El encubrimiento del régimen de Franco debe terminar
La nueva ley de Memoria Democrática de España intenta hacer frente a los crímenes de Franco. Pero sin desmontar por completo el acuerdo constitucional vigente —y barrer con la Ley de Amnistía— no puede haber verdadera justicia.
Artículo de Eoghan Gilmartin y Tom Wardle - Jacobin
«Nací en febrero de 1934, cuando España era todavía una República», cuenta Fausto Canales Bermejo a la Tribuna. Al estallar la Guerra Civil, dos años más tarde, su pueblo, en la zona rural de Ávila, cayó en manos de las fuerzas fascistas rebeldes, que desataron una ola de terror en toda la región. «Las diez víctimas de nuestro pueblo pertenecían al sindicato UGT y a la sección local del PSOE. Los sacaron de sus casas, los desaparecieron y los fusilaron. Mi padre fue uno de ellos».
Tras su jubilación en 1999, Fausto comenzó a buscar los restos de su padre, uno más de las 114 000 víctimas del franquismo que se calcula que siguen enterradas en fosas sin nombre en toda España. «No había documentación escrita, ni rastro de papel», explica. Pero, poco a poco, y a lo largo de los años siguientes, Fausto confirmó que el cuerpo de su padre había sido trasladado en 1959 a una de las criptas del monumento del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid, que durante décadas fue el mausoleo del dictador Francisco Franco.
Construido en lo alto de la Sierra de Guadarrama con la mano de obra esclava de los prisioneros de guerra republicanos, el vasto santuario que glorifica la victoria de Franco todavía alberga los restos de casi treinta y cuatro mil personas que murieron en la Guerra Civil, incluyendo miles de cuerpos no identificados sacados de las fosas comunes republicanas sin el consentimiento de sus familias.
«Para nosotros el Valle de los Caídos es un insulto: que nuestros familiares, que murieron por sus creencias, estén enterrados allí», continúa Fausto. «Dije que fue un gran día [cuando el gobierno provisional del PSOE de Pedro Sánchez sacó el cuerpo de Franco del complejo en 2019] pero seguimos esperando la recuperación de los restos de nuestras propias familias… Queremos enterrarlos en el cementerio para honrarlos como se merecen».
Ahora, ochenta y cinco años después de la represión y cuarenta y tres años después del fin de la dictadura franquista, una nueva Ley de Memoria Democrática pretende reconocer a las víctimas del franquismo y acelerar la recuperación de cuerpos como el del padre de Fausto. La nueva ley —que fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de julio, pero que aún necesita la aprobación del Parlamento— hará que el Estado asuma una mayor responsabilidad en la exhumación de los desaparecidos del país. También prohibirá la exaltación pública del dictador, ilegalizará la Fundación Francisco Franco y «resignificará» el Valle de los Caídos, lo que incluye la conversión de sus criptas en un cementerio civil.
«Hoy, España salda una deuda con su pasado», insistió Sánchez mientras su Gobierno aprobaba el proyecto de ley. «Es una ley necesaria que nos hace un país mejor». El ministro responsable de la memoria democrática, Félix Bolaños, destacó que «es la primera ley que condena y repudia expresamente el golpe de Estado de Franco en 1936 y la dictadura subsiguiente que dio paso al periodo más oscuro de nuestra historia contemporánea».
Sin embargo, aunque la legislación ha sido acogida con satisfacción por las asociaciones de defensa de la memoria como «un claro avance» respecto a una ley anterior de 2007, estos grupos también insisten en que todavía se queda corta en varios aspectos fundamentales. Sobre todo, deja intactas las estructuras legales que han garantizado la impunidad de las élites franquistas durante los últimos cuarenta años. Esto no es una casualidad, ya que los intentos de la nueva ley de alinear a España con las normas internacionales sobre justicia histórica acaban chocando con un cierto límite: la falta de voluntad de Sánchez y del PSOE de tocar aspectos centrales del acuerdo de transición a la democracia de los años 70.
Un legado sin resolver
Tras la muerte de Franco en 1975, la oposición democrática, liderada por el Partido Comunista y los sindicatos, fue lo suficientemente fuerte como para bloquear los intentos iniciales de preservar la dictadura, ya que lanzó una ola de movilizaciones y huelgas. Sin embargo, incapaz de derribar el régimen y alegando una posible intervención militar de los generales de línea dura, la izquierda llegó a la conclusión de que la democratización se produciría a través de una reforma negociada del sistema existente y no como una ruptura con el mismo.
En este sentido, el PSOE y el Partido Comunista [PCE] se comprometieron en una serie de acuerdos nacionales con el gobierno de transición de Adolfo Suárez, antiguo ministro franquista, que aseguraron el reconocimiento legal de las libertades políticas y sociales, pero que también garantizaron la continuidad de las élites económicas y estatales existentes.
Al mismo tiempo, la Ley de Amnistía de 1977 no solo liberó a los presos políticos de las cárceles, sino que también dio inmunidad a quienes habían participado en la represión franquista.
«Mi hermano fue asesinado en una protesta proamnistía el 23 de enero de 1977 [por vigilantes de extrema derecha vinculados a las fuerzas de seguridad]», cuenta Manuel Ruiz García a Tribuna. «Él hacía campaña por la liberación de los presos políticos, pero (…) la Ley de Amnistía acabó siendo utilizada para proteger legalmente a los torturadores y a los implicados en la dictadura. Hoy esta ley es uno de los obstáculos para los que exigimos justicia».
La Ley de Amnistía también sustentó el llamado «pacto de olvido» que, en nombre de la reconciliación nacional y mirando al futuro, vio cómo la Guerra Civil y sus secuelas quedaban prácticamente ausentes del debate político en las décadas posteriores. Solo a partir del año 2000 se ha producido una renovada tracción en torno a las demandas de justicia transicional con la aparición de asociaciones de base de memoria histórica y víctimas, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica [ARMH] y el Foro por la Memoria.
Una ley de memoria histórica aprobada en 2007 bajo el mandato del presidente del gobierno del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, trató de responder a las demandas de este movimiento, pero fue ampliamente criticada por los activistas de la memoria por considerarla inadecuada. «Débil» es como Manuel describió la ley, señalando su falta de mecanismos de aplicación en torno a medidas como la retirada de nombres de calles franquistas. Un informe de Naciones Unidas de 2014, elaborado por el entonces relator especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff, coincidía en señalar una serie de recomendaciones para adecuar el país a las normas internacionales. Estas iban desde la anulación de las condenas políticas de la época de Franco hasta la necesidad de un programa integral de exhumación del Estado.
Avances
El borrador de la nueva Ley de Memoria Democrática supone un avance significativo en la aplicación de varias de las recomendaciones de De Greiff. En primer lugar, el Estado asumirá una mayor responsabilidad en la recuperación e identificación de los desaparecidos, comprometiéndose el gobierno a realizar el primer programa de exhumación dirigido por el Estado, así como a crear una base de datos nacional de ADN. El informe de De Greiff había criticado el carácter «privatizado» de las exhumaciones, que dependían de la iniciativa de grupos de memoria y activistas locales. Incluso las subvenciones públicas que ofrecía la ley de 2007 fueron retiradas por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2012, dejando solo los fondos regionales.
El nuevo programa se organizará en torno a un plan cuatrienal desarrollado por el gobierno, aunque al menos durante las etapas iniciales seguirá dependiendo en gran medida de la experiencia y las capacidades de las asociaciones de la memoria. Mientras que asociaciones como la ARMH y Foro argumentan que se trata de una «externalización» de la responsabilidad, Paco Etxeberria, antropólogo forense que asesora al Gobierno, insiste en que se trata de organizar eficazmente los dispositivos existentes (que también incluyen equipos forenses de universidades públicas) para acelerar el proceso de recuperación.
En las dos últimas décadas se han recuperado unos noventa y cinco mil cadáveres de represaliados de la retaguardia en setecientas fosas comunes, repartidas por todo el territorio español; el Gobierno pretende ahora recuperar entre veinte y veinticinco mil más antes de 2027. Esta es la cifra total que Etxeberria cree que aún es factible recuperar después de ochenta y cinco años.
Otro ámbito en el que el Gobierno ha tratado de aplicar las recomendaciones de De Greiff es el relativo al Valle de los Caídos. Según la nueva ley, los monjes benedictinos serán desalojados del recinto y las criptas serán designadas cementerio civil, y los familiares de las víctimas tendrán derecho a exigir el traslado de los restos de sus familiares.
Mientras que el gobierno parece dispuesto a resistirse a las peticiones de demolición de la mayor cruz católica de Europa, que domina el lugar, la legislación recoge la recomendación de De Greiff de «resignificar» el lugar. Siguiendo el ejemplo de otros lugares conmemorativos de este tipo, el principio rector es que el valle llegue a servir de recordatorio de la barbarie que supuso su construcción, así como de monumento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
«Con la cruz, el lugar nunca podrá ser un símbolo de reconciliación», insiste Fausto. «Pero podría resignificarse, como sugiere el nuevo proyecto de ley, explicando el monumento desde una perspectiva democrática y dignificando al mismo tiempo los restos allí enterrados como en cualquier otro cementerio civil». Ahora está a la espera de que se realicen las primeras obras de refuerzo de los cimientos de la cripta para poder abrir el osario que contiene los restos de su padre.
La legislación también anula de forma crucial las condenas políticas de la época de Franco. Esta ha sido durante mucho tiempo una reivindicación del movimiento por la memoria, ya que los condenados han seguido siendo hasta ahora criminales a los ojos de la ley, incluidas destacadas figuras culturales y políticas como el presidente catalán ejecutado Lluís Companys, el poeta Miguel Hernández y el líder nacional andaluz Blas Infante. «El Chato Galante murió como un delincuente en marzo de 2020», lamenta Manuel, citando el ejemplo de su íntimo confidente y legendario activista, que fue detenido y posteriormente torturado por distribuir literatura antifranquista en los años 70.
Por último, la Ley de Memoria Democrática contiene toda una serie de medidas que buscan combatir el creciente revisionismo histórico y la continua exaltación del franquismo en la extrema derecha. Se introducirán multas de hasta 150 000 euros por no retirar los símbolos franquistas de los espacios públicos y se ilegalizará la organización de actos que glorifiquen la dictadura, el golpe militar o la victoria de Franco en la Guerra Civil, al tiempo que se eliminará la Fundación Francisco Franco. Al mismo tiempo, la Memoria Democrática se convertirá en una asignatura obligatoria en las escuelas para los que tengan entre dieciséis y dieciocho años, aunque sigue habiendo dudas sobre la viabilidad de aplicar esta política en todo el sistema educativo descentralizado de España.
Para Manuel, que ahora imparte charlas en los colegios con la asociación de memoria La Comuna, ésta es una parte esencial de la nueva legislación: «La derecha ha hecho un buen trabajo para que la gente olvide. Hay que contrarrestarlo (…) En la escuela no se estudia la Guerra Civil ni la Transición. Solo los jóvenes curiosos que buscan en Internet pueden informarse. Se les niega la verdad».
La continuidad de la impunidad
Pero por mucho que el proyecto de ley haya sido alabado como una mejora necesaria de la ley de 2007, los activistas de la memoria también han criticado que, en última instancia, es una oportunidad perdida para impugnar el modelo de impunidad establecido desde la Transición. En particular, al dejar intacta la Ley de Amnistía, el proyecto de ley acaba siendo fundamentalmente desequilibrado, ya que intenta forzar el protagonismo de las víctimas pero al mismo tiempo garantiza que los crímenes del franquismo permanezcan ocultos.
Esto puede verse, por ejemplo, en cómo la nueva ley pretende interpretar las responsabilidades del Estado español hacia los desaparecidos y sus familias principalmente en términos de asegurar el reconocimiento oficial. En este sentido, la legislación establece mecanismos como un registro público de víctimas del franquismo y garantiza la participación de funcionarios del gobierno en las ceremonias de reentierro.
Por el contrario, los grupos de memoria se muestran firmes en que las víctimas también tienen derecho a una investigación penal y que el Estado debe garantizar la supervisión judicial en las exhumaciones. «Un juez y agentes de policía deberían estar presentes para atestiguar que un cuerpo apareció con pruebas de violencia, como una bala en la cabeza. Estas cosas deberían estar documentadas oficialmente», insiste Fausto.
Asimismo, para el diputado republicano de Izquierda Catalana Gabriel Rufián, el mayor límite del nuevo programa de exhumaciones es que «sigue tratando las excavaciones en términos estrictamente arqueológicos, sin que se exija la apertura de un proceso judicial para establecer no solo la identidad de los restos, sino también la causa de la muerte y el autor».
En el caso de la Guerra Civil, obviamente todos los responsables de la matanza genocida están muertos y no pueden ser juzgados, pero de Greiff también tiene claro que la falta de investigación de los hechos que rodean estas muertes por parte de la justicia española «amenaza el derecho a la verdad» de las víctimas. Su informe insta a la creación de una comisión de la verdad para reconocer oficialmente y exponer por primera vez los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Como explicaba el fundador de la ARMH, Emilio Silva, a Sebastiaan Faber en su reciente libro Exhumando a Franco, «el gobierno parece querer declarar delito el enaltecimiento del franquismo sin calificar antes los crímenes de la dictadura como crímenes».
Para muchas víctimas de la represión tardofranquista, sin embargo, no se trata solo del derecho a la verdad, ya que los responsables de sus torturas o del asesinato de un familiar siguen vivos. Al no poder buscar justicia en su país, trescientos treinta demandantes iniciaron en 2010 un proceso judicial en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal para los delitos graves contra los derechos humanos.
Uno de los que lleva el caso es Manuel, con el exministro del Interior Martín Villa acusado del homicidio agravado de su hermano Arturo y de otras once personas que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad o por vigilantes de extrema derecha que colaboraban con la policía. Para Manuel, que Villa fuera juzgado sería un momento decisivo no solo porque dejaría constancia de la realidad de la violencia de la transición, sino también porque «rompería la impunidad de la que goza esta gente en España».
El informe de De Greiff fue claro: para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, España solo podría evitar la extradición de Villa y otros funcionarios de la época de Franco si los investiga y procesa en los tribunales españoles. Es probable que ninguna de las dos cosas ocurra. La nueva ley sí crea la figura del Fiscal General del Estado para la Memoria Democrática, que en teoría podría iniciar las investigaciones. Sin embargo, en palabras de Silva, «tendrá las manos atadas por la Ley de Amnistía», que ha llegado a funcionar como «la última palabra» dentro del sistema jurídico español. Tampoco se acerca a una comisión de la verdad o a un tribunal especial que investigue a fondo el genocidio de la Guerra Civil o la represión estatal posterior.
La última oportunidad
Ahora que el proyecto de ley está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria en septiembre, los supervivientes y las familias de las víctimas del franquismo advierten que representa su última oportunidad de ver justicia en su vida. El socio de coalición del PSOE, Unidos Podemos, ha puesto sus miras en un cambio de última hora en el proyecto de ley que modifique la Ley de Amnistía (o la deje sin efecto, como recomendó De Greiff). Al necesitar los votos de los partidos catalanes y vascos, junto con los de Unidas Podemos, el PSOE se verá presionado para ceder en este sentido.
El partido Izquierda Republicana de Cataluña también está decidido a que sus diputados voten en contra de la ley a menos que, además de eliminar las condenas políticas de la época de Franco, la legislación también declare ilegales los tribunales políticos de la dictadura. El proyecto actual solo los define como «ilegítimos», pero los críticos argumentan que esto acepta mansamente que los tribunales (tan absurdos como el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo) eran injustos pero esencialmente legales. Por extensión, se corre el riesgo de reforzar la línea de sucesión tácita entre la actual democracia judicial española y la dictadura franquista, en lugar de la Segunda República española constitucional que ésta derrocó con un golpe de Estado.
Sin embargo, el PSOE no está dispuesto a tocar elementos fundamentales del acuerdo constitucional vigente, como la Ley de Amnistía, aunque eso ponga a España en contradicción con el derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, solo el año pasado dos expresidentes de gobierno del PSOE firmaron cartas de apoyo a Villa contra los intentos de enjuiciarlo en Argentina, lo que demuestra una vez más el grado de incorporación del partido a los circuitos dominantes de poder y patrocinio desde los años ochenta. Como dice Manuel: «El PSOE no va a hacer nada. Ha tenido mayorías absolutas en el pasado y no ha actuado… En definitiva, forman parte del régimen del 78 y no van a tocar la transición».
«La impunidad —continúa— es terrible porque conduce al olvido de los verdaderos padres de la democracia; la gente que luchó y murió en las calles para traer la democracia a España. Y por eso, a corto plazo, soy bastante pesimista. Pero la memoria es como el agua: si la bloqueas en un sitio, saldrá en otro. Un día, los jóvenes se preguntarán por qué no se les explicaron estas cosas».
Eoghan Gilmartin es escritor, traductor y colaborador de Jacobin con sede en Madrid.
Tom Wardle es investigador de doctorado en la Universidad de Southampton. Estudia el activismo de la memoria de la Guerra Civil española y la dictadura franquista.