan estos efectos de las crisis, nos dicen que si vivimos menos nos subirán la pensión.
Recientemente hemos sabido que el “grupo de expertos” nombrado por el gobierno para diseñar la reforma de las pensiones ha recomendado que uno de los factores principales que decida si éstas suben o bajan sea la esperanza de vida.
Con independencia de que se pueda pensar -por el momento y las formas elegidas- que es una reforma encaminada a la bajada de la cuantía de las pensiones y al fomento de los planes privados, hay dos preguntas que, desde el punto de vista de la salud, debemos hacernos: 1) ¿qué implicaciones tiene la utilización de la esperanza de vida para el cálculo de las pensiones? y 2) el retraso de la edad de jubilación, unido a la disminución de la cantidad de dinero percibida en concepto de pensión, ¿repercutirá sobre la salud de nuestra población mayor?
La esperanza de vida como factor de decisión.
Desde el punto de vista técnico, la esperanza de vida es una variable con trampa, porque se ve muy afectada por la mortalidad infantil; puestos a utilizar una variable relacionada con la esperanza de vida a lo mejor sería más robusto utilizar la “esperanza de vida a los 65 años” (corresponde a los años de vida que le quedan a una persona al llegar a esa edad); pero estas variables demosgráficas no se vinculan con el poder adquisitivo de la población, cuyo mantenimiento se buscaba al ligar las pensiones al IPC.
Los trabajadores manuales tienen menor esperanza de vida que los no manuales. Las personas con estudios primarios tienen más infarto de miocardio y cáncer de pulmón que las que tienen estudios universitarios. Los que viven en barrios empobrecidos disfrutarán de menos años y de peor calidad de vida que los que pasan sus días en barrios ricos. Sin embargo, a la hora de aplicar variables demográficas como la esperanza de vida al cálculo de las pensiones se olvidan estas desigualdades -que suponen pérdida de años y de salud para los más pobres-.
El retraso de la edad de jubilación y la salud de nuestros mayores.
Podemos decir que España “era país para viejos” (en analogía con la película protagonizada por Javier Bardem); como muestra el “Informe de condiciones de vida 2012”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística; las personas mayores presentaban un menor riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social que sectores más jóvenes de población; esto es, en parte, por una estructura social y cultural que seguía prestando apoyo formal e informal a las personas mayores, pero también, principalmente, gracias a los mecanismos de protección social (sanidad pública que evita la necesidad de endeudarse como consecuencia de una enfermedad y sistema de pensiones que trata de evitar la pobreza en un sector de población sin capacidad para generar riqueza económica).
El riesgo de exclusión y pobreza se relaciona de forma estrecha con la salud de la población y sus individuos, por lo que un aumento de estas variables repercutiría en un empeoramiento en la salud percibida y de la salud objetiva. Las reformas que está tomando el gobierno (y las que parece que seguirá tomando) atentan contra la salud de la población -y de las personas mayores- de dos maneras: 1) Empeorando las condiciones de vida mediante la disminución y empeoramiento de los servicios públicos y 2) Disminuyendo su renta disponible -menor cuantía de las pensiones, aumento de copagos en medicamentos, eliminación de los fondos para dependencia- de forma que se dificulte el seguimiento de hábitos de vida saludable que pudieran tratar de contrarrestar el empeoramiento de las condiciones de vida.
Las crisis económicas tienden a aumentar la mortalidad de la población así como las desigualdades sociales dentro de la misma; los efectos de estas desigualdades se hacen más patentes en aquellas sociedades que no tienen fuertes sistemas de protección social. Es por ello que podemos afirmar que desmontar los sistemas de protección social mata. Mata desigualmente, dejando sentir su efecto de forma más notable en las clases sociales más desprotegidas. Mata mientras, aquellos a los que menos afectan estos efectos de las crisis, nos dicen que si vivimos menos nos subirán la pensión.