Las medidas que se están tomando para mitigar situación que atraviesan los sectores más postergados de la sociedad no pueden usarse para justificar reducciones.
En los últimos días ha habido un ligero contrapunto entre algunos economistas heterodoxos en torno a la política fiscal del Gobierno Nacional. Dicho contrapunto gira en torno sobre todo a cómo calificar el manejo del gasto público: ¿estamos frente a un ajuste fiscal o no? Más específicamente, ¿es por sí misma la reducción del déficit fiscal una señal de ajuste? Algunos economistas han llegado a comparar la gestión actual con el Gobierno de Néstor Kirchner para ilustrar el argumento: ¿se puede calificar la política fiscal llevada adelante durante los primeros años del kirchnerismo como una política de ajuste sólo por haber tenido superávit fiscal durante esos primeros cuatro años?
El objetivo de esta nota es aprovechar esa comparación para ilustrar una cuestión central: no es lo mismo lograr un resultado fiscal positivo mediante una política de reducción del gasto público que mediante un aumento del mismo. Justamente, uno de los puntos centrales de lo que esquemáticamente podemos llamar la mirada heterodoxa sobre la política fiscal tiene que ver con señalar que una reducción del gasto público puede terminar derivando en una ampliación del déficit (o reducción del superávit), en la medida en que esa reducción inicial impacte en el nivel de actividad y, desde allí, reduzca los ingresos fiscales aún más de lo que bajó el gasto. Y, viceversa, también puede suceder que un aumento del gasto público pueda derivar en un aumento mayor de los ingresos a partir del efecto multiplicador del gasto sobre el nivel de actividad y, por consiguiente, en la recaudación.
En este sentido, comparar la situación actual con los primeros años de Gobierno kirchnerista nos parece un recurso argumental muy superficial que no resiste un análisis serio. Básicamente porque pasa por alto lo que fue uno de los rasgos distintivos de ese primer gobierno: el aumento sistemático del gasto público.
No hace falta mucho análisis para ver las diferencias. Entre 2003 y 2007 el gasto público total del Estado Nacional, en pesos corrientes, creció en términos nominales un 131%, con incrementos específicos de 168% en el gasto en prestaciones de la seguridad social[1]. Tomando en cuenta que la variación acumulada del índice de precios al consumidor entre dichos años fue de alrededor del 45%[2], el aumento de 131% nominal implica un fuerte aumento en términos reales. Entonces, si el Gobierno de Néstor Kirchner logró terminar su gestión con una situación de superávit fiscal, no fue precisamente por haber sido austero con el gasto, sino porque los ingresos acompañaron dicho aumento.
En la actualidad vivimos una situación muy distinta. Los gastos primarios en el primer trimestre de 2021 crecieron un 45% en relación al mismo período de 2020 apenas por encima de la inflación anualizada de marzo de 2021 (que fue del 42,6%). Pero, cuando miramos la composición de ese gasto, vemos que el gasto en remuneraciones creció apenas un 30%, y las prestaciones a la seguridad social apenas un 28%; muy por debajo de la variación del índice del precio al consumidor (IPC). Por lo tanto, es correcto hablar en este caso de un ajuste en salarios y haberes jubilatorios. Es más, en un reciente informe de coyuntura elaborado por economistas del propio Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires[3] se señala que en el primer cuatrimestre el gasto primario (base caja en esta observación) habría crecido apenas un 33,1%, ya muy por debajo del 46% de variación del IPC entre abril de 2021 y abril de 2020, y lejísimos de la política de gasto del primer kirchnerismo.
Otra dimensión poco problematizada en los debates sobre gasto público tiene que ver con sus consecuencias sobre la estructura del Estado. ¿Cómo es posible fortalecer el Estado reduciendo sistemáticamente los ingresos de sus trabajadores? A modo de ejemplo, entre 2020 y 2021 el poder adquisitivo de los sueldos de los docentes universitarios (que dependen del Estado Nacional) se ha reducido entre un 13 y un 17% (según el mes de 2020 que se tome como base), cuando durante los 4 años de macrismo se redujo un 24%. En organismos clave como la Comisión Nacional de Valores se puede observar un goteo sistemático de personal calificado (que en muchos casos se formó en la misma comisión, con recursos públicos) que busca trabajo en Bancos o Fondos de Inversión (los mismos que antes debía controlar) en busca de mejores sueldos. Y así en varias instituciones clave.
Este asunto no es menor. Muchas veces leemos sobre el esfuerzo fiscal extraordinario que está haciendo el Estado en este contexto de pandemia como un contra-argumento frente a la presentación de datos agregados como los que presentamos recién. No se podría hablar de ajuste porque hay IFE, digamos. A nuestro modo de ver, las medidas que se están tomando para mitigar la grave situación que atraviesan los sectores más postergados de la sociedad, medidas que por supuesto apoyamos, no pueden usarse para justificar reducciones como las que estamos señalando, máxime cuando los ingresos tributarios han crecido un 83% interanual en el primer trimestre de 2021[4].
Volviendo a la comparación con los primeros años del kirchnerismo, claro que uno podría argumentar también que los contextos son muy diferentes. Los economistas heterodoxos saben que el gasto público no se financia con los ingresos tributarios sino con la emisión monetaria, pero saben también que esa emisión monetaria debe considerar una restricción fundamental: la escasez de divisas. Esa escasez efectivamente condiciona tanto la política fiscal como la monetaria, pero no obliga a un único curso de la política pública. En 2020 la Argentina exhibió un superávit comercial de más de 12,5 mil millones de dólares (el segundo más alto desde 2009) que no se tradujo en un aumento significativo de las reservas internacionales, lo que hubiese supuesto mayores márgenes de maniobra fiscal. Y no fue por el pago de la deuda por lo que esto no sucedió, sino por adelantos de importaciones, pago de deudas privadas a dólar “barato” (la mayoría de las cuales son deuda intra-grupo) y otras cuestiones como el aumento muy llamativo de importación de servicios. Sin entrar en un debate que excede los límites de esta nota, si el problema es la escasez de divisas, hay otras discusiones que debemos dar o, al menos, no necesariamente la única salida es el ajuste fiscal.
Desconocer que pocas veces un Gobierno ha asumido con tantas condicionalidades como el actual es una irresponsabilidad, pero eso no es motivo, ni para negar aspectos evidentes de la política pública, ni para aceptar que el único camino frente a esas condicionalidades es el ajuste. Quizás sea al revés, quizás los márgenes de maniobra sean tan escasos que la única manera de que esas condicionalidades no se traduzcan en una ruptura de los pactos electorales entre el Gobierno y los sectores que lo llevaron al poder sea la radicalidad y no el conservadurismo.
*Director de la Licenciatura en Economía Política – UNGS. En co-autoría con Alan Cibils. Investigadores docentes del Área de Economía Política, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento. Twitter: @germanpinazo | @EconomiaPolUngs
[1] Se hizo el cálculo sobre la base del gasto devengado. https://www.economia.gob.ar/onp/estadisticas/
[2] Para el índice de precios al consumidor del año 2007 se tomaron los datos alternativos elaborados por la Comisión Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Organismo.
[3] Roberto Feletti, Juan Manuel Pignocco, Martín Di Bella, Horacio Rovelli, Diego Perrella y Erica Pinto.
[4] https://www.economia.gob.ar/onp/ejecucion/2021