[La Policía y las cortes] operan como si fuesen empleados de un sector —minúsculo, por cierto— que, en tanto élite en control del aparato de Estado, los utiliza en su beneficio y en contra de la mayoría.
La carta magna postula que todas las personas somos iguales ante la ley.
Sin embargo, pese a la declaración constitucional y a los principios definidos en los convenios y tratados suscritos por Guatemala, el postulado se incumple constantemente. La discrecionalidad que se otorgan a sí mismas algunas autoridades para ejercer sus funciones refleja criterios arbitrarios para decidir en uno u otro sentido, ya sea en administración de justicia o en el uso de las fuerzas de seguridad.
Recientemente, a convocatoria del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), las ...
Sin embargo, pese a la declaración constitucional y a los principios definidos en los convenios y tratados suscritos por Guatemala, el postulado se incumple constantemente. La discrecionalidad que se otorgan a sí mismas algunas autoridades para ejercer sus funciones refleja criterios arbitrarios para decidir en uno u otro sentido, ya sea en administración de justicia o en el uso de las fuerzas de seguridad.
Recientemente, a convocatoria del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), las bases de esta y otras organizaciones realizaron un #ParoNacional que representó la ocupación de carreteras en todo el país. Si bien la convocatoria la realizó el Codeca, varias organizaciones y colectivos se sumaron al llamado al paro. Este adquiere la modalidad de ocupación de carreteras por una jornada, lo cual paraliza el transporte, aunque no impide totalmente la locomoción. No obstante, desde las cámaras empresariales de todo cuño y desde los medios corporativos, así como desde redes que promueven respaldo a la corrupción y a la impunidad, se impone el uso del término bloqueo y se sataniza la acción de ejercicio pleno de un derecho constitucionalmente garantizado.
Un derecho que se ha cercenado con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que en 2015 amparó provisionalmente al Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cuando este salió en defensa del exgobernante Otto Pérez Molina ante el paro nacional que exigía su renuncia. Con base en lo resuelto por la CC en 2015 y 2021, la entente empresarial ha vulnerado el derecho constitucional de manifestación bajo el argumento de que se bloquea la libre locomoción cuando al reunirse y permanecer en una ruta se cierra temporalmente el paso vehicular.
Con el pretexto de garantizar la libre locomoción, las fuerzas de seguridad reprimen a las personas ocupantes de las rutas y, en casos extremos, como lo visto en las movilizaciones del Codeca, impiden incluso la locomoción de las marchas. Así fue como la Policía Nacional Civil (PNC), desplazándose en sentido contrario a la marcha, forzó a retroceder en su ruta a un grupo de personas que manifestaba. Sin embargo, hace unas semanas, cuando la movilización y el cierre de calles en torno al palacio legislativo fue provocado por exparamilitares, la PNC estuvo ausente, lo cual facilitó que estos incendiaran vehículos en el lugar y agredieran a reporteros de varios medios de comunicación.
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Es decir, se emplea un criterio discriminador en la acción policial. Criterio que también priva en las autoridades del Organismo Judicial (OJ), como lo evidencia la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le retira la inmunidad al diputado Aldo Dávila por una supuesta agresión a un agente de la PNC. Esa misma CSJ ha protegido en al menos 12 ocasiones, ante igual trámite de antejuicios, al diputado Felipe Alejos, señalado de delitos de corrupción y de tráfico de influencias para procura de impunidad. Esta CSJ también protegió al exmandatario Jimmy Morales en los varios antejuicios que se interpusieron ante sendos procesos por delitos que se le atribuyeron.
En cuanto a las fuerzas de seguridad, la PNC, que estaba llamada a superar las taras de su predecesora, la Policía Nacional (PN), ha perdido totalmente su naturaleza. Mientras fue incapaz de impedir los actos realizados por los exparamilitares, se ensaña contra habitantes de El Estor, donde, en réplica de prácticas del genocidio contrainsurgente, quema las viviendas de pobladores de una aldea desalojada violentamente. Esa misma autoridad emplea a su personal para proteger los camiones de la minera CGN-Pronico, que opera ilegalmente y deja a su suerte a la población que sufre el embate de la delincuencia.
Ni las fuerzas de seguridad ni el sistema de justicia son entidades privadas. Se trata de entidades públicas, sostenidas con nuestros impuestos y sujetas a la ley que rige sus labores. Pese a ello, operan como si fuesen empleados de un sector —minúsculo, por cierto— que, en tanto élite en control del aparato de Estado, los utiliza en su beneficio y en contra de la mayoría. Tiempo es ya de que las autoridades entiendan que su rol es servir sin distingos y garantizar la igualdad ante la ley. Se trata de que cumplan su función o se atengan al pedido de cuentas que más temprano que tarde requerirá la sociedad en ejercicio pleno de sus derechos, incluido el de rebelión.
Iduvina Hernández
Autor
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